Senado · Hacienda

Bueno, en nombre de Dios y de la patria, abrimos esta sesión conjunta de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Esta sesión, colegas, se ha citado para el objeto de escuchar al Ministro de Hacienda y a la Directora de Presupuestos respecto del Informe de Finanzas Públicas. Señora Secretaria, no hay nada más que informar. Si les parece, entonces le damos la palabra al Ministro y a la Directora de Presupuestos. Esta sesión la presiden conjuntamente el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Diputado Boris Barrera y quien habla. Señor Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días, Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y a las diputadas e integrantes de ambas comisiones. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación relativamente inusual, ya que, junto con el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con las acciones correctivas relacionadas con el incumplimiento de la meta fiscal en el 2024 y, además, incorporamos los resultados del informe del Fondo Monetario Internacional sobre las proyecciones de ingresos fiscales en Chile. Así que hay mucho material, y a esto se le suma una coyuntura económica global que es particularmente desafiante. El diputado estaba solicitando que tuviéramos la presentación para proyectarla. No nos ha llegado, Ministro. ¿Ya llegó? Si les parece, esperamos a que llegue para que pueda continuar el Ministro. Aprovechen, colegas, de pedir café, té o agua. Recording stopped.

¿La recibieron todos, colegas? Sí, ahora están. ¿La recibiste, Camí? Sí, estamos. Bueno, Presidenta, en esta coyuntura se confluyen varios temas: uno es el informe de Finanzas Públicas tradicional; otro tiene que ver con las acciones correctivas en función del incumplimiento de la meta fiscal en 2024; además, está el informe sobre proyección de ingresos fiscales del Fondo Monetario. También enfrentamos una coyuntura global particularmente desafiante. Existen ciertas opciones metodológicas que se han tomado y que se irán desarrollando en el curso de la presentación. A esta altura, lo importante es destacar que este informe es mucho más amplio, contiene muchas más variables de lo habitual y, probablemente, necesitaremos más tiempo para discutirlo. Vamos a tratar de ir siempre al grano, aunque en este caso hay mucho grano. Lo primero es que debemos recordar que esta discusión se desarrolla en un contexto en el que se están aplicando todas las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobaron hace unos meses, producto del despacho de la reforma de dicha ley, la cual recibió varias indicaciones y modificaciones en su tramitación legislativa respecto al proyecto originalmente presentado por el Gobierno del Presidente Piñera. En particular, se incluyó la incorporación de una nueva regla fiscal de ancla de deuda bruta de mediano plazo; es decir, ahora nuestra regla fiscal pasa a ser dual, con una meta no solo de balance estructural del año, sino también de relación deuda/PIB. En segundo lugar, se han establecido metas anuales explícitas en el decreto de política fiscal. Anteriormente, dicho decreto fijaba únicamente una meta al final del periodo de gobierno, y con la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se incorporaron metas anuales. Por ello, se habla ahora de desvío respecto de la meta que teníamos en 2024, ya que en el esquema anterior no habríamos contado con el equivalente a una meta decretada con esas características. La reforma de la responsabilidad fiscal incluye, además, cláusulas de escape de la regla en diversas situaciones, aunque en este caso no se están invocando. Un cambio importante introducido por esa norma fue el abandono tácito y temporal de la regla durante la crisis del COVID-19, junto con la incorporación de mecanismos de control y corrección de desvíos en caso de incumplimiento. Esta comparecencia se realiza ante las comisiones de Hacienda.

Del Senado y de la Cámara se efectúa, precisamente, en cumplimiento de esa norma establecida en esta reforma legal y, luego, respecto del rol del Consejo Fiscal Autónomo sobre las metas fiscales, donde se agregó evaluar y monitorear el cumplimiento de las reglas fiscales y entregar su opinión frente a eventuales desviaciones. Entonces, todo esto es nuevo y lo estamos, en la práctica, estrenando en esta oportunidad. Este informe de finanzas públicas, por lo tanto, no es solamente –es decir, esta presentación no solo da cuenta del informe de finanzas públicas–, sino que también abarca un documento de acciones correctivas del Ministerio de Hacienda, de la División de Presupuestos, el informe de asistencia técnica del Fondo Monetario sobre proyecciones de ingresos y un informe de la OSD sobre revisiones selectivas de gasto en Chile. Así que, a lo largo de la presentación, iremos viendo referencias a estos documentos. Lo primero que vamos a citar es, precisamente, el informe del Fondo Monetario sobre métodos de proyección de ingresos fiscales en el proceso presupuestario. Este informe dice que muchos, cierto, planteaban que esto iba a tratar sobre si el gobierno se equivocó o no; sin embargo, ese no es el objetivo del informe. Su objetivo es evaluar los métodos de proyección que tenemos en Chile y proponer mejoras. Se trata, en definitiva, de una tarea de mucha mayor profundidad y proyección que discutir un dato particular de un solo año. Lo primero que surge es que una característica de nuestro sistema tributario es que la tributación a las rentas corporativas (el impuesto de Primera Categoría) tiene en Chile una participación muy alta en la recaudación total. Recordemos que, en las comparaciones internacionales, aparecemos con una tasa más alta de impuesto a la renta corporativa que en otros países, pero, al mismo tiempo, con mayor volatilidad. Esto se observa en el gráfico que compara, por un lado, la participación del impuesto a la renta en la recaudación total y, por otro, la volatilidad de dicho impuesto, evidenciándose en Chile –representado por puntos rojos– tanto una participación más alta como una mayor volatilidad en comparación con la mayoría de los países. Por otra parte, si observamos este otro gráfico, también tomado del informe del Fondo Monetario, vemos la evolución de los ingresos por recaudación tributaria a lo largo del tiempo, comparando a Chile con otros países, en particular con Canadá, con el promedio de la OECD, con Nueva Zelanda y con Australia, precisamente por tratarse de países que cuentan con una base de recursos naturales importante. Lo que se evidencia es que, en el caso de Chile, la volatilidad de los ingresos tributarios totales es mayor que en esos países. Esta volatilidad se debe, en parte, a la importancia que tienen los ingresos provenientes de la minería para la tributación en la renta, pero también a una base económica que tiende a ser más volátil que en otros países. Finalmente, cabe destacar el elemento más coyuntural: entre fines de 2021 y mediados de 2023 se registraron shocks macroeconómicos sin precedentes en la economía mundial y, en particular, en la chilena. Sin embargo, en ese mismo periodo en Chile se combinaron cambios en la estructura tributaria. Entre 2019 y 2022 se implementaron cerca de 50 modificaciones tributarias distribuidas en tres leyes aprobadas durante el gobierno anterior, incluida la última, que financió la creación de la PGU. De este modo, en el mismo lapso se observa tanto una gran volatilidad macroeconómica como modificaciones tributarias que afectan la recaudación, haciendo especialmente difícil distinguir entre lo que corresponde propiamente a las modificaciones legales y lo que responde al ciclo económico.

va a proponer una serie de mejoras metodológicas, que las vamos a ver a continuación, y que tienen que ver con cómo usar más microdatos y series de tiempo para poder afinar las proyecciones fiscales. Cabe destacar que este problema –tanto de la volatilidad de los ingresos fiscales como de los cambios en el transcurso de la crisis del COVID-19– no es exclusivo de Chile. En el informe del Fondo Monetario se identifican varios países en los que las desviaciones de las proyecciones fiscales se acentuaron con la pandemia, una situación que aún continúa. Se comparan casos como los de Canadá, Francia y Corea, en los que se evidencian diferencias entre las proyecciones y la recaudación efectiva. Por ejemplo, en Canadá se proyectaba un aumento de la recaudación, pero se produjo una caída en el 2024; en Francia se registraban diferencias muy significativas, de más de 1,4% del producto, y en Corea, de 1,2% del producto. Ahora, vengo llegando de Brasil, donde el déficit fiscal es de 8,5% del producto y donde en intereses de la deuda se paga el 8% del producto. Por supuesto, son casos diferentes, pero lo interesante es que en todos estos países –Canadá, Francia y Corea– este tipo de comportamiento y las brechas entre las proyecciones y la recaudación efectiva han llevado a una reflexión profunda sobre si ha habido algún cambio estructural en el comportamiento de los contribuyentes que esté modificando el desempeño de la recaudación tributaria en el ciclo. Por esa razón, el informe del Fondo Monetario advierte que es posible que ciertos cambios estructurales en la economía, durante y después de la pandemia, estén amplificando las desviaciones de los modelos de proyección. Una observación importante del informe se refiere también a la necesidad de usar microdatos a nivel de contribuyente para proyectar la Operación Renta. Como sabemos, la Operación Renta tiene la particularidad de que interactúan créditos y débitos originados en distintos años fiscales. La recaudación corresponde a hechos económicos que se produjeron durante el año anterior, lo que a su vez generó pagos provisionales; y luego, en la Operación Renta, esos pagos provisionales se deducen del impuesto que corresponde pagar, el cual incorpora en su determinación una serie de créditos invocados por los contribuyentes. Entonces, la verdad es que tratar de estimar el impuesto a la renta únicamente basándose en alguna regularidad en la variación de un año a otro genera mucha imprecisión en las proyecciones, y por eso el Fondo Monetario recomienda –y así hemos empezado a trabajarlo– usar simulaciones basadas en microdatos para hacer este tipo de estimaciones. Con esto, el informe del Fondo Monetario contiene 13 recomendaciones para mejorar la calidad de las proyecciones de los ingresos fiscales, la mayor parte de las cuales está focalizada en el impuesto a la renta. Hay recomendaciones en materia de institucionalidad, de metodología de estimación y de análisis de diferencias. En materia de institucionalidad, se plantea la elaboración de un documento interno del proyecto que describa el proceso de proyección de ingresos: cuándo se inicia, quiénes proporcionan información, etcétera. Luego, se recomienda mejorar y sistematizar el proceso de archivo y registro de datos para garantizar que se transmita el conocimiento, ya que las proyecciones de ingreso, tradicionalmente, han sido bastante artesanales, lo que dificulta su transmisión de un periodo a otro, de un equipo a otro o de un jefe a otro. En tercer lugar, se sugiere buscar alternativas para acceder a los datos de las declaraciones juradas en la Operación Renta, dado que una característica del régimen tributario semi-integrado es que requiere muchas declaraciones juradas, las cuales, a su vez, inciden sobre el resultado final de este proceso. Finalmente, en cuarto lugar, se recomienda asegurar una adecuada coordinación entre los equipos que realizan las proyecciones de ingresos y las estimaciones del impacto en las reformas tributarias, ya que estas reformas suelen ir acompañadas de informes financieros elaborados en el Departamento de...

de estudios de la Dirección de Presupuestos y, por otro lado, las proyecciones de ingresos en los presupuestos las realiza la División de Finanzas Públicas desde hace algunos años. En quinto lugar, se propone realizar y publicar revisiones periódicas ex ante y ex post de las proyecciones de las mediciones de impacto en la recaudación de cambios discrecionales. Sexto, hacer reuniones periódicas con los organismos proveedores de información, particularmente del Servicio de Impuestos Internos y de estudios, como por ejemplo del propio Consejo Fiscal Autónomo. Séptimo, aumentar la transparencia publicando periódicamente tablas, resúmenes y documentos con los supuestos modelos y análisis ex ante de los datos que se usan para proyectar. En cuanto a las metodologías de estimación, aquí vienen las recomendaciones más sustantivas. Usar con cautela las estimaciones de elasticidad en la recaudación tributaria para poder reflejar los cambios discrecionales que se producen, por ejemplo, como producto de modificaciones tributarias o de modificaciones legales con variables dicotómicas, a falta de una estimación de impacto. Luego, usar variables proxy que representen mejor las bases tributarias, por ejemplo, el consumo privado para el IVA, el PIB no minero o el excedente de explotación para el impuesto de primera categoría. Y décimo, usar modelos alternativos a los de serie de tiempo para comparar los resultados y seleccionar el mejor modelo a utilizar. Es muy común, ocurre en general en todas las instituciones que hacen proyecciones, que se emplea una metodología para las proyecciones de corto plazo y otra para las de largo plazo, y la conciliación entre ambas no es evidente cómo se logra. Esto es un tema que también tienen otras instituciones; típicamente el Banco Central trabaja con dos modelos y dos formas de proyectar hacia el corto y hacia el mediano o largo plazo. Y al momento de analizar diferencias, recomendación 11: proyectar los impuestos expresados en UTM en lugar de usar el IPC. En segundo, dado que la recaudación se va actualizando en UTM, esto implica que de un mes a otro, por ejemplo, pueden producirse diferencias entre un tipo de deflactación y la otra. Estimar el impacto de cambios discrecionales de política y de administración con cautela y de manera crítica, considerando las reacciones de los contribuyentes y, especialmente, la electricidad de cada tipo de impuesto. Y número 13, proyectar la recaudación de empresas productoras de litio y de cobre con micro simulación, pero hacerlo de manera separada. Entonces, a partir de estas recomendaciones, la Dirección de Presupuestos elaboró un plan con 14 acciones para recoger la totalidad de las recomendaciones del fondo, las cuales se están incorporando al proceso de proyección de ingresos efectivos de la Dirección de Presupuestos. Parte de esto ya se refleja en las actualizaciones de las proyecciones de ingresos que se presentaron en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2024, y hay cuatro acciones concretas que recogen seis de las trece recomendaciones que realizó el Fondo Monetario. Hay una serie de recomendaciones que tienen un horizonte de implementación más largo que lo que se puede recoger en este Informe de Finanzas Públicas, y estas se irán incorporando sucesivamente en los próximos informes, materializándose en 10 acciones adicionales a las ya implementadas. Entonces, ahí tenemos, en ese cuadro, la lista de 14 acciones con el plazo de implementación y la recomendación del Fondo Monetario con la que se relaciona cada una de ellas. Esta es la traducción que hemos hecho nosotros de las recomendaciones del fondo a su implementación en Chile. Así que estamos en plena implementación de estas recomendaciones, pero hay cuatro, particularmente, que vale la pena destacar, porque ya están siendo implementadas con mejoras metodológicas a nivel de impuesto a la renta (minero y no minero) y con la evaluación ex post del efecto de cambios en la política tributaria. La primera tiene que ver con el uso de microdatos para la revisión de expos de cambio al sistema tributario. Esto se usa, digamos, y tenemos que pensar que, al momento de proyectar ingresos tributarios, hay, por así decirlo, tres capas de temas que uno debe considerar. Primero, cómo va evolucionando la base de un impuesto, de acuerdo a ciertas regularidades que se pueden identificar con variables macroeconómicas, en fin. En segundo lugar, hay modificaciones legales que incidirán sobre el rendimiento de un impuesto. Y en tercer lugar, hay…

Hay eventos que ocurren que van a afectar la recaudación de un impuesto que no tienen que ver ni con variables macroeconómicas ni con temas legales. Por ejemplo, si hay una fusión de dos empresas muy significativas, donde se realiza un pago importante de una a otra, eso genera una recaudación considerable de impuesto a la renta, que no responde a algún fenómeno macroeconómico. Recordemos, por ejemplo, toda la discusión en torno a la compra de La Escondida hace unos cuantos años, donde se generó una recaudación que superó los mil millones de dólares en una sola operación. Estos son tres tipos o capas distintas de factores que inciden sobre la recaudación tributaria. La primera acción se refiere a la revisión expuesta de cambios al sistema tributario, es decir, a la segunda capa mencionada en este informe de finanzas públicas. Se actualizó la estimación del efecto de la depreciación instantánea sobre los ingresos tributarios, con una revisión significativa a la baja a partir de 2024 en adelante. Recordemos que en 2019, como parte de las medidas de reactivación frente al estallido social y al shock del COVID-19, se implementó la medida de depreciación instantánea. Esta depreciación genera una caída de recaudación en el corto plazo, ya que se aplica toda la depreciación de golpe al concluir el impuesto a la renta, pero posteriormente, al no utilizarse los créditos por depreciación en los años siguientes, se espera un aumento en la recaudación respecto de lo estimado. Más adelante se presentarán las cifras que evidencian la diferencia respecto a lo proyectado cuando se legisló sobre esta materia. En segundo lugar, se utilizó microdatos para proyectar la recaudación asociada a la minería privada, considerando a las 10 mayores compañías privadas de cobre. Al tratarse de un grupo reducido, tiene sentido emplear una microsimulación en lugar de utilizar datos más agregados. Para este informe de finanzas públicas se implementó un modelo de micro simulación para las grandes empresas mineras, utilizando la información de la declaración de impuestos del 2024, lo que permitió proyectar la declaración anual del impuesto de primera categoría y del nuevo royalty para el periodo 2025-2029. La tercera acción consistió en emplear nuevos modelos de serie de tiempo para los ingresos tributarios no mineros, refiriéndose al comportamiento y a la estimación de los ingresos provenientes de la Operación Renta y todo el sistema de pago que la rodea. Por último, se aumentó la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. En este aspecto, se ha observado que el Departamento de Estudios, que había venido debilitándose, se está fortaleciendo, y se ha trabajado de forma más intensa para compartir supuestos, modelos y prácticas para la proyección de ingresos, además de acceder a microdatos tributarios, tal como se describió. Asimismo, se mejoró la clasificación de los movimientos del crédito con aval del Estado. En el proceso de trabajar la reforma del crédito con aval del Estado —que implicó el fin del CAE y su reemplazo por un nuevo sistema de financiamiento— se revisó el tratamiento contable vigente y se constató la duplicación en el registro de algunos ingresos, tanto en la línea como fuera de la línea. Aunque esta duplicación no alteraba el resultado total, era una anomalía que debía corregirse.

Hay una parte importante del CAE que se recupera por tesorería. Se había venido registrando esos movimientos como parte de la recaudación tributaria y no como el pago de una deuda, como realmente corresponde hacer. Entonces, en este cuadro, vemos los ajustes que se hicieron para lograr una lectura más correcta de la importación de los ingresos, distinguiendo lo que es previamente tributario y lo que es crédito donde corresponde. Con ello, damos cuenta del informe del Fondo Monetario, las recomendaciones que de allí surgen y cómo las estamos incorporando en las proyecciones que venimos haciendo desde el informe de Finanzas Públicas del último trimestre del año pasado y aún más en el actual. Simplemente quisiera agregar que el informe del Fondo Monetario, cuando se refiere a diferencias en las proyecciones, utiliza precisamente esos conceptos: diferencias, desviaciones, no errores. El Fondo Monetario entiende, como puede entender cualquier persona con sentido común, que cuando se proyectan ingresos fiscales con más de un año y medio de anticipación, las diferencias no necesariamente corresponden a un error. Ayer, creo que vi un titular en un diario que hablaba de error respecto a las diferencias en las estimaciones de evasión tributaria, simplemente porque hay un informe definitivo de un estudio encargado por el Servicio de Impuestos Internos que presenta una diferencia de 3 o 4 puntos del producto respecto a su versión preliminar, y eso lo tildaba de error de la Dirección de Presupuesto. Entonces, si queremos mejorar las finanzas y la gestión de las finanzas públicas, y las proyecciones de ingresos, tenemos que tomar las cosas como son: las proyecciones a largo plazo son inciertas y debemos perfeccionar nuestras metodologías para estimarlas, pero seguirán siendo estimaciones. Aquí no hay leyes de la física que determinen cuál será la recaudación tributaria de un año, ya que depende del comportamiento de los contribuyentes y de ciertas características de la economía y del ciclo en que ésta se encuentre. Pasamos entonces al cierre fiscal del 2024 y al desvío de la meta de balance cíclicamente ajustado. Tenemos en este cuadro las cifras finales, las cifras definitivas para los resultados fiscales del 2024, considerando la actualización de las Cuentas Nacionales, o más particularmente, las cifras oficiales en contraposición a aquella estimación basada en los IMASEC presentada a finales del año. Dado que el crecimiento del producto fue mayor a lo estimado, existe un cambio en el denominador de muchos de estos coeficientes respecto al PIB, pero también se presentan diferencias en los deflactores y en las cifras nominales. Esto se debe a que, cuando hay cambios importantes en el tipo de cambio, estos inciden no solo sobre el numerador, por ejemplo en el caso de la deuda, sino también sobre el denominador, debido a que el PIB debe deflactarse considerando además lo ocurrido con los precios externos convertidos a pesos. Como resultado, dado que el PIB fue mayor que lo estimado en el cierre preliminar, todos los coeficientes respecto al PIB se reducen. La reducción más importante corresponde a la relación deuda-PIB, que se había informado preliminarmente como un 42,3% del producto, y la cifra definitiva de las Cuentas Nacionales es de 41,7%. Aquí es donde se evidencia claramente el impacto, pues no solo tiene que ver con los datos de crecimiento de la economía, sino también con los datos de precios y del tipo de cambio. Esto es importante, ya que en su momento se tuvo preocupación por esa cifra de más de 42% del producto, y ahora se observa que en realidad es menor. En cuanto al balance cíclicamente ajustado, se realizó un ajuste que elevó en 0,1% del producto el déficit estructural, lo que se explica por la medición de las brechas de actividad, en particular con los nuevos datos de las Cuentas Nacionales, generando esa diferencia de una décima respecto al dato estimado inicialmente.

Preliminarmente, de esta manera, mientras en 2024 la relación deuda-PIB se mantuvo ampliamente por debajo del límite prudencial de 45%, la meta de balance cíclicamente ajustado se incumplió en 1,4 puntos porcentuales del producto, lo que, como gobierno y como Ministerio de Hacienda, hemos reconocido como un desvío importante dentro de una senda de consolidación que había sido ampliamente positiva en 2022 y 2023. Recordemos que en 2022, al comparar el balance cíclicamente ajustado estimado con el resultado efectivo, se registró una diferencia de 3,5% del producto, una variación muy significativa a favor. En 2023, la diferencia fue, creo, de una décima respecto a las metas del año. Por supuesto, habiendo transcurrido todo ese proceso, debemos mirar con preocupación la desviación registrada en 2024 e implementar las medidas correctivas correspondientes. Cabe señalar que, a pesar de dicho incumplimiento, es probable que al cierre de este periodo de la administración se registre un aumento de la deuda pública considerablemente menor que en las tres administraciones anteriores. ¿Qué explica, entonces, el desvío del balance cíclicamente ajustado? Se debe a menores ingresos tributarios –excluyendo los mineros– y a los ingresos por litio, respecto de lo proyectado en la elaboración de la Ley de Presupuesto del 2024; además, un tercio de la desviación correspondió a la mayor brecha en el precio del cobre. Al calcular el balance estructural se toman los datos efectivos de ingresos y gastos, y se corrigen los ingresos por la brecha entre el producto efectivo y el potencial, y en el caso del cobre, entre el precio efectivo y el de largo plazo, basándose en consultas con comités de expertos. Sin embargo, al ejecutar el presupuesto puede suceder que cambien las cifras de las cuentas nacionales –como efectivamente ocurrió ahora y en menor medida en años anteriores– o que el precio efectivo del cobre resulte distinto al estimado. En la lámina se observa lo sucedido con el ajuste cíclico del cobre: pasó de un efecto positivo a uno negativo. Asimismo, el mejor PIB no minero ajustó a la baja el resultado estructural; es decir, cuando el indicador se acerca o supera los parámetros estructurales, el ajuste para alcanzar el balance estructural es menor o incluso cambia de signo, generando una diferencia en la estimación sin que se haya tomado ninguna decisión de gasto. En materia de ingresos por litio, para ese caso en particular, solo por los contratos de arrendamiento se dejó de percibir más de 0,2% del producto respecto a lo proyectado originalmente –ya considerando que se esperaban menores ingresos que en años anteriores. En el gráfico de la izquierda se muestra la evolución del precio del litio entre 2021 y 2024, y en el gráfico de la derecha se compara el presupuesto con los datos efectivos de 2022 y 2024. Observamos que en 2022 se presentó una sorpresa muy positiva; recordemos que esto solo incluye las rentas de la propiedad, sin incorporar la parte tributaria de los ingresos por litio, y se recaudaron más de 2.500 millones de dólares adicionales a lo estimado. En 2023 se ajustó al alza la estimación de ingresos por litio en el presupuesto, lo que se trató de moderar, y nuevamente los precios efectivos se situaron muy por encima de lo proyectado. Para 2024 se había incorporado parte de esa mejora observada en 2023, considerada justa y prudencial, razón por la cual no correspondía gastar; sin embargo, los precios efectivos resultaron sustancialmente menores, generando ingresos de cerca de la mitad de lo presupuestado.

Prácticamente de un tercio de lo que había habido en 2023. Entonces, bueno, tenemos, como nos pasa muchas veces con la minería, ciertas fluctuaciones muy grandes de precios; en el caso del litio, son mucho más pronunciadas que las del cobre, y esto implica un desafío para las proyecciones fiscales. Eso es parte de la razón por la cual se incluyó este ajuste prudencial, que se acordó, por lo demás, con el Consejo Fiscal Autónomo. Pero aún así, tuvimos una sorpresa a la baja significativa. Ahora, un tercio de la desviación de los ingresos tributarios, de los ingresos tributarios no mineros respecto de lo proyectado, corresponde al efecto de la depreciación instantánea sobre los ingresos fiscales. Entonces, aquí, como explicaba, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario y del Consejo Fiscal Autónomo, la DIPRES implementó un modelo de microsimulación para realizar una estimación ex post del efecto sobre los ingresos fiscales que tuvo la implementación de un régimen transitorio de depreciación instantánea, vigente entre 2021 y 2023. Este modelo arroja un ajuste a la baja significativo en la estimación del impacto de este régimen sobre los ingresos del impuesto a la renta desde 2024 en adelante, respecto a lo que se estimó en el informe financiero que acompañó esa iniciativa. Vemos, en el cuadro que está abajo, la descomposición de la estimación de la recaudación de depreciación instantánea, y se observa que en los años 2024 en adelante tuvo un efecto positivo, aunque muy inferior al estimado en su momento al proponerse esta iniciativa. La Directora de Presupuestos puede explicarlo en mayor detalle a continuación. Esto es parte de un cuadro más general, en el que se observa la necesidad de actualizar las estimaciones contenidas en los informes financieros de proyectos de ley, particularmente tributarios, en lugar de incorporarlas mecánicamente en las proyecciones anuales. Habitualmente, y como era una práctica de larga data, se proyectaba una recaudación base, a la que se le sumaban los efectos de las leyes en proceso de aplicación, según lo reportado en el informe financiero. Hasta el informe del tercer trimestre del 2024 se estimaba el efecto de 54 medidas de política tributaria implementadas desde la monetización tributaria de 2020. En la mayoría de los casos, se utilizaban las proyecciones de los informes financieros sin actualizar a partir de evidencia expuesta. Esto ha dado lugar a un proceso de revisión del efecto de dichas medidas, acotando el seguimiento a las 19 más importantes; esto lo hemos estado haciendo ahora, y en varios casos hay indicios de una sobreestimación en el impacto de los cambios de política tributaria. Por ejemplo, se asumía que, desde 2024 en adelante, la versión de depreciación instantánea que estuvo vigente entre 2020 y 2022 implicaría mayores ingresos fiscales por 1.200 millones de dólares. Dicho monto ya se había ajustado a la baja respecto del informe financiero respectivo, que hablaba de una cifra más cercana a los 1.500 millones de dólares. Aquí se hizo un ajuste a la baja, quedando en 1.200 millones en las proyecciones más recientes, pero la diferencia fue muy significativa respecto a la cifra que veíamos anteriormente, de 200.000 millones de pesos, cifras de ese orden de magnitud. Entonces, vemos en el cuadro abajo a la izquierda el efecto de la depreciación instantánea, según el informe financiero de 2020, y el cambio en el efecto de las medidas de política tributaria, incluyendo las proyecciones de ingresos; en este cuadro ya se incluyen las 19 medidas a las cuales le hemos estado dando un seguimiento más inmediato, y se observa que para 2024 la diferencia al actualizar las estimaciones de la recaudación es de 1,3% del producto, una diferencia muy significativa. También se observó una diferencia similar en 2025, la cual ya se incorporó en la actualización de proyecciones de ingresos, según el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 2024, correspondiente a las proyecciones para 2025. A partir de aquí, le ofrezco la palabra, por su intermedio, la Presidenta, a la Directora de Presupuestos.

Para que se refiera a la senda que está definida por la ley para actuar ante un desvío fiscal y, luego, la actualización del 2025 y las acciones correctivas en esa dirección. Déjenme señalar, respecto de la actualización del 2025, un punto muy importante desde el punto de vista metodológico y de la discusión que tendremos acá. Nosotros lo que hicimos para este Informe de Finanzas Públicas es tener un escenario macroeconómico de continuidad. Aquí no hemos hecho cambios para dar cuenta del eventual impacto de las medidas arancelarias en Estados Unidos ni del conflicto comercial con China en estas proyecciones. Esto lo hicimos por dos razones: una, por transparencia; y dos, por motivos metodológicos. Primero, porque la situación externa es todavía muy fluida, con medidas en direcciones opuestas que se suceden casi a diario. Ayer, el Fondo Monetario publicó el World Economic Outlook con sus proyecciones para el año y, en el mismo día, Estados Unidos anunció que rebajó las tasas arancelarias a China, las cuales estima que son muy altas, en 145%. Por otro lado, hace apenas 24 horas conocimos las nuevas proyecciones del Fondo para la Economía Mundial; además, al revisar el World Economic Outlook, se evidencia que el propio organismo advierte sobre una elevada incertidumbre. Dado que se están haciendo cambios a las proyecciones fiscales como producto del cierre del 2024 y de las medidas correctivas, nos parece más útil para su comprensión mantenerlas separadas del análisis del eventual impacto de la coyuntura actual. Hay que tomar en cuenta que, dado el carácter exógeno del shock actual, gran parte de su efecto fiscal será captado por los estabilizadores automáticos del presupuesto en lugar de reflejarse en la medición del balance cíclicamente ajustado. Por esa razón, lo que veremos como proyecciones presentan únicamente diferencias derivadas de la revisión de las cuentas nacionales y de algunas variables de precio, sin incorporar de lleno un escenario alternativo de guerra comercial. Este aspecto se analizará al final de la presentación, en un apartado dedicado a los eventuales impactos de cambios en las variables macroeconómicas. Para poder contar con una actualización plena de proyecciones, necesitamos disponer de datos más sólidos en los que apoyarnos. Dejo este punto como anticipo de lo que vendrá en la proyección de las cifras para el 2025 y de las acciones correctivas. Perfecto. Si le parece, la directora. Muchas gracias, presidenta. Siguiendo la presentación, probablemente en algún momento tendré que cambiar la tablet porque me queda poca batería en el computador, pero continuamos con la exposición. Según nuestra nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, una vez que se revisa el cumplimiento de la meta de balance estructural y, además, también la meta de deuda bajo un nivel prudente, se determina si existen condiciones para sustituir o no el decreto, es decir, sustituirlo en términos de cláusulas de escape. ¿Se acuerdan que legislamos sobre cláusulas de escape que, ante eventos extraordinarios, transitorios y ajenos al accionar de la administración, podían gatillar dichas cláusulas? Asimismo, la ley establece otro camino en el caso de que se deba adoptar una nueva trayectoria de política fiscal: se debe emitir un nuevo decreto de política fiscal con justificación fundada, en el cual el ministro exponga en el Congreso la razón del cambio y las medidas para restaurar una trayectoria sostenible mediante lo que se llaman acciones correctivas. Esto debe ser informado al Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo. Acá dejo de compartir mi pantalla.

Entonces, como les estaba diciendo, lo que vamos a presentar ahora es, junto con la actualización de ingresos que incluyen las mejoras metodológicas que revisó el ministro previamente, una nueva trayectoria o un ajuste a la trayectoria de política fiscal con acciones correctivas incluidas. Acá se hace la referencia a la ley y se contempla este escenario macroeconómico que también indicó el ministro. En materia de ingresos tributarios, primero, para el caso de la tributación minera privada, ya hicimos la corrección en términos de metodología. Estos nuevos datos integran las series de tiempo y los microdatos para proyectar la recaudación. Ustedes saben que es una industria que aporta de manera importante y, además, al contar con pocos contribuyentes, se puede realizar un trabajo más sofisticado. Además, se observa un aumento relacionado con el tipo de cambio en la Ley de Presupuestos. Cuando se realizó la Ley de Presupuestos, el tipo de cambio estaba en torno a los 800 o 830; hoy, el tipo de cambio está muchísimo más alto, lo que afecta el comportamiento en minería privada. Luego, el resto de contribuyentes se ve afectado, en primer lugar, por el cambio en la metodología de estimación. Actualmente estamos trabajando con series de tiempo, como explicó el ministro en materia de Operación Renta, y se incorpora el efecto base de la ejecución 2024. Tal como indicó el ministro, un tercio de esta caída de recaudación tiene que ver con la depreciación instantánea que se había calculado, siendo esta hasta 10 veces mayor que la recaudación efectiva. En cobre bruto, la mayor diferencia se explica también por el tipo de cambio. Se observa un ajuste en términos de imposiciones previsionales, vinculado igualmente a la ejecución 2024, aunque este ajuste es menor, en lo que respecta a las rentas de la propiedad, lo cual está en línea con los ajustes del precio del litio que también se han comentado. Y, por último, es importante destacar que a partir de este Informe de Finanzas Públicas se han incorporado los efectos de la recontabilización del crédito con aval del Estado. Como explicó el ministro, anteriormente la parte de la fluctuación de deudores del crédito con aval del Estado se encontraba en los ingresos tributarios, ocasionando un sobrecastigo en comparación con los otros ingresos donde se suma la recaudación. Todo ello ya aparece correctamente reflejado en los ingresos. —¿Lo puede ver, directora? La página 28 que tenemos, la que les entregaron impresa. —Diputado, en la versión impresa está bien. Puede ser que haya habido un... es distinto, sí, ojo, tiene razón el diputado. Pero esta es la última versión. Estoy mirando y solo se proyectan los valores 7.8 y 7.9. El que proyectaron... Tiene razón el diputado, Javiera. La versión impresa no coincide con lo que tenemos en formato digital. La página coincide, pero no las cifras. Eso es lo que se está planteando.

Cuando dicen "privado neto", en una parte se indica 8.4 y en otra 8.3. Tributación privada aparece como 67 en un lado y 68 en otro; entonces, no coincide. Tienes razón, es muy difícil entender. Cuidado, porque tenemos una versión digital que coincide con la proyectada (la que bajé de mi computador), pero no coincide con la que se está mostrando ahora. La que tengo yo, sí. No sé bien el circuito de cómo le llega la versión digital, pero ¿podemos enviar nuevamente la versión proyectada? La que mandé por WhatsApp, senador Coloma, si la puede revisar, es exactamente igual a la proyectada; la estoy mirando acá, página 28. Ah, no, tienes razón. Tenemos un problema: hay dos tipos de números diferentes. La que usted mandó a la comisión no es igual a la que estamos proyectando. Lo que pasa es que se mandó como llegó atrasada a la tablet, así que puede ser que haya sido una versión anterior. Por favor, mándenos la correcta, porque la que actualmente se proyecta es la última versión; no es la impresa ni la que ustedes tienen en sus archivos. Sería bueno contar con ella, ya que la estamos pidiendo y se las vamos a mandar de inmediato, porque hasta una décima importa. Usted es muy riguroso y sabe que una décima importa. Lo que se proyecta es lo que corresponde al informe que está impreso. Por lo tanto, vamos a rectificar en sus archivos digitales, en coordinación con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y cada uno de los colegas, la última versión. Directora, ya, prosigo: mando inmediatamente a los colegas. Entonces, pasando a los ingresos cíclicamente ajustados, esto es relevante porque, como ustedes observan, después de la actualización de las cuentas nacionales, los ajustes cíclicos se realizaron en materia del PIB, del PIB no minero y del cobre, lo que castiga más hoy día a los ingresos tributarios. Por lo tanto, el ingreso cíclicamente ajustado termina siendo menor; si los ingresos efectivos caen en un 4,4%, los estructurales lo hacen en un -4,8%. Acá tenemos la expresión gráfica de lo que acabo de decir: el detenimiento del déficit estructural, una vez publicadas las cuentas nacionales, se debe a ajustes cíclicos determinados por la metodología, que provocan una disminución en la cuantía de la situación estructural, aun cuando no existe un aumento en la proyección de ingresos efectivos para el año. Tanto en el caso de los ingresos que se ajustan por precio del cobre como en el del PIB no minero, vemos que el ajuste cíclico, en el caso del precio del cobre, es de -429 mil millones de pesos y, en el caso del PIB, es de -600.000 millones de pesos – del orden de mil millones de dólares en ambos casos. Luego, por el lado de los ingresos, principalmente los nuevos ingresos, se ha incorporado la mejora metodológica que se incluyó y, por el lado del gasto, queríamos tener algunas consideraciones generales antes de revisar las acciones correctivas. Primero, recordar que…

Luego del ajuste del año 2022, la actual administración ha mantenido constante, como porcentaje del PIB, el gasto. Esto ha significado un trabajo importante en materia de reasignaciones y dividendos de eficiencia a la hora de elaborar el presupuesto de cada año, dado que, al mismo tiempo, se ha incrementado el gasto en algunas materias de manera considerable. En particular, tanto para la Ley de Presupuesto 2024 como para la Ley de Presupuesto 2025 se ha realizado un trabajo de cerca de 1,6 billones en el 2024 y 1,5 billones en el 2025. Además, en el trabajo de ajuste efectuado el año pasado, este año y en lo que resta del año, es fundamental conocer y entender bien el gasto y el presupuesto que en el fondo se busca ajustar. Primero, el 64% del presupuesto se concentra en tres partidas principales: el gasto está focalizado en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y a esto se suma un 7% destinado a las instituciones de orden público y a la administración de la justicia. El resto de las partidas –como las asignadas, por ejemplo, al Ministerio de Energía, al Ministerio de Medio Ambiente, entre otros– representan alrededor del 30% o menos del presupuesto nacional. Asimismo, el presupuesto presenta una fuerte focalización en el gasto social, alcanzando el 72% del total. Por ello, cada año se realiza el ejercicio en la formulación presupuestaria de resignar, conscientes de las presiones al alza del gasto público originadas por las características sociodemográficas de la población, la demanda de mayor calidad en los servicios y las implicancias de las emergencias y desastres naturales. Otra forma de graficar la distribución del presupuesto ajustado –después de la rebaja efectuada a inicios de año– es observar que, partiendo de una base de 81 billones, se le restan los gastos excluidos por el acuerdo de la Ley de Presupuesto 2025, que comprenden principalmente los servicios de salud, los servicios locales de educación, los servicios educativos en general y las policías. Posteriormente, se restan las prestaciones previsionales, que son 100% legales, y otros beneficios legales como la gratuidad y los subsidios de todo tipo, principalmente en el Tesoro Público y el aporte al fondo comunicipal, cuyo monto asciende a alrededor de 20 billones. Se contemplan también la atención primaria de salud (aproximadamente un punto del PIB), la inversión pública y los gastos de capital (1,6% del PIB, es decir, 5 billones), y la transferencia de capital –que, descontando lo ya excluido del acuerdo, suma 3 billones–, junto al gasto de intereses, que representa alrededor del 1,2% del PIB. Del mismo modo, se incorpora el presupuesto de los poderes autónomos, el Ministerio de Defensa Nacional, y los organismos fiscalizadores, como la CMF o la Superintendencia, además de organismos de emergencias como el Senapredo y la CONAP, que aportan una porción relevante al presupuesto. Finalmente, el subsidio Transantiago y su correspondiente espejo, que poseen origen legal, representan del orden de 2.000 millones de dólares. En síntesis, después de contabilizar lo que se podría considerar un gasto rígido –ya sea por materia legal o por aquellos acuerdos que, como se ha conversado en otras ocasiones, resultan difíciles de rebajar– se observa que en el ajuste realizado a inicios de año, e incluso en aquellos casos que involucraron instituciones no incluidas en el acuerdo, existió preocupación y se recibieron comentarios al respecto.

Después de todo eso, el orden de los servicios públicos, que no son organismos fiscalizadores y que no corresponden a la inversión pública, es del orden del 2% del PIB. ¿Y qué representan esos 2% del PIB? Hay que comprenderlo bien para poder pensar en ajustes fiscales. Este 2% del PIB corresponde a servicios tales como Mejor Niñez y Lanit; en conjunto representan aproximadamente mil millones de dólares, lo que equivale casi al 20% del presupuesto en conceptos como Senama, Senadit, etc. Además, todos estos servicios recibieron a comienzos del año un ajuste de entre el 2% y el 5% del PIB, según distintos subtítulos, lo que indica que, si bien el gasto público puede aumentar y ejecutarse de forma más eficiente, las opciones de rebaja pura del gasto público, especialmente del gasto administrativo, son más reducidas. Además, la idea es terminar la presentación y abrir el espacio para las consultas. Diputado: Gracias, Presidenta. Lo que sucede es que, si bien está muy bien lo que explica la directora, debemos esclarecer cuánto pesa el Tesoro Público. Todos los porcentajes que se han anunciado cambiarán, ya que, en la página 34 se presenta una distribución del presupuesto, pero en esa misma página se aclara que el resto, es decir, el 28,7%, no incluye al Tesoro Público. Dado que el Tesoro tiene un peso muy significativo en el presupuesto, cualquier distribución o análisis posterior mostrará datos diferentes. Presidenta: Gracias, Diputado. En el gráfico anterior se observa, en sintonía con la lógica ministerial del documento de acciones correctivas, que en la lámina que estoy mostrando sí se incluye el Tesoro Público. Este Tesoro principalmente incurre en gastos de tipo legal en el programa de subsidios. Se incluyen, por ejemplo, la asignación familiar, los bonos de empleo y el subsidio a las pymes a raíz del alza del salario mínimo. Todo ello se encuentra en el Tesoro y, aunque representa un orden de magnitud importante, se clasifica como beneficios legales. Además, están el aporte por royalty tanto a gobiernos regionales como a municipios, así como el subsidio de Espejo, la línea del subsidio Transantiago y transferencias a instituciones y poderes autónomos del Estado, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez y tribunales electorales. Por otro lado, también se discute, entre las variadas propuestas escuchadas, la posibilidad de rebajar los gastos en personal variables, es decir, horas extras, viáticos y funciones críticas. Y en este punto considero que son dos datos importantes, pero el primero es… Senador García: Gracias, Presidenta. Disculpe la interrupción, pero los números que se exhiben en la pantalla son distintos a los que tenemos en la presentación. Yo dispongo tanto de la versión digital que usted nos envió como de la impresa, y recientemente mandé otra versión digital. Los números son muy distintos; por ejemplo, al referirse al “resto”, se menciona 5.401.930, que supongo son billones de pesos, ¿verdad? Aunque el cuadro no especifica si se trata de pesos o de dólares—me imagino que son en pesos—lo proyectado fue de 6.000 y tantos, y no coincide en absoluto.

Sí, es que creo que esa es una presentación anterior, que no sé si usted estaba acá cuando se hizo ya el punto de que la impresión que tenían ustedes no era la última versión, y tampoco era la última versión la que les había mandado originalmente. Volvimos a mandar a su WhatsApp y se lo manda usted también, Senador García, la última versión que es la que está proyectando la directora. Muchas gracias, presidente. De nada, senador. Senador Coloma: Volviendo a lo mismo, es que existe una gran diferencia en este caso. Estamos hablando de más de 1.100 billones. O sea, en la otra la explicación fue que había una décima, pero aquí tiene razón, senador, es gigantesca la diferencia. Entonces, cuesta mucho hacer el seguimiento respecto a un documento que nos enviaron y algo muy distinto a lo que se está exponiendo hoy día; por ello, cuesta mucho hacer el seguimiento del informe, Presidenta. Efectivamente, Senador Coloma, y me gustaría que, obviamente, la directora pueda chequear que estén bien las presentaciones que tenemos respecto a la que está proyectando. Directora: Sí, esta es la versión final. Es la versión que va a estar subida a la página web, etcétera, y la que el ministro nos muestra en el informe final que trajo impreso. Gracias, senador. Directora, yo les pediría que, dado que el ministro nos dice que no queda tanto para terminar la presentación, permitamos que la directora concluya y ofrezcamos la palabra, si les parece. Ya, entonces, en el gasto, como le estaba comentando, en el tema de fuentes de financiamiento a través de los viáticos y de las funciones críticas, etcétera, si bien siempre existe espacio para mejorar el gasto, resulta complejo considerarla como una fuente de financiamiento relevante, dado que corresponden a la suma total de aproximadamente 200 millones de dólares. Hoy día, estas cifras en general han bajado respecto a lo que eran antes de la pandemia; durante la pandemia disminuyeron y esa tendencia se mantuvo en el tiempo, aunque ha ido aumentando porque efectivamente hay más trabajo en terreno, pero todavía está por debajo de la ejecución 2018. Además, también tenemos el tema de los programas públicos. De los 700 programas públicos, según el último monitoreo, estos representan aproximadamente el 45% del gasto total y la gran parte de ello, un 92%, está asociada al gasto legal o compromiso vigente. Probablemente, la mayor fuente de ineficiencia en este tópico se deba a la alta fragmentación de la oferta, ya que el 40% de los programas tienen un presupuesto inferior a los 2.000 millones de pesos, lo que tiende a fragmentarlos y a incrementar el gasto administrativo. Estas consideraciones previas las queríamos exponer porque, efectivamente, el gasto público se ha mantenido constante como porcentaje del PIB, lo que ha requerido, en cada presupuesto, reasignaciones importantes del orden del 0,5% del PIB cada año. Existe una alta concentración en tres ministerios, mientras que el resto del gasto público se encuentra bastante más fragmentado en el presupuesto general, lo que resalta la importancia de ser quirúrgicos en cualquier tipo de ajuste fiscal. Además, hay una rigidez importante en materia legal, por lo que, en general –y también en línea con las recomendaciones del CFA– se deben buscar ajustes de gastos permanentes y no solamente disminuir los gastos administrativos que se pueden ajustar año a año. De alguna manera, para lograr una mejor trayectoria fiscal, necesitamos esos gastos permanentes. Entonces, así es como llegamos a las acciones correctivas para la trayectoria de convergencia fiscal.

Sostenible en el tiempo. Junto al ajuste de gasto que ya se realizó en el año 2025, hay un conjunto de acciones administrativas que podemos llevar a cabo durante este año fiscal, del orden de 552 mil millones de pesos. Estas medidas, además, no necesitan pasar necesariamente por un proyecto de ley, pero también contamos con ajustes del orden de 0,25% del PIB, es decir, 850.000 millones de pesos, que dependen justamente de adecuaciones legislativas. Estos ajustes no se limitan únicamente a la materia de gastos, sino que también afectan ingresos, como veremos a continuación. Por otro lado, la meta para el año 2025 es de menos 1,6% del PIB. La diferencia entre el menos 1,1% y el menos 1,6% se debe principalmente a los ajustes cíclicos mencionados. La meta del 2026 es de menos 1,1% del PIB, es decir, lo que para este año se postergaría al 2026, y esta trayectoria permitirá alcanzar un equilibrio estructural al año 2029. En la página web de la Dirección de Presupuestos podrán encontrar un documento completo sobre acciones correctivas que detalla la presentación de hoy junto al informe de Finanzas Públicas. Se destacan medidas como el ajuste preventivo del gasto, los ajustes específicos del gasto y las revisiones del gasto que estamos implementando en la norma OVDE. Si bien ya se implementaron para el año 2025, especialmente en materia de compras públicas, para los años siguientes se proyectan magnitudes recomendadas en el largo plazo, incluyendo ajustes en reemplazo y suplencia, ajustes de tarifas y en diferentes servicios operacionales. Además, es importante señalar que, aunque no se trate de una rebaja de gastos, se considera un ajuste importante para reconocer la mayor productividad del sistema de salud evidenciada el año pasado; parte del mayor gasto en salud se explica por esa productividad y es lo que nos interesa reconocer. En materia de acciones correctivas sostenibles en el tiempo, se cuentan con ocho iniciativas legales: algunas por ingresar y otras ya ingresadas o como indicaciones a proyectos en trámite, las cuales tienen repercusiones importantes en la planificación financiera, ya sea mediante mayores ingresos o menores gastos. Entre ellas se encuentra la reforma paramétrica al SIL, comprometida en la ley de presupuestos para ingreso en el primer semestre; la recuperación de saldos SEP, que proponemos hacer mediante la indicación de un proyecto actualmente en discusión en la Comisión de Educación; y el financiamiento universitario, que debido a sus altos costos financieros representa hoy una carga importante para el Estado. El ministro también mostró que la fluctuación de deudores del CAE asciende ahora a menos de 1.000 millones de dólares al año, monto que se castigaba antes de los ingresos tributarios. Asimismo, en materia de subsidio eléctrico, se está planteando, junto al Ministerio de Energía, adecuaciones que permitirán ahorros en el tiempo. Se encuentra, además, el proyecto de ley de subsidio de la tasa de interés, ya en avanzada tramitación, que indirectamente contribuirá a una mayor recaudación, principalmente mediante el IVA; la suspensión de bonos, que aunque han sido objetados técnicamente requieren aprobación del Congreso al ser materia de ley; el proyecto de ley de juego en línea; y, por último, se recuerda que en la ley de presupuestos se legisló sobre el retiro forzoso a los 75 años de funcionarios y funcionarias públicas. La propuesta es que estas personas que se retiran no puedan ser reemplazadas de inmediato, sino únicamente cuando se acumulen tres vacantes, es decir, se van tres y se reemplaza un cupo, medida que también se puede legislar.

De presupuesto y tiene una repercusión fiscal importante, de hecho, de las más importantes y un efecto también acumulativo en el tiempo. Además, también hay acciones correctivas que contienen y mejoran la calidad del gasto público. En ese sentido son proyectos de ley que se han estado trabajando o indicaciones a proyectos de ley que ya están en discusión y que, si bien no van a acotar ni a rebajar el gasto público, sí van a poder contener futuras presiones del gasto público, un proyecto de justicia que se está preparando sobre monitoreo telemático, la unificación de los distintos subsidios laborales, que también ha sido recomendada por técnicos en muchas ocasiones. Tanto Ricardo Soto como el Fondo de Desahucio de Carabineros tienen problemas de sostenibilidad, que, en conjunto con modificar cómo funcionan hoy día, también se está proponiendo mejorar junto a los ministerios sectoriales para que ingresen este primer semestre. En la mesa del sector público también se comprometió un proyecto de ley sobre empleo público y, además, proyectos de ley ya ingresados que van en la línea de contener y mejorar la calidad del gasto público, como son las mejoras a la nueva educación pública y la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Adicional a esto, en la comisión asesora se pretende iniciar un trabajo de revisión del gasto público que, a más tardar al 31 de julio, nos permita también dar nuevas miradas con respecto a este tema. Nosotros, cada vez que hacemos el presupuesto, revisamos línea a línea el presupuesto. Los ministerios elaboran su presupuesto al 97,5%, o sea, parten con una rebaja presupuestaria; la mayor parte de ellos, luego, el 97,5% muchas veces se va al crecimiento de sus normas legales de gasto. Pero bueno, lo que queremos es que esta Comisión Asesora de revisión del gasto público proponga rebajas que impliquen al menos 50 millones de dólares. Luego, tenemos cómo quedaría esto tanto para el 2025 como para la proyección financiera de mediano plazo. Lo que tenemos es que al 2025 esto nos ayudaría a llegar a una meta fiscal de menos 1,6% del PIB; luego, como les expliqué, menos 1,1% del PIB en el 2026, menos 0,75 en el 2027, menos 0,5 en el 2028 y el 2029 con una meta fiscal de 0,0% del PIB. Es importante notar que, gracias a estas medidas, es posible pasar de un escenario donde veíamos holguras en el mediano plazo a holguras negativas en el mediano plazo y, finalmente, a holguras positivas en el mediano plazo. O sea, ya desde el 2027, dado los ahorros que se generarían por estos proyectos de ley, más las acciones correctivas y la revisión del gasto que estamos haciendo, esto sería posible. El escenario contrafactual, sin las acciones correctivas—y por eso es tan importante avanzar en ellas—es el siguiente: sin acciones correctivas, el balance estructural sería del orden de menos 2% del PIB. Si la meta es menos 1,1 en el 2026, entonces tendríamos holguras negativas por 2.000 millones de dólares, los cuales se rebajarían a la mitad con las acciones correctivas, y en todo el horizonte de mediano plazo quedarían holguras negativas. Entonces, lo que aquí se está proponiendo es una trayectoria que, a nuestro juicio, es sostenible en el tiempo, porque se pueden seguir haciendo ajustes administrativos como lo estamos haciendo, pero sin la sostenibilidad de esos ajustes probablemente no vamos a poder sostener esas rebajas de gastos ni esos mayores ingresos a lo largo del tiempo. Perdón, Presidenta, este 1,7 del 2025 es negativo, ¿cierto? Porque dice positivo ahí. Sí, es negativo. ¿Cómo queda esto en materia de deuda? En materia de deuda nosotros hacemos un ejercicio que es el escenario base, pero también con acciones correctivas y con escenarios pesimistas y optimistas.

En el caso de las acciones correctivas, nos permitirían alcanzar un escenario optimista, incluso en el escenario base. Esto, como explicó el Ministro hace un rato (hace unas láminas atrás), nos lleva a estar conscientes de que las principales variables económicas que han estado variando de manera importante, debido a la volatilidad del escenario internacional, son el tipo de cambio y sus impactos en nuestra deuda pública. En este sentido, se realiza un ejercicio para determinar cuánto cambia la deuda pública según las variaciones del tipo de cambio, manteniendo constantes el resto de las variables. Además, otra variable que debemos considerar y monitorear durante el año es la tendencia de las tasas de interés, en la que el mercado nacional no es ajeno. De ocurrir una marcada tendencia al alza en dichas tasas, se tendría un efecto mayor en los intereses pagados por concepto de deuda. Estas son algunas de las incógnitas que estamos observando en lo que queda del año. Luego, ¿qué significa esta nueva trayectoria fiscal y por qué se justifica? Primero, el nivel prudente de deuda no cambia y sigue siendo el 45% del PIB. Sin embargo, la meta, evidenciada en el gráfico que compara la convergencia año a año —es decir, el balance estructural del año anterior comparado con el siguiente— muestra que la mayor convergencia en términos de balance cíclicamente ajustado se registró en el año 2022. No obstante, el escenario actual, incluyendo las acciones correctivas, nos posicionaría en la segunda mayor convergencia fiscal de todo este tiempo; de hecho, habría que remontarse al 2010 para observar una convergencia de tal magnitud. Asimismo, al analizar esta trayectoria en el marco del escenario actual, la exigencia de las nuevas acciones correctivas que proponemos es del orden del -1% del PIB. Es decir, la variación en el gasto público sería de -1% del PIB, algo excepcional en comparación con lo que se ha observado en otras ocasiones, cuando la variación normalmente ha sido positiva, excepto en el año 2022. Finalmente, el detenimiento del déficit estructural para 2025, una vez publicadas las cuentas nacionales, se debe a ajustes cíclicos determinados por la metodología, que provocan un movimiento en la situación estructural de la misma cuantía, aun sin un aumento en la proyección de ingresos efectivos para el año. Lo anterior es muy importante, ya que podría producir un efecto procíclico que, según la regla, no sería deseable debido a la motivación inicial de su funcionamiento, la cual está ligada a la estabilización del gasto público ante choques económicos. Además, la meta del -1% del PIB se atrasaría al año 2026, siendo, aun así, una de las más exigentes que ha tenido la política fiscal desde el inicio de la creación de la regla. Y para todo el año 2029 se mantiene el 0% como meta referencial, con holguras positivas. Como reflexión final, la responsabilidad fiscal ha sido una prioridad del Gobierno. Hemos estabilizado el gasto y desacelerado el crecimiento de la deuda. Nuestra propuesta contempla la integralidad del sistema, proyectos que generan mayor espacio fiscal y un ajuste específico del gasto para este año, ya que no existe una bala de plata para retomar esta trayectoria sostenible, sino que hay varias áreas en las que debemos avanzar.

Al mismo tiempo. Luego, dado el, como yo les comentaba, el acotado margen de reducción de gasto administrativo, hoy día estamos impulsando medidas legislativas para mejorar la eficiencia y contener también el crecimiento del gasto en el mediano plazo. Eso, Presidenta. Ministro: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo que se plantea en este informe de finanzas públicas y en este esquema de corrección de las desviaciones que se produjeron en el 2024 es una senda de consolidación que implica esfuerzos importantes de contención y reducción del gasto. Si uno mira el gráfico de la página 48, que corresponde a las variaciones del gasto público, lo que vamos a ver es que en esta administración se dejará un nivel de gasto sustancialmente menor que el con el que terminó el gobierno anterior. Presidenta: Pero eso no corresponde solo… Ministro: Un minuto, por favor. La presentación salta de la página 41 a la 53. No tenemos página 48; es la última que nos faltaron para imprimir. Está bien. A ver, si podemos escuchar los argumentos, creo que es más fácil, porque también hay una narrativa más allá de lo que se expone. Lo que pasa, Minister, es que es muy difícil seguir la presentación que hace la directora de Presupuesto y usted, si lo que nos mandan está, permanentemente, o malo o incompleto. Esto que acaban de mandarnos para imprimir está incompleto, que es lo que está reclamando el diputado Saberwarn. Ministro: Tiene la palabra. A ver, durante este periodo lo que va a ocurrir es que el gasto público se reducirá sustancialmente respecto del último presupuesto ejecutado de la administración anterior. Esto tiene una primera instancia de ajuste, que es el año 2022, con la reducción del 23% del gasto público; pero en los años siguientes tampoco se produce un aumento significativo del gasto; al contrario, en el 2025 se registra, de hecho, una cifra negativa. Eso se refleja en el gráfico que tenemos en la pantalla, en el cual el gasto público como porcentaje del producto en 2024 y 2025 se ubicará al mismo nivel que tenía en 2019. Por lo tanto, la idea de que aquí hay un gasto fiscal disparado y descontrolado no es correcta, no cuenta con respaldo en la cifra. Si consideramos que, al mismo tiempo, ha sido necesario ajustar y acomodar una serie de prioridades de gasto en seguridad ciudadana, en gastos sociales, en transferencias y en salud —áreas que han aumentado significativamente como consecuencia del envejecimiento de la población y del traspaso de afiliados de ISAPRE a FONASA—, se evidencia que dicho ajuste se ha realizado dentro del mismo porcentaje del producto. En términos de lo que se ha hecho como esfuerzo de repriorización del gasto, ha sido un esfuerzo muy significativo. Mucho de esto no lo ha visto directamente el Congreso, ya que en realidad forma parte del trabajo que se lleva a cabo en la formulación del presupuesto. En los últimos dos años, si se suman todas las reducciones, es decir, todos los valores negativos, se alcanza un monto del orden de 1.500 a 1.600 millones de dólares, tanto en la formulación inicial como en la ejecución, para adecuarse al comportamiento efectivo de los ingresos; en adición, se han efectuado ajustes adicionales. Entonces, lo que está ocurriendo acá, Presidenta, es que, en términos de lo que es posible hacer por la vía administrativa, también estamos alcanzando ciertos límites. Es decir, por esta vía no es posible lograr mayores ajustes en el gasto. Existen temas de obligaciones legales que el gobierno, por supuesto, no puede incumplir, aunque sí puede proponer modificar. Y en esto quisiera recordar, Presidenta, que lo discutimos cuando se debatió el presupuesto del 2025.

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