Senado · Trabajo y Previsión Social

En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. ¿Como se llama? ¿Matilde? ¿Te acuerdas que hay una pintora que murió ya, chilena? Con eso la mataste, ¿viste? Buenos días a todos, ministro, equipo. Viene bajando el senador Galilea y el senador Insulza, quienes también venían en camino. Señora secretaria. Presidenta, no tenemos cuenta. Antes de pasar al tema que nos convoca y como tuvimos que desplazar permisología o permisos sectoriales – que es el nombre correcto del proyecto de ley del día de hoy para poder continuar con salario mínimo – yo quería pedirle acuerdo a la comisión para que la próxima semana, lunes, martes y miércoles, podamos ver ese proyecto y sacarlo. Las indicaciones ya se ingresaron; se las mandé, colegas, a su WhatsApp. Las ingresaron ayer a las 9 de la noche – o a esa hora, digamos – me las envió el ministro.

Ahora sí, está bien. Entonces, que podamos la próxima semana sacar ese proyecto, que es un proyecto que también le importa al Ejecutivo. Está el ministro que puede ratificar lo que estoy diciendo, y nosotros revisamos con la Secretaría el resto del proyecto en tabla, que ya lo hemos revisado con el Ejecutivo, y les hacemos una propuesta el día lunes, ¿les parece? Para poder continuar después de eso. Tenemos que, además, convocar a la mixta de servicio de auditoría interna del Gobierno, que también es un proyecto que le interesa al Ejecutivo. Entonces, podríamos la próxima semana despachar eso, si le parece a la comisión. No, porque se lo ponemos a las dos de la tarde del martes de la próxima semana, que es la hora que pueden los colegas de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerda? Ya. Señora Secretaría, sí, por favor. Y entiendo que se ingresaron las indicaciones. Hablábamos de la palabra del Ejecutivo. Ahí está. El Ejecutivo, entonces, le vamos a dar la palabra. —¿Cómo está, senador? Le damos la palabra al Ejecutivo para que explique. ¿Estamos entonces? Señor Ministro, tiene la palabra. —Sí, gracias, Presidenta. Se presentó una indicación que entiendo que es la única que se ha presentado, suscrita por la Senadora y Presidenta Jimena Rincón y el Senador Cruz Coquia, que básicamente establece un plazo para entregar un conjunto de información al Congreso. Tenemos una presentación. Y después, creo que el senador Coloma tiene un punto que hacer; le damos la palabra a él o, si lo prefiere, que intervenga mientras se proyecta la indicación. —Gracias, Presidenta. No estuve presente, pero pude leer, digamos, la presentación y los PowerPoints, y tengo algunas consultas, Ministro, a ver si podemos aclararlas. Son tres consultas: dos son similares y otra es un poco distinta. Respecto al informe financiero, hay dos temas que me gustaría entender bien. Uno es que hay un subsidio que puede modificarse según lo que pase con la inflación acumulada esperada, como usted lo explicó. Lo que dice el informe financiero es que el costo de esta medida no excederá los 10.000 millones de pesos, pero no veo dónde se aplica ese subsidio de 2.000 millones de pesos. Es decir, si es eventual, debe aparecer el gasto considerado en alguna parte del presupuesto, y eso es lo que no encuentro. Entonces, si eventualmente la medida legislativa puede costar 10.000 millones de pesos según el gatillo que se produzca —que puede activarse o no—, no veo dónde queda registrado ese gasto. En la misma línea, y puede que yo no lo haya encontrado, se plantea algo similar respecto de la Junta Nacional de Asuntos Escolares y Becas. Se incrementa el polinomio, la ajustabilidad de precios que regula el incremento de los precios de los servicios de alimentación licitada por la Junta Nacional de Asuntos Escolares y Becas para el programa de alimentación escolar y el programa de alimentación de párvulos. Tampoco veo dónde está registrada esa consideración en el articulado. Y el tercer tema, que me interesa precisar con mayor claridad, es la creación de este observatorio. Lo expongo en dos lógicas: estuve viendo, Presidenta, la discusión en la Cámara y es un tema álgido, incluso fue una votación estrecha tanto en Hacienda como en la Sala, y la verdad es que hoy día ya existe un observatorio creado, pero no entiendo bien por qué se crea este nuevo observatorio, que está planteado para efectos de revisar, por ejemplo, evaluar el nivel…

En composición y distribución de ingresos familiares, generar indicador de ingreso, elaborar informes trimestrales. Hoy día hay un Consejo Superior Laboral y lo único que tengo claro es que existen muchos organismos, públicos y privados, que evalúan este tipo de temas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es creando otro observatorio. Yo no sé si esa es la lógica; no entiendo que se vaya a crear más instrumentos públicos para hacer cosas que hoy día se pueden realizar por otra vía. No comprendo cuál es la filosofía que se está tratando de restringir o frenar, y me gustaría entender bien por qué se produce esta creación del observatorio, que en principio, por lo menos a mí, no me parece adecuada, al igual que lo que ha expresado Pantel. Esto no es un tema nuevo; hubo una larga discusión en la Cámara de Diputados sobre la creación de este observatorio. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Lagos. ¿Les parece que le demos la palabra al ministro para que responda a las consultas del senador Coloma? Y luego veremos el tema de la indicación que presentamos. Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días a la senadora y a los senadores integrantes de la comisión. Aprovecharé también para responder un par de preguntas que quedaron formuladas ayer durante la sesión y que no alcanzamos a responder. Hubo una pregunta del senador Kuchel, planteada ayer, sobre el desempeño de las exportaciones chilenas y hasta qué punto se podía observar algún efecto de las medidas proteccionistas en Estados Unidos, como los aumentos de aranceles. El dato que tenemos, con el año corrido hasta el 10 de mayo, es que las exportaciones han crecido un 6,7% en valores expresados en dólares; de ello, las exportaciones mineras han crecido casi un 11% y las no mineras en alrededor de un 3,5%. Si se compara con el mismo periodo del año pasado –primero de enero al 10 de mayo– son datos muy positivos. El año pasado, considerando el conjunto de exportaciones de bienes y servicios –siendo que los servicios crecieron más que los bienes, con un incremento del 9%– fue un año muy positivo. Y vemos que, al menos en lo que va corrido del año, seguimos teniendo un desempeño dinámico de las exportaciones, creciendo más que la propia actividad económica. También se formuló una pregunta, aparentemente del mismo senador, sobre la evolución de la masa salarial. Los últimos datos indican que la masa salarial ha estado creciendo en torno a un 4,5% en términos reales. Esto ha alimentado el mayor dinamismo del consumo observado durante los últimos trimestres y refleja el comportamiento de las remuneraciones y del empleo, ya que en dicho periodo se ha registrado tanto un aumento de remuneraciones reales como la creación de empleos, especialmente en el sector asalariado. Esas fueron las dos preguntas que quedaron pendientes de ayer. Respecto a las preguntas del senador Coloma, comenzaré por el tema de la Junaep. Este asunto está vinculado a la aplicación de un polinomio mediante el cual se reajustan los valores del pago por las raciones que contrata la Junaep, dentro del Programa de Alimentación Escolar. Dentro del articulado, esto se encuentra cubierto por el artículo tercero transitorio, que señala que el mayor gasto que representa la aplicación de las disposiciones de esta ley en el año 2025 se financiará con cargo de los recursos del Tesoro Público; es decir, que se suplementa el presupuesto del programa de alimentación escolar de la Junaep, y en los años siguientes, mediante la Ley de Presupuesto. Esto me lleva al tema del subsidio PYME. Tal como está formulado, el subsidio se aplicará cuando el incremento del ingreso mínimo exceda la inflación del año 2025; para todos los efectos prácticos, esto ocurrirá en el año 2026 y se aplicará durante cuatro meses, según lo establecido en el proyecto. Por lo tanto, deberá ser recogido en la Ley de Presupuesto del 2026.

Sí, senador Colón. Para no desviarnos, yo señalo que el artículo 3º indica que el mayor gasto se traduce en un ítem que equivale a, por así decirlo, un saco grande. Esto se debe a que hay incrementos en el costo fiscal por asignación familiar, por SUF, por cuota mortuoria y, en el caso de las raciones de la JUNAEP, todo lo cual se suplementa desde el Tesoro Público, ya que el presupuesto se aprueba ajustado a los volúmenes y cantidades que se pagarán con los valores vigentes al momento de formularlo. En relación a la interrogante del señor Alcóbal, no me queda claro si desea saber los montos involucrados o desde dónde salen los recursos, o si quiere que se justifique detalladamente qué se comprende por “todos los mayores gastos”. La duda del Senado Coloma es que no se especifica si el universo de ese mayor gasto corresponde al monto total eventual o a la forma en que están registrados esos recursos y gastos anteriores. Le damos la palabra al senador Coloma; aunque, Senador Insulza, si prefiere, puede formular su pregunta antes o después de que él hable. Respecto al proyecto en discusión, permítanme decir tres cosas de manera rápida. Primero, es innegable que aún resulta muy bajo el salario mínimo en este país, pese a todas las discusiones que se han suscitado. Aun cuando se ha alcanzado un acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, y según lo expresado ayer por el Ministro del Trabajo, en términos reales el aumento porcentual era muy significativo: mientras que al terminar el gobierno anterior el incremento era de al menos 2%, la mejora registrada hasta ahora fue de 11%. En segundo lugar, recuerdo que han señalado la idea de crear otro organismo. Francamente, yo no estoy por sumar una nueva entidad a cada acuerdo que logramos, ya que eso implicaría un crecimiento innecesario del Estado. Ayer, el Ministro realizó una excelente exposición sobre cómo se calculan estos montos y su comparación con otros países; por ello, si la metodología resulta adecuada, no se justifica la creación de otro organismo para hacer lo mismo. Por último, los recursos para implementar estas medidas podrían provenir del presupuesto actual sin necesidad de aumentarlo. Esta es mi principal objeción, pues también existe una problemática relacionada con las pymes: muchas de ellas no alcanzan para pagar el salario mínimo y requieren subsidios, lo que revela una anomalía en el sistema. Sin embargo, exigir que paguen el salario mínimo de manera estricta podría ser perjudicial para el empleo. Antes de dar la palabra al senador Coloma, reitero mi suscripción al tema del Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida. Nosotros contábamos con el Consejo Asesor Laboral, el cual funcionaba muy bien y producía estudios de calidad. Crear otra institucionalidad, como bien señala el senador Insulza, cuando además existen espacios de trabajo en esa misma línea, no se justifica, especialmente en el escenario actual en que nuestros recursos resultan tan limitados. Muchas gracias.

Segundo, y ahí creo que voy a recoger la preocupación del senador Coloma, en que en el informe financiero no se incluye una estimación del costo del subsidio en caso de que se active el artículo octavo. Entonces, nos gustaría ver dónde va eso, porque no lo encontramos. Yo entiendo que los equipos lo buscaron y no lo pudieron hallar, y tampoco se señala si se han reservado fondos o si se contempla dentro de la Ley de Presupuesto del 2026. La frase “en los casos siguientes estará lo que se considera en la Ley de Presupuesto” deja nuevamente el financiamiento del subsidio sin una proyección, sin saber cuánto es. Y yo creo que por ahí va la pregunta del senador Coloma; si no es así, que lo pueda aclarar y que el ministro nos responda. Gracias, Presidenta. Yo comparto eso, pero adicionalmente, por eso le pedí la palabra respecto a lo que dice el ministro. Lo que no entiendo es el primer punto que se me planteó respecto del tema de la Junaeb. Aparece en el informe financiero de la Junaeb, pero no lo veo en el articulado: ¿dónde está la norma que obliga a incluir un informe financiero al respecto? Sí se encuentra en todo lo demás: veo el SUF y lo otro, pero no encuentro el articulado, ya que el presupuesto fiscal indica “como consecuencia de las modificaciones anteriores”. Entonces, eso es lo que no encontramos; digamos, ¿dónde está esa modificación en el articulado? Ministro, para que recoja la consulta. Respecto al tema de la Junaeb, dado que es un polinomio que se activa automáticamente, no es algo que deba estar legislado en este proyecto. Los contratos de la Junaeb con los proveedores de la institución ya lo contemplan. El informe financiero explica cuánto cuesta la activación o la aplicación de ese polinomio una vez que aumenta el ingreso mínimo. No se incluye acá porque no se legisla directamente sobre ello; es un polinomio que ya está establecido. Es similar al caso de los polinomios en los contratos de obras públicas o en las tarifas de diversos servicios de utilidad pública, en tanto que no se requiere que la ley contenga aquello que ya consta en los contratos. Por ello, para efectos de completitud o de ser exhaustivos respecto del impacto del aumento del ingreso mínimo sobre el gasto fiscal, se recoge cuánto cuesta el hecho de que, al aumentar el ingreso mínimo, se reajusten los contratos de la Junaeb con sus proveedores. Senador Coloma: Realmente, no sé si me ha pasado esto antes, pero dice “efecto de este proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal”, haciendo referencia a una ley general; sin embargo, hay una diferencia. En los demás casos se modifica el subsidio, la asignación de muerte y la asignación familiar, y se va posicionando el efecto que tienen sobre ello, pero este aspecto no está articulado. Me cuesta entender cómo se asume que el informe financiero se refiere a algo que no está expresamente contemplado en la ley. Es más, en el contrato queda incorporado el polinomio. Por eso, pregunto, en la misma línea del senador Lagos: ¿ocurre esto solo en este caso? Porque, de ser así, se entendería que es una mención aislada, pero pienso que esto debería ocurrir en todas las licitaciones que realiza el Estado en donde se trate este tema. ¿Existe algún otro servicio subcontratado por el Estado en el que el ingreso mínimo tenga la incidencia de la que habla el caso de la Junaeb? Creo que todos estamos familiarizados, ¿cierto?, con la presencia permanente de las manipuladoras de alimentos en muchas discusiones presupuestarias, ya que durante el circuito del presupuesto siempre están presentes todas las organizaciones. Entonces, ¿no hay ningún otro contrato en el cual esté incorporado un polinomio con el mismo peso que en el caso de la Junaeb? La pregunta es si existe otro compromiso del Estado en el que, si se produce una diferencia, ésta sea asumida por el Estado. ¿Existe otro contrato de tal naturaleza?

Tengo un polinomio, yo no sé ninguno, y hay otros beneficios que están en esta lista que probablemente tampoco estén legislados directamente en este proyecto, pero sí repercute el hecho de que aumente el ingreso mínimo. Creo que en el subsidio previsional para los trabajadores jóvenes se presenta una situación parecida, ya que está fijado en función de los ingresos mínimos. En cuanto a la imputación presupuestaria, nuevamente recordemos que el Tesoro Público cuenta con varios programas presupuestarios interiores: la partida del Tesoro Público tiene subsidios para asignaciones familiares y otros beneficios sociales, y el programa de operaciones complementarias dispone de la provisión para financiamientos comprometidos, de donde se extraen recursos para suplementar en situaciones como esta. Por otro lado, respecto del subsidio PYME, en la Cámara se presentó el informe financiero complementario, número 124, que complementa el informe número 110, el cual se resume en el cuadro de la presentación. El informe 110 contiene el efecto del aumento de la asignación familiar, del SUF, e incluye el tema de la Junaeb. Además, el informe financiero complementario agregó la referencia de 10.000 millones de pesos, cifra que nos solicitó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que quedara consignada, dado que este beneficio fue redactado de forma que, activado el gatillo correspondiente, se asignara dicho monto. El cuadro respalda esta cifra y, posteriormente, se hace referencia a los 10.000 millones de pesos. Respecto del observatorio, lo puede comentar acá el ministro del Trabajo. Bueno, muy buenos días, presidenta, senadores. Agradezco la pregunta, ya que este fue un debate que mantuvimos de forma muy intensa en la Cámara. Me gustaría comenzar diciendo que, en el caso particular de este observatorio, esto no implica la creación de un nuevo servicio ni de observatorios similares a los que existen en el Estado en distintas entidades y ministerios, ni tampoco implica un crecimiento de la burocracia estatal, dos temas que se instalaron en el debate y que nosotros quisimos explicar de manera extensa. ¿Por qué nos propusimos avanzar en la creación de este observatorio? Primero, porque permite fortalecer el Consejo Superior Laboral. Este observatorio se anida dentro de una institución ya existente que, como señalaba la senadora, permite ir procesando y construyendo consensos de manera tripartita. La ventaja es que el mandato legal del Consejo Superior Laboral obliga a las partes a abordar distintas cuestiones. De hecho, en la legislación actual, las leyes laborales deben ser evaluadas por dicho Consejo. Sin embargo, dada la diversidad temática y de discusiones que enfrenta el Consejo Superior Laboral, no existe un organismo específico dedicado a observar el costo de la vida y cómo este se modifica. Por ello, nos pareció relevante definir por ley la creación de este observatorio. Una experiencia previa en el Consejo, durante el año anterior, permitió abrir un debate técnico que se reaviva cada vez que se discute el salario mínimo, señalándose que este debería ajustarse a insumos técnicos, informes y estudios. Pero, en el momento en que se abre la discusión, gran parte de ese análisis se pierde. ¿Cuándo podríamos contar con un organismo que, mensualmente, se dedique a construir estudios y elaborar informes? Es por ello que proponemos fortalecer el Consejo Superior Laboral, integrándolo en un organismo que además contará con representación de los grandes empresarios, de las pymes y de los trabajadores. Esto es fundamental, ya que lo que se busca es impulsar de manera significativa la formulación de políticas laborales.

Mandato específico al Consejo Superior Laboral y que los representantes de tantos trabajadores y empleadores puedan colocar allí sus representantes. Eso es lo primero. Otro elemento adicional es que, en este caso particular, que la naturaleza del observatorio sea tripartita, no solamente permite que las contrapartes puedan colocar a sus representantes técnicos para discutir de esas cifras. Aquí también, muchas veces, nos ocurre que el Ejecutivo, el Gobierno, a partir de instituciones oficiales, presentan cifras; otros organismos de la sociedad civil presentan otras, y los representantes de empresarios y de trabajadores aportan cifras distintas, sin que exista un espacio técnico para procesar esa discusión. De hecho, lo vimos hace algunos meses: los representantes de los trabajadores dijeron una cifra A respecto a sus expectativas de salario mínimo, los empleadores dijeron B y las pymes dijeron C. Nosotros creemos que este organismo tendrá la capacidad, de forma mensual, de ir procesando esa discusión y, por lo tanto, aportar insumos más precisos al momento de discutir el reajuste del salario mínimo cada año. El proyecto, además, lo señala de manera bien clara al indicar que el único gasto fiscal incorporado en el informe financiero son las dietas de participación de los consejeros de empleadores, trabajadores y representantes de las pymes. Los representantes del gobierno son funcionarios de los ministerios que no perciben costos adicionales. Puesto que se trata de representantes técnicos que deben cumplir una serie de requisitos para demostrar su capacidad de integrarse al consejo, se ha establecido una dieta – señalada en el informe financiero – para proporcionar un mínimo de sustento, seriedad y trabajo a quienes formen parte del observatorio. Nos parece que este espacio fortalece al Consejo Superior Laboral y permite abordar una discusión que siempre se ha planteado en el Congreso respecto a contar con insumos adecuados. Además, entendemos que las observaciones realizadas en torno a esta indicación, que posteriormente vamos a discutir, apuntan a que se disponga de los insumos necesarios. En ese sentido, no se trata de crear un nuevo servicio con más funcionarios ni de sumar burocracia, sino de constituir un organismo técnico y tripartito en el que empleadores, pymes y trabajadores – actores que a menudo quedan al margen o participan de forma limitada, por ejemplo, en la discusión del subsidio – puedan aportar de manera equitativa. Asimismo, este observatorio permitirá analizar tanto los ingresos como las transferencias monetarias del Estado, ofreciendo una visión más integral del salario y de los ingresos en esta materia. En conclusión, entendemos que este observatorio puede ser un aporte sustantivo, sin implicar la creación de un nuevo servicio ni incrementar el número de funcionarios públicos. Si bien tiene un costo, es importante explicitar que, en la lógica del tripartismo, se establecen condiciones mínimas de igualdad entre los representantes técnicos de empleadores, trabajadores y pymes, garantizando que ningún actor disponga de una capacidad desproporcionada para designar a sus técnicos. Esa es la justificación del costo señalado en el informe financiero. Gracias, Ministro. Se ofrece la palabra. Senador Coloma: Yo entiendo las explicaciones, pero la verdad es que cuando uno escucha todo lo que ha planteado el Ministro –insistiendo en que hay que bajar el gasto, reducir la burocracia y que la institucionalidad tenga un sentido–, resulta contradictorio, pues existe, hoy día, un modelo que, al parecer, ya funciona. El presidente lo plantea de buena manera, pero encuentro una señal completamente contradictoria, porque siempre se han dado argumentos para crear una mayor lógica de Estado. Por lo menos, yo no lo comparto: no voy a aprobar, señor Presidente, ese tipo de observatorio. Entiendo que pudiera haber un razonamiento distinto, si eso no formara parte esencial de la vida, pero la señal que deberíamos dar hoy es no buscar razones para crear una mayor institucionalidad, más allá de que se asegure que puede costar poco –aunque las dietas sean bajas. Yo creo que existen muchas razones por las cuales a veces se considera necesario aumentar la cantidad de funcionarios, y que nuestra lógica actual debe ir en el sentido inverso, orientándose hacia un Estado más eficiente, dotando de mayores facultades a quienes ya la tienen.

La organización actual se cumple perfectamente con ese objetivo. Ministro, sí, Presidente. Quería referirme a la indicación suya con el senador Cruz Coqui. Ahora, si la podemos poner en la pantalla. Entonces, la indicación en la lámina siguiente, que tienen los colegas en sus escritorios, plantea que en un plazo de seis meses se informen las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara y del Senado sobre la evolución del costo de contratación de trabajadores dependientes. En particular, se señalan cuatro puntos: Primero, la evolución del ingreso mínimo mensual nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo su impacto en el costo laboral para empleadores, desagregados por tamaño de empresa. Segundo, la evolución de las condiciones obligatorias y otros componentes que inciden en el costo de contratación. Tercero, una comparación con los costos laborales totales en países de la OCDE a paridad de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano. Y por último, letra D, un análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial nacional. Si vamos a la lámina subsiguiente, se presentan los datos que corresponden a las tres primeras preguntas. Primero, se muestra la evolución del ingreso mínimo nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley. Se indican las cifras y las fechas en las que se ha ido reajustando el ingreso mínimo, el reajuste nominal, el IPC desde la fijación anterior y la variación real, en el gráfico del medio. Esto está puesto en índice y anclado en julio del 2024, porque esa es la fecha en que se llegó a los 500.000 pesos mensuales. Se puede observar cómo, en un período de inflación más alta, como fue el 2022, hubo un aumento mayor del salario mínimo nominal, pero el real no creció tanto debido a la alta inflación, aunque de todas maneras siguió aumentando. También se aprecia que, después de cada actualización del salario mínimo, la inflación empieza a reducir su valor real y, al final del período, con los dos reajustes incluidos en este proyecto de ley, se alcanza un valor real equivalente a los 500.000 pesos de julio del 2024 en términos de poder adquisitivo. En balance, el aumento del ingreso mínimo nominal sería de 45,9% y el aumento real de 16,8%. En la siguiente lámina se grafica algo similar: se muestra la evolución del salario mínimo en términos reales, cómo se mantiene en el valor de 500.000 pesos de julio del 2024 y las variaciones promedio por año del ingreso mínimo real. Posteriormente, se presenta la evolución del porcentaje de la masa salarial que pagan las empresas a trabajadores con salario mínimo. Este porcentaje evoluciona desde cifras del orden del 7% (o 6,8%, en el caso de la cifra más baja, correspondiente a años como 2015, 2007 y 2018) y llega a 8,1% si se compara con los valores de 2022 o 2021 (antes de los incrementos del actual gobierno, pasando de 7,3% a 8,1%). Esto se ha calculado sobre la base de la información del Seguro de San Tía. Luego, en la lámina siguiente, se presenta lo que también se pedía en la indicación: el porcentaje de la masa salarial destinado al pago de asalariados afectados por el salario mínimo para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Se observa que para todos ha habido algún incremento, siendo algo mayor para las microempresas, donde ha pasado de prácticamente 24% a 26,1%, mientras que en el caso de las empresas grandes de 3,3% a 3,5%, y es lo que explica, ¿cierto?, por qué se han establecido estos subsidios para facilitar la aplicación del...

Del mínimo en el caso de la empresa de menor tamaño. Luego, en la lámina siguiente, se plantea la segunda pregunta, que tiene que ver con las cotizaciones obligatorias. En el cuadro, en el gráfico de la derecha, se muestra el valor de dichas cotizaciones por trabajador, tomando como base el salario mínimo; estas cotizaciones incluyen salud, accidente del trabajo, separándose entre fondos de sentido solidario y cuentas individuales, el seguro de invalidez y sobrevivencia, la comisión de AFP y la cotización a la AFP. Estas cotizaciones, representadas por la línea azul, no han mostrado cambios significativos durante este periodo; los cambios más relevantes han correspondido al seguro de invalidez y sobrevivencia y a los ajustes en las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Por supuesto, mirado hacia adelante, habrá aumentos más significativos, que estarán ligados a la reforma previsional, la cual contempla una transición de entre 9 y 11 años para incorporar siete puntos adicionales de cotización. Luego, en la lámina siguiente, se presenta lo solicitado en la letra C, que es una comparación con los costos en países de la OCDE, a diferentes niveles de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano. En el gráfico de la izquierda se establece la relación con el salario promedio, y en el gráfico de la derecha, con el salario mediano. Se observa que, en el caso de la comparación con el salario promedio, Chile se sitúa en un punto intermedio; en la presentación de ayer se comentó que este porcentaje estaba aproximadamente en el 45%. En el gráfico de la derecha, correspondiente al salario mediano, se aprecia una proporción más alta, pero es importante recordar que en Chile la base de cálculo es la renta imponible, lo que implica que la estructura salarial se ve limitada por un tope de renta imponible, situación que no se presenta en otros países. En la lámina siguiente se muestra, tal como se presentó ayer, una comparación del ingreso mínimo en valores absolutos, en dólares a paridad de poder de compra, con otros países de Sudamérica, tomado de un estudio de la Universidad Diego Portales. En el gráfico de la derecha se presenta lo mismo, pero expresado como porcentaje del PIB o del ingreso per cápita, lo cual es pertinente, ya que países con mayor ingreso per cápita pueden sostener ingresos mínimos en términos absolutos más elevados. Así, Chile se ubica en un punto intermedio en lugar de encabezar la tabla, apareciendo nuevamente la cifra del 46%. Respecto a las tres primeras preguntas, se puede responder de inmediato, por lo que no es necesario incorporarlas como obligación para informar en los próximos seis meses. Sin embargo, se requiere un análisis más profundo sobre el impacto del incremento del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad y la estructura salarial en Chile. Cabe recordar que, en la presentación de ayer, se mostró evidencia internacional sobre el impacto del ingreso mínimo en el empleo, junto a algunos hallazgos de estudios realizados en Chile. No obstante, lo que plantean la Presidenta y el Senador Cruzco es la realización de un estudio ad hoc para este caso. Hablé ayer con la representante del BID en Chile, quien señaló que el BID estaría disponible para encargarse de dicho estudio, e incluso lo asignaría a la ex jefa de la división laboral del Departamento de Investigación del BID, Carmen Pallés, una de las personas con mayor expertise en temas laborales en América Latina. Por lo tanto, dispondríamos de ese canal para encargar el estudio, lo cual podemos comprometer desde ya, sin que sea estrictamente necesario que esté incorporado en la ley.

Así que queda desde ya establecido el compromiso y hemos tratado de hacer la diligencia debida para poder responder concretamente a esta propuesta. En la lámina siguiente hay un primer esbozo de términos de referencia para lo que sería ese estudio, que es lo que nos pidió el BID que se lo enviáramos lo antes posible, así que eso, en la medida en que estemos de acuerdo, lo haríamos hoy mismo. Eso sería, Presidenta, en relación a su indicación. A ver, respecto de la indicación, Ministro, usted muestra los datos de las tres primeras consideraciones que nosotros hemos pedido; en la última hay un compromiso. Yo lo que sí estoy dispuesta a hacer es retirar las tres primeras letras, pero que votemos la última, porque lo que estamos pidiendo es un análisis de impacto de los incrementos del ingreso mínimo. Y eso ustedes lo tendrán que presentar en el plazo que se dio y, si además ya tienen las conversaciones con el BID para poder respaldar aquello, nos parece fantástico, pero queremos que quede consagrado en la aprobación de la ley. Y respecto de los otros temas que se han abordado, tengo que ofrecer la palabra a mis colegas para ver cómo los vamos a resolver en la votación de la Comisión. Senador Coloma: Gracias, Presidente. Yo, respecto a lo que planteé, por lo menos, más allá de lo que... estuve viendo el tema del polinomio. Doy por bueno lo que me dice el ministro; tengo que creerle que es el único caso que hay, porque, si no, sería complicado. Perdón que interrumpa. Sería bueno, más allá de lo que vamos a probar ahora, que sí el Ministerio se comprometa a ratificar aquello, porque lo que dijo el ministro en sus palabras –y corríjanme si no es así– es que, hasta donde él sabe, es el único caso. Entonces, que igual nos puedan informar si no hay otro, ya para tener claridad, porque ahí se podría entender que es el único caso. Yo entiendo que se puede interpretar que la regla general es que, cada vez que haya un salario mínimo, habría que revisar el tema, a pesar de que, mirando para atrás, no ha sido siempre así. Algunas veces lo hemos revisado, otras veces sí se ha hecho y, otras veces, no se ha hecho. Pero, por lo menos, suponiendo que es lo único, lo que sí yo quiero pedir es la votación separada, o básicamente la votación del tema del observatorio. Senador Galilea: Eso es el artículo 6. ¿Pueden ser las leyes? O el que organiza las leyes... Ahora, pero no tenemos el artículo 6. ¿Qué pasa? Si lo puede leer el ministro. Ministro: O lo va a conseguir, respecto del vacío que se trata. Toda la razón. ¿De qué se trata? El ministro está buscando la norma, senador. Senador: La otra cosa que quiero decir es que me imagino que uno de estos es un representante de los trabajadores. Uno de estos, y sin embargo, le estamos exigiendo a los tres. Bueno, pero son representantes de los trabajadores, porque aquí dice que son representantes de los trabajadores, pero deben tener, al menos, un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres de duración, y la mayor parte de los trabajadores no tienen ese título. No obstante, lo que yo entendí en la explicación –y me va a adelantar el ministro– es que se pretende que puedan tener sentados en ese espacio a un representante técnico, para que queden en igualdad de condiciones todos. Entonces, no es que sea un dirigente sindical, sino que sea un representante de ellos que tenga preparación técnica. Presidenta: ¿Qué significa, entonces, que tengan que ser contratados por...? Senador: Exactamente. Y esa es precisamente la objeción que yo estoy presentando. Toda la razón. Vamos a dar la palabra al Senador Galilea y luego al Ejecutivo. Presidenta: Gracias. Un par de preguntas a cada uno de los ministros. Ministro del Trabajo, don Giorgio Cardón: en el artículo 12, que moderniza el sistema de relaciones laborales, se le agrega un inciso de prioridad a ciertos proyectos y programas que presenten organizaciones sindicales. Si yo me voy al texto actual, dice que los recursos del Fondo de la Seguridad de la Nación...

Serán asignados por la subsecretaría del Trabajo mediante concurso o licitación pública, y el Consejo Superior Laboral propondrá anualmente criterios generales para la asignación del recurso. Existe una cierta… dentro de ese criterio general que me parece correcto y válido. Actualmente, la ley establece que el 40% de estos recursos debe ir fuera de la Región Metropolitana y que el 20% del fondo se destinará a proyectos focalizados en trabajadores y empleadores pertenecientes a micro y pequeñas empresas. Y ustedes agregan ahora que el 40% de los recursos deben tener una priorización respecto de proyectos que presenten organizaciones sindicales, las cuales, a su vez, deben cumplir ciertas características en la formación de sus directivos. ¿Por qué sería necesario? Porque, si leo lo que actualmente está, me parece suficientemente razonable y prudente: se establecen el 40% y el 20% para distintos grupos. Entonces, ¿por qué ven necesario hacer esta priorización específica del 40%? No se entiende si se trata de otro 40%, con lo cual la torta del 100% ya quedaría totalmente definida, o si ese 40% puede tomar parte del 40% de las regiones y del 20% según definición. Quiero entender el porqué, ya que, intuitivamente, no lo veo necesario, y al imponer además requisitos de ciertas condiciones a las organizaciones sindicales –por ejemplo, que sus dirigentes deben contar con cursos acreditados– podríamos estar generando una falta de dinámica en la creación y formación de organizaciones sindicales nuevas, cuyos dirigentes quizás no cuenten con un background de preparación y cursos acreditables. En definitiva, podríamos estar creando una trampa respecto a la dinámica de estas organizaciones. Para el ministro del Trabajo, ¿puedo sumarme en esa parte antes de pasar a otro tema? Este asunto nos costó mucho sacarlo adelante cuando discutimos la reforma y fue un reclamo de las regiones. No entiendo qué se está haciendo y me gustaría saber si existe algún estudio que avale esta modificación, ya que hoy en día se tiende a concentrar el uso de estos recursos en cierto tipo de organizaciones. Me encantaría que se detallara cómo se usó este fondo y cuáles fueron sus efectos, pero creo que lo que se está haciendo desvirtúa lo que discutimos en su minuto respecto a responder y respaldar una distribución más equitativa en las regiones, evitando que se concentre en Santiago. Para el ministro de Hacienda, un tema más conceptual: nosotros venimos en una progresión de alza del salario mínimo que ha sido importante. Y uno, como suele pasar en la vida, puede abordarlo desde diferentes ópticas, viendo tanto efectos positivos como negativos, y amparándose en evidencia internacional. Estuve revisando lo que mostraban ayer sobre Estados Unidos; no sé si es tan comparable, y recordé que también leí alguna vez acerca de una experiencia en Brasil respecto a este tema. Creo que depende en gran medida de si hay pleno empleo o no, ya que existen varias consideraciones. Es evidente que, llevado al extremo, si dijéramos: “Dado que el aumento del salario mínimo no provoca impacto, lo subimos al triple”, todos estaríamos de acuerdo en que eso sería demencial, pues probablemente produciría un efecto gravísimo. Por lo tanto, esta progresión tiene una connotación de prudencia que se evidencia. Sin embargo, en esta progresión sigo considerando —y el año pasado me abstuve en esta votación— que estamos en un tope, especialmente al analizar lo que ocurre con el empleo en Chile, ya que nos estamos medio acostumbrando a un 8% que no es un buen indicador. Sé que usted ha mostrado indicadores de que la informalidad ha disminuido, lo cual, marginalmente, está bien.

Aquí depende. El INE muestra también tasas de empleo y desempleo bajo otras condiciones. Muestra el mismo efecto marginal, pero al final, el dato más duro, me parece a mí, es el desempleo de 8,7; sigue siendo un número muy alto, muy, muy alto. Mi problema, y ahí es donde va el fondo de mi pregunta, Ministro, es que uno puede decir: “Yo siempre voy a seguir adelante, como criterio para cualquier gobierno, mantener los 500.000 pesos como referencia y los iré reajustando de acuerdo al IPC siempre”. Puede ser un criterio, pero me parece que no debe ser el único, porque a las empresas chicas, particularmente, les cuesta mucho; ese es el drama de la inflación: les cuesta empatarle a la inflación, les cuesta cualquier cantidad, y si la inflación es más alta, les cuesta aún más, pudiendo terminar en una situación negativa. Echo de menos, pues, que ayer no se analizó el efecto de la relación entre el empleo mínimo y la productividad, ya que los indicadores de productividad en Chile siguen a la baja. Esto es una pregunta conceptual; sé que la propuesta es lo que está sobre la mesa, pero me preocupa la dinámica de la discusión del salario mínimo por todos estos antecedentes. Entonces, si pudiese abundar algo en eso, se lo agradecería, Ministro. Le damos la palabra al Ministro del Trabajo y, luego, al Ministro de Hacienda. Gracias, Presidenta. Lo primero, respecto a la consulta que hacía el senador Insulza acerca de quiénes integran este consejo: la referencia al artículo 6 es a la ley que crea el Consejo Superior Laboral, en la que se establecen tres consejeros designados por el Gobierno —el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía—, referidos en la ley de reajuste al literal C; estos serían los tres representantes de los nueve de Gobierno, funcionarios de los ministerios, que no recibirían esta dieta. Posteriormente, se establece en los literales E y F un consejero designado por el Consejo Nacional Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño, dos consejeros designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad (actualmente, en el Consejo Superior Laboral, lo realiza la CPC) y tres consejeros designados por la Central Sindical de Mayor Representatividad del país. Por lo tanto, este observatorio tendría tres representantes nombrados por el Ejecutivo de esos tres ministerios, tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores. Cabe destacar que los representantes técnicos, que hoy en día muchas veces son enviados por las contrapartes, innovarían al recibir, por su participación en las reuniones, una dieta definida en el proyecto; sin embargo, no serían contratados ni por el Ministerio ni por el observatorio, pese a tener que cumplir ciertos requisitos, dado que el observatorio tiene un componente de orden técnico y representan a los diferentes grupos que participan en el Consejo. Respecto a lo que señalaba el senador Calilea en torno al fortalecimiento y ajuste de criterios del Consejo del Fondo de Formación Sindical, planteo tres comentarios generales. El primero es que, como bien se ha señalado, este fondo de formación sindical busca fortalecer la capacidad que tienen las contrapartes en materia de conocimientos técnicos, pero también se orienta, en parte, al trabajo con el 20% destinado a empresas de menor tamaño, para fortalecer el diálogo social en sectores donde tanto las empresas como sus trabajadores tienen limitadas capacidades de diálogo, negociación y conocimientos técnicos. De hecho, existen experiencias que apuntan a estrategias de formalización del trabajo a través de este 20%. En cuanto al criterio del 40% para la distribución regional, este no se ve alterado; es posible que, tanto en el 20% como en el 40% que se está estableciendo, se asegure una distribución en las regiones. Por lo tanto, la totalidad del fondo, independientemente de si se destina a empresas de menor tamaño o a organizaciones sindicales, debe mantener el criterio del 40%. Nosotros, de hecho, defendemos que esta distribución regional se mantenga en el tiempo.

¿Dónde? Y esto te tiene que ver también con ciertos aprendizajes del trabajo de los últimos cuatro años, y de hecho lo hemos presentado y lo podemos hacer llegar, Presidenta. La información es que todos los años, cuando discutimos el presupuesto, se nos ha preguntado respecto a las organizaciones que acceden a estos fondos. Y lo que muchas veces ha ocurrido es que ciertas organizaciones —muchas veces universidades o también ONGs de la sociedad civil— y, en algunos casos, personas que trabajaron en el propio fondo de formación sindical, tienen ciertas capacidades para captar estos fondos y no necesariamente expresan el sentido original de este fondo, que es justamente fortalecer las capacidades de formación de las organizaciones sindicales. De hecho, nosotros también tenemos una experiencia que se ha trabajado durante estos cuatro años, que es, por ejemplo, crear un nivel de formación inicial para dirigentes sindicales; pero, como ya esta experiencia tiene muchos años, los actores que suelen ganar estos concursos replican y repiten la parrilla de cursos. Teníamos, por ejemplo, dirigentes sindicales que habían pasado por el mismo curso una, dos, tres, cuatro veces. Y una de las demandas que apareció en el Consejo Superior Laboral, por el lado de los trabajadores, era tener un segundo nivel de formación, es decir, cursos de formación sindical avanzados, que de hecho dieron lugar incluso a un diplomado, donde hay participación de empleadores y trabajadores, que se han ido especializando y tienen formación en diálogo social. De ahí también que hoy sabemos que existe una capacidad de personas que cuentan con los requisitos para acceder a este tipo de cursos establecidos. No es simplemente colocar una barrera de entrada, sino que ya tenemos dos experiencias de un diplomado que entrega este título y que ha permitido tanto a empleadores como a trabajadores formarse en diálogo social. Por lo tanto, sabemos que hay una capacidad instalada para esto. También, desde el lado de los empleadores, se nos pidió innovar en materia de formación sindical para temas del futuro del trabajo, introduciendo elementos y herramientas de capacitación que no existían en las planillas originales, pues eran más propios de la historia del movimiento sindical, la negociación colectiva y el Código del Trabajo, materias que cualquier nuevo dirigente sindical tiene que aprender. Pero también había, con una década de dirigentes sindicales ya formados, la necesidad de una línea especial. En ese sentido, nos pareció que, como forma de asegurar que efectivamente las organizaciones sindicales pudieran acceder a estos fondos y no quedasen concentradas únicamente en determinadas organizaciones, podríamos hacer llegar el listado —que de hecho lo presentamos todos los años en la discusión de presupuesto— para que esta comisión también sepa cómo se distribuye el fondo anualmente. Promovimos justamente esta línea con el objetivo de defender la distribución regional del 40% —que este proyecto no innova—, defender que el 20% se mantenga en pymes y, entendiendo que siempre es el Consejo Superior Laboral el que tiene que definir los criterios de orientación de todas las escuelas de formación sindical sin alterar ninguno de esos elementos, esta es una innovación que permite retomar los aprendizajes que hemos tenido en estos cuatro años y seguir fortaleciendo el objetivo fundamental del fondo, que es que sean las organizaciones sindicales las que puedan mejorar sus capacidades de formación, permitiendo que los trabajadores continúen accediendo a estos fondos, manteniéndose las distribuciones regionales y de pymes. Senador. Gracias, Presidenta. Entiendo muy bien toda la explicación del ministro y valoro lo que se busca. Mi discrepancia es que no veo por qué esto tiene que quedar en una ley y con un guarismo fijo, que además es enorme, del 40%. Todo lo que usted explicó, ministro, no veo ninguna objeción ni traba. De acuerdo a la ley actual, para que el Consejo Superior Laboral, que es el que propone todos los criterios generales de adjudicación, tome en cuenta todo lo que usted acaba de decir —que son las experiencias y las conversaciones de ciertos cursos particularmente avanzados o que busquen ciertos objetivos—, lo pueda hacer hoy. Y yo tiendo a, y creo que se lo he escuchado al senador Insulza, porque todo tiene que resolverse a través de un carisma en una ley. Están las herramientas de criterio para que el Consejo Superior Laboral exprese en porcentaje lo que usted acaba de decir: vamos a dar ciertos cursos para quienes ya tienen mucho tiempo y están más avanzados en ciertas temáticas, respetando los únicos criterios que, a mi juicio, sí deben quedar en la ley, que son el 40% para regiones y el 20% para las empresas más pequeñas. Entonces, no me... Entendiendo lo que me dicen.

No me convence la solución. Creo que llevar esto a ley y a porcentajes, que además el nuevo porcentaje –porque yo siempre he dicho que un 5% para estas cosas es un 10%, pero el 40% es un número gigante en el fondo– no es adecuado. Entonces, vuelvo a decir: yo lo dejaría, ministro, sinceramente, y compartiendo todas sus apreciaciones sobre el tema, yo lo dejaría tal como está, al buen criterio que siempre tenga el Consejo Superior Laboral, y no se impondrían más restricciones en la ley en cuanto a en qué, cómo y cuándo se pueden aplicar estos fondos. Gracias. Gracias, senador. Antes de dar la palabra al ministro respecto al tema del Observatorio Laboral, señalo que hoy día existe en el Ministerio y en la Subsecretaría del Trabajo el programa de Observatorio Laboral, que se creó en su minuto y que cuenta con una estructura definida. De hecho, si ustedes lo googlean, encontrarán la página del Ministerio con todos los detalles de lo que hace este observatorio: los productos que entrega en materia de Estrategia Nacional, los termómetros laborales, la demanda laboral, el catálogo ocupacional y educacional, la realidad comunal, empleos verdes, empleos ciudadanos, empleos digitales, la profundización en educación y trabajo, la vigencia y ganancia tecnológica, y otras líneas del estudio, incluida la asistencia técnica. Asimismo, se presentan las instituciones que ejecutan el programa o que lo han ejecutado, y quienes participan, evidenciando una vasta información sobre el mismo. Creo que, según han expresado mis colegas, resulta contraproducente crear una nueva institucionalidad cuando ya existe algo que funciona; quizás si se entregara una evaluación detallada de lo que ha hecho este observatorio, sus deficiencias y la necesidad de transformarlo en un organismo formal, se entendería mejor. Además, en esta propuesta se mantiene bajo el alero del Consejo Superior Laboral, que ya existe y fue ampliamente discutido en el Parlamento, lo que no tiene mucha lógica. Ministro, tengo dos observaciones. La primera es respecto a los observatorios, como ha señalado la presidenta, la senadora. Nosotros, como Ministerio, contamos con observatorios laborales que están fijados, tienen propósitos definidos y son administrados mayoritariamente por universidades o centros de formación técnica, funcionado a través de procesos de licitación desde hace dos años. En ese marco, el objetivo de estos observatorios es generar información de prospección laboral y entregar datos a los Consejos Regionales de Capacitación, a partir de lo cual se toman decisiones, por ejemplo, en cuanto a la orientación de becas laborales y otros instrumentos de capacitación y certificación. Cabe destacar que, particularmente, no existen observatorios relativos a ingresos y costos de la vida, que es justamente lo que se está proponiendo hoy. Quisiera insistir en que, más allá de las funciones ya planteadas, el componente tripartito del espacio aporta un elemento cualitativamente distinto, ya que implica capacidades técnicas para elaborar insumos, datos y discusión. Además, el objetivo de crear el observatorio, en el marco del diálogo social, es disponer de un órgano donde los actores que discuten sobre salarios puedan encontrar espacios de acuerdo, asociados a datos que, si bien son técnicos, también reflejan las orientaciones de cada uno de los actores. Por lo tanto, creemos que contar con un espacio tripartito –tal como la OIT recomienda para orientar este tipo de discusiones– puede resultar muy beneficioso. Efectivamente, dada la amplia variedad de temáticas que aborda, el Consejo Superior Laboral no tiene la capacidad de dedicarse mensualmente a este tema en particular, y probablemente, el próximo año, al discutir sobre salarios, se reabrirá este debate. En consecuencia, nosotros pensábamos dejar también un insumo para resolver un problema que se presenta de forma recurrente cada año y que hasta ahora no había contado con una solución de política pública permanente: no esperar este momento para abrir la discusión sobre las cifras. Y respecto a lo que señala el senador Galilea por su intermedio, presidenta, si bien el Consejo Superior Laboral tiene criterios específicos en este ámbito, a nosotros nos parecía y queríamos volver un poco al origen del fondo de formación sindical, que, además, como saben, se financia en buena parte con las multas que la propia Dirección del Trabajo genera por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales. Nos parecía razonable que un fondo cuyo objetivo es fomentar el diálogo social y la formación de organizaciones sindicales tuviera un…

Criterio en donde las organizaciones sindicales sean los principales usuarios de este tipo de escuelas y no, como a veces ocurre, que estas sean ocupadas por otras instituciones –no es una evaluación negativa de ellas, pero tienen poco que ver con el mundo sindical. En ese marco, si bien uno puede establecer después licitaciones o ciertos criterios de preferencia cuando estos criterios están fijados por ley y las bases deben exigirse, cuando se tienen como criterios preferentes se pueden generar incentivos en las puntuaciones; pero, finalmente, a nivel de uno no se puede hacer más que aplicar esos criterios. Más allá, el Consejo Superior Laboral define las orientaciones del fondo, pero no establece los criterios ni la parametrización de las licitaciones. En ese sentido, nos parecía importante que el mundo sindical estuviera mejor representado en el fondo de formación sindical, y esa es la orientación que tiene la indicación. Ministro. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, ayer alcanzamos a discutir algunas de las cosas que plantea el senador Galilea por su intermedio, pero voy a recapitular y referirme específicamente a los temas que él expone. Para abordar esta temática, lo primero que hay que recordar es para qué existen los ingresos mínimos. Porque, si uno pensara que el ingreso mínimo no tiene límite hacia arriba, o si creyera que siempre va a destruir empleo, se optaría por no tener ingresos mínimos o se fijaría cualquier cosa de forma voluntaria. Los ingresos mínimos existen porque hay segmentos importantes de la fuerza de trabajo que no tienen capacidad de negociación, donde no hay negociación colectiva, donde las características del mercado del trabajo otorgan un carácter monopsónico a algunos empleadores o donde existe una gran inelasticidad en la oferta de trabajo. Para eso son los ingresos mínimos: para mejorar los ingresos de trabajo de los trabajadores de menores rentas, considerando esos elementos. Esto implica una cuestión de criterio, en donde se ubica el valor del ingreso mínimo y se pondera el impacto sobre el empleo frente al impacto distributivo. Esa es la razón por la cual, en esta presentación, así como en la de ayer, se realizó una comparación con salarios medianos, con salarios promedios o con ingreso per cápita, para establecer un rango de referencia de acuerdo con lo que han demostrado los estudios sobre la materia. Se mostró que Chile, con una cifra en torno al 45% del ingreso per cápita, se encuentra en la medianía de la distribución; no parece estar desfasado en ese ámbito y se ubica dentro de los rangos de estudios que evidencian un bajo impacto sobre el empleo y la pérdida de empleo. Ahora, ¿cómo se relacionan esos datos con el mercado del trabajo en Chile? En una economía donde existe un segmento informal del mercado laboral relevante –en Chile es menor que en otros países de América Latina, pero mayor que en países desarrollados– se esperaría que un salario mínimo desproporcionadamente alto impactara en la informalidad, haciendo que más trabajadores se desplacen al sector informal y menos al sector formal. Sin embargo, lo que hemos observado en este período ha sido lo contrario, y la reducción de la informalidad no es marginal. Recuerdo que el año pasado, cuando el presidente en la Cuenta Pública planteó la meta de reducir la informalidad al 25%, hubo mucho escepticismo, ya que partíamos de cifras del 28 o 29% y parecía imposible alcanzar el 25; no obstante, ahora se sitúa en 25,7. Esto tiene dos dimensiones: una, qué ha ocurrido con los empleos asalariados, y otra, qué ha sucedido con los empleos no asalariados. Por el lado de los empleos asalariados, se ha observado un crecimiento, y hoy en día se sitúan por encima de los niveles previos a la pandemia y en una tasa de ocupación similar a la de aquel entonces.

El caso del empleo no asalariado, en cambio, ha mostrado una reducción; ha habido una caída del empleo no asalariado. Esta caída, además, ha venido acompañada de cambios en la oferta de trabajo, puesto que la tasa de participación de los jóvenes menores de 24 años y de las personas mayores de 60 años se ha mantenido por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esto resulta algo anómalo en la comparación internacional. En el caso de los adultos mayores y en el de los estudiantes, como consecuencia de la PGU, la situación ha tendido a volver a lo que era antes de la pandemia. Esto se debe a que en Chile se implementó simultáneamente la gratuidad en la educación superior, se creó la PGU y, ahora, con la reforma previsional, se espera un incremento; en otros países, obviamente, eso no ocurrió. De hecho, el propio Banco Central, en un recuadro de un IPOM de hace como tres informes, argumenta precisamente que es improbable volver a la situación previa a la pandemia en el caso de los adultos mayores. Ministro, una pregunta: ¿podríamos tener una imagen de cuánto empleo se ha creado después de la pandemia, en el sector público y en el sector privado separadamente, y cuánto empleo se ha destruido en ambos sectores? Sí, por supuesto. Existen cifras por sectores y por categorías de empleadores. Donde claramente hay menos empleo hoy en día es en el empleo no asalariado; eso se desprende directamente de las encuestas y, a mi entender, dadas las razones que han provocado esta situación, es algo positivo. Ahora, volviendo al ingreso mínimo, lo que se observa es que el ingreso mínimo –ya sea por las razones por las cuales se establecen estos ingresos o, particularmente en el caso de Chile, por haberse agregado un subsidio al sector de micro y pequeñas empresas para ayudar a absorber el aumento del ingreso mínimo– ha permitido neutralizar, por así decirlo, el efecto que podría haber tenido su aumento real durante este periodo. En cuanto a la tasa de desocupación, es importante recordar que depende tanto de la oferta como de la demanda. En circunstancias normales, el lado de la oferta debería ser bastante predecible y estable; sin embargo, en los últimos años hemos experimentado fluctuaciones gigantescas en la oferta laboral. Cabe destacar que, por ejemplo, el propio Banco Central está actualmente trabajando en la actualización de su estimación de la tasa de desempleo de equilibrio. En economía se utiliza la sigla NIRU –es decir, la tasa en la que la desocupación no se acelera– precisamente debido a los cambios estructurales ocurridos en este periodo. En la comparación internacional, las tasas de desocupación varían considerablemente. Por ejemplo, países con mercados laborales muy informales presentan tasas muy bajas, mientras que en países más formalizados, como España, las tasas han sido tradicionalmente elevadas. Por ello, comparar las tasas de desocupación no resulta ser una variable especialmente útil o estable para este tipo de análisis; es mucho más adecuado considerar las tasas de ocupación, tal como lo mencione en la relación entre los ocupados asalariados y la población a lo largo del tiempo. Eso es lo que puedo comentar, además del estudio que plantea la Presidenta y que, como hemos indicado, ya se encuentra encomendado y disponible.

Y avanzamos esas conversaciones, por supuesto, las cuales pueden profundizar mucho más sobre la respuesta a estas preguntas. Ahora aprovecho para establecer una relación con el tema del observatorio, porque he estado en muchas discusiones sobre el ingreso mínimo, y un tema que siempre surge es: ¿cuáles son los referentes para fijar el ingreso mínimo? ¿Con qué criterio se fija? Porque, claro, hay negociaciones, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que nos dice si deberíamos seguir incrementándolo o no? Entonces, existe una dimensión que no pertenece únicamente a los empleadores, sino que recae en los trabajadores, en relación al costo de la vida. Y dado que, en este proyecto, se reajusta no solo el ingreso mínimo, sino también los subsidios que van a los hogares de menores ingresos, se puede ir evaluando cómo evolucionan esos ingresos provenientes del trabajo en los hogares en relación al costo de la vida. Vuelvo a un punto que mencionó el senador Galilea, y que se me quedó en el tintero: el tema de la productividad. Efectivamente, como economista se presupone que las remuneraciones reales deberían moverse de acuerdo con la productividad en la economía. En estricto rigor, esto debería ser en función de la productividad a nivel de sectores, puesto que puede variar significativamente de un sector a otro. El último informe de la Comisión de Evaluación y Productividad es el primero en mucho tiempo—saltándonos el 2021, por lo anómalo de ese año, en que tuvimos un aumento de la productividad media del trabajo y un rango para la productividad total de factores que parte levemente en negativo y presenta un segmento más importante en positivo—, lo cual, en fin, no sabemos si marca una tendencia. Pero sí creo que es una novedad respecto a lo que hemos visto durante mucho tiempo en materia de productividad. Además, en estos días he planteado toda una discusión sobre potencial de crecimiento y decrecimiento. No se trata necesariamente de una tendencia, pero ese cambio, esa novedad, ¿podría explicarse por algún elemento particular? Esto tiene que ver con el desarrollo de ciertos sectores. Por ello, es algo que debe considerarse más a nivel sectorial que a nivel de la economía en su conjunto. Hay sectores que han estado creciendo más y que son de mayor productividad; por ejemplo, desde mediados del año pasado hasta ahora se ha observado un crecimiento importante en la minería, que es un sector de alta productividad en la economía. Al mismo tiempo, se ha reducido la informalidad, dado que la economía informal, por definición, es menos productiva, lo cual también incide en la productividad global. Ministro, usted nos indicó que se puede observar una caída en el empleo no asalariado. La pregunta es: ¿cuál es la razón? ¿La tienen clara o no? Y uno podría preguntarse si los trabajadores por cuenta propia se han empleado y por qué lo hicieron. Otra pregunta es: ¿hoy día es más fácil emplearse o no? ¿Qué perspectiva tienen ustedes al respecto? Sí, en términos de causas, hay una parte que ya mencioné, que es el lado de la oferta: hay menos trabajadores jóvenes y menos trabajadores mayores que estén buscando empleo, y que tradicionalmente ocupan puestos de empleo informal. Siempre ha sido mayor el porcentaje de informalidad entre los más jóvenes y los más viejos, por lo que la menor disponibilidad de estos trabajadores que buscan empleo incide en la informalidad. Por otro lado, se han ido adoptando medidas para combatir la informalidad o facilitar la formalización. La otra vez le comenté a usted por WhatsApp—si mal no recuerdo, le hice un recuento de medidas que se han estado implementando; algunas aún están pendientes, es cierto—pero, al menos, en el proyecto de ley, o en la ley ya de cumplimiento tributario, se contemplaban diez medidas para combatir la informalidad.

Por otro lado, hay medidas que todavía tenemos que ver en lo que se va a proponer sobre tributación de las pymes, orientadas a favorecer la formalización de las empresas, ya mirando más hacia adelante. Pero en la medida en que seamos sistemáticos en términos de combatir la informalidad y alentar la formalización, vamos a poder seguir progresando en este camino. No sin dolor, porque todos recordamos que a propósito de la Ley de cumplimiento tributario, al final surgieron una serie de objeciones al tema de las 50 transferencias y al de la iniciación de actividades, pero todo eso a la larga apunta en la dirección de la formalización. Además, hay que decir que en los datos de informalidad o de empleo por cuenta, al considerar que en la informalidad se agrega todo el empleo por cuenta propia, resulta que desde hace ya varios años, por una reforma durante el gobierno del presidente Piñera, hay una parte de los trabajadores por cuenta propia que se formalizaron, que son los que emiten boletas de honorarios y que hoy día están cotizando para pensiones. Para todos los efectos prácticos, son trabajadores formales, de modo que, si esos datos se ajustan, la tasa de informalidad será incluso menor que el 25,7 % que tenemos ahora. Y usted nos podría mandar entonces todo lo que ven como factores que han ayudado y los resultados que tienen para poder tenerlo. Gracias, Ministro. Ministro del Trabajo. Sí, Presidenta. En esa línea nos gustaría también agregar dos medidas que hemos incorporado desde el sector que a nosotros nos toca, que es regular a los trabajadores afectos al Código del Trabajo, que conforman la otra parte de los trabajadores informales. Solamente, para que la Comisión se haga una idea, de los 2,4 millones de trabajadores informales, alrededor de 700 a 750 mil lo hacen en empresas formales, es decir, empresas que tienen RUT, en las que un trabajador tiene una jornada, un horario y, por alguna razón, puede estar sin contrato o sin el pago de la seguridad social. Ese es un foco en el que hemos estado trabajando en el ministerio con tres medidas: dos, de orden administrativo, que implicaron ciertos cambios en la capacidad de inteligencia inspectiva de la Dirección del Trabajo para poner foco en áreas como, por ejemplo, la informalidad de los asalariados. Siempre se imagina la informalidad de las trabajadoras de casa particular, que tienen una complejidad específica de fiscalización; pero, por ejemplo, en el rubro de la construcción de empresas de tamaño importante, tenemos una alta tasa de informalidad que requiere concentrar esas capacidades inspectivas. También se tomó una medida administrativa a propósito de los trabajadores de plataformas digitales. Como saben, este Parlamento legisló una ley que a nosotros nos ha tocado implementar. Habíamos tenido serias dificultades para que esos trabajadores de plataforma, que en su mayoría son independientes y que deberían emitir boleta de honorarios, lo hicieran. En un trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, logramos que, a través de medidas administrativas y circulares, cerca de 90.000 trabajadores de plataforma hoy emitan boletas, estén dentro de la seguridad social y se formalicen. Solamente, para que se hagan una idea, si se reducen 125.000 trabajos informales, se reduce un punto la tasa de informalidad; y aquí hemos logrado formalizar cerca de 90.000 trabajadores que legalmente debían emitir boleta, pero que por distintas razones de las empresas no lo hacían. Esa fue una medida muy concreta que está teniendo un impacto relevante en materia de formalización. Lo tercero es un proyecto que esperamos, junto con Hacienda, enviar prontamente a este Congreso, y que tiene que ver con fortalecer y reformar los mecanismos de subsidios laborales, justamente para avanzar en el punto que aquí se señala. Muy bien, muchas gracias. Si les parece a los miembros de la Comisión, pasemos a someter a votación. Senador Insulza, ¿quiere agregar? No, ya. Senador: Respecto del tema, digamos, es bastante enredado todo esto del fondo, del consejo, etcétera, pero yo no tengo ningún problema en que el Consejo cree una instancia como la que se ha planteado. Yo no creo que sea un organismo público, sino que, en definitiva, se entiende que es un organismo público. Lo que dice el senador Insulza es que, dado que el Consejo Superior Laboral existe, no hay inconveniente en que, bajo la tutela del Consejo, se cree el Observatorio. Este Observatorio, como programa, también existe en la Subsecretaría del Trabajo, por lo que no hay problema en que lo discutamos. En esa línea, creo que todos estamos en la misma sintonía y no se requiere la creación de un nuevo organismo.

Que se llame Observatorio es el punto del senador. Si le parece, secretaria, que usted nos pueda dar cuenta de las votaciones, porque entiendo que hay algunas que están OK y hay otras que tienen petición de votación separada. Presidenta, esto. Por favor, ¿va a explicar la secretaria? Exacto. Presidenta, este es un proyecto que está calificado con urgencia de discusión inmediata. Entonces, se vota primero en general y, por la votación en general, quedan aprobadas todas las disposiciones que no tuvieron indicaciones ni solicitudes de votación separada. Hay una indicación de usted que sobrevive respecto del artículo séptimo y hay una solicitud de votación separada del senador Galilea respecto del número uno del artículo 12, que es el fondo de formación sindical; y del senador Coloma respecto de los números dos y tres, que se refieren al Observatorio, y de la parte del primero transitorio, que se hizo segundo en la primera oración y se refiere al Observatorio. En el fondo, si me corrigen, estaría la indicación nuestra de que estamos disponibles a retirar las tres primeras partes que ha explicado el ministro y dejar subsistiendo la última, que es la letra D. Y después estarían las votaciones separadas del artículo 12, número 1; artículo 12, número 2; el artículo primero transitorio, inciso 2; y el artículo 12, número 3. ¿Les parece, entonces, colegas, que hagamos la votación general y quedaría todo aprobado, salvo estas que ha enumerado la secretaría? ¿Estamos? Entonces, tomo la votación general, Presidenta. Yo creo que hay unanimidad, ¿o no, colegas? Se aprobaría por unanimidad de los miembros de la comisión en general y vamos a las votaciones separadas. Gracias. Vamos a la votación. Vamos a ir a la indicación de usted, Presidenta, porque viene antes. Entonces, en la página 4 del comparado iría la indicación de la senadora Rincón y del senador Cruz Coque al artículo séptimo del proyecto, al que se agregarían dos incisos. El inciso primero es el mismo que está acá: “Asimismo, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá informar a las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado sobre la evolución del costo total de contratación de trabajadores dependientes desde enero de 2022 hasta la entrada en vigencia de esta ley. Dicha información deberá considerar un análisis del impacto de la pandemia, de los incrementos del ingreso mínimo en el empleo formal, de la informalidad laboral y de la estructura salarial nacional.” Ministro, usted tiene toda la información que ha dado a conocer hoy en la comisión y solo habría que actualizar hasta la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Le parece que dejemos toda la indicación, pues usted solo tendrá que complementar lo que no está al día? ¿Tiene inconveniente? Es información solamente; ya usted tiene toda la información y solo la tendría que complementar respecto a lo que falta. Sí, yo me había quedado por lo que usted había señalado antes. Pero es que estoy pensando en que, como le agregamos “hasta la entrada en vigencia de la presente ley”, ¿usted tiene inconveniente en que mantengamos toda la indicación con el suplemento de lo que falta? ¿O le acomoda más que dejemos solo la última parte? Yo no tengo problema. Sería que, dado que el plazo que nos planteó el BID para hacer el estudio es enero, tendríamos que alargar un poco los seis meses que están puestos aquí en el encabezado, de manera que queden ocho meses. ¿Les parece? Sí, 8 meses. Entonces, se sometería a votación con esos términos. Si le parece a la comisión, la aprobamos: 8 meses. Se aprueba por unanimidad, colegas. Podría sugerir una redacción, Presidenta. En lugar de “deberá informar”, podría ser “deberá presentar a las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social un análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo”. No hay problema. Si le parece a la comisión, le voy a presentar un análisis. Disculpen. Entonces, asimismo, dentro del plazo de ocho meses contados desde la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá presentar a las comisiones.

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