Senado · Educación

Muy buenos días. Hemos acordado iniciar esta sesión en comité. Señor Secretario, dé cuenta, por favor. Gracias, Presidente. En Cuenta, tenemos dos notas. La primera: una urgencia calificada de suma, presentada por el Ejecutivo el día 5 de noviembre, al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta. En segundo lugar, se recibió una solicitud de audiencia del Instituto Libertad y Desarrollo, con el objeto de exponer observaciones al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica, proyecto que tenemos en tabla el día de hoy. Luego, el Presidente y Vuestra Señoría deberán ponerse de acuerdo respecto de la fecha en que se les recibirá, si así se acuerda. Eso es todo en materia de Cuenta, Presidente. Muchas gracias, señor Secretario.

Siendo entonces que esta es la única solicitud que ha presentado alguna organización, aparte de las que se han invitado. Así es, esta es la única, salvo las que tenemos para esta sesión, ninguna otra. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra por la Cuenta? No habiendo palabras, tiene la palabra el senador Pascual. Solo consultar cuándo vamos a... ya que, cuando estuvimos en la sesión de la comisión que sesionó en Talca, casi despachamos el proyecto de ley, que incluso, según la Cuenta, tiene asignada suma urgencia. Entonces, para poder ver si eso ya estaría, porque había unas propuestas del Ejecutivo para formalizar el patrocinio e incluso mejorar la redacción, cosa de que, cuando tengamos quórum, podamos tomar el acuerdo de fijar esa sesión también, si les parece. Muy bien. Efectivamente, vamos a esperar a tener quórum para abrir la sesión y poder adoptar los acuerdos. Por lo pronto, continuaremos el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica cuerpos legales, Boletín N° 17.879-25. Invitados a esta sesión: del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitaba, a quien damos la bienvenida. Asiste con su jefe de gabinete, señor Camilo Ballesteros; el jefe asesor, señor Sebastián Silva; la coordinadora de la División Jurídica y Legislativa, señora Carolina Codesio; y el jefe de la División de Seguridad Privada, señor José Manuel Ruiz, quien se conecta de manera remota. Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, a quien damos la más cordial bienvenida, y el asesor legislativo, señor Sebastián Godoy. De la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, la secretaria ejecutiva, señora Luz Infante, y el abogado, señor Hernán Rivero. Se les da la más cordial bienvenida. Se conectan de forma remota, de la Asociación Chilena de Municipalidades, el asesor legislativo, señor Sebastián Torrealba; y, de la Fundación Paz Ciudadana, su director ejecutivo, señor Daniel Johnson. Se ha excusado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Gustavo Alessandri. A continuación, seguiremos el estudio con la exposición del subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Trae alguna presentación, subsecretario? Muy bien. Escuchamos al subsecretario. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Desde el punto de vista sectorial de las telecomunicaciones, el proyecto de ley introduce modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones para establecer ciertas obligaciones que den operatividad al sistema. Entiendo que esta comisión ya revisó la forma de operar del sistema de protección. Para dar sentido a la plataforma tecnológica, es necesario ajustar la forma en que hoy se cursan las llamadas de emergencia. Una de las cuestiones más evidentes es la disponibilidad de un número único, de modo que las personas no tengan que aprender, según el tipo de emergencia, qué numeración utilizar. Es una materia discutible, porque hay tratamientos distintos según la emergencia, pero parece razonable contar con una plataforma tecnológica única que permita gestionar todas las llamadas y, con ello, obtener eficiencia. Eficiencia significa —o debería significar— ahorro de tiempo, y el ahorro de tiempo puede significar salvar vidas. ¿Cuáles son los elementos centrales que se modifican en la Ley General de Telecomunicaciones? Primero, hacer forzosa la geolocalización. Hoy día, las llamadas a números de emergencia no llevan obligatoriamente una coordenada geográfica. La tecnología lo permite; sin embargo, hay consideraciones que tener presentes. En redes de telefonía móvil, la coordenada disponible tiene una precisión menor, porque se obtiene a partir de las antenas. Entonces, hay una aproximación que...

...puede tener una diferencia de hasta 50 metros. Y esto lo digo porque, en paralelo, hemos estado conversando con los fabricantes de los sistemas operativos de los smartphones: ellos tienen acceso a la coordenada geográfica y, si se define un número de emergencia, pueden hacer que esa coordenada viaje junto con la llamada telefónica. Eso tiene una precisión del orden de 1 a 5 metros, según la cantidad de satélites a los que tenga acceso el teléfono. Esa primera cuestión tiene una relevancia vital para el tratamiento de una emergencia, porque muchas veces se recibe la solicitud de auxilio y no se sabe dónde está ocurriendo. Lo siguiente tiene que ver con identificar a quién realiza la llamada, lo que se logra mediante tres valores distintos. Primero, el número telefónico. Aunque parezca de perogrullo, nosotros siempre recibimos la llamada con un número; sin embargo, hay sistemas que lo enmascaran. A raíz de un estudio que estábamos haciendo con Carabineros acerca de las llamadas inoficiosas o llamadas de pitanza —que representan aproximadamente el 70 a 75% del total—, observamos reenvíos de llamadas: se recibían mil llamadas de un mismo número de origen que, en realidad, no era el que había iniciado la comunicación. Se producía un enmascaramiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la obligación de informar el número telefónico, esa obligación es sin enmascaramiento, para saber exactamente cuál es el número de origen. Segundo, el identificador del teléfono, que es un número único —la “cédula” del aparato—, el IMEI. Y, tercero, la identificación del titular. Este último elemento presenta un mayor desafío tecnológico y seguramente será materia de discusión posterior, porque normalmente son mundos disjuntos: el tratamiento de una llamada en una red móvil contiene la identificación del teléfono, del IMEI, de la SIM card; no contiene el RUT del titular. El RUT está en una base de datos fuera de línea, no en una base en línea. Por lo tanto, esto exige, sin lugar a dudas, un desarrollo más o menos sofisticado, porque a una base de datos pensada para atender solicitudes comerciales se le pide que responda en tiempo real. Respecto de la geolocalización, también se considera que se puede llamar desde teléfonos fijos; en ese caso, la empresa tiene la dirección física de su cliente y puede aportar una coordenada con precisión a nivel de dirección de calle, lo que es adecuado para gestionar una emergencia. En el caso de llamadas de telefonía sobre IP, aparece la complejidad de que uno puede autenticarse con un teléfono IP en cualquier lugar del planeta. Debe, al menos, conocerse dónde se autenticó por última vez, para tener la mejor precisión geográfica posible; pero siempre existirá una posible dispersión de la información, porque se puede trabajar a través de una VPN y aparentar estar en un lugar distinto del real. Esa es la modalidad con mayor incertidumbre, y además la menos frecuente; hoy la telefonía IP, como servicio de telefonía IP con numeración 4.4, tiene menor incidencia. Esas son las modificaciones centrales. Hay, además, cuestiones relativas a la plataforma tecnológica que deben tenerse a la vista. A raíz de la colaboración con Carabineros, hemos visto que la geolocalización ha sido compleja de implementar —pese a que funciona en otros lugares— y, además, desde el punto de vista de la plataforma con la cual Carabineros recibe la información, utilizando el protocolo AML para que la coordenada geográfica viaje junto a la llamada, se ha estado trabajando desde hace algunos meses en su implementación. Está estandarizado y funciona en otros lados, pero no ha sido sencillo. Hay un desafío, porque una condición deseable de sistemas de esta naturaleza es que sean multiplataforma, es decir, que cualquier canal de comunicación permita esto. En ocasiones, será más útil una videollamada que una llamada de telefonía. Todo lo comentado se refiere a telefonía móvil, no a servicios de datos. Por lo tanto, también deben prepararse las plataformas para recibir este tipo de llamadas y, además, debería existir la posibilidad de...

Subsecretario: …el proyecto de ley establece que una llamada de emergencia pueda realizarse mediante texto en tiempo real —no un SMS— para situaciones en que la persona no tenga la posibilidad de hablar, por la razón que sea. Esto implica incorporar en la plataforma tecnológica todas estas condiciones, porque inciden en los tiempos de despliegue y en los costos. Eso desde el punto de vista sectorial, Presidente. Presidente: Muchas gracias, señor Subsecretario. Se ofrece la palabra. Senadora Pascual. Senadora Pascual: Gracias, Presidente. Por su intermedio, al señor Subsecretario: según la exposición inicial del Gobierno y lo planteado por los invitados en la sesión anterior, antes de llegar al número único lo esencial es la coordinación de todo el sistema, y que la última fase se traduzca en ese número único. En función de los elementos que usted ha enumerado para que esto funcione y podamos arribar al número único, ¿cuáles son las estimaciones de tiempo para cada aspecto? Me refiero a la obligación de identificar el número telefónico, la identificación del titular con RUT, la operatividad tanto para telefonía móvil como fija, y la disponibilidad de la información pertinente. ¿Cuánto se demora cada uno de esos temas, según lo que se está trabajando con las empresas, para disponer de un sistema único o interconectado que funcione con los demás actores: Salud a través del SAMU, Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones? ¿Qué podría implementarse más rápido una vez aprobado el proyecto de ley y qué quedaría para una fase de implementación de mediano plazo, no inmediatamente? Subsecretario: Gracias, Presidente. Las labores de coordinación pueden iniciarse, evidentemente, una vez aprobado el proyecto de ley; no debieran significar un proceso demasiado largo. En el período transitorio, lo primero que se puede implementar es la geolocalización. Como señalé, en el trabajo que estamos realizando en colaboración con Carabineros, ya hay avances y esperamos tener cubierto el parque de teléfonos Android en los próximos meses —dos o tres meses—, que es lo que se estima para el desarrollo de la plataforma. Luego, las otras modificaciones implican presiones relevantes para su implementación, por los costos que conllevan para las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, una vez aprobada la ley, estimamos al menos 12 meses para la implementación de la geolocalización a través de antenas. Persisten algunas dudas respecto del tiempo que tomará la entrega de la información de identidad del usuario —RUT y nombre—. Por eso hemos planteado un horizonte de 24 meses para contar con la plataforma completa, entendiendo que ese período es el mínimo necesario para que todas las empresas de telecomunicaciones realicen los desarrollos requeridos. Esos son los plazos que visualizamos hasta ahora. Presidente: Muchas gracias, señor Subsecretario. Damos la más cordial bienvenida al senador Iván Moreira. Habiendo quórum, los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Senador Iván Moreira: Presidente, habíamos quedado en que esta reunión sería a las 11 de la mañana. Yo estoy desde las 10 aquí y me llaman a las 10:30 para avisarme que no hay quórum. Se deben tomar las providencias del caso; para otra vez, se convoca más temprano. A las 10:20 me avisan que no hay quórum, estando yo en la oficina. Quedamos de acuerdo en que, como siempre se hacen las sesiones, serían de 11 a 2 y media.

Senador Moreira: Por eso los otros parlamentarios no están acá. Teníamos otra información: en el papel decía otra cosa, con todas las modificaciones que hemos tenido últimamente. Para la próxima, pido un poco más de preocupación en esto. Sobre todo porque han llegado visitas y quedamos muy mal. Estoy aquí desde antes de las 10, a las 9:45, y antes estuve en mi oficina. Solicito a la Secretaría que seamos más cuidadosos con estos temas, que nos pongamos de acuerdo y se nos avise oportunamente. Si se va a cambiar el horario, avísese; habíamos quedado de 11:00 a 12:30, como siempre, salvo que en vez del martes fuese el lunes. Eso es. Presidente: Gracias, senador Moreira. Precisamente, dado que ya teníamos a los invitados presentes, acordamos comenzar la sesión en formato de comité para poder escucharlos. Luego daremos la palabra al Subsecretario. Por lo pronto, informarle que ha iniciado su exposición el subsecretario de Telecomunicaciones. Se ha referido a las comunicaciones de emergencia a través de teléfonos celulares, destacando la importancia de enviar la posición desde donde se realiza la llamada. Esa información puede obtenerse en base a las antenas de las empresas o mediante el GPS del dispositivo, si este puede conectarse y transmitir. La senadora Pascual consultó por los tiempos de implementación; el Subsecretario señaló que, para sistemas Android en geolocalización, faltan tres meses, y que, una vez que la ley entre en vigencia, las compañías necesitarán alrededor de un año adicional para adaptarse. Para explicar la convocatoria, ofrezco la palabra al Secretario. Secretario: Sí, señor Presidente. A raíz de los cambios introducidos por los Comités para las sesiones de Sala, estas se alteraron: de martes y miércoles pasaron a miércoles, jueves y viernes. Por ello hubo que ajustar el día y la hora de todas las comisiones. Esta comisión debe terminar a las 11:30, porque inmediatamente continúa la de Educación; habitualmente el martes no se produce ese choque. Se envió, con cuatro o cinco días de anticipación, la citación con día y hora a todos los senadores, y se informó asimismo por el WhatsApp del grupo de senadores, recabando confirmaciones. Esos fueron los mecanismos utilizados para informar. Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Senador Moreira: Si no hay sala, podemos buscar otro lugar donde funcionar a la misma hora. Pero no me digan que porque hay Comisión de Educación; siempre puede haber un reemplazo. Presidente: Muy bien. También deseo señalar, respecto de los temas de tabla y las solicitudes ingresadas, que la senadora Pascual ha hecho presente la urgencia suma, de fecha 5 de noviembre, del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta (Boletín 17.535-25). Dado que esta comisión sesionó en Talca, estamos a la espera de que el Ejecutivo ingrese los textos que requieren patrocinio; lo importante es definir cuándo se verá. Si el presidente titular no llegara antes del término de la sesión, ese es uno de los acuerdos que deberíamos resolver con posterioridad. Por lo pronto, senador Moreira, senadora Pascual, no sé si es necesario que el Subsecretario explique algo de lo ya expuesto. Perfecto. Entonces podríamos continuar con la sesión. Presidente: Señor Subsecretario, le consulto lo siguiente: en la sesión anterior no solo se abordaron las llamadas para informar una emergencia, sino también las comunicaciones de emergencia basadas en sistemas de radio, para los cuales existe la frecuencia respectivamente reservada y definida en el espectro. Quisiera saber de qué manera Chile ha ido adoptando estos sistemas: si contamos con un estándar o protocolo estandarizado y cuál es su estado de implementación.

Comunicaciones de seguridad. En la sesión anterior se hizo referencia a dos estándares mundiales normalmente aceptados: el Proyecto 25 de Estados Unidos, P25, que cuenta con al menos seis proveedores de equipamiento en ese país, y el estándar europeo TETRA, de distinta naturaleza. Entonces, la primera pregunta —retomando lo pendiente— se refiere a las comunicaciones de emergencia, donde no solo hay que coordinar a las policías; también hay que coordinar a Bomberos, al SAMU y a las ambulancias privadas. Es decir, la coordinación entre todos ellos, con traspaso de información. Idealmente, todos deben llegar a la misma posición de GPS para evitar confusiones. ¿Se ha realizado algún estudio respecto de qué sistema es mejor para un país de nuestras características —extremadamente angosto y muy largo, con una longitud comparable a toda Europa, para dimensionarlo—, considerando la costo-efectividad, los costos de los equipos versus su efectividad y la capacidad de transmisión de datos? Lo primero es saber si existe un estudio al respecto. En segundo término, el mundo de las comunicaciones ha migrado a lo digital, incluso aplicando técnicas para evitar interferencias, como el espectro expandido; en definitiva, todo son datos, no voz analógica. Si se destina una frecuencia exclusivamente a voz, se subutiliza el espectro. ¿Se ha estudiado también el uso del espectro para determinar la mejor forma de asignarlo, especialmente para temas de emergencia, de modo que todos puedan tener acceso? Eso es lo que quedó pendiente en la sesión anterior, y por ello queríamos contar con usted para abordar el tema del espectro, las frecuencias, las asignaciones y los mejores criterios para la política pública. En tercer lugar, respecto de la declaración de emergencias: ¿es posible contar con una aplicación del Gobierno, disponible para iOS y Android, que permita, con solo presionar un botón, definir la emergencia y traspasar de inmediato todos los datos, evitando la angustia de quien espera que atiendan una llamada? Además, ello podría garantizar la certeza jurídica y la seguridad en la transmisión de datos. ¿Se ha estudiado en profundidad qué solución es mejor? Ello resolvería, entre otros, temas de call center. Lo tercero se refiere a la flagrancia. He solicitado al ministro de Seguridad que, entendiendo que todo es prevención hasta que ocurre el hecho, se aborden los tiempos críticos. ¿Qué capacidad tienen las empresas de telecomunicaciones para, ante una necesidad —por ejemplo, el secuestro de un niño que porta un teléfono que probablemente no puede usar—, informar la ubicación de ese aparato? No necesariamente el mismo con el que se hizo la llamada de emergencia. O, en el caso de un adulto mayor extraviado que porta su teléfono, ojalá con batería, ¿qué capacidad existe para recibir rápidamente esa información y poder actuar? Planteo esto también a propósito de la tragedia ocurrida el fin de semana en nuestro Parque Nacional Torres del Paine: nueve turistas perdidos. Entiendo, y quizás usted pueda comentar algo de las tecnologías, que toda herramienta que permita ubicar a quien está en urgencia y requiere atención inmediata debe ser considerada, para reaccionar a tiempo. Esa tragedia derivó en cinco fallecidos y cuatro personas que lograron salir con vida. Contar con capacidad para transmitir y traspasar información crítica es muy relevante. Si fuera posible, quisiéramos escuchar respecto de las asignaciones de frecuencias, los sistemas de comunicación y también sobre las demás materias necesarias para seguir avanzando con el proyecto. Muchas gracias. Respecto de la primera pregunta sobre las comunicaciones de emergencia, la red de emergencia, efectivamente hemos estado analizando distintas alternativas. En este momento, lo más razonable y costo-efectivo sería un sistema tipo P25, primero, porque es el que cuenta con mayor adopción en Bomberos.

Ese sistema es el que tienen Carabineros y muchos servicios de salud también, por lo tanto sería de más fácil adopción. Hemos tenido conversaciones con una de las empresas que presta este servicio, que es Movilink, la cual trabaja con equipamiento Motorola. Justo se les está venciendo una concesión de espectro y, en el proceso de renovación, una de las conversaciones que tuvimos con ellos fue avanzar en digitalización, cuestión que ya abordaron; por lo tanto, vamos a tener un proceso de digitalización. Los terminales hoy no todos incorporan GPS, por lo tanto la digitalización no necesariamente trae consigo que podamos conocer la ubicación geográfica de un dispositivo; pero sí, a nivel de recepción de datos, pueden recibir datos completos precisamente por ser digitales. Hay un avance en esa línea que aún es lento; todavía faltan un par de años para concretarlo y, después de eso, vendrá un tema que sí o sí nos va a impactar: la renovación de los terminales, que evidentemente implica recursos. Respecto a las asignaciones de frecuencia, hemos estado revisando tres bandas distintas para fines de red de emergencia. Observamos con harta atención la parte superior de la banda de televisión digital, es decir, los últimos canales, desde 650 MHz hacia arriba, antes de los 700 MHz que están asignados a servicios móviles, por ser una banda con buena propagación y ancho de banda suficiente. En principio, nos estaríamos inclinando más por la banda de 900 MHz, donde encontramos mayor disponibilidad de equipamiento, y estamos evaluando, bajo la lógica de implementación, un servicio LTE privado que permite comunicaciones uno a uno y uno a N, con servicios de voz y datos. Nos parece una buena forma porque, además, si vamos a una modalidad de LTE privado, el costo del dispositivo es equivalente al de un teléfono. Es un desarrollo que estamos impulsando en paralelo, independiente de que las bandas que usan los P25 seguirán disponibles para los servicios de emergencia; también creemos que una red de emergencia más robusta debería incorporar esta otra componente. Aún estamos en período de diseño: definir cuáles son las alturas, cómo las alcanzamos; vamos en coordinación con privados para que nos provean servicios de VPN en zonas de más difícil acceso. Hay todavía mucho trabajo de diseño por hacer. Sin embargo, tenemos bandas específicamente pensadas para ello, que quedarán reservadas para la forma que se adopte finalmente. Respecto a la flagrancia, hay dos líneas de trabajo distintas. Una, la ya comentada con los proveedores de los sistemas operativos de los teléfonos, de modo que, cuando desde el teléfono se haga una llamada, esté disponible la coordenada geográfica. La otra es la geolocalización de un teléfono que no está realizando una llamada, desde una plataforma centralizada. Se han analizado varios sistemas que permiten esto; son bastante intrusivos, requieren conectarse directamente a las redes de las empresas de telefonía móvil, contar con un amparo legal y establecer los debidos resguardos en protección de datos personales, porque conocer la ubicación geográfica de un número puede significar problemas. La tecnología lo permite, pero el marco regulatorio no es tan claro en habilitarlo; evidentemente, este proyecto de ley puede ser un espacio para ello. Además, se necesita coordinación para acceder a la base de datos en tiempo real de la empresa de telecomunicaciones donde se cursan las llamadas, a fin de obtener la coordenada geográfica, que es la de menor precisión porque la otorgan las antenas, no el sistema operativo. Perfecto, muchas gracias. Respecto al tema de la aplicación de gobierno, y agregaría también otras técnicas de comunicaciones de emergencia emergentes, como por ejemplo LoRaWAN, para establecer una red de respaldo de reportes de emergencia, especialmente ante catástrofes, caídas de torres y otros. ¿Está considerado?

También para la resiliencia del sistema: necesitamos un sistema que no solo sea robusto, sino que resiliente. Perdón, señor Presidente, había olvidado el tema de la aplicación. Yo creo que el desarrollo de una aplicación de esta naturaleza es de bajo costo y de alto impacto, por lo tanto tengo una opinión favorable. Sin embargo, y esto lo hemos visto con el avance de las aplicaciones en el tiempo, el tema es la adopción, la velocidad de adopción por parte de la ciudadanía. Muchas personas tienen un teléfono que se ajusta a sus necesidades y cargarle otra aplicación implica uso de memoria y de plan de datos. Por lo tanto, hay un asunto de velocidad de adopción que nos obliga a mantener el otro camino: no podemos renunciar a la vía clásica. Con todo, un botón de pánico sin duda es una ayuda. Yo lo vi funcionando en una empresa de Curacaví. Nos mostró una aplicación de esa naturaleza que daba cuenta de lo práctico que debe hacerse en este caso. Estaba pensada para un servicio de seguridad municipal y, al presionar el botón de pánico, se enviaba un mensaje con el tipo de emergencia —la causal— y la coordenada geográfica. Por lo tanto, efectivamente da cuenta de su utilidad. Creo que sería una muy buena implementación, con la salvedad de que el tiempo de adopción de la ciudadanía probablemente juegue en contra. Pero, como aplicación, me parece una alternativa muy conveniente. Respecto de otras técnicas, hemos estado conversando bastante con proveedores satelitales, porque los satélites tienen la ventaja de que no les impactan los terremotos ni los maremotos. En la medida en que podamos perfeccionar las comunicaciones directo al dispositivo, tendremos más posibilidades para que la ciudadanía pueda responder en ausencia de redes y para que nuestros servicios de emergencia se coordinen. ¿Qué perdemos cuando vamos a una solución satelital? La georreferencia, salvo que usemos la del propio teléfono; es decir, que la mensajería que salga del dispositivo vaya con georreferencia, porque el satélite tiene un haz demasiado grande y ya no es lo mismo que localizarnos con una antena terrestre. Hoy día ya está disponible el acuerdo entre Starlink y Entel. La empresa AST está por lanzar su servicio; pretende estar operativa el segundo semestre de 2026. Amazon aún no ha manifestado su intención de ir directo al dispositivo móvil, por lo tanto estimo que ahí falta algo más de desarrollo. Y OneWeb —porque son las cuatro constelaciones más numerosas hoy— está en desarrollo de esta solución. Entonces, por de pronto, vamos a tener dos empresas con la posibilidad de conectar dispositivos directamente a satélites, lo que abre un espacio para que las coordinaciones de los equipos de terreno tengan cobertura en el 100% del territorio, independientemente de lo que ocurra con las redes terrestres, de que se nos corte la luz o de que se caigan las antenas. Desde el punto de vista de conceptualizar cómo atender la emergencia, esta es una alternativa que nos cayó del cielo y que, al final, resuelve muchos de los problemas que encontramos en la práctica al gestionar una emergencia. —Perfecto, muchas gracias. Señor Moreira tiene la palabra. No me quiero apartar del tema, pero no quiero que se me olvide. Nosotros, en la Comisión de Seguridad, hemos estado aprobando una serie de leyes que considero importantísimas. Mañana vamos a votar en la Sala, en general y en particular, el proyecto de seguridad municipal. Y yo estaba revisando el informe financiero de este proyecto: primero nos señalan que el primer año serían 500 millones; luego 2.600 millones, 2.400 millones; el máximo, el cuarto año. ¿Ustedes creen que con eso, primero, el tema de la seguridad, cómo se va a financiar? Porque, de verdad, los fondos que se asignan no son suficientes para lo que se espera. Si se proyecta esto a largo plazo, la seguridad es un tema de ahora. Entonces, respecto de esto —que el cuarto año serán 2.000 millones—, ¿ustedes creen que con esos montos vamos a poder financiarlo? No sé quién me pueda contestar, porque a mí los números no me cuadran, por lo menos. En un país donde es tan necesario tener una coordinación al respecto, el presupuesto que se propone es muy menor. Me preocupa que aprobemos estas leyes y después no haya plata para financiarlas, sobre todo estando en esta etapa en que la palabra que más se usa en presupuesto es “recorte”, para este y para los próximos gobiernos.

¿Cuál es la opinión de ustedes respecto del presupuesto? ¿Cómo lo ven? Antes de que conteste la senadora Pascual, va a intervenir. Gracias, Presidente. Quiero agregar una pregunta a propósito de uno de los aspectos que contestó el subsecretario, por su intermedio, Presidente. Aquí se dio una gran discusión a propósito de la tecnología IMSI-Catcher, que es tremendamente intrusiva y, de hecho, creo que uno de los puntos más complejos de la nueva Ley Antiterrorista, pues constitucionalmente es debatible en varios países. El subsecretario plantea también un tema respecto de una tecnología potencialmente intrusiva, en cuanto a que el sistema geolocalice no la llamada de emergencia, sino a otro, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque, en caso de una persona perdida o de secuestro, es tremendamente relevante poder ubicarla, y obviamente esa persona no tendrá la posibilidad de estar llamando. Entiendo esa necesidad. Pero, ¿cómo generar un marco con limitaciones que permita, por un lado, evitar una situación fatal y encontrar a las personas y, por otro, no adoptar medidas que, como señala el subsecretario, interfieran no solo en la protección de datos personales, sino que además, en el caso de la tecnología que mencioné, no capta los datos de una dirección IP específica, sino de un radio geográfico? Por lo tanto, lamentablemente, vecinos de un investigado podrían terminar con todos sus datos siendo investigados. Esa es la complejidad y, por lo mismo, choca con las libertades individuales resguardadas constitucionalmente. ¿Existe alguna limitación que permita efectividad sin interferir en lo otro? Lo segundo: todo el sistema descansa en una colaboración obligatoria con privados, puesto que no hay nada que pueda cubrirse desde el Estado. ¿Qué opinión tienen sobre contemplar una habilitación, solo en casos muy importantes y de extrema necesidad, para que el Estado requiera información y las empresas deban responder en tiempo real, y no con demoras de tres días, cuatro días, una semana, etcétera? Esas son las dos temáticas que me interesan. El Ejecutivo tiene la palabra. Subsecretaria. Sí. Ante la preocupación, y por su intermedio, Presidente, Senador, efectivamente la mirada del proyecto, y respecto de la cual el Ejecutivo desarrolla su propuesta, debe estar en relación con los presupuestos existentes; esto, obviamente, se conversa y se trabaja con Hacienda. Al presentar el proyecto, visibilizamos los costos según cómo está planteado. El proyecto originalmente tenía otras características, y lo que hicimos fue concentrar los recursos disponibles en aquello más importante: la plataforma tecnológica, la conformación de los comités regionales, entre otros. En consecuencia, otras materias se postergaron o dejaron de proponerse para potenciar el proyecto y focalizar los recursos existentes en desarrollos que son indispensables para su implementación.

Quien está revisando esto entiende que un informe financiero se elabora en un año y que el proyecto de ley puede aprobarse en otro; por lo mismo, deberá seguir revisándose conforme avance el proceso. Tiene una temporalidad y, finalmente, habrá que licitar o desarrollar (aunque sea con desarrollo propio dentro del país, por el Estado o alguna institución) el sistema que corresponda, lo que igualmente requerirá presupuesto. Eso es lo contemplado ahora en el proyecto. Sin embargo, habrá que ir revisando permanentemente ese presupuesto y el informe financiero a medida que se defina, por ejemplo, qué plataformas se utilizarán y cuál sea la definición final. Por eso se propone un modelo de gestión, una gobernanza capaz de hacerse cargo con el presupuesto que se está planteando. Gracias, subsecretaria. Subsecretario Claudio Araya. A ver, sobre el tema de la intrusión, del IMSI: cualquier sistema de intrusión, en definitiva, requiere medidas más de orden administrativo que técnico, porque desde el punto de vista técnico no existe ningún sistema inviolable. Para que un sistema que nos permita hacer geolocalización solo haga lo que debe hacer, primero debe tener una única puerta de entrada, de modo que el guardián de esa puerta no tenga alternativas; que no existan puertas traseras. Y, segundo, desde el punto de vista administrativo, debe definirse el procedimiento. Hoy la entrega de información georreferenciada está sujeta a autorización judicial. Entendemos que, en este caso, debe hacerse un símil de autorización judicial, pero tratándose de una emergencia (por ejemplo, un secuestro) se requiere un mecanismo de colaboración con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para obtener las autorizaciones en tiempo oportuno, ya sea por la vía de órdenes de investigar; que la autorización sea oportuna, pero siempre con resguardo administrativo. Esto lo vemos en la interacción habitual con las telcos: cuando se pide una georreferencia, el funcionario que debe bajar los datos lo hace fuera de línea y espera tener un respaldo, porque se siente vulnerable frente a una eventual demanda por haber entregado datos que no debía, o datos sensibles. Por eso las medidas de resguardo deben ser administrativas. Con el Presidente estuvimos en el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, en España, y vimos cómo trabajan allá. No es la CNI; de hecho, hicimos la salvedad cuando estuvimos allá, y me produjo algo de nervio entrar a ese edificio. Observamos cuál es la gobernanza que se aplica y, en el fondo, este es un tema de gobernanza: cómo hacemos que esto sea efectivo, porque cuando buscamos a una persona extraviada necesitamos encontrarla ahora y no dentro de seis o doce horas, y que, a la vez, no se permitan vulneraciones. La tecnología tiene que estar al servicio de la gobernanza que finalmente se defina. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Solo pedirle al Ejecutivo revisar dos aspectos. Primero, la presupuestación: hoy el desarrollo del piloto está previsto para el segundo año. Con lo señalado —la necesidad de probar, desarrollar capacidad nacional, etc.— lo ideal sería situarlo en el primer año, invertir antes, porque eso permitiría abordar rápidamente; luego se regula y se ajusta, pero partir con un piloto. Segundo, que la Subsecretaría de Telecomunicaciones pueda oficializar que el P25 será el estándar, porque pareciera que todos se preguntan: ¿y qué usamos? Si ya se instaló, hay que tomar la resolución. Creo que la Contralora General de la República quedará más tranquila cuando exista un acto administrativo que señale que eso es lo que ocurrirá, y así poder avanzar. Ha surgido entonces la necesidad de coordinarnos muy bien, especialmente en flagrancia. Le pediría al Ministro de Seguridad Pública que tome ese tema, porque se trata de coordinación con el Ministerio Público para definir de qué forma y con qué tecnología se puede actuar. Debemos pasar de la prevención a la persecución, con todas las coordinaciones y los tiempos. Se agradece a ambos subsecretarios.

Presidente: Senadora Pascual, tiene la palabra. Senadora Pascual: Solo un punto respecto del financiamiento. Me parece razonable partir y hacer los pilotos lo antes posible, etcétera; pero pido coherencia: no se puede pedir recortes en el presupuesto de 2026 y, al mismo tiempo, solicitar que se adelante el piloto para 2026, de quedar aprobado. Lo señalo porque debemos acordar si nos endeudamos un poco más y suplementamos el presupuesto de la Nación; de lo contrario, no veo cómo se haría. Presidente: Muy bien. Continuamos con la exposición de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET. La secretaria ejecutiva, señora Luz Infante, tiene la palabra. Presidente: Antes de que parta, senador Moreira. Senador Moreira: Una cosa breve. En la Subsecretaría nos señalan que más recursos, para que no nos engañemos, no va a haber; basta ver cómo se despachó el presupuesto este año. Pregunta, y esto también va para el Secretario: ¿podríamos postergar esto mediante una indicación cuando se vea? En vez de 2026, que sea 2027, lo que usted dijo. Secretario: No, porque depende de cuándo se apruebe esto. Está en primer trámite, por lo tanto aún falta. Senador Moreira: Ya. O sea, 2026 no va a estar. Listo. Sí, tiene razón; formulé mal la pregunta. Presidente: Muy bien, le damos la palabra entonces a la señora Luz Infante. Luz Infante: Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todas y todos los presentes en esta sesión. Soy la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y estamos acá precisamente por esta coordinación entre instituciones. La seguridad vial se relaciona estrechamente con la seguridad pública y, por lo tanto, agradecemos que nos hayan invitado a opinar respecto del proyecto. Para comenzar, somos una comisión asesora del Presidente de la República en materias de seguridad vial, con el propósito de reducir los siniestros de tránsito. Hablamos de siniestros, no de accidentes, porque hay causalidad y una toma de decisiones por parte de quienes conducen o usan las vías, con consecuencias lamentablemente fatales o graves. La comisión es interministerial: está conformada por 11 ministerios y por Carabineros de Chile, para hacer recomendaciones y reducir las muertes en el tránsito. Contamos con un Comité de Ministros que entrega lineamientos a la Secretaría Ejecutiva de la CONASET a nivel nacional, los que se aterrizan en un comité técnico interministerial y, en las regiones, a través de las secretarías regionales ministeriales de cada cartera. ¿Para qué existimos? Tenemos una Política Nacional de Seguridad Vial, elaborada de forma colaborativa y participativa en 2017, con una bajada en la Estrategia de Seguridad de Tránsito 2021-2030, que contempla cinco ejes de acción. El último de ellos es la respuesta tras los siniestros de tránsito. Si bien nuestro foco está en la prevención, este eje aborda cómo damos reparación a las víctimas y, al mismo tiempo, cómo contribuimos a que sean las menos posibles, siempre orientados a la Visión Cero: que en nuestro país nadie muera ni quede con lesiones graves por siniestros viales, por tratarse de causas evitables. Nuestra estrategia busca reducir en 30% las muertes al 2030; sin embargo, lamentablemente estamos aún lejos de esa meta, como mostraré más adelante. El enfoque de Visión Cero cambia el paradigma tradicional, que suele concentrarse en culpar al conductor por una mala decisión. El Sistema Seguro propone un tratamiento integral de la siniestralidad vial: cada persona o institución vinculada al tránsito tiene responsabilidades respecto de las muertes y lesiones graves que ocurren. Esto se traduce en la gobernanza de la seguridad vial, en el diseño de las vías, en los estándares de los vehículos y, por supuesto, en la coordinación entre las instituciones pertinentes.

¿Por qué estamos tan centrados en esto? Porque debemos asumir que, como todos somos personas, el error es inherente al ser humano; por ende, todos podemos cometer errores. Sin embargo, nuestro cuerpo no tiene la tolerancia para soportar los impactos de un siniestro de tránsito: la energía involucrada es tan grande que no podemos resistirla y, lamentablemente, eso desencadena en muertes y lesiones graves. Dado lo anterior, necesitamos respaldar y fortalecer a todas las instituciones, y también a todas las personas, para que asumamos la responsabilidad de evitar muertes. ¿Y por qué estamos tan interesados en esto? En especial, porque —según datos de Carabineros de Chile, que son parte de la comisión y nos facilitan esta información— el año pasado murieron 1.439 personas por siniestros de tránsito en nuestro país dentro de las 48 horas posteriores al hecho. Hay personas que fallecen después: algunas hasta los 30 días, otras incluso luego de un año. Pero a 48 horas, 1.439 personas es una cifra altísima. Y, lamentablemente, esta cifra altísima es la más baja que hemos tenido en los últimos 30 años. Por lo tanto, todas las acciones que podamos ejecutar para reducir esta lamentable cantidad, para aminorar el dolor de las familias y seres queridos, y para disminuir los costos para el Estado, son de máxima prioridad. Además, es importante reflejar lo que ocurre hoy para desencadenar acciones. A pesar de que a nivel nacional fue la cifra más baja de fallecidos en tres décadas, el comportamiento regional no es homogéneo: en algunas regiones hubo disminuciones importantes, mientras que en otras se registraron alzas significativas. Esto puede explicarse, por ejemplo, por una alta demanda de servicios productivos, mayor carga en las vías, o por tratarse de centros vacacionales que reciben visitantes que no conocen las rutas. Eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado en Fiestas Patrias, cuando murieron 70 personas en siniestros de tránsito en 10 días, mucho más que los homicidios registrados en ese mismo período. Esto se debió a que, al ser un feriado tan largo, sumado a las celebraciones, las personas no adoptaron conductas adecuadas y el entorno tampoco las guió hacia un comportamiento seguro. En esta gráfica también quería mostrarles cómo ha evolucionado la siniestralidad vial en nuestro país desde el nacimiento de la CONASET. Nosotros nacimos en 1993. La línea roja muestra el número absoluto de personas fallecidas, y la línea azul, la tasa de muertes por cada 10.000 vehículos. Como se observa, la línea azul desciende, lo que se relaciona con medidas de seguridad vial impulsadas por todas las instituciones vinculadas y la sociedad civil, y también con el importante crecimiento del parque vehicular: desde 1993 a la fecha, el parque se ha sextuplicado. Con todo, en nuestro país mueren entre 1.400 y 1.800 personas a 48 horas de ocurrido un siniestro de tránsito. En promedio, en torno a 1.800 personas al año. Si extendiéramos —por estimación, porque no hay dato certero— a 30 días, podríamos decir que en Chile mueren todos los años alrededor de 2.000 personas por siniestros de tránsito, es decir, entre 4 y 5 personas diarias. Ese promedio, lamentablemente, muchas veces se ve superado: el sábado recién pasado, sin que mediara ninguna celebración —era el día previo a las elecciones—, murieron 13 personas por siniestros de tránsito. ¿Cuáles son los tipos de usuarios más afectados? Quienes viajan en automóvil y quienes son peatones; y, si agrupamos a los usuarios vulnerables, ellos son los más afectados, porque carecen de protección frente a un impacto. Otro aspecto relevante: las personas que van dentro de camiones representan el 6% de los fallecidos; pero, si observamos la proporción de personas fallecidas en siniestros donde hubo un camión involucrado, esa participación alcanza entre el 20% y el 25%. Es decir, el impacto de este tipo de vehículos es considerable. ¿Y cuáles son las principales causas? Predominan las asociadas a los conductores de vehículos motorizados, en particular imprudencias vinculadas a las distracciones al volante —como el uso del celular— y la conducción a velocidad imprudente. Siempre que hay exceso de velocidad, el riesgo de morir en un siniestro de tránsito aumenta.

…de tránsito, porque a mayor velocidad se genera más energía en el siniestro y, por ejemplo, durante el último fin de semana largo del 31 de octubre al 1 de noviembre murieron 29 personas en siniestros de tránsito, en un contexto en que la cantidad total de siniestros fue la más baja registrada históricamente para ese feriado. En años anteriores hubo más de mil siniestros con menos personas fallecidas; en esta oportunidad hubo alrededor de 500 siniestros, pero con más fallecidos. Es decir, la velocidad está teniendo una irrupción importante. Otra cuestión relevante es que, lamentablemente, los siniestros con resultado de muerte ocurren mayoritariamente en zonas rurales: entre un 60% y un 70% en áreas rurales y el resto en zonas urbanas. Precisamente en las zonas rurales es donde se hace más necesaria una coordinación aún mayor de los servicios de emergencia, debido a la dificultad de acceso a esos lugares. Por lo tanto, conforme a nuestro quehacer y al mandato de la Estrategia de Seguridad de Tránsito, corresponde establecer un protocolo de coordinación de primera respuesta entre los servicios de emergencia. Así, desde el año 2020 iniciamos un trabajo coordinado entre ambulancias, Carabineros y Bomberos, junto con los ministerios asociados, para actualizar un documento de coordinación con el que estas instituciones ya contaban: el Manual ABC. En las actualizaciones que estamos realizando al Manual ABC buscamos que la coordinación sea eficiente, segura y eficaz. ¿De qué manera? El manual vigente, el antiguo ABC, no delimita claramente los roles ni define con precisión las etapas de respuesta; solo algunos roles están más detallados y el orden de actuación no resulta del todo claro para su ejecución. Con la nueva coordinación —en la que participan todas estas instituciones— estamos estableciendo roles, definiendo con claridad cómo van a actuar y cuál será el Sistema de Comando de Incidentes a utilizar, facilitado por Bomberos de Chile. Con este Sistema de Comando de Incidentes se estandarizan los métodos de acción, se establece un mando unificado, se identifican los recursos y se mapean las instalaciones, lo que resulta muy relevante para colaborar en la siniestralidad vial al momento del rescate. ¿Por qué es tan importante el rescate? Porque una respuesta eficaz aporta al enfoque de Sistema Seguro: todo el sistema de tránsito —y lo relacionado con él— debe estar consciente de la necesidad de salvar vidas. Los porcentajes de aumento o reducción de la supervivencia dependen críticamente del tiempo de llegada de las instituciones. Mientras más rápido arriben, mayores son las probabilidades de supervivencia; por el contrario, por cada 10 minutos de retraso en la llegada se reducen entre un 5% y un 10% las posibilidades de sobrevivir. Esto ha sido corroborado, por ejemplo, en notas de prensa: cuando el conductor se da a la fuga y las personas quedan con lesiones graves, muchas veces fallecen por no haber sido atendidas oportunamente. Por lo tanto, para nosotros es clave fortalecer este desempeño y esta coordinación. A través de la nueva ley vemos posible dotar de mayor fuerza este trabajo, considerando no solo el dolor de las cerca de 2.000 personas que mueren cada año en Chile y el de sus familias, sino también el costo significativo para el Estado y otros costos indirectos, como las pérdidas productivas. En promedio, los siniestros de tránsito representan un 2,05% del PIB. Necesitamos, entonces, mantener este enfoque y aportar a la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luz Infante, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Se ofrece la palabra, señoras y señores Senadores. Más que nada, respecto de los comentarios que ha hecho, que son importantes, lo que a mí me llama la atención es la cantidad de personas muertas dentro de las 48 horas, que ha ido subiendo ostensiblemente. Por su intermedio, Presidente, ¿qué se ha hecho?

Yo sé que se han hecho muchas cosas. ¿Qué no se ha hecho para tratar de prevenir esto? Y, de estos casos, ¿en qué porcentaje son por imprudencia del conductor y por conducción en estado de ebriedad? Presidente, ¿puedo responder? —Tiene la palabra. —Muchas gracias, Presidente. Bueno, hay distintas acciones que se han realizado desde la puesta en marcha de CONASET en el año 1993. En particular, por ejemplo, la reducción de la velocidad en zona urbana de 60 a 50 km/h, que ha tenido un impacto en la reducción de la mortalidad de un 20%. También la obligación de luces y cinturón de seguridad; especialmente la Ley Tolerancia Cero y la Ley Emilia, que aportaron un cambio cultural respecto de la conducción con alcohol. Antes, la conducción con alcohol estaba entre las dos primeras causas de siniestros de tránsito con fatalidades; hoy se encuentra en el cuarto lugar: un 9% de las personas fallecidas se debe a conductores que iban con alcohol. Es un cambio cultural, insisto. La seguridad vial es un tema muy complejo que se resuelve de distintas formas: con educación, infraestructura, fiscalización, etc. Asimismo, estamos trabajando en un sistema de licencia por puntos, proyecto que esperamos continúe en el futuro, inspirados en experiencias internacionales como la española y la francesa, que han tenido fuertes reducciones al implementarlo. Todo esto orientado a reducir las muertes. —Perfecto, muchas gracias. Senadora Pascual, no sé si desea formular alguna pregunta. —Sí, muy breve, Presidente, por su intermedio. Se habló del Manual ABC; me gustaría saber cuáles son los avances de la respuesta estandarizada. Para la gente que nos ve, aclarar que un sistema de protección ciudadana aborda emergencias muy dispares y con respuestas distintas: no es lo mismo un incendio, una persona perdida, una situación de delincuencia, versus lo que tenemos acá, un accidente de tránsito. Todas son emergencias, por cierto. Pero respecto del manual de respuesta estandarizada que ha trabajado CONASET con las distintas instituciones, me gustaría saber qué está ya totalmente acordado, qué implica. Entendí de la exposición que hay sugerencias para focalizar en puntos donde la respuesta demora más en llegar. ¿Cuáles son los elementos de esa respuesta estandarizada? —Muy bien, se ofrece la palabra a CONASET. —Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Esta coordinación se ha definido trabajando con el Sistema de Comando de Incidentes, un modelo estadounidense que Bomberos adaptó para que el resto de las instituciones lo utilizaran en conjunto; es decir, todos coordinados bajo ese sistema. La idea es que, a través de este sistema, se entregan los lineamientos de cómo debe actuar cada institución. Por lo tanto, al establecer en el Manual ABC que el marco es el Sistema de Comando de Incidentes, quedan claros los roles que asume cada institución en cada circunstancia de emergencia. —Muchas gracias. Senador Moreira tiene la palabra. —Muy bien, les agradecemos. A continuación, escucharemos a la Asociación Chilena de Municipalidades; expone el asesor legislativo, señor Sebastián Torralba. —Sebastián, si puede esperar un minuto: el senador Moreira hará uso de la palabra primero, con una pregunta para el subsecretario de Telecomunicaciones. —Bueno, no sé si esto lo sabe también la subsecretaria. Nuestra asesora me lo informó recién y no lo había visto: hay un proyecto de ley en primer trámite constitucional que se está viendo en el Senado, que modifica la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, con el objeto de establecer un número telefónico único para la comunicación de emergencias viales. Dicho eso, lo que quiero preguntar es sobre la compatibilidad de ese proyecto con el que estamos estudiando. Y aquí yo…

…poco la pregunta en que se está creando un nuevo número centralizado de emergencia y, por otro lado, se crea un número único sobre emergencias viales. Entonces, ¿qué compatibilidad habrá para que no terminemos enredando todo esto que estamos haciendo ahora con un proyecto de esa naturaleza que estaría en Transporte? Esa era la pregunta que yo quería hacerle al subsecretario. Muy bien, gracias, senador Moreira. Subsecretario, tiene la palabra. Sí, nuestra opinión es que se debería fusionar, porque este proyecto evidentemente tiene un alcance mayor y debería absorber el otro. ¿Eso podría ser de parte de ustedes? Muy bien, muchas gracias. Senador Moreira, ¿algo más? No, no, no. Seguimos entonces. Se otorga la palabra a la Asociación Chilena de Municipalidades, al asesor legislativo Sebastián Torrealba, haciendo presente que la sala está pedida para la Comisión de Educación después. Entonces, si necesita más tiempo, podemos programar la próxima sesión; además, tenemos una solicitud del Instituto Libertad y Desarrollo, que también quiere exponer sus observaciones. Sí, podemos prorrogar diez minutos, si les parece. Senadora Pascual, diez minutos. Muy bien. Adelante, de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Sebastián Torrealba. Muchas gracias, presidente. Seré muy escueto, entendiendo que el tiempo es acotado. Primero, como Asociación Chilena de Municipalidades, estimamos que este es un proyecto absolutamente necesario, que además responde a la obligación derivada de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy tenemos un diagnóstico que coincide en gran medida con lo planteado por el Ministerio: existe fragmentación institucional en materias de emergencia, falta de interoperabilidad, desigualdad territorial y ausencia de una gobernanza común. Por lo tanto, los fundamentos del proyecto que busca el SINAPROC —que son básicamente unificar la gestión de la alerta ciudadana, aumentar la eficacia operativa y descentralizar la implementación regional— están alineados con ese diagnóstico respecto de cómo se administran las emergencias en nuestro país. Consideramos muy importante establecer con claridad la estructura y la gobernanza de estos procesos: una gobernanza político-estratégica, donde el Ministerio, evidentemente, lleve la conducción; un nivel de coordinación; y un nivel operativo. En esa estructura, los municipios somos clave. En la gran mayoría de las emergencias que ocurren en las ciudades, comunas y territorios, somos los primeros en llegar, los primeros en activar la alerta; por ello, creemos que los municipios tienen un rol relevante y nos gustaría estar situados en la parte alta de la pirámide, dado ese rol. Respecto del sistema de operación y de los componentes tecnológicos del proyecto, se crean herramientas de información nacional de protección ciudadana, centros operativos de protección ciudadana, sistemas integrados de televigilancia y registros nacionales. Todo ello probablemente implicará una compleja puesta en marcha, no solo por la brecha digital del propio Estado —del Gobierno y de sus ministerios—, sino también por la brecha que reconocemos en los municipios. A modo de ejemplo, lo ocurrido con las licencias digitales, donde ha habido problemas de operación, se explica, básicamente, por la brecha digital entre todos los actores relevantes del proceso, y me imagino que dentro del proyecto de ley…

Está establecida una gradualidad para ir operando este proyecto de buena forma. Presentarlo o lanzarlo en su 100% creemos que va a generar problemas, dadas las brechas que existen entre todos los actores relevantes, y por eso entendemos que este proyecto es, como dicen por ahí, un MVP o un proyecto mínimo que luego tiene que ir escalando en el tiempo con distintos sistemas de operación y nuevas responsabilidades. Este proyecto, además, como decía el subsecretario, Presidente, modifica la Ley de Telecomunicaciones y, por lo tanto, establece nuevas formas de operación para generar prevención, coordinación, eficiencia y otros objetivos. Con respecto al rol de las municipalidades, ya lo dije, Presidente: nosotros somos los primeros en llegar a las emergencias y por eso creemos que somos importantes, no solamente en los comités que se crean en este proyecto de ley, sino también en la primera parte de los procesos de emergencia, que son relevantes para salvar vidas y para evitar ciertas emergencias. Hay algunas cosas en este proyecto que no vemos, por ejemplo, cómo podríamos prevenir ciertas situaciones que hoy día la tecnología nos permite abordar. Existen algoritmos y herramientas tecnológicas que hacen posible prevenir delitos, emergencias, accidentes, lo que sea, y creemos que esos elementos deben incorporarse en el desarrollo del proyecto y en el desarrollo de la ley misma, una vez aprobada. Con respecto a las consideraciones financieras, creemos que lo establecido en el informe financiero no es suficiente y que hay que generar transferencias directas, en el proceso de desarrollo de este proyecto, hacia los municipios, para poder contar con la capacidad técnica, tecnológica y los recursos humanos que permitan ser parte relevante de este sistema de seguridad. En cuanto a los desafíos, consideramos muy importante la articulación técnica y legal con los sistemas de televigilancia que existen hoy en los municipios. Hay muchos que han avanzado muchísimo en términos de emergencias o de seguridad ciudadana, y evidentemente va a haber una articulación técnica y legal con ellos. No menos importante, y es muy relevante —como decía la senadora Pascual—, es cómo protegemos los datos personales, la adecuación a estándares nacionales de interoperabilidad y la necesidad de fortalecer las capacidades municipales en gestión de seguridad. Eso se está tramitando rápidamente en el proyecto de seguridad municipal, que está ya en segundo trámite en el Senado y que esperamos salga lo antes posible. En conclusión, Presidente, creemos que el SINAPROC constituye un avance importante en la institucionalidad de protección y seguridad integrada; articula los incidentes de seguridad y emergencia y eso, evidentemente, va a generar mayor coordinación. Nos va a exigir una modernización tecnológica y, por eso, creemos que el desarrollo de este proyecto, una vez aprobado, tiene que ser gradual, entendiendo las diferencias de realidades entre distintos municipios, porque no es la misma la realidad de Vitacura que la de Curaco de Vélez. Por lo tanto, la gradualidad es relevante, así como considerar —y esperamos que así sea— la participación constante de la Asociación Chilena de Municipalidades y también de algunos municipios socios nuestros que han tenido experiencias muy positivas en seguridad ciudadana y emergencia; se me ocurre mencionar a la Municipalidad de Lo Barnechea, por ejemplo, que ha hecho un trabajo importante. Y, con esto termino, aquí hay un desafío cultural no menor: hoy día los chilenos estamos acostumbrados al 133 —ese es como el plan de comunicación—; lamentablemente, tenemos datos negativos respecto de que muchas de las llamadas son falsas, y también está el cambio cultural hacia un solo número de emergencia en aquellas comunas que ya han tomado números de emergencia.

de emergencia distintos al 133. Pero, en definitiva, señor Presidente, creemos que este es un proyecto relevante e importante. Entendemos que lo presentado es un mínimo para partir, pero luego debe generar un desarrollo mucho mayor, sobre todo en lo relativo a las nuevas tecnologías. En Estados Unidos, específicamente en Nueva York, el uso de datos para predecir accidentes ha sido muy exitoso y han podido, con nuevas tecnologías, evitar cerca del 20% de las emergencias que ocurrían antes en la ciudad; y hay otros ejemplos exitosos en el mundo. Eso es lo que podemos comentar, Presidente, y, evidentemente, estamos disponibles para la discusión de este proyecto cuando se requiera. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Sebastián Torrealba. Se ofrece la palabra a las senadoras y los senadores presentes. Perfecto. Le agradecemos el tiempo. A continuación, el señor Daniel Johnson contará con el tiempo necesario para exponer la opinión de la Fundación Paz Ciudadana. Muy buenos días a todos. ¿Se está escuchando? —Sí, se escucha fuerte y claro.— Perfecto. Señor Presidente, por su intermedio, hago la presentación al resto de la comisión y a todos los participantes. Quiero agradecer la invitación a participar en lo que, para nosotros como Fundación, es un proyecto fundamental. Creemos que es un pilar que puede establecer una nueva forma de administrar información para la gestión del sistema de seguridad en Chile: no solo un sistema que mejora la atención de las emergencias, sino uno en que la información que se capture puede ser absolutamente relevante para administrar el sistema completo. Preparamos una presentación; son varias láminas, así que iré muy rápido. ¿Se está viendo bien? ¿Se está compartiendo? —Sí.— Perfecto. Primero, algo muy breve de historia, para ver cómo estamos en Chile respecto de lo que ha pasado en el mundo. Estados Unidos, evidentemente, ha sido el país que ha avanzado más rápido en los sistemas de atención de emergencias. El teléfono nace en 1860 en Estados Unidos; los CAD computarizados parten en 1960, cien años después. Los primeros números de atención de emergencias surgen incluso después que los CAD, en 1967. Y hoy estamos hablando de sistemas de nueva generación que utilizan múltiples tipos de comunicaciones: ya no se trata solo de llamadas de emergencia, sino de la administración de botones de pánico, acelerómetros que detectan caídas de adultos mayores, entre otros. Pensar en los tipos de comunicaciones que tendremos a futuro nos abre una puerta de desarrollo gigantesca. Tenemos que estar preparados para eso. En Chile, el teléfono llegó después, pero en 1979 se instauró el 133 de Carabineros, que funciona hasta hoy. El 131 se instauró recién en 1994 y el primer CAD de Carabineros se implementó en 2007. Es decir, estamos muy atrasados respecto de otros países. Y esto no es nuevo: el sistema integrado de atención de emergencias en Chile se viene conversando hace bastante tiempo. Ha habido experiencias de las que debemos aprender, y consideramos —y lo aplaudimos— que en el proyecto de ley se han tenido a la vista, pero es relevante no perderlas. El MAULE 100 se intentó implementar en 2009 y no funcionó, principalmente porque no hubo coordinación interinstitucional, no hubo roles claros ni compromiso; eso lo hizo fracasar y debemos aprender de ello. Luego vino el terremoto de 2010, que terminó por desactivarlo. En las 150 propuestas por la seguridad presentadas en el segundo gobierno del Presidente Piñera había dos —la 62 y la 63— que abordaban el sistema integrado de atención de emergencias. En 2019 se nos encargó, a la Fundación Paz Ciudadana, un estudio para implementar un piloto del sistema de atención de emergencias en Chile; es un informe extenso que está disponible. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlo; lo dejamos a disposición y, por su intermedio, señor Presidente, podemos remitirlo a toda la comisión para que lo tenga. Posteriormente se promulgó la ley del nuevo Ministerio de Seguridad, que introduce el SINAPROC, y ahora se está discutiendo el proyecto de ley del SINAPROC para el año 2025. Hay, por tanto, toda una historia previa. Permítanme centrarme primero en el diagnóstico que hicimos en 2019, porque puede ser iluminador. Lo que tenemos hoy en el sistema de emergencias en Chile es lo siguiente: una persona víctima de un problema de salud, de un incendio o de seguridad decide a quién llamar. Una vez tomada esa decisión, la llamada es recibida por distintos sistemas. Cada uno de esos sistemas tiene una instalación distinta y capacidades diferentes.

Y no necesariamente todos tienen la misma capacidad. Hay que ser muy claros: Carabineros es quien cuenta con mayor capacidad y estandarización de sistemas. Tiene un CAD contratado, Tiburón, con una empresa que se llama Emeres, que lo ha ido evolucionando e integrando en todos los CENCOs a lo largo de Chile. En Bomberos, si bien el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispone de un sistema muy sofisticado, un CAD desarrollado por la Universidad de Chile, si uno va a Melipilla no tienen nada y en otras comunas tampoco. Es decir, no existe un estándar dentro de una misma institución a lo largo del país; son realidades radicalmente distintas. Con el SAMU ocurre algo similar, con mayor complejidad aún, porque la dependencia de los SAMU a nivel regional no es estándar: a veces dependen de la dirección regional y otras de distintos servicios u hospitales. Tampoco hay estandarización ni de sistemas ni de capacidades de atención. Esto debiera propender a una estandarización para poder definir lo que el proyecto propone: estándares de atención de la emergencia. Datos estadísticos disponibles. Se constatan problemas de efectividad del sistema de atención de emergencias. Hay insuficiente atención de las llamadas. En 2013 se realizó un estudio, antiguo, pero el más vigente, que señala que solo se atiende el 48,5% de las llamadas en días hábiles y el 32,4% en fines de semana. Las demás no se atienden porque el teléfono suena pero no hay capacidad para contestarlo y, por lo tanto, se pierden. Se habla también de un gran número de llamadas inoficiosas. En esta misma reunión se ha mencionado alrededor de un 72% de llamadas inoficiosas. Es importante desagregar: Carabineros no define las llamadas inoficiosas como indeseadas, sino como aquellas que no generaron procedimiento. ¿Por qué no lo generan? Porque, por ejemplo, 1.300.000 de esas aproximadamente 4 millones de llamadas inoficiosas en 2024 fueron cortadas; la persona llamó, esperó y terminó cortando. Hay 1.200.000 llamadas de broma, estas sí indeseadas. Hay casi un millón de llamadas inaudibles: personas que pueden estar en una emergencia, por ejemplo violencia intrafamiliar, que marcan pero no pueden hablar porque están siendo amenazadas. Esas llamadas pueden ser las más urgentes y debieran generar un procedimiento, pero hoy no tenemos la capacidad de reconocerlas y las declaramos inoficiosas. Además, hay llamadas que requieren información u orientación, que representan del orden de 400.000 al año; forman parte de la demanda, pero no son sancionables. Y los insultos, que son muy pocos, alrededor de 21.000 al año, evidentemente son indeseados. En grandes números, entonces, cerca del 71% de las llamadas resultan inoficiosas; sin embargo, sancionables son solo las bromas y los insultos, que representan cerca del 30% de las inoficiosas y el 21,5% del total de llamadas. Por ello, para abordar el problema de las llamadas inoficiosas no basta con aumentar sanciones; será necesario complementar con capacitación y educación ciudadana, que es lo que puede incidir en el otro 70%. Hay, además, alto desconocimiento ciudadano de los números de emergencia. En 2019, en la encuesta de Paz Ciudadana, preguntamos cuántas personas conocían el ABC, 131, 132 y 133, y solo el 15,5% los conocía. El 133 es mucho más conocido, cerca del 80%, pero los tres números son reconocidos por una fracción muy pequeña de la población. También hay baja satisfacción con el servicio: en esa misma encuesta, de quienes llamaron al sistema, solo el 42% declaró haber recibido una respuesta satisfactoria. Un dato de referencia: en países con sistemas de atención de emergencia, el ABC recibe aproximadamente una llamada por habitante por año. Para 2019, la estimación en Chile era de alrededor de 22 millones de llamadas, lo que coincide con la cantidad de habitantes; una llamada por habitante por año es, en general, el estándar. Problemas del sistema actual de atención. Elaboramos un esquema que es útil para resumirlos. Primero, se desconocen cuántas llamadas no logran entrar porque la línea se encuentra ocupada, tanto en Carabineros, Bomberos como en ambulancias. Segundo, hay bajo nivel de recordación de los números de emergencia (ambulancias/SAMU y Bomberos). Tercero, existe ausencia de coordinación interinstitucional: no tenemos interacción intersectorial efectiva cuando una emergencia requiere la concurrencia de las tres instituciones. Cuarto, hay alta inversión en sistemas sin adecuada rendición de cuentas: Carabineros tiene una alta inversión en CAD, muy útil y una base sobre la cual construir, pero no existe suficiente rendición y, de hecho, se utiliza poco la data que capturan esos sistemas para gestionar el conjunto. Finalmente, persiste un alto número de llamadas inoficiosas; Carabineros lo declara así y, en los otros servicios, no contamos con información.

Existe alta diversidad en los sistemas de atención de emergencia de tercer nivel a nivel nacional —bomberos y ambulancias—, como ya les decía. Por ejemplo, el SAMU tiene instalado un CAD computacional en Puerto Montt, pero en el resto del país no. En 2019, cuando fuimos al Hospital Metropolitano a hacer el levantamiento, se traspasaba la información de un operador a otro en papel. Es decir, ni siquiera había un CAD detrás. Se desconoce la calidad de la atención en todos los servicios, y eso impacta en tiempos de emergencia; pero aquí hay que pensar en el ciclo completo. No es solo el tiempo que nos demoramos en atender, sino también si luego derivamos, por ejemplo, a un hospital con capacidad para realizar el escáner que la persona necesitaba, o si la llevamos a un hospital que no servía porque no contaba con el médico disponible para hacerlo. Hay que pensar en el ciclo completo para verificar si atendimos bien. No basta con haber respondido la llamada en un tiempo corto. Por eso es tan importante usar información para la gestión del sistema, y eso hoy no se hace en ninguno. No tenemos una normativa actual que regule los roles y responsabilidades del Estado en materia de atención de emergencia. No tenemos un sistema estandarizado de respuesta que asegure la calidad de la atención. No tenemos uso de tecnologías que permitan georreferenciar las llamadas automáticamente. Hemos hablado de esto. Nos falta una dimensión, si se me permite el comentario: el AML o el ELS, que son los sistemas… El ELS es el de Android; AML es la terminología general, también utilizada por los teléfonos iPhone. No solo se conecta al satélite para georreferenciar —lo que en dos dimensiones afina a uno a cinco metros—; el problema es que muchas llamadas se realizan desde edificios. Si ustedes tuvieran una emergencia y llamaran desde aquí, ¿cómo sabríamos? ¿Nos daría la georreferenciación del Parlamento? ¿Podrían llegar a la oficina donde están ustedes, a la sala de comisiones número 8? No. En cambio, el AML permite conectarse a la red a la que está conectado el teléfono, al router al que está enlazado y, por lo tanto, identificar incluso la oficina o el piso en que se encuentra. Es decir, no son dos dimensiones, sino tres dimensiones. Y por eso es tan importante, porque hoy, con la densidad de las grandes ciudades, necesitamos contar con esa información. ¿Qué es lo que está instalado? Lo paso muy rápido: este fue el levantamiento con encuestas que hicimos a las tres instituciones. Muchos declaraban que el nivel de atención de emergencias que tiene la plataforma actualmente no es un problema, que se atiende bien. Eso es falso; lo conocemos por el nivel actual de atención. También se afirma que la atención sería más lenta si se administra con un call taker centralizado. Eso es incorrecto: se establecerá en menor tiempo quién y dónde. Esto está muy desarrollado ya en otros países. Se sostiene que es necesario tener un profesional de la salud atendiendo la emergencia; la verdad es que no es así, porque eso está resuelto con protocolos de despacho. Se dice que instalar un sistema integrado es extremadamente costoso; la verdad es que ya tenemos gran parte de la inversión hecha, principalmente en los CAD de Carabineros. Se alega que las llamadas inoficiosas concentran gran parte del trabajo de los servicios; no es así. Hay una calificación de llamadas inoficiosas que debe convertirse en información y no en castigo, y tenemos que ver ahí qué hacer. Un sistema que se enfoca en restringir el despacho ahorra recursos, sí, pero puede generar otros costos en atenciones más complejas por falta de oportunidad. Y para conocer la ubicación de llamadas —ya lo dijimos—, es necesaria la georreferenciación de antenas celulares. Bueno, esto era en 2019. Hoy ya hemos avanzado en esta discusión y sabemos qué es AML y todo el potencial que tiene. ¿Qué propusimos ese año? Proponíamos —y este es un concepto que creemos fundamental— no avanzar hacia un número único de atención de emergencia. No podemos perder el conocimiento que hay del 133 particularmente, pero también del 131, el 132, el 134; ustedes los conocen todos. Si viene un extranjero a Chile, debe poder marcar el 911 y el 112, y que su llamada también entre. Entonces, pensamos en un sistema que reciba las llamadas por cualquier canal. Se puede integrar un número para una mayor recordación como esfuerzo comunicacional, pero el objetivo no es llegar a un número único. Si en 20 años más entra una llamada por el 133, esa llamada debe ser atendida. ¿Para qué vamos a “matar” el 133? Esto tiene que seguir funcionando hasta que no haya ninguna llamada en los otros números, y seguir capacitando en un número principal, pero no pensamos que el problema sea tener un número único. Se trata de un sistema de atención integrado. Respecto de un call taker centralizado, pensamos que debe haber una persona que reciba todas las llamadas, defina la necesidad y, a través de un sistema computarizado, derive a Bomberos, a Carabineros y al SAMU. A esto le llamamos “punto de respuesta de seguridad pública”, y consiste en poner en un mismo recinto al que recibe la llamada y a quienes despachan los recursos, porque creemos que hoy lo que está funcionando en el mundo son centros de un nivel —como les llaman—, en los que la misma persona recibe la llamada y despacha. En Chile eso es muy complejo, porque para una persona civil, sobre todo, administrar los recursos de Carabineros es muy difícil; de igual modo, si fuera carabinero, despachar a Bomberos o al SAMU sería muy complejo. Pero pensamos que un civil muy bien formado, con sistemas computacionales suficientemente robustos, puede traspasar la información a las otras instituciones para que ellas sean las que despachen, y esto es lo que también está recogido en el proyecto.

…de ley que está tramitándose hoy día. Así que nos parece bien. Daniel, si me permite un minuto: estamos próximos a completar los diez minutos de extensión que solicitamos y tenemos acuerdo. Posteriormente viene la sesión de otra comisión. Dado que necesitamos tener a la vista no solo esta exposición —sería ideal que la pudieran enviar—, sino también el informe que se ha citado, me parece muy bueno programar continuar la exposición y las preguntas —que creo serán muy interesantes— en la próxima sesión. Si le parece, podríamos acordar ahora que nos envíe la presentación junto con el informe y programar para que ustedes sean los primeros en exponer en la próxima sesión, el día 2 de diciembre. Ese sería el día previsto, sujeto a la autorización de los diferentes comités. ¿Se ofrece la palabra? Yo solo, Presidente, quisiera reiterar la solicitud de la presentación de Paz Ciudadana. No tenemos tiempo para la respuesta, pero me parece muy importante que el asesor legislativo de la Asociación Chilena de Municipalidades pueda enviarnos, o que para la próxima sesión tengamos, la respuesta sobre la convivencia de los distintos números. Lo vinculo con lo último que decía Daniel Johnson, de Paz Ciudadana: esto se hace aún más complejo con los distintos números de emergencia municipal. Solo revisando cinco o seis municipios, tenemos el 1406 en Santiago, el 1416 en La Florida, el 1408 en Zapallar, el 1452 en Talca. Esas plataformas del “14 algo” dispersan aún más. Entonces, entendiendo la solicitud de integrarse al sistema de gestión de emergencias, ¿cómo la Asociación Chilena de Municipalidades convive también con este número? Si nos pudieran preparar esa información para la próxima sesión, por favor, Presidente. Muchas gracias, senadora Pascual. Agradecer entonces al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, señor Daniel Johnson, y solicitarle que nos haga llegar esta presentación —que está muy interesante— y también el informe. Creo que varios elementos se han discutido en profundidad y podrán complementar el proyecto que se está trabajando. Asimismo, se solicita a la Asociación Chilena de Municipalidades, a través de su asesor legislativo, señor Sebastián Torrealba, información sobre los números únicos que tiene cada municipio; es decir, de qué forma vamos a poder ir resolviendo la complejidad que se fue generando en el tiempo al no tener un sistema integrado como el que se está proponiendo ahora. Senadora Pascual: Yo solo puse de ejemplo los números cortitos, porque hay otros municipios que tienen 800 y que incluso cuentan con números fijos, pero más largos aún. Bueno, es tema para discusión y debate. Agradecer a todos quienes asistieron de CONASET, a la secretaria ejecutiva, señora Luinfante, y al subsecretario. Muchas gracias. Habiéndose cumplido la tabla del día de hoy, se levanta la sesión.

Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradezco la invitación a esta comisión. Soy el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y también investigador del Centro de Justicia Educacional, un centro de investigación de la misma universidad.

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