Senado · Gobierno, Descentralización y Regionalización

En nombre de Dios y de la patria, abrimos esta sesión, ¿cuenta, senador? O sea, secretario. Señor presidente, para el día de hoy se encuentran invitados la directora de Organización Migrante, doña Vanessa González Peña, de la Corporación Humanas, la señora Camila Maturana y Laura Bartolotti, la directora de Incidencias, Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger y el señor Álvaro Bellolio. Además, tenemos invitados al director ejecutivo de la comunidad de Organizaciones Solidarias, señor Hans Rosenkranz, que ayer no pudo asistir porque tuvieron un problema práctico. Vamos a partir por el principio, porque si no la senadora Luz me reta. Vamos a partir por la exposición del tema de la ONG, que es lo que está pendiente de ayer. Le damos cuántos minutos, son siete minutos, ¿ya? Y después entramos al proyecto de misceláneo de, ¿cómo se llama?, de migración. Entonces, don Hans Rosenkranz. Ahí está, Hans, ¿lo escuchas bien? Sí, todo muy bien. Muy buenas tardes, senador, senadora. Muchas gracias por la invitación. Voy a exponer, voy a compartir pantalla en mi posición para poder hablar. Hans, ¿mandaste la presentación? ¿La mandaste o la puedes mandar después? Sí. ¿Para poderse la mandar a todos los senadores? La mandamos. Ok. Gracias, dale nomás. Por favor, lo habíamos dejado limpia. Dale. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Hans Rosenkranz, yo soy el director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias. La comunidad de organizaciones solidarias, les voy a contar de qué se trata, respecto a transparencia, lo que se ha hecho, organizaciones sin fines de lucro y del boletín, de alguna manera para poder expresar nuestra opinión. La comunidad es una red de organizaciones que trabajan para la superación de la pobreza y la eliminación de la exclusión social. Somos más de doscientos sesenta organizaciones. Ustedes, si vieran los ruiditos que están en la pantalla, van a encontrar alguna que conozcan, la Protectora de la Infancia, no sé, la Corporación María Ayuda, Conapram, World Vision, en fin, distintas. La comunidad tiene una misión, que es que las organizaciones trabajen juntas para la superación de la pobreza y la exclusión. Aunque no pensemos igual, es mejor estar juntos para resolver los desafíos. Por eso, nos agrupamos. Nosotros hacemos prácticamente tres cosas. Uno es, en temas de políticas públicas, representar al sector, como ahora, con autoridades, y acompañar a que las propias organizaciones desarrollen sus rutas de política pública de forma colaborativa. Hacemos articulaciones. Tuvimos toda la articulación de los incendios de Viña del Mar, con más de cuarenta organizaciones, empresas, fundaciones, municipios. Se organizó toda la ayuda en Viña, que llegaron más de cuatrocientos mil kilos de comida y novecientas viviendas transitorias. Y además, otros proyectos de articulación para residencias, para personas privadas de libertad, para personas de calle, que conectamos con la Confederación de Producción y Comercio y la Corporación Tres Políticas. Y algo que hemos hecho mucho tiempo, el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Tenemos que invitar para lo que las organizaciones hacen, es fortalecer su capacidad de gestión. Y para eso desarrollamos, hace tres años, una herramienta que se llama Programa de Buenos Estándares y Gestión, donde se evalúan las organizaciones en su cumplimiento de obligaciones legales, órganos de gobierno, transparencia, en fin. Y sale una herramienta de mejora con acompañamiento y todo, que ya lleva más de cien organizaciones participando. Y quizás lo más importante es lo que les voy a comentar ahora, porque tiene todo que ver con el tema de transparencia. La comunidad hace doce años tomó el camino de la transparencia, invitando a todos sus socios a reportar en un formato unificado. ¿Por qué es importante reportar en un formato unificado? Hoy día en Chile cada organismo de gobierno le pide a las organizaciones de cualquier forma sus reportes financieros de uso de recursos, de dónde vienen, en fin. Esa información que no es estandarizada y no está codificada de forma uniforme, hace que la fiscalización sea imposible. Porque entonces una organización entrega una revista cuché preciosa con hojas, con fotos increíbles, muy inspiradoras. Otra entrega dos papeles en una servilleta con los números que logró. Y todas son igualmente válidas. Entonces lo que hizo la comunidad fue decir, a ver, aunque la autoridad no lo exija, vamos a ponernos un estándar de que todos vamos a reportar de la misma forma, siguiendo estándares internacionales y creó lo que se llama la FECU social. Llevamos doce años en esto. Hoy día reportan más de trescientos, casi trescientas organizaciones en este formato unificado. Es gratuito para cualquier organización. Lo valida tanto el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, como el de Hacienda, con sus distintas reparticiones y permite a las organizaciones reportar su estado de balance de manera que sea fácil leerlo, compararse y fiscalizar. Es un esfuerzo anticipado que hacen las organizaciones. Para ellos les dije los números no tienen mucho sentido ahondar en eso. Entonces cuando venimos a esta conversación invitados por el senador Sandón. Nuestra principal motivación es fortalecer la relación histórica entre Estado y organizaciones de la sociedad civil. En Chile más de la mitad de las prestaciones sociales que acerca al Estado son a través de organizaciones de la sociedad civil. Eso dice los registros de desarrollo social. Esa colaboración histórica para disminuir las listas de espera, para los temas de infancia, para personas mayores, ilusión de calle, discapacidad, enfermedad, cáncer, en fin, todo ese tipo de cosas las organizaciones han colaborado y va a poder seguir colaborando. La relación tiene que ser fluida y para eso tiene que existir confianza y por lo tanto la transparencia es fundamental. ¿Qué es lo que creemos nosotros como términos generales? ¿Cuál es el camino correcto a seguir? Y ahí me voy a referir a la ley. Se tiene que contar con procesos que sean simples, claros, modernos y estandarizados. Que faciliten la coordinación, la transparencia y la fiscalización a largo plazo, que permita, ojalá, el boletín llevarnos hacia allá. Y con esto me refiero. Existen en Chile diez registros, doce registros distintos de organizaciones de la sociedad civil y ninguno conversa con ninguno, es imposible fiscalizar. El formato ya les adelanté, no es estandarizado, así que cualquier organización reporta de cualquier manera. Las que están en la comunidad y otras ya han elegido reportar de formato estandarizado y somos más de trescientos. Hay que disminuir la burocracia, ¿cierto? Este proyecto de ley, en alguna parte lo voy a mencionar, propone crear nuevos registros. Todos esos registros traen costos administrativos que hacen que la operación de las fundaciones sea más cara. Luego, cuando es más caro, pueden atender menos personas. Y hace más difícil, finalmente, ayudar porque está mucho foco en responder los diez registros, los tres tipos de formatos, en fin. Un ejemplo que tal vez podría resolver lo que dice el senador, el diputado Calisto, en su proyecto de ley, que lo estamos discutiendo en esta sesión, es lo que hace Inglaterra, que es uno de los países más avanzados en su relación con la sociedad civil, que tiene una página web que es del gobierno, del Estado, donde está toda la información de las organizaciones que tienen un ingreso superior a cinco millones de pesos, aproximadamente, cinco mil libras. Y la comisión exige presentar estados bancarios, información, ingresos, en fin, toda esa información, y entrega una información al público, que cualquier persona puede acceder. Si ustedes se meten a la página charitycommission.co.uk, lo van a encontrar y van a ver, por ejemplo, si la información actualizada de la organización está, si tienen, cómo se gasta sus recursos, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, la información financiera, qué hace la organización, usuarios, beneficiarios, cómo aporta a la sociedad, dónde opera, la gobernanza, el representante legal, y el contacto. Esto es una información que es pública para cualquier persona, ¿cierto? Pero hay algunas informaciones que no son públicas para cualquier persona, pero que son relevantes, que estén, de alguna forma, debidamente reguladas. ¿De dónde provienen los fondos? Vamos a ir directo al proyecto de ley del boletín 15643-06. Nosotros creemos que va en sentido correcto avanzar en transparencia para organizaciones, en la medida que esto nos permita avanzar, con medidas que no sean discriminatorias, solo para algunas organizaciones, sino para todas, que sean medidas que simplifiquen, pero al mismo tiempo faciliten la fiscalización, como las que yo le he mencionado. Yéndonos punto por punto, el boletín propone generar un registro de ingresos de mecanismo, o sea, tener, usar un registro. El registro actualmente que propone la ley no existe, o sea, sería crear una nueva institucionalidad, la cual, en este proyecto de ley, tampoco viene con recursos, por lo tanto, tememos que lo que nos pasa en la mayoría de las otras divisiones del... que va a ser de muy poquito impacto, poco funcionario, poca capacidad de gestión, y por lo tanto no va a permitir una fiscalización adecuada. Habla de eliminar, habla de la identificación de los aportantes. Nosotros creemos que es importante que los aportantes se identifiquen y que existan, pero en el marco de la ley de beneficiarios finales, porque establece un marco claro, que la información está en el Servicio de Impuestos Internos, disponible para todo tipo de investigación. Está toda la información para la autoridad, pero no está toda esa información en una publicación, en un sitio web, que finalmente puede ser sacado de contexto. Creemos que es importante que esté todo, pero la información que se publique, igual que en Inglaterra, el número agregado, las fuentes, dónde vienen, cómo se gastan los recursos, pero que sea materia de investigación cuando se requiera más información y que esté disponible. Creemos que se define, que el reglamento tiene que decir cuál es una ONG. Hoy día la ley veinte mil quinientos ya lo define, y por lo tanto esta idea de definirlo acá podría ser contradictorio a la ley que ya existe, que es la ley veinte mil quinientos. Después habla de antigüedad y concursabilidad. Nosotros mismos propusimos estos cambios en la ley de presupuestos recientemente aprobada, así que habría que homologar esto a lo que ya existe, que es la ley de presupuestos, tener al menos dos años de antigüedad y que existe la norma de la concursabilidad, porque vimos que cuando son tratos directos, cuando no existe ni siquiera una razón para tomarlo, se puede prestar para mal uso, corrupción y otros elementos que todos queremos evitar. Y por último, habla de implementar la interconexión entre el registro y plataformas de lobby. Nosotros creemos que es importante una interconexión entre el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro de los ingresos y las plataformas de lobby. Esto está considerado en lo dispuesto en el literal D, artículo diecisiete de la ley diecinueve ocho ochenta. Incorporado en el numeral siete del artículo uno de la ley veintiuno ciento ochenta sobre transformación digital del Estado. O sea, los organismos públicos no deben solicitar a las organizaciones los documentos que ya tienen. Hoy día eso es la norma y termina siendo un agobio para las organizaciones. O sea, nosotros creemos que se puede avanzar mucho en transparencia sin generar agobio y por lo tanto hay que hacerlo bien porque la mayoría de las organizaciones sí son bastante carentes en recursos y cada complejidad administrativa cuando son iguales a la del ministerio va al lado, pero con una coma distinta solamente agregan complejidad a costos que no le ayudan al sistema porque ni siquiera lo pueden fiscalizar. Y lo mismo que ya les había dicho con respecto a identificar a los donatarios finales, creemos que el registro de beneficiarios finales es el camino correcto, lo establece en otro proyecto de ley y creemos que abarca a todos los tipos de organizaciones y que tiene una mejor regulación. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Y con esto dejo de compartir esta preocupación, es regular de una manera muy simple en el sentido de que ya pongamos que rico más control, más limitación, más transparencia, pero sin institucionalidad, sin recursos, sin conversar con los articulados, finalmente va a desincentivar a los donantes por un lado, va a complejizar a las organizaciones a tener que darle respuesta a muchos más servicios, a responderle de distintos lados y va a ser ineficiente. El Estado tiene pocos recursos, tiene que dedicarlo a que funcione bien, entonces se debe intentar empujar una idea de eficiencia en el Estado a través de plataforma unificada que además va a ayudar. Solo un dato y con esto termino: hoy día existen solo para las organizaciones sociales tres tipos de fiscalizadores en el Ministerio de Desarrollo Social, con tres personas; en el Ministerio de Justicia, son tres personas; y en el Ministerio de Hacienda, son tres personas, y tienen que fiscalizar miles de organizaciones con formatos no unificados. Realmente es imposible, no lo pueden hacer. Entonces, tenemos que tener una estrategia unificada para que el Estado pueda ser realmente un buen controlador, un fiscalizador adecuado y no por crear más registros eso va a pasar al revés, hacer más costoso, más ineficiente y no nos va a funcionar. Y que tal vez lo que queríamos, que promover la transparencia de una manera más clara para la ciudadanía y para las personas que quieren saber respecto a eso. Esa es mi exposición. Me quedo atento a preguntas. Hay alguna posibilidad que nos mandes una minuta resumen con los puntos concretos de tu propuesta en el tema de la mandamos, pero si no la mandamos de inmediato, en el punto por punto, línea por línea, con el articulado de eso. Ofrezco la palabra, senadoras. No, ya muchas gracias. Vamos a revisar tu presentación, esa que tú mandas punto por punto y se le va a entregar a cada uno de los señores y señoras senadores. Para cualquier cosa, tomen en contacto contigo. Muchas gracias por la exposición. Gracias a todos los senadores y los senadores presentes por poner atención y escuchar. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora vamos a ofrecer la palabra. Veamos cuántas personas son para ir el tiempo. Había una quinta posición que pasa que se equivocaron, que había alguien planteó que el ex subsecretario Gali también iba a exponer. No, no era en esta comisión. Algo bueno, pero veamos si es la Corporación Humanas, doña Camila Maturana y don Álvaro Bellolio. Ya, ya. Entonces vamos a hablar de siete minutos, pero contabilícenos, por favor, porque si no, no. Ya, ¿por quién va a partir? ¿Quién? Usted está acá. Gabriela, usted tiene siete minutos. Gracias. Para poder... Muchas gracias, senadora. En sus tablas deberán encontrar también la presentación. Voy a partir con mis siete minutos. Voy a referirme a cierto articulado. Este proyecto viene desde la Cámara y es presentado por el Ejecutivo. Tiene varias nubes críticas que creemos los que pusimos en su momento en la tramitación de la Cámara, pero nos vamos a focalizar en ciertos artículos y en especial énfasis con respecto a niñez migrante y con respecto a nacionalización, con breves referencias al final a otra parte del articulado. En la modificación que se propone en el proyecto de ley, en el artículo 17, su redacción queda incorporándose de esta indicación parlamentaria en la que se indica que el acceso a la educación que el Estado garantizará el acceso a la enseñanza escolar preescolar y media en las mismas condiciones que los nacionales. Perfecto, pero se agrega aquí que tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales. Y no voy a continuar con el articulado porque esta minuta también les ha llegado y ustedes tienen conocimiento del proyecto de ley. Y a su vez que los niños, niñas y adolescentes deben enrolarse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la presente ley. Podríamos hablar mucho sobre el problema de las vulneraciones a derechos que esta indicación sobre que si bien en el fondo se le va a asegurar el derecho en las mismas condiciones que los nacionales, pero que se podrá priorizar asegurar el derecho a los nacionales. Que si bien, incluso en el trabajo territorial, y probablemente los senadores que tienen jurisdicción en regiones donde está bastante colapsado el sistema educacional saben un poco la desesperación que tienen las familias chilenas, pero también las familias migrantes. Pero hay un tema práctico también. Esta norma, probablemente si se aprueba, no va a postergar la discusión del proyecto porque hay un problema de inconstitucionalidad de acuerdo al artículo 19 número 2 de igualdad ante la ley, con el que dialoga también el artículo 8 de la Ley de Garantías de la Niñez, la ley 21.430, que dice explícitamente respecto a la igualdad y no discriminación arbitraria que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria y que ningún niño, niña o adolescente podrá ser discriminada en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, por ejemplo, ni situación migratoria. Eso lo dice explícitamente la Ley de Garantías. Esto también vulnera, a su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26, con respecto al derecho a la educación. Hay que tomar en consideración que muchos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a nuestro país llegan muy pequeños. Ellos, en el fondo, no se conciben ni siquiera que han nacido en otro país y entienden Chile como su país. Y que vienen, y los que son más grandes vienen habiendo ya interrumpido, pensando especialmente en los grupos de migración más vulnerables, han interrumpido sus estudios al abandonar el país de origen o si vienen de situaciones críticas como Venezuela y otros países de la región también han tenido problemas con el sistema educativo. Y por lo tanto, si nosotros planteamos que en aquellas regiones donde hay falta de aseguramiento de cupos en educación escolar básica, pre básica, y que efectivamente dejamos este apartado en la ley que puede haber pasado desapercibido, pero si se usa y los niños y niñas migrantes empiezan a no atender a la escuela, si bien acá hay un problema, a lo mejor de escasez de recursos y no se invierten esos recursos, vamos a tener un problema porque lo más probable es que esos niños, niñas y adolescentes no salgan de Chile, sino que se queden aquí. Y al no ser escolarizados, en el fondo, esto puede tener muchos más problemas, especialmente porque, de acuerdo a un estudio de Idea País, se dice que los estudiantes migrantes cuentan en general con asistencia más baja. promedio de notas más bajas y por lo tanto en el fondo lo que más urge es acceso a la escolarización y no menos. Hoy día si hay algo que en Chile es un ejemplo a nivel regional es que hemos asegurado el derecho a la educación de la niña inmigrante y el acceso a salud con sistemas que pueden mejorar. Está buscándose generar identificadores únicos, pero el enrolamiento y hago referencia a eso también con respecto al acceso al derecho a la salud con el Registro Civil. Hay que dar bien una señal de que ese enrolamiento no da pie a procesos sancionatorios porque si no lo único que vamos a provocar es que las personas no se enrolen, como lo que pasó con el empadronamiento. Tienen que ser procesos distintos para que así ocurra, porque a su vez si no pretendemos que por lo menos en situaciones de emergencia, que eso es lo que aseguramos hoy día como país, situaciones de grupos vulnerables como niñez y embarazada, no hay acceso a la salud de forma fácil o empezamos a excluir ciertos grupos, vamos también a tener un problema de salud pública que puede ser mucho más costoso para nuestro país en el futuro. Y por otro lado, la experiencia comparada ha dado cuenta que no se disuade en el fondo a la población de venir hacia Chile por tener mayor limitación con respecto al acceso a derechos. A su vez quisiera ser presente las modificaciones relativas al artículo 28 que se hace en este proyecto misceláneo con respecto a la niñez no acompañada. Ha habido muchos reportajes, se habla de esto y se ha cambiado un poco el paradigma de cómo hemos nosotros tratado a la niñez no acompañada previamente. Aquí se dice explícitamente que el tribunal de que si un niño o niña no acompañado cruza la frontera ingresa a Chile se le va a informar al tribunal respectivo y habiendo sido informado en un plazo máximo de 24 horas tanto al tribunal de familia, al Servicio Nacional de Migraciones y a la oficina local de la niñez, lo que corresponderá es en primer término dictar la resolución de salida del niño, niña adolescente y sólo en su defecto que permanezca en el país. Yo creo que esto niega un poco la realidad de quiénes son niños, niñas y adolescentes no acompañados que vienen muchos incluso sin documentación y que por lo tanto en otras legislaciones, incluida Estados Unidos, que no es un ejemplo tan extraño y ni siquiera ya está bajo el gobierno de Trump, se establece una visa especial para la niñez no acompañada que tiene incluso tintes de refugio porque se entiende en ese grupo una especial vulnerabilidad. Si en el fondo lo que hay que hacer primero es ordenar su salida en vez de lo que ha ocurrido ahora que es derivar a los tribunales de familia y que hay ahí un foco proteccional, creemos que en el fondo estamos dando un pésimo ejemplo a nivel regional y hay que tomar en cuenta incluso que estaríamos en el fondo violando también normativa internacional. Pero más allá de eso, lo más probable es que si un niño no acompañado ya ingresó a este territorio, nosotros lo que más necesitamos saber es quiénes son. Y hoy día incluso tenemos ese problema para que a partir del sistema de protección busquemos alguna manera de, por último, buscar sus grupos familiares, pero con un foco proteccional, no de expulsión. Tuvimos un caso que incluso aquí también nos vamos a meter en un problema práctico porque si empezamos a expulsarlo, probablemente los tribunales van a dejar sin efecto esas expulsiones. Hace no mucho tiempo hubo un caso que causó mucho revuelo de un menor no acompañado que cumplió 18 años y automáticamente le dictaron una orden de expulsión y finalmente esta se dejó sin efecto porque se entiende que ahí hay una necesidad de protección mayor. Entonces si pasamos estas normas como por ejemplo la priorización de la educación de los niños chilenos o la niñez no acompañada con un foco de expulsión por sobreprotección, está el tema de los derechos de la población de la que estamos hablando que son niños, niñas y adolescentes, pero por sobre todo también hay un problema práctico. Estamos en el fondo generando mayor recarga al sistema y costos. Finalmente, quisiera ser presente también con respecto a los procesos. Me queda un minuto. Bueno, voy a decir dos cosas. Los procesos de expulsión son muy complejos en términos de nacionalización. Yo envié la minuta, pero quisiera ser presente que eliminar la nacionalización calificada, o sea que parientes de ciudadanos chilenos no puedan nacionalizarse, es algo que ni siquiera EEUU ha hecho. La nacionalización se sabe que es algo positivo. Son migrantes que ingresaron en situación regular, que tuvieron una residencia temporal, después una definitiva y luego pudieron acceder a la nacionalización. Llevan muchos años en Chile trabajando. Son como el ejemplo de lo que es la regularidad migratoria en su círculo virtuoso. Y por otro lado, hasta en EEUU hay nacionalización calificada. Entonces eliminarlo es como una señal de que estamos fuera de la comunidad internacional. Lo mismo establecer que quien cometa un crimen o simple delito indefinidamente, sin distinguir el tipo de crimen o simple delito, no podrá nacionalizarse cuando la nacionalización a lo que más contribuye es algo que es urgente que es la integración de la población. Apreciaciones finales. Y termino y lo dejo ahí proyectado y voy a mandar el powerpoint. Gracias, senador. Muchas gracias. Enseguida, doña Laura Bartolá. Vamos a ofrecer la palabra a los senadores después. Y doña Vanessa González, Organización Migrantas. Buenas tardes por su intermedio, presidente. Agradecemos desde Corporación Humanas, Organización Migrantas y Colectivos Sin Fronteras esta invitación a poder exponer sobre las principales preocupaciones relativas al proyecto de ley Boletín Número 16.072-06. Si me lo permite, presidente, tenemos una copia de la minuta y quisiéramos entregársela para que ustedes pudiesen... En este... Vanessa González, de Corporación Migrantas, es quien va a hacer la exposición en representación de las tres organizaciones. Gracias por su intermedio, presidente. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como ya han comentado, mi nombre es Vanessa González. Y bueno, venimos entre las tres organizaciones con ciertas preocupaciones sobre algunas de las disposiciones en este proyecto que busca modernizar la ley de migraciones. Y estas disposiciones que nos preocupan tienen que ver justamente en materia de salud, educación, vivienda, incluso justicia, y que puede impactar significativamente la vida de las mujeres y niñeces o adolescencias migrantes en Chile. Con respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes, hay temas que ya no voy a reiterar, pero reforzar que efectivamente el imponer mayores barreras limitará aún más accesos a los servicios esenciales como la salud. En esto nos referimos a que sea un requerimiento obligatorio contar con un enrolamiento. Esto efectivamente va a afectar a los grupos de especial protección. Es relevante señalar que actualmente las brechas de afiliación en salud para la población migrante son muy altas. De acuerdo a la CASEN del año 2022, el 26% de las personas nacidas fuera de Chile se encuentran fuera de la afiliación del sistema de salud, lo que es mucho más alto a un 3,9% de personas nacidas en Chile en esta misma condición. Por tanto, condicionar el acceso a nuevos procedimientos administrativos, pensamos que puede agudizar más esa brecha y tomamos las palabras de la relatora especial de las Naciones Unidas, la Lenmo Foken, que vino unas semanas a Chile, experta en salud. Manifestó que efectivamente hay diferentes barreras y situaciones discriminatorias que son preocupantes hacia la comunidad migrante y es por eso que recomienda a Chile el deber de eliminar las disparidades en el acceso a la salud que surgen de xenofobia, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Con respecto a esto, también están las barreras en el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Efectivamente la priorización que se establece en las modificaciones incrementará la exclusión y discriminación estructural que actualmente ya existe. De acuerdo a la información que reporta la CASEN del 2022, se identifica una brecha en asistencia al sistema escolar con un mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes extranjeros de 4 a 18 años que justamente en el 2022 no asistieron al sistema escolar, siendo un 10% comparado con quienes son nacidos en Chile que son un 4%. Esta brecha es aún mayor en quienes llegaron en los años 2021 y 2022, entre quienes leen asistencia escolar haciendo un 28%. Demostrándose entonces los datos, aunque el proyecto de ley en cuestión establece que la condición migratoria no será un impedimento si establece una jerarquización que impondrá barreras estableciendo una discriminación sistemática y que puede reforzar narrativas xenófobas y estereotipos que ya hemos visto profundizando la marginación social de los niños, vulnerando distintas normativas, lo que ha reforzado la Defensoría de la Niñez hace unas semanas también en una declaración pública con respecto a estas medidas. Y con respecto a la expulsión de los niños, niñas y adolescentes migrantes, también reforzar que justamente esta medida resulta alarmante puesto que está la posibilidad de que se expulsen a menores de edad si sus padres, madre, guardador o cuidador principal enfrentan unas sanciones de expulsión. Esta decisión ordenada por el Tribunal de Familia no sólo pone en riesgo el bienestar y desarrollo de los niños y niñas, sino que también vulnera principios fundamentales de protección infantil, como la unidad familiar y el interés superior de los niños. Con respecto a esto también tenemos ciertas preocupaciones sobre el devenir de las mujeres migrantes en Chile. Nos preocupa especialmente de mayores obstáculos para la regularidad migratoria. El proyecto de ley plantea medidas desproporcionadas que penalizan a las personas migrantes en su regularidad. Ya no estamos hablando de personas en condición irregular, ¿no? Por ejemplo, la revocación de solicitudes o permisos de residencia por faltas menores que no constituyen delitos, o el rechazo por incumplimientos administrativos que pueden ser subsanados. Estas disposiciones, especialmente en los artículos 88 y 90, sentimos que refuerzan un enfoque punitivo, ya que son medidas desproporcionadas y que penalizan excesivamente a las personas migrantes que ya están en condición de regularidad y contribuyen al país en sus diversas formas, poniendo en riesgo la regularidad migratoria, que es uno de los principios... tales como la vulneración del derecho, como la presunción de inocencia y el debido proceso, artículo 135, que se establece que el subsecretario del Interior puede ordenar la expulsión de personas migrantes con causas pendientes por simples delitos sin esperar la conclusión del proceso judicial. Entonces, ahí se puede observar violación a la presunción de inocencia, del debido proceso y de la igualdad ante la ley al otorgar discrecionalidad administrativa, que permite sanciones antes de que se determine incluso la culpabilidad de la persona. Entonces, es muy importante proteger el debido proceso y también lo que tiene que ver con la vivienda. Otra medida alarmante es que se sanciona a los arrendatarios que justamente arrienden inmuebles a personas en condición migratoria irregular. Entonces, nos preocupa qué ocurriría en ese caso, cómo más de 182 mil personas, que son las que, por ejemplo, están empadronadas, terminarían en situación de calle o en situaciones de mayor precarización habitacional y hacinamiento, sabiendo que eso es también una grave dificultad que se está enfrentando actualmente. Entonces, también por temas prácticos, pero también por la desprotección que muchas mujeres y niñeces estarían enfrentando al estar en esta situación de calle. Y bueno, es por eso que también, recogiendo las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su reciente informe hacia Chile, que justamente observa con preocupación distintas persistencias en torno a la discriminación a distintos accesos, es que tenemos algunas propuestas para perfeccionar la ley migratoria que están en el documento que ustedes tienen. Y justamente creemos que estos aspectos deben considerarse: velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes, garantizando los principios de no discriminación, todas las normativas que protegen los derechos de la niñez y de sus garantías. El garantizar el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones migratorias, establecer mecanismos claros y transparentes que aseguren las garantías procesales de todos los procedimientos relacionados con los distintos ámbitos migratorios. El facilitar el acceso a la regularización migratoria, especial urgente a las personas que ya fueron empadronadas, no tienen antecedentes penales, y también grupos de especial protección como mujeres, diversidades sexuales, niños, niñas, adolescentes, migrantes. Junto con eliminar las diferentes barreras que ya han sido mencionadas también en esta presentación. Muchas gracias, y la presentación está incorporada, además está mandada disponible por mail para todos los asesores. Muchas gracias. Ahora sigue Álvaro Bellolio. ¿Está conectado, Álvaro? Buenas tardes, senador, presidente. Muchas gracias por la invitación. Tiene siete minutos, don Álvaro, autorizado por la senadora Luces. Muchas gracias, senador. Les voy a compartir la presentación. El objetivo general modifica 56 indicaciones, de las cuales fueron aprobadas 55, principalmente en temas de igualdad de condiciones, especialmente acceso a servicios, modificación en temas de nacionalización, modificaciones que tienen que ver con procesos sancionatorios, a transportes u otro. En general, es bien relevante y rápidamente hemos ido evolucionando los flujos en Chile. En general, entre el año 2016 y principios de 2019, entraron a Chile y se quedaron cerca de un millón de extranjeros, principalmente que se presentaron como turistas, pero su intención no era turismo. Y desde el año 2020 a la fecha llevan cerca de 125.000 ingresos clandestinos. Por lo tanto, las señales que da Chile sobre este tema son bien relevantes y creo que la ley ayuda en algunos temas. El tema de nacionalización, yo personalmente creo que quedó un poco raro, principalmente la lógica que hoy en día piden cinco años de residencia para nacionalizarse y cambia la norma a diez años de residencia definitiva. ¿Por qué hago tanto énfasis en residencia definitiva? Porque hoy en día el gobierno está demorando más de tres años en otorgar una residencia definitiva y debe tener una visa por uno o dos. Por lo tanto, lo están aumentando de 5 a 15 en la práctica. Que la decisión de cuántos años se necesitan para nacionalizar es arbitraria, es una decisión razonable, pero pasar de 5 a 15 es más del doble del promedio que hay en Latinoamérica y probablemente casi el triple del promedio del mundo. Yo creo que es un número que se podría revisar. De hecho, hay una propuesta de los senadores que lo aumentaba de 5 a 7. La eliminación de la nacionalización calificada será con dos años. Efectivamente, la nacionalización calificada existe en varias partes del mundo, pero antes no existía y según la información que ha entregado el mismo Servicio de Migraciones, tampoco son muchos casos, pero es interesante ver si puede haber cierta excepcionalidad en los tiempos, en los plazos, y por eso es tan arbitraria la medida que se establece de que los deportistas pueden solicitar la nacionalidad a los dos años. Porque un deportista, un músico, un médico, un defensor de los derechos humanos… Yo creo que ahí hay una variable adicional. Y lo que sí creo que es razonable es que fue el rechazo de los requisitos de la prueba de conocimiento, específicamente que se establecía que el gobierno podía hacer preguntas en materia de género, derechos humanos, otras condiciones, pero quedaba muy al criterio del gobierno de turno. Yo imagino perfectamente un gobierno en el cual, por ejemplo, pregunte cuál es el mejor presidente de la historia de Chile, y dependiendo de esa respuesta, es si se le aprueba o no la nacionalidad. Por lo tanto, se podría ocupar con criterios políticos esta prueba para rechazar o para filtrar o para castigar políticamente a quienes piensan de forma adecuada. Sobre igualdad de condiciones y no discriminación, yo tengo unas diferencias relevantes con lo que se ha dicho anteriormente. Acá está el ejemplo de la resolución exenta número 15 del año 2022, realizada por la JUNJI, donde establece que la prioridad número 1 en acceso a jardines infantiles son niños en situación irregular de inmigración, donde efectivamente su padre no tenga carnet de identidad. Prioridad número 2, hijo de madre adolescente chilena. Prioridad número 3, hijo de madre que pertenece a los pueblos originarios. Claro, esto efectivamente en ciudades como Viña del Mar o Ñuñoa no genera mucho efecto, pero en Alto Hospicio, en Iquique, en Arica, en Calama, en Antofagasta, en Independencia, en San Antonio, esta prioridad hacia los hijos extranjeros clandestinos está generando graves problemas de cohesión. Yo creo que decir que efectivamente uno no puede normar esta materia para no establecer una prioridad cuando la política actual privilegia a quienes ingresan clandestinamente por sobre los nacionales y por sobre los extranjeros que solicitan visa, creo que genera una dificultad relevante. Viendo efectivamente, y creo que hay un tema bien relevante, que el artículo 15, por ejemplo, en el acceso al derecho a la salud, establece que los extranjeros tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos, asistiendo a las mismas condiciones económicas, la situación migratoria no será circunstancia de priorización, no como es en la actualidad en materia de la educación, donde la situación migratoria es una ventaja concreta para una prioridad por sobre los nacionales. Ahora bien, por el tema en el acceso a la educación, lo que puede efectivamente considerarse que es incoherente con el resto del texto, es que se podrá priorizar para asegurar el derecho a los nacionales. En este sentido, una propuesta, lo que existe en el boletín 15.000.339, que es una moción desde el Senado, en que establece que en todos aquellos casos que la normativa hace referencia a la igualdad de condiciones, no se podrá interpretar como un mejor trato para los extranjeros respecto a los chilenos, pero ese servicio que se encuentra en el colapso, hablando de los extranjeros, no podrá pedirse a los extranjeros. Y acá justamente tiene que ver con el hecho de que hoy en día, y nosotros hemos hecho encuestas a los migrantes y les preguntamos por qué ingresan clandestinamente, y uno de los temas bien relevantes es eso, que la actual política migratoria privilegia a quien ingresa clandestinamente por sobre quien ingresa regularmente e incluso por sobre los nacionales. En la ampliación de causales de expulsión, efectivamente hay una inclusión de falta menor y reiteradas como causales de expulsión, pero con 30.000 expulsiones pendientes hay que ver la efectividad sobre este tema. Y se agregan algunos listados específicos de delitos asociados, yo creo que también una lógica de técnica legislativa puede ser buena hacer referencia al Código Penal más allá de seguir ampliando el catálogo. Sí me parece que es muy razonable, muy atingente lo que tiene que ver con las solicitudes o las sanciones que se hacen en caso de transporte de extranjeros que están en condición irregular. El tema de las regularizaciones quedó un poco pendiente, esto, un poco inconexo, porque se eliminó el párrafo segundo del artículo 69 que establece que el subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización. Pero se cambia el artículo ocho del, o sea, el número ocho del artículo ciento cincuenta y cinco, que son las potestades o los roles del subsecretario, que se dice que disponer en concordancia con el objetivo y criterios de la política nacional de inmigración, el establecimiento de mecanismos de regulación de extranjeros. Y ahí yo tomo algo que dijo la ministra ayer en la comisión, que dijo que el objetivo de ella era que quien hubiera ingresado clandestinamente, quien tuviera el registro biométrico y según lo que dice la política migratoria, trabajara irregularmente, por ejemplo, o sea, trabajara sin tener una autorización, ellos lo van a premiar con un proceso de regularización. Yo creo que acá es bien relevante considerar estas dos condiciones, es muy legítima la postura del Ejecutivo, y yo sé que los que están acá varios comparten esa misma idea, pero creo que también es importante dar la señal. Nosotros a quien ingresa clandestinamente lo priorizamos en el acceso a jardines infantiles, en su hijo, y si trabaja irregularmente, muchas veces sufriendo abuso de los empleadores, lo vamos a premiar con una visa. Si esa es la política migratoria, es esperable que la presión migratoria que ha demorado los últimos años, ciento veinticinco mil ingresos clandestinos desde el veinte a veintidós, continúen, o incluso, se amplíen. Por las decisiones judiciales que subieron del niño y adolescente, es razonable que el Tribunal de Familias decidiera sobre la salida a permanencia, ese era el objetivo inicial, cuando se hizo la ley, cuando estaba discutiendo la separación del Servicio Nacional de Menores. Don Álvaro, un tema bien relevante. Don Álvaro. Sí. La reintegración es más efectiva, puede ser más efectiva en los familiares. A mí me cuesta entender que les insisten que un extranjero que comete delitos, un extranjero que ha sido condenado en Chile, que no puede obtener visa, se insista que queda en Chile, un caso específico de una organización religiosa, que puso un recurso de amparo para evitar que expulsaran una narco que traficó mil seiscientos kilos de droga. Porque justamente creía. ¿Cuál es la capacidad de esa persona? De reinsertarse o de no, cuando no va a tener una visa en Chile, de seguir colaborando. Entonces, ¿por qué entregarles la posibilidad al Tribunal de Familias es relevante? Desafíos persistentes, también, la normativa mejora, pero acá hay un grave problema de gestión. Hay una falta de gestión y de capacidad. Hay una expectativa de regularización como incentivo y como premio al ingreso regular. Y hay problemas de cohesión asociado a la falta de una propuesta migratoria proactiva. Y finalmente hay una oportunidad relevante en un sistema migratorio justo, seguro y responsable y entender la migración como oportunidad. Le agradezco enormemente el tiempo y la preocupación de seguir perfeccionando la normativa migratoria y entendiendo que con la normativa no es suficiente y los incentivos y la gestión es fundamental para tener una migración justa y principalmente responsable. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, yo más que consultas, quiero hacer una reflexión. Porque creo que la inmensa mayoría de los chilenos sabe que nuestro país ha sido construido por migrantes. Dentro de nuestro país no existe una región más multicultural que Tarapacá. Desde el tiempo del guano con los chinos, de Humberstone y la salitrera, múltiples zonas francas, la relación constante con Perú y Bolivia. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Todos esos migrantes han ingresado por la puerta respetando la ley chilena. Han trabajado para formar parte de la comunidad. ¿Y cuál es la gran diferencia con la inmigración que tenemos ahora? Primero, que no ingresan por la puerta, ingresan por la ventana, es decir, la primera señal que hacen al ingresar al país es no respetar la ley. Y esta grave explosión migratoria tiene al país sumido hoy día en el crimen organizado, en el narcotráfico, en los delitos violentos, en el sicariato, en la extorsión, en el secuestro con extorsión, en fin. Que a mí me vengan a decir que eso no es culpa de la migración, falso, porque es cosa de ver cuándo estos delitos partieron. Presidente, yo me revelo, me revelo a que instituciones como Jesuitas Migrantes o el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas vengan acá y quieran tratar a quienes pensamos distinto a ellos como xenófobos. Es cierto que me digan que hay aquí algunos artículos que son xenófobos, que son arbitrarios. Una cosa es discriminar, que el legislador y la autoridad lo pueden hacer, y otra cosa es cuando esa discriminación sea arbitraria. Pero que vengan a decir que nosotros somos xenófobos porque no estamos de acuerdo con ellos en una posición frente a la migración clandestina, a mí me parece que faltarnos el respeto. Presidente, primero que nada, yo creo que esta grave crisis migratoria que Chile sufre hoy día y que tiene colapsadas regiones como la mía, la primera solución es el control de la frontera, que hoy día no existe. Y la segunda solución es desincentivar el que siga el ingreso de migración clandestina. Y cuando nos vienen a decir, no es cierto que todo lo que este proyecto quiere hacer es terriblemente malo y que por lo tanto nosotros también somos malos, claro que me tengo que rebelar. Si acá lo que hay que hacer es desincentivar el ingreso clandestino, no seguir incentivándolo. Entonces, si queremos que los migrantes clandestinos tengan prioridad en los colegios, lo tengan en los jardines, lo tengan en salud, ya cuando ingresan a Chile lo primero que hacen, no es cierto, es recibirlo, le hacen el control biométrico, ya partimos con una discriminación. Presidente, quiero decirle, si usted va a Colchane y un día me acompaña, no es cierto, a 100 metros de donde ingresa está el complejo aduanero, cuando entra un migrante legalmente, le revisan todo, su equipaje, maleta, la persona, lo pasan por los escáneres, etcétera. Si usted entra clandestinamente, salvo que militares, PDI o carabineros crean que hay algo en usted, que hay un indicio de delito, no pueden hacerle nada, no le revisan la maleta donde usted puede traer la droga, no le pueden revisar los equipajes, no le pueden revisar la vestimenta, y lo pasan, lo reciben, lo pasan a la PDI para que se autodenuncie, luego para que le hagan el control biométrico, después le dicen, a veces le dan alojamiento por 3 días, 4 comidas diarias, y lo van a dejar en Iquique, o altospicio, y ahí le pierden la pista. Entonces, hoy día es donde existe la discriminación hacia el migrante regular, que es el que verdaderamente ha venido a aportar a Chile, a buscar una mejor calidad de vida, a trabajar, a invertir, y esa discriminación es en contra de ese migrante regular y de los propios chilenos. Nada he escuchado decir yo a Jesuitas Migrantes, o a Humanas, que este instructivo de la JUNJI, que discrimina el ingreso a los jardines infantiles, poniendo en primer lugar a los hijos de migrantes clandestinos por sobre, ya no los niños vulnerados en sus derechos, que eso es algo que gracias a Dios logramos en el gobierno pasado sacarlo para que lo pusieran igual, pero antes estaba en segundo lugar. Pero al hijo de madre adolescente, a los hijos de madres de pueblos originarios, que tanto decimos que tenemos que cumplir con ello, a los hijos de madres jefas de hogar, que o trabajan o su familia se muere de hambre. Entonces, que ahora me vengan a decir que para entrar a educación o para entrar a salud tengan que enrolarse. Es discriminatorio, pero es que es no conocer la realidad chilena. Nadie los ha perseguido. ¿Sabe por qué le piden, Presidente, ese enrolamiento? Porque si no, el valor de lo que cuesta educar a ese niño en un colegio o la atención de salud, lo paga cada región, porque el Estado, si esa persona no está enrolada, no le devuelve la plata. ¿Qué significa eso? Que tiene menores ingresos en comunas tan faltas de recursos como Altospicio, como Iquique, como Colchane, como Posalmonto, como Camiña, Pisa, Pica o Guara. Entonces, se le está pidiendo, nadie los va a perseguir. Dígame, nómbreme a alguien que se haya enrolado para una atención de salud o para que entre a un colegio, que lo hayan perseguido en Chile. Eso tiene una consecuencia distinta y es para que a ese municipio o SLEP y a ese consultorio o a ese hospital público le puedan devolver los dineros. Ahora, mire, Presidente, yo voy más allá, yo creo que frente a falta de matrículas en jardines infantiles o en colegios, debe priorizarse a los hijos de migrantes regulares o chilenos, debe priorizarse. Y eso no es una arbitrariedad, eso es una discrecionalidad que la Constitución en este país la permite. Porque no entiendo, no logro entender que una persona que ha entrado al país cumpliendo la ley que aporta al país o un chileno en su país. tenga que ceder su cupo en un colegio a alguien porque haya ingresado clandestinamente. Más aún cuando existe una ley en nuestro país que puede incluso llegar a quitarle al niño un padre que no lo lleva a la educación básica o media. Y para llevarlo a la educación básica o media para cumplir con esa ley necesitamos que tengan vacantes. Entonces, presidente, yo de verdad me revelo a las presentaciones que aquí hemos escuchado tanto de los jesuitas migrantes como de humanas. Quiero, respecto a la unificación familiar, siempre ha existido en la ley migratoria que una de las pocas causales en virtud de las cuales, aparte de la causal humanitaria, en virtud de la cual se puede acceder a una regularización que siempre tiene que ser individual y no masiva, es la reunificación familiar. Pero el abuso que se ha hecho de la reunificación familiar, no es cierto que debiera ser a las familias más cercanas, padres, madres, hermanos, hijos, tíos probablemente y primos, pero que se ha extendido hasta el primo en sexto grado que ni siquiera lo habían conocido. Y los abusos que hacen de él hace obligación regular. Presidente, hay que facilitar los procesos de expulsión. Sin expulsión administrativa no hay desincentivo a la migración a que pare la migración clandestina. Que se expulsen a los delincuentes, por cierto, mire la grave crisis en que estamos de violencia. Y vuelvo a decir, hay delincuentes chilenos, por cierto que lo hay, lo ha habido toda la vida, pero es de violencia, pero la delincuencia violenta de hoy, el tipo de delitos, sicariato, vuelvo a señalar, el préstamo gota a gota, el secuestro extorsivo, la extorsión, no existían en nuestro país, sino hasta que empezó la migración clandestina. Entonces, si a mí me presentan un proyecto que me dicen expulsión inmediata, casi que sin derecho a apelar de alguien que está siendo procesado por un delito violento, fuera, el país tiene que cuidarse. Y tiene que cuidarse de esta clase de migración, precisamente en agradecimiento a la migración sana y regular que hemos tenido históricamente. Presidente, vuelvo a decir, que vengan a tratarnos a nuestra propia casa de xenófobos o discriminadores, porque no están de acuerdo con lo que nosotros creemos correcto, me parece una falta de respeto. Y finalmente, lo último que quiero decir, efectivamente, yo les pediría que se acuerden, sobre todo jesuitas migrantes, con quien cuando se tramitó la ley de migraciones en esta misma comisión, llegué a un acuerdo y nos dimos la mano, después me traicionaron en la Comisión de Hacienda, y hicieron que muchas cosas de las que habíamos llegado y aprobado acá, en las que yo había cedido mucho, ellos también, pero habíamos llegado a un acuerdo, las cambiaron en la Comisión de Hacienda porque tenían más senadores que pensaban como ellos. Eso lo único que hace es que uno no vuelva a confiar. De la misma manera que ese proyecto originalmente traía un capítulo para el tratamiento de los niños que ingresaran irregularmente y no acompañados, y fue la oposición de ese entonces quien lo votó y nos quedamos sin el procedimiento. Entonces, no es que no haya habido una preocupación cuando se aceptó la ley migratoria por regular qué pasa con los niños, niñas y adolescentes no acompañados. De la misma manera que yo esperaría que instituciones como ustedes también se preocuparan de velar por esos niños, niñas y adolescentes cuando son usados, los obligan en la frontera a ingresar solos para después alegar y solicitar la reunificación familiar y que dejen entrarlos a todos. Si me vienen a negar eso, bueno, no han visto la realidad con todos los problemas que trae. Hay que proteger a los niños y niñas y adolescentes, ¿dónde me pongo a la fila? Pero hay que hacerlo bien y no permitir que los usen y abusen de ellos para el crimen organizado y sobre todo para ingresar ilegalmente al país. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Senadora. Gracias, Presidenta. Bueno, estamos hoy día aquí para comentar este proyecto y buscar formas de tal vez mejorarlo. Yo quisiera, tal vez con menos pasión que la Senadora Sperger y molestia, valorar lo que hemos escuchado hoy día que son distintas miradas, Presidenta. Yo creo que es sin duda un grave problema el que tenemos en el país respecto de la migración, respecto de lo que significa el ingreso irregular de personas por la frontera, pero no podemos decir aquí que el gobierno no ha hecho nada. La propia, no sé si la propia Senadora, pero estuvimos reunidos con el Presidente de la República hace pocos meses, donde nos mostraron todo el trabajo que se ha hecho en la frontera. Aquí hay un trabajo de Estado, y déjeme decirlo con todo respeto, Presidente, el problema de la migración irregular no partió en este gobierno. La Senadora Sperger es senadora por Tarapacá. Todos recordamos con Estupegor una imagen que para mí quedó grabada y que es representativa de lo que hoy día estamos discutiendo en esta comisión. Niños en una plaza en Iquique, al fines del gobierno de Piñera, donde se quemaban los coches de las guaguas. Entonces, senadora que también está de presidenta en este momento, yo creo que este es un problema en que no es un problema de chilenos contra extranjeros, no es xenofobia, es una realidad que en el país tenemos, es una realidad que tenemos que abordar, y sin duda que este proyecto me parece que es susceptible de mejora y donde hay que distinguir distintos temas. ¿Tenemos delincuentes? Sí. Hay delincuencia de migrantes, por cierto, pero también hay chilenos delincuentes. Hay una criminalidad organizada que no es propia de este proyecto. Nosotros en la Comisión de Seguridad y con todas las leyes que, como ustedes saben, senadores presentes, hemos aprobado prácticamente 60 leyes en materia de seguridad. Es ahí donde estamos abordando todo el tema de la criminalidad organizada, del sicariato, que hemos tenido que tipificarlo, incluso porque en Chile no existía como delito, en fin. Pero este proyecto viene a hacerse cargo de una realidad que tiene que ver con los derechos también de los chilenos, por cierto, pero esta no es una lucha de chilenos contra extranjeros, creo yo. Esto significa que restablezcamos el Estado de Derecho en todo el país, particularmente en las zonas fronterizas del norte, donde efectivamente hay un problema del que hay que hacerse cargo con la realidad que tenemos hoy día. Yo estoy muy de acuerdo en que expulsemos a la mayor cantidad de personas. Me gustaría también que desde la Subsecretaría de Interior pudiéramos, Presidente, a lo mejor pedirle al subsecretario o a alguien que también venga como invitado. No, pero no es poner acerca del proyecto, sino que a dar cuenta de las expulsiones, que es algo que en algún minuto se hizo. Precisamente, Senadora, creo que es importante que tengamos claridad de cuál es el plan con que se está abordando el tema de las expulsiones, porque creo que estamos hablando en distintas líneas de trabajo. El proyecto de ley es un tema, tenemos que ver cómo en este proyecto mejoramos las condiciones administrativas, mejoramos la legislación, para que las normas migratorias hagan cargo de una realidad que existe hoy. El senador Osandón, por ejemplo, ha planteado una regularización masiva, lo ha hecho públicamente. Creo que son temas que tenemos que discutir, qué es lo mejor para el país hacer en este contexto. Pero otra cosa es que digamos que todos son delincuentes, que todos somos xenófobos, yo no estoy de acuerdo en que generalicemos. Aquí hay una situación migratoria que estaba descontrolada al final del gobierno del presidente Piñera, por eso hago alusión a aquella escena terrible de los coches de guaguas quemados en una plaza, porque también se estaban vulnerando los derechos de esos vecinos que no tienen por qué tolerar el desorden, el mal olor, las incivilidades. Entonces, tenemos un problema de país, y creo que el momento de abordarlo en esta comisión tiene que ver con eso, la seguridad, el crimen organizado, todo aquello, lo hemos abordado en otras comisiones. Presidente, yo agradecer las dos exposiciones que escuchamos, la exposición de Álvaro Bellolio, que me parece muy interesante, porque además yo me permito, o creo que sería necesario también escucharlo a él en su calidad de haber estado a cargo de aquello, de todo el tema migratorio en el gobierno del presidente Piñera, porque me parece que la experiencia en esto también es importante y que él pueda señalar, a lo mejor en otra futura ocasión, aquello. Gracias, presidente. Ya, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un comentario de dos minutos, porque yo no he hablado para dar mi opinión, y después vamos a votar en general este proyecto. ¿Ok? Un minuto. Sí, un minuto. Pero está bien, está bien, porque no son apasionadas, así que no hay problema. El problema para mí, yo cuando planteo la famosa regularización general, es porque creo que hoy día todos estos proyectos de ley asumen como que estuvieron en una situación normal. Y esto no es una situación normal, aquí hay un millón de personas que están adentro y que a mi juicio son inexpulsables, y a todos los que les he preguntado cómo expulsarlos, nadie me ha dado una solución cómo hacerlo. Si me dicen cómo hacerlo, a lo mejor lo podemos estudiar, pero ese es un tema. Entonces, cuando yo digo y voy a un colegio en que hay 45 niños, los cuales 35 están en forma ilegal, van a salir del cuarto medio, ¿qué hacemos con esos jóvenes? Es un problema social, y esto puede terminar mal. Por otro lado, yo no me pierdo en lo que he visto en jardines infantiles, que me tocó ver que una mujer chilena con un niño pobre. Afuera le faltó la canción nacional, quedaba afuera por una migrante, no me parece. Yo soy de los que creo que la caridad empieza por casa, a igualdad de condiciones. Yo me quedo con una chilena, perdónenme, pero esa es una opinión. Creo que esta opción de discriminar al revés me parece sumamente injusto. Y tercero, digamos, yo sería sumamente duro con cualquier persona que delinque, aunque sea menor, da lo mismo. El que viene aquí a Chile, si no viene a trabajar, no. Así que creo que este proyecto trata de arreglar algunas cosas, tenemos diferencias, sí, pero no reconoce la realidad que hay, que es un problema que todavía nadie ha dado solución. Porque hay una cosa, y con esto termino, que dijo el oleo que tiene toda la razón: si este país incentiva a que vengan, no vamos a terminar nunca. Y todo lo que plantea la senadora Luz, todo lo que hagamos, si no somos capaces realmente de parar el tema en el norte, de que entran por cualquier lado y que es mucho más fácil. Por eso mismo yo le planteé al Presidente de la República una regulación masiva de los bolivianos que vienen a trabajar a la fruta, porque hoy día, por eso mismo, sí, pero se van. Pero aquí vienen en condiciones paupérrimas, entran de forma ilegal. Hagamos algo para que entren por la puerta, para que sean legales y para que tengan sus imposiciones y que los traten bien, etcétera. Bueno, eso. Con esto termino: si un chileno viene a trabajar a Bolivia hoy día, pide la visa por el acuerdo MERCOSUR y se demoran tres días. Si un boliviano le pide a Chile entrar a trabajar por la fruta, se demoran seis meses. Tenemos un listado de 900 personas de Santa Cruz que hace seis meses que todavía no les contestan. Y ya los arándanos partieron, por lo tanto, es un tema, además, súper grave, porque ellos ganan en un par de días lo que ganan en un mes allá. Por lo tanto, entran por cualquier lado para llegar a su Latina. Quiero decirle que si un iquiqueño va en auto a Bolivia, no le venden medicina por sí. Entonces, tome la votación. El señor presidente somete a la votación en general el proyecto de ley. A favor, gracias.