Senado · Trabajo y Previsión Social

Muy buenos días a todos los presentes, senadoras, senadores, a quienes hoy están de manera presencial y también conectados a la espera de poder participar de la discusión de este proyecto de ley que hemos puesto en tabla a propósito de poder modificar la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflicto de interés y de fomento a la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Ayer avanzamos, escuchamos a varios de los invitados; la verdad es que fue un tremendo aporte para, lógicamente, ya a partir de las próximas sesiones ingresar algunas indicaciones y modificaciones, dada la información que recogimos ayer y luego, obviamente, abocarnos a votar. Así que le doy la palabra al señor secretario para que, de la misma manera que lo hicimos ayer, nos indique en qué orden expondrá cada uno, y me imagino que vamos a dar preferencia a quienes están de manera presencial. Muchas gracias, Presidenta, su señoría. Muy buenos días, invitados. Muy buenos días. Señora Presidenta, tenemos una lista ordenada para la presentación de las personas que hemos invitado el día de hoy. En primer lugar, tenemos, además de manera presencial, al presidente, señor Gamaliel García, del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, y también, por Zoom, al periodista deportivo, señor Jorge Devia; al abogado del Club Deportivo Nuestra Católica, señor Sebastián Coloma; y al representante de la agrupación No Más ANFP. ¿Querría, entonces, señora Presidenta, comenzar con nuestros invitados presenciales? Muchas gracias, señor Presidente. Entonces, al señor secretario le voy a dar la palabra al presidente, señor Gamaliel García, del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, sin perjuicio de que pueda también darle la palabra, si se lo estima, a quienes lo acompañan. Muchas gracias, presidente. Un gusto que tenga usted. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Matías. Muchas gracias por siempre estar atento a las contingencias que tiene nuestro deporte. Estimada Presidenta, a través suyo quiero hacer una presentación a la Comisión de este proyecto de ley que regula el deporte profesional, las organizaciones deportivas profesionales y su régimen jurídico. Hace un par de días se cumplieron ya nueve años desde que ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de autoría del senador Matías Walker, quien hoy se encuentra en esta mesa y respecto al cual conversaremos. Por lo tanto, consideramos que hoy la celeridad es un principio que debe primar para zanjar de la mejor manera posible esta problemática que enfrenta nuestro fútbol. Más aún, considerando que el próximo año hay elecciones de la NFP y muchos clubes están a la venta, lo que resulta lógicamente preocupante con el marco regulatorio que tenemos en la actualidad. Actualmente, estimada Presidenta, le comento que existe una profunda anomalía en lo que respecta a la figura del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile. El presidente de la NFP vela por los intereses de los clubes asociados, especialmente en el Consejo de Presidentes, conformado por 32 clubes que integran la Primera División y la Primera B, quienes lo eligen en su cargo; pero, por otro lado, también es el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, cuyo objetivo es dirigir, fomentar y desarrollar el fútbol en nuestro país. Según muestra la historia, las decisiones del Consejo de Presidentes han sido arbitrarias y contrarias al desarrollo del fútbol nacional. No obstante, el presidente de ambas instituciones es el mismo.

También han vulnerado la normativa laboral y constitucional vigente, como lo vimos a principios de este año cuando bajaron una división de edad que querían poner sub-23, algo que nosotros hicimos público, algo que peleamos a través de la Dirección del Trabajo y, lógicamente, comprobamos que era inconstitucional y totalmente abusivo para los jugadores de esta categoría. Este sindicato es uno de los pocos actores de la actividad que se ha opuesto a estas cuestionables decisiones del Consejo. Es necesario hacer mención de que existen algunos clubes, aunque pocos, que también han manifestado su dignidad con el actuar de sus pares y del directorio de la NFP. Testigos directos de esta situación han sido la Dirección del Trabajo y diversos políticos que hoy se encuentran también en esta mesa o en esta comisión, medios de comunicación, como las personas que estarán presentes hoy día, y la opinión pública en general. Resulta fundamental la separación entre la Federación y la NFP, de modo que esta división tenga como objetivo mejorar el fútbol nacional en todas sus dimensiones, desde sus bases hasta las diversas variantes y modalidades, ya sea fútbol profesional, amateur, masculino o femenino, así como la administración, probidad y transparencia del mismo. Es necesaria una fiscalización rigurosa, que es lo que pedimos y lo que siempre hemos demandado como sindicato, además de sanciones ejemplificadoras ante el incumplimiento de normas y obligaciones legales y frente a aquellas decisiones que contrarían el desarrollo del fútbol nacional. La liga profesional que se propone crear, en tanto entidad superior del fútbol profesional, de acuerdo al artículo 152 bis del Código del Trabajo, debe ser siempre respetuosa de los derechos fundamentales de los jugadores y jugadoras, y de los trabajadores de la actividad, así como garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales. Además, debe procurar una competencia deportiva justa y transparente, lo cual actualmente no se cumple, pese a que ayer el presidente de la NFP, Pablo Milat, aseguró lo contrario en esta mesa, dado que existen diferencias en la cantidad de ascenso y descenso entre las divisiones que participan en nuestro torneo. Tal como se señaló, en esta mesa se actuó asignando roles de “bueno” y “malo”. De igual manera, es fundamental para este sindicato que se adopten medidas legislativas para modificar la Ley 20.178, conocida como Estatuto del Futbolista Nacional, artículo 152 bis a, para extender la duración mínima de los contratos de los y las futbolistas profesionales. Hoy día, el fútbol profesional, en alguna de sus categorías, y lo que está viviendo el fútbol femenino, ha hecho que, estimada presidenta, los futbolistas pasen a ser más que profesionales, convirtiéndose en temporeros de la actividad debido a la corta duración de los contratos en nuestro país. Se solicita extender la duración mínima de dichos contratos en al menos un año, ya que actualmente el mínimo es de una temporada (o lo que reste de esta, si se ha iniciado) con un plazo máximo de cinco años, lo que conlleva a que los contratos tengan una duración de entre seis y nueve meses, dependiendo de la temporada de la división en la que se contraten. Esta es una situación que se viene viviendo desde hace mucho tiempo y, lógicamente, no depende de los futbolistas, sino directamente del Consejo Presidente, lo que hemos considerado abusivo, pues más allá del fomento de la actividad, lo que se busca es que las instituciones deportivas cuenten con recursos económicos frescos al final de cada temporada. Por lo mismo, debe ocurrir que la Federación cuente con una separación efectiva, con un consejo de miembros amplio, que tenga representación directa no solo de los clubes profesionales, sino también de jugadores y jugadoras, árbitros, entrenadores, y representantes del fútbol amateur, formativo, futsal y fútbol playa, como ocurre, por ejemplo, en Uruguay. Es importante salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la ODP, sean estos desafiliados o desciendan deportivamente. Esto lo nombramos, estimada presidenta y senador, porque hemos visto casos que se están dando el día de hoy, por ejemplo, el caso de Fernández Vial, un club que…

Es desafiliado, pero lo que se propone acá es que no haya continuidad legal en quienes toman la institución, por ejemplo en el fútbol amateur. Esto, para nosotros, es una clara señal de que los jugadores de esa institución quedarán desprotegidos en caso de que la Sociedad Anónima Deportiva no haga efectivos los pagos que debe realizar o que estos sean desconocidos, procedentes de la organización que cedió este derecho a la Sociedad Anónima Deportiva (que, en este caso, vendría siendo el club deportivo, es decir, la corporación). Por eso, para nosotros es fundamental que el continuador legal, ya sea en el fútbol profesional o en ANFA (Fútbol Amateur), sea efectivamente la organización que fue la sedente, por ejemplo, la Corporación de Fútbol de Fernández Vial. Ese es uno de los ejemplos que traíamos y que, lógicamente, debe estar dentro de la ley para hacerse cargo de las no remuneraciones, de las remuneraciones no pagadas y, por supuesto, de las previsionales. El proyecto faculta al Instituto Nacional de Deportes (IND) para solicitar a las organizaciones deportivas profesionales la información necesaria para el ejercicio eficaz de sus funciones de fiscalización. Esta disposición es especialmente relevante en el contexto del fútbol profesional chileno, donde la estructura jurídica y financiera de los clubes ha sido objeto de debate público. Además, es jurídicamente necesario que esta facultad de requerir información sea reconocida explícitamente en los organismos competentes, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. La coordinación interinstitucional y el acceso a información relevante son fundamentales para garantizar una fiscalización efectiva, especialmente frente al riesgo de financiamiento irregular y evasión tributaria que puede amenazar la integridad del deporte profesional. Finalmente, Presidenta, estimados diputados y senadores presentes, es importante recordar que la ANFP, a pesar de su naturaleza privada, está sujeta a principios de transparencia y buena administración, conforme a sus estatutos y reglamentos internos, así como a los estándares establecidos por FIFA y Conmebol. Esto refuerza la necesidad de una fiscalización estatal, coordinada y efectiva. Muchas gracias, Presidenta. Esa fue nuestra intervención y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que quieran realizar. Muchas gracias al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile. Le doy la palabra a los senadores. Muchas gracias, Presidenta, y también al presidente del Sindicato de Futbolistas, a Luis Marini y a Fernando Cordero por estar presentes hoy. Yo creo que ha quedado muy claro en la presentación por qué es importante, desde la perspectiva del Sindicato de Futbolistas Profesionales, la separación entre la Federación y la liga local, algo que el propio presidente de la NFP ayer se abrió y, públicamente, quizás por primera vez lo hizo de forma tan explícita. Sin embargo, hay otro aspecto de este proyecto que nos interesa recalcar: poner término a la multipropiedad. Esta realidad, en la que un empresario es dueño, de forma directa o indirecta, de varios clubes o de representantes de jugadores que terminan siendo dueños de clubes, es algo que la propia FIFA ha prohibido, al menos formalmente. Lamentablemente, sabemos que existen distintos vehículos para burlar esta prohibición, lo que termina afectando los derechos del trabajador del fútbol, ya que el representante, que debía velar por los intereses del jugador, termina utilizando el club como puente para, entre comillas, apropiarse de la propiedad del jugador de fútbol profesional. Entonces, no sé si, dado que es importante que todo esto quede registrado en un acta, en la historia de la ley y en el informe que después rendirá la Presidenta de la Comisión a la sala, ustedes pudieran referirse a ese aspecto específico desde la perspectiva del protagonista del espectáculo: el trabajador de fútbol profesional. Y, posteriormente, para que se refiera a las dos preguntas y sus reflexiones, junto con saludar a nuestros invitados y agradecer su presencia, le doy la palabra a quien corresponda.

Presentaciones, pedirles si ojalá pudieran hacer llegar la minuta de lo que han expuesto. Presidenta, yo tengo una duda más general. Tanto nuestros invitados de ayer como todos los de hoy se refieren al fútbol y yo entiendo, ¿no es cierto que es el deporte más complicado o que requiere mayor regulación? Porque es también donde se mueven más recursos. Pero este proyecto de ley afecta a todos los deportes, no solamente al fútbol. Entiendo, entonces, me gustaría escuchar a representantes de otros deportes también. No sé, a la Federación de Tenis Playa, de Básquetbol, de Voleibol, no tengo idea; pero estamos haciendo una regulación que apunte, ¿no es cierto?, a ojalá ordenar el fútbol chileno y, ¿qué pasa con los otros deportes? Le estamos haciendo tanta exigencia al fútbol chileno que, a lo mejor, vamos a matar a los otros deportes con esta exigencia. Entonces, ¿dónde están esas excepciones? No podemos regular o exigir lo mismo para el fútbol chileno profesional, que no sé, para la Federación de Fútbol Playa —que se realiza mucho en mi región— o para el tenis, o para el básquetbol o el voleibol. Entonces, nos vamos a meter en zapatos chinos; tal vez arreglemos el área futbolística y quede pasar con los otros deportes más chiquititos. Vuelvo a decir: a mí me queda clara la presentación. Creo que nuestra labor, el día de mañana, es —y por eso me interesa tener todas las presentaciones, leer y estudiar cada una— que quienes vienen acá finalmente terminen exponiendo su posición desde el lugar que ocupan en la actividad. Y eso me parece correcto, y es lo que uno necesita para formarse su propia opinión. Pero también me gustaría, antes de que empecemos a votar o de que le pidamos al ministro —porque cuando el ministro puso, también, solo se habló del fútbol— saber qué pasa con los otros deportes a la luz de este proyecto: cómo se afectan, cómo no se afectan. Los mismos requisitos que hoy se le están poniendo al fútbol se les van a aplicar a todos los otros deportes. ¿Cómo hacemos la diferenciación para regular y ordenar todo lo expuesto, pero sin que eso signifique que terminemos matando a los otros deportes? Gracias. Gracias, Senadora. Le doy la palabra y, después, al asesor del Ministerio del Deporte que nos acompaña. También voy a hacer una pregunta previamente. Presidenta, a través suyo y, senadora, nosotros como sindicato —y como lo señalé en mi intervención— creemos ser una de las pocas entidades que ha estado constantemente proponiendo y tratando de generar que nuestro deporte, no solamente el fútbol, sea más profesional. Tenemos, por lo menos, en nuestro directorio la convicción de que no solamente el deporte, sino también la cultura y el arte son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra población y para el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, y más importante aún, es tan importante para el desarrollo como para la salud —y para la salud mental, que hoy día está dentro de nuestras prioridades— poder ayudar a quienes desarrollan deporte a tener, no solamente, una salud institucionalizada, sino también una salud que les permita desarrollar una vida mejor, que propicie mejores ciudadanos para nuestra sociedad, más preparados. Y, por supuesto, eso va de la mano con tener reglas claras para todos aquellos que quieran competir a nivel profesional o para quienes deseen desarrollar el deporte a nivel amateur, que es la mayor parte de la población en nuestro país, que dispongan de recintos deportivos de calidad y de la infraestructura adecuada para ello. Eso es lo que, lamentablemente, quizá no logremos zanjar con esta discusión, pero sí tenemos un estatuto del deportista —que, como lo señalamos, hoy se está mal utilizando por muchas instituciones con contratos a medida, que duran poco, mientras las instituciones reciben montos amplios en comparación a lo que se está pagando—. Por lo tanto, creo que no solamente hoy se está planteando un tema a nivel futbolístico.

Sino que también se está planteando a nivel país el desarrollo de nuestra actividad en el deporte en todas las ramas. Creo que todos los deportistas se han visto abandonados en algún momento a causa de la falta de recursos económicos para la competencia, y lógicamente, me encantaría que esta mesa también lo pueda resolver. Sin embargo, es un tema un poco más amplio que se puede abordar de diversas maneras, ya que existen muchos comparativos que servirán para que el deporte se desarrolle a través de colegios, universidades y un montón de instituciones que trabajan para entregar el deporte a los niños de la mejor forma posible a través de profesionales. Además, pienso que debería regirse y normalizarse mediante algún estatuto. Posteriormente, al senador Walker le quiero dar también la respuesta que considero necesaria. La multipropiedad es una dificultad, no solo para los temas laborales del futbolista en este momento, sino que representa, fundamentalmente, un obstáculo para la competencia real que deberían tener las instituciones en el torneo local. ¿Y por qué? Porque, finalmente, como usted bien lo señaló, muchos de los dueños de instituciones hoy son representantes jugadores y, en ocasiones, favorecen a quienes han tenido un rendimiento superlativo o una buena temporada anterior. Van a querer promocionar a jugadores de su cantera, que muchas veces ni siquiera han sido formados propiamente en las instituciones y que no son activos de los clubes, convirtiéndolos en negocios para el representante y situándolos por encima de quienes se están preparando para alcanzar un nivel de futbolista profesional. Por lo tanto, si bien es un tema muy complejo de regular, pues, como usted también indicó, estimado Matías, ¿cómo evitamos, por ejemplo, que se designe a un “palo blanco”, es decir, a alguien que no tenga línea sanguínea ni relación con la familia y que, finalmente, termine siendo el administrador de la institución, sabiendo que los verdaderos dueños son otros? En ese sentido, ahí es donde intervienen la CMF, el Servicio de Impuestos Internos y los cruces de información respecto a quiénes están invirtiendo, lo cual es fundamental en un contexto de lavado de activos en muchas actividades. Es muy importante saber de dónde provienen los recursos, algo que hoy está cuestionado, por ejemplo, en uno de los clubes más grandes de nuestro país, la Universidad de Chile. Por ello, creo que, con una fiscalización adecuada a través de entidades que efectivamente no dependan de esta administración (como la NFP, por ejemplo), se podría tomar una muy buena medida para conocer el origen de los recursos, identificar a los verdaderos dueños y lograr un fútbol competitivo con reinversión de recursos en cadetes. Muchísimas gracias. Estamos en la misma sintonía que ayer. Antes de ceder la palabra al asesor legislativo, quisiera añadir, en relación a lo que expresaba la senadora Ensberger, que existe una indicación del Ejecutivo para redefinir o complementar la definición, contenida en la ley, de lo que es el deporte profesional, estableciendo, por ejemplo, qué se entenderá por espectáculos deportivos profesionales o qué son las organizaciones deportivas profesionales. En efecto, esto va más allá. Tanto ayer como hoy, lo primero que hicimos fue recibir a quienes nos habían pedido ser escuchados, tanto directamente los senadores como la misma secretaría, cuando se supo que el proyecto estaba en tal estado y que volvería a discutirse. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente y me dirijo, sobre todo, al autor del proyecto, quien ha esperado este tiempo y ha mostrado claramente nuestro interés en que no se siga demorando, es decir, que sea elegible y que podamos mejorar esta norma. Es fundamental poder recibir, aún sin haberlo solicitado, y ponernos de acuerdo con algunas asociaciones, representaciones, federaciones, etc., o incluso con otras disciplinas en las que el Ejecutivo nos pueda ayudar, para considerar todas las opiniones y, luego, continuar cada uno desde su rol y con lo que le interesa que se refleje en el proyecto, en función de lo que afecta esta legislación tan añeja que tenemos.

Hay problemas y consecuencias, pero si vamos a abarcar todo el resto, claro, sería muy prudente que pudiéramos recibir, y como dice el senador Walker, a lo mejor continuar con el básquetbol, ya que está más organizado, al parecer, y podría entregar una opinión que nos pueda ser útil. Pero, sin perjuicio de eso, le voy a dar la palabra al asesor legislativo del Ministerio del Deporte, al señor Hugo Castellín. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora senadora Benzperger, señor Walker. Para atender y despejar de inmediato una duda expresada por la senadora Benzperger, por su intermedio, señora presidenta: durante la etapa prelegislativa en la que trabajamos respecto de estas indicaciones, a partir del 22 y hasta el 2023, en la que se aclaró ayer, participó la CMF. Nosotros tuvimos contacto con distintas federaciones con el objeto de hacernos cargo de esa otra omisión que tuvo la ley del 2005. La ley del 2005 no solo omitió referirse a cómo afectaba la profesionalización a las entidades superiores, sino que reguló únicamente a las de base, a los clubes. No se refirió a la liga, no la reguló, ni señaló qué debía hacer la federación respectiva para administrar una liga deportiva profesional. ¿Qué es lo que estamos intentando subsanar ahora? Regular la liga deportiva profesional. Liga es el nombre que se le da en el mundo entero a las competencias entre clubes. Lo estamos innovando. Respecto de la distinción para el fomento de la profesionalización en otras modalidades deportivas, existen tres aspectos en las indicaciones que presentamos y que apuntan a aquel propósito. En el tercer, letra D, se hace una distinción respecto del capital mínimo propuesto para una liga deportiva en modalidad fútbol y las otras modalidades, siendo de 10.000 UF para fútbol y de 300 UF (o, en algunos casos, de 1.000 o 500 UF) para las demás. Luego, en cuanto al capital mínimo para el funcionamiento de las organizaciones deportivas profesionales de base, la ley del 2005, pensando en el fútbol pero declarándose aplicable a todas las entidades, estabilizó un capital mínimo en el artículo 15 de 1.000 UF. En ese tiempo se intentó que la DIMAYOR asumiera la profesionalización, e incluso varios clubes realizaron el trámite de inscripción en el registro del INE, pero no funcionó porque no contaban con la capacidad de trabajar con ese capital mínimo. En la propuesta actual, y luego de estas reuniones, estamos haciendo la distinción: 1.000 UF de capital mínimo para organizaciones deportivas profesionales en modalidad fútbol y 300 UF para el resto. Estas conversaciones las mantuvimos con gente relacionada al rugby, que está desarrollando una liga; con el equipo Selkamp, que compite actualmente; con el voleibol, que tiene una liga competitiva a nivel nacional por año; con el básquetbol —ligas LISNORTE, LISUB y LISCENTRO—; y con el handball o balonmano, que también ha tenido un desarrollo muy creciente en términos de ligas competitivas entre clubes. Por lo tanto, existe esa diferenciación. Finalmente, estamos proponiendo que este propósito legislativo se convierta en ley, promoviendo una ayuda pública para la instalación de las ligas. Se permitiría que, por única vez, las ligas en constitución o en conformación puedan optar a beneficios públicos de ayudas a través del Fondo Deporte o de acceder a proyectos con la franquicia tributaria del Deporte. Por única vez se permitió, de acuerdo con la discusión y la conclusión a la que llegamos, que esto se refleje en un artículo transitorio de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Esto, señora presidenta, para este tema en particular. Muchísimas gracias y por esa claridad. A propósito, se han escuchado y recogido las opiniones de las federaciones para las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, pero, sin perjuicio de ello, también recordaremos la posibilidad de recibir, por ejemplo, a la Federación de Básquetbol. No sé si hay alguna pregunta más para nuestros invitados que están presentes. Muchas gracias por haber asistido. Además, no tenemos ningún problema en que permanezcan hasta el final de la comisión, o al menos hasta este tema, que se extenderá hasta la once, ya que daremos paso a quienes están por suma. ¿Sí, señor secretario? Sí, por supuesto, pueden dejar la minuta. Si la desean complementar, ningún problema, pero al menos se incluirá lo que se expuso. Gracias, señora presidenta. Corresponderá ahora escuchar al periodista deportivo, señor Jorge Evia, que se encuentra por Zoom.

No se escucha, Jorge. Ahí sí, perfecto. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a la Comisión. No hay ningún inconveniente, por eso se está realizando de esta manera, de forma que quienes no puedan asistir lo hagan por Zoom. Sabemos que ayer también estuvieron conectados, tanto usted como los que vienen, pero vieron que fue imposible hacerlo en menos tiempo. Muchas gracias nuevamente por estar disponible para hoy. Vamos a dar la palabra para que pueda entregarnos su opinión. Con Sergio Cáveres, y ahí se perdieron; nadie sabe qué pasó con los 11.000 millones de pesos. Se revisaron esas cuentas en un principio por los mismos dirigentes, y después ellos mismos dijeron que las cuentas estaban claras; sin embargo, faltaban 11.000 millones una vez que ingresaron entes a fiscalizar esto. Después de todo esto, y considerando que ayer escuchamos al presidente de la NFP dando prácticamente las soluciones a esto, en los seis años de gobierno del señor Pablo Milán ha sucedido lo siguiente en cuanto a delitos o potenciales delitos: pagos en negro; hace poquito hubo una denuncia del propio Sifu; causa de arreglo de partidos, la cual no hizo caso la NFP y, una vez que se denunció por parte de la prensa, tuvieron que actuar; complot contra el jefe de los árbitros por parte de los propios árbitros, quienes lo sacaron, y después demandó a la NFP por muchísimo dinero, terminando ganando, ya que la justicia le dio la razón. Además, se registró un caso de suplantación de identidad, sobre el que la NFP no hizo absolutamente nada; dicha suplantación ocurrió en plena pandemia. También se presentó el tema de la violación en masa en Cobreloa, donde la NFP tampoco aplicó los protocolos correspondientes y, posteriormente, por la insistencia de la legisladora Santibáñez, el asunto salió a la luz. Tuvimos incluso una reunión con el ministro Cordero para comentar lo que iba a hacer el Ministerio de la Seguridad. Señor, ¿me escucha? Porque se está acoplando ahí. Quiero pedirle lo siguiente: el objetivo de esta sesión, esta invitación para que puedan ser escuchadas distintas personas y organismos, es referirse al proyecto de ley. No sé si me explica: ¿qué podría, desde la visión y la experiencia de cada uno, mejorarse? O, a lo mejor, dado que ya estamos en una votación en particular, ¿qué cuestiones no ayudarían a reforzar la labor en esta ley, en la que participa cada uno de los organismos? El resto de los antecedentes, y por lo delicado que usted está mencionando, me sugiero que se ponga a disposición de la justicia. Me imagino que, respecto a lo que mencionó, ya lo han hecho incluso, al parecer, quienes están aquí presentes. Pero lo que sí me gustaría pedirle es que nos entregue su opinión o, insisto, la experiencia que tiene respecto del proyecto. Si va en la línea correcta, si a lo mejor hay indicaciones o puntos que nosotros hemos observado y que podrían incorporarse, le agradecería. Senadora, lo que yo estaba comentando tiene que ver con algo que defendieron ayer muchos de los que planteaban lo relacionado con la personalidad jurídica. Ellos decían que, dado que terminan siendo privados, tal vez debieran estar muy partícipes de lo que implica esta separación. Esa personalidad jurídica también se puede retirar, por ejemplo. Ayer se habló acerca de la Unidad de Análisis Financiero, la cual tiene 10 causas relacionadas con potenciales lavados de activos en la actividad. Entonces, a lo que voy es que, cuando uno escucha las diferentes opiniones de ayer, me gustaría que se tuviera en consideración lo siguiente: por ejemplo, el proyecto está perfecto para llevarse a cabo, pero no puede ser que una federación esté absorbida por la liga profesional. La inquietud que tenía la senadora Wensperger respecto de las otras federaciones tiene mucha razón, y yo también la planteo. Las demás federaciones, ya sea por el IND, el Ministerio del Deporte o incluso el Comité Olímpico, son fiscalizadas; la de fútbol, en cambio, no. De hecho, la de fútbol no entrega balance alguno.

Más de tres años, pero prefiere pagar la multa. Esta separación no tiene ningún problema, y esto soy enfático en decírselos, ningún problema a nivel FIFA. Ayer escuché al abogado constitucionalista Fernando A., quien también presentó, y eso no es real. Están ahí la gente del SIFUP y se los puede garantizar. Separaron e intervinieron la Federación de Brasil y la Argentina, que son bastante más importantes que la de nosotros, y no pasó nada. Es solamente limpiar la actividad. Yo, para cerrar –porque no quisiera ser redundante con lo que dice ni el SIFU, ni lo que va a decir la... lo de no más a NFP–, solo les quisiera decir, en lo que tiene que ver aquí, algo que le preocupa mucho al senador Walker: la multipropiedad y los conflictos de interés. Tengo aquí en mi mano la tabla de posiciones de este momento del fútbol chileno. Audax: sus dueños son representantes y es parte de la multipropiedad. Palestino: no tengo nada que decir. Coquimbo: tiene vínculo con representantes. Cobresal: nada que decir. La Católica: no tiene nada con eso, pero hace dos semanas se estaban apuñalando en el estadio. El ente regulador, la NFP, que quiere liderar esta separación, no ha hecho nada. Guachipato, multipropiedad absoluta, junto con la U, junto con Newblense, hablando de Pablo Blanco, que es el presidente del SIFU, señor Gamayel García. Unión La Calera: multipropiedad; O’Higgins: a puertas de la multipropiedad; Newblense, ya lo mencioné, con lo cual ha sido tema, ustedes lo saben mejor que yo. La Serena, representante de Limache y Unión Española: no tengo nada que decir. Everton es parte de un grupo extranjero que ocupa el club para ir valorizando jugadores y sacándolos de nuestro país, y yendo a México, que es donde está su central; e Iquique, que en este momento es el último de la tabla y que está a la venta. Hago solo esto para no alargarme, porque el panorama en la Primera B, Segunda Profesional, Tercera A y Tercera B es peor y más desolador, sobre todo con lo que decía el ministro de Cordero, justo con la información de inteligencia de los posibles lavados de activos, narco barras y narco clubes. Creo que el proyecto debe realizarse sí o sí, pero también creo que debe haber una intervención del Estado muy importante, porque quienes quieren participar en este caso –que es la NFP– no han sido capaces de legislar ni de fiscalizar en ninguna de las facetas que les corresponde. Y ahora querer estar a cargo es, a mí me parece, algo que no corresponde; no han hecho mérito. Eso, presidenta, esos senadores, y gracias por dar el testimonio. No, muchísimas gracias a usted, Jorge Villa, por haber estado interesado en exponer acá. Sabemos también que, desde los medios de comunicación de manera transversal –más allá de la opinión específica del proyecto–, también han hecho eco de que se pueda legislar; y lógicamente, luego ya, las votaciones que haremos en esta comisión y, posteriormente, en la sala, van a depender de la convicción que cada uno se fuere formando, y por eso es tan importante que vayamos escuchándolos a todos. Así que, muchísimas gracias por su tiempo. Señor Secretario, a continuación vendría... Gracias, Presidenta. Sí, señora Presidenta. Ahora corresponde escuchar al representante del Club Deportivo Universidad Católica, al abogado señor Sebastián Coloma, que también está por Zoom. En medio, señora Presidenta, antes que todo, muchas gracias por la invitación, así como agradecerle a los senadores Sperger y Walker. Yendo al fondo del asunto, para no tomarles demasiado tiempo, a mí, como abogado de Cruzado de S.A.P., me parece que el proyecto se encuentra bien orientado y va en la línea correcta. Simplemente, voy a referirme a tres puntos que nos parecen críticos y que creemos podrían mejorarse. El primer punto que no puedo dejar pasar es la integración de un hincha del Club de Fútbol dentro del directorio. Esto porque se trata de revisar el proyecto, tanto el texto aprobado por la Cámara de Diputados como las indicaciones del Ejecutivo. Como ustedes bien saben, existiría una obligación importante para integrar el directorio de la compañía con un hincha del equipo. Tenemos, por un lado, el proyecto despachado de la Cámara de Diputados, en que este nuevo director sería elegido por los miembros de los órganos representativos de la comunidad deportiva, mientras que, en las indicaciones del Ejecutivo, este nuevo director sería elegido dentro de la organización más representativa del equipo, sin especificar qué es esa organización más representativa, pero, sin embargo, haciendo que deba estar constituida una corporación o fundación, de acuerdo al título 33º del Libro Primero del Código Civil. Lo voy a interrumpir, Sebastián, porque yo estoy haciendo el esfuerzo, pero la verdad es que se escucha muy bajito. Entonces, no sé si es posible que usted, desde allá, pueda subir un poco el volumen o acercarse, porque acá...

No podemos hacerlo, está... No solo tenemos al marido. ¿Se oye mejor ahí? Gracias. ¿Se oye mejor, señora presidenta? Sí, ahí se oye un poco mejor. Si no, hay que hablar más fuerte, 10 minutos. Gracias. Estamos más fuertes, bien. Bueno, sobre esta propuesta, espero que se haya oído la introducción. Estimamos que en primer término no se advierte ningún argumento robusto para entregar facultades y poder decisorio a un hincha para que integre el directorio de un club. Aquí la pregunta, estimado: ¿por qué para los clubes de fútbol se hace esta exigencia y no para otra organización? La verdad es que, al menos, no conozco ninguna otra industria privada en la que la ley exija la incorporación de un hincha; eso me llama bastante la atención. En segundo lugar, creemos que se alteran ciertas estructuras del gobierno corporativo de esta sociedad anónima de deportes profesionales. Además, estimamos que esto solo generará en el futuro mayor empoderamiento de las barras, las cuales, al final del día, se trenzarán en luchas para que su organización específica sea la que tenga a uno de sus miembros representado en el directorio de la sociedad, ya que, la verdad, pareciera ser un premio bastante grande poder integrar con un miembro el directorio de la compañía. En tercer lugar, sobre este punto específico, creemos que no hay ningún beneficio para los clubes, para el deporte ni para la sociedad al otorgar más poder a los hinchas en un contexto en el que el fútbol, que creo que ya es ultra conocido por todos nosotros, atraviesa una crisis de seguridad importante, sin precedentes, diría yo. En este mismo sentido, pongo de ejemplo al club al cual represento. Cruzados SDP ha iniciado reuniones con el Ministerio Público con el único objetivo de poder prevenir la violencia en los estadios. Por esto, creemos que esta norma avanza precisamente en la dirección opuesta al propiciar y entregarle más poder a los hinchas y generar ciertas riñas internas entre las diversas organizaciones que se pueden generar. Relacionado también con la incorporación de los hinchas, hay un tema con su integración en el directorio que guarda relación con el derecho de propiedad de los accionistas. Desde este punto de vista, esta medida constituye una clara vulneración de dichos derechos, ya que, por la inclusión de este nuevo director, ajeno a la estructura accional del club impuesta por la ley, se vería reducido el poder decisorio y la capacidad de gestión de los accionistas en el club. En otras palabras, según lo establecido en la ley 18.046 sobre la sociedad anónima de deportes profesionales, la elección de los directores es un derecho exclusivo e inherente a los accionistas. Cada acción equivale a un voto, y son los accionistas quienes tienen derecho a elegir a los directores, quienes conforman el órgano administrativo de la sociedad. La imposición de un director externo, que ni siquiera es elegido por la Junta de Accionistas, contraviene el derecho de propiedad, lo que puede llevar a una disminución en el valor de sus acciones, al vulnerarse tanto los derechos económicos como los políticos. En tercer lugar, debo referirme al deber de reserva de los directores, consagrado en el artículo 43 de la ley 18.046. Como bien señaló ayer la senadora Ernst Berger, a los hinchas los rige, sobre todo, la pasión por el equipo, por el fútbol y por ser campeones. Es bastante probable que los hinchas, quienes son miembros de una organización pero que no son directores, exijan al hincha que termine siendo director información sobre las decisiones que se toman: sobre los jugadores que se pretenden contratar, sobre el entrenador o sobre el estado en que se ha jugado. Advierto que, hoy en día, ser accionista de una sociedad como Cruzados SDP cuesta solamente 90 pesos, y eso se puede verificar a través de la página web de la Bolsa de Santiago. Por ejemplo, de Azul a Azul creo que cuesta hoy 550 pesos, y de Colo-Colo (de blanco y negro) 123 pesos, si mal no recuerdo. Esa sola inversión otorga el derecho a participar en la Junta de Accionistas con voz y voto, a proponer ideas y a rechazar aquellas que no les parezcan adecuadas, lo que permite que sean oídos en proporción a su inversión. Finalmente, es importante tener claro, y como lo señaló ayer el senador Bota, que existen normas que ya resguardan la representación de los hinchas, establecidas en la ley de 2019.

Actualmente vigente y que permite a las organizaciones deportivas profesionales reconocer estatutariamente el órgano representativo de la comunidad deportiva, las cuales pueden actuar con instancias que propicien el desarrollo deportivo del club. Por ejemplo, pongo como ejemplo al senador ADP, que como bien comentó ayer el senador Walker: tiene una comisión de hinchas participativas, se reúne periódicamente, se le da información específica de lo que está sucediendo en el club y ellos proponen ideas; ha funcionado perfectamente bien desde hace varios años. Si bien esto es facultativo para los clubes hoy día, me parecería una buena idea que fuera obligatorio, pues es por ahí por donde se debe fomentar la inclusión de los hinchas en los clubes, especialmente en lo que concierne a su participación en el directorio. En cuanto a otros aspectos, permítame, señora presidenta, referirme a dos puntos adicionales. Uno es que el proyecto despachado por la Cámara de Diputados limita los contratos de concesión de lujo y goce de todos los bienes de una organización deportiva profesional a un plazo máximo de 12 años, renovables por periodos iguales. En primer lugar, considero que no se justifica la necesidad de regular por la vía legal una cuestión que puede abordarse perfectamente mediante un acuerdo puramente contractual entre las partes y a través de la autorregulación. A mí, al menos, me parece que el plazo de una concesión, acordado entre las partes, no constituye una materia de orden público que requiera ser normada por la legislación. En segundo lugar, y lo que me parece un tema muy sensible, es que este plazo de 12 años inevitablemente limita el desarrollo de proyectos importantes de inversión. Difícilmente una sociedad anónima de propiedad profesional se embarcará en proyectos de mejora de infraestructura —como la construcción de un estadio, un buen gimnasio u otra edificación relevante— si el plazo máximo para el retorno de la inversión es de tan sólo doce años. Son sociedades anónimas que buscan, efectivamente, utilidades, y con 12 años se limita excesivamente la posibilidad de emprender inversiones relevantes. Al final del día, todas estas mejoras inciden directamente en el desarrollo deportivo, lo cual beneficia a la sociedad. Además, la norma que establece que el plazo sea prorrogable por otros 12 años me parece tremendamente vulnerable, ya que, de todas formas, exige el consentimiento de la otra parte. Permítame poner un ejemplo concreto: en el caso del cruzado de SADP, que como saben ya está inmerso en un proyecto de modernización del Estado de San Carlos de Apoquindo, se exigió —como requisito previo en el año 2020 o 2021, no recuerdo con exactitud— que se reuniera con la Fundación Club de Ortiz Universidad Católica para ampliar el plazo de la concesión hasta el año 2069, es decir, casi 50 años desde el inicio del proyecto; de no haberse ampliado, los números no habrían sido viables. Fue un requisito sin igual, esencial para comenzar con el proyecto de estadio. Sin esa extensión del plazo, hubiera sido totalmente imposible la remodelación del actual estadio Clavel Arena, próxima a inaugurarse. Como ustedes entenderán, no deberían existir inversionistas o asistentes interesados en suscribir aumentos de capital, etcétera. Finalmente, y como bien se refirió ayer Arturo Fernando A., en caso de que esta norma permanezca, estimamos totalmente necesario especificar que los contratos de concesión ya suscritos mantendrán la fecha de vigencia fijada contractualmente entre las partes; de lo contrario, se alterarían derechos adquiridos, afectando inversiones ya efectuadas. Repito el mismo ejemplo del estadio Santa Laura de Aboguindo en Claro Arena: si se estableciera que el plazo de concesión ahora es de 12 años, sería catastrófico para nuestro club, así como para muchos otros. Para concluir, expongo brevemente el último punto: las indicaciones del Ejecutivo en ciertos apartados hacen énfasis en la transparencia y en la propiedad de las organizaciones deportivas, así como en la multipropiedad —un tema ultra discutido— y en la participación de los agentes deportivos en la propiedad, cargos directivos o gerenciales de los clubes. Estimamos que la orientación es correcta y no tenemos mayores comentarios al respecto; sin embargo, permítanme señalar que traspasar la obligación de desentrañar o intentar descubrir quiénes son los beneficiarios finales del club, y exigir a los clubes de fútbol que realicen tal tarea, no se ajusta a la línea correcta, ya que excede notablemente el objeto y los recursos de los clubes, y no vemos razón para que entidades privadas deban asumir roles que no les corresponden.

Como digo, el poder sacar a los clubes implicaría para todos ellos tener grandes recursos en un tema que no es competencia de los clubes. Señor presidente, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias también al abogado Sebastián Coloma, que viene en representación del Club Deportivo Universidad Católica para hacerle algunas consultas. La palabra del senador Matías Walker. Les recuerdo que ya son las 11; nosotros en la Comisión tenemos otro proyecto y nos queda un invitado. Gracias, Presidenta. Le prometo que voy a ser muy breve y muy específico. Primero, agradezco al colega Sebastián Coloma por su exposición. La senadora Luz Svensperger pidió invitar a Cruzados a exponer como ejemplo de buena administración, de un club que hace bien las cosas, y me parece muy pertinente. Todos saben que yo soy hincha de la Universidad Católica, por lo que me dio rubor proponerlo, además de encontrarnos en presencia de un tetracampeón como Fernando Cordero. El comentario que iba a hacer —y por ello había pedido la palabra, agradezco que Sebastián lo haya precisado— es que, si hay un club que tiene una comisión de hinchas y que funciona bien, es Universidad Católica, que cuenta con una comisión de hinchas desde hace mucho tiempo sin que lo exija la ley estructurada donde participan los hinchas. Y, entendiendo por lo expresado por Sebastián Coloma, se valora que nuestro proyecto proponga que estas comisiones tengan carácter obligatorio. Ojo, estamos hablando de hinchas y no de barristas. Quiero hacer esa precisión, ya que en algún momento Sebastián habló de barristas, y nosotros siempre hemos pensado en el socio que paga sus cuotas, en el abonado, que es quien sostiene hoy en día a los clubes. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Yo di el ejemplo de Coquimbo Unido, donde la propiedad —como sabe Camariel García, quien fue jugador de Coquimbo Unido y es de los socios de la corporación— evidencia ese compromiso. Efectivamente, tenemos la ambición —hablo por quienes suscribimos originalmente este proyecto hace nueve años en la Cámara de Diputados— de que los socios puedan tener un representante en el directorio. Es una aspiración que ya tienen Blanco y Negro y Colo Colo. Hoy en día, el Club Social y Deportivo Colo Colo participa en la administración de Blanco y Negro, que es la concesionaria, y eso ha funcionado bien. Desde el punto de vista organizativo, hoy Pedro Ruminot es parte del directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo, y Edmundo Vallares fue elegido en una buena votación con gran participación de socios. A eso nos referimos; no estamos hablando de barristas. Yo soy partidario de no reconocer la categoría de barrista en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, ya que creo que genera un estatus privilegiado que no tiene sentido; todos los socios son iguales. Incluso le comenté al ministro Cordero, Presidenta, que deberíamos hablar, no de registro de hinchas, sino del registro de personas habilitadas para asistir a un espectáculo de fútbol profesional, pues puedo querer ir a ver un partido de La Serena y Coquimbo sin necesariamente ser hincha de ambos equipos o de cualquiera de ellos. Sé que es un tema complejo, como lo planteó la senadora Evans Berger, y que puede colisionar con el derecho de propiedad y algunos de los atributos del dominio; lo discutiremos en su momento, pero por lo menos las comisiones de hinchas deberán quedar con carácter obligatorio. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Llegó hace ya un rato; no le había dado la bienvenida a la senadora Pascual, quien me pide la palabra. Muy breve, Presidenta: agradezco poder estar en esta Comisión viendo este tema. Lamentablemente, el día de ayer no pude participar por tope de horario con otra comisión. Solo quiero dejar consignado, para la historia de la ley y el inicio de esta tramitación, que el objetivo de este proyecto de ley —independientemente de lo que opinen los senadores y senadoras a la hora de la votación— es restituir el debate para generar nuevamente lo que en nuestro país teníamos: los clubes deportivos.

en relación a la diferenciación con lo que aquí se ha hablado tan abiertamente de la industria, de la industria del fútbol que está detrás de cada uno de los clubes. Lo quiero decir con harta franqueza porque siento que efectivamente acá se ha puesto un ejemplo de cómo funciona en la Universidad Católica con la Comisión de Hinchas, se puso el otro ejemplo de Colo Colo con el Club Social y Deportivo, pero, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que es mi equipo —tengo que hablar también por mi equipo—, perdió Corfuch y se queda sin la posibilidad de que sus socios tengan la posibilidad también de estar en el devenir de sus equipos. Entonces, lo que antiguamente era la pasión de multitudes en materia de que se iban los estadios en familia —o sea, yo no quiero ni recordar cómo uno entraba al estadio; hoy día no podría—, ibas con canasto, ibas con el cocaví, ibas con una cantidad de cuestiones que hoy día no te dejaría entrar nadie, porque era algo efectivamente que se permitía. Entonces, insisto, más allá de técnicamente cuánto se pueda o cuánto no se pueda, al menos que podamos restituir en parte ese debate que nos permite ir mejorando nuestra legislación. Y lo segundo que yo quiero expresar, y que me parece muy relevante, es que lo que no se puede permitir es que, incluso existiendo sociedades anónimas —donde aquí hay varias indicaciones que estamos pidiendo, como que haya mayor participación y también limitación a la cantidad de acciones—, yo sé que algunos las van a defender muchísimo, pero lo que no puede ser es que acá tengamos decisiones como lo que está ocurriendo con Clark en Azul Azul, que la propia Comisión del Mercado Financiero le está pidiendo explicaciones de por qué hace todos los trasvasajes de plata sin consulta de sus directores. Entonces, ese es un tema en el que tenemos que adentrarnos profundamente. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, senadora, por poder entregar la visión. Creo que, insisto, es relevante aprovechar la instancia porque, además, a mí me pasa que, después de que ha pasado tanto tiempo, si no vemos hoy día —voy a decirlo de esta manera—, todos los temas, o lo que más se pueda, cuántos años más van a pasar para poder tener otro proyecto de ley que nos permita discutir aquello. Así que, muchísimas gracias. Y le vamos a dar entonces la palabra a nuestro, por hoy día, nuestro último invitado: Reymundo Lira, de la agrupación No Más ANFP. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a los senadores miembros de la comisión, así como a los asesores legislativos y a la Secretaría de la Comisión por tener la posibilidad de participar en esta discusión. Vamos a tratar de hacerlo de manera bastante ejecutiva, entendiendo que tenemos restricciones de tiempo, pero sí quería partir marcando que, quizá esta discusión, tal como usted dijo antes, quizá dentro de los temas país puede parecer secundaria, pero el fútbol y el deporte es una actividad que trasciende divisiones sociales y políticas, y tiene el potencial de unir a Chile entero cada vez que la Roja salta a la cancha. Hoy tenemos una responsabilidad histórica de proteger ese patrimonio con una reforma sustantiva a la gobernanza del fútbol y también del deporte chileno. Importante entender también que este proyecto de ley no solo afecta al fútbol, como se comentó, sino que también permite potenciar todo deporte que aspira a ser profesional. Hoy por hoy se pasa solo por el fútbol y el básquetbol, pero este proyecto va a evitar que lo que pasa en el fútbol ahora se dé en los otros deportes cuando eventualmente puedan avanzar al profesionalismo; estamos, como dije, ante una oportunidad única de sentar las bases de un marco regulatorio moderno que permita el desarrollo saludable de todas nuestras disciplinas a futuro. Queríamos partir, muy brevemente, explicando quiénes somos. NFP es un movimiento de hinchas de a pie, no afiliados con ninguna barra, con ningún club, que buscamos una separación efectiva entre la Federación de Fútbol de Chile y la NFP, siguiendo estándares internacionales que han demostrado ser exitosos en las principales potencias futbolísticas del mundo. Creemos que una federación independiente es esencial para proteger el patrimonio deportivo nacional a través de las selecciones nacionales y asegurar el buen funcionamiento del fútbol en su globalidad —no solo el profesional, sino también el amateur, el juvenil, el futsal y el fútbol playa a largo plazo. Quiero remarcar también que no estamos en contra del modelo de sociedades anónimas, ni buscamos eliminar la NFP, sino establecer límites claros que beneficien a todos los actores del ecosistema para prevenir conflictos de interés y separar funciones. Sigo con mi segunda y tercera diapositiva. Algo que queríamos remarcar, y traemos a modo de ejemplo, es cómo funcionan las estructuras del fútbol en su totalidad en otros países. Tomamos, por ejemplo, el caso de España. Si observamos la estructura actual del fútbol chileno comparada con los modelos —como el español, que reformaron su estructura corporativa para adecuarse a estándares internacionales, y lo exponemos acá como ejemplo—, vemos muchas diferencias fundamentales. Al lado izquierdo de la pantalla...

Tienen, y yo también compartí previamente con la Secretaría estas diapositivas que están a su disposición. Como verán, en el lado izquierdo, el presidente de la NFP es electo únicamente por las 32 sociedades anónimas deportivas, y ello genera una duplicidad de rol con misiones y orientaciones distintas. Es el presidente de una organización gremial con un fin legítimo, comercial, que debe velar por el buen funcionamiento del fútbol como negocio espectáculo, pero a su vez esta misma persona debe abordar temas propios del desarrollo del fútbol a largo plazo que no tienen un fin de lucro. A la derecha vemos el ejemplo español, en el que la Federación tiene una asamblea en la que participan todos los actores del fútbol, y donde lo más importante, es decir, las entidades con fines comerciales (marcadas en rojo), están totalmente separadas de aquellas que tienen un fin de desarrollo sin lucro y de largo plazo de la actividad. Creo que es importante remarcar que el mejor ejemplo de esta duplicidad de rol se evidenció en la presentación de ayer de Pablo Mirat, quien hablaba de asociación, refiriéndose indistintamente a la asociación gremial y a la Federación. También cabe preguntarse —y algo que nos cuestionamos desde Noma de NFP— si el abogado Fernando A. fue contratado y, al hablar, representa a la asociación gremial, a los clubes y a la sociedad anónima, o si lo hace en nombre de la Federación de Fútbol; es decir, si fue contratado por la Federación o por la asociación. La verdad es que no lo sabemos, ya que efectivamente no hay transparencia en cuanto a los recursos e ingresos compartidos entre la Federación y la asociación. Esta confusión conceptual refleja el problema de gobernanza que estamos señalando, como se evidenció nuevamente en la misma presentación de ayer, donde Pablo Mirat hablaba, en ocasiones, de la Federación y en otras de la asociación, dando a entender que ambos términos son sinónimos, lo cual en la práctica no es así. Acá también tenemos una tabla comparativa. No voy a extenderme en ello, pues ya se ha conversado bastante tanto ayer como hoy, pero claramente los modelos de gobernanza en las federaciones—tanto en Europa como en Latinoamérica—son mucho más inclusivos, con una diversidad en la toma de decisiones que contrasta fuertemente con nuestro modelo actual chileno. Acá, de nuevo, 32 clubes profesionales deciden absolutamente todo lo que acontece en el fútbol chileno, incluyendo la selección nacional, que, si bien no es estatal, es patrimonio de todos los chilenos, parte de la imagen país y portadora de los emblemas patrios. Hoy por hoy, todo lo que sucede con la selección nacional, “la Roja de todos”, es decidido exclusivamente por 32 sociedades anónimas deportivas que, en un ambiente cerrado, determinan el destino del fútbol nacional. Y hablemos de conflictos de interés concretos y reales que afectan el fútbol chileno. No son abstractos ni teóricos, sino problemas palpables en el día a día. Por ejemplo, como lo mencionó también Jorge Evia, la falta de transparencia financiera es alarmante: la NFP no publica los estados financieros de la Federación desde el año 2021, lo que nos impide saber cómo se manejan los recursos destinados a la selección de todos los chilenos. Otro problema grave es la influencia de representantes de jugadores. En el modelo actual, quienes deciden las convocatorias a la selección nacional podrían tener, eventualmente, intereses comerciales directos en el aumento del valor de mercado de ciertos jugadores. Esto puede generar presiones indebidas para que se convoque a deportistas a la selección, no por méritos técnicos, sino por posibilidades de transferencia y ganancia a corto plazo, lo que desvirtuaría la función esencial de la selección nacional. También es importante hablar del fútbol joven. El reciente intento de recorte presupuestario en este ámbito es emblemático: quienes buscan maximizar ganancias hoy deciden sobre la formación de jugadores a largo plazo, sacrificando evidentemente el desarrollo integral. No se trata de una crítica personal, sino del reconocimiento de que la estructura actual genera incentivos perversos que van en contra del interés deportivo nacional, y que, en el caso del fútbol joven —sobre todo en el infantil— se sacrifica el desarrollo integral de los niños. Aunque existe la posibilidad de que algunos potenciales niños futbolistas se conviertan en activos comerciales, no todos los niños que participan en el sistema de fútbol joven llegarán a ser profesionales; muchos lo hacen en búsqueda de un desarrollo integral, del cual sus habilidades deportivas les servirán para la vida. Sin embargo, en el modelo actual, primordialmente persigue un fin comercial, sin que exista ningún ente que salvaguarde el buen funcionamiento del fútbol joven en su función integral. Por último, hablemos de los aspectos positivos del proyecto. Nos enfocamos en dos, y en tres indicaciones que se muestran en pantalla, ya que creemos que el proyecto aborda dos problemas fundamentales. Primero, establece que la responsabilidad de las elecciones nacionales corresponde exclusivamente a las federaciones, no solo la de fútbol, sino a todas las federaciones deportivas—una atribución que se declara explícitamente como indelegable y que, además, establece incompatibilidades claras entre cada uno de los partidos.

Los directivos de federaciones y ligas deben evitar la concentración de poder que actualmente afecta al fútbol chileno y que, eventualmente, podría suceder en otros deportes si no se norma adecuadamente. Hay algunos aspectos a mejorar en el proyecto, pero quiero enfatizar que, tal como se presenta, ya cumple con los objetivos fundamentales que buscamos y celebramos en su contenido actual. Las sugerencias que compartimos no son de alta prioridad y, en ningún caso, deberían retrasar la aprobación de esta reforma. Las facultades de fiscalización de las federaciones y las consecuencias por incumplimiento son aspectos que podrían abordarse, quizá posteriormente, pero creemos que lo esencial es mantener el núcleo de la reforma: la separación de funciones entre la federación y la liga y la incompatibilidad de cargos directivos. Muy finalmente, quería abordar algunos mitos que forman parte del debate, por ejemplo, la idea de que dicha medida es ajena a la cultura deportiva de Chile, que no aporta beneficios al deporte o que no habría problemas con la separación de la federación y la liga. A lo largo de estas dos sesiones ha quedado claro ese punto; sin embargo, cabe precisar lo mencionado ayer respecto a lo que se dice del “cuco de la FIFA”: que a la FIFA no le gusta cuando los gobiernos intervienen. Es importante aclarar que es inexacto afirmar que la FIFA supone la separación entre federaciones y ligas profesionales. Lo que la FIFA realmente prohíbe es la interferencia gubernamental directa en la gestión operativa de las federaciones. Por ejemplo, si el gobierno de Gabriel Boric destituyera a Pablo Milad por decreto, eso iría en contra de lo que la FIFA busca, ya que preserva la independencia de las federaciones. Países como España, Inglaterra, Francia y Alemania mantienen esta separación sin conflicto alguno. En cuanto a suspensiones, el abogado Fernando Ayer mencionó casos en los que la FIFA sancionó a países como Grecia, Nigeria y otros, cuando se produjeron intervenciones gubernamentales directas en la gestión interna de las federaciones, no por el establecimiento de marcos legales generales. No se trata solo del fútbol, sino del deporte en general, en el que se reorganizan estructuras, y lo relevante es cómo se implementa la separación, respetando la autonomía federativa dentro de un marco legal adecuado, tal como propone este proyecto. La FIFA reconoce y trabaja regularmente con federaciones que tienen sus ligas separadas y exige que los marcos regulatorios respeten la autonomía deportiva sin intervención política. En conclusión, este proyecto representa, creemos, una oportunidad histórica para modernizar la gobernanza del fútbol y del deporte chileno, creando un sistema de pesos y contrapesos acorde a nuevos estándares internacionales. La separación de funciones permite que cada entidad se enfoque en su objetivo específico sin los conflictos de interés que hoy limitan nuestro desarrollo deportivo. Finalmente, solicitamos aprobar este proyecto durante el 2025, aprovechando que, como se comentó ayer, habrá una pausa competitiva por el Mundial Sub-20, lo que facilitaría la implementación sin afectar el funcionamiento normal del fútbol chileno. Muchas gracias, señora presidenta. Quedo atento a cualquier duda o consulta. Agradezco el orden, la claridad y el enfoque puesto en el proyecto, se nota que hay un gran trabajo detrás. Contamos además con una presentación impresa aquí. No sé si alguien más desea pedir la palabra. Perfecto, entonces, sí, por supuesto, a la legislatura del Ministerio. Solo quisiera precisar un aspecto respecto de la participación de los aficionados. Para hacer un contexto histórico, en 2005, cuando se aprobó la ley, se mandató la dictación del Estatuto a la Superintendencia de Valores y al Instituto Nacional del Deporte, con el objeto de incorporar todas las materias de la ley. El artículo 11, inciso segundo, señala que la participación de los aficionados se regularía en los estatutos. Lamentablemente, por una omisión que nunca hemos logrado esclarecer, esos estatutos no abordaron esa materia, y la mayoría de los clubes que migraron a sociedades de deportes profesionales tampoco incluyeron dicha participación en sus estatutos. Por ello, es importante el ejemplo; asimismo, fue relevante que lo señalara el representante de Cruzado SADP, sugiriendo que las comisiones de hinchas, como se ha trabajado en ese club, podrían servir como modelo para avanzar hacia una solución legislativa adecuada. Nosotros hemos propuesto, en nuestra indicación, la participación organizada de los hinchas, recogiendo lo que ya establecimos con una modificación legal aprobada por este Congreso para las federaciones deportivas nacionales, que permite a los deportistas de alto rendimiento incorporarse con un voto, mediante un representante en las directivas de dichas federaciones. Entendemos que esto contribuye a una mejor gestión de las entidades, sin que se trate de una cuestión de administración. Asimismo, por mandato del ministro, queremos dejar claro que en ningún caso las indicaciones pretenden avanzar en disposiciones que pudieran tener sesgo de inconstitucionalidad.

Tal como se ha señalado, el proyecto de indicaciones lo que hace es regular una materia que no se reguló en el 2005, que son las ligas deportivas profesionales. En el 2005 la ley obligó a las corporaciones, para participar en campeonatos de fútbol profesional, a transformarse en sociedades anónimas deportivas profesionales, y no fue declarado inconstitucional. Asimismo, a las corporaciones que se mantuvieron se les obligó a formar un fondo deportivo profesional, sin que ello fuese declarado inconstitucional. Lo que estamos haciendo nosotros es ofrecer una forma societaria a esta liga, ya que va a administrar un espectáculo deportivo que tiene la posibilidad –o la obligación, desde el punto de vista financiero– de administrarse como una entidad con fines de lucro. Además, las indicaciones devuelven a las organizaciones la posibilidad de volver a ser corporaciones como lo eran antes, siempre sobre la base de que sean los mecanismos internos democráticos de las entidades los que definan cuál es su figura o naturaleza jurídica para participar dentro del campeonato deportivo profesional. Eso, señora presidenta. Muchísimas gracias, entonces, por haberse cumplido esta parte de la sesión. Se levanta, o sea, suspendemos un minuto. Gracias. ----------------------------------------------------------------- Cumplir con el reglamento, el que tiene que hacer eso tiene que, además, decirle –no es cierto– a cada municipio que decrete el desecho de esta línea; estamos de acuerdo. Sí, alcalde, usted está viendo la palabra: no solamente para aportar todas las empresas en los mismos postes, que están identificados a través de una red de regleta y colores y el nombre de la empresa en el fondo –a quién pertenece cada cable–, sino que, para identificar esto, uno tiene que ir con un funcionario que tenga las capacidades jurídicas; no puede ser cualquier funcionario. Tiene que ser un técnico, un especialista en el área, que tenga que ir con un carril especial que le permita al fondo identificar esto a mayor altura. Nosotros lo hacemos –insisto– con una ordenanza. A través de esta, mostramos y hacemos una carpeta importante que se manda al juzgado; Policía Local notifica, y a la empresa –finalmente, con multas– van. En la medida, tampoco, eh… Nosotros podemos ordenarle que retire los cables, pero entendiendo, digamos, que eso le significa un costo. Bueno, lo van haciendo de manera paulatina, pero, como dije hace un rato, esto es un tema que se viene arrastrando hace 40 años. La cantidad de compra aérea que hay en la ciudad es brutal; no sé, yo me atrevería a decir que no existe hoy día ningún poste del cableado eléctrico que no tenga comprado –deben ser muy pocos–. Por lo tanto, lo que yo decía, más allá de lo que dice hoy la ley, es que quizás la empresa eléctrica de Vicente tome un rol más protagónico, entendiendo que esto tiene un costo, que se necesitan profesionales, maquinaria especial, y se debe ayudar también a coordinarse con los municipios que no tienen los recursos para ayudar a hacer este levantamiento, y justamente… Hacer la notificación a las empresas de telecomunicaciones para que hagan este retiro, porque, de lo contrario, es imposible para el municipio por un tema de costos, el realizar este levantamiento. Ah, ahí es donde solicitamos esta ayuda, esta alianza colaborativa a la empresa eléctrica que está en todo Chipre –no sé, estoy por donde pasan todos los cableados de telecomunicación. Gracias, alcalde. Me voy a agregar algo más: según el reglamento, la subte es la que está obligada a pedir el requerimiento a las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, el oficio que vamos a hacer tiene que involucrar eso, ya que ellos tienen la obligación, si ya lo hicieron y sin notificar a la empresa para retirar, identificar o reordenar. Estamos en ese tenor; les ofrezco la palabra y, después, Juan. Juan, las distribuidoras le cobran a la empresa de telecomunicaciones por instalar sus cables en su poste, porque, si fuera así, obviamente tendrían que saber qué cable corresponde a cada empresa, ya que le están pagando y no creen que dejen de recibir dinerito. Por cierto, esta es una industria completamente regulada y el apoyo en poste también es una tarifa regulada; digamos, el cuanto la empresa le puede cobrar a la empresa de telecomunicaciones está determinado por el regulador, no es una decisión de libre albedrío de la empresa distribuidora. Pero, efectivamente, lo que ocurre es que los cables que están identificados al alcalde con cruceta, es decir, señalizados, son cables que están regularizados y en uso, y sobre los cuales se aplica la tarifa que la regulación establece. El problema se genera cuando hay cables en desuso, de larga data, de los cuales nadie se hace cargo. Así, lo que ocurre es que, cuando el cable está en desuso –información que la empresa distribuidora no tiene, no necesariamente–, la identificación de aquellos cables en todas las zonas es una tarea que, como explicaba el Senado, la legislación actual impone a las mismas empresas distribuidoras en coordinación con la sub…

¿Estamos conectados? No, todavía no. Entonces le pido que nos puedan dar la conexión correspondiente. ¿La Comisión? Sí, estamos conectados. Quiero darle la bienvenida a esta segunda parte de la comisión, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Jaime Gajardo; a los asesores, señores Pedro Vega, Max –hay que que me ayude alguien–, el señor Francisco León, de la edición jurídica, la señora María Florencia Draver y el señor Francisco Molina; y a la jefa de la edición de reinserción social, la señora Macarena Cortés, quien se ha excusado. Además, la comisión recibió directamente las excusas del señor Fiscal y de su equipo de asesores. También está presente el director nacional de Gendarmería de Chile, el señor Sebastián Urra, con su equipo. Así que le voy a dar la palabra al señor secretario de la Comisión para que nos pueda actualizar el estado del proyecto y, luego, al ministro, a propósito, quien además es uno de los proyectos que ha sido solicitado por el Ejecutivo y que podamos retomar la discusión. Gracias. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Esta parte de la sesión está convocada para continuar con el estudio en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Como ustedes recuerdan, se ha preparado un texto comparado. En él, por una parte, figura la legislación vigente y, por otra, el texto del proyecto. Este último se divide en siete artículos permanentes y tres disposiciones transitorias. Solo voy a leer titulares. Este proyecto crea el Departamento de Seguridad Especial, que dependerá de la Subdirección Operativa de Gendarmería, encargada de implementar las políticas para reforzar la seguridad penitenciaria. Los funcionarios asignados no podrán participar en actividades de carácter político partidista ni constituir asociaciones de funcionarios. En segundo lugar, se crean asignaciones especiales para el personal destinado: dos asignaciones, una de especialización y otra de riesgo y operaciones especiales, destinadas al personal capacitado que realice funciones en establecimientos penitenciarios de seguridad especial o durante el traslado de personas sujetas a este régimen. También se establece la normativa sobre protección de la identidad personal. Los funcionarios asignados al régimen especial estarán exceptuados del uso distintivo identificatorio y se resguardará la información relacionada con sus labores, garantizando su seguridad y privacidad. Asimismo, el proyecto hace alusión al deber de secreto administrativo y contiene varias disposiciones. Por ejemplo, en el artículo primero, número 2, se establece la confidencialidad de todos los antecedentes, registros y contratos vinculados a las funciones del régimen especial. Este secreto abarca también los procedimientos de compra y contratación necesarios para la gestión de recintos penitenciarios de alta seguridad. Finalmente, el proyecto, recuerda su señoría, regula un régimen especial de seguridad. Está contenido en el artículo séptimo, el cual incorpora dos nuevos artículos al Código Penal: el artículo 80 bis, que define el régimen penitenciario general y detalla las disposiciones del régimen especial, y el artículo 80 ter, que regula la aplicación del régimen especial estableciendo criterios de ingreso, permanencia y egreso, así como restricciones a las visitas, comunicaciones y la actividad de reinserción social permitida para los internos sujetos a este régimen. La Comisión ha celebrado varias sesiones. En la primera, ustedes escucharon al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien hizo la presentación general y entregó una presentación en PowerPoint que está en sus carpetas. También se escuchó al Director Nacional, don Sebastián Urra, quien nos acompaña hoy y que hizo entrega de una serie de documentos.

En que se detallan las características de este proyecto y se nombra al director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo, en representación del Ministerio. En la segunda sesión que celebró la comisión se escuchó a dos expertos invitados para que hicieran observaciones o precisiones al respecto. En primer lugar, se escuchó a la académica de la Universidad de Chile, señora Olga Espinosa, y también al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, quien hizo llegar una serie de observaciones destinadas a que las señorías las tuvieran en cuenta para la discusión de esta iniciativa. La última sesión que celebró esta iniciativa, el 21 de enero de 2025, contó con la presencia del señor subsecretario, don Ernesto Muñoz, quien también se encuentra presente hoy, y del director nacional subrogante de Gendarmería de Chile, don Leandro Pinchera. Esa sesión, recuerdo a su señoría, fue secreta, ya que hubo una serie de preguntas que los integrantes de la comisión querían realizar a Gendarmería, dada la particularidad de algunas de las disposiciones del proyecto. La última cuestión que quiero hacer presente, Presidenta, es que diversas asociaciones de funcionarios, tanto el 8 como el 14 de enero del año en curso, hicieron planteamientos para ver si la señoría adoptaría alguna resolución respecto a ser oídos en la discusión de este proyecto. En síntesis, estamos en discusión en general; en primer lugar, en la ley constitucional se han escuchado a las personas mencionadas, y ustedes tienen el texto comparado, quedando en sus manos decidir el curso que se le quiere dar a este proyecto. Perfecto. Muchísimas gracias, señor secretario. Voy a expresarlo así porque teníamos la duda: entonces, no se ha votado en general el proyecto, y quedaron pendientes las respuestas de Gendarmería de Chile. Evidentemente, dado que las preguntas y esa comisión fueron secretas, no se le pide que lo declare ahora públicamente, pero sí es necesario saber si existen esas respuestas para que, por ejemplo, en la próxima sesión se pueda avanzar en ello. Antes de esto, le cedo la palabra al ministro de Justicia, y solo quiero mencionar, dado que dividimos esta sesión, que están presentes la senadora Pascual, el senador Walker y el senador Durresti. Muchas gracias, Presidenta, por intermediar y saludar a los senadores y senadoras presentes. Primero que todo, para el Ejecutivo este es un proyecto bastante clave, principalmente porque, como todos saben, nuestro sistema penitenciario enfrenta diversas situaciones que hemos venido abordando en distintos proyectos de ley. Sin embargo, uno de los aspectos centrales que debe atender nuestro sistema penitenciario es la presencia de bandas de crimen organizado en el interior de los establecimientos penales, y, en particular, la presencia de líderes de dichas bandas, quienes han sido detenidos por diversos procesos penales en curso, algunos ya con condena, y que, por ello, pasarán un largo tiempo recluidos. Para evitar lo ocurrido en otros países de la región, donde las bandas de crimen organizado se han fortalecido en el interior de los penales —y ante la experiencia comparada que muestra que el principal problema relacionado con el crimen organizado proviene de bandas que han surgido o se han reforzado dentro de los sistemas penitenciarios—, iniciamos un trabajo técnico, contenido entre los antecedentes del proyecto y que dio origen al proyecto de ley que se está sometiendo a la consideración de esta corporación. El trabajo técnico que desarrollamos se realizó con la asistencia del programa de la Unión Europea de Combate al Crimen Organizado Transnacional, denominado Programa Pacto. Los expertos que participaron en la elaboración de este proyecto de ley, junto con los equipos del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, son especialistas tanto italianos como españoles, que han gestionado los sistemas de máxima seguridad y las fuerzas especiales en sus países para combatir el crimen organizado. De hecho, se podría decir que la estructura del proyecto está inspirada en el Grupo Operativo Móvil, la fuerza especial de élite de la Policía Penitenciaria Italiana. Lo que se busca es crear una fuerza especial de Gendarmería que pueda abocarse a la custodia y disponer de las herramientas necesarias para la población de máxima seguridad.

más seguridad. Entonces, tal como decía el secretario, este proyecto de ley tiene cuatro grandes ideas, por así decirlo. La primera es que crea esta fuerza especial, este Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería, que va a depender directamente de la subdirección operativa de Gendarmería. En segundo lugar, establece los incentivos que requiere tener el personal que va a laborar al interior de este departamento especial, entendiendo que se trata de un grupo delimitado de funcionarios y funcionarias. El proyecto de ley establece cuáles son los requisitos para ingresar a este departamento y también contempla algún tipo de rotación, todas estas cuestiones, de detalle, que se pueden ver en la discusión en particular, y que tienen una justificación basada en la experiencia comparada en este aspecto. Por lo mismo, al crear estas asignaciones especiales y otorgar incentivos para los funcionarios que formarán parte de esta fuerza especial de Gendarmería, el proyecto cuenta con un informe financiero que avala lo mismo. Asimismo, se establecen normas para la operatividad de esta fuerza especial, reforzándose ciertos aspectos vinculados con la identidad de los funcionarios y funcionarias, como también el secreto de los actos y los contratos administrativos necesarios para su funcionamiento al interior de Gendarmería. Se refuerzan, además, las normas de reserva y secreto que contempla actualmente la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, de modo que tanto la protección de los funcionarios como la operatividad de la fuerza especial dispongan de las herramientas necesarias para funcionar. Como cuarto aspecto, se regula un régimen al que se le otorga rango legal, lo que permite una mayor rigurosidad para las personas que se encuentran privadas de libertad dentro de este régimen. Actualmente, esa regulación es de carácter reglamentario; contamos con una regulación de máxima seguridad en Gendarmería de carácter reglamentario, la cual presenta distintos inconvenientes. Un inconveniente es que estamos sujetos a una discusión permanente en los tribunales de justicia respecto a si las medidas que se toman pueden o no adoptarse, al no tener rango legal. Hemos registrado cambios jurisprudenciales importantes en los últimos tres años, pues la defensa judicializa las medidas, es decir, al ser de carácter reglamentario y no legal, existe la legítima duda de que tales medidas —por ejemplo, los traslados de personas peligrosas de una región a otra, al existir módulos de máxima seguridad en una región y no en la que fueron detenidos— sean aplicables sin contratiempos. De hecho, en el año 2022 se registró un cambio judicial importante, en el que la Corte Suprema se mostró en desacuerdo con las razones que utiliza Gendarmería para efectuar estos traslados de alto riesgo. Con ello, a pesar de que la persona haya sido detenida, por ejemplo, en la región de Arica, puede ser trasladada a regiones distintas del país por razones de seguridad y para mantener el debido control de los establecimientos penitenciarios. Tras varios recursos, la Corte Suprema dio la razón a Gendarmería de Chile. Asimismo, se han aplicado medidas, como las implementadas el año pasado, que originaron disturbios en el interior del recinto especial de alta y máxima seguridad. En dichos recintos, las personas solo pueden ser visitadas a través del locutorio, sin contacto físico, por razones de seguridad, para evitar que continúen operando bandas de crimen organizado, cuyos líderes se encuentran en esos establecimientos y, en ocasiones, reciben mensajes a través de las visitas. En general, en los regímenes de máxima seguridad las visitas se realizan sin contacto físico. Por ello, se han interpuesto nuevamente recursos para flexibilizar ese régimen y, aunque la Corte Suprema nos dio la razón, seguimos estando sujetos a ciertas dificultades. Por lo mismo, se traslada este asunto a la ley, siguiendo ejemplos de otros países, como Italia y España, que implementaron medidas similares tras enfrentar grandes crisis.

Eso también es muy relevante que lo tengamos presente. El grupo operativo móvil se crea y el 41 bis en Italia se implementa después de la tragedia que supuso el asesinato del juez Falcone. Nosotros tenemos inconvenientes, estamos teniendo dificultades, y todavía no tenemos una situación de crisis; pero por lo mismo queremos prepararnos para no tener que legislar después de situaciones de crisis, que siempre es mucho más complejo. Y por ello, para nosotros, esto es de máxima importancia y esperamos que se pueda tramitar lo más rápido posible, entendiendo, por cierto, que tiene que quedar de buena manera. Ese es el llamado que hacemos como Ejecutivo a la Comisión, de que ojalá podamos comenzar la discusión en particular después de su aprobación en general, y, además, considerando que los actores que han venido a entregar sus opiniones –entre otros, la Fiscalía– consideran que este es un proyecto clave también para el sistema de persecución penal. El hecho de que podamos tener debidamente resguardadas a las personas que son líderes de las bandas criminales nos permitirá desbaratar e impedir que las bandas sigan funcionando desde los establecimientos penitenciarios. Hacernos cargo, además, de una de las particularidades que tienen las bandas de crimen organizado en nuestra región –que las hace particulares– y de otra, que es el fortalecimiento o surgimiento de estas bandas en las cárceles; en nuestro país, las que están operando han emergido precisamente de instituciones carcelarias de la región, como el Tren de Aragua de la cárcel de Tocorón en Venezuela, y muchas de ellas mantienen contacto directo con bandas, por ejemplo, en Ecuador, donde se ha generado una crisis muy importante de seguridad a partir de la colonización de las cárceles. Entonces, para que eso no ocurra en nuestro país, este proyecto es de vital importancia. Muchísimas gracias, ministro. Le había preguntado al director de Gendarmería si tenía la información que fue solicitada en la comisión pasada, ya que, de ser así, estaría disponible a declarar en sesión secreta nuevamente, con tal de contar con esa información antes de votar en general este proyecto. Sin embargo, antes de ello me ha pedido la palabra el senador Durresti, por lo que cedo la palabra al senador Walker y, posteriormente, al director. Presidente, por su intermedio, saludo a los invitados. Yo creo que, al revisar los antecedentes, en enero hicimos una exposición durante una sesión secreta y surgieron varias dudas, sin develar los contenidos. Considero que, para seguir tramitando, necesitamos un par de precisiones mínimas: ¿Qué pasa con la cárcel de alta seguridad? ¿Cuál es el proceso? Sé que hubo una polémica, especialmente en lo que respecta a la ubicación y a las autoridades locales, y hay un conflicto que es importante explicar y dilucidar, ya que se trata de una decisión que hay que tomar. No podemos seguir reforzando únicamente una fuerza operativa. Me parece bien y estoy absolutamente de acuerdo con la creación de esta unidad de Gendarmería; sin embargo, si no avanzamos en materia de infraestructura física –es decir, definir dónde operar–, aunque contemos con el mejor grupo de élite, esto no funcionará, ya que el recinto material es imposible de ejecutar. No puedo pedir heroísmo a Gendarmería para que realice una función de esta calidad en establecimientos que han sido parchados, modificados o readecuados sin contar con los estándares de alta seguridad, motivo por el cual estamos creando una unidad de estas características con las asignaciones y seguridades correspondientes. Es fundamental que ambas medidas vayan en paralelo. Por otro lado, me gustaría saber qué ha sucedido con el informe puntual y por escrito sobre los inhibidores. Hemos estado escuchando malas noticias mes a mes acerca de que esa tecnología y el proceso implementado no están cumpliendo o presentan múltiples fallas. En este tipo de tecnología, o se instala correctamente o no se instala; no puede suceder que funcione de manera intermitente, que se caiga el sistema o que los inhibidores fallen de forma repentina. Insisto en la necesidad de la gradualidad: si en algunas cárceles funciona, se debe presentar un informe escrito que detalle en qué aspectos está operando y cuál es el grado de cumplimiento de los inhibidores, dado que nos comprometimos con una tarea y desarrollamos una legislación en torno a ello, que considero fundamental para la infraestructura carcelaria de alta seguridad. No estoy hablando de las cárceles ordinarias –como las que se deben construir en Talca u otras localidades–, sino de las unidades especializadas y del sistema de inhibidores, que creo que es clave.

El elemento vuelve al mismo tema: no sacamos nada con tener una unidad especializada de alto estándar si tenemos esos reclusos pudiendo comunicarse sin inconvenientes con el exterior. Y había un tema puntual, ministro o a quien corresponda, que lo habíamos señalado, que era principalmente con el sistema de asignaciones. Nosotros señalábamos que va a haber una rotación de funcionarios, en tanto que el funcionario va a cumplir esta función durante un plazo que nosotros asignamos –no me acuerdo si eran tres años o cinco años–; es lo que en otras legislaciones se conoce como período de enfriamiento, en el cual, después de cinco años, el funcionario debe salir de la unidad, independientemente de cómo se mantengan las asignaciones. Esto, para evitar que, al volver a su unidad, un funcionario que ha estado asignado en la Fiscalía de Alta Complejidad (donde recibe un trato mejor) vuelva sin asignaciones y se genere un abultamiento en ellas cuando ya no cumple esa función. Estos eran, al menos, los aspectos que tenía anotados en mis dudas de enero y que considero importantes dilucidar. Insisto, perdone, Presidenta, que me extienda un segundo: yo creo que el articulado no es complejo y que el proyecto está bien ordenadito. Estaba revisando el informe financiero y, creo, Ministro, sin temor a equivocarme, que no habrá inconvenientes. Está empaquetado, por así decirlo, un proyecto redondo. Pero es clave que enfrentemos estas situaciones y que no se presenten como en otras instituciones, en las que incrementamos presupuestos y funcionarios sin revisar el funcionamiento real. Si no tenemos cárceles e infraestructura, estos funcionarios no podrán cumplir su cometido; si no funcionan los inhibidores, no podremos lograr el objetivo; y si no regulamos adecuadamente los incentivos para que se incorporen los mejores, se podría generar una distorsión que afecte al personal masivo y al que ejerce función en Gendarmería. Muchas gracias, senador. Me pidió la palabra el senador Walker, pero entiendo que lo del Ministro es sobre el punto. ¿Le parece, senador? Sí, Ministro, entonces, por el senador. Presidenta, nosotros tenemos información; si usted lo dispone, podemos entregarla de inmediato. Yo puedo aportar los datos de infraestructura y de inyección. Por ello, le doy la palabra al senador Walker para que, en línea o si tiene otras consultas, prosiga con el objetivo de ir respondiendo las cuestiones que se han formulado. Gracias, Presidenta. Cuando usted lo disponga, lo que voy a decir es absolutamente público. Saludo, por supuesto, al Ministro de Justicia, al Subsecretario y al Director de Gendarmería. Me parece que este proyecto es fundamental, ya que permite crear, ¿no es cierto?, este Departamento de Seguridad Especial, cuyo personal deberá haber aprobado el Programa de Especialización de Seguridad Especial que parte de Gendarmería de Chile. Esto resulta básico para enfrentar el crimen organizado. Es absolutamente consistente con el proyecto de ley que presentamos junto a la senadora Rincón y, a mi parecer, junto a la senadora Benzpergi y otros senadores, para crear un sistema diferenciado de cumplimiento de condenas para el crimen organizado. En su momento, lo que hablamos con el exministro de Justicia, Luis Cordero, con el ministro de Seguridad y con la exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, fue que esa idea se integraría en los tribunales de ejecución de penas. Creo que es muy importante que este proyecto de ley converse con el que viene de la Cámara de Diputados. Yo fui suscriptor de ese proyecto, cuyo principal autor es el diputado Marco I. Lavaca, y lo discutimos en la Comisión de Constitución. Creo que es fundamental, y aprovecho para señalarlo, porque, como dice el senador Alfonso Durresti, hay vasos comunicantes con otras leyes que…

Hemos aprobado, pero creo que avanzar en los tribunales de ejecución de pena es fundamental para poder concretar este proyecto. O sea, yo soy partidario de votar este proyecto y de avanzar sin ninguna dilación. Es fundamental que esta ley que vamos a generar, y esta unidad especializada de seguridad especial, converse con los tribunales de ejecución de pena. Efectivamente, lo de los inhibidores es fundamental; tener una cárcel de máxima seguridad es esencial. Ningún alcalde quiere tener una cárcel en su comuna, pero acá hay que tomar decisiones, y los gobiernos están para tomar decisiones aunque sean impopulares. Me imagino que la senadora Pascual, como representante de la región, también tiene su opinión, pero acá tenemos que avanzar en esta línea. Nosotros tipificamos como delito el uso de intercomunicadores desde las cárceles. Antes de esta ley no era delito ocupar un intercomunicador, un teléfono celular o cualquier medio de comunicación desde las cárceles. Hoy día es un delito, y necesitamos contar con una unidad especializada que impida que el crimen organizado siga cometiendo delitos desde las cárceles, como las extorsiones y los sicariatos, lo que además afecta la seguridad personal de Gendarmería. Así que, en este contexto, participo en esta comisión del Senado y manifiesto mi plena disposición a legislar en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Senador. Entonces le voy a dar la palabra al Ministro, porque las preguntas que hizo, sobre todo, el Senador Durresti —que hoy tienen respuesta por parte del Ministro— no requieren, obviamente, que sean declaradas secretas en la Comisión. Y para la próxima, le voy a dar la palabra al Director, para que podamos recordar cuáles son esas consultas y traerlas de manera completa. Entonces, ministro. Muchas gracias, Presidenta. Para responder las tres consultas que hacía el Senador Durresti, y algo que señalaba el Senador Walker, primero que todo: para que funcione una fuerza especial de máxima seguridad se requiere tener la infraestructura adecuada. Actualmente, contamos con 790 cupos en alta y máxima seguridad. Para que lo tengan en paralelo, el sistema federal de máxima seguridad de Brasil tiene alrededor de 1.000 plazas, para un total de 600.000 personas privadas de libertad; el sistema federal en Italia tiene alrededor de 500 plazas. Aquí estamos distinguiendo entre alta y máxima seguridad, entendiendo que la alta tiene un poco menos de rigurosidad que la máxima. De esas 790 plazas, recibimos la mitad como gobierno; es decir, teníamos módulos de máxima seguridad que no estaban habilitados al momento de ingresar, se estaban realizando los trabajos para habilitarlos, y nosotros completamos y complementamos esos trabajos. En ese marco, rehabilitamos la cárcel de máxima seguridad de Santiago, que hemos visitado junto a algunos parlamentarios. Se trata de una cárcel que cuenta con plazas de alta y máxima seguridad y que se encuentra en el sector de Pedro Montt, con un total de 300 plazas. Habilitamos también el módulo de Arica, que estaba inhabilitado, gracias a un trabajo conjunto con el gobierno regional. En total, actualmente contamos con 790 plazas de alta y máxima seguridad. Para conformar un circuito que atienda las necesidades del país, hemos considerado que debemos llegar al menos a 1.500 plazas. Para ello, hemos presentado un plan maestro de infraestructura penitenciaria que se encuentra en desarrollo. Dicho plan contempla las plazas que ya hemos incorporado al sistema, sumado a 14 proyectos a lo largo del país que están en desarrollo. De hecho, varias de esas ampliaciones o nuevos proyectos están en licitación o ya en fase de desarrollo. Por ejemplo, uno de esos 14 proyectos incluye la ampliación de la cárcel de Antofagasta, en la que se incorporan módulos de máxima seguridad. Voy al tiro lo de los módulos porque…

Esto es algo donde muchas veces hay una cierta duda. Un módulo de máxima seguridad es una cárcel dentro de la cárcel, para explicarme bien. No es que sea un pabellón, no, es una cárcel dentro de la cárcel. En términos comparados es lo que más se recomienda. De hecho, si ustedes van a las cárceles en Italia, por ejemplo, tienen módulos de máxima seguridad dentro de la cárcel general. Una cárcel dentro de una cárcel. Entonces, cuando digo que tenemos un módulo en la ampliación de Antofagasta, estamos señalando que hay una cárcel de máxima seguridad con 100 plazas dentro de Antofagasta. Lo mismo ocurre en el caso de la nueva cárcel que se va a construir en Calama, que también tendrá plazas de máxima seguridad de la misma entidad que la ampliación de Antofagasta. En el caso de la ampliación de Antofagasta, ya se encuentran trabajando en las obras y esperamos que esté operativa el próximo año. La cárcel de Calama se encuentra en proceso; nosotros ya le entregamos el diseño a la comuna y ahora se está licitando la construcción de la cárcel. Luego, bajamos en Alto Hospicio. También tenemos la ampliación en Alto Hospicio, la cual está en proceso y estimamos que entrará en operación en el año 2027-2028, donde también se incorporarán módulos de máxima seguridad. Bajamos a Copiapó; allí se encuentra la nueva cárcel del Arenal, que está en pleno proceso de licitación para la construcción. Ya se encuentra la licitación en curso y esperamos adjudicarla dentro de este año para que comience la construcción del Arenal, una cárcel bastante grande, que también contará con módulos de máxima seguridad a la salida de Copiapó. Luego, se continúa con la ampliación en Coquimbo, que también tendrá módulos de máxima seguridad, y con la ampliación de Santiago 1, donde la incorporación de módulos de máxima seguridad es parte de una ampliación importante que está en pleno desarrollo. Las bases se enviarán a la Contraloría esta semana, a más tardar la próxima, y se iniciará el desarrollo de esa ampliación. En total, son 1.543 plazas que se deberían poner en desarrollo, plazas que se esperan estén operativas de aquí al año 2030 como máximo. Si se aprueba el proyecto que está en esta comisión en segundo trámite, destinado a apurar los procesos de construcción, se podrían reducir esos plazos hasta en 36 meses. Además, existe otro proyecto, que he señalado a la presidenta, y que es muy importante aprobar porque van de la mano. Con la aprobación de dicho proyecto, el que acorta los plazos, la Contraloría tiene cinco días por ley para revisarnos. Nosotros, en tanto que la Contraloría nos acompaña y ayuda, evitamos que se demore más de un mes en revisar estos contratos, ya que debemos recurrir a ella en varias etapas: primero para el convenio de mandato, luego para la base de la licitación y, finalmente, para la adjudicación. Con ello, se reducen inmediatamente los plazos de manera muy importante, constituyendo un segundo proyecto de gran relevancia. En materia de infraestructura, se cuenta con un plan bastante robusto. Ya existen plazas importantes en materia de máxima seguridad y, con el plan que tenemos en desarrollo —financiado, con recursos establecidos y ubicado en la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Justicia— se están ejecutando estos proyectos. Se está hablando de 1.300.000 millones de pesos, es decir, 1.300 millones de dólares, destinados a todas estas ampliaciones penitenciarias y nuevas cárceles. Creo que con esto respondo la primera pregunta que hacía el senador Durrest. Además, en materia de inhibición, desde abril del año pasado se ha implementado el sistema de inhibición o gestión de telefonía celular en el sector de Pedro Montt, el cual concentra un 20% de la población privada de libertad en nuestro país. Aproximadamente 12.000 personas se encuentran en el sector de Pedro Montt, distribuidas en tres establecimientos penales: el Recinto Especial de Alta y Máxima Seguridad, en Santiago Sur (la ex penitenciaría) y en Santiago 1, alcanzando alrededor de 13.000 personas que representan, en conjunto, aproximadamente un 20% de la población penal. El sistema de inhibición está vigente en dicho sector desde abril del año pasado.

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