Senado · Educación

senadores se encuentra ahí lo siguiente en primer lugar la urgencia suma para el proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Luego hay una solicitud de audiencia de Arturo Escarez, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación de Chile, con FEMUCH, para exponer la situación que le afecta como trabajadores públicos, pese a que el Ejecutivo, una vez más, lo discrimina dejando fuera el presupuesto de la Nación recursos para el pago de la asignación de zona. Comentar respecto a ese tema, presidente, que en la sesión de la cuarta subcomisión de presupuesto el día lunes fueron recibidos ellos, los representantes de esta asociación, escucharon en el contexto de la discusión presupuestaria y agregarle a ustedes como integrante de la Comisión de Educación, y yo en mi doble carácter de también secretario de esa subcomisión, que toda la partida correspondiente al Ministerio de Educación, lo que incluye los recursos para todos los servicios locales de educación pública, y lo que incluye también lo referente a la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación, que son las subvenciones a los establecimientos educacionales, cerca de 9 billones de pesos, todo eso, senadores y senadoras, quedó pendiente para su resolución en la comisión mixta. No hubo resolución de la cuarta subcomisión respecto al presupuesto del Ministerio de Educación en todas sus componentes. La información que en consecuencia al debate se va a producir en la comisión mixta y, obviamente, posteriormente en las salas de la Cámara y del Senado. Y termino, presidente, también nos llegó de Rodrigo Suazo, el jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, la información respecto de la actividad que se desarrolló Senadores y Senadoras por un Día en relación con el proyecto ley que modifica la Ley General de Educación para incorporar el principio de equidad digital para los estudiantes, actividad que contó con la participación de 44 alumnos del Liceo Juan Arroz de esta ciudad. Eso se presenta en la cuenta. Bueno, muchas gracias. Esto queda entonces a disposición de los señores... Se le acompaña el diario de sesiones de esa actividad que se realiza cada vez que se efectúa esta actividad del Senadores por un Día. Se emite, se publica un diario de sesiones que es el documento que le vamos a estar entregando a ustedes que tiene, como ustedes podrán ver, la misma formalidad, tiene la misma formalidad o el mismo formato de diario de sesiones de cualquiera sesión de sala que desarrolla el Senado. Obviamente, acá es con mayor producción porque tiene incluso al final las fotos de los estudiantes, de los alumnos que asistieron y de las personas que participaron desde el Senado en esta actividad. Eso, presidente. Me está llamando otro colega, entonces no alcancé a escuchar la última parte. Presidente, solamente decía, presidente, que se ha entregado el diario de sesiones del Senado que es un documento que se emite con ocasión de esta actividad Senadores por un Día y Senadoras por un Día y que tiene comentado el mismo formato de una sesión de sala cualquiera, incluso con mayor detalle porque al final vienen las fotos de la actividad en la última página y en la contraportada en la cual ahí se señalan los asistentes y las personas que participaron en la actividad desde el Senado. Bueno, agradecemos entonces al programa de vinculación ciudadana, Senadoras y Senadores por un Día. Sí, sí, esto anda bien. Incluso me dio por una encuesta que hizo el CUECHE el año pasado y este tema y Senado en tu sala han tenido un alto reconocimiento. Creo que además hay una valoración también a los estudiantes, tiene un rol en esto, está interesante. Yo creo que es bueno felicitar esta iniciativa. ¿Les parece mandar alguna comunicación a la unidad? ¿Le parece? Sí, sí, sí. Sí, el reconocimiento también. Con copia al presidente. Sí, al presidente. Sí, sí, sí. Yo creo que es bueno, es interesante. Yo creo que es bueno hacerlo, replicar esta iniciativa en regiones también, sería muy importante. ¿Sí se acuerda? Lo otro que quería pedir a los senadores y a las senadoras, si pudiéramos acordar en relación al primer punto de la cuenta, el poder también sacar una comunicación referida al tema de la asignación de zona, porque efectivamente aquí después de cinco años, está de acuerdo con FEMUCH, se terminó un informe que tenía que estudiar cuál es exactamente el estudio, que entiendo lo hizo la DIPRES, y ese estudio incluso señala con cierta gradualidad cómo podría ser ese pago a los asistentes de la educación, incluso en la medida que vayan incorporándose los distintos servicios, ni siquiera cuando hoy día están en manos de los municipios, ellos lo entienden, hay una gradualidad que ellos asumen. Pero no han tenido de parte del Ministerio de Educación, ni de la DIPRES, ni Hacienda, una claridad respecto de cómo podría ser esto, entonces yo creo que hay que hacer un llamado al Ejecutivo a elaborar una contrapropuesta, dado que el informe ya está planteado, yo entiendo que es un tema que tiene gasto, que son pocos recursos, pero si en algún momento el Ejecutivo concordó en elaborar este informe, bueno, este informe evidentemente era conducente a ir incorporando paulatinamente la asignación de zona, entonces que nos digan cómo podría iniciarse dicho proceso pago. Presidente, si me permite, solamente para dar más antecedentes respecto a la información que usted ha dado, efectivamente fue un tema que se discutió con amplitud en la Comisión de Presupuesto y recordar la Comisión que en la ley que aprobó el Estatuto del Asistente de la Educación, en su artículo 12 transitorio, se estableció que dentro del plazo de un año desde su vigencia, es decir, desde el año 2018, en el año 2019 se tendría que haber hecho este estudio para efectivamente determinar, y eso fue una cosa que recordó el ministro, pero no hizo relación a la fecha, debería determinarse el pago de la asignación, las modalidades, la inclusión, los tiempos, etcétera, que es lo que usted ha hecho referencia, que es el cumplimiento de un mandato de la ley. Artículo 12 transitorio del Estatuto del Asistente de la Educación. Si les parece, podríamos sacar un comunicado, un acuerdo, digamos, de la Comisión para ingresar al Ministerio de Hacienda, a la DIPRES, a los propios gremios y al Ministerio de Educación, desde luego. Sí, presidente, absolutamente pertinente. Yo sabía que el presidente además se le haría saber a los colegas de la Comisión Mixta. Sí, sí, claro. Porque nosotros nos dejan una situación muy compleja, porque cuando se discutió el Estatuto, de acuerdo con el senador Espinoza éramos diputados, se estableció que se haría el estudio, que se pagaba, después del estudio, y la verdad uno se pregunta, bueno, si no se lo han pagado cuando eran tres servicios locales no lo pagaron cuando eran cinco no lo pagaron cuando eran diez, cada vez se le hace más cuesta arriba. Y yo creo que es momento en que nosotros establezcamos con mucha claridad en que aquí no se puede seguir avanzando, si es que no se van cumpliendo los compromisos que estaban adquiridos con los asistentes de la educación. Yo se lo mandaría a los colegas también de la Comisión Mixta, presidente. Entonces un oficio con ese tema a Hacienda, Ministerio de Hacienda, a DIPRES, al Ministerio de Educación, a los dirigentes de CONFEMUCH y también a los integrantes de la Comisión Mixta respecto de esta situación. Si se les parece. Senador Espinoza, le pediría la palabra. Sí, antes de darle el acuerdo me gustaría entonces por eso llegué atrasado, pero yo quiero de hecho ingresó, tengo entendido una carta que yo envié en nombre de los asistentes de la educación a la cuenta, tengo entendido que estaba ingresada el día de ayer, que lo que justamente busca es, entre otras materias, lo mismo que ha planteado la senadora, en el sentido de no solamente solidarizar y tener un no es un tema de solidaridad, es un tema de derechos. Cuando sacamos el estatuto del asistente de la educación quedó un compromiso de que se iba a abordar el tema de la asignación de zona. Y llegó el momento de hacerlo, si esa es la verdad, es un derecho que ellos tienen, ser objeto de, al ser traspasados a los SLEP, de una situación arbitraria respecto al resto de los funcionarios. Entonces yo quiero en eso ser súper claro y decirle al señor de la Libre, Sánchez Castillo, que podrá ser de mi propio partido, me avergüenza la forma en cómo trato a los asistentes de la educación, me avergüenza enormemente porque son más de 100.000 asistentes de la educación que merecen el respeto en todo momento por la función que cumplen. Si aquí no solamente son importantes los profesores dentro del sistema educativo, también lo son ellos, son los que contienen a los alumnos, no es cierto, hay muchas circunstancias, son los que juegan un rol relevante en el día a día y por eso cuando hay respuesta de este tipo como que no son prioridad para este gobierno, yo le quiero decir que sí son prioridad para nosotros como miembros de la Comisión de Educación y tienen que ser prioridad y tiene que comenzar a pagarse la asignación de zona mediante algún mecanismo que además no es, no es cierto un régimen, sino que se va aplicando a medida que se van integrando al sistema. [00:10:00] Gracias, señor Espinoza, señor Ministro, le damos la bienvenida. Lo que plantea el señor Espinoza refleja un acuerdo que ya la comisión estaba adoptando en orden a solicitarle a usted, a la DIPRES, a Hacienda, también una comunicación a los miembros de la subcomisión mixta de presupuesto que ve los temas de educación respecto de la asignación de zona. El secretario de la comisión también nos refería a los artículos respectivos del estatuto de los asistentes de la educación, cómo surge efectivamente el estudio respectivo que dio lugar al siguiente paso que es lo que nosotros hoy día estamos también al igual que los gremios planteando. Por lo tanto, esperemos que el ministerio pueda evaluar... Sí, sí, podría leerla para que lo incorporemos también en la comunicación. Sí, la norma, Presidente, a la cual usted se refiere, es el artículo duodécimo de la ley 21.109, que es el estatuto de los asistentes de la educación que dispone que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, efectuará transcurrido un año desde la publicación de esta ley, la ley se publicó el 2 de octubre del 2018, un estudio sobre la pertinencia y viabilidad de aplicar la asignación de zona a los asistentes de la educación que sean traspasados a los servicios locales de educación pública y a aquellos regidos por el Decreto Ley número 3.166 de 1980 que son los técnicos profesionales. Claro, dicho estudio, lo que entiende la comisión es que no era sólo para ocupar espacios en los anaqueles del ministerio ni del gremio respectivo, sino efectivamente para dar el siguiente paso, y ese siguiente paso no tenemos todavía conocimiento y por eso que estamos como comisión, todos hemos tenido contacto con la asociación de asistentes de la educación por lo menos requerir de la ejecutiva una contrapropuesta, entendiendo que esto son una cantidad importante de recursos, pero también, como han señalado los colegas acá, hay una cierta flexibilización que los propios gremios han planteado, entendiendo que es la medida que los establecimientos se van incorporando y por lo tanto los funcionarios, que además el propio estatuto le da la condición de funcionario público. Entonces, con mayor razón, ellos hoy en día requieren de más claridad en relación a la asignación de zona. Eso sería el acuerdo, le ofrezco la palabra al señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, primero saludarlo y a través suyo a los senadores y senadoras, también al abogado secretario y a su ayudante. Primero, excusarme porque el retraso está bien complejo entrar al Paraíso a propósito de los cortes, el desvío y entonces perdimos unos tiempos preciosos. Sobre el punto, presidente, lo discutimos largamente el día miércoles o martes, ¿cuándo fue? El lunes, el lunes, el día de la subcomisión mixta en la que este tema estuvo muy fuertemente puesto en discusión. De hecho, contó con la presencia de los dirigentes nacionales de los asistentes de la educación, estuvo Arturo Scari y Alejandra Aguilar, que expusieron además en la subcomisión mixta. Yo hacía referencia a dos cosas, compartiendo de alguna manera la inquietud y la demanda. A mí me tocó tener el honor en su minuto de trabajar el estatuto con ellos y conozco perfectamente cuál fue el debate que hubo sobre la asignación de zona y los costos que en ese minuto implicaban. De hecho, si uno está a valor presente, habiéndose hecho el estudio, que dicho sea de paso se hizo bastante ex post del mandato legal que estaba establecido en el artículo duodécimo, el costo actual que tiene eso hoy es más o menos de 100.000 millones de pesos. Es el costo de un gasto que es permanente, eso es remuneración y por lo tanto se convierte en gasto permanente. 100.000 millones de pesos que es el doble de lo que sale en todas las demás asignaciones que establece el estatuto por ley, es decir, la asignación de antigüedad, los pisos salariales mínimos, entre otros monumentos de carácter financiero. Es complejo, efectivamente, avanzar en dar cumplimiento a aquello toda vez que el espacio fiscal disponible no es holgado. Ahora, el Ejecutivo toma nota, yo este tema lo conversé con la Dirección de Presupuestos, que llevó la mesa a través de la Subdirección de Racionalización, esto fue en el marco del Acuerdo del sector público el año pasado. Esa mesa es la que concluyó hace una semana atrás, que derivó finalmente en esta comunicación de no haber espacio para poder avanzar en la asignación de zona. Yo lo conversé con la Dirección de Presupuestos en el marco de lo que fue la discusión de la subcomisión mixta y al menos el Ejecutivo ya toma nota de la dificultad que representa en la discusión del presupuesto sectorial esta asignación, por lo tanto es algo que estamos conversando con Hacienda, más evidentemente al ser del tono que es el debate, no está más bien en las manos del Ministerio de Educación el poder cerrar o no este tema. De hecho, la mesa la conducía la Dirección de Presupuestos, no el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Ministro. Bueno, pasamos a los temas de la... Sí, Presidente. En puntos varios quiero solicitar a la comisión, no ahora obviamente, cuando tengamos un espacio en las próximas semanas, tener 20 minutos, Ministro, me gustaría que me escucharan eso, tener 20 minutos de poder presentarles un modelo que está funcionando en Puerto Montt y que realmente, Ministro, me dejó impactado. Quiero contarlo aquí a mis colegas. Yo no sé si en sus regiones lo tendrán, yo no lo había conocido, pero que nos debe hacer reflexionar el tema de la educación. Primero lo van a invitar a usted para que vaya a conocerlo en situ. Usted conoce la localidad de Alerce en Puerto Montt. La localidad de Alerce, colega, es la más vulnerable de Puerto Montt. Viven más de 60.000 personas. Hay colegios públicos y particulares subvencionados. Hay uno en particular que me hicieron visitar hace una semana en la red Patagonia. Tiene 1.000 alumnos, todos con gratuidad absoluta. 1.000. Los niños de primero medio, hablando fluidamente inglés en diálogos entre ellos. Ocho horas semanales de inglés. ¿Por qué cuento esta experiencia? Porque quedé impactado positivamente. Se muestra que cuando la plata de la educación se utiliza bien, de verdad que los cambios son significativos en nuestros alumnos. Cuando vemos que tenemos DAEMO, corporaciones, o propio ESLEP, que no tenemos ni leña en los establecimientos educacionales, nos decimos qué pasa. Me gustaría que nos dieran la oportunidad en algún minuto para que vinieran para contar esa experiencia, porque creo que es replicable en muchos lugares. Yo quedé impactado realmente de la forma en cómo los niños se han desarrollado. De hecho, andaba en un grupo en Estados Unidos, tienen convenio con... Y todo 100% gratuito. Yo pregunté, hice la pregunta que tenía que hacer. ¿Cuántos alumnos de acá, de estos 1.000, son de Alerce? Yo pensé que me iban a decir la mitad, y la otra mitad de Puerto Montt. El 99% era de Alerce. Y eso... Lo voy a invitar, Ministro, para que vaya a conocer esa experiencia. Y yo quedé, repito, muy positivamente impactado. Y yo voy a coordinar, si usted me lo permite, Presidente, con el Secretario, para que más adelante podamos tener esa exposición. Muchas gracias. Perfecto. Presidente, nosotros... Bueno, la Senadora Provoste nos invitó en la tarde a una reunión producto de lo que ha pasado en el internado nacional Barros Arana. Creo que como comisión no podemos permanecer ajenos a algo tan grave que se veía venir. A uno le extrañó las declaraciones de la directora cuando dice que es un hecho aislado, cuando esto es algo que veníamos viendo. O sea, no podemos naturalizar que se construyan bombas molotov dentro de un establecimiento educacional. Ahí partimos absolutamente mal. Pero creo que amerita que como comisión tomemos ciertas acciones. Saber qué está pensando el ministerio. Esto es algo que no podemos dejar solamente que sea el sostenedor el que asuma, sino que tiene que haber una política de intervención, diría yo, en este establecimiento. [00:20:00] Porque son hechos de violencia recurrente, yo entiendo la manifestación social, entiendo el que puedan haber distintos tipos de manifestaciones y la respeto, pero no podemos hacer que la violencia sea parte de la manifestación. Y ahí es algo que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que a lo que tenemos que buscar los mecanismos necesarios. Hay experiencias positivas, el senador Espinoza acaba de mostrar una experiencia positiva en un desarrollo educacional. Está también la experiencia en Iquique con la Fundación Coyahuasca, que tomó un establecimiento que tenía muchos conflictos sociales, de violencia, de consumo de drogas, una serie de elementos que nada hacía prever que hoy día es un liceo que se destaca, un liceo técnico, con una empleabilidad tremenda de los alumnos que egresan de ahí. Entonces, tenemos que aprender y tomar los ejemplos de estas vivencias positivas que hay. Y quería pedirle, presidente, que si pudiésemos tener una sesión especial exclusivamente para poder trabajar este tema. No llegar a ser de comentaristas, sino que pudiésemos, a través de propuestas, ir trabajando qué es lo que podemos impulsar desde esta Comisión de Educación del Senado, porque creo que en esto es algo que tenemos que estar todos disponibles a trabajar. No es solamente la parte restrictiva que tiene que ver a lo mejor con aulas seguras, si se aplica o no se aplica, sino que tiene que ver con algo que es más profundo, que tiene que ver con una intervención más profunda y que a lo mejor va a tener que ser algo innovador a lo que está establecido en nuestras leyes, en nuestros códigos o en los procedimientos anteriores. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y mi propuesta, presidente, es que podamos tener una sesión especial para abordar este tema, donde escuchemos a diferentes actores, pero también donde tengamos la idea de llevar propuestas en busca de solucionar este tema. Muy bien. Sí, muy bien, senador Sangüesa, compartimos mucho que el camino va por ahí, una cosa más integral, más que la fórmula punitiva, que en su momento fue muy cuestionada, muy contraindicada. Además, recuerdo perfectamente que con la senadora Provost estábamos en la comisión, 19 de 20 instituciones fueron muy lapidarias respecto del camino que podía seguir, por lo tanto la solución va por otro lado, como dice el senador Sangüesa. Señor Ministro. Sí, primero solo señalar lo tremendamente consternado que nos ha dejado la situación del INBA. Es bien dramática todo aquello, he tenido la oportunidad de visitar los hospitales en los que los estudiantes están, incluso poder visitarlos, verlos con las familias también, la verdad es que es muy complejo, y con la misma claridad con la que uno tiene que lamentar y ojalá que se recuperen pronto, también tiene que condenar los hechos de violencia. Y yo quiero separar agua, y en esto yo creo que es importante, a propósito de lo que dice el senador Sangüesa, y desde dónde lo dice, y quién soy yo también, y desde dónde lo digo como Ministro de Educación, no tener diferencia respecto a condenar la violencia y el uso de ciertas herramientas que no tienen nada que ver con la legítima movilización social. El otro día, yo lo he dicho desde el principio, sigo bien categórico. Me lamenté mucho ver editoriales en algunos periódicos que trataban de reinterpretar mis palabras a propósito de que se había aparecido Freud y que yo al haber señalado temas de movilización estaba finalmente dándole legitimidad al uso de armas incendiarias. Son fronteras que creo que todos tenemos que ser muy claros, taxativamente, en señalar que no se pueden cruzar, y no hay movilización social que legitime finalmente el uso de ese tipo de herramientas, mucho menos en establecimientos educacionales. Dicho eso, y yo creo que en eso no hay dos visiones, o no podrían haber dos visiones. También me gustaría señalar que no pretendo ser el intérprete de la rectora. Creo que se equivocó en las declaraciones que formuló. Lo cierto es que el contexto al que se refería era precisamente que entre el año pasado y este año se habían logrado disminuir bastante los episodios de violencia de mayor connotación, y no solamente en el INBA, sino que en general en los liceos emblemáticos, tanto en Providencia como en Santiago. Un dato, dato mata relato, el año pasado hubo 13 episodios de violencia en el INBA, este año hubo, este es el cuarto. Esperamos que no haya ninguno, pero efectivamente han habido avances en los últimos años de disminución de los episodios de violencia. Esto no significa que estén erradicados, significa que se ha logrado controlar. De hecho, yo les quiero contar que esta actividad de la bajada de los cuartos, que es lo que se supone que ocurrió, que se supone que además es una tradición que en realidad no es tal, habitualmente ocurre en los meses de mayo, y no había ocurrido. Intentaron hacerlo la semana del estallido social, que tampoco se logró. Entonces, fue forzando a hacer una acción que termina ocurriendo este episodio muy lamentable que afectó no solo a los estudiantes que estaban involucrados en el hecho, sino también a los estudiantes que no estaban involucrados en el hecho. Tuviste algunos casos de estudiantes que acudieron a ayudar a los compañeros y que por el tipo de ignífugo al que estaban sujetos terminaron también quemándose ellos, entonces es bien tremendo todo. En ese marco, entonces, es que yo creo, presidente, que sería prudente. Yo creo que una sesión no da para esta discusión. Si el propósito es lo que señala el senador Sangüesa, creo que esto implica tener más que una sola sesión y tener la posibilidad de entrar en profundidad en esto. Nosotros hemos estado trabajando no solamente en el INBA, sino que en general en todos los establecimientos educacionales, ofreciendo dispositivos y mecanismos y herramientas al servicio de los sostenedores. Lo cierto es que si los sostenedores no quieren usarlo, el ministerio tampoco puede obligarlo, eso es una realidad. Y en el caso particular hemos estado trabajando en líneas de infraestructura para mejoramiento de la convivencia, en apoyos en dispositivos y financiamiento para acciones de convivencia, también la asesoría externa de institutos tan importantes como el Centro Nansen que nos ha estado colaborando también en la resolución dialogada de conflictos, que viene trabajando hace mucho rato con nosotros en esto, mucho más de bajo perfil por el estilo y la forma de trabajar que tienen ellos. Y en esto también se han plegado en el caso del proceso del INBA, incluso directamente desde Noruega. O sea, consideran que el hecho es de tal gravedad que lo tienen que tomar desde la Casa Central, no desde la filial en Chile. Entonces han estado pasando hartas cosas, lo que pasa es que es más fácil mostrar el hecho tremendo que esto implica que lo que ha estado pasando y que creo que hay que mirarlo con harto cuidado. Y yo lo digo también teniendo mucha preocupación de lo que ha señalado el próximo alcalde de la Comuna de Santiago, que hoy día es el alcalde electo, porque no es sencillo. O sea, si uno mira los datos de los últimos años, el periodo en el que más expulsiones hemos tenido, no solamente en ese establecimiento, en general en los emblemáticos, incluyendo también otras comunas aledañas, en estos últimos años. Y esto no ha mejorado nada la convivencia, al revés, ha ido empeorando sustantivamente y paulatinamente. Y a veces más acelerado de lo que uno quisiera. Lo conversaba con la alcaldesa Matei, ella misma señala no aplicar aula segura porque las herramientas que utilizan más eficientes son otras, que también tienen que ver con tomar medidas disciplinarias relevantes, importantes, incluyendo la expulsión y la cancelación de matrícula, pero con otro tipo de trabajo preventivo, de colaboración, de trabajo con las comunidades, que son las que en definitiva permiten ir aislando estos hechos, aislando a estas personas también, y mejorando colectivamente los ambientes. Creo que sería bueno, presidente, entonces, partir quizás con una invitación, me permito sugerir, al DAEM, al equipo directivo, quizás no solamente del INBA, sino que de algunos otros establecimientos. Creo que sería no prudente quedarnos pegados en una mirada de un establecimiento de manera exclusiva, porque también eso revictimiza a esa comunidad que está tratando de salir de este problema. De hecho, se están reuniendo permanentemente con el equipo de la DEPROV y de la Ceremia, que está ayudándolos a diseñar los instrumentos de abordaje y de contención. Entonces creo que sería bueno quizás mirar esto más en global, considerar también algunos otros casos de Providencia, por ejemplo la Astarria, que ha tenido hartas dificultades hace poco, algunos otros establecimientos que han logrado avanzar harto en esto, como el Instituto Nacional, en fin. Yo sugeriría quizás tener una mirada más completa, mirar con las comunidades lo que ha pasado, con la visión de los profesores y equipos en general de trabajadores de la educación. Entiendo que hoy en día hay una reunión a las 4, yo no voy a poder estar, pero me hubiese gustado, con docentes de establecimientos emblemáticos, en fin. [00:30:00] Y tener una primera aproximación a partir de la de esas experiencias que es lo que han estado haciendo y qué es lo que han visto que resulte, qué es lo que no y a partir de eso, obviamente, ojalá terminar una batería de insumo, que yo creo que sería muy útil. Y con eso termino, presidente. Eh? Llegará a la tramitación del proyecto de ley de convivencia, que ya está en segundo trámite y espero que no tengo duda, no tengo ninguna duda de que la oposición va a estar disponible a agilizar a pesar de que en la Cámara prácticamente casi nos quedamos sin idea de legislar. Sí, de hace mucho, me dio también la palabra la señora Carmen Gloria, pero antes quisiera decir que hicimos una excepción en lo que podríamos llamar punto varios y siempre se viene al final porque había buenos temas hoy día para plantear, pero los hechos no hemos consumido la mitad del tiempo de la Comisión y tener un proyecto en tabla. Entonces yo no sé si de hecho la propia senadora Proboste también tenía algunos temas, prefirió por ponerlo para el final. Entonces no sé si pudiéramos avanzar en el tema que tenemos. Solamente decir que bueno, que no está de más decir todo lo que pasó, que es lamentable y que efectivamente yo hago dos reflexiones bien pequeñas. Una que la directora, sin conocerla, creo que demuestra un poquito parte de lo que es la cultura pública de funcionario público hoy día, que hay que cuidar, que dice relación con el deber del cargo. Yo creo que cuando uno está en un cargo como ese puede no haber sabido, puede no ser responsable directa, pero es responsable de lo que pasa en ese colegio. Entonces creo que no sé, antiguamente, cuando ocurrían cosas tan graves, las personas ponían su cargo a disposición. Y usted verá como ministro qué es lo que corresponda. Pero me parece que no debiera, estoy de acuerdo, pero quien sea el empleador no debiera tener que despedir a alguien, sino que las personas debieran poner su cargo a disposición. Quiero ser bien franca, cuando ocurren situaciones tan graves, hay cuatro niños, dos de los cuales están muy graves y no se sabe todavía si van a poder sobrevivir. Y lo segundo que ella, más práctico, presidente, es en relación al tema del programa que yo siempre nombro, que es el programa de habilidades socioemocionales, que yo creo que debiera ser obligatorio para todos los liceos o colegios que estén en conflicto. Yo creo, conociendo el programa absolutamente, o sea, lo comprendo, lo entiendo, sé los contenidos que sería extraordinario. Sí, el programa que estuvimos juntos, presidente, para el tema de habilidades socioemocionales, justamente el problema es ese, o sea, es el problema que está generando esto. Entonces yo digo si la comunidad escolar se involucra en ese programa, pero ya no de forma voluntaria. Yo creo que sinceramente le estamos haciendo un regalo a esos colegios, a su establecimiento, de involucrarlos con este programa que cambiaría, sin duda, en poco tiempo la historia que hoy día estamos viviendo. Yo también coincido que el tema no es solo más control ni nada, sino que generarle las competencias y habilidades a los niños para poder procesar una etapa compleja de, digamos, de la sociedad y de ellos mismos. Así que asistir en el tema de la biografía socioemocional, yo sugeriría, presidente, que cuando se haga la sesión, venga alguien del Ministerio de Educación a explicar en qué consiste el programa, de tal manera que lo vean como una oportunidad también el resto de los senadores. Muchas gracias. [00:35:00] Sí, vamos a proceder. Entonces lo quería tomar, podríamos, presidente. Sí, lo que ocurre es que en la sesión anterior, en la Comisión debatió hasta la indicación 16 en la página 31. El texto comparado estaba la indicación 14 de la senadora Proboste, que ya ella la retiró en virtud de que el contenido que ya planteaba iba a estar, se recogía en la indicación de 31. Sí, pero primero la página 31 y en la indicación 16 bits del Ejecutivo, tema la creación de oficinas locales de los establecimientos de los servicios locales de Educación Pública. Y la ley en vigencia contempla, ahí está en la página 31, contempla en el artículo 16 inciso final la posibilidad de que cada servicio local de Educación pueda crear oficinas locales. La Secretaría, en consecuencia, estima. Entonces se elimina esa norma mediante la ecuación formal. A continuación, y ahora sí, retomando la discusión que había quedado pendiente de la sesión anterior, corresponde a la indicación 17 del Presidente de la República. No, presidente, antes de pasar respecto al punto de oficinas locales, obviamente nosotros reconocíamos que este era un punto de iniciativa exclusiva del gobierno y creo que la propuesta que hace el Ejecutivo recoge la preocupación. No, no, eso no es meramente declarativa. Digamos que exista la oficina. Sin embargo, hay un punto que no queda establecido en la indicación y a mí me parece importante dejarlo, al menos en la historia fidedigna de la ley, y que tiene que ver con la cantidad mínima que tienen que funcionar las oficinas locales. Porque si no existe una dotación, vuelve a ser también. Se queda lo declarativo, digamos, mandan argumentan, pero si no tenemos una cantidad de personal mínima con la cual debe funcionar esta oficina local, es una situación que también es muy compleja. Lo dejo planteado, presidente. Bueno, primero, presidente, la indicación es bastante autoexplicativa. La verdad que tiene como propósito poder mejorar el vínculo entre el servicio y las comunidades, resolver, además, un problema que se ha identificado en distintos lugares por la dificultad del uso de los espacios deportivos que disponen las escuelas y los liceos. En el caso Ana Ovario, pero el caso más dramático fue el que no ocurrió en la región de Magallanes post traspaso. Sí, porque el servicio local requiere la facultad de poder hacer los convenios para poder asegurar el uso de los espacios, sobre todo para organizaciones deportivas, personas jurídicas en general, que organizan su actividad deportiva. Pero el caso más dramático no ocurrió durante este año en Magallanes, donde por razones climáticas, ustedes comprenderán que la única forma de poder hacer deporte durante un periodo importante del año es el espacio cerrado y en recintos deportivos que son casi exclusivamente los que dispone el sector escolar. Entonces tuvimos que buscar. La forma de generar los espacios de colaboración con las organizaciones deportivas, que sí, pero fue muy engorroso. Y esto busca también abordar de alguna forma algo que vemos es parte de la práctica habitual que los establecimientos tienen con las comunidades y que con el traspaso se ve dificultado y que queremos mejorar y resolver claramente. [00:40:00] Sí, solo es que, bueno, a mí me parece súper bien eso, y eso es una realidad. Es el tema de los teatros, de ese tipo de espacios. No sé ahí si es que es necesario incorporarlo ya con la redacción, queda claro. O es necesario especificarlo, porque la verdad que todo lo que dice en relación con actividades artísticas y de ese tipo... Yo le cuento el equipamiento, ¿eh? No sé, pues sí. No, si queda no hay problema. Antes sale que permitan el uso compartido de establecimientos educacionales a fin de realizar actividades comunitarias. Sí. Ya. Con las funciones de las municipalidades. Y yo entiendo que el equipamiento también es bastante genérico. Claro. No, no, como se agregó lo deportivo, yo quería dejar el punto de la historia de la ley, que esto implicaría este tipo de cosas, porque si no, no hay dónde. O sea, hay colegios que definitivamente dependen absolutamente del municipio para muchas cosas. ¿Ya? Ok. De acuerdo. Bien, señor secretario. En votación la indicación número 17. Si les parece a los colegas. 5-0. Aprobado. Perdón, 4. Usted de Senabra no está reemplazando a nadie. No, no está reemplazando a Marcelo García, pero podría... Si es necesario, debiera ser. Pero aquí la cosa tiene formalidad. La verdad es que... No, es simple un juicio de eso. No, no, o sea... Entiendo que la señora Aravena está reemplazando a Senabra García, si a la comisión no tiene ningún problema. No, yo voy a pedir, porque si usted me está diciendo que estoy sentada de manera irregular acá. No, no, nunca está sentada de manera irregular. Me está diciendo el secretario que estoy de forma irregular acá y que no estoy representando a nadie. Así que puede ver esto, no, pero velo, porque yo te confío en esto. No, él dice que no está, estoy al frente de él. Estoy al frente de él. Ya, ok. No, pero es que es importante. Por favor. Sí, pero yo ni siquiera me hubiera sentado acá si hubiera sabido que no estaba con el permiso. Me lo debió haber dicho al principio. De todas maneras, pido las disculpas y vamos a agilizar el proceso. No, no. Senadora, al revés, al revés. Lo que pasa es que simplemente para efecto deja constancia la votación. Simplemente para eso. No, no, no, si la comisión... Si la comisión... No, no, no. Después. Y puede llegar después. Después. Bueno, a continuación está la indicación número 18, también de su excelencia, Presidenta de la República, que tiene por objeto agregar una nueva función a las de los servicios locales de educación pública. Esta función consiste en lo siguiente, página 44. Participar en fondos concursables administrados y distribuidos por gobiernos regionales y otros organismos públicos, así como celebrar convenios para el financiamiento de proyectos de toda índole o características destinadas al desarrollo y cumplimiento de las funciones de los servicios locales. La 18, si la quiere explicar, Ministro. Gracias, Presidente. Bueno, lo que buscamos en definitiva con esta propuesta es que se amplíe, digamos, las posibilidades de acceso a financiamiento, sobre todo en ámbitos en los que los servicios locales hoy día no pueden generar acciones vía ley de presupuesto como es la de adquirir, construir o arrendar edificios para destinarlos a casa habitación del personal. En este caso vemos que la norma exceptúa, entre otros, a los programas de inversión de los GORE y que refieren a viviendas justamente para personal de educación en zonas rurales. Esto está bien acotado también a esa realidad, es parte de lo que hemos diagnosticado en el trabajo previo, tanto, bueno, no es prelegislativo, previo al ingreso de proyectos no, pero sí en la etapa posterior de trabajo de indicaciones. Es recogiendo aquello y esto tiene como propósito, entonces, la posibilidad de que a través de los GORE se pueden conseguir recursos para arrendar espacios de habitación para el personal docente y asistente de la educación en zonas rurales. A participar en general en eso. Ahora, el propósito es atender ese problema de los espacios rurales y de la casa habitación del personal. Pero obviamente la reacción es más genérica. Y celebrar otro tipo de convenios también. ¿Aparece? Sí, entonces se aprueba la indicación número 18 por la unanimidad de la comisión, 5-0. A continuación está la indicación... Disculpe, no sería conveniente porque muchos de los fondos también tienen a veces un cofinanciamiento. Entonces, como estas están referidas a funciones de los servicios locales, no sería bueno colocar una letra respecto de que siempre y cuando esto no genere gastos para la institución. Lo digo a propósito de las láminas presentadas por el Ministerio y la Comisión de Presupuestos, en donde ya los servicios locales están con una crisis de financiamiento que es complejo. Los recursos de la subvención no alcanzan para cubrir las remuneraciones. Eso es el informe que se entregó el día lunes. Entonces, uno se imagina en estas tareas, muchos de estos fondos, uno de los problemas que tienen muchos de estos fondos es que requieren un cofinanciamiento. ¿Alguna línea al respecto? No sé. Sí, yo estoy de acuerdo con la senadora Prost, pero conociendo un poco la realidad de los gobiernos regionales y que son muy restrictivos, bueno, a veces no tanto, pero justamente, claro, si tuviéramos cierta directrice en temas que son sentidos por esto, aquí va a estar esta posibilidad y, por lo tanto, si hay proyectos para complementar las inversiones que hacen los servicios locales, yo creo que está... En general, los gobiernos regionales son bien reacios a no permitir financiar aquello que la ley no establece. El caso convenio se podía hacer y por eso se hizo durante mucho tiempo. Me ocurre una idea que pudiera ayudar, que tiene que ver con quizás incorporar en alguna medida alguna unidad técnica del ministerio que de todas maneras, digamos, deje constancia, conozca, porque también coincido con la senadora Prost y que efectivamente todo indica en la ley que debieran hacerse las cosas bien, pero como las administraciones siempre se puede hacer mal, podríamos prever que el ministerio esté, digamos, que conteste a que esto se está firmando y cuál es el contenido del convenio. Eso. Presidenta. Sí, yo comprendo y comparto la apreciación de tanto la senadora Prost como la suya y como la de la senadora Aravena. También conozco perfectamente que si se puede hacer mal o si se puede hacer bien, ¿para qué lo vamos a hacer bien? Me tocó ser subsecretaria y además conozco muy bien cómo funciona el presupuesto de los gobiernos regionales y el punto es que hoy día ya existen esas unidades técnicas. De hecho, para la celebración de un convenio de programación entre un servicio local y un GORE, que de hecho hicimos la primera experiencia en Atacama a propósito del trabajo que hemos estado haciendo con el gobierno regional y con la senadora Prost precisamente, para poder materializar la firma del convenio de programación primero tuvo que pasar por la visación técnica de la propia DEP de la Subsecretaría de Educación y con la autorización presupuestaria de la Dirección de Presupuestos. Por lo tanto, esos controles ya están establecidos hoy día y no es necesario ponerlos en la ley. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a propósito de lo señalado por la senadora Prost y por su intermedio presidente de la situación financiera de los servicios locales, efectivamente, siempre han operado, siempre el presupuesto ha sido más bajo que el gasto operacional de los servicios locales. Es por eso que siempre hay mayor aporte fiscal durante el año, reasignaciones que se formulan. O sea, recordemos que cuando traspasamos Magallanes, solo voy a poner ese ejemplo que es bien brutal en términos de la dimensión del problema, el déficit operacional anual proyectado era de 26.000 millones. Y eso era lo que tenía explicación por los convenios laborales que se formularon por parte de los municipios con cargo al servicio local una vez traspasado, que fue lo que se declaró también en parte, no todo, de manera inoponible al servicio local. Entonces eso permitió reducir, pero aún así permaneció una parte de déficit. Esto en este año viene asociado a un fondo, un fondo que está constituido de manera excepcional para cubrir estos déficits que también van monitoreándose año a año. Dicho eso, no debemos olvidar que además tenemos los subtítulos de inversión y de gasto de capital que van precisamente orientados a inversiones de infraestructura. Por lo tanto, en caso de requerir recursos o complementar recursos a un servicio local, podría disponer de esos fondos para poder hacerlo. Y también que la ejecución presupuestaria en general de esas líneas de inversión, en algunos casos, es de más del 100%, porque en el año presupuestario. [00:50:00] se le asignan a aquellos servicios locales que tienen mayor capacidad de ejecución, pero también en la mayoría de los casos no logran la ejecución completa de esas líneas. Lo que es un problema y es parte de lo que queremos resolver. A propósito de eso, se crea la facultad de los servicios locales y para los nuevos de nacer con subdirecciones de infraestructura, por ejemplo. Ante todo esto, está subsumido en planificación como una parte del trabajo de planificación. Entonces, yo diría que por ahí debería estar abordado o resuelto ese punto, dependiendo del fondo de lo que plantean las señoras senadoras y el señor senador. ¿Cómo se ha señalado? 5-0. Luego está la indicación de la senadora Allende que propone agregar una nueva letra dentro de las funciones de los servicios locales de educación, artículo 18. Esta letra, en la página 45, dispone de lo siguiente: los convenios a que se firmen las letras Ñ, O y P u otros que se suscriban, deberán establecer los cargos de las instituciones públicas o privadas involucradas que serán responsables de su ejecución y monitoreo. En el mes de diciembre de cada año, deberá comunicarse a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y otros organismos públicos la persona responsable de la ejecución de los programas y las entregas de bienes y servicios que apoyen el proceso educativo para el año escolar siguiente. Concepto de la Secretaría, esta indicación debería ser declarada inadmisible. Entiendo que sí. Se declara inadmisible por el Presidente. Brevemente, disculpe, coincidiendo con el criterio de la Secretaría y por tanto no entrando en ese ámbito de la discusión, solo señalar que se vuelve además innecesaria esta indicación porque precisamente para este tipo de coordinaciones es que proponemos en el proyecto de ley la Mesa de Coordinación Regional, donde todos los servicios del sector y otros se vinculan precisamente para atender la coordinación de la ejecución de sus líneas programáticas y otros apoyos que se requieren al servicio local. Entonces, sería muy complejo establecer coordinaciones vis-a-vis en la ley cuando existen espacios de coordinación institucionales que son los que estamos proponiendo en la ley. Bueno, estarían creados esos espacios. A continuación, señor Presidente, viene el artículo 18 bis, que es una norma que no existe hoy día en la Ley de Educación Pública y que el Ejecutivo propone incorporarla. Es el texto aprobado en general que se refiere a la ampliación de la oferta. Respecto de esta temática, se han propuesto cinco indicaciones. La indicación 20 de la senadora Aravena y de los senadores García y Sangüesa. La indicación 20, entonces, queda retirada. A continuación, viene la indicación 21 de su Excelencia el Presidente de la República que tiene por objeto suprimir, hay que volver ahí a la página 46, que tiene por objeto suprimir la oración en el inciso primero que aparece subrayada. En dicho caso, los procedimientos respectivos tendrán preferencia en su tramitación y no se aplicarán los plazos y fechas límites para la presentación de las solicitudes de reconocimiento oficial o de subvención ni de prescripción del derecho a impetrar subvención. Y esa indicación la Secretaría entiende que tiene que analizarse correlacionada con la indicación siguiente, que es la indicación 22, también de su Excelencia el Presidente de la República, que precisamente propone suprimir el inciso segundo que regulaba o que regula el tema que se hace referencia en la última parte del inciso segundo del artículo 18, que es la situación de aquellas solicitudes cuya tramitación sería postergada en razón de la preferencia establecida en el párrafo anterior. En el párrafo anterior también se propone suprimir, obviamente las indicaciones tienen que ser la 20 y la 22 analizadas en su conjunto, de tal manera que el artículo 18 quedaría con un primer inciso hasta territorio para luego pasar al inciso tercero en caso de aprobarse las propuestas del Ejecutivo. Presidente, básicamente lo que se busca con estas dos indicaciones es hacernos cargo de lo señalado durante la tramitación del proyecto respecto a la priorización que se hacía para la ampliación de matrículas en zonas de falta de oferta por parte de la educación pública por sobre la educación particular. De hecho, lo que señalaban los artículos que están propuestos modificar, justamente lo que hace es que los procedimientos relativos tendrán preferencia en la tramitación, es decir, le daba una priorización. Lo que estamos buscando finalmente es generar una condición de igualdad de condiciones para los proyectos, independientemente de si son públicos o privados. Se señala la necesidad de ampliar ofertas para el servicio local, el que podría solicitar en coordinación con la Subsecretaría cuando corresponde la necesidad de ampliar oferta para tener también las medidas administrativas que permitan hacerlo, lo que tiene que ver con las facultades del servicio, sin por ello ponerlas por sobre o prioritariamente respecto a los particulares. Ese fue de alguna manera el compromiso que se materializó por parte del Ejecutivo en estas dos indicaciones que suprimen los siguientes incisos. Nada más ni nada menos que aquello. Bien, la senadora Llanaprosta le ha pedido la palabra. Presidente, mire, a mí me gustaría que esto se pudiera ver también de manera inmediata con una indicación que nosotros hemos presentado que es la indicación 23, que tiene que ver con la ampliación de la oferta, porque, presidente, mire, una de las mayores dificultades con las cuales se cuenta al momento de ampliar la cobertura guarda relación con la normativa de reconocimiento oficial. Y nosotros no hemos podido hacer una indicación en esta materia no porque no tengamos claro que este es un punto central, sino porque entendemos que esto es una facultad exclusiva del Ejecutivo, pero, sin embargo, nada se dice al respecto. Entonces, nosotros hemos hecho una indicación entendiendo que una de las realidades que más se expresa en el territorio es la necesidad de ampliar la oferta educativa. Lo que está señalado acá, que dice en el último párrafo, en el caso de los servicios locales, la falta de oferta educativa en un territorio será causa suficiente para autorizar que dos o más establecimientos funcionen en un mismo local escolar. Cuando esto se traslada solo a los servicios locales, estamos también precarizando la educación pública, presidente. Estuve el día sábado, el sábado reciente, con profesores del Liceo Comercial de Copiapó, en donde han estado fusionados por largo tiempo. La hora cronológica, la hora pedagógica de ellos es de 22 minutos. Eso es lo que le están entregando como oferta educativa a los estudiantes de la educación pública del servicio local de ese liceo que funciona en un espacio fusionado con el Mercedes Frity. Imagínese usted asignaturas que tienen un bloque a la semana, filosofía, por ejemplo. Entonces, realmente, cuando uno ve esto, dice, oye, todos estamos porque aquí se amplía la oferta educativa, pero la forma en cómo se está haciendo es precarizando la educación pública. No estamos recuperando el propósito que tiene. Entonces, por eso que para nosotros queremos insistir en que las disposiciones del reconocimiento oficial son muy importantes, porque eso permite que el establecimiento pueda seguir impetrando la subvención escolar. Y el problema es que ahí tenemos una dificultad, porque no están, o sea, esto va a agudizar la crisis financiera en los servicios locales. Y por eso que nosotros hemos presentado una indicación señalando en que no se puede aprobar lo prescrito en el presente inciso sin que exista un proyecto de mejoramiento, mantención, conservación o reposición de la infraestructura del establecimiento trasladado a un local distinto del que originalmente funciona. Y lo digo porque si no, estas situaciones comienzan a eternizarse, presidente. Y volviendo al mismo caso del liceo comercial. Nosotros no tenemos fecha, o sea, ni siquiera le han ido a explicar a la comunidad educativa qué es lo que va a pasar con el edificio del liceo comercial. Entonces, a mí me parece que este es un tema bien central de lo que está pasando en materia de calidad de la educación pública. Una educación pública de calidad no se puede permitir una indicación como esta, presidente. Ahora, compartimos todo el fondo. Yo creo que la indicación 23, si bien está planteada de otra manera, pero igual supone la creación de una entidad y eso sería inadmisible, creo yo. Pero hay una alternativa, pero comparto lo del fondo. Presidente, sí, mire, el debate sobre el reconocimiento oficial es un debate bien complejo, porque uno se juega siempre entre la flexibilidad y el cumplimiento de estándares. Y es un equilibrio precario, más aún cuando estamos en algunos lugares, como lo señalaba la senadora Provost, con rezagos que son muy potentes. Discutir la flexibilidad en lugares donde el problema de infraestructura no son tan agudos, porque en todos los lugares hay problemas de infraestructura. [01:00:00] En menos complejo es un poquito más trivial que hacerlo en el caso de lugares donde hay un problema agudo. En el caso del Liceo Comercial efectivamente un problema agudo, toda vez que ya ha sido diagnosticado como un lugar que, una parte al menos, es inhabitable por daños estructurales. Entonces, en ese contexto es que hay dos cosas. Primero, la Secretaría señala que considera que es inadmisible, eso puede discutirse, pero no podemos perder de vista que nosotros estamos discutiendo y, de hecho, hemos estado tramitando el proyecto de ley de falta de oferta, que justamente interviene más explícitamente en los temas de reconocimiento oficial, flexibilidad y requisitos y garantías de condiciones, tanto para públicos como para particulares subvencionados. Y hemos estado con hartas sesiones discutiendo con distintos actores, creo que es el lugar más pertinente para hacer ajustes y, de hecho, lo estamos trabajando en esa misma dirección. Y en segundo, no en este proyecto, a eso me refiero, este proyecto queda limitado, digamos, al tema de cuando hay falta de oferta tiene que buscar alternativa o se le permite, está buscando esa resolución. Sin duda, que para nosotros este tema igual es importante y entendemos la preocupación manifestada por la Senadora Proboste en ese sentido y buscando una alternativa porque también la medida tiene un sentido y es que se pueda actuar con la urgencia para la garantía del derecho a la educación, comprendiendo entonces el sentido de la propuesta de la Senadora Proboste, la que tuvimos obviamente a la vista cuando se presentaron las indicaciones, es que teníamos una propuesta alternativa, que lo que busca es no establecerlo como condición previa a la autorización, sino que como una obligación posterior para permitir que exista la medida de flexibilidad, porque si no tendríamos el problema de la oportunidad para la apertura de nuevas capacidades a propósito de la falta de oferta educativa en determinados territorios. Muchas veces no existiría la condición, entonces entendemos, compartimos, pero creemos que quizás en las condiciones debería ocurrir posteriormente. Nosotros decimos 180 días, quizás podría ser menos, pero como es una propuesta que formulamos para que se vuelva a presentar por los parlamentarios, o más bien para que nosotros la podamos presentar como ejecutivo ad referéndum, dado que la Secretaría ya lo ha, y podemos precisar ahí la fecha del tiempo. Nosotros decimos 180, pero si hay un acuerdo de menos tiempo, podríamos nosotros comprometernos a ingresar la ad referéndum en estos términos. Muy bien, ¿qué le parece? Está bien. ¿120? 120 días. Son iguales, 120 días. Cuatro meses. No, cuatro meses está bien, súper bien, ya. Bien. En primer lugar hay que votar, Presidente, la que nos han votado las indicaciones 21 y 22, que proponen eliminar el segundo párrafo del inciso primero del artículo 18 bis, y también eliminar el inciso segundo del mismo artículo 18 bis. ¿En votación? ¿Se aprueban ambas, 5-0? La 21 y la 22. Entonces, aprobada ambas, la 21 y la 22. En relación con la propuesta de la Senadora Proboste, indicación 23. ¿Queda subsumida con esta? Espera un poquitito. Lo que ocurre es que el concepto de la Secretaría, la indicación debería ser declarada inadmisible por parte del Presidente de la Comisión. Y en ese caso, si así se obra, si así se entiende, la propuesta del Ejecutivo, y así lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, debería plantearse en un nuevo plazo de indicaciones que se abre al final de la tramitación de todas ellas para que todas aquellas que se aprueban al referéndum, luego se incorporen. Porque la Secretaría entiende que esta es una materia cuya regulación corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Es el tema. Lo que corresponde y lo que ha hecho la Comisión en muchas ocasiones. Entonces, ¿se declara inadmisible la 23? Pero se deja constancia y está en el acuerdo de la Comisión. A ver, la Secretaría entiende que basta con que se presente la indicación en los mismos términos y que la Comisión en su momento, una mera lectura o revisión para entender que es lo mismo que se ha planteado acá el contenido normativo. Bueno, luego con el 120 sería el plazo para la presentación del proyecto de mejoramiento, mantención, conservación o reposición de infraestructura para abordar la falta de oferta. Plazo que va desde el momento en que fuera decretada alguna de las medidas señaladas en este inciso. Las medidas son dos o más establecimientos en función del mismo local escolar, el traslado del territorio de funcionamiento o la apertura de nuevos niveles o cursos. Esas son las tres condiciones que permiten la aplicación del inciso que estamos analizando. Bien. Señor Senador, don Gustavo Sahuesa. Gracias, Presidente. Lo que pasa es que en la indicación 23 queda como que el proyecto de mejoramiento, de mantención, de conservación, tiene que presentarlo solamente en el servicio local, ¿cierto? Entonces, tengo la duda... Ya la entendió. Exactamente, esa es la... Señor Ministro. Toda vez que la norma refiere exclusivamente a servicios locales, es la condición que se pide al servicio local, no es una condición que... Por eso decía y hacía referencia que estamos discutiendo en el otro proyecto algo y además van a ser regulaciones mucho más robustas y precisas al R.O. Porque es la norma permanente, esto es específico para el... Exacto. Gracias, Presidente. Y finalmente, Presidente, respecto a este mismo artículo 18 bis, el Ejecutivo propone en el inciso final, que se refiere al reglamento que debe dictar el Ministerio de Educación para determinar las situaciones que constituyan falta de oferta educativa y armonizar las normas de excepción establecidas en los incisos precedentes, agregar lo siguiente, y regulará también en este reglamento los demás aspectos que sean necesarios para la correcta aplicación de este artículo. Una norma de carácter residual que permite que el reglamento también se refiera a otras materias no especificadas en este inciso. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí. Aprobado 5-0. A continuación, Presidente, se propone por el Ejecutivo reemplazar a través de la indicación 25 el artículo 18 ter que se refiere al apoyo técnico-pedagógico a los servicios locales de educación. Doy lectura. Página 49 y 50. Apoyo técnico-pedagógico en el sistema de educación pública. Ahí está una primera enmienda, no solamente refería a los servicios locales sino en general a todo el sistema de educación pública. A nivel de servicio local, será la unidad de apoyo técnico-pedagógico la que tendrá la competencia para entregar apoyo para la mejor educativa a los establecimientos educacionales de su dependencia según prescribe el artículo 25 de la presente ley. Será función de los departamentos provinciales de educación acompañar y asistir a los servicios locales en materia de orientaciones, lineamientos, políticas, planes y programas generales elaborados por el Ministerio de Educación. Sin prejuicio de ello, el servicio podrá solicitar temporal y fundadamente el apoyo directo del departamento provincial respecto de uno o más establecimientos de su dependencia. A nivel nacional, la Dirección de Educación Pública asesorará técnicamente a los servicios locales en materia de mejoramiento del servicio educativo y resultados de aprendizajes a través de un modelo de acompañamiento y desarrollo de capacidades que atienda a los distintos niveles educacionales y modalidades educativas. Gracias, Presidente. Bueno, este es uno de los temas más controversiales que hemos tenido en discusión. Lo que busca la norma es, finalmente, establecer con mucha más claridad cuál es la esfera de competencia que vamos a tener institucionalmente desde los distintos niveles en esta materia. Es mucho más esquemática la propuesta de redacción en el sentido de señalar que la primera responsabilidad de atención directa a los establecimientos educacionales de manera exclusiva es de las unidades de apoyo técnico-pedagógico, que es la unidad técnica que surge, justamente, por el servicio local para ese fin. Lo que estamos buscando, además, es evitar la sobreintervención de los establecimientos educacionales y la falta de llegadas coordinadas. En segundo lugar, establece con mucha claridad que son las direcciones provinciales las que acompañan y asisten al servicio local en materia de orientación, en lineamientos, políticas, planes generales elaborados por el Ministerio de Educación. Es decir, atiende al servicio local a nivel central, no a las escuelas en particular. [01:10:00] Porque ese trabajo lo hacen las UATP entonces y en el tercer inciso lo que señala es que la DEP va a cumplir las funciones de asesoría respecto a todos los servicios locales, esto obviamente en la idea de, primero, ser el ente de coordinación del sistema, y segundo, evitando duplicidades que ya están establecidas, por ejemplo, en el artículo 61, que obliga a la DEP a coordinarse con la División de Educación General en todos los temas relativos a lo técnico-pedagógico. Por tanto, ahí también se precisa ese aspecto. Entonces, es un artículo, o sea, una indicación que busca mejorar el espíritu de lo que se buscaba resolver en la redacción inicial, recogiendo además lo que fue la discusión de la tramitación legislativa en este punto en particular, y donde ordena competencialmente, mucho más claramente, el papel del servicio, el papel de la Dirección de Educación de las DEPROP y de la DEP, como parte de la estructura de acompañamiento al sistema en múltiples niveles y con funciones claras y distintas unas con otras. Entiendo que está mejor, o sea, está más claro ahora, pero sin duda aquí lo que queda como pendiente un poco es el tema del compromiso del Ministerio respecto a que claramente las DEPROP hoy día van a tener una función bastante específica, que no necesariamente es todo lo que hacían, y por lo tanto existe, digamos, un trabajo que es más bien de visión, de emisión, de funciones, de perfiles y de muchos aspectos. Yo creo que los perfiles se cumplen, sin duda, la gran mayoría de los profesionales, pero hay una cosa de institucionalidad que hay que reestructurar y aquí, si bien lo deja relativamente claro, quizás en el reglamento eso hay que ponerle fecha, o sea, plazos concretos, porque de lo contrario, o sea, yo sé que pueden venir lineamientos, pero no es lo mismo una estructura que permita que cada uno de los que van a desarrollar este trabajo sepa muy bien lo que tiene que hacer, cuáles son sus metas y todo eso. Pienso que eso debiera quedar en el reglamento. Primero, las direcciones provinciales como institución no desaparecen, de hecho, continúa haciendo exactamente la misma función que siempre con el resto del sistema, que es mayoritario, por lo demás, mayoritario en términos de proporción. Para este efecto, además, los equipos de apoyo a la mejora tienen la capacidad, o sea, no hay ningún problema que reglamentariamente puedan precisarse bien los tiempos, las formas y las fechas, pero también es cierto que el equipo de apoyo a la mejora, que son los que uno conocía originalmente como los supervisores, planifican y ordenan su trabajo también con harta anticipación. De hecho, las asesorías del año en curso son planificadas el año anterior y además se conectan con la programación de los planes de mejoramiento educativo, o sea, es bien armonizado el trabajo y lo que va a buscar la dirección provincial, en definitiva, es acompañar al servicio local, a las UATP, para que las UATP puedan hacer el acompañamiento técnico y los lineamientos correspondientes a la política nacional. No, pero quien llega a la escuela es única y exclusivamente la UATP, a menos que el propio servicio local le pida a la DEP el apoyo para llegar a acompañar a la escuela. O sea, también se permite que la UATP, el servicio local, en definitiva, le diga, ¿saben qué? Tengo estos problemas, ayúdennos, digamos, porque igual los equipos son altamente especializados. Y también creo que eso quedó bien consolidado en la discusión de la tramitación del proyecto, o sea, la capacidad técnica de los equipos de PROF son súper especializados. Sí, son profesionales de alta experiencia. ¿Quién llega a la... Es la UATP. ¿Quién llega? ¿Dónde llega la ADEPROF? Al servicio, al nivel central. A no ser que se le solicite apoyar a las escuelas, claro, eso es. O sea, ¿podrían, con el apoyo de la UATP... Con la autorización del servicio local, podrían llegar si es que el servicio lo estima correcto? Se entiende. Habría acuerdo con esta indicación. Bien, esta va a ser la última indicación que alcanzaríamos. 25 también por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Bueno, lo que pasa es que los miembros de la Comisión han accedido a una solicitud de BTF, y nos acompaña aquí la señora Marcela Zuleta Munizaga, presidenta de FANOR-BTF, para ofrecerle algunos minutos y que ellas nos puedan hacer llegar, también, entregar algunos puntos de vista. Que es respecto al proyecto de ley que modifica la 21.040, justamente, esta ley. Esta es una excepción que estamos haciendo en esta discusión en particular con BTF, que nosotros no lo hemos hecho. En razón a que no lo escuchamos en la discusión en general de este proyecto, quisimos hacer esta excepción y escucharlo, igual que todas las instituciones, que escuchamos hasta por diez minutos. Normalmente, en la discusión en particular, es lo que ustedes han visto artículo por artículo. Pero, por favor, los queremos escuchar. Bueno, muy buenas tardes por su intermedio, presidente. Saludar a todos los senadores que están presentes y al Ejecutivo, el señor Ministro, sus asesores. Bueno, mi nombre es Marcela Zuleta. Soy presidenta de la Federación FANOR-BTF, en conjunto con la Confederación BTF Chile, que representa Clarisa Seco. Estamos, hoy día, entregando nuestra posición con respecto al proyecto de ley que se está discutiendo el día de hoy. Y queremos, en el fondo, comentar cuál es nuestra postura frente al proyecto. Y, también, entregar algunas propuestas que esperamos que sean bien recibidas por el Ejecutivo, entendiendo que aún existe la posibilidad de entregar indicaciones al proyecto, ¿cierto? Ya, es que acabo de escuchar que se podían hacer indicaciones, por eso lo comento. Sí, ok. Bueno, con respecto a nuestra minuta, quisiera partir por el final de la presentación, en realidad, porque es algo que nos afecta notoriamente, desde un último momento, que causa esta situación, el no traspaso a los servicios locales de algunas comunas que tenían proyectado el traspaso en el 2025. Con anterioridad, había sucedido esta misma situación, y los asistentes de la educación que pertenecen a las comunas de los servicios locales que suspendieron el traspaso en esa ocasión, percibieron un bono compensatorio, el cual, digamos, como dice la palabra, compensa el no apercibimiento de una asignación, que es la asignación de experiencia, y que en este caso cubriría los cinco servicios locales que no fueron traspasados, específicamente a los asistentes de la educación. O sea, lo que nosotros venimos a solicitar es que se considere este bono compensatorio. Entendemos que esta discusión implica otros temas, no está dentro de la discusión porque no estaba dentro del proyecto, pero es una necesidad de estas funcionarias que contaban con esta asignación durante el próximo año y hoy no lo cuentan. Otro punto es con respecto al financiamiento. Nosotros ya hicimos llegar esta minuta al Ejecutivo, lo hemos mencionado en varias mesas, tanto en mesas técnicas como en mesas de negociación con DIPRES, que efectivamente nuestro sistema de financiamiento es nefasto, ya que es un sistema a través de transferencias por asistencia. Ya no así JUNJI, no así Integra, y por lo tanto, una de las fórmulas que consideramos que sería pertinente aplicar es que las transferencias ya no vinieran directamente de la JUNJI, sino que fueran desde el Estado hacia los servicios locales, lo que facilitaría muchísimo la gestión, ya que se cuestionan muchas rendiciones de gastos, y eso facilitaría en gran medida el buen uso de los recursos. Con respecto a la opinión que tenemos de las atribuciones de la DEP, la verdad es que como experiencia contamos con una situación que se provocó hace unos años atrás, donde el servicio local Costa Araucanía hizo una presentación a Contraloría, donde provocó que se nos eliminara el beneficio de percibir los bonos de la ley de reajuste a todas las trabajadoras BTF que fueron traspasadas. Entonces, en ese mismo sentido, consideramos que la DEP debiera tener la posibilidad de intervenir en situaciones de emergencia, ya que se han interpretado las normas de manera desfasta para nuestro sector, en este caso, como comentaba lo que dice el dictamen 81.10 del 2020. [01:20:00] El Presidente, muy buenas tardes y por su intermedio, saludos a todos y todas los presentes. Como bien lo mencionaba mi compañera, con respecto a lo que tiene que ver con el financiamiento específicamente, resulta que los servicios locales de educación pública (SLEP) no tienen tanta libertad de ejecución de los recursos como aquellos que se utilizan, digamos, en educación básica y media. No así lo que transfiere JUNJI. Entonces, ¿qué solicitamos? Que esa glosa sea cambiada en relación a los dineros que van hacia los SLEP y no así lo que tiene que ver con la parte pedagógica, orientaciones pedagógicas. Solo lo que tiene que ver con los recursos para que tengan finalmente mayor libertad de acción los SLEP, porque consideramos que es ilógico que un servicio local público tenga que rendir a otro organismo público, JUNJI. Encontramos que es una situación bastante engorrosa. De hecho, hemos conversado con algunos asesores y la verdad que les parece que es bastante engorrosa esa figura que tienen. Y que solicitamos finalmente que los SLEP tengan mayor facilidad de ejecución de los recursos. Lo mismo tiene que ver, voy a hablar en términos más generales, con los consejos locales, con la atribución que tiene la DEP, con las oficinas locales. Finalmente, lo que nosotros solicitamos es que se le dé prioridad y relevancia a lo que es la educación inicial. Tenemos el estudio de la Agencia de la Calidad donde dice que en educación básica y educación media se nota el estrato social que existe, puesto que en la educación pública los niños están más descendidos que los niños y jóvenes de los particulares subvencionados o particulares. Entonces, finalmente, queremos que esto empiece a emparejar esta cancha desde la educación inicial, contemplando finalmente los servicios locales y las atribuciones que se le deben dar a la DEP, y que no sea como un organismo aparte. Necesitamos que si son públicos, sea finalmente la DEP quien se encargue de poder resolver y solucionar también, y no solo dejar a libre albedrío a los directores ejecutivos de los servicios locales. Con respecto a los consejos locales, también necesitamos que la educación inicial sea relevante dentro de los consejos locales, puesto que también estamos dentro de los servicios locales. Consideramos que, y de hecho con lo poco que he escuchado acá en este momento que he estado presente, se habla de la educación básica y media y se deja siempre al final lo que es la educación inicial. Sin embargo, los primeros conocimientos, hábitos, conceptos y todo lo que tiene que ver relevante para el ser humano comienza en la educación inicial. Y a lo mejor por eso también tenemos problemas en la educación básica, en la educación media y finalmente en la educación superior, donde tienen que finalmente nivelar algo que tendría que venir desde la cuna. Eso es súper importante. Y por último, por lo menos por mi parte, que tiene que ver con el bono compensatorio. No es justo que por situaciones administrativas o situaciones que se den a nivel de ejecutivo, a nivel de gobierno, a través del Ministerio de Educación, se suspendan los servicios locales y finalmente sean las trabajadoras las que se van a ver perjudicadas, porque ellas también al traspaso del servicio local reciben este incentivo de bienes que hoy no lo tienen en las municipalidades. Entonces, también para nuestros trabajadores que representamos es una pérdida económica. Sé que también se terminó el plazo de indicaciones, pero creo que es importante que ustedes como comisión consideren lo que nosotros estamos planteando, puesto que no estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de más de 24.000 trabajadores, más de 1.700 jardines infantiles, con una amplia cobertura en educación inicial. Entonces, necesitamos, por favor, que también seamos escuchados y que sean consideradas lo que nosotros estamos exponiendo ahora. Por mi parte, eso. Solo terminar con respecto a la presentación, como para complementar lo que Clarisa ha expresado. Es para nosotros, como trabajadoras de la educación inicial que hemos sido traspasadas al servicio local, particularmente yo soy del servicio local Puerto Cordillera, consideramos que es importante, como trabajadoras, ser parte del consejo local. Para nosotros es importante contar con oficinas locales, porque nuestros jardines están establecidos en lugares lejanos de la conurbación. Entonces, por eso para nosotros, dentro de los puntos que se han trabajado en el proyecto, consideramos que es importante que estas indicaciones o estos artículos que mencionan estos temas de oficinas locales y consejo local, para nosotros es un espacio que requerimos, porque somos parte de la educación y somos el primer nivel de educación. Y en este momento no contamos con una participación en estas instancias. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a Marcela, a Clarisa, en representación de FANOR, BTF, que han expuesto hoy día. Nos han dejado también una minuta. Efectivamente, nosotros como comisión compartimos los planteamientos que ustedes han formulado, porque son temas que uno lo ve a diario también en las regiones que representamos, tanto los temas bien de fondo como el rol de la educación preescolar que tienen estas trabajadoras y profesionales, y también lo que es la bonificación complementaria. Lo que pasa es que probablemente no están expresadas en indicaciones, porque gran parte de los puntos que se han planteado son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. Este es el primer trámite, también queda el segundo trámite, y queda escuchar también al ministro. Perdón, escuchemos antes al senador Sangüesa y luego al ministro para que cierre y responda. Exactamente, ministro. Ministro, sí, en esto, porque tenemos hoy día tres sistemas que están entre los BTF, los INTEGRA, los JUNJI. Entonces, ¿con los SLEP tendemos o va una iniciativa en el sentido de unificar esto, independiente de que sean tres institucionalidades? Porque los BTF van a ser parte del SLEP, ¿cierto? Pero que haya una unificación, digamos, en temas institucionales. Exactamente. Larga y antigua discusión, presidente, por su intermedio, la de la institucionalidad de la educación popular. Yo creo que desde que trabajo en estos temas de política pública vinculada a la educación, siempre fui de los que promovió la pelea por una institucionalidad única. Pero me parece, habiendo visto la experiencia, justamente el traspaso de los servicios locales, que partir unificando por arriba es probablemente la peor decisión que podríamos tomar desde el punto de vista del diseño de política pública. Porque entraríamos inmediatamente a la discusión de cuál es el régimen laboral que prima, y ahí se acabaron todos los consensos y los acuerdos de avanzar en unificar en un sistema. Porque, o sea, ¿qué? JUNJI deja de ser funcionarios públicos por el estatuto administrativo, INTEGRA, que negocia colectivamente, va a pasar al estatuto administrativo, va a dejar de negociar colectivamente. Solo poniendo esas dos cosas que son bien gruesas, medulares, para entrar en ese debate. Lo que nosotros hemos tomado como estrategia, y esto lo discutimos harto en la subcomisión mixta del otro día, en la primera parte que tuvo que ver con educación inicial, porque se planteaba que no hay estrategia, y no es así. Hay una estrategia que busca comenzar a emparejar condiciones en la base para avanzar a la unificación institucional. De otro modo, nunca vamos a poder avanzar en eso. Y la primera parte de eso es precisamente la discusión sobre los valores o los costos de la educación parvularia. Lo que habitualmente se denomina valor párvulo, que yo no comparto mucho el concepto de valor párvulo, lo he discutido harto con la subsecretaria, porque el valor párvulo es más o menos meternos en la lógica de subvenciones. Y lo que en realidad opera, tanto en INTEGRA como en JUNJI, es un financiamiento presupuestario. Es decir, un presupuesto que cubre necesidades, necesidades en materia de material pedagógico, presupuesto para mejoramiento de infraestructura y cumplimiento de reconocimiento oficial, el presupuesto para pagar remuneración, el presupuesto para todas las cosas. Eso es lo que hoy día ocurre con JUNJI y con INTEGRA, de forma distinta. En el caso de JUNJI, con sus partidas presupuestarias específicas. En el caso de INTEGRA, a través de la transferencia que hace la subsecretaría anualmente, que representa más o menos el 95% del total del presupuesto de la subsecretaría de educación. A diferencia de BTF, que está establecido en una estructura de financiamiento a la demanda, vinculado a la asistencia promedio. [01:30:00] Diferencia se da cuenta inmediatamente porque el sector BTF es el más deteriorado desde el punto de vista material, ¿no? Porque ahí a esa subvención le tienen que sacar la parte para pagar sueldo, la parte para mejorar infraestructura, para comprar material pedagógico y no alcanza, es como lo que nos pasa en el mundo escolar. Entonces, lo peor que podríamos hacer es transitar un modelo equivalente y llevar el modelo de la educación escolar al sector parvulario, que en su gran mayoría no opera así. Es por ello que nosotros estamos trabajando con el Banco Mundial una asesoría técnica que nos va a permitir avanzar a estimar los montos, pero también definir la estructura del modelo de financiamiento que queremos y que es la estrategia principal de este proceso. Esto debería estar listo en la versión final porque van a haber avances previos, el primer avance ahora a mediados de año, en junio del próximo año, y el estudio va a estar terminado en junio del próximo año, donde vamos a tener ya claridad de cuál es la propuesta y la recomendación que nos hace el Banco Mundial. Además, es una institución que está validada transversalmente; nadie podría decir que tiene cierto sesgo ideológico de un lado o del otro. El Banco Mundial, eso luego, todo lo que tiene que ver con la estructura de traspaso. A propósito también de lo que plantea la dirigente, primero ahí señala, Presidente, que como ministerio hemos estado trabajando también con la organización en PDF y hemos recogido harto de los elementos que ya están planteando en esta presentación. De hecho, uno de los temas a propósito de financiamiento y traspaso y el papel de los servicios locales está en plena discusión en la Subsecretaría de Educación Parvularia, porque el tema es complejo. Y básicamente lo que estamos discutiendo es si los convenios se formulan de manera directa con la JUNJI o en realidad pasan a ser directamente jardines del servicio local con la estructura de financiamiento equivalente al que tienen los establecimientos educacionales. A cuenta de los presupuestos que hoy día se manejan por JUNJI para traspasar a través de los convenios BTF, es una discusión que está en desarrollo entre la Subsecretaría y la DEPP. La propuesta en esta dirección respecto a las atribuciones de la DEPP, el proyecto de ley ya establece instrucciones generales vinculantes sobre la aplicación normativa, precisamente porque hay normativas que deben aplicarse en que muchas veces se mandan con criterios distintos. Los servicios locales en algunos lados aplican la normativa, en otros lados van a consultar a la Contraloría para saber si se aplica o no. La DEPP sugiere que las conversaciones nacionales orienten, pero los servicios locales no necesariamente acogen. Un poco lo que decían la dirigente, nosotros lo vemos también y por eso es que el proyecto de ley contempla una atribución de carácter de fortalecimiento de la capacidad de la DEPP de generar instrucciones generales vinculantes sobre aplicación normativa, que es un poco lo que discutimos también con la oposición en relación a que los aspectos normativos y financieros pudiesen tener ciertos niveles de vinculación con la DEPP y que los aspectos más estratégicos pedagógicos quedarán fuera un poco de ese marco. No a propósito de la autonomía del servicio y de cuánta autonomía, cuánta menos autonomía, que también fue uno de los debates medulares que tuvimos durante la discusión previa a la votación sobre Consejo Local en el proyecto de ley. Ya están incorporadas las directoras y la educadora de párvulo, con la indicación que estamos discutiendo ahora se incorpora a las asistentes de párvulo también en los Consejos Locales, completando de alguna manera el marco completo de representación del sector. Por lo tanto, se incorporan y se subsana de esta omisión que por cierto fue involuntaria respecto a oficinas locales. Bueno, ya probamos las normas sobre oficinas locales, digamos, se avanzó en aquello. Y si no me equivoco, me queda el tema del bono compensatorio. Hay una propuesta en el proyecto de ley que habla de la cobertura del 60% del total del bono compensatorio, aquellos que no sean traspasados y que la decisión. Dentro de los seis meses previos al traspaso, es decir, fijamos una regla general que se escapa, digamos, de la decisión discrecional del Ejecutivo cada vez que haya retraso del servicio local. Es decir, estamos tomando la regla del bono compensatorio que es elegirlo en su minuto para que quede establecido como una regla permanente cuando haya una postergación del traspaso del servicio educativo en algún servicio bajo estas condiciones. Y entendemos que el timing de seis meses es suficiente para que efectivamente se resuelva algo que era inminente y que muy cerca del momento, el traspaso se termina convirtiendo en una realidad postergada respecto a los tiempos suficientes para entender que en realidad el traspaso simplemente se traspasa y hay una decisión administrativa y de autoridad respecto a la viabilidad de la política pública. Yo creo que todos celebramos acá el que hoy día estemos teniendo la posibilidad de postergar traspasos para hacer lo mejor, de que no hemos dado tiempo más adecuado para que los servicios locales maduren y, obviamente, que es una decisión de política pública que no puede estar intervenida finalmente por la obligatoriedad de siempre estar financiando el bono compensatorio. O sea, entonces establecemos una regla clara, que es que si esta decisión se toma posterior a los seis meses previos al traspaso, habrá bono compensatorio en los términos ya señalados. Si esta decisión se toma antes de los seis meses previos al traspaso, no hay bono compensatorio porque es tiempo suficiente para comprender que hay una decisión de autoridad vinculada a la mejor implementación de la política pública. Eso en el marco, además de que, obviamente, también el protocolo de acuerdo que firmamos el año pasado nos ha hecho hacer una evaluación del sistema, una evaluación externa que nos ha hecho recomendaciones que probablemente, y una de ellas, y que nosotros queremos acogerla, es la readecuación del calendario de traspaso. Y que es más bien una reacción, no en los tiempos totales de la implementación, sino que el orden en que los servicios locales entran en función de las situaciones de crisis. Entonces, si hacemos una modificación del calendario en esa dirección para mejorar la implementación de la política pública, eso quiere decir que tendríamos que el fisco financiar el 100% de los bonos compensatorios de todos los territorios. Lo que se haga esa modificación creo que sería muy oneroso para el Estado, toda vez que lo que está buscando es una mejora, un mejoramiento de la implementación de la política pública que ha sido impulsado y acordado además con el propio Senado. Es lo que puedo señalar respecto a cada uno de los puntos, Presidente. Levanta. Perdón, perdón. Más que por esa formalidad que a mí no me importa mucho, son los tiempos. La sesión no se ha prorrogado y está cumplida la hora. Entonces, sí, si hay una consulta breve... ¿A quienes no traspasaron en esta oportunidad? Para dejarlo claro. Fue en septiembre el aviso. La discusión respecto a los que están con el traspaso para el 1 de enero del próximo año se debe dar en el marco de la discusión del presupuesto o del reajuste del sector público. En este caso estamos hablando de la regla general y permanente que va a quedar para adelante. De hecho, si se convierte en ley, va a ser bastante después del traspaso del 1 de enero del 2025. Le hemos dado el mayor tiempo que hemos podido a este tema que originalmente no estaba en la tabla del día de hoy, pero nos parecía que merecía esto y vamos a estar muy pendientes como comisión también de lo que va a ser el informe que se entrega en junio próximo. Esperemos que estén todos los mismos integrantes de esta instancia. Sea por levantar la sesión.