Congreso de los Diputados · Sesión Plenaria

Buenos días. Si sus señorías son tan amables y ocupan los escaños, reanudaremos la sesión.

Se reanuda la sesión, entonces, muchas gracias. La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que dicha votación no se producirá antes de las 13:30 horas del día de hoy. Asimismo, les informo que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa. Comenzamos entonces con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Empezamos con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, el MOVES III, para el año 2025. Para presentar el Real Decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuando quiera, señora Vicepresidenta. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señorías. Me dirijo a ustedes para presentar la convalidación del Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se prorroga el programa de incentivos a la movilidad eléctrica, el MOVES III, para este año 2025. Silencio, por favor. Es un Real Decreto-ley en el que seguimos avanzando en nuestra apuesta por el ecosistema del vehículo de la automoción en España, tan importante, y también en el que seguimos apostando por la descarbonización de la movilidad. Una medida que, si bien, como ustedes saben, señorías, intentamos convalidar el pasado mes de enero, cobra ahora especial relevancia, en un contexto de tensiones comerciales que son globales y tienen impactos negativos en todo el mundo; decisiones unilaterales, decisiones injustificadas, que cambian dinámicas geopolíticas y estratégicas y nos conducen a un mundo más fragmentado, volátil e incierto. Y creo que es relevante, en este contexto, hablar de la historia y de la teoría económica, donde se dice alto y claro que el progreso y el desarrollo van de la mano de la cooperación, de la apertura, del acuerdo y del multilateralismo. En España y en la Unión Europea apostamos por la negociación, siempre, pero también apostamos por prepararnos para responder con proporcionalidad, con unidad y con fortaleza, dado que hablamos de Europa, el primer bloque comercial del mundo. Hemos actuado y seguiremos actuando; pero hemos actuado en tiempo récord frente a la incertidumbre. En apenas 12 horas, el Gobierno ha puesto en marcha ese plan de respuesta y relanzamiento comercial; pero incluso antes, hemos trabajado para llevar a cabo actuaciones de protección de nuestra industria del automóvil, de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas, con la aprobación del MOVES III, ese mecanismo de ayuda, de protección e incentivo a la adquisición de un vehículo eléctrico y también de infraestructura de recarga. Esta semana, también, como saben, hemos aprobado en el Consejo de Ministros, el martes, un nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para dar respuesta a la amenaza arancelaria y para el relanzamiento comercial, que responde a ese plan y a esas palancas financieras que ya anunció el presidente del Gobierno. Y, como decía, la norma que hoy sometemos a convalidación por sus señorías cobra especial relevancia en este contexto, tanto para la industria como para los consumidores, para dar certidumbre mediante medidas que incentiven, desde el punto de vista económico y también fiscal. Se trata de dos medidas principales: la recuperación y la prórroga del MOVES III, donde destacaría cuatro elementos con novedades fundamentales para dotar de esa certidumbre. El primero, el carácter retroactivo, es decir, que todos aquellos consumidores, ciudadanos y hogares que hayan apostado por la movilidad eléctrica desde el 1 de enero de este año 2025 tengan la certidumbre.

De que van a poder contar y acceder a estas ayudas. El segundo, ampliar el presupuesto hasta 400 millones de euros. Esa dotación presupuestaria se suma a los más de 1.300 millones de euros que ya han sido transferidos a las comunidades autónomas y, con esta nueva ampliación, hablamos de una dotación presupuestaria nunca vista para incentivar la movilidad eléctrica y el despliegue de la infraestructura de recarga; hablamos de más de 1.700 millones de euros movilizados. El tercer elemento, hablamos de una prórroga que va hasta el 31 de diciembre del año 2025. Y el cuarto elemento fundamental es la mejora de las simplificaciones administrativas, tal y como nos habían solicitado también las comunidades autónomas, para conseguir una respuesta ágil que facilite la adquisición de este vehículo tanto por los ciudadanos como por las empresas, presentando una documentación simplificada, con la exención de la obligación de aportar determinada documentación y la reducción de los plazos. Por ejemplo, aquellas subvenciones con límite inferior a 100.000 euros, es decir, prácticamente todas las subvenciones que llegan a los ciudadanos, podrán entregarse con una cuenta justificativa simplificada. Animamos a todas las comunidades autónomas, como lo llevan haciendo durante todo este tiempo de aplicación del MOVES III, a que se sumen, a que fijen las mejores prácticas y tramiten de forma ágil. De hecho, lo que podemos ver es que algunas comunidades actúan rápidamente en las solicitudes y en la resolución de las mismas, alcanzando más del 80% en ciertos casos; sin embargo, hay otras que permanecen más rezagadas. Seguimos trabajando de manera constante con todas las comunidades autónomas para eficientar estos procesos. Un ejemplo muy claro son los mecanismos de apoyo que hemos puesto a disposición de las comunidades, mediante la utilización del 5% del programa de ayuda asignado para los costes indirectos, precisamente para facilitar esa tramitación. La segunda medida que incluye este Real Decreto-ley es una medida de deducción fiscal: la deducción fiscal del 15% del IRPF para el año 2025 en la compra o adquisición de vehículo eléctrico o de infraestructura de recarga. Por ejemplo, con una base máxima de 20.000 euros para la adquisición de un vehículo, lo que supondría hasta 3.000 euros por vehículo; y en el caso de la infraestructura de recarga, con una base máxima de hasta 4.000 euros, supondría hasta 600 euros por infraestructura. Estas medidas son muy valoradas y muy necesitadas por el sector en nuestro país, en España. Señorías, la transición ecológica y la transición energética nos llevan también a una movilidad eléctrica, que es sinónimo de industria, de tejido productivo, de descarbonización y, además, de calidad de vida. Junto con otras medidas imprescindibles, como los cambios modales y las zonas de bajas emisiones, la movilidad eléctrica es clave en la lucha contra el cambio climático, en la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades y en la salud de nuestros ciudadanos, y representa una gran oportunidad para reforzar la industria de la automoción y de la infraestructura de recarga. El sector de la automoción está en España en un proceso de modernización tanto por la electrificación como por la digitalización. Las tensiones comerciales actuales y la competencia internacional exigen actuar con determinación; necesitamos medidas que garanticen la estabilidad de nuestras empresas, que atraigan nuevas inversiones y que refuercen el liderazgo industrial europeo, reforzando la apuesta que ya está realizando el sector de la automoción en España. Precisamente, esta medida del MOVES III, junto con las deducciones fiscales, son medidas claras, conocidas tanto por el sector como por la ciudadanía. Por ello dijimos que, por difícil que fuera, este Gobierno iba a cumplir con su compromiso e iba a implementar el MOVES III, cumpliendo con la palabra dada. Una ciudadanía que confía en esa palabra, como se refleja en los datos de matriculaciones que hemos observado durante los tres primeros meses del año —con subidas del 48,4% en enero, del 60,6% en febrero y del 85,4% en marzo respecto a los mismos meses del año anterior—, y esperamos que, con este impulso del MOVES III, estas cifras sigan ascendiendo.

En nuestro país, tenemos que estar a la altura de los consumidores, pero también de las empresas y de la industria. Entendemos que esta medida es imprescindible y urgente en un país como España, que es el segundo país europeo en fabricación de automóviles y el noveno a nivel mundial; un país que cuenta con 18 fábricas y que produce 25 modelos de vehículos eléctricos y electrificados, líder en fabricación de motocicletas y referente mundial en equipos de infraestructura de recarga. Por eso, un sector que moviliza dos millones de empleos y representa el 10% del PIB no lo podíamos dejar atrás: fabricantes de vehículos, infraestructuras, concesionarios, vendedores, reparadores, fabricantes de componentes e instaladores de infraestructura de recarga. Todo ese ecosistema comprometido, un ecosistema imprescindible que, desde el 22 de enero, tenía incertidumbre y que ahora, ante la situación de la política comercial y las tensiones geopolíticas, nos ha interpelado a todos y a todas para reactivar estas medidas. Se trata de un ecosistema industrial que hemos tenido en mente en el Gobierno desde el año 2018, cuando arrancamos con determinación para fomentar esa movilidad sostenible. Hablamos de la descarbonización, fundamental en un transporte que produce el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hablamos de autonomía para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, algo esencial para la seguridad europea en tiempos como hoy. Asimismo, abordamos la competitividad de nuestra industria y de nuestro tejido productivo, por lo que desde el primer día trazamos un plan de actuaciones con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, apostando por impulsar el tejido productivo e industrial a través de medidas regulatorias y un paquete de incentivos, como es el caso del MOVES III, con más de 1.700 millones de euros. Además, desde el diálogo hemos activado un grupo de trabajo conocido como Getirbe, de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, y esta semana nos hemos reunido por quinta vez. En este trabajo están representadas las comunidades autónomas, asociaciones, sociedad civil, distintas entidades y ministerios competentes en la materia. Una piedra angular que conocen perfectamente, señorías: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también aboga por la movilidad eléctrica, obligando a que las estaciones de servicio con mayores ventas dispongan de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida. Hemos puesto en marcha numerosas medidas regulatorias para facilitar el despliegue de esta movilidad y un programa de incentivos sin precedentes. No solo hablamos del MOVES III, sino que, en total, hemos activado más de 2.700 millones de euros de ayudas en distintos programas para fomentar la adquisición de vehículos y la infraestructura, a lo que se suma algo tan importante para el tejido productivo industrial como es el PERTEVEC, dotado con 500 millones de euros asociados a la fabricación, a la cadena de valor y a la industria de los componentes, con el objetivo de traccionar economía y empleo de calidad en nuestro país. Hoy vivimos un hito importante en esta Cámara con el programa MOVES III, que, con un presupuesto adicional de 400 millones, ha generado resultados palpables, como la adquisición de más de 142.000 vehículos y la instalación de más de 113.000 puntos de recarga. Además, España, a pesar de lo que se oye, cuenta con más de 46.000 puntos de recarga públicos, según los datos publicados la pasada semana por el sector. Somos el sexto país de Europa con más infraestructura de recarga y añadimos 1.100 nuevos puestos de recarga al mes. Este MOVES III para la adquisición de vehículos e infraestructura se complementa con otros programas, como el MOVES Flotas para grandes flotas de vehículos y el MOVES Singulares para fomentar la innovación, los nuevos modelos de negocio y prototipos en nuestro país. Esta misma semana también hemos presentado un mapa público de infraestructura de recarga, el mapa REVE, accesible y con información dinámica automática en tiempo real, fundamental para que todos los consumidores conozcan dónde pueden recargar su vehículo eléctrico. Insisto: números...

Estas actuaciones, un MOVES III que hoy traemos a convalidación aquí, en esta Cámara, ha sido una herramienta clave, muy bien valorada por el sector, una palanca para nuestra industria y de apoyo también para nuestra ciudadanía. Estoy convencida de que tenemos que seguir intensificando esos esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, en dar oportunidades y mejorar nuestro tejido productivo e industrial. Es fundamental movilizar inversiones, adquirir vehículos y acelerar la implantación de la infraestructura de recarga; ese es el resultado del MOVES III. De hecho, prácticamente la mitad del presupuesto del MOVES ha sido destinada a esa infraestructura, de la cual, para dar resultados claros, el 42% se ha destinado a carga ultrarápida y el 12% a carga rápida. Un programa que, insisto, desde el primer día hemos trabajado junto con las comunidades autónomas, ofreciendo nuestro apoyo y acompañamiento, manteniendo una interlocución constante y posibilitando la puesta en marcha de métodos o sistemas alternativos para una gestión ágil, con ese 5% de dotación para la gestión de los fondos. Se han implementado medidas que han permitido que las comunidades autónomas den respuesta a la ciudadanía en un plazo de dos meses para la adquisición de vehículos y la instalación de infraestructura de recarga, llegando en algún caso a una ejecución del 90%. Este apoyo y acompañamiento continuo seguirá estando; de hecho, mañana se ha convocado la comisión de consulta consultiva del IDAE para resolver cualquier duda de las comunidades autónomas. Confío en que hoy, en esta Cámara, seremos capaces de dar el respaldo que nos exige con responsabilidad tanto la ciudadanía como nuestro tejido productivo e industrial. Apostar por ellos, por los ciudadanos y por la industria. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señora vicepresidenta. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sánchez Serna por un tiempo de siete minutos. Gracias, presidenta. El Gobierno nos trae hoy un decreto para renovar el plan MOVES III de apoyo a la movilidad eléctrica, con una dotación adicional de 400 millones de euros provenientes principalmente de fondos europeos. Lo primero que tendríamos que decir es que resulta curioso, muy curioso, que la renovación del MOVES III, que ya estaba prevista, y esos 400 millones aparecieran el martes, por arte de magia, dentro del plan de respuesta a los aranceles de Donald Trump. El Gobierno vende un plan de ayudas por valor de 14.000 millones; pero, si uno examina de cerca la letra pequeña del plan de respuesta, la verdad es que la mayor parte consiste en créditos del ICO por importe de 5.000 millones, es decir, deuda, y luego se integran otras partidas ya existentes en un cajón desastre. Eso ocurre con los 400 millones del plan MOVES III. Esto, señorías, más que ayudar a nuestras pymes y a nuestros trabajadores, es un ejercicio de malabarismo contable, que se diferencia, por cierto, del escudo social que levantamos hace cinco años y que impulsó Unidas Podemos para responder a la pandemia. En cuanto a la renovación del plan MOVES III en sí misma, nos parece positiva. Sin embargo, consideramos que se ha perdido una oportunidad para resolver algunos problemas que enfrentan muchos solicitantes de estas ayudas para la compra de coches eléctricos. Son las comunidades autónomas, como ustedes saben, las que gestionan esas partidas, y el panorama es muy preocupante en algunas de ellas. Quizás la más preocupante sea mi región, la Región de Murcia, donde miles de afectados llevan tres años esperando que se les paguen estas ayudas. De los 27,3 millones de euros que el Gobierno ha entregado al señor López Miras para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos, solo se ha concedido, hasta la fecha, el 23%, el porcentaje más bajo entre todas las comunidades autónomas. Pero conceder una ayuda no significa lo mismo que pagarla. Si el porcentaje de personas que reciben una notificación de resolución positiva y a las que se les ha concedido la ayuda ya es bajo, como he dicho, un 23%, el porcentaje de quienes han cobrado es mucho menor, y se pueden contar los afortunados con los dedos de una mano. A esto hay que sumarle un problema parecido.

Con los 53 millones recibidos para la adquisición de placas solares de autoconsumo, en total son más de 81 millones de euros, fondos que algunos presidentes de autonomía del Partido Popular, como López Miras, no están pagando a las personas a las que corresponden dichas ayudas. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no pagan las ayudas? Porque utilizan esos fondos para financiarse a coste cero; les sale más barato retener ese dinero a la ciudadanía que pedírselo a un banco. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular, y por eso en Murcia se ha popularizado el reclamo de “¡López Miras, paga ya!”. Desde esta tribuna, además, quiero mandar todo mi apoyo a ACMEIS, la Asociación de Afectados, por el impago de estas ayudas, que llevan meses movilizándose en la Región de Murcia. Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, hay que hacer algo para solucionar este problema, no solo en la Región de Murcia, sino en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde se registran muchas dificultades para cobrar estas ayudas. Decía, ¿verdad? Se lo pueden preguntar a mucha gente: afirmaban que esta renovación del Plan MOVES III es una oportunidad perdida, y lo digo también en otro sentido. Es una oportunidad perdida para marcar de verdad distancias con Donald Trump y con sus aranceles. Cuando uno entra en la página del IDAE y consulta el listado de vehículos elegibles para este Plan MOVES III, siguen figurando muchos vehículos norteamericanos de marcas como Tesla. La compañía de vehículos eléctricos, propiedad del señor Elon Musk —uno de los principales asesores de Donald Trump, aunque ahora se quiere separar—, se beneficia mientras que, desde ayer, los vehículos producidos en la Unión Europea ya pagan un 25% de aranceles en Estados Unidos; sin embargo, el Gobierno de España bonifica con hasta 10.000 euros la compra de un Tesla. A nosotros nos parece todavía algo incomprensible. Señorías, consideramos que es el momento de pagarle a Donald Trump y a su Gobierno con la misma moneda. Es también el momento de abrirse a nuevos mercados, pero hacerlo de verdad. Se habla mucho de diversificación y hemos visto que el presidente Sánchez viaja estos días a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, buscando estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países. Hace solo tres años, sin embargo, ese mismo Pedro Sánchez hacía de anfitrión en Madrid de una cumbre de la OTAN que definía, por primera vez, a China como adversario sistémico de la Alianza Atlántica. Cómo cambian los tiempos, ¿verdad, señorías del PSOE? Desde Podemos nos parece estupendo que el presidente del Gobierno viaje ahora a Pekín y negocie para aumentar nuestros vínculos con la República Popular, pero a la hora de la verdad lo único cierto es que la Unión Europea y, por tanto, España, mantienen los aranceles del 45,3% a los coches eléctricos procedentes de China, implantados en julio de 2024. Nos parece que es el momento de levantar estas medidas anti-chinas y profundizar la confianza mutua entre nuestros países. En definitiva, es el momento de apartarse de la deriva suicida de Donald Trump y, sobre todo, del seguidismo a los Estados Unidos. Los aranceles solo acelerarán la caída del hegemón americano. O nos apartamos a tiempo o acabaremos también cubiertos de escombros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV tiene la palabra la señora Sagasti Zabal, un Z barra de Mechea. Gracias, presidente. Bueno, el Plan MOVES III se reguló en 2024 para otorgar ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, con el objetivo de promover, desde luego, un sistema de movilidad sostenible y menos contaminante en el Estado. Este plan, previsto para el año 2025, se incluyó, como ustedes saben, en el decreto ómnibus publicado en diciembre de 2024, que finalmente no se aprobó. Asimismo, este plan tampoco se incluyó en el nuevo decreto del 28 de enero de medidas económicas y sociales, aprobado en el Congreso en febrero de 2025. Una situación que hizo saltar todas las alarmas en el sector del automóvil, no solo por las ventas y la repercusión que podía tener en la producción de vehículos y en el empleo, sino también porque un elevado número de personas que habían solicitado ayuda en el mes de enero se quedaron en el limbo. Hemos visto cómo se cancelaban las operaciones de venta cerradas desde el 1 de enero por la imposibilidad de recibir las ayudas. Además, muchos clientes solicitaron que no se matriculara el coche hasta que hubiese noticias sobre futuras ayudas e incluso algunos cancelaron pedidos. Lo cierto es que, a día de hoy, sigue siendo imprescindible contar con un marco de ayudas, porque sin estas las ventas de coches eléctricos se resienten considerablemente. Y precisamente, hasta ahora no podemos celebrar, ya que el coche eléctrico no acaba de despegar: solo el 5,6% de los coches vendidos en 2024 fueron eléctricos. Hoy se revierte esta situación al prorrogarse el plan hasta el 31 de diciembre de 2025.

Rotación de 400 millones más en este programa. Y lo hace además con efectos retroactivos, algo que veníamos pidiendo todos los grupos parlamentarios, lo que significa no dejar atrás a ningún comprador que haya adquirido su coche eléctrico en 2025, y además se contempla, como bien ha dicho la vicepresidenta, una deducción del 15% en la declaración de renta por la compra de un coche eléctrico, con un máximo de 3.000 euros. Entendemos que este decreto, al ser una prórroga del Plan Movistrés, tiene que seguir con las bases y condiciones que existían anteriormente, pero quizá ha llegado a este punto en el que se podía haber aprovechado este trámite u otro para simplificar o modificar el proceso, reduciendo la burocracia y haciéndolo más eficiente, para que no solo las clases de renta alta puedan adquirir estos vehículos, sino también aquellas personas o hogares con rentas medias o incluso algo más bajas. Un proceso de tramitación que fue criticado tanto por fabricantes como por compradores, ya que la entrega de las ayudas se retrasa considerablemente dependiendo también de la Comunidad Autónoma; el comprador ha de adelantar el dinero, y quizá lo lógico hubiera sido entregar la ayuda como un descuento a la hora de comprar el coche para facilitar toda esa tramitación. Además, tal y como ha dicho la vicepresidenta, en el actual contexto global, complejo e incierto, con las políticas proteccionistas de Estados Unidos para el sector automoción, tanto en el Estado como en Europa, debemos consolidar la apuesta por la movilidad eléctrica, reforzando tanto la demanda interna nacional como la europea, así como la infraestructura que lo hace posible, porque el sector de automoción es fundamental en el tejido productivo y porque el impulso en la movilidad eléctrica contribuirá, de manera decisiva, a avanzar en la descarbonización del transporte y a cumplir los objetivos en el horizonte 2030. Además, no hay que olvidar que la descarbonización del transporte genera nuevas oportunidades para crear valor añadido y nuevas capacidades industriales. Askenik, Buruk Horasyari y Dago Kiones, Plan Movis. Por último, en cuanto a la burocracia, es cierto que podría mejorarse ese plan. Pero es necesario para fomentar la movilidad sostenible, y en ese sentido, es indispensable que para adquirir vehículos eléctricos e híbridos siga existiendo un plan de ayuda, porque sin ayudas y sin electricidad asequible, comprar un modelo eléctrico no es prioritario para los consumidores. Por lo tanto, vamos a votar a favor de este Real Decreto-ley. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabilondo. Muchas gracias. Voy a empezar diciendo que vamos a votar a favor, porque creemos que es mejor esto que nada, pero no estamos de acuerdo con hacer las cosas así, otra vez mediante un decreto ley sin derecho a hacer ninguna enmienda, y otra vez con un decreto que se podía mejorar muchísimo. Y siendo esto así, vamos a hacer una lectura crítica de este decreto. Voy a decir que estamos a favor del coche eléctrico, cómo no, por su capacidad para reducir las emisiones de CO2; pero, al mismo tiempo, creemos que la sustitución total del parque móvil actual no es ni conveniente ni deseable. Debemos tener en cuenta que casi 88 millones de toneladas de CO2 provienen del sector del transporte, el cual es el sector que más emisiones tiene, representando un tercio del total, y que, dentro del transporte, el 95% de las emisiones proviene del transporte por carretera, es decir, 30 millones de toneladas de CO2. En este contexto, la electrificación en todas sus modalidades supondría un beneficio climático claro. Hay que tener en cuenta que la cantidad de electricidad renovable existente en la red es muy elevada, un 60% del total, y con ese mix eléctrico, la conversión de coches que utilizan combustibles fósiles a coches eléctricos supondría reducir las emisiones por coche en torno a un 75%. Por tanto, con el mix eléctrico actual, un coche emite 20 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que con la gasolina o con el gasoil serían más de 100 gramos en promedio. Sí, en castellano. Está fallando, ¿no? Porque, si miramos las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, vemos que solo el 11,4% de los vehículos vendidos en 2014 eran enchufables y, de estos, solamente el 5,6% eran eléctricos puros. Y esto coloca al Estado español en el puesto 24 en Europa, claramente en el vagón de cola. Por mucho que, como usted ha dicho, haya un liderazgo en producción y exista todo un ecosistema, seguramente después se dirá que esto tiene que ver con que los coches eléctricos son cosa de ricos, etcétera; yo creo que las estadísticas nos están diciendo otra cosa, no están diciendo que hay países...

Que están acertando en las medidas para impulsar el vehículo eléctrico y no hay que irse muy lejos, porque en Portugal está liderando, está a la cabeza de Europa y, a día de hoy, el 20% de los vehículos que se venden son eléctricos puros y el 33% son vehículos enchufables, lo que triplica en porcentaje a España. Yo creo que, al diseñar este tipo de medidas, estaría bien pensar en la estructura fiscal vinculada a los vehículos que tiene Portugal y acercarse un poco a esto; no es cuestión de Portugal, sino de otros países con mucho menor poder adquisitivo que España, como Rumanía, Hungría y Grecia, que están por delante. Yo diría que es evidente con estos datos que las subvenciones no son suficientes y que faltan otras cosas. Usted ha hablado de la red de carga y de lo que está creciendo, pero según los datos que manejamos nosotros y nosotras, ahora mismo puede haber alrededor de 7.000 megavatios de potencia pedidos, sobre todo para la instalación de puntos de recarga rápida, que no tiene una respuesta porque falta capacidad en la red. Así que, aunque de esto hablaremos más en otros momentos, entendemos que hay algo que hacer. Y sobre la parte fiscal, que yo creo que usted ha pasado un poco de puntillas, nosotros entendemos que las deducciones fiscales que se proponen ni son suficientes, ni responden al principio europeo de “quien contamina paga”, ni son progresivas. Y me explico: se propone un 15% lineal de deducción para todo lo subvencionado, pero no todo es lo mismo en términos climáticos y en términos de contaminación. Si lo que se pretende es reducir emisiones, entendíamos que había que afinar un poco más ese tiro y se lo ilustro un poco. Hay muchos estudios por ahí sobre análisis de ciclo de vida de emisiones de vehículos. Yo cojo uno que realizó hace no demasiado tiempo el Gobierno Vasco, a través del Centro Vasco de Codiseño, en el que se decía que un híbrido enchufable emite solamente un 25% de emisiones menos que un vehículo de gasolina en un análisis de ciclo de vida completo. Sin embargo, un eléctrico puede emitir hasta un 70% menos. Si aplicamos el principio de “quien contamina paga”, evidentemente no es lo mismo tener un vehículo eléctrico puro que un híbrido enchufable, con lo cual entendemos que las deducciones no deberán ser las mismas. En este sentido, los invitaría a que, para las siguientes ocasiones, estén mirando lo que realmente está funcionando. Además, está funcionando en algún gobierno suyo, y estoy hablando concretamente de Nafarroa, cuyo liderazgo en la venta de vehículos eléctricos es evidente, ya que alcanza un 20% de venta de vehículo eléctrico. Pero, claro, aquí las deducciones son de un 30%. Un momento, señoría, un momento. Cuando quiera. —Dale, gracias.— Le decía que en Nafarroa las deducciones son de un 30%, y, además, son progresivas, porque para las rentas más bajas hay un 35% de deducciones. Y, sin embargo, los híbridos enchufables tienen unas deducciones muy diferentes y mucho más bajas, acordes también con ese principio de “quien contamina paga”: son de un 5% y 10% para las rentas bajas. A mí las deducciones por instalación de puntos de recarga llegan hasta un 20%, y todo esto está funcionando; y todo esto no se ha aplicado en este Real Decreto. En definitiva, y no me quiero extender, entendemos que todo es muy mejorable, pero es verdad que, con este formato con el que se abordan las cosas, creo que se está impidiendo que esto se haga mejor. Y, en cualquier caso, también le diré que, aunque no estemos del todo de acuerdo con cómo ha venido, preferimos estar teniendo este debate, y no el que se nos está obligando a dar en la Comunidad Autónoma Vasca, donde se está empezando a volver a subvencionar vehículos alimentados por gasolina y gasoil, después de seis años de haberse declarado la emergencia climática. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruset Domenech. Muchas gracias, presidente. Han tenido que pasar 77 días desde que usted asistió a la no convalidación del Real Gildemar.

Decreto omnibus, hasta que hoy lo ha vuelto a traer aquí. 77 días para volver a traer una propuesta que básicamente no cambia en nada sustancial el texto anterior. 77 días, por lo tanto, para nada. Y por lo tanto, si no fuera porque lo estamos viendo en primera persona, parecería imposible que el gobierno haya perdido tantos meses para volver a traer el mismo Real Decreto. Pero, de hecho, esto sirve muy bien para ilustrar perfectamente su gobierno. Primero, un gobierno débil que pierde votaciones clave, que tiene que retirar puntos del orden del día o que tiene que volver a traer a votación temas por no negociar como tiene que negociar el que no tiene mayoría absoluta. En segundo lugar, un gobierno insensible con el sufrimiento de las personas. Ustedes son capaces, como gobierno, de priorizar al máximo posible los ingresos a través de los impuestos, que dan buena parte de los aumentos salariales y de las pensiones de la gente, por culpa de no deflactar el IRPF. Insensible, además, hasta extremos inimaginables. Su gobierno es capaz de impedir, por ejemplo, que se destinen los recursos necesarios para la ley ELA cuando saben que esos recursos son esenciales para todo un colectivo, para el cual cada día, cada hora, cada minuto cuenta. ¿Cómo se atreven, como gobierno, a regatear vilmente con el dinero que hace falta para desplegar la ley ELA, que aprobó este hemiciclo, gracias, entre otros, a Junts? Y tercero, un gobierno con fobia a las empresas, que no es capaz de entender cómo impactan sus decisiones, como esta de hoy de las ayudas a la movilidad eléctrica, en los diferentes sectores empresariales y de rebote en los propios ciudadanos. Tomemos el Real Decreto que hoy se convalida. Al perder cuatro meses en este Real Decreto, ustedes han puesto en riesgo al sector de la automoción y a todas las empresas que desarrollan su actividad en este sector. Durante meses, las dudas y las incertidumbres se han extendido. Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche porque no había ninguna garantía de que después pudieran acceder a las ayudas, y usted me dirá que eso se resuelve en el Real Decreto actual. Y es cierto: las ayudas son retroactivas y de la misma cantidad que antes, pero el tiempo es irreversible. Y las pérdidas económicas de oportunidades, de seguridad y del prestigio del producto para los concesionarios y fabricantes de vehículos, en buena parte, son irrecuperables. Pero el despropósito de la gestión del gobierno va mucho más allá. Hoy tendríamos que estar aprobando el MOVES IV. El MOVES III tenía que estar vigente solo hasta finales de 2024, momento en el que tenía que entrar en vigor el plan MOVES IV, plan que debería mejorar significativamente el actual. Pero, como en todas las otras cosas que ustedes gestionan, llegó diciembre y nadie sabía nada del MOVES IV, así que utilizaron el desafortunado Real Decreto Omnibus para prorrogar el plan anterior hasta mediados de 2025, porque entonces sí que tendrían a punto el plan MOVES IV. ¿Qué ha terminado por pasar? Pues que, en la línea de la debilidad de su gobierno, como decía antes, hoy, en lugar de traer a aprobar el Plan MOVES IV, nos acabamos encontrando con una nueva prórroga del antiguo hasta finales de año. En definitiva, un auténtico despropósito. Un despropósito que se va repitiendo en diferentes aspectos del Real Decreto, señora ministra. Mire, un despropósito desde el punto de vista de la tramitación: los papeles, las gestiones a realizar y los trámites a superar son todos tan complicados y farragosos que muchas veces parecen más bien diseñados para que el ciudadano abandone que para incentivarlo a conseguir la ayuda. ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no permiten que la gestión de las ayudas la puedan hacer los mismos concesionarios? Un despropósito también desde el punto de vista del cobro. Usted paga por adelantado el coste del vehículo, asume primero el precio de la ayuda y espera después el tiempo, que con un poco de suerte solo serán 18 meses, para recuperar ese coste. En Cataluña hay 30.000 personas que están esperando la resolución de las ayudas. En Cataluña solo se ha cobrado el 20% de los coches comprados y el 23% de los puntos de recarga instalados. ¿De verdad que no lo podían hacer mejor? ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no hacen como ellos y permiten que el precio ya se vea descontado en la venta del coche, para que el concesionario pueda recuperar la ayuda directamente y en poco tiempo desde el gobierno? Y, finalmente, un despropósito desde el punto de vista ético. Me explico. Estás ahí.

Las ayudas se financian con fondos europeos para agilizar la transición hacia una movilidad más sostenible. Hasta aquí, ningún problema. Pero atención: cuando un ciudadano recibe la ayuda por la compra de un vehículo o para colocar un punto de recarga, tiene que declarar esa ayuda como ingreso en su declaración del IRPF, que además se suma al tramo marginal, el que paga el porcentaje más alto. Y, por lo tanto, ustedes se quedan con una parte del dinero de la ayuda a través del IRPF—una parte importante, un porcentaje muy alto. Ustedes se quedan con una parte de los fondos europeos que, en lugar de beneficiar a los ciudadanos, se quedan en manos de quienes hacen negocio y caja con las ayudas europeas, aprovechando la transición ecológica, señora ministra. Es tal el despropósito que daría risa si no fuera porque la situación es para llorar. Podríamos seguir alargando la lista de despropósitos: por ejemplo, el retraso en el despliegue de puntos de recarga, donde solo se ha instalado un 10% de los puntos que deberían estar operativos en 2030 (34.000 frente a los 340.000 faltantes); o el caso de los vehículos eléctricos en España, que constituyen apenas un 10%, cuando el objetivo fijaba un 25%. Esta cifra es pésima frente al 25,4% de Francia, el 28,2% del Reino Unido, el 33,4% de Portugal o el 91% de Noruega. Todo ello es un despropósito, y no lo decimos solo nosotros: el propio presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones y entonces presidente de SEAD Dimitía, hace unos meses, citó literalmente la inacción del Gobierno del Estado en favor de la electrificación. Desde el principio hasta el final, un despropósito. Muchas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Granollers Cunillera. Buenos días, gracias, presidente. Este Real Decreto era urgente. Hasta ahora, muchas personas que querían dar el paso hacia el vehículo eléctrico se hallaban en una situación de inseguridad jurídica. No sabían si podrían acceder a las ayudas ni si estas se iban a prorrogar, lo que ha generado mucha incertidumbre. En este sentido, celebramos que el artículo 1 y el artículo 2 fijen esa certeza, como habíamos pedido desde Esquerra Republicana, para que sea efectivo desde el 1 de enero de 2025, ya que es una medida muy positiva que da seguridad y claridad. Ahora bien, seamos claros: esto no es un nuevo plan, sino una ampliación del MOVES III. La realidad nos exige un MOVES IV, con cara y ojos, pensado en el momento actual. Se requiere un plan que revise las bases, que amplíe las cantidades y que ponga el foco en el plan verde europeo y en la fabricación local, priorizando los vehículos producidos en Europa para generar empleo y valor añadido. También hay que revisar el modelo de gestión. Actualmente, no se ve muy claro cómo se asignarán los recursos por comunidades autónomas, lo cual generalmente genera cuellos de botella, ya que son las propias comunidades las que deben justificar las ayudas, muchas veces con poco personal y mediante trámites muy farragosos. Es preciso buscar un modelo más ágil; por ejemplo, que permitan a los propios concesionarios gestionar directamente las ayudas, medida que ya se ha implementado y que, a juicio, daba buenos resultados, pues simplifica enormemente el proceso, sobre todo para la ciudadanía. En cuanto a la disposición final primera, cuando se habla de los vehículos elegibles para las deducciones fiscales, insistimos, señora ministra: ya es hora de dejar atrás los híbridos enchufables y las pilas de combustible. Son tecnologías de transición que hoy en día ya no ofrecen una reducción real de emisiones, ni en circulación urbana ni en autopista. Se debe priorizar los vehículos eléctricos puros, ya que son coherentes con los objetivos climáticos y ambientales. Y, hablemos claro de las ayudas: el plan MOVES incluye dos líneas, unas ayudas directas a la compra de vehículos y otras destinadas a la instalación de puntos de recarga.

400 millones transferidos a las comunidades y una nueva reducción del IRPF del 15% a particulares. Esta deducción, sin embargo, no es una solución real para la mayoría de las familias, porque estamos subvencionando un vehículo a quien realmente se lo puede pagar y el que no se lo puede pagar no puede acceder, ya que un vehículo de 20.000 euros, en diferencia con uno de gasolina, puede suponer aproximadamente 7.000 euros más, y muchas familias no se lo pueden permitir. Eso no se compensa con una deducción fiscal, sobre todo para las rentas medias y bajas. Pedimos más ayudas directas y más rápidas que no obliguen a esperar un año para la declaración de la renta y que sirvan para todos los ciudadanos, en especial para aquellos responsables de una parte relevante de las emisiones. Y aquí, ministra, le quería poner el foco en las furgonetas de última medida. Si queremos que sean limpias, pacíficas y saludables, tenemos que ayudar a sustituir las furgonetas diésel de gasoil que realizan el reparto urbano. Estas furgonetas recorren cientos de kilómetros semanales en entornos urbanos densos y emiten mucho más de lo que parece. Es aquí donde tenemos que priorizar las ayudas, ya que los transportistas de estas furgonetas, que generalmente tienen un trabajo muy precario, con gran dificultad llegan a fin de mes. Sin las ayudas estatales, no podrán cambiar sus vehículos. Además, es necesario incidir en la renovación de la flota más contaminante, compuesta por vehículos muy antiguos sin etiqueta ambiental, que resultan altamente ineficientes y contaminantes. Nadie quiere tener un vehículo antiguo y contaminante; el que lo posee es porque no se puede permitir comprar otro. Por ello, si queremos una transición verde y justa, debemos asignar los recursos donde tengan mayor impacto ambiental y social. El volumen global de recursos de esos 400 millones no es suficiente en el contexto internacional que vivimos. Los Estados Unidos van a imponer aranceles del 45% a los coches europeos y, solo en 2024, la Unión Europea exportó vehículos por un valor de 40.000 millones a Estados Unidos. Esto genera un exceso de producción en Europa que puede tener consecuencias muy graves para nuestro tejido industrial, ya que sin una demanda interna fuerte, hay miles de puestos de trabajo en juego, como es el caso del grupo Volkswagen, actualmente en plena crisis. En este contexto, necesitamos un MOVES IV con visión, visión industrial y músculo presupuestario, que conecte a consumidores y productores europeos de vehículos sostenibles. Hasta la fecha, los planes MOVES solo han contribuido a la compra de 140.000 vehículos, lo cual es una parte muy pequeña del parque automovilístico del Estado, que asciende a unos 30 millones de vehículos. Por lo tanto, estas compras son mínimas. El Estado está muy lejos de alcanzar los estándares europeos, ya que solo el 12% de los vehículos vendidos son eléctricos o híbridos enchufables, muy por debajo del 22% de la media europea o del 32% que tienen, por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal. Esto no es solo una cuestión de renta, sino también de decisión política y de asignar los recursos donde más se necesitan. El señor Sánchez dice que este plan es parte de la respuesta a los aranceles, pero no es suficiente. No hay bastantes medidas para el clima, para la industria ni para la ciudadanía que desea dar el paso hacia un vehículo eléctrico, hacia una movilidad limpia, y que actualmente no puede costearlo, debido a que estas ayudas no están pensadas para quienes son más vulnerables. Pensamos que hacen falta muchas más medidas y nos encontrará a su lado para negociar ese plan MOVES IV que realmente llegue a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Boada Danés. Silencio, por favor, silencio. Un momento, señoría, un momento. Cuando quiera. Gracias, presidente. Señorías, hoy convalidamos un Real Decreto imprescindible para seguir la senda de la descarbonización de la economía y conseguir la neutralidad climática para el 2050, objetivo central del Pacto Verde Europeo y vital para la humanidad frente a la emergencia climática. Tal y como recoge el Real Decreto, el sector del transporte representa el 32% de la población.

Como el 5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, y en concreto, el transporte por carretera supone por sí solo un 30% del total de estas emisiones. Las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera, junto con el incremento del nivel del mar, producen alteraciones en el clima, fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos adversos como las olas de calor, sequías e inundaciones, que a su vez impactan en los cultivos, en la biodiversidad, pero también en la economía y en otros aspectos sociales. Pero hay un elemento del cambio climático que la extrema derecha tiende a ignorar, y es que el cambio climático afecta a la salud de la población. Hace pocos días, el director general de la Organización Mundial de la OMS calificó la contaminación del aire como una de las mayores amenazas a la salud y al medio ambiente de nuestro tiempo. La contaminación atmosférica está vinculada, aproximadamente, a 62.000 ingresos hospitalarios urgentes cada año en España, lo que además representa un coste de más de 850 millones de euros anuales. La contaminación mata y la contaminación nos cuesta mucho dinero. De hecho, otro dato: gastamos 40.000 millones de dólares anualmente en comprar petróleo, de los cuales 8.000 se destinan a la adquisición de petróleo a Estados Unidos. Autonomía estratégica también es dejar de invertir todos estos millones en quemar combustibles fósiles. Por lo tanto, está claro: hay que acelerar la descarbonización del transporte y la electrificación de la movilidad. Pero, desde el Grupo Plurinacional Sumar, queremos ser claros: la sustitución de la flota de vehículos de combustión por vehículos eléctricos no es la única solución. La solución pasa por potenciar un transporte público sostenible y asequible que llegue a todos los rincones del país, facilitando la intermodalidad, impulsando modelos de transporte compartido y, sí, también la electrificación de la flota. El Real Decreto que debemos convalidar hoy es imprescindible para incentivar la sustitución de vehículos que queman combustibles fósiles y contaminan nuestros pueblos y ciudades, por lo que nuestro apoyo es claro y rotundo. Pero deberíamos mirar a nuestros vecinos lusitanos, como comentaba también el compañero de Bildu, que nos superan en número de ventas de vehículos eléctricos, pese a tener menos renta. Portugal ha logrado producir un cambio de comportamiento en los consumidores mediante un modelo de apoyo muy robusto. Algunas de sus claves son las siguientes. La primera es la inmediatez y el automatismo en la aplicación de las ayudas. Este Real Decreto avanza, pero el efecto incentivador de una ayuda se pierde si se percibe más de un año después de adquirir el vehículo, situación que es una reclamación frecuente en España, donde se tarda demasiado en otorgar estas ayudas. Por lo tanto, hay que acelerar la percepción de las mismas. La segunda, hay que extender las ayudas a los vehículos de empresas y para alquiler, ya que las empresas en España siguen comprando mayoritariamente vehículos de combustión interna. La tercera, aumentar la disponibilidad de instalaciones de recarga. Vamos avanzando, como indicaba la ministra, pero en España disponemos de cuatro puntos de recarga por cada 100 kilómetros de carretera, mientras que en Portugal hay nueve. Otro dato: solo tres países de la Unión Europea —Países Bajos, Francia y Alemania—, que cubren únicamente el 20% de la superficie de la Unión Europea, albergan casi dos tercios de todos los puntos de recarga. El otro tercio se distribuye en los otros 24 estados miembros, cubriendo casi el 80% del resto del territorio. Por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas. La cuarta, e incluso más importante, consiste en impulsar la creación de un sistema de recarga unificado que reduzca la fragmentación de las plataformas de interoperabilidad. La recarga pública en España es de las más caras de Europa, hasta un 130% más cara que en Portugal, en parte por esta falta de interoperabilidad. De hecho, Portugal decidió desde el principio que solo habría un sistema de gestión de recarga, llevado a cabo por una iniciativa pública denominada Movié. La presencia y la planificación del Estado han sido el motor de éxito y, una vez demostrado su funcionamiento, se privatizó. Por lo tanto, la limitada disponibilidad de recarga y el sistema fragmentado crean un mayor temor ante la falta de autonomía, situación que debemos atajar. Más posibilidades de recarga y un sistema unificado despejarían incertidumbres y trasladarían seguridad a la ciudadanía, incentivando la compra de vehículos eléctricos. Esto, a su vez, incentivaría la producción. De hecho, facilitar el consumo mediante la adquisición de vehículos de cero emisiones es clave para la descarbonización del sector, pero también es necesario impulsar la producción, como señalaba la ministra, atrayendo inversiones para la fabricación de baterías y nuevos modelos de vehículos electrificados y, de este modo, consolidar el sector de la movilidad.

Toma acción en esta transición imprescindible y de una sola dirección, recordemos, porque, de hecho, la dirección de la transición verde es justa para un sector que en su conjunto representa el 10% del PIB del país y da empleo a más de un millón de personas. Hay que impulsar la transformación del sector y aumentar su competitividad, no solamente acelerando el despliegue de la infraestructura de carga, como ya hemos mencionado, sino también optimizando las cadenas de suministro de materias primas y baterías, reduciendo las cargas administrativas y abordando las necesidades de energía, formación y habilidades de los trabajadores y trabajadoras del sector. La industria del vehículo eléctrico también intenta resolver el abastecimiento de los minerales necesarios para producir las baterías, que de hecho representan el 30% del coste del vehículo eléctrico, siendo esto uno de los grandes retos, precisamente en este contexto de inestabilidad geopolítica. Pero, para conseguir mayor autonomía estratégica, hay que reforzar las políticas de I+D, desarrollando soluciones tecnológicas alternativas que puedan reducir la dependencia de materiales cuyas perspectivas de suministro son inciertas. También hay que acompañar el desarrollo de las nuevas competencias profesionales relacionadas con el vehículo eléctrico, aprovechando las oportunidades que ofrece la nueva ley de formación profesional. Para ello es fundamental que se diseñe en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social. Los vehículos más viejos y que más emiten representan alrededor del 60% del parque, mientras que los vehículos de emisión cero apenas representan el 6% del total. Estamos muy lejos de donde tenemos que llegar. Este Real Decreto impulsa la sustitución y transformación del parque automovilístico, pero también hay que destinar los recursos a mejorar e impulsar la producción del sector eléctrico y articular un modelo de movilidad sostenible y asequible para toda la población, que llegue a todos los rincones del país y a tiempo. Solamente así conseguiremos los objetivos climáticos de reducción de emisiones que nos permitirán conseguir la neutralidad climática en 2050 y garantizar la supervivencia de la humanidad. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, ha dicho usted en su intervención que el plan MOVES III es una palanca para la industria. Parece, señora ministra, que conoce usted muy poco la industria del automóvil en España y en Europa, porque es exactamente lo contrario. No sé si le han pasado mal los datos. Si es usted la única que no conoce, ya digo, la realidad de la industria del automóvil en España y en Europa, o quizás todo lo contrario, y si es usted del grupo de los que juegan a ser los más listos de la clase, me refiero a representantes socialistas y populares que están al servicio de los intereses de otros países. Señora ministra, ¿quién domina la industria del vehículo eléctrico a nivel mundial? ¿Qué país controla las materias primas necesarias para la batería del vehículo eléctrico? Parece que, por ahora, ese grupo de listillos y traidores a sus respectivos países puede estar tranquilo, porque la semana pasada la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, que es quien tiene que investigar estas causas de corrupción política, ha decidido no investigar a Huawei. Por lo tanto, por ahora, señorías, lamentablemente, parece que pueden estar muy tranquilos. Señora ministra, mire, la realidad es que el plan MOVES III incumple la neutralidad tecnológica que deberían tener las administraciones públicas, ya que incentiva exclusivamente la adquisición de vehículos eléctricos y sus puntos de recarga. Esta falta de neutralidad tecnológica es una de las críticas más significativas, no solo de Vox, sino también del informe Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea con relación a la industria de la automoción, ya que ha provocado la pérdida de liderazgo en lugar de ser la palanca que la ha hecho crecer.

…la ministra, sino la pérdida del liderazgo de la industria automotriz europea. Se trata de una falta de neutralidad tecnológica a consecuencia de los objetivos de desarrollo sostenible, la descarbonización de la Agenda 2030, tal y como se explica en el artículo 1.2 del Plan MOVES III, que con este Real Decreto se pretende convalidar su renovación para... su prórroga para el año 2025. Y sigo con el informe de Draghi, señora Ministra. El sector de la automoción es un ejemplo clave de la falta de la planificación de la Unión Europea. Al aplicar una política climática sin una política industrial, el principio de neutralidad tecnológica no siempre se ha aplicado en el sector de la automoción. El ambicioso objetivo de cero emisiones para 2035 conllevará la eliminación gradual de facto de las nuevas matriculaciones de vehículos con motores de combustión interna y la rápida penetración en el mercado de los vehículos eléctricos. Sin embargo, la Unión Europea no ha impulsado estas ambiciones de forma coordinada para transformar la cadena de suministro. Por ejemplo, la Comisión no lanzó la Alianza Europea de Baterías hasta 2017 para construir una cadena de valor de baterías en Europa, mientras que Europa en su conjunto está muy retrasada en la instalación de infraestructura de carga. China, en cambio –insisto, es el informe Draghi– se ha centrado en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos desde 2012 y, como resultado, ha avanzado con mayor rapidez y a mayor escala, situándose una generación por delante en tecnología de vehículos eléctricos en prácticamente todos los ámbitos, a la vez que produce a un coste menor. Las empresas europeas ya están perdiendo cuota de mercado, señora Ministra, la palanca de la industria europea de la que usted habla. Están perdiendo cuota de mercado y esta tendencia podría acelerarse a medida que se superen los cuellos de botella en los envíos. La cuota de mercado de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Europa aumentó del 5% en 2015 a casi el 15% en 2023, mientras que la cuota de los fabricantes europeos en el mercado de vehículos eléctricos se redujo del 80 al 60%, señora Ministra. Lejos, insisto, de ser una palanca, es todo lo contrario. En este contexto, sigo leyendo parte del informe Draghi. Si la Unión Europea no logra adaptarse rápidamente a este nuevo entorno competitivo, el sector de la automoción podría perder terreno a un ritmo aún más acelerado. Según algunos expertos del sector, incluso más del 10% de la producción local de la Unión Europea podría verse desplazada en los próximos cinco años. Supongo que sabrá hacia dónde se va a deslocalizar, precisamente a China, el país más contaminante del mundo. Los planes de descarbonización acordados por el Partido Popular y el PSOE en el ámbito europeo solo han servido para que la poco contaminante industria europea haya cerrado fábricas que se han abierto en la muy contaminante República Popular China. El secretario general de este grupo parlamentario Vox, el señor Figaredo, en la comparecencia del ministro de Economía de ayer, recordó los casos de corrupción de parlamentarios socialistas y populares vendidos a los grupos de presión de China, Qatar y Marruecos. Esa prostitución de sus responsabilidades como parlamentarios es la única explicación plausible para que populares y socialistas hayan firmado y defendido el Pacto Verde, que tanto ha perjudicado al campo y a la industria española y que tanto ha beneficiado al Partido Comunista Chino. Por cierto, aliado en España del Partido Popular desde abril de 2023, mediante la firma del memorando de cooperación entre ambos partidos para, en palabras de la que fue secretaria general del partido, la señora De Cospedal, afianzar la relación de amistad. Por otro lado, la norma que se pretende convalidar hoy incentiva fiscalmente al vehículo eléctrico, cuyo precio es inalcanzable para las clases más humildes. Por lo tanto, se ayuda a quienes menos ayudas económicas necesitan. Señora Ministra, ¿quién puede comprar un vehículo eléctrico? ¿Quién puede instalar un punto de recarga en el garaje de su casa? ¿Sabe lo difícil que es tener una casa? Y, una casa con plaza de garaje, señora Ministra... A esto llaman gobierno de progreso en favor de los más humildes; son un auténtico fraude, señora Ministra. Votaremos en contra de la convalidación de este Real Decreto Ley.

Si se convalidase y se tramitara como proyecto de ley desde Vox, presentaríamos enmiendas para ampliar las ayudas de vehículos que no sean eléctricos, ampliando este tipo de ayuda para los españoles más humildes y para los vehículos en los que la industria del automóvil de España es uno de los líderes mundiales. En Vox no queremos rendir nuestra industria en favor de la China comunista. Queremos que nuestros fabricantes sigan siendo líderes mundiales y que los españoles tengan acceso a los trabajos que sólo la industria puede proporcionar, fijando población y reteniendo el talento de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Chavarri. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo quisiera empezar haciendo un ejercicio. Porque en este mundo tan cambiante, en el que vivimos lleno de bulos y de desinformación, se nos olvida con demasiada rapidez y frecuencia lo que votan los distintos grupos políticos en esta Cámara. Y quiero hacer este ejercicio de memoria, porque la hipocresía, la incoherencia y la mentira no deben de quedar en el olvido, para que los ciudadanos y las ciudadanas de este país puedan ver con perspectiva cuáles son los posicionamientos políticos que obedecen a intereses tácticos y partidistas y cuáles son aquellos que favorecen y velan por sus intereses. Por eso, hoy quiero remontarme al pasado 24 de enero de este mismo año, día en el que el Pleno de esta Cámara recibía para su convalidación un real decreto lleno de importantes y protectoras medidas económicas y sociales. Y ahí, una vez más, el Partido Popular y Vox, en esta ocasión acunados por Junts, votaron en contra de los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y para colmo, el Partido Popular, el mayor partido de la oposición, que se dice a sí mismo ser un partido de Estado, intentó luego justificar ese voto de la manera más vergonzosa y marrullera, porque lo hicieron ustedes a base de bulos y tergiversaciones. Pero la verdad, señorías, la verdad, la realidad más dura, es que votaron en contra de las medidas económicas, industriales y sociales contempladas en ese real decreto por puro interés táctico y partidista. Y así ocurrió precisamente con el MOVES III, un plan que se incluía en ese decreto y a ustedes no les tembló la mano a la hora de votar en contra, aun sabiendo perfectamente que el impacto de su voto traería consecuencias nefastas, poniendo en riesgo proyectos industriales, poniendo en riesgo el futuro de las plantas de producción de vehículos y poniendo en riesgo… miles y miles de puestos de trabajo de la industria del automóvil en nuestro país. Ustedes, señorías, votaron en contra de la gente. Afortunadamente, este Gobierno progresista, encabezado por el presidente Sánchez, no cejó en su empeño de que ninguna persona, ninguna empresa, ninguna familia tuviera que pagar las consecuencias de su tiranía política, porque, a diferencia de ustedes, este Gobierno cumple, cumple con sus obligaciones, cumple con los ciudadanos y cumple con su palabra. Por eso, hoy volvemos a traer a convalidación esta prórroga del MOVES III, que es clave para el presente y para el futuro de nuestro país. Un plan que es la base para promover la movilidad eléctrica y el desarrollo de la infraestructura de recarga, y que es fundamental para el sector y esencial para la transición energética. Un programa que fue iniciado en el año 2021, como saben muy bien, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que, señorías del Partido Popular, les suena, ese que intentaron ustedes boicotear en Europa y que se ha ido ampliando en varias ocasiones en una clara apuesta del Gobierno por la…

Movilidad sostenible y por el apoyo a este sector tan importante de nuestra economía. El MOVES III ha contribuido a la compra de más de 142.000 vehículos y a la instalación de más de 113.000 puntos de recarga. Si a esto se le añaden el MOVES Flotas y el MOVES Singulares, se han instalado 2.800 puntos de recarga asociados a estas flotas y se ha procedido a la renovación de más de 18.000 vehículos. Como explicaba muy bien la señora ministra, incluye, como saben, este MOVES III, una dotación económica de 400 millones de euros más, que supondrá alcanzar los más de 1.735 millones y se extiende con carácter retroactivo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, también en la deducción del 15% del IRPF, cumpliendo así con el compromiso adquirido de retroactividad y sacando de la rueda el palo colocado por el Partido Popular, por Vox y por Junts el pasado mes de enero. De hecho, señor Cruset, la pérdida de tiempo la provocaron ustedes con todo este retraso y eso sí que es un despropósito. Como les decía, este Gobierno cumple y ha venido adoptando medidas regulatorias, incentivos económicos y, sobre todo, un marco adecuado para que la movilidad eléctrica se desarrolle y genere seguridad en el sector. Sigamos haciendo ese ejercicio de memoria para recordar que en el año 2018 se suprimió la figura del gestor de recarga, se estableció la obligatoriedad de puntos de carga en las estaciones de servicio de mayores ventas y también en los aparcamientos de acceso público. Además, se simplificó la Ley de Carreteras para agilizar el proceso de instalación de puntos de recarga y se eliminaron las licencias previas municipales, precisamente para agilizar este proceso. El Gobierno sigue dando pasos firmes para lograr la modernización y la descarbonización del parque de vehículos en nuestro país. En 2024, el número de puntos de recarga de acceso público creció un 32% y, de hecho, se instalan más de 1.000 puntos de recarga pública al mes. Es importante el dato. Por ese motivo, el Ministerio de Transición Ecológica encargó al operador del sistema la realización de un mapa de puntos de recarga para que los usuarios dispongan de información actualizada sobre su disponibilidad y su ubicación, y, por cierto, ya está disponible desde este mismo lunes. Todo esto, junto con el PERTE del vehículo eléctrico, dotado con más de 5.000 millones de euros, como saben, está promoviendo una nueva cadena de valor y generando empleo y nuevos proyectos industriales en nuestro país. España, de hecho, es ya líder en la fabricación de vehículos, con 18 fábricas produciendo 25 modelos diferentes. Sin duda, la industria del vehículo eléctrico es uno de los sectores más dinámicos y con mayores perspectivas de futuro; somos ya un país referente a nivel europeo en muchos aspectos, también en este. Mal que les pese a ustedes, señorías de Vox, yo diría que, incluso a pesar de ustedes y de su apoyo y su misión a las políticas arancelarias de Trump, e incluso también a pesar de su negacionismo climático, y, por supuesto, señorías del Partido Popular, me dirijo a ustedes para decirles que seguiremos desmontando sus bulos y mentiras, sacando sus palos de la rueda de nuestra economía para seguir creciendo en bienestar social, para seguir creando empleo de calidad, para continuar protegiendo a las personas, a la clase media y trabajadora de nuestro país, y proporcionando seguridad y confianza a nuestro tejido empresarial y productivo. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Conde López. Chao

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora vicepresidenta, una vez traen a esta Cámara la aprobación de un real decreto, el número 7, sin asumir la más mínima autocrítica, ni por el impacto real que están generando con los diferentes reales decretos, ni tampoco por la ausencia de las mejoras que les está demandando el sector. Y, además, en su intervención no ha sido capaz de concretar ninguna medida para actuar en el contexto actual provocado por la subida arancelaria de los Estados Unidos, a la que el Plan MOVES, no lo olvide, pretende ser una respuesta. En definitiva, ni autocrítica, ni rectificación, ni tampoco propuestas de mejora de competitividad industrial desde el punto de vista energético. Señora vicepresidenta, ha tenido usted un mal comienzo, se lo reconozco. Desde que ha asumido sus responsabilidades, solo se la reconoce por su capacidad de generar inseguridad jurídica en los sectores regulados y en los sectores productivos. Le recuerdo que usted es la vicepresidenta que tomó la decisión política de retirar del Congreso de los Diputados la Ley de Comercio de Derechos de Emisiones que se estaba tramitando y que se había aprobado la eliminación del impuesto de generación eléctrica. Siento decírselo, señoría, pero por mucho que sea legal, dice muy poco de su talante democrático y, sobre todo, ha generado una enorme inseguridad jurídica. Le recuerdo que usted es también la vicepresidenta que no atendió la demanda reiterada del sector durante el año 2024 para ampliar el plan MOVES, ni en plazos, ni en cuantías, ni tampoco en mejoras en la tramitación. Le recuerdo la dimisión del presidente Danfac, precisamente por el incumplimiento de los compromisos de su gobierno. Y le recuerdo que usted es la vicepresidenta que, cuando el Real Decreto Ley Unibus decayó en enero de este año, fue incapaz de dar una respuesta inmediata. Ha tardado tres meses en los cuales el sector no sabía lo que iba a pasar. Sencillamente, no lo sabía. De nuevo, inseguridad jurídica. Dejen al lado la imposición y la censura y hablen, en realidad, de consenso y de diálogo. Pero mire, por mucho que sean graves las formas con las que actúan, lo más sorprendente es la indolencia del Ministerio de Transición con el que se está tratando la industria de la automoción en nuestro país y, por extensión, al resto de los sectores productivos. Siguen, señora vicepresidenta, ancladas en el pasado. Ni el señor Draghi ha conseguido despertarles de su sueño verde. Le recuerdo que ustedes no son solo transición, que son también industria, y que los sectores productivos están esperando que despierten de su sueño y que actúen desde el realismo. Señora vicepresidenta, el plan MOVES sabe que llega tarde, que es insuficiente y que, además, no responde a las necesidades industriales del sector. Y por eso le propongo un ejercicio teórico para imaginarnos, entre todos, cómo sería el plan MOVES si realmente ustedes actuaran desde una visión industrial. Mire, en primer lugar, tendríamos un plan MOVES en el cual los consumidores recibirían las ayudas en el momento de la compra, que es lo que tendríamos que estar convalidando esta misma mañana. Sabe que las ayudas son insuficientes y, simplemente, le doy un dato: la cuota de electrificación en España es del 14,3%, ocho puntos por debajo de la media europea y muy lejos de países como Alemania, que la tienen en el 26%. Pero, además, tendríamos un plan MOVES en el que se garantizaría una red de recarga en el territorio que dé confianza y que dé servicio a los usuarios. Usted nos ha dado aquí una parte del dato, señora vicepresidenta: 113.000 puntos de recarga, sí, pero no ha dicho que solo el 44% —50.171— son de acceso público, y tampoco ha dicho que de esos 11.400 no están operativos. Tienen ustedes 38.725, que es un 60% del objetivo suyo para el año 2024. En segundo lugar, se darían cuenta de que el plan MOVES tiene una enorme relevancia para la política industrial de nuestro país. Todos los países están compitiendo por atraer la fabricación de vehículos automóviles y, mientras en China se está incrementando un 21% la producción de vehículos automóviles, en España la caída, señora vicepresidenta, es del 16%, sin incentivos a la innovación, sin un coste eléctrico competitivo.

No será posible darle la respuesta que necesita al sector de automoción, y que, por lo tanto, seamos de verdad líderes en el conjunto de la Unión Europea en el escenario internacional. Y, en tercer lugar, señora vicepresidenta, ¿se darían cuenta en este ejercicio de que la neutralidad tecnológica tiene que ser un principio irrenunciable dentro de la transición energética? Lo es en Europa y, lamentablemente, por su política, no lo es en estos momentos en España. Pero, si ustedes salieran de los despachos, se darían cuenta de las enormes dificultades que tienen los consumidores para adquirir un coche eléctrico, por precio, por autonomía y por la falta de una red de infraestructuras de recarga adecuadas en el territorio. Por eso, señoría, nosotros, desde el Partido Popular, y es lo que tendríamos que estar convalidando esta mañana, señora vicepresidenta, tendríamos que estar convalidando en paralelo un programa renove que permitiera, al margen de ideologías, fomentar la compra de vehículos eficientes de cualquier tecnología, porque se acabó el tiempo de los buenos deseos y de las buenas intenciones, pensando que la neutralidad tecnológica no es el principio adecuado. Sabe que, además de la lucha contra el cambio climático —que para ustedes todo lo justifica—, necesitamos también reducir las emisiones y la vida útil de nuestro parque, que en estos momentos ustedes han incrementado en dos años, desde el año 2019, del 12,5 al 14,5, y necesitamos también una mayor seguridad vial para los usuarios. Concluyo. Señora vicepresidenta, la industria no conoce de ideologías y hoy esperábamos que usted viniera aquí a hablar de industria, y no lo ha hecho. El PAMOES es mucho más que un plan de reducción de emisiones, es un instrumento de política industrial, y ustedes tienen la responsabilidad de dotar de medidas para darle certezas y competitividad al tejido productivo y al sector de la automoción. Sé que no es su campo, sé que no le gusta y sé que ustedes lo único que quieren es que decretamos desde el punto de vista industrial. Señora vicepresidenta, necesitamos una industria de automoción que dé esa respuesta. España ha pagado, y se lo digo con conocimiento de causa y del propio sector productivo, durante mucho tiempo sus errores. Ahora, su vicepresidenta Rivera parece que ha renunciado a estos errores al asumir su cargo de comisaria. Seguramente deberían hacer una reflexión sobre si en España también deberían dar ustedes ese paso, porque ella ha descubierto que, sí, la energía nuclear es limpia, competitiva y permitiría que no se incrementaran los precios energéticos en España. Y la señora Rivera ha descubierto que, sí, la neutralidad tecnológica tiene sentido en un contexto de transición energética. Señora vicepresidenta, concluyo. Gracias, presidente. El sueño sanchista es, en realidad, una ensoñación que está perjudicando enormemente al tejido productivo. Despierten de su sueño, porque el sector de la automoción y el sector industrial se lo agradecerán. Nada más. Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Para presentar el Real Decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Buenos días, presidente.

Saludo a todos los diputados y diputadas, pido disculpas por el tono de la voz, arrastro una afonía de unos días. Espero que ello me permita defender este Real Decreto Ley. También saludo a las autoridades presentes en este salón plenario: al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de la Isla de La Gomera, a la consejera de Derechos Sociales y al resto de autoridades; así como a ONGs como ACNUR y UNICEF, que han venido a asistir a esta sesión plenaria. Subo a esta tribuna para defender la convalidación del Real Decreto Ley 2.25.18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Se trata de un Real Decreto Ley que, como acabo de decir, está en vigor tras publicarse en el BOE, habiendo sido aprobado en el Consejo de Ministros y que, hoy, dentro del plazo estipulado –incluso sin agotarse el mismo– debe ser convalidado. Permítanme, antes, señorías, que viaje en el tiempo. El 3 de octubre del año 2006, el que fuera presidente de Canarias, Adán Martín, comparecía ante la Comisión de Libertades, Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. En aquella intervención, de hace casi 20 años, terminaba haciendo alusión a los menores migrantes no acompañados. Decía el presidente canario, tristemente fallecido, que dejaba para el final de su intervención un asunto –leo textualmente– especialmente sensible en lo que representa la defensa de los valores éticos y morales. Añadía, y abro comillas, “si la situación en Canarias ya es por sí dramática, ¿cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida cruzando el Atlántico?” Era yo, en aquel momento, alcalde de mi municipio y el propio Adán Martín, presidente nacionalista, nos pidió que abriéramos recursos municipales para albergar a niños, niñas y adolescentes que llegaban a nuestras costas, como lo siguen haciendo hoy, huyendo de la pobreza, de la guerra y del hambre. Lo hicimos; abrimos recursos en mi municipio, en mi barrio. Reuní a los vecinos y vecinas y les expliqué que se trataba de una cuestión de justicia y de derechos humanos. Al final, aquellos chiquillos que eran de Mali se convirtieron en parte de la vida del barrio y del municipio. Y cuando se fueron, fueron derivados a otros lugares. Quienes lloraban eran los niños. Sí, pero eran los niños del pueblo, pues se iban sus amigos. Señorías, les hablo de un discurso pronunciado hace 20 años y de una situación dramática que ya se daba en mi tierra hace dos décadas. Las palabras del que fuera presidente de Canarias, creo, podrían servir para sus homólogos en el resto de las comunidades; por ejemplo, para Andalucía, que en el año 2018, cuando casi el 50% de los menores migrantes no acompañados llegaban a sus costas, también pedía soluciones. En ocasiones, esto ha ocurrido en el Levante, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en otros puntos del país. En estos más de 30 años de llegada de inmigrantes en pateras y cayucos, la primera patera que llegó a España lo hizo en el año 1994; arribó a la isla de Fuerteventura. Eran dos jóvenes saharauis y fueron recibidos con voladores, fuegos artificiales y, como se dice aquí, “blanda de música, alborosos”. Como digo, la llegada de pateras y cayucos ha cambiado; ha fluctuado de un territorio a otro, porque han variado las rutas migratorias. En ocasiones han llegado por el Mediterráneo, pero en otras ha sido por el Atlántico. Hoy, esos flujos afectan en mayor medida a Ceuta, Melilla y Canarias, siendo esta última reconocida, en el caso canario, como la ruta más peligrosa y mortífera del mundo. Señorías, en los dos últimos años, el aumento de la ruta atlántica ha provocado que estos territorios sean receptores de la mayor afluencia de migrantes en su historia; y si hablamos de menores, también han sido dos años de especial alza, pues se ha intensificado la llegada de niños y niñas migrantes desde el continente africano. Es decir, estos niños y jóvenes...

jóvenes han llegado como nunca antes. Por eso, la medida que traemos hoy al Congreso de los Diputados para su convalidación es una medida histórica, para una demanda histórica, sobre la base de una competencia que es autonómica en su sentido estricto, pero que entendemos desde el Gobierno de España, que requiere de una modificación legislativa y un compromiso firme por ser justa al tratarse de población vulnerable, de menores. De ahí, señorías, que comience mi intervención pidiendo altura de mira. Les aseguro que no ha sido fácil. El Real Decreto-ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno de España ha adoptado esta medida utilizando como fundamento básico los acuerdos aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y dando potestad y capacidad decisoria a las comunidades autónomas para dar una respuesta definitiva, estructural y equilibrada a esta crisis humanitaria y a las que puedan venir. El fenómeno migratorio, señoras y señores diputados, es intrínseco a la condición humana. Hay pueblos que han sido durante décadas pueblos inmigrantes y que luego terminan siendo pueblos de recepción, o a la inversa. En los años 40 y 50 del siglo pasado, muchos canarios, antepasados nuestros, emigraron en busca de democracia, de futuro y de prosperidad a países como Venezuela. Y allí pudieron desarrollar sus sueños, contribuyeron con lo mejor de sí mismos a ese país y, a su vez, ayudaron a sus familias que se habían quedado en el archipiélago con transferencias, con lo que se llamaban entonces giros de carácter económico. Hoy la situación es al revés. Son muchas las personas, también de Venezuela, que vienen a nuestro país, a España, locomotora económica europea, en busca de futuro. La aportación de todos esos inmigrantes que acaban integrándose en nuestro tejido social y productivo, al sostenimiento económico de nuestro país, es capital y esencial. Forman parte de nuestro impulso económico. Ocurrió lo mismo con el resto de españoles que, en esas décadas del siglo pasado de dictadura y pobreza, tuvieron que buscar su futuro en países de Europa como Bélgica o Alemania. Nosotros, los canarios, nos subíamos a un barco y nuestros destinos eran, como digo, Venezuela, Uruguay, Cuba, Argentina. Ahora, y frente a quienes niegan que la economía de nuestro país avanza y crece, somos un territorio que recibe a personas migrantes que quieren prosperar, un país de recepción. En los últimos tres años, y entre las personas migrantes, el número de niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país se ha incrementado notablemente, un 221,4%, porque los perfiles han ido cambiando. Ahora vienen más mujeres y más menores que hace 20 o 30 años. Esta situación, señorías, exigía de una respuesta de Estado y de las formaciones políticas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? A finales del año 2023, este Congreso celebró dos debates de investidura distintos. El primero, que fue fallido, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. El segundo, que obtuvo la mayoría parlamentaria, con Pedro Sánchez como candidato. Es muy relevante recordar que, en ambos casos, los partidos que proponían a sus candidatos —es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista— habían acordado con Coalición Canaria, y lo firmó esta formación nacionalista canaria con los dos partidos para obtener su apoyo en la investidura, el impulso a una solución para la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Creo que es importante que leamos textualmente el contenido de esos acuerdos. En el caso del Partido Popular, el punto número 9 dice —y abro comillas—: "respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes se considerará un asunto prioritario en el Estado, para con cambios legislativos lograr que todas las comunidades autónomas se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias". En el caso del Partido Socialista, también, en el punto 9 se especifica lo siguiente: "iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores y extranjeros no acompañados no sean...

Responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan. Estos acuerdos fueron firmados, en el caso del Partido Popular, por Cuca Camarra, y, en el caso del Partido Socialista, por María Jesús Montero. Es decir, señorías, si el presidente del Gobierno hubiese sido Alberto Núñez Fijó, hubiese tenido, se supone, que cumplir lo que firmó. Pues bien, el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y lo que ha hecho es cumplir lo que firmó, su compromiso. Y esto me lleva a apelar al voto favorable del Partido Popular para la iniciativa que hoy debatimos, porque nosotros no hemos hecho otra cosa, señorías, que hacer lo que ustedes hubiesen tenido que hacer, se entiende, de haber estado gobernando este país, porque así lo firmaron, ni más ni menos. Para llegar hasta el día de hoy, el camino no ha sido fácil, ha sido todo lo contrario, largo y tortuoso. El 30 de enero de 2024 se constituye la Comisión Interministerial de Inmigración, que me designa presidente de la misma por el Consejo de Ministros. Se han celebrado muchísimas sesiones en este tiempo para abordar, expresamente, este asunto y tomar acuerdos al respecto sobre los mecanismos legislativos. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por Cira Rego, se ha reunido en cinco ocasiones en el año 2024. Se han producido decenas de reuniones entre la Presidencia del Gobierno de Canarias y quien les habla, y otros ministros y ministras; y he mantenido, además, incontables contactos telefónicos permanentes, casi diarios, con Fernando Cradijo. En junio del año 2024 se convoca una ronda de encuentros con todos los grupos políticos en el Congreso, al que acudo junto al presidente del Gobierno de Canarias, con el objeto de registrar una proposición de ley que recogiera las aportaciones de todos los grupos. Y así se hizo. A pesar de todo ello, el 23 de julio del año pasado no se admitió a trámite la proposición de ley registrada. Pero no cejamos, porque luego hay reuniones en el mes de agosto: encuentros en Bruselas con el comisario de gestión de crisis, con Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comité de las Regiones, e incluso con Ilva Johansson, comisaria europea. Enviamos una carta a la Presidencia de la Comisión Europea, pues así se nos requería por parte del Partido Popular, en la que solicitamos —y leo textualmente— toda la ayuda que fuera precisa. Hubo nuevas reuniones, también con el Partido Popular, que concluyeron en diciembre del año pasado, en las que se decidió no apoyar la modificación del artículo 35. Por ello, y de manera inmediata, el Gobierno de Canarias propuso un mecanismo extraordinario y único: distribuir 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta, y trabajamos sobre ello. Pero hoy, lo que proponemos es convalidar una propuesta que creemos es mejor y distinta, con base en lo trabajado durante este año y medio, pero más completa. Pues, a diferencia de la proposición de ley del año pasado, que no se emitió a trámite y que era para Ceuta, Canarias y Melilla, el Real Decreto-ley que hoy convalidamos se extiende a todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, a todas las que alcancen en algún momento una situación de contingencia migratoria. Es una propuesta trabajada con el compromiso de los grupos políticos que apoyaron la admisión a trámite de la proposición de ley, en este caso Junts per Catalunya, que se suma al acuerdo y que culmina en un Real Decreto-ley, aprobado, como digo, en el Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo. Ha sido más de un año de trabajo, señorías. Hoy se cumplen 261 días desde que no se admitiera a trámite la proposición de ley. ¿Qué camino hubiésemos ya recorrido de haberse admitido? Y llegamos a este Real Decreto que viene a esta Cámara, que no es la proposición de ley, repito, del verano. En esta ocasión se activa un instrumento para cualquier territorio que se encuentre en contingencia migratoria. ¿Qué es eso? La contingencia migratoria, de acuerdo a este Real Decreto-ley, significa que la capacidad ordinaria de cualquier territorio para acoger a personas menores migrantes no acompañadas se multiplica por tres. Cuando eso ocurre, cuando esa cifra se alcanza, entraría ese territorio en contingencia migratoria. Ese gobierno autonómico lo comunica en cinco días al Gobierno de España y se activa el Real Decreto-ley.

Decreto ley. Es una medida para todas las comunidades autónomas, sin excepción, sin diferencia, sin privilegio y sin señalamiento. ¿Cómo se establece la capacidad ordinaria de un territorio? Pues de la siguiente manera: las comunidades autónomas y ciudades autónomas han tenido un plazo para certificar el número de menores migrantes no acompañados que atienden. Con esos certificados, y respondiendo a lo que se requiere, se obtiene el número total de menores migrantes no acompañados que hay en el conjunto del país, en España. Luego se procede, teniendo en cuenta la población de nuestro país, a dividir esa población entre el número de menores migrantes no acompañados, obteniéndose un resultado. Por último, se divide la población de esa comunidad entre ese resultado, y lo que se obtiene es la capacidad ordinaria. La contingencia migratoria se produce cuando esa capacidad ordinaria alcanza tres veces más de esa cantidad; por tanto, es un criterio objetivo: se trata ni más ni menos que del número de menores migrantes no acompañados por población. Quiero dejar medianamente claro, señoría, lo siguiente: la capacidad ordinaria no es el número de plazas que tiene una comunidad autónoma, sino el número de plazas que tendría que tener para responder solidariamente a los territorios fronterizos. Mire, Canarias tiene cerca de 6.000 menores. Se ha tenido que arbitrar mecanismos de la noche a la mañana para abrir recursos, porque le llegaban decenas de menores, atendidos por ONG, y se han habilitado aulas en los centros educativos. Todo eso se resuelve para todas las comunidades en este Real Decreto Ley. La realidad es que la capacidad ordinaria de Canarias, si tuviésemos en nuestro país un total de 20.000 menores migrantes no acompañados, no llegaría a 1.000, pero en estos momentos tiene 6.000, es decir, 6 veces más. Hemos escuchado a representantes autonómicos decir que están desbordados con 600 menores, teniendo en cuenta comunidades de 5 millones de habitantes. Si con 600 menores está desbordada una comunidad de 5 millones, ¿qué adjetivo, señoría, usarían para una comunidad como Canarias, de 2 millones de habitantes, que tutela a 6.000 menores? ¿O qué dirían de Ceuta, que atendió en el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados, en una población de 84.000 habitantes? ¿Qué dirían? Por eso, este decreto es justo, porque se basa en la capacidad ordinaria. Porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio. Las rutas cambian y, con este Real Decreto Ley, que es renovable, cualquier territorio estará amparado ante una contingencia migratoria. Quiero también recalcar que este Real Decreto Ley establece de manera específica un fondo económico necesario para hacer frente a la contingencia y pone en valor el esfuerzo realizado. Y algo que es muy importante, preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas, pues se remite a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que puede modificar los criterios para la acogida si se decide por unanimidad, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022. Quiero detenerme también en el concepto de esfuerzo realizado. Indudablemente, este Real Decreto Ley parte de una realidad: la de los menores que han atendido las comunidades en el año anterior. Eso significa que hay comunidades que, por su población, han hecho mayor esfuerzo en atender a esos niños y niñas que otras. Claro está, no se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números que surgen son objetivos, se dividen entre la población y, por tanto, cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo; dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación a su población. Precisamente, este Real Decreto Ley pretende corregir esos desequilibrios, porque, señoría, esto es un conjunto de comunidades y ciudades autónomas. Esto es un país, y entendemos que al fenómeno migratorio hay que darle una respuesta de Estado, una respuesta de país.

Además, el Real Decreto‐Ley plantea pautas temporales razonables ante la respuesta que exigen los menores que se encuentran en estos momentos hacinados en distintos territorios del país. Se establece un marco temporal de 12 meses para los 4.400 menores en Canarias y Ceuta, con sus derechos preservados, audiencia al menor e informe de la Fiscalía, y, en tanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en condiciones dignas en un plazo de 15 días tras la afiliación y las comprobaciones pertinentes. Eso es atender al interés superior del menor, que no se atiende cuando están asignados, sin escolarizar y sin cubrirse con todas las garantías sus necesidades personales. Indudablemente, todo esto se desarrollará en el marco de la conferencia sectorial de infancia-adolescencia que, de acuerdo al Real Decreto‐Ley, debe ser convocada como máximo tres meses después de la aprobación del Real Decreto‐Ley por el Consejo de Ministros, es decir, antes del 20 de junio de este año. Pero les adelanto que no se va a agotar ese plazo, al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del Real Decreto‐Ley. Y vuelvo a repetir que, en el seno de esa conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, se podrán modificar los criterios que se establecen en este Real Decreto‐Ley. Señorías, debemos defender el interés superior del menor. Estos deben estar defendidos y atendidos con dignidad, con pleno reconocimiento de su vulnerabilidad, y, teniendo esto en cuenta, creemos que ningún representante público debería poner pegas a recibirlos en igualdad de condiciones, considerando el esfuerzo realizado, la dispersión, la renta y los criterios de la conferencia sectorial. Por eso, entendemos que este es un muy buen Real Decreto‐Ley. Y, teniendo en cuenta que estamos a una convalidación y que estamos abiertos a que pueda mejorarse con sus aportaciones o enmiendas en el trámite parlamentario como proyecto de ley, la propuesta es también absolutamente rigurosa. Real Decreto‐Ley, señorías, que fue aprobado por el Consejo de Ministros, y, creo que esto es importante, que el Tribunal Supremo emitiera un auto por una denuncia del Gobierno de Canarias, cuando estaba bloqueada la opción de la modificación legislativa y parecía que nunca iba a ocurrir lo de hoy, es decir, convalidarse un Real Decreto‐Ley o aprobarse una proposición de ley. En este sentido, insistimos en que el Gobierno de España respeta y asume el auto del Tribunal Supremo, el cual traslada que los menores no acompañados solicitantes de asilo, que se encuentran en situación de hacinamiento en Canarias, sean incluidos en el Sistema Nacional de Acogida como medida cautelar. De hecho, hemos aprobado, a través de una resolución administrativa en el seno de la Comisión Interministerial de Inmigración, que este auto se cumpla, además en colaboración con el Gobierno de Canarias, con cuya presidencia hemos mantenido reuniones —así como otros encuentros de carácter técnico— y caminaremos para coordinar la fórmula de cooperación, protocolo, convenio o acuerdo que mejor responda a la situación de los menores. Porque ambos gobiernos están de acuerdo en que esta medida debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la situación personal de cada uno de los menores que sean solicitantes de derecho de asilo internacional, caso a caso. Muchos de esos niños y niñas están —o debieran estar todos— escolarizados, tienen actividades extraescolares e, incluso, están federados en distintos deportes. Les voy a dar un dato que igual les llame la atención: en Canarias, y solo hablando del llamado deporte rey, el fútbol, hay cerca de 500 menores inmigrantes no acompañados, niños y niñas que están federados, que entrenan con sus amigos, sus compañeros y compañeras de equipo, y que cada fin de semana compiten deportivamente. Los hay también en otros deportes, en baloncesto e incluso en lucha canaria, donde se integran y participan en las costumbres del lugar donde viven. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, cuando regresan a los centros, se encuentran hacinados y, por ello, hay que proporcionarles mejores condiciones en el conjunto del territorio. Tenemos que analizar cada caso. Estamos hablando de una cuestión humanitaria, pero también —y esto lo tenía escrito el lunes— es una oportunidad. Esta mañana he leído en la portada de un medio de comunicación en el que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, dice lo siguiente: "Los migrantes."

No son un problema, son una oportunidad. No lo dice solo el Gobierno, señorías. Son una oportunidad porque estos pequeños formarán parte, el día de mañana, de nuestra estructura económica y de nuestro potencial laboral, social y cultural. Invirtamos en su futuro, porque su futuro será el de todos, señorías. El Gobierno de España lo tiene claro. Seguiremos trabajando sin descanso. Esta misma semana, en la Comisión Interministerial, se ha aprobado el grupo de trabajo que coordinará el contenido del Real Decreto que desarrolla este Real Decreto‐Ley, y, al mismo tiempo, solicitaremos a las comunidades autónomas que completen, trasladen o aclaren algunos datos que nos han trasladado al respecto. Seguiremos la hoja de ruta tras la validación del Real Decreto‐Ley que, esperemos, se produzca hoy para dar una respuesta humanitaria, histórica, reivindicada, justa y solidaria. Para los menores, no va acompañado. Señorías, no hay más que mirarle a esos niños y niñas a los ojos. Sus ojos son negros, son canelos, son azules, son verdes. Son los mismos ojos de los niños y niñas que vienen de otros conflictos, que a priori nos parecen más cercanos. La diferencia es el color de la piel, pero esos niños lo que quieren es aprender, jugar, crecer seguros. En definitiva, esos niños lo que quieren es vivir en paz. Agradezco profundamente, en nombre del Gobierno, a todos los grupos de la Cámara que el pasado 23 de julio votaron sí, a que estos menores tuviesen una oportunidad a través de aquella proposición de ley: al Partido Socialista; a sumar a Coalición Canaria; al Partido Nacionalista Vasco, Hildo, Esquerra, Podemos y al BNG; e incluso a los que se abstuvieron, como UPN. Asimismo, agradezco su apoyo a Junts per Catalunya, que hoy se suma. Y quiero pedir a quienes se quedaron fuera aquel día que no lo hagan hoy. Se lo pido a ustedes, señorías de Vox. Puedo parecer un iluso por esta petición. A un compañero suyo le dije, en una pregunta en este Congreso, que debían ir a los centros de Canarias y mirar a la cara a estos niños, y que les dijeran que no tenían—que no tienen—derecho a ser tratados con dignidad. Se los pido también a ustedes, al Partido Popular, cuyos presidentes en distintas comunidades autónomas anuncian interponer recursos al Tribunal Constitucional. No sé si eso también lo comparte la dirección del Partido Popular. Porque, si la solución es parar este Real Decreto‐Ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios fronterizos? ¿Que esos niños se queden en Ceuta, en Melilla, que se queden en Canarias? Se lo pido al Partido Popular, que conoce la realidad de ese fenómeno, ya que gobiernan o co‐gobiernan precisamente en Ceuta, Melilla y en Canarias, y tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa a esta crisis humanitaria e histórica. Porque son diputados que son de allí, que viven allí y que les votaron allí, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Yo a ellos me dirijo. A ustedes me dirijo para que voten hoy a favor, para que actúen con responsabilidad y para que demuestren que ustedes son un partido de Estado. Me dirijo al Partido Popular; creo que merece la pena. Y, para terminar, quiero dar las gracias a todos los ministerios que han hecho posible que hayamos llegado a este día. A Cira Rego, ministra de Infancia y Juventud, que me ha acompañado en múltiples y complicadas reuniones para poder llegar al día de hoy; a María Jesús Montero, que también ha estado en esa coordinación como vicepresidente y ministra de Hacienda; a Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social; a los ministros de Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes, de Interior y de Asuntos Exteriores; a todos los ministros y ministras por sus aportaciones; y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su valentía y determinación. Este es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa una solución legislativa a los menores no acompañados, aun siendo competencia autonómica, porque esto supone una respuesta a los derechos humanos. También quiero dar las gracias a las presidencias de Canarias y de Ceuta por el aliento, el esfuerzo y el compromiso mostrados durante todo este tiempo, y a los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias.

Que han dado luz en momentos de oscuridad y zozobra para lograr llegar a este día, y a todos los que han empujado ONGs, colectivos, individualidades, para acabar esta travesía llegando al metafórico puerto de la verdadera solidaridad. Y culminó mi intervención. Hoy es un día importante. Y no lo es para los territorios frontera per se; lo es para esos niños, niñas y adolescentes que nos están interpelando con su mirada. Es su derecho, se lo debemos y debemos estar a la altura, señorías. Y antes de acabar, y ya fuera este asunto, decirles que esta es mi última intervención en una sesión plenaria antes de someterme a una operación quirúrgica, y quiero dar las gracias a los diputados de todas las fuerzas políticas y en sesión de todas por los mensajes de ánimo que me han traído estos días. Muchísimas gracias. Ha solicitado la utilización del turno en contra del Grupo Parlamentario Vox. Por ello, tiene la palabra en su representación la señora Rodríguez de Millán. Buenos días, gracias, presidente. España lleva demasiados años sufriendo una inmigración ilegal masiva sin precedentes por culpa de una izquierda que en España y en Bruselas se ha fanado por abrir las puertas de las naciones a la ilegalidad y a sus consecuencias nefastas, no por solidaridad, sino por interés. A mí me daría vergüenza repetir tantas veces la palabra solidaridad, teniendo en cuenta por lo que están pasando los españoles hoy en España y, siendo usted ministro de este Gobierno —una culpa compartida con el Partido Popular, unos porque creen que ser solidario es hacer pagar a los españoles la manutención de miles de personas que vienen irregularmente y otros por miedo a que, negándolo, primero se les acuse de racistas—, solamente en el año 2024 llegaron casi 64.000 inmigrantes ilegales, casi 47.000 de ellos solamente en Canarias. Es decir, cinco veces la población de Lierro llegó exclusivamente a Canarias. Esto es precisamente lo que, entre otras cosas, ustedes denuncian en las primeras líneas de la exposición de motivos. Ya lo advertimos nosotros, y yo personalmente se lo advertí a usted, señor ministro, y al presidente de Canarias, que no iban a ser 300, que serían... cada vez más, y que probablemente dentro de unos meses nos tendríamos que volver a reunir para hablar de lo mismo. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y no hay más culpables que ustedes. Usted mismo, señor ministro, esta mañana ha reconocido en una entrevista que no se tienen los datos oficiales del número de menores que hay en España. O sea, usted es ministro de Política Territorial y viene a presentar un decreto para el reparto de menores por España sin conocer el número oficial de menores que hay en el país. Entonces, ¿usted para qué está? ¿Y la ministra de Infancia para qué está? Es decir, que la solución al colapso es repartirlos por toda España con medidas que suponen un efecto llamada para que sigan llegando de la mano de las mafias y sigan saturando las islas del país, que es la puerta de entrada a Europa por el sur. ¿Cuándo piensan ustedes que va a terminar esto? Usted ha hecho aquí unas comparaciones, unas burdas comparaciones. Ha dicho que los españoles en algún momento de la historia también emigramos a otros países; claro que sí, pero lo que no hicimos fue violentar las leyes ni las fronteras. Los españoles que se fueron a otros países lo hicieron respetando un orden y unas condiciones jurídicas impuestas por el país en el ejercicio legítimo de su soberanía. No es comparable. Y lo que ha hecho ha sido insultar a nuestros abuelos. Y otra comparación burda que ha hecho ha sido comparar a los que vienen huyendo de una guerra…

que sí existe, como en Ucrania, y que ustedes financian con la importación de gas ruso para blanquear la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas. Una burda comparación en la que se insulta a los que huyen de una guerra de verdad y a los abuelos de los españoles que tuvieron que emigrar a otros países. La inmigración ilegal no es solamente un desafío humanitario, es una cuestión de orden, de capacidad de absorción y de respeto a nuestras leyes y fronteras. Al permitir la distribución de miles de inmigrantes españoles por toda la geografía española –bueno, por toda la geografía, no, ahora iremos con eso– ustedes están lanzando un mensaje equivocado: que las leyes no tienen valor, que aquellos que vulneran nuestra soberanía son bienvenidos y, al mismo tiempo, se perjudica a quienes sí vienen cumpliendo los trámites y mostrando voluntad de integración y contribución. Y, una vez más, los españoles somos los últimos en el escalafón de prioridades del Gobierno. No hay nada que perjudique más a la inmigración legal que la inmigración ilegal, ni nada más destructivo para la integración que las regularizaciones masivas express. Es una irresponsabilidad el mensaje que ustedes lanzan al mundo: primero, prometiendo un futuro esperanzador a esas personas que llegan ilegalmente, cuando ni siquiera son capaces de garantizárselo a los españoles; y segundo, a los españoles, diciéndoles que esas personas vienen a arreglar la economía y a contribuir a las pensiones, cuando, además de no ser verdad, constituye la principal coartada de las élites para nutrirse despiadadamente de mano de obra esclava. Así que, frente al discurso moralista del mundo sin fronteras de la izquierda, el sentido común exige que los menores estén con sus padres y que cualquier persona que pretenda entrar ilegalmente en España sea repatriada de inmediato. Nosotros rechazamos total y absolutamente esta medida, que es otro paso más en ese efecto llamada, de la mano de las mafias que trafican con ellas y de aquellas que, de una forma u otra, aplaudirán esta medida. Contener la inmigración y trabajar para que estas personas puedan desarrollarse y vivir dignamente en sus países es infinitamente más humanitario que llamarles a que se jueguen la vida, pagando mafias, trayéndolas aquí con promesas de un futuro que no es cierto y condenándolas a la marginalidad y a la delincuencia. En lugar de frenar esto, lo incentivan en nombre de una solidaridad que es mentira. Su solidaridad se evapora en cuanto sus socios separatistas dicen que a Cataluña ni un inmigrante ilegal, y ustedes acceden. Y como en Madrid o en Andalucía no hay ningún partido liderado por un prófugo de la justicia que sostenga al Gobierno, que se aguanten los madrileños y los andaluces que van a tener a 800 menas más en sus calles. Usted tiene el cuajo de decir que no se perjudica, que ni se perjudica ni se beneficia a ninguna comunidad autónoma. El único criterio que ha regido para el reparto de emenas ha sido el de Puigdemont y el interés de Sánchez por mantenerse en el poder. Es muy fácil ser solidario desde un despacho asegurado y con el dinero de los demás. Así, todos somos solidarios. ¿Y quién es solidario con los españoles? ¿Qué parecerán las consecuencias? Ustedes no van a sufrir las consecuencias de la inmigración ilegal porque viven en sus casas aseguradas y vienen escoltados a trabajar. Pero lo que no se puede hacer es imponer estas políticas irresponsables y que las consecuencias las padezcan otros, mientras se está todo el día con el pueblo y con la justicia social en la boca, porque eso es una hipocresía. Porque, claro, para ser progre, uno no necesita pagar las consecuencias de sus consignas. Ustedes defienden la ocupación –pero que no me ocupen mi casa–, defienden que el relato de una víctima prevalezca sobre la presunción de inocencia, menos cuando les denuncian, y defienden la inmigración ilegal, pero en mi barrio, no. Son ustedes unos hipócritas. La explicación de que insistan en aprobar este decreto radica en la necesidad de crear una masa dependiente, configurando el mercado electoral y condenando a vivir en el asistencialismo a base de expoliar a las clases medias, que son las que pagan su hipocresía en forma de facturas y de inseguridad en sus calles. Todos los países del mundo tienen una política migratoria, pero lo escandaloso es que España sea el único que se dedica a blanquear la inmigración ilegal. Otras falsas premisas, que son menores, derivan de la memoria de la Fiscalía de los años 2018 y 2022, según la cual, de las más de 36.000 pruebas realizadas, se concluyó que más de la mitad eran de personas mayores de edad; otros tantos no se pudieron concluir y otros, sencillamente, no se pudieron realizar porque huyeron de los centros, utilizando estos lugares, valga la redundancia, como simples puntos de paso para continuar con sus rutas. Es decir, que ustedes están abriendo, de forma consciente y deliberada, las puertas a varones en edad militar en su mayoría, que no huyen de ninguna guerra –más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados, que son mujeres mayores y menores–, y además proceden de culturas antagónicas. Porque, del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y, como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos, que cuestiona la dignidad de la sociedad.

La igualdad entre hombres y mujeres y en absoluto la integración, sino la imposición en muchos casos por medio de la violencia. Y estamos viendo delitos desconocidos hasta ahora en España, como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. No he escuchado a ninguna de las feministas de boquilla que se siente en el Consejo de Ministros denunciar esto. En el año 2024 hubo 81 detenidos por terrorismo de motivación yihadista. En menos de un mes se desarticuló una célula de Hezbollah en pleno corazón de Barcelona, otra en Salamanca, y se han detenido a otros pies el pasado 7 de marzo por actos terroristas. En cuanto a la situación penitenciaria, únicamente el 13% de la población asume el 31,2% de las plazas en prisión. No hay que ser un erudito para concluir entonces que la tasa de delitos cometidos por extranjeros triplica la de los nacionales. Pero, para este Gobierno, la estadística vulnera los derechos humanos y es de extrema derecha. La realidad en los centros de menores es la que es. El pasado 18 de septiembre, un grupo de menores atacó con armas blancas a los trabajadores de un centro a quienes reclamaban dinero por el fin del ramadán. La semana pasada hubo 12 menas detenidos y siete trabajadores heridos en una pelea multitudinaria en un centro de menas desfuenlabrado, un centro, por cierto, abierto por el Partido Popular. Esto explica que ninguno de los que dicta estas políticas quiera tener un centro de menas debajo de su casa, empezando por el alcalde socialista de este municipio, porque son unos hipócritas. Lo que no se explica es que el Gobierno de España no se plantee frente a Marruecos exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el fin del chantaje, lanzando a sus ciudadanos contra la valla. Hace unos días tuvo lugar en Marruecos el indulto masivo de 1.500 presos y ya van 12.000 en poco más de un año; y con este Gobierno, no tenemos ninguna garantía de que no acaben en nuestras calles. Otro de los mantras que utiliza la izquierda para justificar la inmigración ilegal es que en ella se encuentra la solución al problema de las pensiones y la economía. Si esto fuese así, Francia sería una de las principales potencias del mundo, pero la realidad es otra. Incluso, aquí ayer, un diputado del Partido Socialista, en la comparecencia del ministro de Economía, dijo que hemos ayudado a los canarios contra la inmigración, que les hemos protegido contra la inmigración masiva en Canarias, y tan buena es la inmigración ilegal, ¿de qué hay que protegernos exactamente? ¿Ustedes han visto alguna patronal oponerse a la inmigración ilegal? ¿Han visto alguna patronal? Cuando Merkel abrió las puertas de Alemania, acogiendo a un millón de sirios, la reacción de la patronal alemana fue proponer la eliminación del salario mínimo. ¿Qué creen que van a pensar los trabajadores que deban pagar esto con sus impuestos o reduciendo el acceso a los servicios públicos? La inmigración ilegal trae consigo competencia desleal, porque aceptan salarios más bajos y condiciones más precarias; fomenta la economía sumergida, perjudicando a todos los españoles que cumplen con sus obligaciones fiscales; y genera desajustes en la protección social, ya que estamos hablando de personas que son beneficiarios netos de un sistema al que no contribuyen en la misma medida. Rechazamos esta medida porque la inmigración ilegal no trae consigo riqueza. A lo mejor le conviene a alguna que otra patronal, pero no va a solucionar el problema de las pensiones. Y rechazamos esta medida, el reparto de la inmigración, no porque invada competencias de las regiones ni porque haya recursos insuficientes —el raquítico caballo de batalla del Partido Popular contra la política migratoria del Gobierno—, sino porque no se trata del cómo, se trata del qué. Y si lo critican, señorías del Partido Popular, esperamos que, desde las comunidades autónomas donde ustedes tienen competencias, no den pábulo ni desarrollen de ningún modo la política migratoria del Partido Socialista. No se puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud que es la inmigración ilegal, mucho menos con discursos hipócritas y lacrimógenos como el que usted ha pronunciado aquí. Se trata de defender nuestras fronteras, nuestras leyes, nuestra seguridad. Se trata de defender un modelo de sociedad que queremos que siga perteneciendo al mundo libre, que queremos que siga siendo próspero. Y, desde luego, esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que ningún español se merece sufrir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán.

Grupo parlamentario Sumar. Tiene la palabra en representación de este grupo el señor Vidal Matas. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. 12 minutos de barbaridades, falsedades, demagogia y lo ha dejado claro. Nos quedaremos con una frase que lo explica todo. El tema es el qué. ¿El qué? Dígalo: el qué son niños. Repita conmigo: niños. Las niñas son niños, y son niños; es decir, niños y niñas. Si están en situación de desamparo, pues lo están. Sí, por desgracia, están solos; pues están solos. Sean o no sean inmigrantes, tienen el mismo derecho, tienen los mismos derechos. Hoy aquí estamos hablando de derechos, y esto no es un eslogan de izquierdas, es nuestro marco jurídico, porque ustedes, señores de Vox y del Partido Popular, tienen la Constitución como algo sagrado a tiempo parcial. Ahora la aplicamos, ahora no; cuando se trata de niños menores, pues no la aplicamos, ni cumplimos nuestros compromisos internacionales. Ahora, para comprar armas sí; para defender a los niños y a las niñas, no. Se trata de aplicar las leyes que se han aprobado aquí y que establecen que los menores, niños y niñas, sean o no sean migrantes, son iguales ante la ley en el Estado español. Todos tenemos responsabilidad. Todas las administraciones deben participar a la hora de cuidar a niños y niñas, y para ello hacen falta acuerdos, colaboración y solidaridad, un principio que parece que ustedes no comprenden, pero hay un hecho clave: es indispensable que existan principios claros. Hay competencias confluyentes: el Estado es competente en materia de inmigración y las comunidades autónomas en la atención a los menores. Y para ello tenemos que cooperar, trabajar juntos en algo básico, que es el interés superior de los menores. Esto es lo que debe guiar la acción política de este Estado. Los niños y las niñas no acompañados tienen derecho a la educación, a la sanidad, a tener un proyecto de vida, a formar parte de nuestra sociedad y a estar incluidos, pese a quien pese. Los niños, señores de Vox, tienen derechos, le pese a quien le pese. Hoy damos un paso adelante con un sistema que enfrenta un problema: los sistemas de acogida de menores en algunos lugares se han visto sobrepasados. Se ha hablado de Ceuta, de Melilla, de Canarias, calificadas de las peores situaciones. Pero hay que poner soluciones estructurales, no soluciones ad hoc, soluciones estructurales a problemas que han llegado y están aquí para quedarse. Y esto es lo que enfrenta este decreto: una solución estructural que establezca cómo debemos actuar ante el colapso en los centros de acogida frente a la situación migratoria, cómo se solicita, cómo se responde, cuáles son los criterios y todo ello, desde el respeto a las competencias. Si es posible, mediante acuerdo; y si no, debe existir un mecanismo de desbloqueo, porque los niños están aquí, no van a desaparecer y tienen derechos. Evidentemente, los criterios pueden distribuirse en función de aspectos económicos, de renta y en base a los esfuerzos realizados por cada comunidad, pues algunas han sido más solidarias que otras; esto hay que decirlo. He observado que el criterio de solidaridad se ha tenido en cuenta en este decreto. El texto debe reflejar la situación en las diferentes territoriales, la realidad de este Estado. Es lamentable.

La única excusa del Partido Popular en este tiempo es que no había recursos, que el problema es el dinero. No, el problema son sus actitudes racistas, porque dinero hay. Este decreto habla de un fondo extraordinario de 100 millones de euros para que el Estado pueda cumplir con sus competencias. ¿Pueden bajar a los millonarios el impuesto de sociedades? ¿A los más ricos el impuesto de patrimonio? ¿Y luego no podemos acoger a los menores? Ya está bien. ¿Por qué recursos, repito, hay? Explíquenme, señora Proenz, ¿por qué no nos ayuda monetariamente en el Consejo Insular en Formentera, cuando a la vez está bajando los impuestos a los que más tienen, a los más ricos? Esto es ser miserables. Y aquí hay muchos que llevan una pulsera. Sirve para identificarles, la pulserita con la bandera, y creen que con eso lo arreglan todo. Para ellos, los de la bandera, siempre nos han dicho que somos insolidarios. Pues miren, hoy, los que tenemos una visión plurinacional —los rojos, los comunistas, los verdes, los separatistas y los nacionalistas— resolvemos con este decreto un gran problema de nuestra sociedad y lo hacemos por el interés superior de los menores. Los menores ante todo. Señores del Partido Popular, ustedes se presentan como un partido de Estado, un partido que gobierna, un partido que puede aspirar a gobernar el Estado español. Pues les he de decir que en este momento ustedes son un partido racista, y lo son objetivamente, porque han firmado el Pacto de la Vergüenza en la Gran Triada: Proens, Arcón y Mazón. Ustedes han vendido sus principios a estas personas de Vox. La ultraderecha manda en los territorios donde se supone que ustedes gobiernan, porque, claro, Mazón, Azcón y Proenz han dicho que quieren cero niños, ni un solo niño. Abandonan a Ceuta y a Canarias, a su suerte. Menos mal que ustedes gobiernan con ellos en esos territorios. Imagínense, son malas personas, y hay que decirlo: condenan a estos niños. Cuando vienen de Ucrania no pasa nada, pero cuando llegan aquí en patera, vienen del sur y son negros, es cuando tienen problemas. Entonces, yo vengo de un territorio insular donde este problema se va a intensificar cada vez más. La presidenta Proens está en una tesitura surrealista porque rechaza este mecanismo que hoy queremos aprobar, y me planteo una pregunta: cuando colapse el sistema de acogida en las Islas Baleares, ¿a quién va a pedir ayuda? Porque su portavoz, el señor Sirelas, ha declarado que el sistema de acogida de menores en las Islas Baleares está colapsado y que estos niños deben trasladarse a la España peninsular. Hoy se aprueba un mecanismo de solidaridad que es útil para Ceuta, para Canarias, y también podría serlo para otros territorios como Murcia o las Islas Baleares. ¿Por qué votan en contra? Que lo expliquen. ¿Por qué dicen que no a soluciones que pueden ser útiles? ¿Y a quién van a pedir ayuda entonces? Ya veo la llamada telefónica: "Querido Mazón, ¿te puedo mandar 10 niños?"; "Hola, Azcón, te mando unos cuantos niños"; "Hola, Yuso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Trapicheamos un poco los niños y te mato cuatro niños más." ¿En serio? De verdad, se oponen ustedes a una solución estructural ante un problema estructural que va a crecer con el tiempo.

El tiempo nos dicen que el sistema público, los servicios públicos en las islas Baleares, van a entrar en colapso si son solidarios, y a Canarias. Les llegan menores que ahora están en Ceuta o en Canarias, que los servicios públicos no pueden asumir. No podemos asumir en las islas Baleares 50 niños porque van a colapsar los servicios públicos. Hoy llegarán 20 millones de turistas; estos no nos van a colapsar, ¿verdad? Mire, señoría de Vox, los niños y las niñas que están solos no van a desaparecer por arte de virli‑virloque. Nosotros, a diferencia de ustedes, damos un paso adelante, que se llama solidaridad. Ya sé que es un concepto que ustedes no comprenden ni van a entender nunca. Y ahora, si me lo permiten... Hoy tengo más tiempo de lo habitual. Dos reflexiones para terminar: La primera, señores de Vox: hoy han contado los casos de MENA. Le diré, esta palabra MENA es un desastre, es algo impresentable, porque la utilización de este tipo de términos lo que ustedes hacen es deshumanizar; lo que ustedes hacen es ser racistas. Digan y repitan conmigo: son niños y niñas que están solos, que están entre nosotros y que lo que desean es poder jugar, vivir, trabajar, estudiar. Lo que quieren y lo que merecen es un proyecto de vida digno, y entre todos haremos posible que eso se haga, pese a quien pese. Segunda reflexión para terminar. A la ultraderecha, señores socialistas, y a todos los que hoy aprobaremos este decreto, se les gana creando derechos. Hace poco que actuamos en el frente del IRPF. Démosles derechos, pongámonos las pilas. A esta gente se le combate dando derecho a esas personas, a las que actualmente no los tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. El grupo parlamentario mixto tiene la palabra. En primer lugar, el señor Catalán Higueras, por un tiempo de tres minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor ministro, en lo personal, mucho ánimo y muchísima, muchísima fuerza. Por otro lado, evidentemente, miren: solidaridad con Canarias, que no les quepa ninguna duda. Confianza en este gobierno, ninguna. Señor ministro, ustedes han gobernado Canarias y el Gobierno de España en la legislatura pasada. ¿Qué hicieron para solventar esta cuestión? ¿Qué hicieron? Por otro lado, es evidente que también hay solidaridad con los menores. Son seres humanos, no son ganado en ningún caso. Muchos de ellos huyen de su país por el hambre, la miseria y la persecución; otros, con la indiferencia y, a veces, con el beneplácito de sus propios países, como es el caso de Marruecos, con el que, por cierto, este gobierno tiene demasiada condescendencia. Pero es evidente, señorías, que el único responsable de la política migratoria y de extranjería en nuestro país es el Gobierno central. Y es lo que tendría que hacer, pero no gestiona con realidad y eficacia esta política y esta competencia. La inutilidad del Ministerio de Infancia y Juventud es patética, al igual que lo es la lamentable falta de acción por parte de la Unión Europea, que ni está ni se le espera, y lo que es peor, ni el Gobierno reclama su ayuda. Un Gobierno que es incapaz de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y que recurre, en este caso concreto, a la imposición. Señor ministro, recurrir a la imposición a las comunidades autónomas, un gobierno que tampoco financia, por mucho que se diga, adecuadamente a las comunidades autónomas para hacer frente a esta crisis.

de presente, pero no tengan ninguna duda, también de futuro, que ha generado el propio Ministerio y el propio Gobierno de España, porque no aplica ni lleva a cabo una correcta política de inmigración. Y nosotros decimos: ¡Basta ya, señor Ministro, basta ya! Es evidente que ustedes están diciendo que la asignación de los menores va a ser por unos criterios objetivos. ¿Por qué estos criterios y no otros? ¿Por qué estas ponderaciones y no otras? No conocemos todavía los datos, las cifras. Ustedes están diciendo que se ha acordado con un partido que está pidiendo, exigiendo, una política migratoria exclusiva para ellos al margen de los demás. ¿Le parece esto justo? ¿Le parece esto justo pactar con aquellos partidos que, según se dice o según han reconocido ellos, sus comunidades autónomas van a salir beneficiadas o van a recibir menos menores que el resto de las comunidades autónomas? ¿Es esto justo, señor Ministro? Nosotros no vamos a poner ninguna traba para que esto siga adelante. ¿Por qué, señorías? Porque estamos hablando de seres humanos. Pero nos parece una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza que se convierte en indecencia por eso mismo, porque estamos hablando de menores y de seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene la palabra ahora la señora Válido García. Señorías, tengo muy poco tiempo, así que rápidamente saludo a las autoridades canarias que nos acompañan en la tribuna, mi presidente Fernando Clavijo y otros responsables políticos canarios. Quiero empezar agradeciendo a los grupos que hoy convalidan este decreto y que han entendido que los niños y niñas que llegan a Canarias, a la frontera sur del Estado, son un asunto de Estado. No son ni un problema ni una responsabilidad exclusiva de Canarias, aunque Canarias ha dado la talla y los ha atendido bien durante 20 años, mientras muchos aquí hacían oídos sordos e ignoraban su realidad. Ningún menor, solo, en ninguna parte del mundo es ilegal. Ningún menor, solo, en ninguna parte del mundo violenta las fronteras. Ningún menor, solo, en ninguna parte del mundo es un delincuente en potencia. Tenemos delincuentes muy cerca, pero no han violentado ninguna frontera; nacidos aquí, con DNI español. Señorías, la política de altura es la de aquellos que defienden las leyes por encima de todo y que protegen, también, a los más vulnerables, los que no hacen partidismo ni buscan rentabilidad política en la miseria, en el dolor, en el hambre, en la inmigración. Esta votación no habría existido si se cumpliera la Constitución, si se cumpliera la solidaridad interterritorial, pero no existió, no ha existido. Veinte años lleva Canarias hablándoles de la crisis humanitaria, de la tragedia humanitaria, y no le ha importado a nadie. Y es verdad, ha tenido que firmarse en una agenda canaria, que tanto reprocharon para que hoy se vote, para que hoy se haga justicia, para que hoy se respeten los derechos de los menores migrantes. Tuvimos que poner lo negro sobre blanco, a uno y a otro, y llevamos un año y medio luchando sin descanso, con un presidente canario reuniéndose con todos los grupos de la Cámara, casi para que nos hicieran un favor. Nos están haciendo un favor hoy. He oído por ahí que se ayudará a Canarias. No, señores, no se olviden de que esto es responsabilidad de todos ustedes.

Porque si no lo entienden, tampoco merecen estar ahí sentados. Gracias a los responsables y a los justos, a quienes saben que en el regate corto no se gana nada. Termino. Gracias a los medios de comunicación que no han dejado morir ni un segundo una situación que es escandalosa. Gracias a todos los que hoy, con su voto, van a apoyar que, incluso, el Estado español —fíjense— pueda ser ejemplo para otros territorios. Puede que algún día esas comunidades que están saturadas –con cuatro centritos, nosotros empezamos con seis, tenemos 87, en El Hierro 600 menores–, que en toda una comunidad autónoma llaman saturación, sean las mismas que hoy lo rechazan. Algún día las sacarán para pedir más dinero, para pedir ayuda, para pedir reparto. ¿Y saben lo que les digo? Que nosotros cumpliremos la ley y, si podemos, les vamos a ayudar, como siempre lo hemos hecho en Canarias. Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera. Gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputadas, señor ministro, le voy a pedir que hoy pongamos el foco donde siempre debería de estar: en esos niños y niñas que llegan a nuestras costas, especialmente a las costas de mi tierra, a Canarias. Son niños y niñas que emprenden un viaje aterrador, cargado de traumas, pero también llenos de esperanza de un futuro mejor. Y cuando llegan, lo que esperan no es rechazo; lo que esperan es aceptación, acogimiento, cariño y, también, acompañamiento. Canarias está haciendo un esfuerzo enorme, pero está claro que no puede hacer frente al reto migratorio en solitario. Hablamos de niños y niñas, no de números, no de cuotas ni de mercancías que se han de repartir por todo el territorio; son personas, con derechos, con nombres, con historias y con sueños detrás. Y lo digo claramente: no entiendo para nada a aquellos que esparcen su odio y la xenofobia. Nacer en un lugar u otro del mundo es una cuestión de suerte, por lo tanto, eso no se puede elegir. Lo que sí podemos elegir es cómo tratamos a las personas, y el odio nunca es el camino. El mundo no tiene barreras y ningún ser humano es ilegal, y mucho menos un niño o una niña. Lo más doloroso es ver cómo muchas comunidades autónomas, en lugar de estar pensando en los derechos de esos seres humanos, se centran en sus intereses partidistas. Lamentablemente, me da mucha pena que el Partido Popular tenga un doble discurso en Canarias y en otras comunidades autónomas, que ahora están poniendo todas las trabas y barreras para que esos niños puedan desarrollar sus vidas dignamente. Esperemos que esto cambie y espero ver un gesto de verdad por parte de los diputados y diputadas del Partido Popular en el día de hoy, por lo menos, los que son canarios y canarias. Desde Podemos Canarias sabemos bien lo que es gestionar una crisis migratoria. También lo sabe bien el ministro Torres, a quien, además, le deseo una pronta recuperación. Nosotras tuvimos que hacer frente a este reto en la pasada legislatura y sí que hicimos mucho. Y se lo digo al portavoz del Grupo Mixto de UPN, porque los primeros protocolos que se establecieron para la tutela de niños a otras comunidades autónomas se hicieron en la pasada legislatura, en la sectorial, con el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra, y nosotras, como consejera de Derechos Sociales.

En Canarias y con José Víctor Torres como presidente de Canarias. Espero que en el día de hoy, por fin, salga esta modificación adelante tan necesaria y que nos podamos sentir orgullosos de tener un país que acoge, que acompaña y que trata a los chinijos y a las chinijas como son niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Ha habido un error de interpretación y, en el turno a favor y en contra, no se ha dado la réplica. Se la daré ahora al Grupo Parlamentario Vox, pero tiene que centrarse en el debate del turno a favor y en contra, sin alusiones al Grupo Mixto. Tiene la palabra, señora Millán. Muchas gracias. Nos hubiera gustado escuchar al señor ministro y saber qué es lo que tenía que decir ante lo que nosotros hemos expuesto aquí hoy, que no es más que la realidad, aunque usted la desconozca, y que se vive en muchos barrios y lugares de España. El pobre y monótono argumentario de quienes han utilizado el turno a favor y también del ministro en su primera intervención no solamente evidencia su falta de razón, sino también el poco nivel con el que siempre nos descalifican. Sepan ustedes que a mí, ni a mí ni a ninguno de los diputados de Vox que se sientan aquí, les pueden ofender. En todo caso, ofenderán a millones de españoles, para los que ustedes también tienen la responsabilidad de gobernar y que, sin embargo, sufren las políticas y las consecuencias de sus medidas. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros no nos tienen que contar nada, porque conocemos la realidad de la calle; nosotros pisamos la calle, ustedes no, porque no pueden, y ya se ha quedado demostrado en numerosas ocasiones. Nosotros hemos ido a esos centros de menas en Canarias, donde están hacinados con denuncias de malos tratos de por medio y con falta de personal. Esa es la solidaridad que ustedes niegan, o mejor dicho, la solidaridad que ustedes presumen. He visto antes a la ministra de Infancia reírse cuando he mencionado que en Europa y en España existe un proceso de islamización. Aquí no está, pero a mí me hubiera gustado invitarla a que paseásemos juntas por algún barrio en Terrassa, a ver si podemos ir solas o si necesitamos de la compañía de un hombre para poder caminar seguras por aquellas calles. Ustedes dicen que la inmigración no es un problema y que magnificamos los números. La realidad es que en España han pasado de 1,2 millones de inmigrantes en el año 98 a 9 millones en el año pasado, es decir, un aumento de un 650% en menos de tres décadas. A ustedes les debe parecer poco. Dicen que nosotros criminalizamos a los extranjeros por la realidad, que es la que refleja el INE y la que reflejan los órganos del Gobierno. En el año 2023, la tasa de menores y adultos extranjeros condenados fue más del doble que la de los nacionales españoles. De hecho, el 50% de los condenados por homicidio, catalogado como de violencia de género, eran hombres nacidos fuera de España. Y yo quiero subrayar este último dato, porque ustedes, que aprecian el machismo en cada rincón de nuestra existencia (menos cuando se da en sus partidos), son los responsables de fomentar la llegada de personas procedentes de culturas que desprecian a las mujeres por el mero hecho de serlo. Ustedes islamizan nuestras calles y las hacen más inseguras mientras dan la espalda a una realidad incontestable. Asimismo, dicen que España necesita inmigrantes porque requerimos mano de obra. En ningún caso esta circunstancia puede justificar la colaboración con las mafias que trafican con personas ni el blanqueamiento de la inmigración ilegal, mucho menos cuando encabezamos la tasa de paro en la Unión Europea, tanto de paro femenino como de paro juvenil. Pero es que, además, en torno al 30% de los inmigrantes están en paro. Es que sus afirmaciones no se sostienen por ninguna parte. Y, mientras tanto, enviamos al extranjero a más de 3 millones de españoles, de manera que pagamos formación…

Expulsión de nuestros jóvenes. Ese es el saldo de su gobierno. Expulsión de los cualificados e importación de los no cualificados. Pero el objetivo de todas estas políticas está muy claro: debilitar a la Unión Europea y a los países que forman parte de ella a través de la pérdida de soberanía y de riqueza y la disolución de la nación en beneficio de países terceros, especialmente de Marruecos, en colaboración con las mafias, para atraer a miles de inmigrantes que dicen huir del gobierno marroquí a ese mismo gobierno al que ustedes destinan partidas millonarias todos los años, mientras se lo quitan a los españoles. Porque ustedes creen que los españoles son sustituibles y, en contra de esa solidaridad de la que alardean, tienen una visión sumamente despiadada. Donde hay personas, ustedes ven números, como si se tratase de una cuenta de resultados, y por ello erróneamente hablan de la necesidad de una inmigración que pague nuestras pensiones. Una vez que llegan los inmigrantes hasta aquí, tampoco gestionan las consecuencias. El año pasado, España registró 170.000 solicitudes de asilo; el 90% de los solicitantes no cumplían con las condiciones y ustedes los mantienen en el país. Además, el año pasado llegaron 63.000 inmigrantes y ustedes solamente expulsaron a 3.000, es decir, al 4,7%. Y, por cierto, nosotros hemos preguntado –hablando de solidaridad, que es lo que ustedes repiten– en la Comisión de Vivienda, en reiteradas ocasiones, dónde viven estas personas, y ninguno de los miembros de este Gobierno ha sabido responder. Así que es muy solidario eso de llamar a inmigrantes, traerlos aquí y luego ni siquiera saber dónde paran o dónde están. De manera que ustedes le están diciendo a un licenciado en Medicina que se tiene que ir fuera porque van a homologar los títulos de Mauritania, al joven que no puede acceder a la vivienda –que hay que dársela antes al que viene de fuera– y al autónomo, que hay que sustentar a todas estas personas. Ustedes, y con esto finalizo, quedan en evidencia tratando de defender su indefendible argumentario sobre las bondades de la inmigración ilegal. No es que yo aquí esté descubriendo nada, sino que da igual lo que ustedes digan: sus políticas están fracasando y están perdiendo porque no se dan cuenta de que la realidad de muchos barrios y calles de España la están padeciendo muchísimos españoles en primera persona, y no necesitan que ustedes vengan aquí a contar esas supuestas bondades. Gracias, señora Caudrío de Millán. Para cerrar el turno a favor, tiene la palabra el señor Vidal Matas. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. No ha escuchado al ministro. Creo que la señoría de Vox no ha escuchado al ministro. Dejo claro que en un Parlamento, lo primero que se tiene que hacer para debatir es escuchar. Señorías de Vox, no saben ustedes ni escuchar. Escuchen y aprenderán un poco; escuchen y sabrán debatir con propiedad; escuchen y entenderán que hay diferentes puntos de vista y que eso es democracia. En el primer punto de mi primera intervención, no he dado las gracias. Quiero dar las gracias a todos los que nos ponemos de acuerdo hoy en la diferencia, a todos los equipos que han trabajado para que esto sea posible. Gracias a todas las entidades, a todos los gobiernos que, con pocos recursos, han hecho frente a esta situación de forma heroica durante todo este tiempo. Vaya por ellos un reconocimiento. En el turno anterior, he hablado de mis antepasados. ¿Usted ha criticado a personas o ha hecho referencias a padrinos que emigraron? Los míos emigraron a Argentina y yo estoy muy agradecido –siempre a Argentina– y me preocupa mucho. Tengo mucha familia allí, muchos primos, en una situación de preocupación ante los desastres que supone su amigo Milei: recortes en derechos, en salud, en educación. Porque el camino que emprendieron mis antepasados hacia Argentina, desgraciadamente, es un camino que ellos ahora tienen que reencontrar, también en este país. Las personas que emigran, como mis familiares, no lo hicieron por voluntad propia; lo hicieron por pobreza.

Por la guerra, por el sufrimiento. Por eso emigra la gente, no lo hacen por voluntad lo de abandonar su tierra. Y ustedes son incapaces de decir lo que les repito: son niños y son niñas, no son delincuentes, dejen de mentir; son niños y son niñas, no son personas ilegales, son niños y son niñas con derechos. Ustedes que siempre nos quieren dar lecciones de primero de derecho, como dicen ustedes, pues apúntenselo: un ambientólogo sabe más que ustedes de derecho a fuerza de estudiar con esfuerzo. Y yo no quiero ofenderles. Si le he dicho racista y usted se ofende, yo lo he descrito. Es como si usted me dice a mí que soy barbudo, que tengo unos kilos de más; no me ofendo por eso, es mi situación, llevo gafas. Usted es racista, es una descripción. Si le he ofendido... es que todavía queda un poco de esperanza. Y usted se ha preocupado por el Islam. El Islam en Terrassa. No sé si usted ha estado en Terrassa, pero está muy preocupado. Yo no soy practicante religioso, no soy del Islam, pero conozco los valores del Islam y le recomiendo que se lo lea un poco y se informe para que pueda opinar con más serenidad sobre el Islam. Le invito a visitar la comunidad islámica que tenga más cercana para que le cuenten cosas del Islam. Y luego tenemos esa cultura católica: yo tampoco soy practicante y conozco sus valores. Y ustedes que van de católicos por la vida, aplíquense esos diez mandamientos, lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito. ¿Dónde están sus valores cristianos, esos que tanto quieren defender en esta España cristiana, cuando dicen que esos niños son ilegales, que hay que deportar a los niños, que los niños tienen que morir? ¿Dónde están esos valores cristianos? Yo no los veo por ninguna parte, han desaparecido. Prefiero los valores de una persona que cree en el Islam, en la democracia y en la humanidad que los valores de un falso cristiano que no tiene nada de cristiano, solo de boquilla. Y hoy debo decirles que hay una máxima de la que siempre hablamos, que es que ustedes siempre hacen lo mismo ante un problema causado por las grandes élites, por el modelo económico: dicen que es el más débil ese problema, el más débil contra el más débil, siempre igual, el pobre contra el pobre. Es que hoy lo han llevado mucho más allá. Ahora resulta que el problema de la vivienda es culpa de los inmigrantes. ¿No será culpa de los fondos buitre, de los especuladores? ¿No será culpa de todos los que están haciendo especulación urbanística? ¿No será culpa de que no se están aprobando las leyes que deberían aprobarse aquí para defender el derecho a la vivienda de los más débiles, de los inmigrantes, de los que no se pueden defender? A esos les echan la culpa. Me parece que es una vergüenza, siempre echando a los débiles contra los más débiles. Muchas gracias a todos por dar un paso hacia adelante en los derechos de los menores, para que tengan mejores condiciones de vida, un proyecto de vida y para que puedan aportar cosas mejores a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Volvemos al turno de… Muchas gracias, señor Vidal. El parlamentario vasco del PNV tiene la palabra, la señora Raquero Montero. Egunon. Gusti: hoy, ministro, ministra. Buenos días a todas y a todos, ministros y ministras. Buenos días también, y bienvenida. Bienvenido, señor Clavijo. Cierren en castellano. ...canarias que nos acompañan en el debate de hoy. Han pasado ya casi nueve meses y repetimos el objeto del debate que tuvimos el 23 de junio del año pasado. En aquella ocasión se trataba de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Sumar y por Coalición Canaria, y acordada con otros grupos políticos, entre ellos el nuestro, que planteaba una modificación legal puntual de la Ley de Extranjería, la que pretendía dar solución a una situación de emergencia que, agravada por la inacción del Gobierno, se había convertido en una crisis humanitaria que afectaba y sigue afectando en mayor medida a Canarias. No pudo ser, entonces, la proposición de ley no obtuvo el respaldo político suficiente y no se ha podido hacer un acuerdo de la ley.

Yo voy a entrar a valorar las posturas de los grupos que no la apoyaron, que puedo entender o no, pero coincidiremos todos y todas en que en este espacio de tiempo la situación no ha mejorado. Los menores han seguido llegando y siguen sin tomarse medidas en las que se prime el interés superior del menor, por quienes en primer lugar son responsables. Y, si la situación no ha ido a más, ha sido porque, en primer lugar, el Gobierno canario, las asociaciones, el voluntariado y, en definitiva, el pueblo canario han cumplido con gran esfuerzo y han atendido a esta situación de emergencia. El transcurso del tiempo también ha facilitado que la crispación aumente, también entre las comunidades autónomas, ya que hay aquellas que no quieren asumir su parte de responsabilidad, cuando otras ven cómo no pueden atender con garantías a las personas menores que tutelan. Se observa, además, crispación entre los partidos políticos, que han encontrado en este tema una oportunidad para el desacuerdo, lo que ha conllevado —y esto es muy peligroso— a una mayor criminalización de los menores no acompañados, que algunos utilizan para marcar su triste y no democrático ideario político, como hemos podido comprobar también en este pleno, con las intervenciones de la extrema derecha. Desde el Partido Nacionalista Vasco llevamos tiempo reclamando un plan integral de migración, un plan de contingencia ante situaciones de crisis que abarque también a los menores. Es que, desde el inicio de este siglo, la migración de personas menores ha ido a más y seguirá yendo a más. Todo ello hace necesaria una regulación, una planificación que no se puede simplificar en el control migratorio y que tiene que velar por el interés superior del menor. Es el de hoy un debate y un acuerdo que se debe dar aquí, sí, pero también se tiene que dar en Europa. Mientras tanto, tendremos que llegar a un acuerdo, y el Estado debe asumir su responsabilidad; un Estado que es competente en el control de fronteras en materia de migración. Sin embargo, consideramos que hasta ahora no se ha sentido lo suficientemente interpelado para hacer frente, con un plan integral de migración, a una situación que ya comienza a desbordar algunas administraciones que ya no pueden más. Por ello, pedimos que, más allá de parches y de modificaciones puntuales que hoy debatimos, votaremos y apoyaremos, se apunten soluciones duraderas, pactadas y acordadas. Sigue faltando argumentar y conceptualizar la necesidad de tomar otro tipo de medidas, un planteamiento más integral con una visión a largo plazo y de trabajo preventivo, para no estar en esta misma situación de excepcionalidad, sin acuerdo y con un Real Decreto-ley como medida para salir del paso. Por ello, insistimos en la necesidad de anticipar políticas estructurales en el futuro próximo y de no quedarse únicamente en lo referente al reparto —que es lo único que se detalla en el Real Decreto-ley—, dejando el resto de cuestiones, como el plan de respuesta y el modelo a desarrollar, sin abordar aspectos que, evidentemente, no son menores. El objeto, por tanto, de esta modificación es introducir un nuevo artículo, el 35bis, de manera que, a falta de un previsible acuerdo en la Conferencia Sectorial sobre los requisitos de la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta a dicha situación y los criterios para la aplicación del plan, la Administración General del Estado pueda actuar. Es decir, que a falta de unanimidad o, en su defecto, que la Administración General del Estado intervenga mediante la modificación legal que se plantea en este Real Decreto-ley, el mismo declarará la situación de contingencia cuando los recursos de una comunidad autónoma excedan por tres veces su capacidad ordinaria. Esta capacidad ordinaria se evalúa según los criterios de la disposición adicional undécima y es aprobada por Real Decreto, en defecto de acuerdo unánime. Por ello, las comunidades autónomas anualmente tienen que certificar el número máximo de personas menores extranjeras atendidas por su sistema de protección, información necesaria para cuantificar el esfuerzo que estas comunidades están realizando, mientras algunas ya empiezan a boicotear tal obligación al no facilitar los datos. Sin embargo, esta capacidad ordinaria solo puede prorrogarse un año, tras el cual se exige el acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial o, en su defecto, la mayoría absoluta de esta Cámara. Por lo tanto, lo que hoy decidimos es una medida transitoria, en respuesta a la falta de acuerdo unánime, con una duración aproximada de dos años. Esta modificación plantea también la creación de un fondo adscrito al Ministerio de Infancia para compensar los costes ocasionados por la sobreocupación debido a menores trasladados desde otra comunidad o ciudad autónoma. Sin embargo, echamos en falta que esto se acompañe, pues no ha sido así, de un plan que incluya medidas de previsión de gastos, indicadores de evaluación y una memoria económica que reclamamos. Asimismo, el Real Decreto tendrá un desarrollo reglamentario del que sabemos poco hoy, pero sin él hay más preguntas que respuestas sobre cómo se va a actuar. Es necesario, también, que se realice dicho desarrollo reglamentario.

También pactar este desarrollo. Como lo relativo al traslado, este va unido al traspaso de su tutela; por tanto, es necesaria la asunción de algún tipo de medida legal con respecto a la persona menor a trasladar, previa a la tutela y guarda definitiva en la comunidad autónoma de destino. Es preciso regular un protocolo con las actuaciones con ocasión del traslado, es decir, establecer medidas de guardia y tutela en el período de transición. Con respecto a la modificación, se dice que se debe proceder a la reseña inmediata, haya o no dudas sobre su minoría de edad. Este mandato, que debe llevarlo a cabo el Ministerio Fiscal, contraviene las dudas que puedan existir sobre la minoría de edad y aboca, organizativamente, a un traslado con esta duda fundada. Finalizo a Maite Sendú, Presidenta. Voy finalizando. Votaremos a favor de esta modificación de la ley, que, aunque, como hemos dicho, se plantea como medida de urgencia y de tiempo limitado, no constituye una planificación general. Por otro lado, también hay algunos temas que quedan pendientes y son muy importantes; si queremos por lo menos velar por el interés mayor de los menores, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Señorías, Egunon, buenos días. En primer lugar, quería dar la bienvenida al Presidente Clavijo y al resto de autoridades de Canarias; igualmente, saludar al señor Torres y, al igual que han dicho otros portavoces, señor Torres, le deseo un pronto restablecimiento, mucho ánimo y mucha fuerza. Miren, señorías, la convalidación de este Real Decreto hoy, yo creo, es algo satisfactorio. Sin embargo, reconozco que, al mismo tiempo, me indigna y me cabrea que hayamos tenido que esperar más de nueve meses para aprobar un texto similar ante una cuestión humanitaria que afecta a menores de edad. Cada vez que hablamos de migraciones, suelo repetir que, si bien es cierto que es un fenómeno poliédrico, con muchas vertientes, se trata, sobre todo, de un asunto humanitario. Y, cuando afecta a menores en una situación vulnerable, la urgencia es aún mayor. Ante esta situación, urge una respuesta en la misma línea humanitaria y basada en el principio rector que se sigue en el resto de la Unión Europea, es decir, el de solidaridad entre Estados. Por lo cual, resulta un sinsentido que no se aplique ese mismo principio de manera urgente con solidaridad entre territorios dentro del Estado. Si a esto le sumamos que el Partido Popular se opuso hace ya unos meses, con vagas excusas, y que, al mismo tiempo, es uno de los partidos que co-gobierna tanto las Islas Canarias como otros territorios que han estado en el pasado sujetos a estas situaciones y que podrían volver a estarlo en el futuro por su situación geográfica –ya sean Ceuta o Melilla–... Un momento, señor Iñalú. Por favor, pido un poco de silencio a los diputados y diputadas, y, sobre todo, que no hagan corrillos en el hemiciclo. Señores diputados y diputadas, por favor, no hagan corrillos en el hemiciclo. Tiene la palabra, señor Iñárritu. Muchas gracias, Presidenta. Señores diputados y diputadas, tienen el bar si quieren ir a charlar. Y miren, ante esta situación de emergencia humanitaria, hubo quienes prefirieron el cálculo político. Ahondaré más tarde en ello, pero me gustaría centrarme en tres ideas que quiero compartir, muchas de las cuales ya se han expuesto. Miren, la protección de la infancia en un Estado democrático es un deber, más allá de la situación administrativa o de la nacionalidad de esos menores. Si tenemos en cuenta, como mencioné antes, que esos menores han llegado desde situaciones dramáticas, con un viaje seguido en la vía más...

Que existe, como es la vía canaria, si se encuentran en unas situaciones traumáticas, es una necesidad y un deber atenderlos, protegerlos con la máxima dignidad. Muchos de los compañeros de este Congreso han estado en las Islas Canarias y han visto cuál es la situación a día de hoy, con el desbordamiento de esas instituciones de acogida y la urgencia por atenderles. Se ha repetido antes, también por otros portavoces, que el interés superior del menor es un principio de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que forma parte del ordenamiento jurídico de este Estado desde hace ya décadas. Y, por lo cual, más allá de los discursos, hay que aplicarlo. Esto es un deber, su aplicación; no se trata de caridad, se trata de justicia. En segundo lugar, y como comentaba antes el señor Torres, en muchas ocasiones se observa una doble vara de medir. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión como sociedad: aquella acogida que se produjo en el año 2022, que movilizó a la sociedad, a organizaciones civiles, a instituciones y a medios de comunicación con aquellos menores que llegaban de Ucrania, estuvo bien, se hizo lo correcto. Pero nos debe llevar a preguntarnos por qué no se aplica el mismo criterio, por qué no se despierta el mismo espíritu de acogida cuando se trata de menores que llegan de África, ya sea por tener un color de piel diferente, una cultura o una religión distinta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se convierte a esos y a esos menores en el foco del señalamiento y de los discursos de odio, como veíamos a la portavoz de Vox? ¿Por qué se repiten mensajes de colapso, de miedo y de presión migratoria? Es obvio que hay una doble vara de medir, y que los menores son menores, independientemente de cuál sea su situación administrativa o su origen. No solamente es incoherente, sino que además es peligroso y nos desliza hacia el racismo. Por eso, este decreto, yo creo, es positivo, porque avanza en esa línea de asumir una mirada unificada hacia la infancia, venga de donde venga. Dicho esto, señor ministro, me gustaría señalarle que no hemos entendido esa oposición inicial del Gobierno a cumplir con el mandato de acogida de los más de 1.000 solicitantes de asilo menores. Esto no tenía que haber llegado al Tribunal Supremo. Es cierto que ahora han retirado el recurso, pero también han presentado alegaciones, lo que va a suponer un retraso. Le pediría, señor ministro, un compromiso para que se actúe de manera urgente en esta vía. Por último, y como lo decía en un inicio, es un sinsentido lo que se ha producido durante estos meses. Hay partidos que han preferido el cálculo político, el desgaste del gobierno, poniéndolo por delante de los derechos humanos y pensando que los derechos de esos menores podían esperar. Es cierto que ahora habrá partidos que se opondrán a este Real Decreto, diciendo —ya hemos escuchado algún bulo— que hay comunidades que no quieren aceptar o que han pactado que no lleguen, cuando lo que se está estableciendo son criterios objetivos basados en los ya acogidos y en las ya acogidas. Esto no es más que una excusa que intenta disimular otro debate de fondo, ya sea una postura que denota racismo y xenofobia o una voluntad de desgaste al Gobierno. Acabo señalando que yo creo que es un paso en la buena vía, que quedan asuntos pendientes, y le repito, señor ministro, que estaría bien un compromiso con esos solicitantes de asilo que están en Canarias, pero creo que es un paso en la buena línea. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts por Catalunya, tiene la palabra el señor Servir Epinart.

Gracias, Presidenta, gracias, Presidenta. Buen día, ministra Torres; buenos días, presidente Clavijo. Abordamos en este punto la convalidación del Real Decreto Ley 2.025. Con este Real Decreto, el Gobierno quiere dar respuesta al impacto generado por la llegada constante de personas menores extranjeras, solas, especialmente a Canarias y Ceuta, con el objetivo principal de asegurar en todo el Estado su adecuada atención en los ámbitos social, educativo y sanitario, entre otros. Esto se hace modificando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. De esta manera, la norma introduce un nuevo marco jurídico para que, en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y mediante criterios y procedimientos objetivos, se corresponsabilicen las comunidades autónomas en la acogida de estos jóvenes y niños, haciendo así efectiva la solidaridad interterritorial. Una solidaridad que, desde Junts per Catalunya, hemos demostrado que ha sido y es. Esta desigualdad no es casual, sino fruto de las políticas de Estado y, sobre todo, del claro desinterés y poco compromiso de muchas de esas comunidades que, de manera constante, desde aquí apelan y reclaman la igualdad territorial como si no hubiera un mañana. Esta es una situación que hay que revertir, precisamente porque en Cataluña durante mucho tiempo hemos estado pioneros en la acogida de menores no acompañados. Sabemos que esa tarea no se puede hacer bien si el sistema no está bien dotado, bien dimensionado y preparado ante el reto demográfico. En Junts también trabajamos para que estos menores puedan tener una acogida en condiciones, una acogida como Dios manda, y una acogida que se convierta en una oportunidad no solo para el menor, sino también para nuestro país. Para ello, es imprescindible que no se tensione el sistema y que se velé, desde el primer momento, por contar con las herramientas necesarias para la integración plena y efectiva de estos jóvenes y niños, tutelándolos hasta los 18 años y acompañándolos cuando dejen de ser menores de edad, como hacemos con nuestros propios hijos y como ya ocurre en muchas ocasiones en Cataluña, con el fin de que se integren bien en el país y su inclusión en nuestra sociedad sea un éxito para todos. El trabajo que se ha realizado en Cataluña, desde la Generalitat, desde las administraciones locales y, hasta cierto punto, desde las entidades, es considerable y se puede constatar claramente. Por tanto, el número de plazas estructurales de acogida en Cataluña en relación a su población está muy por encima del de la mayoría de comunidades del Estado. Es evidente que esto dificulta hacer bien el trabajo, tensiona el sistema y, en algunos casos, incluso a la sociedad de acogida. Entendemos que no tiene el menor sentido sacar a un menor de un sistema colapsado para llevarlo a otro que está tensionado, y mucho menos cuando hay otros que aún tienen un largo camino por recorrer. Es en este marco en el que llegamos a un acuerdo, un acuerdo que ponía de relieve la solidaridad, la defensa de derechos y el compromiso de Cataluña también en el ámbito de la seguridad.

Acogida. Un acuerdo para poner fin a un sistema de reparto que no funcionaba y que, por el incumplimiento de otros, presionaba innecesariamente a Cataluña. Saben, señorías, que desde Junts hace tiempo que abordamos sin ningún miedo el debate del reto demográfico en nuestro país, Cataluña. Y lo hacemos sin esquivar ninguna arista, por muy afilada que sea, y a riesgo de que algunos nos pongan etiquetas gratuitas. Lo hacemos para responder de la mejor manera a las situaciones complejas generadas por el hecho migratorio en todos sus ámbitos de nuestra sociedad. Y ahí también el acuerdo para delegación de competencias en materia de inmigración. Y ante este gobierno apático de Illa y por inacción de los 19 diputados socialistas catalanes en esta Cámara, lo hacemos de manera generosa, poniendo herramientas al servicio de nuestro país, al servicio de Cataluña y del progreso y bienestar de todos sus ciudadanos. Presidenta, transmitiendo mensaje personal al ministro Torres, a quien quiero hacer llegar el calor de nuestro grupo y desearle que esta operación llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Cervera. Por el Grupo Parlamentario, señor Salvador Hiduc, cuando quiera. Buenos días, gracias, Presidenta. Señor Ministro, mucha suerte. Muchísima suerte. Tenía un discurso preparado, pero... Hay algunos que se sientan en estas bancadas de por aquí, que van siempre con cruces, con pegatinas, con la bandera del Sagrado Corazón. Muy católicos ellos, y les voy a decir que son una pandilla de hipócritas y de pecadores, o más pecadores. Dicen ser muy cristianos, muy católicos, pero quizá deberían releer ese libro, ese libro que tienen ustedes tan olvidado que se llama El Evangelio, porque si Jesús volviera hoy, tal vez lo confundirían con un menor extranjero y querrían deportarlo. Dice Mateo, dice Mateo. Fui forastero y me acogieron. Cuidado: fui forastero y me acogieron. Pero ustedes, señorías, cuando el forastero llama a la puerta, le pegan un porrazo, le ponen concertinas y, si es menor, lo señalan, lo estigmatizan y lo meten en un centro, etcétera, etcétera. Menudo católicos. Dice el Evangelio: "Dejad que los niños se acerquen a mí. Si tienen papeles. Si tienen la piel oscura, no." Dicen que el Evangelio es el libro que tienen tan olvidado. Todo lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Así que cuando esparcen odio contra los menores migrantes, según su propia fe, están esparciendo odio contra Jesús. Al final, quizá su cristianismo no sea más que un disfraz electoral, porque si Jesús volviera hoy y viera cómo tratan a los pobres —pues solo son los pobres, a los otros no les dicen nada—, a los migrantes y a los niños, quizás entrarían en el templo, cogerían sus pancartas, los apalizarían y los dejarían fuera a patadas del templo por fariseos. Han pecado, señores, han pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión.

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