Senado · Sesión de Sala

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En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Solicito a la sala que tengamos un minuto de silencio por la muerte del expresidente del Uruguay, don Pepe Mujica. Todos de pie, por favor; hasta las visitas también. Muchas gracias. Sean por aprobadas las actas de las sesiones décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta del año 2025 que no han sido observadas. Nos corresponde dar cuenta de los asuntos que han llegado a la Secretaría del Senado. Para ello tiene la palabra el Secretario General del Senado. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Se han recibido dos mensajes de su Excelencia el Presidente de la República. Con el primero, inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos de Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta, correspondiente al boletín 17.535-25. Pasa a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Hacienda en su caso. Con el segundo, retira y hace presente la urgencia calificando la discusión inmediata respecto del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Se toma conocimiento del retiro y de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Igualmente, se han recibido 15 mensajes de su Excelencia el Vicepresidente de la República. Con los cinco primeros, hace presente la urgencia calificándola de discusión inmediata respecto de los proyectos de ley que señala. Con el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, hace presente la urgencia calificándola de suma en relación a los proyectos que indica. Con los dos siguientes, retira y hace presente la urgencia en el carácter de suma respecto a los proyectos de ley que señala. Con los dos que siguen, hace presente la urgencia calificándola de simple en relación a las iniciativas legales que indica. Con los dos finales, retira y hace presente la urgencia en carácter de simple en relación con los proyectos de ley que señala. Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios. Dos de su Excelencia el Presidente de la República: con el primero, comunica para los efectos establecidos en el artículo 25 de la Constitución Política de la República, su ausencia del territorio nacional desde el día 9 al 15 de mayo del año en curso, con el objeto de realizar una gira presidencial a Japón y a la República Popular China, de acuerdo con el itinerario que indica. Agrega que durante el citado periodo lo subrogará con el título de Vicepresidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Fundamental. El señor ministro titular de la cartela del Interior. Se toma conocimiento. Con el segundo, solicita la ratificación del Senado para nombrar como consejero del Consejo Consultivo Previsional a la señora María Cecilia Cifuentes Hurtado y al señor András Utofotka por un periodo de seis años, con la urgencia del párrafo segundo, número cinco, del artículo 53 de la Constitución Política de la República. Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El vicepresidente de la República ha recibido los siguientes oficios, con los que se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para que se prorrogue la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y la provincia de Arauco y del Bío Bío de la Región del Bío Bío por un plazo adicional de 30 días, a contar del vencimiento del período previsto en el Decreto Supremo número 142 de 29 de abril de 2025 del Ministerio del Interior, con la urgencia del inciso segundo del artículo 40 de la Carta Fundamental. Además, informa que, teniendo en consideración lo establecido en el inciso tercero del artículo 42 de la Constitución Política de la República, cumple con la obligación de informar de las últimas medidas adoptadas durante el estado de excepción vigente. Se han recibido cuatro oficios de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, informa que en sesión celebrada el día de ayer y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo quinto y final del numeral 21 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, ha dado su acuerdo a la solicitud efectuada por su excelencia el Presidente de la República mediante el oficio GAPPRES número 501 de 6 de mayo de 2025, a efecto de que se prorrogue la vigencia de la medida señalada en el Decreto Supremo número 78 de 24 de febrero de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que expuso que las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el Decreto Supremo con fuerza de ley número 1 de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes sin falta en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Dicho decreto fue modificado y prorrogado mediante el Decreto Supremo número 139 de 24 de mayo de 2023 y el Decreto Supremo número 50 de 11 de febrero de 2025, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de 90 días a contar del vencimiento del período previsto. Se toma conocimiento y se mandó a comunicar a su excelencia el Presidente de la República. Con el segundo, comunica que en sesión de fecha 12 de mayo del presente año se aprobaron las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, correspondiente a la ley 15.805-07, con excepción de aquellas que fueron rechazadas. En razón de lo anterior, se acordó que los honorables diputados que se indican a continuación concurran a la formación de la Comisión Mixta establecida en el artículo 71 de la Constitución Política de la República: las honorables diputadas señoras Lorena Frías Monleón y Lorena Pizarro Sierra, y los honorables diputados señores Gustavo Benavente Vergara, Miguel Ángel Calisto Águila y Andrés Longdon Herrera. Se toma conocimiento y, en conformidad con el artículo 47 del reglamento del Senado, el asunto pasa a los comités para la designación de los miembros de la comisión mixta. Con el tercero, informa que en sesión de esta fecha se aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley número 19.169, la cual establece normas sobre el otorgamiento de premios nacionales para conceder anualmente el Premio Nacional de Literatura, correspondiente al boletín 16.491-37. Se toma conocimiento y se manda a comunicar el proyecto a su excelencia el Presidente de la República, para que, en caso de ser de su conformidad, disponga su promulgación como ley. Con el cuarto, informa que se ha aprobado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, correspondiente a la ley 17.251-14, el cual pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo. De la Excelentísima Corte Suprema se recibe un informe en el que se emite el parecer, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y modifica las normas correspondientes a la ley 17.375-11. Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a su antecedente. Del Excelentísimo Tribunal Constitucional se comunican resoluciones dictadas en los procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con las disposiciones legales señaladas. Se remite a los documentos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Igualmente, el Tribunal Constitucional.

Emite copias de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referida a los preceptos legales que indica. Se manda a archivar los documentos. Se han recibido 23 oficios que dan respuesta a igual número de consultas formuladas por las honorables señoras senadoras y honorables señores senadores. Se toma conocimiento y queda a la disposición de sus señorías. Informes de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola. De la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 y otro cuerpo legal, para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Y de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para designar como ministro titular, abogado del primer tribunal ambiental con asiento en la ciudad de Antofagasta, al señor Alamiro Alfaro Cepeda, y como ministra titular, licenciada en ciencias, del tercer tribunal ambiental con asiento en la ciudad de Valdivia, a la señora Sibel Villalobos Volpi, con la urgencia del párrafo segundo, número cinco, del artículo cincuenta y tres de la Constitución Política de la República. ¿Quién para la tabla? Mociones de los honorables senadores señor Velázquez y señoras Núñez y Sepúlveda, con las que se inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para ratificar el delito de incendio en vertederos y sitios eriazos. (Boletín 16.523-07). De los honorables senadores, señora Rincón, Evans Perget y Núñez, y señores Proenz y Walker, con las que se inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de equidad tributaria y protección social para las personas mayores de 60 años de edad, correspondiente a Boletín 16.536-07. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De los honorables senadores, señora Núñez y señores Durán y Osandón, con las que se inicia un proyecto que modifica el Código Penal para incorporar, como circunstancia agravante, el delito contra el personal de género de Chile o de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, correspondiente al Boletín 17.524-25. Pasa a la Comisión de Seguridad Pública. Al tiro. De los honorables senadores, señoras Sepúlveda, Carvajal y Aravena, y señores Durán y Velázquez, con las que se inicia un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para aprobar una nueva ley general de urbanismo y construcciones con el objeto de facilitar la construcción de equipamiento de seguridad para la prevención y combate de incendios, correspondiente al Boletín 17.525-14. Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Permiso constitucional del honorable senador señor Latorre, a contar del 14 de mayo de 2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República. Se toma conciencia; si le parece a la sala, si accede a lo solicitado. Rechazado. Comunicaciones de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, por las que se solicita que, en relación a la renuncia presentada por la Honorable Senadora Campillay, como integrante de dicha comisión y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 del Reglamento del Senado, se realicen las gestiones para designar en su lugar a un Honorable Señor Senador o Señora Senadora. Se toma conciencia y pasa a comités. De la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por la que se comunica que, en sesión celebrada el día de hoy, ha sido elegida como presidenta a la honorable Senadora Jimena Rincón González. Se toma conocimiento. Le ofrezco la palabra al senador. Vamos a leer los acuerdos de comité. ¿Está apurado? Bueno, vamos a ofrecerle la palabra al senador Fidel Espinosa, por reglamento, y después seguimos con los acuerdos de comité. Señor presidente, como es de público conocimiento, estamos en la discusión de la etapa final de la ley de fraccionamiento.

de pesca, queremos pedir la autorización a la sala para seguir sesionando, estamos todos reunidos los 10 parlamentarios en la sala acá al lado de pesca, por favor. Se acuerda, acordado. Senadora Sepúlveda, le pesco la palabra. ¿Sobre el tema o no? Ah, entonces, perdón, vamos a leer la cuenta y ofrecemos la palabra. Sí, deme dos minutos, por favor. Acuerdos de comité. Que le vaya bien, Senadora Espinosa; tiene una tremenda responsabilidad. Gracias, señor presidente. Los comités, en sesión celebrada el lunes 12 de mayo en curso, han adoptado los siguientes acuerdos: Uno, considerar en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar, respectivamente, del orden del día de la sesión ordinaria del martes 13 de mayo de 2025, las siguientes iniciativas:  • Primero, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de tipificar los delitos de robo y hurto de cobre y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución.  • Segundo, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley número 20.000, que sustituye la ley número 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que indican.  • Tercero, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas, con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola, correspondiente al Boletín 16.193-01.  • Cuarto, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales, correspondiente al Boletín 11.518-11.  • Quinto, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, correspondiente al Boletín 16.901-04 y otros refundidos.  • Sexto, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, correspondiente al Boletín 16.743-04.  • Séptimo, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Dos, dejar sin efecto la sesión especial de la Corporación, citada para el día miércoles 14 de mayo de 2025, de 15 a 17 horas, con la finalidad de conocer y debatir acerca de la situación de inseguridad que afectará a las zonas rurales de nuestro país. Tres, dejar sin efecto la sesión especial del Senado, citada para el día miércoles 14 de mayo de 2025, de 17 a 20 horas, con la finalidad de tratar asuntos de tabla. En su lugar, se celebrará la sesión ordinaria de la Corporación correspondiente al miércoles 14 de mayo de 2025, de 16 a 20 horas, oportunidad en la que se considerarán, en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, el orden del día, las siguientes iniciativas:  • Primero, proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifique la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. (Boletines 17.253-07 y 17.298-07 refundidos.)  • Segundo, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos, correspondiente al Boletín 16.006.  • Tercero, oficio de Su Excelencia Presidente de la República, con el que se solicita el acuerdo del Senado para designar, en el cargo de ministro titular, abogado del ilustre Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta, a don Alamiro Alfaro Cepeda, y en el cargo de ministro titular, licenciada en Ciencias, del ilustre Tercer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Valdivia, a doña Sibel Villalobos Volpi, correspondiente al Boletín S-2616-05, siempre que se hubiera recibido un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.  • Cuarto, informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que modifica los cuerpos legales en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, correspondiente al Boletín 17.322-03, siempre que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados y se hubiera recibido el oficio respectivo. 4. En relación con las sesiones especiales solicitadas hasta esta fecha, ...

Fecha, se acordó analizar el día y la hora para sus convocatorias. Asimismo, acordaron que, en tanto no se defina al prior, no se citará a sesiones especiales de la corporación. Cinco, oficiará, señora Presidenta, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con el objeto de solicitar que, si lo conviene, realice las gestiones pertinentes para convocar a la Comisión Mixta, que estará encargada de resolver la divergencia suscitada entre ambas cámaras respecto al proyecto de ley que modifica la Ley número 18.678, la cual señala la ciudad en que debe celebrarse la sesión en el Congreso Nacional, con el objeto de permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede del ex Congreso Nacional de la Ciudad de Santiago, correspondiente al boletín 15.366-107, a fin de que la referida comisión se constituya y conozca de dicho asunto. Seis, en el evento de que se rechacen, en tercer trámite constitucional, todas o algunas de las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, correspondiente al boletín 12.234-02, se propone designar, como integrante de la respectiva Comisión Mixta que deberá formarse para resolver las discrepancias entre ambas cámaras en representación del Senado, a los honorables senadores: señora Botanovic y señores Macaya, Osandón, Piu Isabel. Es todo, señor presidente. Gracias. Ofrecemos la palabra a la senadora Sepúlveda, pero parece que no está. ¿Cómo que no está? Viene de San Fernando llegando. Tiene la palabra, senadora. Muchas gracias. Exactamente, vengo de San Fernando. Mire, presidente, hay un boletín, el boletín 17.525-14, que fue, esta moción parlamentaria fue destinada a la Comisión de Vivienda. Pero, en realidad, tiene que ver más bien con algo que nosotros hemos tratado permanentemente en la Comisión de Agricultura, porque se trata de cómo construir y es un artículo único respecto del equipamiento de prevención y combate de incendios, tanto lo que corresponde a la CONAF (la ex CONAF, hoy Servicio Nacional Forestal) como a bomberos. Deberíamos haberlo visto en la ley de incendios. Sin embargo, quisimos hacerlo mediante esta moción parlamentaria, dada la complejidad que hoy tenemos para la construcción de estos lugares que ya cuentan con la excepcionalidad de Carabineros. Por ello, queremos incorporar tanto a bomberos como al ex CONAF, hoy Servicio Nacional Forestal, de manera que el proyecto pueda ser tratado en la Comisión de Agricultura. Es un artículo único, muy simple, y quienes lo firmamos, además, somos todos miembros de la comisión. Si le parece, presidente, ¿le parece a la sala? ¿Ofrezco la palabra por la petición de la senadora Sebulbea? Sí, a favor. ¿El senador Durán está seguro? Él es emocionante. Es que eso es lo que me preocupa, pero bueno, vamos a aprobar. Muchas gracias, presidente. Quiero citar a reunión de comité, por 10 minutos; vamos a suspender al senador Flores, perdón, tenemos dos palabras pedidas: primero, la señora Jimena Rincón, que no está en la sala, y luego el senador Iván Flores. Muchas gracias, presidente. Quiero, por su intermedio, solicitar a la honorable sala, dado que la semana pasada o antepasada se autorizó desarchivar un proyecto y llevarlo nuevamente a comisión, que se autorice refundir el proyecto de ley de acuerdo al boletín 9680-11, el del vaso de agua, de autoría del ex senador Guillé y del senador Osandón, con los boletines 16.606, 12.512 y 16.588 ya refundidos. Con esto lo llevamos nuevamente a comisión para refundirlo junto a los tres que ya ha tratado la comisión, presidente. ¿Habría acuerdo? ¿Está acordado en la comisión? Porque se lo están pidiendo. Está acordado en la comisión esta mañana, sí. ¿Habría acuerdo? Se refunde. La palabra la tiene la senadora Paulina Núñez. No escucho. Salud, salud, salud. Comisión de Salud. Senadora Paulina Núñez.

Muchas gracias, señor presidente. Solicito el acuerdo de la sala para ampliar el plazo de indicaciones respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley número 10019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, boletín número 10.634-29. Al efecto, propongo ampliarlo hasta el jueves 29 de mayo a las 12 horas en la Secretaría de la Comisión. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Vamos a aprovechar de saludar a una delegación de adultos mayores de la Comuna de La Granja que está acá, invitada por la diputada señora Snyder. Un aplauso, bienvenidos; espero que lo pasen muy bien por acá y que vean que todos nos portamos muy bien, especialmente el senador Lagorbe. Ofrezco la palabra; la señora Jimena Urbón no está, por lo tanto, vamos a reunión de Comité. Suspendimos por 10 minutos. Gracias.

Reanudamos la sesión. Le ofrezco la palabra al secretario del Senado. Gracias, señor presidente. Los comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos: 1. Incorporar en la tabla de la sesión ordinaria del día de mañana, en tercer lugar, el oficio de su excelencia, el vicepresidente de la República, mediante el cual se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para que se prorrogue la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Bío Bío, por un plazo adicional de 30 días, a contar del vencimiento del período previsto en el Decreto Supremo número 142 de 29 de abril de 2025 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, correspondiente al Boletín S. 2625-14. 2. Incorporar en cuarto lugar el proyecto de ley relativo al sistema de inteligencia, que había sido remitido a comisiones unidas, acordando que pase directamente a la sala sin el informe respectivo, con el objeto de continuar con su tramitación para efectos de remitirlo inmediatamente a la respectiva comisión mixta que se forme al efecto. 3. Al incorporar estos dos proyectos en tercer y cuarto lugar, los proyectos que estaban incorporados en la tabla del día de mañana pasarán a ocupar los lugares sucesivos, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente, conforme al orden que se había informado. Del mismo modo, respecto del proyecto de ley relativo a las reglas del uso de la fuerza, se ha recibido ya el oficio de la respectiva Cámara de Diputados, en el cual se han rechazado algunas enmiendas formuladas por el Senado y se ha comunicado a los integrantes de la comisión mixta. Los comités acordaron que, en representación del Senado, integren dicha comisión mixta los honorables senadores: Francisco Huachumilla, Jaime Quintana, Kenneth Pugh, José Miguel Durana y Manuel José Osandón. Esos son los acuerdos que se han adoptado por los integrantes de la comisión mixta de reglas del uso de la fuerza. Ha quedado integrada, en representación del Senado, la mencionada comisión mixta. Es todo, señor presidente.

Ahora, perdón, está la senadora Jimena Rincón primero. Gracias, presidente. Solo quiero hacer una petición en nombre de la Comisión de Hacienda para dar un breve plazo, idealmente hoy día hasta las seis de la tarde, en el proyecto de reforma integral del sistema de adopción en Chile, para poder ingresar a una indicación concordada con el Ejecutivo. Hasta las seis de la tarde. ¿Habría acuerdo? Acordado. Senador García, por favor. Presidente, solo una precisión solicito: se dijo “el proyecto de inteligencia para mixta”. ¿Es de inteligencia del Estado o de la inteligencia del Estado? Estado. Muy bien. Senador García: Muchas gracias, presidente. Solicito una precisión respecto de los acuerdos de comité. La prórroga del estado de excepción de emergencia para las cuatro provincias, ¿es hoy día o mañana? ¿Para cuándo quedó? Quedó para mañana, en tercer lugar. Muchas gracias, presidente. Vamos con la tabla, secretario. Bien. El señor presidente pone en discusión, en particular, el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de tipificar los delitos de robo y hurto de cobre y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Iniciativa correspondiente a los boletines 15.525‑25 y 16.587‑25, refundidos. Este proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión del 18 de diciembre de 2024 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública, la cual deja constancia para los efectos reglamentarios de que los artículos 448 nonis y 448 duodecies, ambos propuestos por el número 1 del artículo 1 del proyecto de ley, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. Asimismo, corresponde dar por aprobado el artículo 448.1.10, que pasó a ser 448.10, contenido en el número 1 del artículo único de la iniciativa, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública. La referida comisión, además de efectuar diversas modificaciones al texto aprobado en general, aprobó todas ellas por unanimidad. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existan indicaciones renovadas. Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública y el texto tal como quedaría de aprobarse esta modificación. Es todo, señor presidente. El presidente de Seguridad Pública informa sobre el proyecto. Senador Durana, disculpe, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Este proyecto se inició en mociones de los honorables senadores, señores Velázquez y la señora Sepúlveda, y de los senadores, señora Proboste y señores Flores, Insulza, Provence y Velázquez, porque es un proyecto refundido en dos boletines. La Comisión de Seguridad Pública viene a entregar su segundo informe sobre este proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de tipificar los delitos de robo y hurto de cobre y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. No tiene norma de cuor en especial. Se recibió la opinión del Ejecutivo por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el coordinador legislativo, señor José Tomás Jumud, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el asesor legislativo del señor ministro, señor Rafael Ferrer.

En el texto aprobado en general se tipificó el delito de sustracción de minerales en forma de cátodos, ánodos, blister, lingotes u otro equivalente, incorporando un nuevo párrafo al Código Penal. Uno de los autores de la iniciativa expresó que ésta se promueve en vista del progresivo aumento de este tipo de conductas delictuales en un contexto en que, además, la demanda de cobre está creciendo a nivel mundial. En el presente informe se consideraron algunos perfeccionamientos, a saber: la eliminación de la disposición 448-DECIS, que consideraba agravar las penas cuando el delito se ejecutaba bloqueando vías férreas, impidiendo el paso de un tren o convoy de carga, rompiendo mineros ductos o lesionando y/o amenazando a trabajadores que se desempeñan en faenas mineras, en trenes o convoyes de carga. Sin embargo, se destacó que, en sí mismas, algunas de estas acciones ya constituyen tipos penales autónomos. Enseguida, se contempló una nueva disposición que prescribe que aquellos en cuyo poder se encuentren minerales en forma de cátodos y que no puedan justificar su adquisición, posesión o legítima tenencia, verán aumentada su pena en un grado, siempre que tuvieran por objeto la fundición, licuación o refundición de los minerales. Por último, se estima de utilidad incorporar el nuevo tipo penal entre las formas de receptación que comprende el artículo 456 bis A del Código Penal y, asimismo, ampliar el universo de posibles objetos de receptación, tales como redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios –electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua y lluvia, equipos de instalaciones de servicios de telecomunicaciones, transporte de pasajeros, transporte ferroviario, servicios de tecnología de información– o minerales en forma de cátodos, ánodos, blister, lingotes u otro equivalente. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Senador Gábor, tiene la palabra. Gracias, presidente. El robo de cobre ha dejado de ser un delito menor o incidental. Hoy constituye una actividad delictiva sistemática, con un alto grado de planificación y ejecución, que impacta directamente en la vida de las personas y en la seguridad de nuestras comunidades. Este delito daña infraestructura crítica y deja sin servicios esenciales a comunidades completas, afectando con especial dureza a los sectores más vulnerables. Frente a este fenómeno, señor presidente, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar con claridad. No basta con tratar estos hechos bajo las categorías tradicionales del hurto o el robo común. El nivel de organización, el impacto social y la reincidencia de estas conductas exigen un marco normativo específico y proporcional que permita a la policía y al Ministerio Público responder con eficacia. Durante el año 2024, la región de Coquimbo se posicionó como la más afectada del país por el robo de cables eléctricos de cobre. Según datos entregados por la Compañía General de Electricidad, en marzo de este año se registró la sustracción de más de 43 kilómetros de cobre desde sus redes de distribución, superando a regiones como Maule, Tarapacá y la Metropolitana. Estamos frente a bandas organizadas que actúan con total impunidad, destruyendo infraestructura y dejando comunidades urbanas y rurales enteras sin servicios básicos. Lo que empezó como un robo oportunista hoy es una amenaza estratégica al funcionamiento del país. No es solo un problema de seguridad patrimonial; es una amenaza directa a la vida diaria de miles de familias. El marco normativo vigente no ha logrado adaptarse a la dimensión y sofisticación de este fenómeno, lo que refuerza la urgencia de avanzar en una legislación específica y eficaz. Hoy en Chile no existe una figura penal específica que sancione el robo de cobre o minerales procesados; estos hechos se castigan bajo las normas generales del Código Penal como robo, hurto o receptación, generando un importante vacío a la hora de investigar y sancionar delitos cometidos por redes organizadas y especializadas. Este proyecto viene a cerrar esa brecha. Su objetivo central es crear un tipo penal autónomo que reconozca la sustracción de cobre y otros minerales procesados –como cables, cátodos, ánodos, blister o lingotes– mediante una figura diferenciada, sancionando con penas agravadas en comparación con el robo común. Además, se contemplan sanciones mayores cuando el material robado es transformado mediante fundición o cuando se utilizan documentos falsos para facilitar su transporte o comercialización. Asimismo, señor presidente, se modifica la figura de receptación, incorporando expresamente el cobre como bien protegido, lo que permite sancionar no solo a quien comete el robo, sino también a quienes posean los materiales obtenidos ilícitamente.

Comercializan este tipo de material sin justificar su origen, cerrando así un eslabón fundamental en la cadena delictiva. Este proyecto representa un paso necesario para enfrentar con decisión un delito que ha dejado de ser marginal y que hoy golpea con fuerza a nuestras comunidades. Por primera vez se establece una figura penal específica para sancionar el robo de cobre y se actualiza la normativa sobre receptación para perseguir también a quienes transportan, compran o comercializan este material sin respaldo legal, lo que permite abordar de forma más eficaz una conducta que hasta ahora operaba con márgenes de impunidad inaceptables. Ahora bien, esta iniciativa no incorpora herramientas especiales de investigación ni refuerza las capacidades operativas necesarias para desarticular a las bandas que están detrás de estos delitos, lo cual supone una debilidad que no podemos pasar por alto y que deberá ser abordada con urgencia si realmente queremos que esta norma tenga un mayor impacto en el terreno. La experiencia con la ley que sanciona el robo de madera nos ha demostrado que, cuando se combinan normas claras con capacidades de investigación reales, es posible romper con la sensación de impunidad. Esa debe ser también la dirección que aquí debemos tomar. A pesar de esta limitación, creemos que el proyecto representa un avance necesario; por ello lo respaldamos con convicción, esperando que en el corto plazo el Ejecutivo impulse más medidas complementarias que fortalezcan la fiscalización, la persecución penal y la capacidad del Estado para actuar con eficacia frente a este fenómeno que está vulnerando derechos de miles de compatriotas a lo largo del país. He dicho, señor presidente. ¿Se puede abrir la votación? ¿Están de acuerdo? Se abre la votación. En votación, senador Enrique Van Rensberg. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludo a las autoridades, aunque veo que no están presentes en la sala. Dicho lo anterior, quiero señalar, como bien indicaron quienes me antecedieron, mi intención de votar a favor de este proyecto de ley, iniciativa que resulta necesaria para enfrentar un problema que afecta a miles de ciudadanos, particularmente en regiones y zonas aisladas, independientemente de su situación económica o social. En ese sentido, estimo necesario insistir en que los constantes cortes de suministro eléctrico que se viven en todas las regiones del país se han constituido en uno de los principales problemas y quejas de la ciudadanía. Legislar sobre esta materia tiene gran urgencia, dado que constituye una de las principales demandas que me manifiesta la ciudadanía en mis recorridos por las comunas de mi región, especialmente en la provincia del Bío Bío. Respecto de la nueva norma que hoy debemos aprobar, quiero señalar que me parece muy adecuado que se instaure una estructura legal similar a la usada en la ley de robo de madera, la cual me tocó discutir y aprobar en mi paso por la Comisión de Seguridad hace algunos años y que ha resultado sumamente eficaz en la persecución y desarticulación de las bandas dedicadas a este ilícito, que abundaban en la provincia de Arauco y del Bío Bío, representación que ejerzo aquí en el Senado. En ese sentido, deseo hacer un llamado al Congreso y, particularmente, a los representantes del Ejecutivo, para que pongan urgencia en la remisión futura de esta iniciativa, de manera que pueda ser promulgada como ley a la máxima brevedad posible, permitiendo así aplicarla en su totalidad para la persecución y desarticulación de las bandas dedicadas al robo de cables, particularmente de cobre, que afectan gravemente el diario vivir de miles de chilenos en todas las regiones de nuestro país, y muy en especial en comunas de la región del Bío Bío. Finalmente, espero que el Ejecutivo cambie la actitud pasiva que ha mostrado durante la tramitación de esta importante iniciativa y aplique las urgencias legislativas necesarias para la rápida conclusión de las etapas que faltan acá en el Congreso, una cuestión que será agradecida por miles de chilenos que diariamente se ven afectados por cortes que alteran y afectan su normal desplazamiento, trabajo y vida familiar. Como anticipé al principio, votaré a favor, esperando que estos planteamientos sean considerados por el Gobierno en la tramitación restante de este proyecto, aun cuando en esta sala lamentablemente no contamos con representantes del Ejecutivo. He dicho, señor presidente, votaré a favor. Muchas gracias. Senadora, ¿aprobó usted? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lamento la ausencia del Ejecutivo en esta iniciativa, pero me alegro de que por fin estemos votando.

En la sala, se debate este proyecto en primer trámite constitucional que tipifica los delitos de robo y hurto de minerales en sus diversas formas, modificando los Códigos Penal y Procesal, y entregando más herramientas para la investigación y su persecución a partir de los boletines refundidos, como se señaló en el informe en su oportunidad. Se basa en boletines de distintas mociones presentadas por los senadores Velázquez y Sepúlveda, y en otra moción que hemos presentado junto a los senadores Flores, Proens, Insulza y Quien Habla en enero del año 2024. El trabajo realizado por la Comisión de Seguridad es encomiable, y aprovecho para agradecer tanto al senador Iván Flores, mientras presidía esta comisión, como al senador Durana, quien actualmente lo hace con gran compromiso. Esta comisión recibió, en su momento, a representantes de la industria, de la Sonami y de algunos centros de estudio, que dieron cuenta de la pertinencia de legislar en esta materia. Esto se hace necesario, dado que este tipo de delitos no solo ha ido en incremento, sino que también se han registrado robos de camiones, de trenes e incluso la intervención de ductos mineralógicos, acompañados lamentablemente de robos con intimidación en las propias faenas, como ocurrió recientemente en la comuna de Diego Almagro, llegando incluso a la utilización de armamento largo. Lo que resulta aún más preocupante es que estos delitos se han ido complejizando, a medida que bandas delictivas operan en territorios que forman parte de organizaciones criminales nacionales e internacionales, las cuales se han sofisticado en sus operaciones. Estas actividades incluyen la venta ilegal de minerales, el lavado de dinero y las exportaciones sin origen legal. Ya no hablamos únicamente de delitos que ocurren en el desierto, en zonas aisladas o no habitadas, sino que se están perpetrando en las propias faenas, donde los trabajadores son tomados como rehenes durante horas. Para ello, actúan bandas motorizadas, fuertemente armadas, con una logística de apoyo y cobertura característica de organizaciones criminales de alta complejidad. Estimados colegas, cuando discutimos este proyecto en sala en diciembre del año pasado, señalé que, ojalá tuviésemos presente que países hermanos de la región, en los que estos robos fueron escalando, hoy enfrentan situaciones extremadamente complejas de explotación de minería ilegal, con la captura de yacimientos en producción o de algunos que fueron abandonados en su momento. Debemos prestar atención a estos antecedentes y anticiparnos a situaciones que hoy nos parecen impensables. Señor Presidente, lamentablemente ha sucedido lo peor. Con profundo pesar y genuina consternación, debemos constatar que hace solo unos días trece mineros fueron brutalmente asesinados en una mina en la provincia de Patás, en el norte del Perú, luego de ser secuestrados y ajusticiados por un grupo armado que se hizo con el control de la mina en la que trabajaban. Este alevoso crimen, motivado por el robo de minerales, ha llevado al Gobierno del Perú a decretar un estado de emergencia y a disponer la custodia militar de la zona. Aunque nada similar ha ocurrido aún en Chile, seamos claros: son muchas las actividades delictivas que hemos vivido en los últimos años, sobre las que creíamos ser absolutamente inmunes. Por ello, mi llamado es a legislar con sentido de urgencia. Reitero la solicitud que he expresado a la propia ministra de la Seguridad Pública, para que el Ejecutivo coloque urgencia a este proyecto en su segundo trámite en la Cámara de Diputados, de modo que a la brevedad se transforme en una ley que contribuya al trabajo del Ministerio Público y de las policías, dotándoles de mayores herramientas para enfrentar a las bandas criminales que hoy operan en el norte de Chile. Lo anterior lo solicito porque, sin lugar a dudas, es un proyecto que aporta a la agenda de seguridad, una prioridad que ha estado comprometida tanto por el Gobierno como por los miembros de este Senado. Por ello, voto a favor, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Velázquez. Gracias, señor Presidente.

Este proyecto, uno de los que hoy se discuten, se ha fusionado. El que presentamos con la senadora Alejandra Sepúlveda es de fecha 28 de noviembre de 2022. Lo menciono porque considero que, dado el ánimo de reformar el reglamento, no es posible que un proyecto permanezca tanto tiempo en una comisión. Haber de buscar alguna fórmula para acelerar esos tiempos es fundamental, pues de lo contrario se pierde pertinencia, recursos humanos y se reproduce el mismo vicio de favorecer a quienes están cercanos al presidente o a la presidenta de la comisión, o a amigos del ministro o de la ministra, para que prioricen determinadas iniciativas. Creo que usted comparte la voluntad de acabar con esos vicios, lo cual podría ser una de las razones para impulsar esta medida. Tal como se ha indicado, vamos a aprobar este proyecto. Representa una región donde este tipo de delitos se ha exacerbado. Inicialmente se entendía únicamente como robo de cobre —y, por supuesto, de otros minerales— en términos de robo, hurto y receptación; sin embargo, hoy las penas se han agravado en la Comisión de Seguridad, con sanciones mayores. Además, hemos comprobado que este no es cualquier producto, pues se trata de un acto delincuencial organizado, o directamente crimen organizado. Nadie roba material de cobre en sus diversas manifestaciones para conservarlo en casa; existe una red de transporte de este metal, probablemente para su exportación, y la Policía ha constatado vínculos que involucran, en algunos casos, a ejecutivos y trabajadores de empresas en complicidad con bandas organizadas. Resulta oportuno incorporar técnicas especiales de investigación, como se discutió en la Comisión de Seguridad. Esta ley se erige como complemento de las normas aprobadas en los últimos años y evidencia el tratamiento dado a un proyecto que, aunque no afecta a todo el país, impacta a ciertas regiones, causando grandes daños. No solo perjudica a empresas públicas y privadas, sino que también pone en riesgo la vida de trabajadores del sector transporte. Finalmente, nos parece adecuado que este proyecto, postergado en numerosas ocasiones, haya llegado a la sala. Esperamos que las próximas tramitaciones se aceleren para que, a la brevedad, se convierta en ley de la República. Voto a favor, señor presidente. Gracias, senador. El senador Durana tiene la palabra. Gracias, presidente. El robo de cables, de cobre y de otras especies extraídas es un delito manejado por el crimen organizado. Es increíble observar cómo grandes cantidades de mineral, irregularmente acopiadas, son exportadas por nuestros puertos como un gran negocio; todos hacen la vista gorda ante la falsificación documental, la falta de trazabilidad del producto y su envío a destino como un negocio ilícito. La carencia de controles y de una legislación clara atenta contra los resultados de las reinvestigaciones y contra la eficiencia que todos deseamos para castigar a los culpables y generar un marco normativo sancionador adecuado. Por ello, se decidió impulsar este proyecto de ley que no solo agrava los tipos penales, sino que incorpora nuevas sanciones para quienes sean receptores y comercialicen este material obtenido delictuosamente. En este sentido, señor presidente, es necesario recordar que sanciones especialmente graves han permitido combatir…

El robo de madera en el sur, con resultados satisfactorios, nos señala la necesidad de sentar un escenario penal similar, considerando sanciones y procedimientos especiales de investigación, fundamentalmente en el caso del robo de cable y otras especies para la extracción de minerales, que además provocan un gran daño al dejar, en muchas ocasiones, sin conectividad a parte importante de la población o incluso a regiones de nuestro país. La capacidad de nuestras fuerzas de orden y seguridad, así como la especialización del Ministerio Público para el combate contra las sofisticadas formas en que se comete este delito, son fundamentales, al igual que la acción coordinada de todos los poderes del Estado para enfrentar este fenómeno delictivo. Voto a favor, porque efectivamente este es un delito que está siendo constantemente demandado y ya genera profunda molestia en la ciudadanía. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Provence. Gracias, presidente. El robo de cobre es lo más similar a lo que legislamos tiempo atrás con el robo de madera en el sur, y era necesario ordenarlo y planificarlo para poder terminar con esta situación que estamos viviendo en todo el norte del país. Como parlamentario de una región minera que se ve afectada constantemente por este tipo de delitos, no me queda más que recalcar la importancia del debate detrás de este proyecto de ley. Promover este tipo de normativas permitirá que, como sociedad, podamos contar con reglas claras y evitará que los habitantes, vecinos del mineral, sean afectados por estos delitos. El robo de minerales, especialmente cobre, ha aumentado potencialmente, acompañado de mayor violencia, organización y altos montos involucrados. Además, el delito ha proliferado producto de la baja penalidad y el alto lucro que conlleva. Debido a la ubicación remota de los yacimientos y rutas de transporte, se convierte en un delito de bajo riesgo para los delincuentes. Un ejemplo reciente ocurrió en el año 23, en el mes de noviembre, cuando la Policía de Investigaciones decomisó 176 toneladas de cobre destinadas a Europa, almacenadas en cinco bodegas, con un perjuicio fiscal estimado en 2.600 millones de pesos. La situación del robo de cobre en la minería no es sólo un delito que afecta a los propietarios de los cables de cobre o de los minerales, sino que tiene un impacto en la comunidad en su conjunto. Tal como ocurrió a fines de febrero de este año, cuando, tras un masivo corte de luz, la falta de suministro se vio obstaculizada debido a los robos de cables durante ese apagón. La ciudad de Coviapó sufrió ese efecto; mientras todo Chile contaba con luz, nuestra capital regional instalaba los cables que habían sido robados en esa instancia. Esta regulación específica del delito se hace necesaria, y esperamos poder replicar el éxito que han tenido otras iniciativas, como el delito del robo de madera, cuyo manejo permitió una rebaja de este tipo de ilícito en un 82% durante los últimos 18 meses. Con ello, se espera que este proyecto permita una disminución efectiva de estos delitos. Si bien la industria y los pequeños mineros intentan resguardar el mineral mediante distintos medios de protección, la baja penalidad no es suficiente para quienes deciden cometer este delito. Recuerdo a un dirigente de mi región, Joel Carrizo, quien señaló que la situación es muy preocupante, ya que estas bandas delictuales no sólo se conforman con robar, sino que además agreden y amenazan a sus víctimas. El proyecto, en definitiva, aumenta las penas del robo con violencia. Dependiendo de las características propias del ilícito, las penas pueden comenzar desde 10 años de presidio hasta el presidio perpetuo en la hipótesis más lesiva, considerando un agravante adicional cuando se ejecuta bloqueando vías férreas, caminos, impidiendo el paso de convoyes y de trenes. Es por eso, presidente, que voy a votar a favor de este proyecto, porque viene a ser...

Una justicia en el norte, con una mayor protección y penas bastante más elevadas, que hagan que los delincuentes lo piensen dos veces antes de actuar, además del comiso de los vehículos que puedan estar usando para este flagelo. Voto a favor, Presidente. Gracias, señor. Pues tiene la palabra el senador. Está, por reglamento, el senador Macaya. Un tema reglamentario breve, Presidente, que lo comenté recientemente con usted y con otros miembros de la Comisión de Defensa, con el senador Piú. Senador Buenchumilla, le pido, por favor, que escuche lo que va a plantear el senador Macaya. Hay un acuerdo: en comité se acordó poner mañana en la tabla el proyecto de inteligencia, con el fin de derivarlo a la mixta. Se llegó a un consenso en comité para mandar a la mixta rechazar la totalidad de ese proyecto, con el objetivo de que se pueda remitir a la comisión mixta de forma rápida. Con el senador Piú y algunos miembros del Ejecutivo también estamos construyendo cuáles serían los temas que se debieran enviar a la mixta. Todavía no hay una definición completa, pero el punto es que rechazar la totalidad mañana podría significar que el proyecto tenga, finalmente, una ralentización importante. La sugerencia, Presidente, que hemos conversado con algunos miembros de la Comisión, es que sea la propia Comisión de Defensa quien, en una sola sesión, revise cuáles son los aspectos que la sala sugiera derivar a la comisión mixta, para, quizá, encontrar puntos de convergencia respecto de lo que ya aprobó la Cámara de Diputados y que pueda tener concordancia en el Senado. De esta forma, se evitaría remitir la totalidad a la comisión mixta sin contar con información suficiente. Esa es la propuesta, o más bien la solicitud, Presidente, de que la Comisión de Defensa, en una única sesión, revise y recomiende cuáles son los aspectos a derivar a la comisión mixta, y ojalá ello se haga mañana. Podríamos, si el tiempo nos lo permite, considerando que mañana también estaremos convocados por la solicitud para que las comisiones revisen el tema de los estados de excepción constitucional, organizar la sesión en paralelo en sala sin inconveniente. ¿Hay acuerdo para que proceda la Comisión de Defensa? Sí, ya está acordado. Antes de ofrecer la palabra, ojalá lo pudieran hacer mañana, porque hasta eso podría, por reglamento, realizarse por Zoom. Yo creo que no se trata de una comisión formal para describir los temas; habría que ver si es posible, en caso de que no se alcance, pero la idea es que lo informen de forma inmediata. Senador Flores, por favor. Presidente, respecto al punto: yo ya no pertenezco a la Comisión de Seguridad; no obstante, es importante recordar —y usted sí ha pertenecido a ella— que han existido posturas distintas sobre cómo enfrentar un proyecto relacionado con un sistema nacional de inteligencia. No se trata únicamente de defensa ni exclusivamente de las Fuerzas Armadas, sino también de competencia de la Agencia Nacional de Inteligencia en el caso chileno, y, por cierto, de las policías, Presidente. Siempre se ha dicho que, cuando llegue el proyecto, debe ser trabajado en Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad. Ahora bien, en la coyuntura actual y considerando que el proyecto, originalmente bastante incompleto y que fue deteriorado en el camino, tiene hoy dificultades en la Cámara, no lo pueden resolver 10 personas a cuenta de casi 200 parlamentarios. Esto es un tema sumamente delicado. La Agencia Nacional de Inteligencia está quedando en una situación precaria y cuenta con observaciones profundas y de fondo. Por ello, no es tan fácil que, después de tanto debate y de haber dejado mal encaminadas varias cosas, se trate de una comisión en una sola sesión que simplemente liste los temas a derivar a una comisión mixta. Y, por cierto, aunque no quiero menospreciar la experiencia de nadie, no sé cuánta experiencia tengan algunos colegas parlamentarios —no hablo del caso de Defensa y Seguridad en el Senado, sino de la Cámara, en la que son sorteados— para resolver algo tan relevante para Chile en una situación tan compleja…

Que claramente Chile hoy día acusa deficiencia, lo van a resolver 10 personas así nomás, haciendo una listita de supermercados. Yo creo que podemos cometer un error, presidente, y echarlo a perder aún más. Desgraciadamente, las mixtas son así; ya está acordado que vaya a Defensa. Le ofrezco la palabra para que sigamos en el tema que estaba en votación al senador Gustavo Sanhueza. Gracias, presidente. Sin duda, este es un proyecto que cobra relevancia por lo expresado principalmente por nuestros colegas del norte y por cómo afecta a la minería. Yo voy a dar el sentir de la zona del centro y mostrar cómo impacta en otros aspectos tan relevantes como lo expresado anteriormente por mis colegas. Estamos frente a un crimen organizado, lo cual se refleja en lo ocurrido con el metal rojo en el último tiempo, relacionado con la alza del precio, con las facilidades para la venta del material robado y con la articulación del proceso de blanqueo que finalmente permite su venta. Me remito, presidente, a algo que apareció hace pocos días en el diario La Discusión, el segundo diario más antiguo de nuestro país, de la región de Ñuble. En una de sus notas, titulada "Robo de cable y servicio de trenes", se indica en el primer párrafo que más de 100 servicios del ferrocarril entre Santiago y Chillán se han visto interrumpidos, postergados o retrasados durante este año, debido a más de 40 episodios de robos de cables de cobre y actos de vandalismo que han afectado la red eléctrica del tendido ferroviario. Es decir, se han registrado más de 40 hechos delictuales en la ruta entre Chillán y Santiago, señor presidente. Esto afecta no solo a quienes hacen uso del tren, sino también a una política de Estado que, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, logró concretar la compra de seis ferrocarriles implementados durante el gobierno del presidente Boric, lo que permitía una mayor celeridad en el recorrido. Sin embargo, si estos hechos continúan, el objetivo perseguido con esa inversión no se estará cumpliendo. Además, el robo de cables en la zona central y en el sur del país afecta zonas que dependen del servicio eléctrico, impactando la vida de miles de personas y dejando claro que el crimen organizado impide su diario vivir. Por eso, considero que este proyecto de ley es importante, presidente, pero es solamente el punto de partida; es el Ejecutivo quien debe presentar una iniciativa más robusta. Esto coincide con lo que han señalado mis colegas, como el senador Durana y el senador Provence, en el sentido de que debemos hacer un símil con lo que fue el proyecto de ley sobre el robo de madera, el cual, basado en datos concretos y duros, permitió desarticular bandas quitándoles el capital con el que operaban y, con ello, contribuyó a disminuir la comisión de ese tipo de delitos. En este sentido, voto a favor. Senador Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Recién la semana pasada estábamos en Tierra Blanca, una localidad muy popular de la comuna de Coquimbo. Fuimos invitados, junto con senadores y diputados, para hablar de seguridad, y constatamos que este era uno de los delitos más frecuentes, protagonizado hoy día por bandas criminales. Me refiero al robo de minerales, particularmente de cobre, en cualquiera de sus estados, tal como lo comentábamos recién con la senadora Yarna Proboste, una de las autoras de esta iniciativa. Quiero felicitar a todos los senadores y senadoras que han suscrito este proyecto, ya que en regiones del norte del país, como la Región de Coquimbo, que tengo el honor de representar, la situación es hoy día un verdadero drama.

Está asociado a crímenes organizados y muchas veces está asociado al uso de la violencia propio de estas bandas de crímenes organizados. Yo quiero destacar lo que hace este proyecto en términos no solamente de generar una agravante de responsabilidad penal en el artículo 448 nonies del Código Penal, sino que también de tomar buenas experiencias de la ley que tipificó el delito de robo de madera, que una de las cuestiones que han reconocido los agricultores es que ha logrado disminuir los delitos en la macro zona sur; se toma esa buena experiencia de la ley que tipificó el robo de madera en esta legislación, que tipifica delitos de robo y hurto de cobre en cualquiera de sus estados y que habilita el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. La posibilidad de establecer el comiso de vehículos, de armas, de municiones, de herramientas y de instrumentos utilizados en la comisión del delito es una figura muy útil, ya incorporada en las leyes que entregaron mayores atribuciones a policías y fiscales para perseguir el crimen organizado, que este Congreso Nacional aprobó en el año 2023. Y quisiéramos, Presidente, que se utilizara mucho más la posibilidad de establecer esta medida de comiso, ¿no es cierto?, de aquellos elementos que se utilizan para la comisión de estos delitos. Creo que el tomar la trazabilidad también en la forma en que se cometen estos delitos, como está contemplado en el artículo 448 nonies del proyecto de ley, me parece fundamental. Y, sobre todo, castigar como autor de sustracción de minerales con las penas previstas en el artículo 436, aquel en cuyo poder se encuentren minerales en forma de cátodos, ánodos, blíster, lingotes u otro equivalente cuando no pueda justificar su adquisición, posesión o legítima defensa. Además, los medios de fiscalización que disponga la policía a partir de esta ley sobre los camiones, donde muchas veces se utilizan para cometer este delito, de creciente ocurrencia sobre todo en las regiones del norte del país, son fundamentales. Por ello, he dado mi aprobación, y obviamente mi voto favorable a este proyecto de ley de artículo único que sanciona el robo y hurto de minerales de cobre en cualquiera de sus estados. Muchas gracias, Presidente. Senadora Luis Eliana Evans-Perger, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Muy breve, creo que acá se ha dicho todo. Este es un muy buen proyecto. Agradecemos a sus mocionantes, liderado por la senadora Proboste, que el Norte, sobre todo, estaba esperando, ¿no es cierto?, con todas las dificultades que tiene y que trae la sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, de ánodos, de blíster, en lingotes, etc., y que se ha transformado realmente en una industria del delito. Me parece, Presidente, que esto lo agradece Chile, pero especialmente el norte. Espero que tenga un amplio respaldo; creo que así va a ser, por lo que se ha escuchado en la sala, y que ojalá prontamente se convierta en ley. También esperamos, no es cierto, que la misma rapidez tenga el proyecto de ley de robo de cables, que es el otro gran problema junto con este, en el país, pero particularmente en el norte. Con mucho gusto y con el convencimiento, Presidente, de que es un buen proyecto, voto a favor. Gracias. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: afirmativa, aprobando el particular.

El proyecto de ley, 34 votos, por la negativa rechazándola, cero abstenciones, cero pareos, cuatro. Senadora Moreira e Insulza, Senadora Núñez y Pascual, Senador Araya y Senador Macalla, y de la Senadora Carvajal y del Senador Cruzco. Aprobado en particular, va a la Cámara, va a la Cámara del Segundo Trámite. Vamos al otro proyecto, por favor. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señores Quintana, Huanchumilla, Insulza, Osandón y Piú, y en moción de los honorables senadores señores Castro González y Osandón, a la que posteriormente dirieron los honorables senadores señora Núñez y señores Chagüen y Flores. Se trata de modificar la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican. Iniciativa correspondiente a los boletines 15.347-07 y 16.430-07 refundidos. Los objetivos de esta iniciativa de ley son modificar la ley número 20.000 para tipificar y sancionar más severamente el tráfico de sustancias o drogas que, aun en pequeñas cantidades, sean capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, y establecer circunstancias agravantes comúnmente asociadas a su comisión. La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley en el trámite del primer informe, por tratarse de un proyecto de artículo único, y propone que en la sala sea considerada de la misma manera. La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de los honorables senadores señores Castro González, Durana, Flores, Osandón y Zabavedra. En particular, sancionó la iniciativa en los términos y con las votaciones que registra en su informe. El texto que se propone aprobar se transcribe a partir de la página 46 y siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Señor presidente, de la Comisión de Seguridad Pública, informe, Senador Durana. Gracias, presidente. El objetivo del texto, despachado por la comisión, es modificar la ley número 20.000 con tal de tipificar y sancionar más severamente el tráfico de sustancias o drogas que, aun en pequeñas cantidades, sean capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, y establecer circunstancias agravantes comúnmente asociadas a su comisión. Para ello se introducen modificaciones al artículo 4º, que sanciona el microtráfico de drogas, sancionando el tráfico de estas sustancias que, por su cantidad, podría ser calificado como microtráfico, con las penas del artículo primero, que son más graves. Como consecuencia de esto se introducen, además, las correspondientes adecuaciones en los artículos quinto, sexto y séptimo. Asimismo, se incorporan tres nuevas circunstancias agravantes al artículo 19: si las sustancias traficadas fueran adulteradas, manipuladas o mezcladas entre sí, o con otras de conformidad con el reglamento, aumentando con ello su capacidad de causar daño físico, mental o su potencial letalidad; si el delito se cometiera valiéndose de la simulación de actividades o de comercio internacional, el uso de medios tecnológicos avanzados o la implementación de aplicaciones virtuales, en todos los casos para facilitar su ejecución o encubrir su naturaleza ilícita; y si se determinara que parte o la totalidad de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas objeto del tráfico hubieran sido sustraídas de recintos de salud, de instalaciones autorizadas para el almacenamiento o venta de suministros e insumos médicos o de lugares destinados a su destrucción, y el imputado hubiera conocido o, al menos, debiera haber conocido que dichas sustancias provienen de alguno de estos lugares. Se propone una enmienda, además, al artículo 43, con tal de que el protocolo...

El análisis químico de las sustancias que debe realizar el Servicio de Salud para el Ministerio Público en cada investigación asociada a este tipo de delitos ya no debe referirse al grado de pureza de las muestras, comprendiendo la alta toxicidad que revisten estas nuevas sustancias más allá de su pureza. Además, se consulta un artículo transitorio que encarga al Ejecutivo, en el plazo de seis meses contado desde la publicación de la ley, realizar las modificaciones pertinentes al reglamento contenido en el decreto número 867 del 19 de febrero del 2008 para incorporar una nueva calificación de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica y capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, aún con consumo en bajas cantidades. Este proyecto se estructura en un artículo permanente que consta de seis literales y un artículo transitorio. No requiere de un cuadro en especial para su aprobación y no irroga nuevos gastos fiscales. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Gabona. Presidente, ¿podemos abrir la votación? Ok, gracias. Señor presidente, Chile enfrenta una amenaza que avanza con rapidez y de forma silenciosa: el tráfico de drogas sintéticas, como la ketamina, el fentanilo o el carfentanilo. Se trata de sustancias de altísima toxicidad, capaces de provocar dependencia aguda, daño neurológico grave e incluso la muerte con dosis mínimas. A diferencia de las drogas tradicionales, estas no requieren grandes volúmenes para generar efectos devastadores, lo que facilita su ocultamiento, transporte y comercialización. Ya no hablamos de un problema eventual o externo. Las cifras muestran un aumento sostenido en la circulación de estas sustancias en nuestro país y, aunque su presencia aún es incipiente, la experiencia internacional ha demostrado que basta un leve desfase normativo para que estas redes se consoliden, con consecuencias sanitarias y sociales difíciles de revertir. Por eso, el Congreso tiene el deber de anticiparse. No podemos esperar a que esta amenaza se instale plenamente para reaccionar, ya que lo que está en juego es la posibilidad de actuar a tiempo, con herramientas eficaces, antes de enfrentar una crisis que en otros países ha cobrado miles de vidas. Durante los últimos años, Chile ha registrado un crecimiento constante en la circulación de drogas sintéticas; en particular, ketamina y fentanilo. En 2024, la Fiscalía y la PDI realizaron la mayor incautación de ketamina hasta la fecha, decomisando más de 96 kilos en la región de Arica y Parinacota. Casos como este evidencian que estas sustancias ya están siendo introducidas por redes criminales con logística avanzada y proyección territorial. Y lo más preocupante es que parte del riesgo ya está instalado dentro del propio sistema de salud y la cadena legal de suministro. En los últimos años se han registrado robos y sustracciones de fentanilo desde hospitales, clínicas y laboratorios. Muchos de estos hechos no han sido esclarecidos y las policías ya han decomisado ampollas de uso hospitalario en manos de redes delictuales, lo que confirma que parte del fentanilo legal está llegando al mercado delictual. Lo que enfrentamos no es solo un problema penal, es una amenaza directa a la salud pública y a la seguridad de nuestras comunidades, que exige respuestas proporcionales, oportunas y eficaces. Este proyecto de ley busca actualizar la ley 20.000 para enfrentar, con mayor claridad y eficacia, el tráfico de drogas sintéticas de alta peligrosidad, como el fentanilo, la ketamina o el carfentanilo. Estas sustancias requieren un tratamiento penal distinto al que tradicionalmente se ha aplicado a otras drogas, por la magnitud de su toxicidad y el riesgo que representan. La iniciativa establece un régimen más severo y específico para quienes trafiquen este tipo de compuestos, incorporando nuevas agravantes que permiten sancionar con mayor fuerza ciertas modalidades delictivas, como la adulteración de sustancias, el uso de plataformas digitales o la sustracción desde servicios de salud. Además, elimina la exigencia de determinar el grado de pureza en los peritajes químicos, lo que soluciona una barrera técnica que en muchos casos entorpecía la persecución penal. También se reconoce expresamente que estas sustancias no pueden seguir tratándose como si fueran de bajo riesgo, eliminándose beneficios penales que antes se aplicaban solo por manejar pequeñas cantidades. Aquí, el criterio ya no es el volumen, sino la peligrosidad real de la sustancia. En resumen, se trata de una reforma que recoge el cambio profundo en el fenómeno delictivo y ajusta las herramientas del Estado para enfrentarlo con proporcionalidad, eficacia y sentido de urgencia. Este proyecto representa una respuesta seria y bien orientada frente a un fenómeno criminal que ya se está instalando en Chile. No es razonable seguir aplicando reglas pensadas para sustancias menos peligrosas, cuando en realidad se trata de compuestos que son decenas de veces más tóxicos y más adictivos.

Y difíciles de controlar. Esta ley actualiza el marco penal con claridad, establece agravantes específicas y elimina beneficios injustificados que hoy no resisten evaluación técnica ni social. Pero, más allá del plano jurídico, esta iniciativa envía una señal política clave: el Estado no va a esperar a que el problema estalle para actuar. Se está legislando con anticipación, con evidencia y dotando a las instituciones de herramientas concretas para proteger a la población, especialmente a los más jóvenes, que son el blanco preferente de estas redes criminales. Por todas estas razones, señor presidente, respaldamos esta iniciativa y valoramos el trabajo legislativo que ha hecho posible este proyecto de ley. Voto a favor del proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. A continuación, le ofrezco la palabra al senador, don senador Castro. Gracias, presidente. Decir que este proyecto de ley lo hemos impulsado junto a diversos senadores por un tiempo ya largo y que está viendo su destino aquí en sala, finalmente, bajo la convicción de que esta es una amenaza no solo internacional, sino una amenaza instalada en Chile. Fíjese que el 100% del fentanilo ya ha sido incautado en nuestro país, proveniente de productos robados de hospitales, bodegas o recintos de salud pública. Se han detectado más de 1.200 ampollas en operativos realizados, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, y 40 ampollas en búnkeres en la Región Metropolitana. Por lo tanto, la amenaza del futuro ya no es tal, está instalada, y sabemos, además, que esta droga, en la cual dos miligramos pueden causar la muerte, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Es decir, hoy día el mundo y, sobre todo, los países de América del Norte se enfrentan a una situación extremadamente grave, ya que es muy adictiva; es una droga que, a veces, no es producida en laboratorios clandestinos como la cocaína, sino que llega en ampollas que luego se reducen a microdosis letales. Como ocurrió en el año 2021, cuando 80.000 personas en Argentina murieron, y recientemente murieron 24 personas por consumir cocaína adulterada con carfentanilo. Por lo tanto, esta reforma que estamos votando hoy propone introducir agravantes, una de ellas para la mezcla, ya que la Ley 20.000 no considera agravante la mezcla de distintas drogas, en este caso fentanilo, ketamina y otras drogas sintéticas; lo mismo para la adulteración y manipulación de estas sustancias, el uso de embarcaciones, aeronaves y transporte terrestre en el traslado, además de la tecnología que simula el comercio internacional. También se aborda la fuga que tenemos de hospitales, clínicas y bodegas farmacéuticas, donde hoy día estos productos están expuestos al robo masivo y a la comercialización clandestina en un mercado secundario. Por lo tanto, esta red de crimen organizado, como han mencionado distinguidos colegas anteriormente, está conformada por bandas transnacionales que ya operan en Chile, y nosotros no podemos quedarnos ni dormidos ni impávidos. En ese sentido, este proyecto de ley va al meollo del asunto para tipificar una situación que, aunque nueva, es inevitable y, si no actuamos, puede resultar fatal, sobre todo para adultos y jóvenes, como ocurre en Estados Unidos, donde cuatro de cada diez pastillas de fentanilo ilícito contienen una dosis letal. Por ello, apoyar este proyecto de ley es clave para cuidar a la gente, especialmente a aquellos en nuestro país que, aunque vulnerables o adictos a otras drogas, no sufren la severidad de la adicción que genera esta “droga zombie”, término usado por la prensa, pero que en la práctica provoca daños enormes e incluso la muerte con pequeñas dosis. Esa es la razón de mi apoyo y mi voto a favor del proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Castro. A continuación, le ofrezco la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena. Seguidamente, al Senador Sebastián Keitel. Gracias, señor presidente. Lo primero es, por un lado, felicitar a los senadores que presentaron esta moción y, por otro, cuestionarnos sobre por qué nos costó tanto sacarla en tabla, pues como han señalado todos mis antecesores, a través de su intermedio, este es un tema urgente…

El fentanilo de alguna manera es probablemente la droga, sino la más potente que existe hoy día, 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. En Estados Unidos ya hay algunos estados en que prácticamente esto es una calamidad, pues se registran más de 100.000 muertes anuales en un país que, a pesar de tener un alto control del consumo de drogas, ha resultado, digamos, insostenible en términos de control. La tendencia en Chile –lamentablemente, de todos los consumos en Latinoamérica– es que nuestro país se ubica entre aquellos con los niveles más altos de consumo, y por lo tanto, tampoco se puede pensar que vaya a ser diferente con el fentanilo y con todas las drogas incorporadas en este proyecto. La tendencia sigue siendo sostenida, tal como lo demuestran las incautaciones y las intoxicaciones por fentanilo. La magnitud de los decomisos para el 2024 alcanzó las 2.200 ampollas. Se dice que hay personas que, por su sensibilidad, con tan solo una ampolla quedan definitivamente adictas. El crecimiento del mercado ilícito y la peligrosidad extrema de estas sustancias justificaban, absolutamente, la presentación y la aprobación urgente de este proyecto. Destaco las agravantes que se incorporan, como el robo de insumos médicos, porque, como bien lo señalaba un senador que me antecedió a través del presidente, el robo de insumos médicos hoy día es un tema crucial; junto a ello se suman la adulteración de sustancias y el uso de vehículos y medios de transporte. Quiero poner énfasis en que, en la actualidad, Estados Unidos y México mantienen una pugna pública por la situación de los ingredientes que se trasladan de un país a otro para producir fentanilo. Probablemente, el próximo paso no será solo el robo de ampollas en hospitales y clínicas privadas, sino que, considerando que Chile es un país que cuenta con alta tecnología en el ámbito de la química y la farmacéutica, lamentablemente podríamos ver iniciada la producción interna de esta sustancia. Esto, reconociendo que nuestro control portuario y aduanero no es el mejor –no por falta de voluntad, sino porque nos faltan equipamiento, infraestructura y tecnología adecuada–, y sumado a una extensa frontera que complica temas de migración, tráfico de alimentos y la entrada de plagas que afectan económicamente, resulta sumamente preocupante. Por lo tanto, es muy importante que este proyecto se apruebe y se implemente rápidamente en el sistema público, para contrarrestar las tendencias negativas que afectan a nuestra ciudadanía. Así que voy a aprobar este proyecto esperando que pronto se convierta en una norma aplicable de manera inmediata. Gracias. Senador Sebastián Keitel tiene la palabra. Otros jóvenes, quienes lamentablemente, debido al avance del narcotráfico y el crimen organizado, hoy cuentan con un acceso cada vez mayor a las drogas, se están viendo afectados. La reciente publicación del Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, realizado por Senda, confirma esta realidad, indicando que uno de cada cinco estudiantes entre octavo y cuarto medio consume alcohol o marihuana. Lo que resulta aún más preocupante es el aumento en las cifras de consumo de cocaína y pasta base, situación que nos obliga a tomar medidas más severas. El proyecto en discusión es un aporte importante para enfrentar esta problemática, al endurecer las sanciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y poner fin a la impunidad que otorga un sistema, muchas veces, excesivamente flexible para responder con mano dura a la crisis actual. Presidente, el narcotráfico está dañando nuestras comunidades y minando el futuro de todas nuestras generaciones. Es hora de tomar decisiones contundentes. Este proyecto de ley es un paso firme y en la dirección correcta. No debemos dejar de trabajar unidos, sino seguir colaborando para asegurar que las políticas públicas sean eficientes y lleguen a todos los rincones de Chile. Si no tomamos acciones contundentes hoy, estaremos hipotecando el futuro de nuestro país. Espero que realmente todos apoyemos esta importante iniciativa. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, senador Keitel. A continuación, le ofrezco la palabra al senador Iván Flores y, posteriormente, al senador José Miguel Durán.

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