Senado · Economía

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor Secretario, ¿tenemos cuenta? Así es, Presidente, gracias. Corresponde informar a la comisión sobre distintas solicitudes en relación al proyecto de ley entabla, el que establece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Son del Presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, y también del señor Jerko Campillay, abogado de la Universidad de Chile. Presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino y Jerko Campillay, para el proyecto de permisología, que se han invitado en una futura sesión o al seminario. Voy a hacer un comentario sobre eso, antes de saludar a los invitados, pero para dar respuesta a la cuenta. Nosotros esperamos poder hacer dos seminarios para poder tramitar lo más rápido posible la ley de autorización de permisos sectoriales. Y la idea es que los seminarios, en el fondo, sean asimilables a tres o cuatro sesiones. Es una forma también de avanzar las sesiones más rápido, por lo menos para poder escuchar a toda la gente que nos está pidiendo especialmente darnos la opinión. El primero lo vamos a hacer el día 9 de diciembre, de 9 de la mañana a 13:30 horas en el Senado, y muy probablemente el lunes en Santiago, de 9 a 13:30 horas. Probablemente vamos a hacer otro, quizás va a ser el 16, vamos a ver la fecha, pero la idea es poder maximizar en esos momentos la cantidad de información que recibe la Comisión para efectos de, ojalá terminados estos seminarios, ya ir empezando a poder tomar decisiones, por lo menos ya con toda la información sobre la mesa. En el caso del seminario del día 9 de diciembre, vamos a invitar a la Cámara Chilena de la Construcción, temas inmobiliarios, vamos a hablar también de minería, ahí vamos a dar respuesta a las peticiones que se están haciendo, y el tema de pequeñas empresas. Para en el siguiente ver temas de otras industrias, como energía desaladora, forestal, agricultura, y otras materias que puedan quedarse. También a petición del senador Piu, estamos viendo la posibilidad de hacer alguna sesión de tipo inversa, o sea, verlo desde el punto de vista de algunos permisos específicos que tienen relaciones con muchas industrias, y ver cómo la Comisión se empapa de la información respecto a ese permiso en particular, para verlo desde el fondo de las dos ópticas. Esta es la forma que hemos diseñado para poder avanzar lo más rápido posible, especialmente de que este mes hemos tenido algunas... Este mes y el mes pasado tuvimos algunas, no sé si dificultades, pero con elecciones, semanas distritales y ley de presupuesto, nos ha obligado a parar algunas sesiones que pudimos haber hecho los días lunes en especial, y quizás, entiendo que los próximos dos martes no vamos a poder hacer sesión, ¿no es cierto? Ninguno de los dos próximos martes, y los próximos no es tampoco, porque también tenemos... La próxima semana. La próxima semana tenemos... No ha hecho la previsión, porque son tres días seguidos. Claro. Cuatro. Claro. Incluso el jueves. Bueno, pero esa es la forma que la Comisión está tratando de avanzar lo más rápido posible con este proyecto, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un buen proyecto, que por supuesto puede tener algunas mejoras, que vamos a ir discutiendo, que hemos ya conversado con esta Comisión, pero que es un proyecto que nosotros por lo menos queremos avanzar lo más rápido posible. Bien, vamos a saludar a los invitados. Como siempre, el ministro, señor Nicolás Graup, muchas gracias por estar acá con nosotros. La señora Valeria Donoso, ¿no es cierto? Que nos está acompañando el día de hoy. Saludamos a don Alfredo Echavarría. No sé por qué lo tiene sentado ahí atrás, si no se quiere... ¿Por qué? No, no, no, sí. No. Es practicado. Claro, no, no, no. Sí. Gracias, señor. No sé en base a qué lo dejaron atrás, pero bueno. Preferimos tenerlo acá para poder ir conversando. La señora Beatriz Silva también, ¿no es cierto? Saludamos también al presidente de la CPC, don Ricardo Meo, que nos acompaña. Muchas gracias por estar acá. Con la señora también Paulina Riquelme. Y el director de Políticas Públicas, el señor Javier Irarrázabal. Y, por cierto, vamos también a escuchar lo que quedó de la presentación, que fue una muy interesante exposición la semana pasada del profesor e investigador don Luis García Huidobro. Así que, si le parece, profesor, vamos a partir con sus propuestas. Directo al grano, porque la verdad que fue muy interesante su presentación y todos la hemos podido ver de nuevo. Pero nos interesaría que usted nos pueda exponer las propuestas que tenía al final que no alcanzamos a ver. Y después, entonces, les pedimos a la Cámara Chilena de la Construcción y la CPC que nos den su opinión. Profesor, muchas gracias, señor Presidente, señores Senadores. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su paciencia de seguir escuchando. Como bien dijo el Presidente, al grano. Ya discutimos evaluación, el diseño propuesto por el Ministerio de Economía, ciertas evaluaciones del proyecto de ley y ahora algunas propuestas, las centrales para mejorarlo. Pero reitero lo ya dicho, que todas estas propuestas van en la línea de mejorar un proyecto que ya es un muy buen primer paso. Lo primero, en la línea de lo que ya habíamos dicho, es que el proyecto es un avance en sistematizar el sistema de permisología, pero no avanza lo suficiente en simplificarlo. Y en ese sentido uno podría ver que paradigmas que le sirvieron como modelos de referencia a la elaboración del proyecto de ley, como por ejemplo la ley 17 del 2019 de España o cuerpos legales similares como el decreto 92 de Portugal, ellos sí establecen un paradigma que es distinto al de nuestro proyecto de ley, que es comenzar con una cláusula de libertad general económica. Esto es importante porque, más allá de lo que exista en materia legal, la práctica administrativa chilena hoy día opera como si el permiso fuera una regla general, donde se está levantando una prohibición, cuando realmente, en términos de dogmática jurídica, los permisos son excepciones a levantar una habilitación para desarrollar una actividad cuando el riesgo así lo suponga. Eso hoy día en la práctica no opera. Y por eso, para evitar esa inercia institucional de que los permisos operen como una regla general, otros países, por ejemplo España, han establecido que su legislación equivalente a la ley de permisos sectoriales comience con una cláusula de libertad económica que además sería concordante en nuestro país con el artículo 19 número 21 que establece la libertad a desarrollar actividades económicas. Esto es importante no por simplemente consideraciones academicistas, sino porque una formulación como esta tendría una serie de implicancias prácticas cuando uno interpreta, por ejemplo, la ley, cuando uno se aproxima a cómo las autoridades deben dar la aplicación. Así, por ejemplo, les pongo el caso de la ley española, que cuando aplica el triple test lo hace entendiendo que los permisos son, uno, excepcionales; dos, hay que cumplir requisitos para poder establecerlos; y no como ofrece el proyecto de ley que efectivamente sistematiza, y es una gran labor ahí, pero no los trata como si fueran una categoría excepcional a lo que sería la regla general que es no establecer permisos. La segunda propuesta, a partir de lo que ya les dije la semana pasada, es revisar algunas exclusiones y soluciones específicas que propone el proyecto. En términos de las exclusiones, por ejemplo, lo conversábamos, lo mencionaba la SOFOFA, en materia, por ejemplo, de las concesiones o permisos que entrega la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Efectivamente, hay muchas que involucran la seguridad nacional, pero hay otras en donde ello no ocurre; las concesiones menores son un buen ejemplo de ello. En segundo lugar, las soluciones ad hoc, y en esto quiero repetir lo que dije la semana pasada. El último título del proyecto de ley establece intervenciones y reformas legales que son bastante sofisticadas y se nota que están muy bien pensadas, pero ellas establecen una serie de reformas específicas que uno podría preguntarse si es que no sería mejor que muchas de esas normas que se repiten a lo largo de los cuerpos legales que se intervienen podrían pasar a un título genérico. [00:10:00] Es que regule como título especial ciertos regímenes especiales no regidos por las disposiciones generales. Uno ahí, por ejemplo, puede ver que muchas de las propuestas que se establecen en ese último título octavo como los regímenes con entidades colaboradoras son muy similares. ¿Por qué no hay establecer un título con reglas genéricas para ellas? Es una posibilidad. Tercero, la delimitación de la clasificación de permisos. Yo podría revisar, algo ya mencionaba la semana pasada, si sería bueno llevar a la ley esa clasificación o al menos tratar de establecer ciertas delimitaciones. Hoy día el proyecto de ley como está entrega al Ministerio de Economía la clasificación inicial que va a ser por vía reglamentaria, y de nuevo, no que era, pero imagínense que el Ministro Grau no sigue en el Ministerio, el decreto se atrasa, ojalá que no pase, Ministro, no se preocupe. No, no, yo soy un fan, yo lo apoyo plenamente en este proyecto, así que Dios no quiera. Pero imagínense que hubiese cualquier cambio, el proyecto se demora, nada obligaría a la implementación del proyecto de ley a futuro tener que cumplir con las categorías que el Ministerio ha transparentado desde el inicio de esta tramitación. Y por eso no es tan bonito en términos de técnica legislativa, pero tal vez sería bueno establecer una delimitación que permita al proyecto facilitar y evitar cambios sobre la marcha. Y eso se puede hacer a través de una disposición transitoria. Cuarto, la oficina de autorizaciones sectoriales e inversión. Ahí, ya lo habíamos mencionado un poco, hay dos propuestas que nosotros presentamos. La primera es delimitar con mayor precisión su mandato, centrándose específicamente en gestión de permisos, la estandarización de procedimientos para el otorgamiento de permiso, y la administración del régimen de actividades priorizadas. Ahí uno ve que si bien las competencias están delimitadas, creo que en el artículo 42 o 44, ellas no tienen, por así decirlo, dientes o les falta avanzar. Ejemplos de ello puede ser que la estandarización, las competencias que tiene para estandarizar los procedimientos en la oficina, existen, hoy día están en el 42, número 4 y 9 del proyecto de ley, pero uno podría revisar la redacción del artículo para efectos de darle cierta vinculatoriedad general a las potestades de estandarización para efectos de unificar los procedimientos. Y en ese sentido, algunos de los ejemplos que podrían darse de cuáles son los modelos que uno podría considerar, es la dictación de instrucciones de carácter general, como por ejemplo la Dirección de Servicio Civil. Donde respecto a los procedimientos donde ella intervenga, ellos sí pueden dictar directrices con forma más o menos vinculante. También fortalecer las capacidades de monitoreo que tiene la oficina, donde si bien de nuevo existen, en el 42.10, y se van a poder realizar a través de la plataforma super, uno sí podría establecer lo que en teoría regulatoria se llama como atribuciones de police patroller, que no simplemente sea de supervigilancia, sino que además pueda adoptar medidas o proponer en términos de la evaluación propositiva de cambios. Eso está en el proyecto y es bueno que así esté, de hecho existe, por ejemplo, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por lo tanto esa norma es bastante conveniente que se mantenga, porque si ellos van a administrar el sistema, ellos van a tener una visión general de cómo está funcionando el sistema de permisología, y es bueno que así sea. Y lo último respecto de sus labores, es que esta oficina tiene que tener una identidad institucional bastante clara, y una forma que otros países han logrado tener una identidad proactiva para tratar de fortalecer la innovación en el servicio público, la gestión pública, perdón, en esta materia, más allá de centrarse en sanciones, es en ofrecer zanahorias. Y aquí existen distintas formas de poder lograrlo. Una labor es, por ejemplo, el caso norteamericano del Federal Permitting Improvement Steering Council, que tiene a su disposición una cantidad de dinero más o menos elevada que le permite, por ejemplo, celebrar convenios de colaboración con servicios que están pasando por dificultades en gestión, desarrollar labores de apoyo, y así la oficina que está a cargo hoy día de tratar de mejorar el sistema, tiene una herramienta que es bastante más atractiva que la aplicación de sanciones, y que en otros países ha probado ser bastante más conveniente para mejorar el funcionamiento del sistema. Un segundo elemento es, a propósito de la solicitud que algunos senadores nos hacían al final de la sesión, es revisar el modelo de gobernanza de la jefatura del servicio. Pareciera ya estar zanjada la discusión que no vamos a estar ante un ente autónomo, pero eso no significa que algunos de los senadores tenían la preocupación de cómo acercar esta institución al centro del gobierno, que sobre todo si ejerce labores de supervisión regulatoria podría ser algo importante acercarlo al Presidente de la República. Ahí se pueden revisar distintas fórmulas posibles, pero una tal vez que podrían considerar es, por ejemplo, algo equivalente a la Dirección de Educación Pública del Mineduc, donde si bien eso está materialmente instalado adentro del Ministerio, es un cargo de designación presidencial previo sistema ADP de concurso, lo cual se acerca un poco más al fortalecimiento de la autoridad presidencial. Y además, para efectos de su protección, si bien sí está siendo un servicio público centralizado, no autónomo, esta figura ofrece la gracia que primero tiene un convenio de desempeño ADP como posibilidad de remoción, y dos, además, tiene un periodo fijo y no está sujeto a un nombramiento, por ejemplo, presidencial. Son tres años renovables por otros tres, lo que le permite dar cierta continuidad al servicio. La figura hoy día es verdad que es un cargo ADP, pero, si mal no recuerdo, no tiene un mandato en términos de periodo. Sobre las actividades y proyectos, para ir casi cerrando, actividades o proyectos priorizados, esta es una materia a propósito de lo que yo les decía la semana pasada, que uno tiene que ver no solo cómo solucionamos nuestros problemas, sino que tenemos que ver lo que están haciendo los otros países latinoamericanos. Y esto es fundamental al evaluar lo que el proyecto nos propone. ¿Por qué? Porque esta es, tal vez, una de las partes más conservadoras del proyecto. En el sentido que lo primero que uno debería hacer es fortalecer las competencias y las capacidades institucionales de la oficina en términos de gestión de permisos. Eso, obviamente, no es tan fácil, el Ministro, al menos en varias de sus presentaciones, ha señalado que ha considerado estos casos, pero la oficina debería tener una mayor capacidad de disuasión en la línea con estas atribuciones de police patrolling para hacer avanzar la máquina. Y lo más importante es en los beneficios que existen para acogerse al programa. Los beneficios hoy día son extremadamente conservadores y uno debería, tal vez, aquí en línea con lo que están haciendo otros países, avanzar en un modelo mucho más ambicioso de beneficios que incentiven a acogerse al sistema y establecer un sistema de fast track, y aquí, perdón, que me meta en otro proyecto, que además involucre evaluación ambiental o que al menos permitan ir en la línea. ¿Esto por qué? Lo primero es porque el beneficio que ofrece el proyecto de ley a las inversiones priorizadas es algo que, en mayor o menor medida, ya existe en la legislación. Si uno ve, por ejemplo, el procedimiento de urgencia de la ley de procedimiento administrativo del artículo 63, tiene el mismo beneficio, disminuirá la mitad de los plazos. En materia ambiental, con supuestos más restringidos, también hay un procedimiento similar, artículo 15 de la ley, si no me falla la memoria. Entonces, ¿cuál es el incentivo real de acogerse a un programa que es concursable? Si es que ese va a ser mi único beneficio cuando en Argentina, cuando en Brasil me están ofreciendo invariabilidad tributaria, invariabilidad regulatoria, tener una única contraparte frente al Estado, eso obviamente no va a tener un efecto de atraer capitales extranjeros ni generar a Chile incentivos de ser un polo de atracción. Y en ese sentido, como modelo a considerar, uno puede ver, referencia a mayo del año pasado, el llamado RIGE argentino, que es el régimen de incentivos para las inversiones, para las grandes inversiones. Y nosotros con los profesores Edicio Carrasco y José Francisco García, proponemos en una publicación que encantado se las compartimos, un modelo de fast track para inversiones priorizadas que involucre dos instancias. Primero, una para determinar si es o no una inversión priorizable. Segundo, para determinar en una segunda instancia inmediatamente cuáles son todos los requisitos que le vamos a pedir a esa inversión. Eso lo podemos discutir en sus preguntas. Lo tercero sobre inversiones o actividades priorizadas es eliminar la participación del Comité de Subsecretarios en la calificación de la priorización y entregarlo a instancias técnicas. Sobre todo si vamos a avanzar en modelos más agresivos de beneficios. Muchos modelos de esta naturaleza evitan la intervención política por los incentivos que esto puede generar. [00:20:00] Puede generar y por lo tanto normalmente para determinar quién se queda o no con los beneficios, eso queda entregado a instancias técnicas. Lo que no supone que el Comité de Subsecretarios sí puede cumplir un rol estratégico en la elaboración y aprobación de las bases del concurso para determinar que éstas estén alineadas con el programa y las prioridades del gobierno de turno. Pero ejemplos como Brasil, bajo la administración del Partido de los Trabajadores, muestran los peligros que tiene entregar este tipo de beneficios a instancias políticas. Y lo último, pero no menos importante, es que en actividades o proyectos priorizados establecen mecanismos alternativos de resolución de controversia. Uno de los problemas que tiene la permisología es justamente en algunas materias la alta litigiosidad que produce, especialmente en materia ambiental, pero también en otras materias como telecomunicaciones, por ejemplo. Y por ello, tal vez respecto de estas actividades, uno podría revisar, buscar fórmulas arbitrales de arbitraje internacional, o si es que no se quiere recurrir a eso, paneles técnicos como el que existe en obra pública, en electricidad, el panel de expertos en materia de transportes, etcétera. La evaluación de solicitudes por entidades colaboradoras es una herramienta muy útil cuando los servicios tienen problemas puntuales en la administración o la gestión de permisos. El proyecto propone una visión bastante descentralizada de lo que cada marco regulatorio puede hacer y el valor que le asigna a contratar entidades colaboradoras, cuando la verdad uno debería decir que respecto sobre todo para los privados, no hay mayores incentivos a recurrir a la preevaluación del proyecto antes de presentarlo, si no me van a ofrecer garantías que eso me va a permitir mejorar nuestros plazos, etcétera. Entonces, ahí la propuesta es que no funcione como ventanilla; no significa que si un profesional técnico me lo evalúa, listo, se aprueba. Pero ahí, por ejemplo, uno sí podría buscar fórmulas alternativas, como que la evaluación previa de un proyecto antes de presentarlo funcione como una presunción simplemente legal que un servicio público puede desvirtuar fundadamente al rechazar un permiso. Esa es una fórmula para incentivar que la mayoría de las solicitudes ya vengan revisadas y así uno descomprime mucho la carga de trabajo del órgano sectorial. En séptimo y penúltimo lugar, creo que se deben crear fórmulas de invariabilidad regulatorias para permisos de mayor complejidad. Los permisos de menor complejidad no tienen el problema de cuál es el estatuto jurídico aplicable, pero cuando nos enfrentamos a permisos más complejos, uno ve que los cambios regulatorios sí pueden afectarlos seriamente. Y por eso hay casos equivalentes en el ordenamiento jurídico donde se ofrece un beneficio de esta naturaleza, como en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto del Certificado de Informaciones Previas. Por lo tanto, uno puede preguntarse respecto de los permisos que están identificados como de mayor complejidad; uno no podría darles un beneficio similar al que existe, por ejemplo, en materia de urbanismo. Octavo, es evaluar, a propósito de lo que ustedes han escuchado en otras presentaciones, el establecimiento de sanciones disciplinarias en caso de incumplimientos de plazo y avanzar agresivamente en fórmulas de silencio positivo. Esto probablemente es una mala idea, primero porque las restricciones institucionales que hoy día existen con la Contraloría hacen que muchas de esas fórmulas produzcan más problemas que soluciones. Si uno sanciona a un funcionario por incumplir un plazo, la Contraloría puede intervenir y redibujar los estándares de conducta que se esperan de los funcionarios. La Contraloría ya ha dicho que el silencio administrativo no es obligatorio o vinculante como lo entendemos tradicionalmente para los funcionarios, como el ejemplo de la Ley de Bosque Nativo ilustra. Y además genera el problema de la impugnación judicial. Cuando yo opero, sobre todo en problemas de permisos complejos, opera el silencio positivo y, igualmente, no voy a tener un marco o ciertas condiciones de ejercicio de dicho permiso, lo que genera una incertidumbre bastante alta. Y por lo tanto, yo como privado, muchas veces, aun cuando opera el silencio administrativo, prefiero esperar que un servicio dicte una resolución para que me establezca las condiciones. Y por eso, en línea con lo que ha dicho el Ministro, tal vez sería mejor buscar la alternativa de avanzar en indicadores de resultado como PNG y fórmulas que vayan de esa línea. Y ahora sí que sí, último, es algo que ya conversamos la semana pasada, la solución al alto stock de solicitudes pendientes en varios servicios. Para no comprometer la implementación de la ley, uno tiene que hacerse cargo de todos los permisos que están pendientes antes de que entren en vigencia, porque de lo contrario, la implementación de la ley respecto de esos servicios se va a ver retrasada, se va a ver comprometida, y eso es algo que cuando uno implementa leyes lo sabe; las implementaciones no son uniformes, dependen de cada servicio. Entonces, para evitar que se comprometa la implementación en esos servicios, uno debería establecer, por ejemplo, siguiendo el modelo norteamericano de las llamadas "Sunset Clauses", disposiciones transitorias que establezcan regímenes, por ejemplo, de contratación de funcionarios, de establecimiento de ciertas métricas, para que esos servicios en un plazo delimitado puedan solucionar ese problema. Y dos temas que quedan pendientes de esta reforma, que es qué hacer con la supervisión regulatoria en materia de permisos, que es algo que difícilmente este proyecto podría abordar. Una cosa es la gestión y otra es la política regulatoria del Estado. Avanzar en la línea con los permisos es centrarse muy especialmente en la instancia ex post, después de que los permisos ya fueron dictados. Pero la administración de las cargas regulatorias antes que se dictan, se promulgan nuevos permisos, se dictan regulaciones, es algo que queda vacío, como no es un vacío del proyecto porque no está en su énfasis. Para evitar el problema de la tramitología, uno tiene que hacerse cargo de esto y es una cuestión que va a quedar pendiente de este proyecto. Y lo segundo es que también una cuestión pendiente que queda del proyecto. Lo conversamos la semana pasada. Es que para avanzar realmente en forma estructural es inevitable una reforma a los reguladores sectoriales. El proyecto de ley es bastante honesto en eso. Avanzar agresivamente en alternativas a los permisos supone cambiar el paradigma de cómo funciona el Estado. El Estado, cuando tiene que administrar permisos, tiene habilidades evaluativas de permisos. Cambiar el paradigma supone avanzar en un modelo de fiscalización que muchos servicios, muy importantes, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la DGA, tienen serias limitaciones de fiscalización. Y por lo tanto, avanzar en la línea de lo que pretende el proyecto, y avanza bastante, supone también hacerse cargo de eso en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Les propongo a los senadores que escuchemos las dos presentaciones y al final hacemos las preguntas, especialmente para que no nos pase lo mismo que la vez pasada. Así que le agradecemos al profesor don Luis García del Centro de Estudios Públicos y le ofrecemos la palabra al representante don Ricardo Mewes de la CPC, o no sé quién va a hablar ahí, o la señora Paulina Riquelme, o Javier Irarrázaval. Don Ricardo, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Saludar por su intermedio a las honorables senadoras y senadores, y al señor Ministro. La idea de esta presentación es dividirla en tres, en conjunto con Paulina Riquelme y Javier Irarrázaval. Primero, un poco de contexto, porque no muchas veces es claro quién es la CPC. La CPC es la Confederación de la Producción y del Comercio, y es el gremio empresarial chileno que agrupa fundamentalmente a los principales sectores productivos: agricultura, comercio, minería, industria, construcción y la banca. Pero esto es a nivel nacional, y también siempre se presenta como los grandes empresarios, y la verdad es que a nivel país, y esto se da una máxima que es... El 80-20 también está presente en los gremios productivos de la Confederación. Y por cierto que parte de nuestro propósito es la construcción de buenas políticas públicas, y por eso es que nos interesaba mucho también participar en este debate, porque creemos que es tremendamente importante. [00:30:00] Que en este proyecto en particular lo encontramos como una iniciativa necesaria y valorable poder dar nuestra opinión. La medida viene de un diagnóstico que compartimos y creemos que apunta en la dirección correcta. Es un paso muy importante para recuperar la inversión, el crecimiento y la capacidad de generar empleo. Y dado también los últimos indicadores económicos, se presenta como una oportunidad importante y por eso es que también queremos, ojalá que, dado lo que usted señalaba, Presidente, con estos dos seminarios, apurar al máximo su tramitación. Yo creo y desde la CPC pensamos que es tremendamente relevante apurar el tranco porque Chile necesita mayor inversión, necesita destrabar proyectos y necesita generar crecimiento económico porque tenemos tasas de desempleo que son importantes y en ese sentido el país necesita crecer. Y desde ahí podemos ver un gráfico que muestra cuál ha sido entre el año 2000 y el 2009 la variación del promedio de la inversión, lo mismo que el 2010 al 2019 y el 2020 al 2025, y entonces nos preocupan esas tasas que ahí aparecen. Por lo tanto, creemos que este esfuerzo inédito también de trabajo prelegislativo que hemos tenido con el propio Ministro, de crear también un sistema lo más articulado posible, por eso valoramos esta iniciativa porque creemos que es sumamente necesaria y va en el camino correcto. Dicho eso y entrando en materias técnicas por su intermedio, Presidente, me gustaría pasarle la palabra a Paulina Riquelme. Muchas gracias, también por la oportunidad de poder presentar en esta Comisión ante ustedes. Es una iniciativa necesaria y valorable y desde el punto de vista práctico, un proyecto de inversión para materializarse requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y obtener un universo de permisos ambientales sectoriales y permisos sectoriales. En ese contexto, hay que tener en cuenta que un proyecto de inversión requiere permisos en el universo, dependiendo del tipo de proyecto, alrededor de 50 hasta 400, dependiendo de la complejidad del proyecto. Ahora, además de los plazos de tramitación, se ha aumentado considerablemente la complejidad para poder elaborar la carpeta de permiso y el costo de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y de obtener los permisos sectoriales. Nosotros hablamos como en este iceberg invertido de una etapa visible que es lo que se ve cuando se presenta el proyecto a evaluación ambiental o se presenta la carpeta del permiso a la tramitación sectorial. Eso es lo que se ve. Sin embargo, hay una etapa invisible que debe considerar los tiempos de preparación del documento, ya sea para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o para poder preparar la carpeta de los permisos, y eso tiene además costos que se han incrementado, triplicado incluso dependiendo del tipo de permiso. Solo a modo de ejemplo, en esta línea de tiempo, lo que tratamos de ver es que en este iceberg hay una etapa que es la que vemos cuando se ingresa el permiso. En el caso de la tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, la tramitación promedio de una declaración de impacto ambiental hoy día va desde los 12 a los 18 meses. En el caso de un estudio de impacto ambiental, desde los 24 a los 36 meses. Si estamos hablando de permisos en sede sectorial, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental, la tramitación de los permisos va del orden de los 6 meses a los 4 años de tramitación o más. Los permisos de la DGA están siempre en el orden de los 4 o 5 años de tramitación. Eso es lo que vemos. Lo que no vemos es la preparación de una declaración de impacto ambiental que son 8 a 12 meses. En el caso de una IA, de 12 a 22 meses antes del ingreso, y los tiempos de preparación de las carpetas de los permisos sectoriales van desde el orden de los 4 a los 10 meses, dependiendo de la complejidad del permiso. Entonces, si nosotros en esta línea de tiempo podemos sumar el tiempo que requerimos para poder preparar y poder ejecutar un proyecto de inversión, tenemos la etapa invisibilizada que va desde los 6 a los 22 meses. La tramitación en el sistema para poder obtener la Resolución de Calificación Ambiental, o sea, tenemos que sumarle 12 en el mejor de los casos o 36 meses en el peor de los casos. Después de eso, sumar la preparación de la carpeta del permiso sectorial que es del orden de los 4 a los 10 meses y después de eso sumar la tramitación sectorial propiamente tal que es del orden de los 6 meses a los 4 años para recién pensar en que el proyecto tiene la Resolución de Calificación Ambiental y los permisos para implementar el proyecto de inversión. Entonces, vemos que el tiempo en lo mínimo total es de alrededor de 24 a 36 meses a 108 meses en el máximo. Y en el tema de los costos, también es muy relevante visibilizarlo porque ha aumentado los costos de ingreso en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En el 2020, el costo de elaboración de una declaración de impacto ambiental era alrededor de 3.400 unidades de fomento. Hoy día, el costo de una declaración de impacto ambiental es alrededor de 7.800 unidades de fomento. ¿Por qué? Porque desde el año 2022 en adelante se han publicado por parte del CEA una cantidad de guías y documentos criterios que exigen estudios y que han triplicado el costo de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y eso es importante tenerlo en el radar. Por ejemplo, en 2022, 2023 y 2024 se han publicado 43 nuevos documentos con guías y documentos criterios del CEA. También se ha complejizado la elaboración de la carpeta del permiso. Para yo poder solicitar un permiso sectorial, tengo que elaborar una carpeta con análisis y estudios. Y la elaboración de esa carpeta, en lo bajo, por ejemplo, un permiso de GA, de obra hidráulica mayor pero de menor complejidad, desde 750 unidades de fomento. En el caso de un permiso CERNAGIOMIN para un proyecto de mediana minería, un permiso, desde 500 unidades de fomento, un permiso un poquito más complejo como el permiso de cierre, de plan de cierre, del orden de 1.000 a 1.200 unidades de fomento para un proyecto de mediana minería. Los proyectos de gran minería, esos costos son mucho más elevados. Entonces, lo importante aquí es mirar la película global. Es cuánto se ha complejizado el poder obtener la licencia ambiental o los permisos para tramitar el proyecto de inversión y también los plazos. Y la complejidad porque no necesariamente los requerimientos para obtener el permiso, que son los requerimientos técnicos, son adecuados a la magnitud del proyecto. Entonces, tiene que ver con la carga regulatoria que esos permisos sectoriales exigen. Y ahí comentarles que la OCDE tiene un documento de recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria que es del 2012, con un reporte de avance del 2019, y recomienda a la OCDE que los gobiernos deben desarrollar, especialmente los países miembros de la OCDE, Chile es miembro de la OCDE, deben desarrollar programas para reducir los costos administrativos y el cumplimiento de la regulación sin poner en riesgo los objetivos regulatorios legítimos. Y eso es muy importante conocer la práctica de lo que implica el poder desarrollar un proyecto de inversión. Para desarrollar un proyecto de inversión, hoy día un proyecto de mediana minería requiere del orden de 12.000 unidades de fomento y un tiempo de tramitación de 36 meses para poder pensar en los permisos. Y esto sin pensar en la exigencia de estudio y análisis adicionales que pueden determinar mayores costos. Entonces, eso es lo que quería comentar. Y paso entonces a Javier que nos va a hablar sobre... Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. [00:40:00] La certeza de cara al titular del proyecto. En cuarto lugar, destacar el silencio administrativo, tanto el positivo como el intermedio, aunque el positivo probablemente lo van a utilizar más pequeños proyectos, pensando que los grandes proyectos en general requieren el mayor grado de certeza, y por tanto es posible que lo usen en menor grado. También destacar el silencio administrativo intermedio, que es el silencio positivo y el silencio administrativo entre órganos sectoriales, lo cual asigna a nuestro juicio correctamente la responsabilidad entre los distintos órganos sectoriales, porque ya no se va a poder utilizar como excusa por parte de un órgano sectorial que está esperando el informe de otro órgano sectorial, y eso creemos que también avanza en una línea positiva. Luego, las figuras profesionales y entidades técnicas colaboradoras, porque obviamente va a descomprimir una parte del trabajo de los órganos sectoriales, porque también sabemos que hay órganos sectoriales que están con mucha carga de trabajo y quizás sin el presupuesto necesario para poder cumplir con los plazos. Después tenemos los límites en solicitud de información complementaria al solicitante y el examen de admisibilidad. Creemos que esto es positivo porque, de hecho, se complementa con el hecho de que en la plataforma se va a poder saber exactamente cuáles son los requisitos de cada permiso de manera transparente y uniforme, y eso también aumenta la certeza para el titular. Penúltimo, la mejora regulatoria. Creemos que los informes de recomendación de mejora regulatoria y los informes de recomendación de las técnicas habilitantes alternativas, con la posibilidad de eliminar autorizaciones, avanzan en la línea correcta. Esto es una cuestión más general, pero todas estas instancias de coordinación y presión entre órganos sectoriales del Estado, de manera transparente, competitiva, y con mayor escrutinio público, destacando también las mesas regionales para el avance de grandes proyectos, entre otros, creemos que son instancias y medidas que en general avanzan de manera positiva y que queríamos destacar. Eso no quita que tengamos algunas sugerencias sobre aspectos que se pueden mejorar. Si bien hay varios, como quizás comentó el CEP previamente, nosotros nos queremos centrar en tres, siendo estos los que tienen que ver con, por un lado, la implementación de la ley y el empoderamiento de la oficina de autorizaciones sectoriales de inversión; en segundo lugar, el mecanismo de priorización de proyectos, que queremos levantar algunas consideraciones; y en tercer lugar, las medidas pro cumplimiento, para que de hecho se cumplan los plazos propuestos por el proyecto de ley. En cuanto a los aspectos por mejorar que tienen que ver con la implementación y con la oficina, hacemos algunas sugerencias. Lo primero es que debiéramos tender a que esta ley, cuando sea ley, surta sus efectos y sus efectos se sientan en la comunidad regulatoria rápidamente. Para agilizar la implementación de la ley, proponemos que se incluya el catálogo de aquellas autorizaciones o permisos sectoriales que ya fueron identificados por el Ministerio de Economía como viables para transformar en técnicas habilitantes alternativas en el articulado de la ley. Esto disminuye incertezas y el tiempo para que la ley produzca sus efectos. De lo contrario, podemos estar esperando por siempre el reglamento y después de que los órganos de la Administración del Estado puedan hacer el ejercicio de determinar qué permisos y autorizaciones, si es que lo estiman pertinentes, se van a transformar en técnicas habilitantes alternativas. Creemos que ahí hay un espacio de mejora para la agilidad en la implementación de la ley. Otra recomendación es acotar el catálogo de exclusiones del artículo cuarto, en particular, tener en especial consideración, por ejemplo, el literal I, que hace referencia genérica a concesiones administrativas y las asimila, las pone en el contexto de que se excluyen las concesiones administrativas y los contratos especiales de operación para el litio. Creemos que el término de concesiones administrativas es demasiado genérico y debiera eliminarse de ese literal. Obviamente entendemos lo de los contratos especiales de operación del litio, pero no nos parece respecto de las concesiones administrativas en general. Respecto al artículo del literal K, especialmente la mención a Directemar, que otorga permisos claves en materia de tramitaciones de proyectos de inversión ubicados en el borde costero, consideramos que en lugar de excluir instituciones, se debieran excluir objetos específicos de protección, por ejemplo, la seguridad nacional. Todos entendemos que es razonable excluir aspectos de seguridad nacional, pero no es razonable excluir a la Directemar porque estaríamos excluyendo permisos y gestiones y diligencias y autorizaciones que ellos deben dar a proyectos de inversión, tanto para la elaboración de líneas de base, por ejemplo, en el medio marino, como para la instalación de proyectos en el borde costero. También pensemos en las desaladoras, por ejemplo, todas que se ubican en el borde costero. Dentro del artículo 6, se refiere a los principios que son aplicables a los órganos sectoriales, particularmente que se van a regir por esta ley, que son los principios de estandarización, facilitación, previsibilidad, proporcionalidad y simplificación administrativa, y a los criterios de evaluación de la calidad regulatoria de las políticas públicas del artículo 62, la costo efectividad, de manera que tanto los procedimientos de autorizaciones sectoriales, como en los procesos de mejora regulatoria, los órganos de la administración del Estado en el cumplimiento de sus objetivos promuevan la protección del bien jurídico que les compete, pero con los menores costos de transacción posibles, tanto para el Estado como para los titulares de proyecto de inversión, sean estos públicos o privados. La costo efectividad es un principio que ya está reconocido en la ley marco del cambio climático, y por lo tanto creemos que es fundamental incorporarlo ya en esta ley y en definitiva el poder implementar recomendaciones que la OCDE hace a los países miembros respecto de gobernanza. En este contexto, vimos el aumento de los costos de los permisos, de la elaboración de las carpetas de los permisos, y el principio costo efectividad permitiría mirar cómo esos aumentos en los costos son o no razonables considerando el bien jurídico que se quiere proteger con el permiso. Por otra parte, consideramos que la redacción del artículo 6 tiene que ser clara y que los principios de la ley 19.880 que aplican a todo procedimiento administrativo les sean aplicables también a todos los permisos y autorizaciones sectoriales regulados por el proyecto de ley y no en subsidio. Que quede absolutamente claro que además de los principios que se establecen en el artículo 6, los principios de la ley 19.880, especialmente los principios de economía procedimental, principio conclusivo, de contradictoria e imparcialidad son aplicables plenamente a estos procedimientos. Finalmente, proponemos dotar a la oficina que se propone en el proyecto de ley de rectoría técnica, del rol de rectoría técnica sobre los otros órganos sectoriales respecto de la implementación de la ley y de los mecanismos y acciones de mejora regulatoria destinadas al cumplimiento de los objetivos de la ley. Eso es cuanto a los aspectos respecto de la implementación de la oficina. El segundo aspecto por mejorar tiene que ver con la priorización de proyectos. En la última sesión, el ministro planteaba que la discusión que tenemos que tener es sobre si, en primer lugar, debiera haber un mecanismo de priorización de proyectos; segundo, quién debiera decidir qué proyectos debieran ser priorizados; y tercero, bajo qué criterios, en la medida que sean criterios objetivos. Y ahí nosotros tenemos algunas consideraciones para estas respuestas. Lo primero, y creemos que es como una condición cero, por así decirlo, tiene que ver con que la primera prioridad de este nuevo sistema de regulación y autorizaciones. [00:50:00] Vectorial debe ser el cumplimiento de los nuevos plazos legales, resguardando por supuesto los objetos de protección. Y esto suena quizás medio obvio, pero consideremos que hoy no estamos cumpliendo los plazos máximos para muchas regulaciones de seis meses, no es cierto, y en algunos otros casos no estamos cumpliendo los tiempos de regulación o los tiempos de los plazos de tramitación para regulaciones sectoriales. Esta ley propone reducirlo en promedio a la mitad o menos. Entonces, también hay que tener en consideración que lo primero es que se cumpla la actual ley y para qué decir la futura ley. Actualmente, muchos permisos, como pongo ahí, no cumplen sus plazos legales, y eso que los permisos actuales y los tiempos actuales son más holgados que los plazos propuestos en el proyecto. Por ello, creemos que un sistema de priorización de proyectos debiera considerarse en la medida que esta ley vaya entrando en régimen y siempre cumpliendo los plazos legales para los demás proyectos. Eso nos parece esencial. ¿Por qué? Porque en el fondo es complejo el priorizar algunos proyectos y darles este beneficio de que su tiempo de tramitación se va a reducir a la mitad, cuando para la otra gran mayoría de proyectos no estamos ni siquiera cumpliendo los tiempos legales. Entonces, eso nos parece que quizá es importante tomar en consideración. Ahora bien, en caso de haber una priorización de proyectos o mecanismo de priorización de proyectos, queremos que al menos debe contar con los siguientes criterios. En primer lugar, coherencia regulatoria, y a esto nos referimos, por supuesto, en coordinación de este proyecto de ley con el proyecto de ley de institucionalidad ambiental, que ya se refería Seba hace un par de minutos atrás, y que tiene que ver con que tiene que haber un mecanismo único de priorización. Si uno como país decide que un proyecto es prioritario, entonces debe serlo en todas sus etapas de tramitación, tanto en la etapa ambiental como en la etapa sectorial. No tendría mucho sentido priorizar en el CIA pero no priorizar en los sectoriales, o bien priorizar en los sectoriales, pero no priorizar en el CIA. Y por tanto, debe ser entonces también decidido, a nuestro juicio, por una única instancia, sea esta una instancia colegiada como el Comité de Subsecretarios, una instancia técnica, o bien incluso una instancia unipersonal. Pero sí debe ser una sola, y por tanto debe estar al inicio de la tramitación del proyecto, en la parte ambiental, ahí es donde se tiene que tomar esa decisión. Y lo segundo, creemos que debe ser un criterio, en caso de establecerlo, un criterio muy amplio, un criterio muy flexible. Nosotros pensamos en algo así como un desarrollo sostenible, y quizás lo pongo entre comillas porque me refiero a que debiera tener algún causal económico, social y o ambiental, no necesariamente cumplir con los tres. Y esto es importante porque, por ejemplo, podría haber un proyecto de infraestructura que quizás no tiene un componente ambiental directo muy relevante, quizás no tiene beneficios ambientales netos, pero aún así podría ser algo que uno quisiera priorizar, como podría ser un puerto o una carretera. O bien puede haber otro proyecto como una línea de transmisión, que quizás cumple con el criterio ambiental, cumple quizás con el criterio económico, incluso el social, pero quizás no cumple con algunos otros criterios que se podrían fijar, como con una serie de criterios establecidos como transferencia tecnológica, o algunos otros que ya está considerando el proyecto de ley. Nosotros creemos que no hay que agrandar la lista de criterios, porque agrandar la lista de criterios implica necesariamente que hay que ponderar cada uno de esos criterios. Y hay algunos proyectos que sin duda van a ser prioritarios, pero quizás van a tener cero ponderación en alguno de esos criterios, y por tanto no va a poder ser prioritario y no va a poder pasar a la segunda etapa. Entonces, de alguna manera, el sistema mismo se estaría amarrando con una camisa de fuerza, y por eso creemos que debería ser un criterio bastante más flexible vía resolución fundada de esta instancia, que decida finalmente cuáles deberían ser aquellos proyectos priorizados, e insisto, siempre y cuando se esté propendiendo a cumplir los nuevos plazos de tramitación para el otro 99% de proyectos que no deberían ser priorizados, porque siempre creemos que los proyectos priorizados, y con esto cierro, deberían ser un puñado de proyectos al año, realmente un par de proyectos estratégicos bien excepcionales. Pasamos ahora al tercer punto. En cuanto a aspectos a mejorar y medidas de cumplimiento, el cumplimiento de plazos requiere una serie de medidas complementarias que en su conjunto deben poner los incentivos correctos. Permitir un acceso abierto y transparente a la tramitación sectorial de los proyectos mediante la plataforma super, pero una plataforma super lo más parecido a la plataforma que hoy día se ocupa para el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es transparente, que permite ver todos los pronunciamientos de todos los servicios y también todos los documentos que agrega el titular del proyecto. Incorporar el cumplimiento de los plazos como un programa de mejoramiento de la gestión (PMG) en todos los servicios a cargo de entregar las autorizaciones con la asesoría de la oficina. Permitir que esta plataforma super pueda recibir reclamos o denuncias de titulares de proyectos que serán sistematizados y presentados ante el Comité de Ministros. Permite también una herramienta de mejora continua y permite dar también input al trabajo de calidad regulatoria que debe realizar la oficina. Establecer que la información respecto del nivel de cumplimiento o atraso de los servicios esté disponible en línea como una medida de escrutinio público. Creemos que esto puede ser bastante positivo para promover la tramitación de proyectos y también para que se pueda conocer dónde están los nudos. Establecer que la oficina de autorizaciones sectoriales e inversión rinda cuentas también ante el Congreso respecto de los programas y de las iniciativas de mejora regulatoria que le competen. En cuanto a las sanciones contempladas, creemos que podrían ser contraproducentes. Tiene pros y contras, un argumento en contra es que puede aumentar los rechazos, pero que también, por otro lado, no se haría cargo directamente de la reducción del plazo. Es decir, si un permiso se atrasa un 100% en el plazo y se baja el retraso en un 50%, se estaría penalizando con la pena máxima sin reconocer el esfuerzo, y creemos que podría haber un incentivo que podría tener en el fondo efecto indeseado. Y por lo tanto es algo que se tiene que analizar. Y pasamos entonces a la última lámina, presidente. Gracias, Julina. En fin, para ir cerrando las preguntas que nos hacemos, es una iniciativa suficiente, claramente es necesaria y urgente acortar los tiempos de los proyectos y claramente sin sacrificar el estándar de evaluación que requiere un esfuerzo permanente y una actualización permanente. Pero también hoy existen principios y reglas establecidas en la ley que sabemos que no se cumplen y nos preguntamos que, por ejemplo, si seis años para un proyecto minero, una desaladora, son tiempos razonables. Y nos comparamos con otros países que sacan los proyectos mucho más rápido que nosotros. Y claramente nosotros debemos pensar en que una vez que este proyecto se apruebe, inmediatamente, algo también decían nuestros amigos del CEP, tenemos que ir a ver incluso si la pertinencia de determinados servicios públicos en los procesos de tramitación ambiental realmente son necesarios. El nuevo sistema para la regulación y evaluación sectorial coordinará el ámbito sectorial de la evaluación de proyectos. Esto es algo que el ministro nos ha planteado, que él ha conversado y sabe que tiene que coordinar a muchos servicios públicos para que el proyecto se cumpla. Él ha conversado y sabe que tiene que coordinar a muchos servicios públicos, que es un muy buen punto de partida para mantener la mejora continua que tiene que también estar en línea con las mejores prácticas. Pero, insisto, el tema del costo efectividad y la pertinencia de cada uno de los servicios públicos es algo que también en el futuro debiera revisarse porque hay muchos servicios intervinientes que quizás no deberían tener esa facultad en función de los permisos que se requieren para determinados proyectos. Eso es, presidente, nuestras consideraciones a este proyecto de ley y le agradecemos mucho por la oportunidad que nos da para emitir estas opiniones. Bueno, la verdad que le agradecemos la excelente exposición, muy completa, muy clara y creo que nos va a servir muchísimo en la tramitación de lo que viene. Así que, muy agradecido también por su presencia y por la presentación. Le damos la palabra ahora, si le parece, señores senadores, a don Alfredo Echavarría y la señora Beatriz Silva de parte de la Cámara Chilena de la Construcción, y después de la presentación entonces hacemos una ronda de preguntas. Don Alfredo tiene la palabra. [01:00:00] Muchas gracias, Presidente, y por supuesto, en medio saludar a las senadoras, a los senadores y al Ministro Grau. Brevemente voy a aprovechar también, siguiendo lo que dijo el Presidente de la CPC, nuestro gremio para entender un poquito quiénes somos. Tenemos 3.000 asociados en la Cámara Chilena de la Construcción, de todos los sectores de la construcción. La gran mayoría son empresas pymes y muy pequeñas. Cerca de un 40% de nuestros asociados son pymes y mini pymes. Otro 50% son empresas chicas y medianas, y solo un 10% son empresas de mediana hacia arriba. Es un gremio muy amplio, con delegaciones y con presencia en todas las regiones de Chile, con CEE, entonces tenemos el pulso del tema regional también bastante cercano. Bueno, no es un secreto para nadie la situación en que estamos en nuestro sector. Estamos con una caída de la actividad muy grande, la inversión en construcción ha estado prácticamente plana los últimos 10 años, y creemos que una parte, no todo, pero una parte de lo que explica eso es este tema que estamos tratando, sobre todo por la inversión extranjera y en grandes proyectos. Y bueno, esto afecta a la economía, al empleo directamente. Hoy día tenemos 90.000 empleos menos que hace tres años, que hace dos años y medio, y tenemos una caída en la inversión, como dije, este año negativa de nuevo. La inversión en construcción, estoy hablando, el año pasado también fue negativa, y los ocho años anteriores prácticamente cero. Quiero destacar algo, si me permite, Presidente, recibimos muchos inversionistas extranjeros que vienen, nos piden audiencia, y cuando les preguntamos qué problemas ven en nuestro país para invertir, yo esperaba de hace tres años que estoy ahí en la Cámara, ahora en cargos directivos, que dijeran la violencia, la incertidumbre política que pasó con los dos procesos constitucionales, o el cambio de gobierno, pero todos indican dos temas: la permisología, los plazos, esta falta de un sistema que permita, incluso perdonando, me da lo mismo que me diga que son seis años, pero que yo sepa que son seis años. Entonces lo incorporo en mis evaluaciones de proyecto y sé si mi proyecto es viable. La desalabora que decía recién el Presidente de la CPC, en realidad las últimas han tomado 9 y 10 años en sacar el permiso. Entonces nos dice que lo principal que ven para poder invertir en Chile, las dificultades que ven, es este tema que estamos trabajando, y lo segundo, lo que viene después, la certeza jurídica. No solo estoy con incertidumbre de cuánto me voy a demorar en sacar el plazo, sino que después lo saco y me voy a ver expuesto a juicio, lo que le está pasando a la empresa noruega, esta start-up en Río Bueno. En fin, lo quiero destacar porque creo que realmente es la médula de lo que va a poder activar la inversión y el crecimiento. Tenemos que trabajar, por supuesto, que hay que trabajar en los otros temas de inseguridad y los otros, pero esto es lo principal. Quiero también destacar una cosa que se ha planteado aquí, lo planteó Javier Irarrázabal de la CPC, que es este contrasentido que aparece en los proyectos actuales que se están tramitando de energía, transmisión y energía, proyectos que van al hueso a cumplir, perdónenme la expresión coloquial, a avanzar en llegar a nuestras metas de reducción de CO2 antes, y de repente quedan trabados un par de años. No es por menospreciar el tema, no es cierto, pero por cosas bastante irrelevantes, o se rechaza una línea de transmisión que tiene que volver a ingresar como la de Itagua y Hualqui, sin mirar el efecto completo. Entonces, proyectos que van a beneficiar el medio ambiente directamente con adelantar, cumplir nuestras metas de reducción de CO2, son detenidos por algo que se puede manejar y obviar, cambiar trazados, en fin, para poder subsanar algunos problemas que, por supuesto, hay que atender. Entonces, ahí hay como un contrasentido muy fuerte que debe haber en otros países, hay en proyectos de este tipo en que cuando el rechazo de alguno de los organismos que tiene que ver se produce, pero los otros lo aprueban. Hay una mirada más amplia arriba que permita ponderar un poco el beneficio para el país de poder hacerlo, viendo cómo mitigar ese efecto, pero no que quede rechazado por una sola entidad, por un solo motivo, por muy lógico que sea. Quiero antes darle la pasada a Beatriz, que dé las explicaciones más de detalle, muchas de las cuales ya se han conversado. Seremos breves en eso, Presidente, valorando el trabajo que hicimos y que hizo usted, Ministro, porque realmente abordar este tema en que todos sabemos que es imposible de resolverlo completo en un periodo de un gobierno, en los cuatro años, revela una visión realmente de más allá del gobierno en turno. Entonces, valoramos eso como Cámara, poderlo abordar porque esperamos, Ministro, que siga hasta el último día usted, pero muy probablemente después, con los reglamentos y con todos los frutos de esto, se van a ver cuando ya no esté el Ministro. Entonces, lo valoramos realmente porque creo que como país, si no miramos eso, de poder ir más allá de los plazos de los gobiernos en todos los temas que requieren esa mirada, es muy, muy difícil avanzar. Así que lo valoramos mucho, esta visión de Estado que es necesaria, y también lo obvio que creo que todos los que estamos aquí lo sentimos así. Es que es una oportunidad, voy a decir, casi histórica. Llevamos años de años, cada vez enfrentando más problemas en esto. Entonces, tenemos la oportunidad de que logremos sacar, ojalá, el mejor proyecto para todos, porque esto va, sin duda, a activar la inversión y ahí en el crecimiento, mayores recaudaciones fiscales, en fin, poder atender todas las necesidades de la sociedad y de la gente. Así que queremos apoyarlo en todo lo que podamos y que salga lo mejor posible. Sin más, Presidente, dejo la palabra a Beatriz Silva, abogada de nuestra Cámara, que va a exponer las cosas de detalle, muchas ya están. Gracias. Muchas gracias, por su intermedio, Presidente, agradecer la oportunidad y como señaló nuestro Presidente, varias cosas ya se han abordado, así que vamos a tratar de ser lo más breves posible. Bueno, nuestra visión en primer lugar viene desde un gremio que le interesa ver efectos de la normativa, ojalá lo antes posible, en su actividad. Entonces, muchas de nuestras observaciones van desde ese punto de vista. Particularmente, creemos que las técnicas habilitantes alternativas, o sea, estas declaraciones juradas o avisos que van a poder reemplazar a los permisos en ciertos casos, son una herramienta que establece el proyecto y que puede ser muy beneficiosa para descomprimir a los servicios y para acelerar algunas autorizaciones intermedias que requieren permisos más grandes. Pero sí vemos la limitación de que esto pudiera verse en la práctica muy limitado en sus efectos, dependiendo de la implementación que va a tener, principalmente porque, como ya se ha señalado, solo aplica a dos clases de autorización y también porque solo en aquellos casos en que el reglamento las considere suficientes para resguardar en forma adecuada los objetos de protección de la norma. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo que vemos? Que estas dos limitaciones, sumado a una lógica a que claramente es lógico esperar que va a haber un comportamiento en principio conservador a adoptar estas técnicas, podría significar que no las aprovechemos como debiera ser. Entonces, ahí nuestra propuesta básicamente es ampliarla y permitir también que la clasificación genérica de otras autorizaciones se pueda someter a las THA, porque de todas formas tiene que considerarse su objeto de protección. Y en segundo lugar, algo en la línea de lo que ya se había señalado, más que exigir a los organismos que justifiquen por qué van a aplicar una técnica, exigirles que justifiquen por qué debiera aplicarse un permiso. Creemos que hay que operar bajo la lógica inversa. Por otra parte, también nos interesa mucho la certeza jurídica, como mencionó nuestro presidente, y en ese sentido creemos que hay cierta falta de claridad respecto de las sanciones por el incumplimiento en la aplicación por parte del titular, en la aplicación de las técnicas habilitantes alternativas. Se establecen sanciones penales, multas, entre otros, pero además es posible que la autoridad revoque la habilitación si es que al fiscalizar detecta la falsedad, omisión o una inexactitud en información que es esencial. Y aquí vemos, es un tema más o menos jurídico, pero básicamente que se usa la palabra revocación que existe hoy en día ya en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo y que se refiere a cuando la autoridad deja sin efecto un acto administrativo por razones de mérito o conveniencia, que no es lo que ocurriría en este caso. Entonces, ahí proponemos revaluar esto, tal vez hablar de la caducidad de la habilitación, que es la pérdida de efecto por no haber cumplido con una condición para su ejercicio. [01:10:00] Por otra parte, creemos que nos parece importante que exista alguna instancia de audiencia, aunque sea mínima, para el titular al que se le va a revocar la habilitación, considerando que, obviamente, esa información esencial, inexactitud, etc., es siempre discutible y esto puede tener un gran impacto para los proyectos. Después, tal como se ha señalado, para que las técnicas habilitantes alternativas empiecen a regir en nuestro sistema y empecemos a ver los efectos, que es lo que nos interesa como gremio, se requieren una serie de pasos previos que, lo mínimo, es que se clasifiquen las autorizaciones y que se modifiquen los distintos reglamentos para establecer qué autorización sectorial puede o no ser sujeto de ella. Estos procesos se podrían dar en paralelo, en teoría, pero son al menos seis meses y eso es siendo generosos, creo yo, porque igual es un proceso complejo. Y aquí, por lo tanto, creemos que no va a ser posible ver tan en lo inmediato como nos gustaría, dada la urgencia, al menos en nuestro sector de la situación, los efectos de estas normas. Y ahí queríamos traer la experiencia que, recientemente, en materia de urbanismo y construcciones, se acaba de aprobar la ley de agilización de permisos de construcción que se inició por moción del diputado Fuenzalida y después fue, también, patrocinada con indicaciones del Ejecutivo. En ese proyecto, también se contempla la posibilidad de las técnicas de habilitación para los permisos que va a establecer la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero, haciendo esta misma observación, se incorporó una norma transitoria que establece que, desde que se publique esa ley, que esperamos que ocurra prontamente, y hasta que se dicten los reglamentos que regulen, específicamente, el tema de las habilitaciones, ya se van a poder presentar, mediante estas declaraciones juradas, una serie de permisos que, básicamente, son las obras preliminares, instalaciones de grúas o calzados, etc., instalación de faena. Entonces, lo que proponemos es, ojalá, creo que aquí se ha hecho un trabajo prelegislativo con varios servicios, entiendo, para detectar qué clase de permisos podrían pasar a esto. Entonces, sería bueno si pudiera haber una disposición transitoria que estableciera, desde ya, algunos como posibles de aplicar, sin esperar el reglamento. Después, en cuanto a las sanciones ante el incumplimiento de los plazos, como Cámara hemos sufrido mucho el tema del incumplimiento de los plazos, nuestros asociados tienen este problema constantemente, y, por lo tanto, creemos que es necesario reforzar su cumplimiento y que se sancione, y creemos que no puede ser que no pase nada si no se cumplen los plazos. Pero, dicho eso, se nos plantean dudas respecto de las sanciones pecuniarias que están establecidas en el proyecto, si realmente van a ser un incentivo adecuado para el cumplimiento de los plazos o pudieran tener un efecto contrario, motivando su rechazo, porque, obviamente, eso permitiría mantener, en teoría, los plazos de cumplimiento. Entonces, en ese sentido, creemos que, tal vez, podría ser un mejor incentivo para el cumplimiento de los plazos avanzar en algo que, hoy en día, no tenemos en nuestro sistema, que es mayor transparencia respecto de los plazos de tramitación y de reportabilidad en los casos de incumplimiento. Hoy en día, por ejemplo, a nivel municipal, de direcciones de obras, no tenemos información de cuánto se demora cada una. La información que se obtiene es muy caso a caso y aislada, y se está trabajando en eso por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero creemos que, como base para cumplir los plazos, se necesita saber cuánto se está demorando cada órgano. Entonces, ahí nuestra propuesta es considerar expresamente que se publiquen en Súper los reportes de cumplimiento que va a elaborar el MINECON respecto de cada servicio y que, ojalá, podamos saber qué servicios están cumpliendo y cuáles no y dónde están los nudos. También que, antes de que se habilite Súper, porque tenemos que recordar que esto igual va a tomar un tiempo, esta plataforma, de todas formas, se publiquen las estadísticas de cumplimiento de plazos que van a tener que reportarse a Contraloría y al MINECON y que los órganos con mayores retrasos tengan que ir a explicar a la autoridad, o sea, la autoridad respectiva de ese órgano tenga que ir a dar cuenta al Congreso o a alguna instancia similar respecto de por qué está teniendo estos atrasos y qué propuestas tiene para mejorarlo. Creemos que, con medidas de transparencia de ese tipo, de repente se puede avanzar más en el cumplimiento que con la sanción como está establecida actualmente. Casi finalmente, en penúltimo lugar, respecto a la priorización, lo primero que queríamos observar es lo que ya se dijo, creo que es la falta de coherencia con la normativa ambiental, los proyectos debieran ser prioritarios para el país y no ante la normativa sectorial o la normativa ambiental y, en ese sentido, creemos que no coinciden las causales de priorización entre ambos y proponemos uniformar y otorgarles los mismos efectos, básicamente que la priorización sea una. Ahí solamente un ejemplo de cuál es la diferencia de causales, básicamente la reforma que pretende fortalecer la institucionalidad ambiental se enfoca más en temas de catástrofe y urgencias, mientras que en materia sectorial estamos viendo más criterios de impacto económico, social, empleo, etc. Luego, en las causales de priorización creemos que hay algunas que son bastante amplias y cuando algo es demasiado amplio pierde sus límites y uno se pregunta si podría caber todo o no, entonces ahí tal vez o se establece una causal amplia, como decían, o se delimitan mejor los límites. No podemos dejar de mencionar que se estén excluyendo las autorizaciones municipales de la posibilidad de priorización, están todavía sujetas al procedimiento de la Ley de base de procedimiento que no se utiliza mucho y que, básicamente, implica que el titular tiene que ir al municipio a pedirle que le dé urgencia a su proyecto y el municipio se puede negar si es que cree que impide eso, el cumplimiento de sus funciones, etc. Hoy en día, de las mayores trabas de permisos están a nivel municipal y es una de las cosas más difíciles de abordar por su heterogeneidad y multiplicidad de órganos, entonces es algo que nos parece importante incluirlo. Y finalmente, respecto de la priorización, son proyectos que se necesitan lo antes posible, los proyectos que vamos a priorizar para el beneficio del país y, en ese sentido, creemos que puede ser un poco contraintuitivo someterlos a un procedimiento de concurso público y con los plazos que están contemplados actualmente en el proyecto de ley, básicamente como que los estamos sometiendo a una tramitación para luego liberarlos en la tramitación. Creemos que tal vez deberíamos buscarse una fórmula más flexible y sí creemos que debiera mantenerse idealmente la decisión en el Comité de subsecretarios. Finalmente, la institucionalidad, sabemos que este es un tema que ya se avanzó de manera importante, pero es algo que dijimos ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que lo queríamos de todas formas dejar presente, que a nosotros nos parecía necesaria la existencia de un órgano autónomo, técnico y especializado como contemplaba el proyecto originalmente, dada la importancia de la materia y lo difícil que es la labor que va a tener que realizar esta nueva oficina. Pero de todas formas, en cualquier caso, creemos que hay que reforzar algunos puntos de la figura, principalmente algo que ya se ha dicho, que no existe una obligación de los órganos en cuanto a responderle a esta oficina, cosa que sí está en la Agencia de Calidad de Políticas Públicas en el proyecto, por ejemplo. Y por otra parte, que la oficina tenga el deber de informar a Contraloría o al Congreso los retrasos importantes, qué órganos están pasando problemas, etc. Creemos que mientras más información se maneje a este respecto, más positivo va a ser. Eso es todo, Presidente. Espero no haber podido ser breve. Presidente, si me permite, solo para cerrar de este último tema de la priorización, solo señalar y recalcar lo que decía Beatriz en el sentido de que incorporar en el plazo del proyecto una etapa previa de un concurso, si bien uno lo entiende, voy a poner dos o tres ejemplos, habría hecho imposible hacer algunas cosas en nuestro país que con el esquema actual que era prioridad presidencial exclusivamente sí se podía hacer. De partida, el edificio donde estamos en este minuto se hizo en 15 meses desde la excavación en las fundaciones, 2000 pilotes, todo lo que se hizo, era absolutamente imposible haberlo hecho con un esquema ni siquiera como el que está propuesto en la ley. La Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos, recientemente, también otro ejemplo, para el Mundial del 2008 que fue durante la presidencia de la Presidenta Bachelet, se hicieron cuatro estadios en ocho meses completos, completos, completos, partiendo de cero. Eso era absolutamente imposible haberlo hecho en otro esquema, ni hablar de las cientos de obras realizadas después de catástrofes. Ahí aplican otras cosas, yo sé, pero hay circunstancias en que el país necesita, por compromisos que toma o por otro motivo, una forma de poder hacerlo si no significa no cumplir con compromisos y con muchas otras cosas. [01:20:00] Otra cosa entonces por eso creemos que, eh, es lógico, suena lógico un concurso para ver cuál es el prioritario y cuál no, pero es un contrasentido introducirle a una cosa que se requiere con urgencia por catástrofe o por otro motivo, introducirle una línea previa. Así que muchas gracias, Presidente. Bueno, muchas gracias también por la excelente presentación, muy clara y también va a ser muy útil para la tramitación. Si podemos prorrogar, vamos a prorrogar la sesión hasta que terminemos, si les parece. Le ofrezco la palabra, señores senadores, senador Pío. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio, agradecer las exposiciones. Coincido con lo que señala Ricardo Mewes respecto a la necesidad y urgencia. Señor Ministro, yo creo que es el tenor. Este proyecto no resuelve todos los problemas. Quiero partir primero con el CEP, agradecerle a Luis Eugenio García-Huidobro por su presentación, su documento de 64 páginas, muy completo. Coincido en que tenemos que pasar de una regulación ex ante a una ex post, pero para eso se necesita un modelo de supervisión regulatoria basada en riesgo, que no tenemos. Y lo primero es definir el riesgo, es algo que ya le dije al Ministro cuando partimos, o sea, ¿cuál es la definición de riesgo? ¿Qué riesgos hay? El riesgo de corrupción existe, bueno, ¿cómo lo tratamos? Entonces partamos viendo cosas concretas que podamos introducir. Lo segundo, me gustaron los ejemplos con Portugal. Portugal se caracteriza por simplificar, o sea, keep it simple, con las S que puede ser lo que ustedes quieran, pero probablemente no va a ser lo que logremos porque eso está en nuestra etapa. Señor Ministro, el Presidente Pedro Sánchez partió de su Ministerio de Economía con personas en su mandato anterior, pero este mandato creó un nuevo Ministerio con una subsecretaría, la Secretaría de Estado dedicada a la transformación de la función pública, o sea, ese es como el paso a continuación de lo que tenemos que hacer ahora. Lo que se busca ahora es establecer una institucionalidad, creo que lo que tenemos que centrarnos es en esa institucionalidad que se ha trabajado bastante, y una plataforma, una plataforma en que va a dar muchas de las certezas que hoy no se saben, que va a estandarizar probablemente dentro de diferentes servicios ciertos criterios, donde todos van a saber, oiga, esto existe, es real, ya está autorizado, que hoy algo tan simple como eso no ocurre. De ahí aparece el nombre de la carpeta, como se señalaba. Bueno, esto es el root digital. El Ministro ya nos ha señalado que vamos a tener un número único para todos los servicios y para todos los sistemas, y esa es una buena medida que nos va a ayudar. En particular, y aquí viene la pregunta, la CEPA habló de esta agencia federal que permitía tener un comité de steering, de gobernanza, y habló de recursos, 350 millones de dólares lo que tiene en estos momentos. Lo estuve revisando, el Congreso autorizado. Podríamos escalar y ver cuánto es lo que debiera tener una autoridad similar, porque sin recursos no van a poder hacer nada. Las prioridades se hacen teniendo recursos para poder decidir qué hacer o no. Y hay criterios que tenemos que establecer. ¿Cuánto nos cuesta lograr que las cosas ocurran? Digámoslo así, a números, muy simple. Esta misma oficina tiene dentro de sus cláusulas la infraestructura crítica, es su prioridad, o sea, ellos tienen claro que agua, electricidad, son cosas esenciales, y por eso tienen destinados los recursos para lograrlo. Entonces ver cómo podemos traer legislación comparada, casos comparados, buenas prácticas, entendiendo que necesitamos avanzar. Yo tuve una reunión, señor Presidente, con el equipo tecnológico digital del Ministro, me dan plena confianza de que lo que vayan a hacer está bien, está basado en interoperabilidad, y eso es certeza jurídica de actos digitales, en integridad, la data tiene que estar encriptada, nadie la puede cambiar, en trazabilidad, saber quién, cuándo ingresó y qué se hizo. Y si ponemos el esfuerzo en eso, vamos a ver un poco más lo que le está pasando al país, y probablemente no sean seis meses, sean mucho menos, si empezamos a poner los incentivos. Los incentivos estoy de acuerdo, y con esto termino, Presidente, los castigos no sirven, pero sí la evaluación, entonces probablemente la evaluación anual de la persona vaya en directa relación, porque estamos todos calificados igual, pero pongamos más el PMG, el acceso a una redistribución mejor porque la productividad ha aumentado. Entonces si buscamos un modelo que tenga esas dos cosas, yo creo que podemos salir mucho mejor. Solo la pregunta al CEP, porque las otras dos posiciones, agradecerle a Alfredo, sea lo mejor en la presidencia, muy claro lo que ha dispuesto, y también como siempre, la CPC con todos sus elementos. Yo creo que vamos a tener que refundir, señor Presidente, en una sola minuta todo lo que nos han puesto para que lo tengamos a la vista cuando tengamos que trabajar las indicaciones. Muchas gracias. Gracias, Senador Pío. Senador Sangüesa. Gracias, Presidente. Bueno, agradecer la exposición, el trabajo técnico que hay detrás de cada exposición, y yo creo que en una definición que han hecho todos los expositores, que esto es una iniciativa que es necesaria y urgente. Y con esa urgencia tenemos que tratarla también en la comisión. Yo me alegro que la generación de estos seminarios va a permitir avanzar más rápido en poder escuchar los diagnósticos. Ya van coincidiendo y también hay algunos temas que en las propuestas también van coincidiendo, y eso yo creo que nos va a permitir avanzar de manera más rápida en el minuto que ya estemos en condiciones con un acuerdo previo, con el Ejecutivo, de manera de poder aprobar en general y comenzar de inmediato la discusión en particular, pero ya teniendo un preacuerdo porque eso permite, digamos, agilizar de mejor manera y no trabar el proyecto cuando se comienza la discusión en particular. Tengo, por su intermedio, Presidente, ayer lo conversamos un poco, tengo algunas dudas, lo planteó el Senador Pío, respecto al soporte técnico, el software que va a tener que soportar todo este proceso. Entonces, Ministro, yo me imagino que eso es algo que ya el Gobierno tiene, digamos, resuelto, visibilizado, y sería bueno que a lo mejor la comisión pudiésemos escucharlo desde el punto de vista técnico, qué va a significar este software, cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus características más específicas, porque es algo que hay que tener a la vista. Estamos hablando de un cambio gigantesco, pero que va a depender de un sistema, es importante conocer el sistema. Y además hay algo muy positivo en el proyecto, que es hablar de mejora continua. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país, que muchas veces se legisla y se deja, y eso queda como el marco por muchos años. Yo creo que aquí si hay algo que tenemos que ir considerando es con esta interoperabilidad que tiene que haber entre diferentes servicios, entre diferentes realidades, porque cuando yo me enfrento, y aquí lo mencionaron en las exposiciones, que tiene que ver con el trabajo de los municipios, de las D.O.M., principalmente, las realidades son brutales. Hay 145 realidades, por lo tanto tenemos que tratar de uniformar y estandarizar en algún minuto, y ahí hay un trabajo que también va a ver que tiene que hacer el Estado, que tiene que ver con esto, por ejemplo, que se está haciendo a través de la digitalización. Hay dos temas que me llamaron la atención, uno que tiene que ver con la incertidumbre en los tiempos, que yo creo que este proyecto lo que va y que buscamos en el fondo, en el mediano plazo, es que exista una certidumbre en los tiempos. Cuando a uno le ha tocado emprender, una de las cosas que más desgasta es el no saber cuánto tiempo se demoran las cosas. El que el sistema no te da. Me acuerdo uno de los negocios que partí, me tocó ir a pedir autorización a Sanidad y en Sanidad me decían que tenía que construir y después ellos me iban a revisar. Entonces yo les decía, pero ¿cómo voy a construir? Si yo me equivoco en algo en la construcción, voy a tener que deshacer y volver a corregir. Después de mucho tiempo y más por un convencimiento a la persona, me autorizaron el plano, yo construí de acuerdo al plano y después me revisaban de acuerdo al plano. Ese tipo de cosas al final genera un desgaste entre el que está partiendo y me refiero principalmente al más chico de repente que le cuesta mucho más poder resolver este tipo de cosas. Y aquí la siguiente consulta. Si por parte del Ejecutivo tenemos claridad en los tiempos que se está demorando cada uno de los actores, porque aquí se dijo algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con cómo voy a corregir... [01:30:00] Para poder reducir los tiempos, para eso tendría que tener un diagnóstico bien específico de cuánto es lo que se demora cada institución y cada actor en el sistema. Entonces, ahí tenemos el ejemplo más clásico que tiene que ver con los municipios para poder ver cuáles serían las medidas de corrección. Y hay otro tema que generó discrepancia que tiene que ver con el Comité de Subsecretarios, porque yo puedo dejar la decisión de priorización en una decisión política que sería el Comité de Subsecretarios, o hacerlo en base a una mesa técnica que me defina la priorización de los proyectos. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno tiene que hacerse cargo de lo que la democracia nos da, y si hay un ejecutivo de turno, también ese ejecutivo tiene ciertas prioridades de objetivo a alcanzar como gobierno. Por lo tanto, para mí la instancia política debiese a lo mejor haber una complementación entre lo técnico y lo político, porque también si yo lo dejo solamente a una decisión técnica, las decisiones técnicas también se basan en algo, no es abstracto. Por lo tanto, creo que ahí hay algo que tenemos que perfeccionar de manera que podamos complementar entre lo técnico, pero también la decisión política que corresponde, sobre todo en algo que es de una relevancia, como lo dijeron desde la Cámara Chilena de la Construcción, cuando se decide, cuando teníamos enfrente el Mundial de Fútbol Juvenil, se necesitan una cantidad de estadios, se establece una priorización, se construye, cuando ocurre una catástrofe, se toman las decisiones y se hacen construcciones que son mucho más rápidas porque hay una decisión y una priorización del gobierno. Gracias, Senador. Ministro, ¿quiere hablar antes de la respuesta o la palabra ahora? Como usted lo dijera, Presidente. Usted pidió la palabra. Yo hace dos preguntas muy cortas. Don Luis hablaba de que en la gobernanza, en la jefatura, proponía un modelo parecido de dirección de educación pública. Por estos días se ha discutido mucho la figura del SAR, la nueva administración del presidente electo Trump, en particular con el tema de la frontera y también con el tema de, no sé si, no sé cómo le llamaban, pero que el señor Elon Musk podría ser una especie también de SAR respecto a, no sé si regulación o acortar el gasto. Claro. Entonces, quizás una opinión sobre eso, los distintos modelos, no sé qué es lo que ve, pero en el entendido que es una urgencia nacional, digamos, entonces en el caso de Estados Unidos ellos lo ven en la frontera, entonces ponen una especie de SAR. ¿Cómo son los modelos y la diferencia? Y para la CPC y la Cámara Chilena, el profesor también proponía, creo que en el 7, la idea de algo así como invariabilidad regulatoria. ¿Qué valor le asignan a que exista algún tipo de contrato de invariabilidad regulatoria? Impositiva también, quizás, no sé, en Chile no ha habido ejemplos de eso, pero este tipo de contrato o iniciativa en ese sentido si les parece interesante como para estudiarlas. ¿O qué valor le asignan? Ofrezco la palabra y después le damos la palabra al ministro. No sé, por su intervención, señor presidente, agradezco todas las preguntas de los señores senadores. Respecto al senador Pugh, sobre el modelo norteamericano, hay varios modelos, de hecho varios han sido mencionados por el ministro y su equipo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. La gracia que tiene el modelo norteamericano del steering council es que tiene a cargo la administración de los grandes proyectos, pero además tiene una posición dentro del estado de supervigilancia que le da una mirada sistémica al funcionamiento de los distintos regímenes de permisología. Y por lo mismo, si no me falla la memoria, en la Inflation Reduction Act del 22, esa ley dentro de sus propósitos tenía que inyectarle una serie de recursos para permitirle que ese consejo pudiera detectar problemas de gestión o necesidades de innovación regulatoria, que justamente le entregaran el recurso sin tener que pasar por discusiones presupuestarias, sino como una forma de agilizar los cambios y mejora regulatoria con soluciones ad hoc y que ganara tiempo. Ese es un modelo bastante atractivo que permite además generar incentivos de colaboración del ente que buscamos que sea rector del proceso, porque al final es una mucho mejor forma de llegar y el caso norteamericano así lo prueba. Sobre el senador Sanhueza de las inversiones priorizadas, el Comité Subsecretario Plano Técnico, aquí hay dos cosas que tal vez me ponen en una posición distinta a los amigos de la CPC y la Cámara Chilena. El modelo de régimen de inversiones priorizadas es algo a lo cual yo creo que personalmente hablando hay que sacarle mucho más partido. Existen otros modelos, la Ley General de Medio Ambiente, artículo 15 establece algunos en caso de catástrofes, calamidades públicas, en materia de urbanismo existen otros regímenes, pero esto es para grandes inversiones y uno frente a eso debería asignarle una serie de beneficios que haga uno que uno quiera usar el sistema y dos que funcione mucho más rápido y uno atraiga inversiones. Y aquí no es un tema solamente de crecimiento, que es muy importante de por sí. Aquí hay un tema, por ejemplo, se ha mencionado mucho en medio ambiente, uno para cumplir las metas de carbono neutralidad en 2050, ya el 2035 tiene por ejemplo que duplicar la producción de cobre de este país y con eso uno supone que tiene que cumplir con todos los permisos que permita expansiones, nuevas minas y como eso tenemos una cantidad de ejemplos absurdos de la cantidad de inversiones que hay que realizar para cambiar la matriz energética y la infraestructura hacia modelos más verdes. Eso supone que hay que llegar con todas esas inversiones ya aprobadas al 2035 y al 2050. Incluso si la ley sale como está uno puede ser escéptico que eso lo logre y por tanto el modelo de inversiones priorizadas permite entregar una herramienta para hacerse cargo de eso. Y en ese sentido es importante que, como usted bien dice, que un comité de subsecretarios pueda establecer lineamientos en concordancia con la política regulatoria del gobierno de turno, pero si es que uno le va a generar protagonismo y le va a entregar muchos incentivos a la utilización de ese mecanismo, uno tiene que tener muchísimo cuidado con los problemas de captura política de ese caso y ahí Argentina, Brasil, Francia y otros muchos casos sugieren que cuando actores políticos que están sujetos al ciclo político tienen esa herramienta la posibilidad de buscar entregar esos beneficios a cambio de favores, financiamiento electoral, etc., es muy peligroso. Y por eso mismo uno tiene que establecer, si es que va a usar ese mecanismo en forma muchísimo más ambiciosa, uno tiene que establecer garantías de participación y de transparencia que un concurso lo permite. No tiene para qué ser un concurso cada cuatro años, puede ser cada seis meses, pero también uno no puede entregar ese beneficio a todo el mundo. ¿Por qué? Y como es una discriminación positiva, constitucionalmente hay que tomar ciertos resguardos. Y uno de los mecanismos para tomar esos resguardos es un concurso. Y por último, respecto a la pregunta del senador Edwards, el modelo del SAR sí es un modelo bastante, de hecho existe un SAR regulatorio en Estados Unidos alojado en las oficinas de la OMB, la llamada OIRA. Ese modelo es posible por la estructura organizacional y constitucional de Estados Unidos, en donde a diferencia de nuestro país toda la potestad del ejecutivo está concentrada en el presidente del país y todos los otros funcionarios que ejercen executive powers dependen de la exclusiva confianza del presidente. Por lo tanto, la libertad organizacional que existe adentro del ejecutivo norteamericano es mucho más flexible que el principio de legalidad que nos rige constitucionalmente, artículo 6 y 7 de la Constitución. Y por lo tanto, frente a eso, uno tiene que buscar tratar de acumular fórmulas que se puedan parecer a un SAR regulatorio, pero sujetos a bases organizacionales, constitucionales y administrativas. Y en ese caso, lo que uno puede hacer es buscar figuras parecidas de personas que pueden estar dentro de ministerios, pero que aún así tienen línea directa y son de la exclusiva confianza del presidente de la República, a pesar de no ser subsecretario, a pesar de no ser ministros. Y el modelo de la Dirección de Educación Pública es un modelo que podría explorarse en el sentido de... [01:40:00] No supone rediseñar completamente lo que hay hoy día en el proyecto, pero sí establece plazos, cierta independencia, y además es un funcionario exclusivo de confianza del Presidente y no del Ministro del Ramo. Gracias, Presidente. Respecto a su pregunta, sin lugar a dudas que resulta tremendamente importante la pregunta de Ricardo Echavarría, porque tenemos dos casos de hace muy poco tiempo, lo que pasó a Colbún con Paposo y lo que está pasando hoy día, lo dijo también Alfredo, respecto de la empresa StarCraft en Río Bueno. Cuatro años después hay un recurso que echa atrás la inversión, StarCraft tiene construido y todavía no puede empezar a operar, por lo tanto ahí claramente hay elementos que... y se ha planteado en alguna oportunidad en que, por ejemplo, la relación con las comunidades, ojalá esto debiera ser muchísimo antes, claro que vamos a entrar en el otro proyecto, pero debiera ser mucho antes y una vez que ya se establece la relación con las comunidades y se logran acuerdos, bueno, no puede formarse una comunidad ya cuando viene 2, 3, 4 años después para exigir nuevas acciones o nuevos beneficios para esa comunidad. Entonces claramente sí hay un tema de invariabilidad regulatoria que es tremendamente importante. Si me permite, Presidente, por su intermedio hacer una observación a lo que decía el Senador Piu, porque él hablaba de los recursos para apoyar esto y esos 350 millones de dólares. Yo cambiaría la mirada porque es lo que dejamos de hacer en valor presente, o sea, hay muchos proyectos que no se están haciendo hoy día justamente por el tema regulatorio y eso es la verdad que es muy difícil de medir, por lo tanto si nosotros tenemos la posibilidad de generar recursos para esta oficina para que además tengamos la posibilidad de... Y ahí está un poco la diferencia que técnicamente le voy a dejar la palabra por su intermedio, Presidente, a Paulina. Si tenemos la posibilidad de fortalecer esta oficina con los recursos necesarios incluso para los efectos de priorizar, tener a un equipo especial, creo que siempre va a ser más económico eso que no hacer el proyecto o que no acelerar ese proyecto en los tiempos que se requieran. Gracias, gracias, Presidente. Con respecto a la priorización, nosotros tenemos ahí algún bemol con el CEP porque la priorización implica la postergación de otros proyectos, de otros proyectos que quizás no sean de gran envergadura en términos de inversión nacional pero quizás tengan mucho valor a nivel local y territorial. Entonces por eso es que consideramos que la priorización sí debiera existir pero que debiera considerar pocos proyectos y que sea con coherencia regulatoria, por lo tanto si se prioriza, se prioriza tanto para el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero con un equipo dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental que lleve la evaluación de ese proyecto priorizado, no que recargue al resto de los funcionarios del SEA que tienen necesariamente que ver la evaluación de otros proyectos que están en la fila. Y lo mismo en sede sectorial, que haya un equipo, una persona, una gente en el organismo sectorial encargado de evaluar esa carpeta de proyecto priorizado que visualizamos, no más de dos al año porque de lo contrario la priorización se transforma en la regla general y seguimos postergando otros proyectos de inversión que son relevantes a nivel local, a nivel regional o que son de mediana envergadura. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Muy breve, de la invariabilidad regulatoria, no podemos estar más de acuerdo, hay varios ejemplos de proyectos de distintas escalas que han sido rechazados y que para volver a ingresarlos en el tiempo que ya llevan, nuevas leyes, nuevos requisitos y los tornan algunos inviables de nuevo, entonces eso hay que mantenerlo. De los recursos, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el Presidente de la CPC, eso está comprobado y hay muestra empírica en todas partes del mundo lo que significa los recursos que se ganan por ser más productivos y acortar plazos, eso hay estimaciones, podemos diferir en las cifras, pero nadie tiene ninguna duda que si en esto se avanza realmente, el crecimiento va a tomar otras tasas que la hemos tenido en el pasado y eso significa mayores ingresos para el fisco y significa, pero con creces, compensaciones de cualquier costo que puede significar este tema. Yo creo que eso va por ese lado. Y en la priorización, para aclarar aquí que no parezca que estamos, los ejemplos que yo puse en línea un poco con lo que decías tú, es para casos, no voy a decir extremos, pero para casos que realmente hay que hacer algo, no sé, una crecida de un río o cualquier cosa, hay cosas en catástrofe pero ahí no puede empezar a explicársele o a pedirse a la DGA un permiso, una cosa, tiene que haber un sistema que ha funcionado, no tiene una orgánica, un poco queda a criterio, la Presidenta de Chile, no sé con quién lo vio en el minuto, pero lo vería, lo conversó y en una semana cuando se ganó el mundial ese, se dijo que esto es imposible, Presidenta, no hagamos mundial porque no hay estadio, habló con 2, 3 personas, se hace y se hicieron. Entonces yo no estoy hablando en eso, termino con esto, no es para tener otra ventanilla única, yo creo que sí, logramos avanzar en lo que está en este proyecto en la línea y los plazos hoy día de proyectos de 10 años se reducen a 5, los de 4 se reducen a 2, un permiso municipal se reduce hoy día de 2 años a 1, soluciona un poco esta otra capa intermedia de proyectos priorizados porque si vamos a meterle, insisto, este órgano que está pensado que le vamos a poner 6 meses u 8 meses que el comité de ministros que vea, entonces si solucionamos bien esto y dejamos como está el tema o con alguna mejora para las cosas más de emergencia que requieren realmente una ejecución inmediata, puede que sea una vía de solución. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, le resumo la palabra al Ministro, donde esperamos que anuncie que va a aceptar todos los cambios propuestos en esta comisión y en la pasada, esperamos el gran anuncio. No se puede hacer eso, Presidenta, porque no todos coinciden, es materialmente imposible lo que usted me está planteando, Presidenta. Primero, agradecer mucho las presentaciones, las diversas propuestas, hay muchas de ellas que a nosotros nos hacen sentido. Respecto a una pregunta que hacía el Senador Sangüesa por su intermedio, Presidenta, si se sabe o no los tiempos, la verdad es que se sabe parcialmente, porque entre otras cosas, el problema es que esa información no está centralizada, por lo tanto en los informes que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad se ha levantado alguno de estos, y también en el trabajo que nosotros hicimos para efectos de la construcción de este proyecto, y en el ejercicio cotidiano de la Oficina de Grandes Proyectos, se levanta parte de esta información, pero es una información parcial, que no necesariamente cubre todo lo... Porque hay que ir servicio por servicio levantándola. Yo comparto con lo que señalaba la Cámara Chilena de la Construcción, Presidente, que por lejos este es el tema más planteado por los inversionistas extranjeros. A mí me ha tocado tanto recibirlo en audiencias de lobby en el país, como también en visitas que hemos hecho con el Presidente, en general la inversión extranjera directa es lo que ha estado mejor de todas las dimensiones de inversión, de hecho el año 2023 tuvo el mejor año desde el 2014, pero este es un tema muy presente. En general nuestras conversaciones con los inversionistas son que se ve con mucho interés nuestro país, pero ven que la dimensión más compleja son justamente sus problemas regulatorios, y es por eso que nosotros más o menos a los 6 meses de gobierno decidimos hacer esta reforma y empezamos todo un proceso que nos tiene acá. Yo voy a ser muy majadero y honesto, Presidenta, voy a seguir peleando como le he transmitido otras veces, yo sé que usted me dice que tengo que ser muy cuidadoso con esto, pero yo creo que es importante que el espíritu del proyecto genere un efecto en esta comisión, y tenemos que trabajar y hacer esta apuesta más rápido, y más que eso, incluso a propósito de lo que dicen los inversionistas, es darnos certeza, acá lo que yo he tratado de plantear es qué meta nos ponemos acá, las metas pueden no cumplirse, puede ser que digamos que vamos a terminar este proyecto en enero y tal vez lo terminamos en abril, estoy inventando, pero necesitamos una meta, porque el seminario que usted plantea, Presidenta, nosotros lo compartimos totalmente, ayuda mucho, pero no es suficiente, y nuestra experiencia con los trabajos con la mesa asesora, que ha sido un trabajo que vemos en general buena disposición, pero hemos revisado dos títulos en todo este tiempo. [01:50:00] Y nuestra visión es que los asesores, como corresponde, responden al entusiasmo y las definiciones generales que existen desde la Comisión. Si la Comisión dijera, vamos a hacer el esfuerzo por sacar este proyecto en enero, no llevaríamos dos títulos revisados hasta ahora. Tal vez ya hubiéramos revisado todos los títulos. Fíjese, presidente, que cuando uno revisa los títulos solo responde preguntas. Ni siquiera está la discusión de qué cambios podríamos hacer, en fin. Entonces, revisar todos los títulos del proyecto es una condición necesaria para recién después dar la conversación más sustantiva relativa a los cambios más profundos. Y lo que ha pasado en estas distintas sesiones, en la sesión anterior, en fin, es que en general tenemos muy buenas disposiciones, hay muchas propuestas, pero no tenemos un procedimiento todavía para definir qué conversamos con la profundidad que se requiere y, además, presidente, con el foco que se requiere. Porque este es un proyecto que se puede mejorar en infinitas dimensiones. Y si tratamos todas esas dimensiones no vamos a lograr la profundidad y, además, poner el acento en las cosas que realmente pueden hacer diferencia. Entonces, a nuestro juicio, una cosa muy importante es efectivamente ponernos una meta de manera colaborativa entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por supuesto, este es un tema que es potestad de ustedes, son ustedes los que tienen que definirlo. Segundo, discutir rápidamente cuál va a ser el foco para no estar… Además, para sus asesores, para que sepan qué partes del proyecto tienen que estudiar con mayor profundidad para allí hacer las propuestas. Este es un proyecto muy complejo, que si ustedes están tramitando otras cosas, están viendo los temas presupuestarios… Es decir, si se trata de abarcar todo, no se va a poder. Vamos a tener una relación muy desigual entre nuestro equipo, que lleva dos años trabajando en esto, y los asesores que llevan un mes viendo esto. Hay mucha simetría, entonces no se pueden ver los temas en profundidad si no hay ese foco. Y creo que las presentaciones… Yo no me referí a todos los detalles porque me demoraría mucho, pero sí lo anotamos todo para la conversación posterior. Las presentaciones yo creo que son muy útiles para definir los focos también. Algún ejemplo, es muy claro que el diseño de priorización genera ciertas dudas, incluso propuestas que son disímiles, pero eso hay que abordarlo. La fuerza que tenga la oficina. Nosotros le hemos comentado también a usted, presidente, otros temas que, a pesar de que no han salido, que pueden ser importantes para hacer una diferencia. Entonces, creo que también usted lo decía la otra vez, cómo nos aseguramos que esto se aplique con la mayor rapidez posible. Hay algunos temas en los transitorios. Aquí, por ejemplo, se han hecho algunas propuestas respecto a algunas definiciones que nosotros ya tenemos, como por ejemplo… Ya tenemos conversado con los servicios, como por ejemplo cómo se distribuyen los distintos permisos entre las diversas tipologías. Tal vez eso se podría adelantar como transitorio. Nosotros creemos que eso es factible. Tiene ventaja y desventaja porque puede rigidizar un poco la implementación del proyecto, pero algo estamos disponibles a conversar. El tema es que estamos… Yo siento, usted me decía hoy en la mañana que lo ve distinto, pero yo siento que estamos muy lejos todavía de esa conversación. Y nuestra experiencia de este proyecto en la Cámara de Diputados es que este proyecto se partió discutiendo en enero. En realidad, para ser justo, en marzo se partió discutiendo en la Comisión. Lo resolvimos finalmente en septiembre, pero en realidad, el trabajo duro, el trabajo que hizo la diferencia donde se hicieron los cambios fueron dos meses. Y hubo muchos meses en que nos dábamos vuelta, en que… Entonces, nuestro llamado es ponernos una meta, ojalá que estemos disponibles a conversar, aunque no la cumplamos, y que tengamos rápidamente una discusión respecto a los focos que ustedes consideran más relevantes, donde se pueden hacer los cambios más profundos al diseño actual. Nosotros también tenemos nuestra propuesta y podemos tener un espacio en que aquello se converse, presidente. Y respecto a los detalles, prefiero no extenderme porque justamente en ánimo de la eficiencia y además estamos ya pasados en el horario de la Comisión. Muchas gracias, presidente. Bien, voy a hacer un pequeño comentario, si me permiten, respecto a lo que dice el ministro. Nosotros compartimos 100% la premura y estamos disponibles a tomar todas las medidas que permitan avanzar lo más rápido y en un mejor proyecto. Ahora, es importante que también considere otros argumentos que algunos se los voy a dar ahora. Fíjese lo que pasó con el proyecto de turismo. En el proyecto de turismo lo que nos pasó es que todos los invitados nos decían 10 propuestas, estábamos todos de acuerdo, se llegó a un supuesto acuerdo con el Ministerio de Hacienda y todavía el Ministerio de Hacienda no se compromete a hacer los cambios que nosotros dijimos. Poner meta de plazo no significa mucho porque simplemente al parecer el Ministerio de Hacienda llegó a un acuerdo al cual no estaba tan seguro porque no estaba disponible de firmarlo. Yo creo que debiésemos poner nuestro foco de la tramitación, como usted bien lo decía, en el foco para poder conversar todas las materias, delimitarlas y una vez que tengamos un acuerdo inicial, al menos, ahí poder entonces apurar la discusión. Pero la fecha per se, yo no sé si se apruebe. Otra cosa que quiero plantearle. En esta Comisión hay dos otras urgencias que ojalá usted pueda sacarlas porque a mí lo que me ocurre como presidente de la Comisión es que tengo urgencia suma para el olvido financiero que entiendo que es una... por ser buena persona con un diputado podríamos sacarla y está la urgencia del call center, ojalá que también la podamos sacar para que tengamos la urgencia de esta y cuando llegue turismo nosotros podemos avanzar lo antes posible. Pero para mí es importante, más que fecha, que nos pongamos de acuerdo rápidamente y podamos conversar y llegar a un acuerdo, cosa que cuando votemos en general ya podamos hacer la tramitación en particular lo más rápido posible. Bien, esto es que, presidente, a mi juicio las dos cosas son importantes. Llegar a un acuerdo rápido respecto al foco, a los cambios que podemos realizar y también fijarse en la meta. Y déjeme dar un ejemplo bien concreto. Cuando nosotros hemos tratado en los equipos de asesores de construir una carta respecto a todas las materias que vamos a ver, no hemos logrado construir eso porque no hay ninguna definición de cuándo hay que terminar. Entonces, no hay ni siquiera... A ver, por ejemplo, a este ritmo de dos títulos en un mes de tramitación, ¿cuándo vamos a terminar? Si uno hace la matemática de eso para adelante vamos a terminar en junio, presidente. Esa es la realidad, a este ritmo. Entonces, ponerse una meta lo que ayuda es que todos los que estamos trabajando en esto estemos bien disciplinados en lograr ese objetivo. Y mientras no definamos eso no hay un punto de referencia respecto a cómo hacer. Nosotros podríamos, por ejemplo, decir bueno, vamos a traer una propuesta de cómo discutir en el equipo de asesores y discutir, no sé, con un objetivo de que efectivamente terminemos todo el análisis y la construcción de la propuesta, por ejemplo, en diciembre. Pero ¿contra qué lo comparamos eso? Si no hay un mandato de esta Comisión respecto a cómo trabajar. El decir simplemente que es una urgencia para todos no es suficiente porque no... Imagínense, vuelvo al paralelo que yo sé que a usted no le gusta, presidente, pero imagínense que nosotros en la propuesta le dijéramos a los servicios que hay que terminar los permisos lo más pronto posible porque es una urgencia para el país. ¿Cuál sería el resultado de eso? El resultado de eso sería que tendríamos una situación aún peor en materia de permisos. Yo sé que el trabajo legislativo es muy complejo, yo veo la mejor disposición de ustedes, creo además que en este proyecto vamos a llegar rápido a acuerdos. Ni siquiera veo una diferencia sustantiva, solo creo que... Y no entiendo más por qué no queremos asumir ese compromiso. ¿Cuál es el problema de decir vamos a tratar de terminar en enero o en la fecha que ustedes me digan que es pertinente? No veo un costo en eso y solo veo beneficio desde el punto de vista del trabajo legislativo. ¿Me perdona el ímpetu, presidente? Está perfecto y por supuesto que veámoslo, si hay alternativas quizás combinadas, digamos, quizás ir poniendo algunas fechas pero también con algunos acuerdos, se puede ver. Pero quiero que sepa, ministro, que de parte de creo todos los cinco senadores de la Comisión y mía en particular sí estamos preocupados y quiero decirle que por lo menos en trabajo interno lo hemos hecho. Ahora, todo esto requiere de cierta maduración, entonces no es tan fácil llegar, necesitamos ir discutiendo. Mire, ya se han ido repitiendo varias de las, al igual que ocurrió con el turismo, varias de las recomendaciones se han ido repitiendo y eso también permite a uno... Pero tiene el compromiso y vamos a ir viendo para hacerlo lo más rápido posible y en eso puede contar con nosotros. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y con sus excelentes presentaciones, esta se levanta.