Senado · Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Gracias. Gracias. Buenos días, vamos a iniciar nuestra comisión; vamos a estar en Comité a la espera de la llegada de los demás senadores. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura a la cuenta. Y bueno, muy buenos días, muy buenos días.

Ahí estamos, abrimos. En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a la senadora Sperger, al senador Araya, a la secretaría, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a los asesores de la División Jurídica, a la señora Paula Recavarren del Ministerio Público (quien se encuentra por Zoom, pues se excusó) y a la directora subrogante de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga, la señora Tania Gajardo, a quienes saludamos. De Gendarmería de Chile se excusó el señor Director Nacional y está asistiendo el coronel inspector operativo subrogante, el señor Mario Zit, y la coronel jefa de gabinete, la señora María Angélica Aguirre. Le doy la palabra ahora sí a la secretaría. Saludo a nuestros asesores y asesoras para la cuenta. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores senadores, señor ministro y asesores: se ha recibido una comunicación de la Presidenta Nacional del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, señora Rocío Alorda Celada, mediante la cual se remite la opinión del mencionado Consejo sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes en un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Tienen copia, sus señorías, de la comunicación del referido Consejo Nacional, y se remitirán estos antecedentes por correo electrónico. Eso, señora presidenta. Ok, muchísimas gracias, señor secretario. Le doy la palabra entonces al señor ministro. Nosotros quedamos en este proyecto con la tarea de poder recibir al Director Nacional de Gendarmería; será el ministro el que dé a conocer la respuesta de la institución, sin perjuicio de que, obviamente, estén presentes sus representantes. Así que le paso la palabra al señor ministro para que podamos partir –o, mejor dicho, continuar– con la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Señor ministro, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio y por saludar a las senadoras y senadores presentes. En la última sesión en la que se abordó este proyecto, se hizo llegar un oficio al Ministerio de Justicia con preguntas que tenía la comisión y que se consideraron necesarias para responder antes de continuar con la tramitación, a fin de aprobar o no el proyecto de ley en general. En ese sentido, se formularon cuatro preguntas al Ministerio, las cuales fueron respondidas mediante oficio. Después de realizarse la consulta al Director Nacional de Gendarmería, éste respondió, y nosotros comunicamos esa respuesta a la comisión. Las preguntas que formuló la comisión fueron, en primer lugar: ¿qué sucede con la cárcel de seguridad y cuál ha sido el proceso para su instalación? Esta pregunta se vincula con la ubicación y la relación de las autoridades locales respecto al punto que requiere una estructura física, y la respuesta señala que el proceso de ampliación de la cárcel de alta seguridad de Santiago –es decir, la que se ubicará en el actual complejo penitenciario de Santiago 1– se encuentra en preparación. Las bases están en revisión por la Dirección de Presupuesto, a la espera del visto bueno para ingresar a la Contraloría General de la República. Se cree que esto debería concretarse en las próximas semanas para proceder al llamado a licitación y, de esa forma, materializar el proyecto anunciado en su momento. Luego, sin perjuicio de lo anterior, se señaló en la respuesta que ya existen otros procesos en trámite para la ampliación de establecimientos penales, los cuales incorporan módulos de alta y máxima seguridad, tales como la ampliación del complejo penitenciario de alto auspicio, la ampliación del complejo penitenciario de Antofagasta, la licitación de un nuevo establecimiento penitenciario en Calama y otro en Copiapó, así como las ampliaciones de establecimientos en La Serena, Rancagua y Portomón. Posteriormente, se planteó la pregunta acerca de la cantidad de cárceles de alta seguridad y el funcionamiento que tienen estas.

Entonces, el director nacional envía una respuesta en la que señala que son 21 recintos penitenciarios a nivel nacional que se encuentran con capacidad de máxima y alta seguridad. Los individualiza en un cuadro y, además, señala el nivel de operatividad. Son los recintos resaltados en negrito, y aquellos que presentan condiciones específicas desarrolladas en el cuadro. Cualquier duda se la podemos consultar al inspector operativo que se encuentra acá con nosotros, quien también aporta más datos respecto a la operatividad de cada uno. En tercer lugar, respecto a los inhibidores y su estado actual en cuanto a las tecnologías, se presenta la relación de la licitación que está actualmente en desarrollo y operativa desde el 8 de abril del 2024. Esta licitación tiene cobertura en tres establecimientos penitenciarios: el Centro de Detención Preventiva Santiago I, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, conocido como REPAS. En estos tres establecimientos se utiliza la tecnología de inhibición y bloqueo de la señal de telefonía celular, además de bloquear dispositivos que permiten el uso de esta tecnología. Se establece que la efectividad es superior al 85%, conforme a lo indicado en las bases de la licitación, la cual opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cabe señalar que las bases técnicas utilizadas en esta licitación fueron trabajadas por Gendarmería de Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Justicia y el órgano Contralor. Posteriormente, se indica otra licitación que está en curso. La última información proporcionada por la coronel Aguirre indica que dicha licitación se estaría adjudicando estos días y que permitirá incorporar nueve establecimientos penales adicionales. Esta licitación incorporó las observaciones realizadas por la Contraloría al proceso en desarrollo, mejorando así el procedimiento. De esta forma, se espera que, sumado al 20% de la población penal que abarca la licitación actual, aproximadamente el 50% de la población penal cuente con esta tecnología, ya que la nueva licitación incluirá un 30% en los nuevos establecimientos. Esto permitirá una mejor gestión del sistema penitenciario por parte de Gendarmería. En cuanto a las asignaciones, una vez que los funcionarios que asumieron cargos de alta exposición, alto compromiso y gran preparación regresan a sus funciones habituales, Gendarmería señala que se establece una asignación especial para los funcionarios que trabajen en esta unidad al interior de la institución de máxima seguridad. Esta asignación se otorga dado el nivel de preparación, riesgo y la complejidad del trabajo que deben desarrollar. La propuesta es que, para mantener la asignación, los funcionarios deben estar cumpliendo funciones en algún establecimiento penal, según lo señalado en la ley. Si, por alguna razón de seguridad o de buen servicio, dejan de cumplir dicha función antes del plazo de cinco años, perderán automáticamente la asignación. No obstante, si se requiere o se trasladan a otra unidad penal especial o a una sección dependiente del Departamento de Seguridad Especial, mantendrán la asignación; y si el traslado se realiza por decisión del personal o del mando en unidades o secciones dependientes del mismo, la asignación se conservará a lo largo del resto de su trayectoria laboral.

Que no dependa del Departamento de Seguridad Especial, por no cumplir con los requisitos del perfil o el nivel de desempeño exigido, dejaría de percibir la asignación. Y lo mismo, si solicita el traslado a otra región o a una unidad penal tradicional del país que no dependa del Departamento de Seguridad Especial, también dejaría de percibir la asignación. Entonces, Presidenta, esas son las cuatro preguntas que nos ofició la Comisión de Constitución. Nosotros consideramos que estas preguntas podían ser respondidas mediante oficio sin mayor inconveniente, porque no involucraban aspectos de seguridad. Las precisiones que pueda hacer Gendarmería, nos parecen suficientes; y si advirtieramos algo que requiriese declarar la sesión secreta o reservada, lo haremos saber, Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro. Igualmente, me gustaría preguntarle a Gendarmería. Le doy la palabra, entonces, al coronel que está presente, don Mario Cid. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, señoras y señores senadores; muchas gracias por invitarnos. Sí, dos cosas que aclarar y contarles. En realidad, la clasificación de las unidades penales, que es el cuadro que tiene usted en el documento, es la clasificación que se ejerció por medio de la resolución 6.731 del 2014, en la que se establece cuáles son las unidades de nivel alto, nivel 1 y nivel 2. Sin perjuicio de ello, hay que decir también que, dentro de las unidades que hoy día están funcionando como unidades de máxima, se encuentran las unidades de AICA, donde existe una sección de máxima, así como en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y la Región Metropolitana, como bien conocemos. El tema del REPAS, que está dividido entre la cárcel de máxima seguridad y la cárcel de alta seguridad, tiene una capacidad de 790 personas; al día de hoy, alberga a 378. Hay que entender que, a diferencia de lo que pudiera ocurrir con los cupos normales en una unidad tradicional, los cupos de las cárceles de máxima y alta seguridad deben siempre contar con un espacio adicional en caso de alguna eventualidad, por lo que nunca estarán al límite. Siempre tenemos espacio suficiente para recibir a alguna banda o para atender cualquier situación en alguna unidad penal a nivel nacional. Con relación al tema de la propuesta de qué pasa con el funcionario después de cumplir esos cinco años de trabajar en la unidad especial dependiente del Departamento de Seguridad Especial, contarles que efectivamente se trata de una asignación especial de especialidad del funcionario, dado que será capacitado e instruido por la escuela institucional y se le entregarán las herramientas necesarias para cumplir esta función en todas las unidades dependientes de máxima seguridad. Por ende, se considera que el funcionario que cumpla esa función recibirá la asignación y, a la vez, cuando termine o cumpla sus cinco años, tendrá dos alternativas: puede, voluntariamente, trasladarse a otra unidad de máxima y mantener esa asignación en cualquier parte del país; o, puede dejar de trabajar en una unidad de alta complejidad o de alta seguridad y mantenerse en la región, en una unidad común. Además, la propuesta establece que, una vez cumplidos los cinco años, podrá solicitar a la autoridad institucional ser trasladado a su región de origen, lo cual es una gran ventaja para ellos, permitiéndoles regresar a su lugar de origen. Como dato adicional, decirle, señora Presidenta, por su intermedio, que en Gendarmería hoy día existen funcionarios capacitados, lo cual responde a la pregunta formulada por la senadora en la mesa pasada en relación con la capacitación que se le entrega al personal y qué sucede para que no se pierda dicha especialidad, lo que considero un punto bastante importante. Hoy día tenemos grupos especiales conformados por funcionarios capacitados en áreas determinadas de la institución, como, por ejemplo, los antimotines, a quienes se les entrega una capacitación específica –con gasto de recursos, pero sin asignación–; se los cuento porque, hasta el día de hoy, ellos mantienen esa especialidad y continúan integrando el grupo. Generalmente, el funcionario que forma parte del grupo especial y que se enfrentará a esta situación, también lo conserva. Un dato importante para destacar en la clasificación de una unidad de alto compromiso y en la necesidad del Departamento de Seguridad Especial es que se conjugan, entre otros factores, la infraestructura, el personal, la inteligencia, la población penal y la selección del personal. ¿Y por qué se los cuento? Porque hoy día, en las diferentes unidades penales a nivel nacional –y como ha sido de dominio público– hemos tenido situaciones relacionadas con el ingreso de aparatos telefónicos y otros elementos prohibidos al interior de las unidades penales. La cárcel de alta seguridad, actualmente REPAS, inició sus operaciones en el año 2023.

Donde se conjugan estas partes y también un personal seleccionado, hemos tenido solamente encuentros de algunos estoques artesanales, muy pocas puntas y ningún teléfono. Es decir, este conjugar va funcionando efectivamente para mejorar la seguridad y lo estamos demostrando hoy día con la situación del REPA. Un teléfono fue encontrado tratando de entrar a la visita, siguiendo un poco lo indicado por el señor ministro, porque se usa la tecnología, porque el personal está preparado para ello, y dos chips: uno que también se encontró en la visita y otro que se halló botado en el pasillo. Hasta el momento. Si nosotros comparamos esa cifra con lo que ha ocurrido en las otras unidades penales, existen diferencias importantes, incluso con internos de alto compromiso delictual. Asimismo, se puede informar que la población penal, al día de ayer, es de 61.122 personas. Ha sido un crecimiento potencialmente rápido de la población penal, siendo la Región Metropolitana con 21.537 personas recluidas, lo que representa el 35,24% de la población penal a nivel nacional. Es importante mencionar también que hay población extranjera: hoy día tenemos 9.532 personas, de las cuales 1.170 son mujeres y 8.362 son hombres a nivel nacional, distribuidos entre nacionalidades colombianas, venezolanas, bolivianas, peruanas, dominicanas y ecuatorianas, siendo la población colombiana la más alta. Le sigue la venezolana, con 2.680; asimismo, ha sido un crecimiento potencial rápido: en 2021 teníamos 3.816 personas extranjeras y, en lo que va del 2025, hemos alcanzado las 9.546. Esto también ha traído consigo un nuevo tipo de criminalidad, con nuevos tipos de violencia en el interior de la unidad. A diferencia de lo ocurrido hace un par de años, cuando el delito que más se registraba era el robo, hoy día lo que más destaca es la aplicación de la Ley 20.000 en materia de drogas. Ok, muchas gracias, coronel. La palabra a los senadores. Senadora, senadora, ahora y después. Gracias, presidenta. Agradezco y saludo al ministro, al Director Nacional de Gendarmería y a todos quienes lo acompañan, así como la presentación y la respuesta al oficio. Yo sigo con algunas dudas, ¿no es cierto? Porque lo hemos visto en otros proyectos de aceleramiento de cárcel, y hay un hecho claro: necesitamos más cárceles, necesitamos más espacios. Estas 61.122 personas sobrepasan los cupos que tienen las cárceles chilenas, lo que implica que, si se requieren más cárceles, también se necesita incrementar la cantidad de gendarmes. Y aquí es donde me preocupa el proyecto, ya que en el mismo no se modifica la planta de Gendarmería ni se aumentan los cupos. No está claro cómo funcionará eso, pues solo se crea un grado directivo para quien actuará como director de esta área especial, sin abrir la planta a más gendarmes. Entonces, esos gendarmes que se especialicen y sean asignados a este departamento especial, de alguna manera, podrían debilitar las otras cárceles comunes. Por lo tanto, quisiera saber si eso es así y si se ha contemplado la posibilidad de aumentar, o bien si se puede aumentar hoy día sin modificación legal, el número de gendarmes. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora Araya. Gracias, Presidenta, por el intermedio para saludar a nuestro invitado y agradecerle la exposición. Yo sigo manteniendo las mismas dudas que tenía en la sesión pasada respecto de este proyecto. Por lo demás, entiendo que Gendarmería, en la práctica, opera con esta unidad. Ahora, mis dudas se centran en la forma en que se redacta la creación del departamento y en qué sucederá con los funcionarios que cumplen los cinco años. Según el cuadro presentado, se plantea que un funcionario de Gendarmería que ingrese al Departamento Especial de Seguridad Penitenciaria estará asignado durante cinco años y, al concluir ese periodo, perderá la asignación. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que, una vez cumplidos los cinco años y aunque no esté directamente en el departamento, si es asignado a una unidad que tenga la custodia de dicho departamento, se mantenga la asignación. En la práctica, agradecería que se aclarara este punto.

Cinco años, por decirlo de alguna forma, para estar como rotativo en distintas unidades que dependan del departamento. Al año quinto, el funcionario puede ser asignado y mantener la asignación a una unidad penitenciaria; en el fondo, queda fijo en una unidad. Entonces, eso es lo que no me queda claro entre la razón y el dos. Y, bueno, obviamente también tiene que clarificarse si el funcionario que va a perder la asignación tiene derecho a pedir, por ejemplo, el traslado a la unidad que ellos determinen. Tiendo a pensar que va a ser un tremendo problema, porque yo soy senador por Antofagasta y me atrevería a decir que el 70-80% de las reuniones que tengo con personal de Gendarmería son gendarmes que están pidiendo volver a su zona de origen, que es el sur. Entonces, ¿cómo se va a conciliar de forma tal que no queden despobladas las cárceles del norte? Porque la gran mayoría de los gendarmes no quiere estar en el norte del país; quieren volver a su zona de origen por temas de costo de vida y por distintas razones. Muchas gracias, senadora Araya. Le doy la bienvenida al senador Durresti. Yo quiero plantear dos cuestiones y, así, devolver la palabra al ministro. No sé si el Ministerio Público quiere plantear algo ahora; no, ok. Entonces, quiero recordar lo siguiente, porque me parece importante. Primero, esto es un mensaje, es un proyecto del Ejecutivo que, obviamente, ha trabajado con Gendarmería y que tiene por objetivo crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile. A propósito de lo que decía la señora Sperger, hoy día, efectivamente, hay, digamos, una especialización dentro, pero entendemos que se está queriendo reforzar esta área para cumplir dos objetivos que están en los fundamentos del mensaje: dotar a la institución de herramientas adecuadas para mantener el orden y la seguridad al interior de los establecimientos y secciones penitenciarias en los que se encuentran las personas bajo el régimen especial de seguridad. Me detuve en este primer fundamento porque tiene dos aspectos. Ya voy al segundo: si nosotros no aprobamos este proyecto —lo quiero decir de esa manera— se podría entender que, al no contar con esta especialidad, estos recursos y el reforzamiento del Departamento de Seguridad Especial dentro de Gendarmería, entonces, obviamente, quedarán más vulnerados no solamente los gendarmes, sino, en definitiva, toda la población aledaña, que nadie quiere tener aledaño a una cárcel de esta envergadura. Por eso, creo importante, a pesar de las dudas planteadas, que se explique de buena manera qué pasaría, en definitiva, si no sacamos esta ley; porque la realidad hoy día pareciera que no se va a solventar solo con la falta de especialidad o de mayores recursos, sino también por otras cuestiones, a veces más pequeñas pero relevantes: el no querer estar en determinada zona (a propósito de los traslados) o, efectivamente, no contar hoy día con las capacitaciones y la formación necesaria para enfrentar una criminalidad distinta, en casos de personas privadas de libertad por delitos diferentes a los de antes. En segundo lugar, insisto en que este proyecto presentado por el Ejecutivo consagra en el Código Penal un régimen penitenciario de seguridad especial, que se caracteriza por conllevar mayores medidas de vigilancia y control. Esto será aplicable a personas imputadas y condenadas que presenten un alto grado de peligrosidad, entendiéndose por tal tanto aquellas cuyas conductas constituyen un riesgo alto para la seguridad y el orden del recinto. ¿Por qué lo leo? Porque son dos cuestiones muy distintas: uno podría avanzar, si no se refuerza a Gendarmería en esta área, únicamente mediante una modificación al Código Penal. Son los dos grandes objetivos que tiene el mensaje. Ministro, esta pregunta se la dirijo a usted, porque, para mí, hace sentido la modificación al Código Penal y, en el caso de Gendarmería, no digo que no haga sentido la creación de este Departamento de Seguridad Especial, pero sí que, en la práctica, se pueda llevar a cabo; y eso hay que considerarlo en el proyecto, pues creo que lo que está ocurriendo hoy día es que hay funcionarios que no quieren estar en determinada zona, y al solicitar el traslado, debería contemplarse la capacitación, la formación y los recursos —entre comillas— que se van a invertir allí, para que lo aprobado en papel se pueda ejecutar el día de mañana. Con esto, le doy la palabra, ministro. Senadora. Gracias, presidenta. Yo quisiera saber, en relación al cuadro final de lo que sucede con el funcionario al cabo de los cinco años de haber recibido esta asignación y estar destinado a estos penales, si las opciones que acá se establecen son un derecho o van a ser un derecho los funcionarios.

Es una posibilidad que ellos tienen, pero que en definitiva es Gendarmería. Gracias. Gracias, senadora. Entonces, le doy la palabra al ministro y después, obviamente, también a Gendarmería. Muchas gracias, presidenta. Voy por su pregunta general y después voy a las preguntas específicas. Efectivamente, este proyecto de ley hace tres cosas que son relevantes para la función penitenciaria que actualmente no se realizan de todas maneras, aunque se llevan a cabo con ciertas complejidades. Por ello, para el Ministerio de Justicia este proyecto es clave. Se trata de un proyecto que hemos trabajado técnicamente, además, con especialistas tanto nacionales como internacionales. Tuvimos el apoyo del programa para el combate al crimen organizado transnacional y de expertos italianos. Está inspirado en el grupo operativo móvil de la Policía penitenciaria italiana, una de las herramientas utilizadas por Italia para combatir el crimen organizado en su territorio. Digo esto porque el proyecto se sustenta en tres grandes columnas. La primera columna es que, tal como mencionó usted, senadora, crea un régimen especial de máxima seguridad en el Código Penal. Actualmente contamos con un régimen especial de máxima seguridad, pero éste se basa en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Su anclaje normativo se encuentra en la ley orgánica de Gendarmería, la cual permite a esa institución, mediante un reglamento (a través de un decreto supremo), establecer el sistema penitenciario en cuanto al cumplimiento de las penas. ¿Cuáles son las fragilidades de este modelo? Se las expongo de manera muy clara: se mantiene una discusión permanente en sede judicial respecto a las competencias, límites y facultades que tiene Gendarmería para establecer el sistema de máxima seguridad. Por ejemplo, cuando endurecimos el sistema a través de una resolución especial emitida por el Director Nacional en el recinto especial de alta y máxima seguridad para albergar a las personas que forman parte o son líderes del tren de Aragua, se estableció que estas tendrían solo dos horas de patio, que no podrían tener visitas con contacto directo (únicamente a través del locutorio) ni recibir videoconferencias. Tuvimos una discusión jurisdiccional sobre la posibilidad de esta medida, la cual Gendarmería ganó, pero sigue siendo una fragilidad, pues carece de un anclaje legal. Ese respaldo se lo estamos otorgando hoy con la modificación al Código Penal. De hecho, también ganamos la discusión respecto a los traslados de alto riesgo y a la posibilidad de trasladar a las personas fuera del lugar en el que fueron detenidas por motivos de seguridad. Para ello, este proyecto crea, en los artículos 80 bis y 80 ter nuevos del Código Penal, el régimen de máxima seguridad, facultando esencialmente a Gendarmería para regularlo. Ese es el primer fundamento del proyecto. El segundo fundamento es que, al crear el Departamento de Máxima Seguridad —o Departamento Especial al interior de Gendarmería—, se le otorgan facultades legales a dicho departamento y se establecen protecciones legales para los funcionarios. Esto permite que la identidad de sus funcionarios, que hasta ahora debía protegerse de manera indirecta, se haga de forma directa. Además, se crea una asignación especial; actualmente, no podríamos pagar dicha asignación sin que sea por ley, ya que las fuerzas especiales de Gendarmería, pese a su capacitación, carecen de una remuneración específica. Toda la experiencia comparada indica que este tipo de trabajo requiere de una asignación especial. Lo otro que para nosotros es muy relevante —y sabemos que resulta polémico— es que los funcionarios que integren este departamento no podrán asociarse ni formar parte de los gremios a los que pertenece Gendarmería. Esto, nuevamente, no se podría hacer sin una disposición judicial. Entonces, con la creación...

De este departamento, efectivamente, se va a perfeccionar y va a tener más herramientas para desarrollar una función tan delicada como la de contar con un sector que se dedique a la máxima seguridad. Podemos y vamos a poder hacer cosas que actualmente no podemos, como, entre otras, entregar una asignación especial a los funcionarios que formen parte de esta fuerza especial. La asignación, en términos generales, se encuentra en la ley que faculta al Ejecutivo a dictar un decreto de fuerza de ley. La respuesta que dio Gendarmería es que, en su criterio, así debería funcionar esta asignación, sin necesidad de especificar más en el proyecto o en la discusión particular. Por cierto, como Ejecutivo, estamos disponibles y vamos a recoger todas las recomendaciones; no tengo duda de que llegaremos a algún acuerdo respecto a cómo se implementará esta asignación. Lo importante es que se pueda otorgar una asignación, ya que actualmente no se puede entregar, y se establezcan criterios de resguardo para los funcionarios y de protección para la institución, evitando la asociatividad de las personas que integran ese departamento. En cuanto al mantenimiento de dicha asignación, y en lo que habíamos señalado, dada la alta complejidad de la función, se contempla un plazo de cinco años. Queda la interrogante: ¿se mantiene, ajustándose mediante algún incentivo que no sea eterno, o se retira de inmediato? Estas inquietudes fueron recogidas en la respuesta del Director Nacional, quien planteó algunos criterios. No obstante, reitero que, en el mensaje presentado, se expuso la idea en términos generales y, por cierto, estamos disponibles a realizar todas las precisiones necesarias para que esa asignación resulte razonable, sea permanente en el tiempo y cumpla con los requisitos exigidos; no tenemos ningún inconveniente en ello. El tercer ámbito relevante de este proyecto es que se establece una función específica con ciertas capacidades que este departamento tendrá y que actualmente no existen, o mejor dicho, se amplían en comparación con las facultades generales que posee. Estas tres grandes columnas perfeccionarán la forma en que Gendarmería desempeña esta función, le brindarán nuevas posibilidades y, además, nos permitirán enfrentar de mejor manera la situación, a fin de evitar lo ocurrido en otros países de la región. Voy ahora a señalar que, si no se aprueba este proyecto o la idea de legislar, tendremos menos facultades para enfrentar al crimen organizado transnacional. Esto es muy claro, y estaremos a merced de los vaivenes de la jurisprudencia respecto al régimen especial. Recuerdo que, en enero de 2024, algunos jueces de garantía consideraron que el régimen especial de máxima seguridad era contrario a la legislación; algunas decisiones de Gendarmería fueron revocadas y, tras la discusión, la Corte nos dio la razón. Para evitar que esto se repita, es fundamental que el régimen quede claramente estipulado en el Código Penal, y, además, que no surjan inconvenientes con las movilizaciones legítimas de las asociaciones, desvinculando el régimen de máxima seguridad de esas disputas y garantizando tanto la protección de los funcionarios como la asignación especial. Estas medidas son necesarias con este proyecto. Finalmente, en cuanto a las preguntas más concretas de la zona respecto al aumento de personal, actualmente existen 700 plazas en fracción para alta y máxima seguridad, las cuales están siendo gestionadas por un personal determinado. El objetivo es que ese mismo personal, con las capacitaciones, los resguardos y las herramientas, adquiera las competencias necesarias, aun considerando que no se trata necesariamente del mismo grupo en todo momento.

Sea el que gestione esas plazas de máxima seguridad. En los planes de ampliación que nosotros tenemos están contempladas no solo la construcción de nuevas cárceles, sino también el aumento de plantas. Hemos ido aumentando dichas plantas para las cárceles o para los programas de cárceles que se han ido habilitando. Por ejemplo, en la ley de presupuesto, al aprobarse el presupuesto de Gendarmería, se contemplaron, además del presupuesto de Gendarmería, los aumentos de plantas para el poblamiento de la nueva cárcel en La Laguna. Entonces, el plan de infraestructura que tenemos contempla la infraestructura física, pero sabemos que es necesario ir aumentando las plantas de Gendarmería para hacer frente a esta nueva infraestructura, ya que no es posible asumirla con el mismo personal. Esto se ha venido haciendo en cada una de las leyes de presupuesto y en las leyes de reajuste de los últimos dos años, por acuerdos que hemos tenido con Gendarmería y sus asociaciones, aumentando también las dotaciones. Estas unidades penales, que se muestran en el cuadro y que están clasificadas como de altas condiciones de seguridad, –algunas ya existentes y otras que se crearán como secciones dentro de las unidades actuales–, están funcionando y cuentan con personal. Ese personal depende del Departamento de Seguridad Especial, es decir, de la Dirección Regional, y tiene una capacitación distinta a la que propone el proyecto, sin asignaciones, incentivos o protecciones, aunque cuenta con todas las atribuciones para asociarse a los distintos gremios vigentes. Por ello, las 730 y tantas plazas de alta y máxima seguridad que tenemos en funcionamiento tienen un personal asociado, base sobre la cual se asientan estas medidas. En las ampliaciones que se detallan en la primera respuesta del oficio y que también se encuentran en el plan maestro –ya entregado a ustedes y archivado en esta comisión– se planea aumentar aproximadamente a mil y tantas plazas de alta y máxima seguridad. En ese aumento se incluirán las cárceles de Alto Hospicio, Antofagasta, la nueva cárcel de Calama y la nueva cárcel de Copiapó; y, conforme se pongan en marcha y en operación, tal como se hizo con La Laguna, se irá dotando a Gendarmería de más funcionarios. Esto se ha venido haciendo a medida que se han reaperturado establecimientos, por ejemplo, en Pozo Almonte o en Río Bueno, o con la ampliación de Calama, incorporándose en las leyes de presupuesto los respectivos aumentos de dotación. En relación a la necesidad del proyecto, como preguntaba el senador Araya, creo que lo expuesto ya responde. Gracias, ministro. Senadores, a ver: estamos obviamente con la tarea pendiente, primero de votar en general el proyecto. Yo creo que, a lo mejor, existen otras dudas que se podrían plantear a propósito de lo ocurrido en la última sesión. Por supuesto, señor presidente, pídame la palabra, no hay problema. Gracias, señor presidente. Solo quisiera reforzar lo que nos acaba de decir el ministro en varios aspectos. Primero, tal como manifestó el señor Araya, las cárceles se consideran, a nivel nacional, en distintas secciones que dependen del Departamento de Seguridad Especial. No es que cambien de departamento, sino que son unidades que dependen de este, pudiendo estar ubicadas en Santiago, en Antofagasta, en Iquique u otro lugar, pero siempre bajo la dependencia de dicho departamento. ¿Cuándo deja de percibir esta asignación? Cuando el funcionario sale del departamento y pasa a una cárcel común. Con relación a la sección de máxima seguridad que puede haber, por ejemplo, en Antofagasta, Iquique, Areco o incluso en Santiago, cada una tendrá un número determinado de funcionarios. A medida que estos funcionarios se retiren, deberán ser repuestos. No se trata de que, si un funcionario cumple cinco años en la región de Antofagasta y solicita trasladarse al Maule, se le permita ir sin reemplazo; la institución debe decidir y asegurar que haya un reemplazo, de modo que el tema no se vea interrumpido. Insisto en que se trata de una propuesta que aún debe madurarse y perfeccionarse, pero no significa que la región vaya a perder personal, al menos en lo que respecta a la máxima seguridad.

Que nos convocó hoy día. Podemos discutir lo otro, pero en el sentido de la máxima seguridad van a tener una dotación que siempre va a ser repuesta con personal capacitado. Es súper importante reforzar un poco, y disculpen que lo hable desde la experiencia, pero yo fui tres años, casi cuatro años, al CAI del REPAS de la cárcel de alta seguridad, y crean ustedes que después de cuatro años trabajando ahí, uno queda cansado. Por eso, el funcionario debe tomar la decisión: si quiere continuar en ese régimen para trabajar en otra unidad, en otra región, o salir del sistema de máxima y trabajar en una cárcel común, pues el desgaste al trabajar en una cárcel de alta seguridad es muy alto. Tal como lo decía el señor ministro, nuestros funcionarios que trabajan en las cárceles de alta seguridad, sobre todo en las REPAS, están desempeñando esa función, pero no tienen ninguna capacitación distinta a la que poseen los funcionarios que trabajan en la PENI. Solamente fueron seleccionados para cumplir una función distinta, pero no están debidamente capacitados ni fueron seleccionados específicamente para ello. Y, transparentemente, no contamos con el mejor de los personeros trabajando en esas áreas; tenemos al funcionario que, por circunstancias, fue transferido a desempeñarse en esa función en las diferentes secciones a nivel nacional. Lo que pretendemos hoy día es profesionalizar realmente la función de quienes están desempeñando ese rol. Si no tuviésemos la ley, podríamos seguir con la misma problemática de contar con funcionarios no preparados, ni siquiera psicológicamente, para enfrentar situaciones de crisis en una cárcel de alta complejidad, como es la cárcel de alta seguridad u otras máximas. Insisto en lo mencionado hace un rato: el personal del REPAS, sin contar con ningún tipo de especialización distinta a la que tiene cualquier otro gendarme a nivel nacional, está haciendo un selecto trabajo porque fue seleccionado, aunque persistimos con algunos problemas en ese aspecto. Además, desde 2013 a la fecha no hemos registrado incautaciones mayores: no se han detectado teléfonos, por ejemplo, en este lugar; sin embargo, en otras secciones de alta seguridad, en diferentes unidades del país, sí se han encontrado teléfonos. Y aquí no hay ningún secreto, ya que las situaciones que ocurrieron recientemente en Rancagua, donde hechos graves internos que deberían estar completamente vigilados no lo fueron, demostraron que el personal no está capacitado como debe ser y no disponemos de una selección específica que permita la conformación del Departamento de Seguridad Especial. Es decir, lo que buscamos con este Departamento Especial de Seguridad es profesionalizar la función, especialmente en el manejo de internos de alto compromiso delictual. Gracias, señor. —Muchas gracias, coronel, senadora. Gracias, presidenta. Me quedan dos dudas todavía. En la primera oportunidad usted explicó que la institución definía cuál iba a ser el destino del gendarme después de los cinco años; luego, indicó que era el gendarme el que decidía si quería continuar o no. Eso lo quisiera tener claro: si se trata de un derecho o es una posibilidad que el funcionario puede manifestar, ya que, en definitiva, decide la institución. En segundo lugar, tal como señaló el ministro, toda la regulación de la asignación queda entregada al Presidente de la República. Me gustaría precisar un poco más los límites en la ley, pero se establece específicamente –¿no es cierto?– que se creará una asignación de especialización y otra de riesgo para el personal de planta y contrato que tenga el curso aprobado de especialización y que sea destinado a estos establecimientos. Si en estos establecimientos se requieren 700 gendarmes y hay 1.400 gendarmes con este curso, ¿cuál será la forma de seleccionarlos? Porque, más allá del estrés que esto pueda generar, se abrirá una demanda debido a la existencia de estas dos nuevas asignaciones –no es una, sino dos. Además, quisiera saber si se ha considerado cuál será el monto aproximado de cada asignación y cómo se llevará a cabo el procedimiento para elegir al personal que, cumpliendo con los requisitos, será destinado a estos establecimientos. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Señor Durresti, después le doy la palabra al Ministro y al Coronel. Gracias, presidenta. En el oficio que nos respondía en esta disposición, con fecha 16 de junio, hay una última pregunta en que se dice: ¿qué ocurre con la asignación una vez que los funcionarios que han asumido cargos de alta exposición, alto compromiso y gran preparación regresan a sus funciones habituales? En la última página hay un cuadro de...

Es de 4 de 4 hipótesis: dice “decisión personal, institucional, requerir o ser trasladado a otra unidad penal especial” y “dos sección que venda de la dirección de la asignación”. Obviamente, no cabe duda; pero en el segundo se indica que, por decisión personal o del mando, se pueden desempeñar funciones en dicho departamento o en diferentes unidades o secciones dependientes del mismo, o durante el resto de la trayectoria laboral. No, no entiendo esa hipótesis que también mantiene asignación; hay dos más en las que se señala que no se mantiene, creo entenderla. Yo creo que estamos avanzando hacia una especialización de Gendarmería. Esta Dirección de Seguridad Especial, de ese Departamento de Seguridad Especial, me parece muy bien, es una unidad especializada. Tenemos una población más compleja y me parece acertado formarlo, pero siempre pienso que las asignaciones deben ser un incentivo para ejercer el cargo, y no se puede tener esa asignación de por vida. Yo creo que eso es una mala práctica. No digo que en Gendarmería sea, sino que en la administración pública ocurre que se ocupa un cargo puntual –ya sea porque la administración, la jefatura o las circunstancias del servicio lo requirieron– y, aun cuando ya no se desempeñe ese cargo, se sigue manteniendo la asignación. No es una buena técnica desde el punto de vista de incentivar el trabajo, ya que quien está expuesto a mayor estrés y a jornadas más largas debe tener un proceso de enfriamiento; no es algo automático en el que se sale de la función de inmediato. Tampoco puede ser de por vida, porque, de lo contrario, terminaríamos con una estructura de costos insostenible y se crearía un incentivo de recibir el mismo beneficio estando fuera de la unidad que dentro, cuando claramente, quien no está en la unidad debería tener mayores beneficios. Entiendo que puede haber un proceso gradual, pero no definitivo. Esto se convierte en un vicio que, en definitiva, termina siendo una forma de “mejoramiento” –perdonen que lo diga– en lo que respecta a las horas. Lo que quiero señalar es que las asignaciones son, en esencia, un instrumento para trabajar en situaciones contingentes. Sin embargo, cuando las horas extra se distribuyen en el mes o en el año para mejorar sueldos y no para cubrir ese trabajo adicional, se genera una situación que termina institucionalizándose y distorsionando el trabajo en la contingencia. Yo quiero que seamos súper puntuales y que la asignación sea de la mejor calidad, constituyendo la élite de Gendarmería, con un amplio proceso de selección para que la estructura de Gendarmería o el Ministerio de Justicia, según corresponda, actúe adecuadamente y tengamos una unidad de excelencia, sin que se altere la estructura remuneracional o el sistema de asignaciones. Gracias, senador. Le da la palabra al ministro y, luego, al coronel, ya que me parece muy valioso que el ministro insista en el fundamento. Estoy muy consciente de que tenemos que aprobar –ojalá hoy se ponga en votación este proyecto–, y, además, el aporte del coronel nos ayuda a transmitir lo que ocurre en la práctica, pues la realidad es que buscamos no solo más formación y mejores condiciones, sino que esto se traduzca en un mayor resguardo de quienes están detenidos por los delitos. También se están revisando otros aspectos, así que le doy la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Estoy muy de acuerdo en que es un proyecto perfectible. De hecho, es muy probable que presentemos indicaciones por parte del Ejecutivo, dado el camino que llevamos en la tramitación. Hemos recibido bastante ayuda externa y lo menciono porque es importante que ustedes lo sepan: en su momento lo hemos conversado a través de diversos aspectos internacionales. Hemos recibido especificaciones, a través de Macarena –quien se ha reunido principalmente con todos los expertos internacionales–, de personas muy preocupadas de que se obtenga un buen proyecto. Por dos motivos: primero, porque este proyecto se está utilizando como referente para otros países de la región; y segundo, porque se constata que es posible crear estas fuerzas especiales dentro de Gendarmería, recibiendo la experiencia de otras fuerzas especiales en España, Italia y en Francia. Los expertos internacionales no han dejado de hacer sugerencias, las cuales estamos recogiendo y presentaremos como indicaciones en caso de que se apruebe, en la discusión en particular. Esto está muy vinculado, además, con las preguntas que usted plantea respecto a la asignación, ya que el artículo quinto del mensaje señala lo siguiente: que estas asignaciones…

Presidente de la República: Se debe dictar, mediante decretos con fuerza de ley, la normativa que establezca la asignación de especialización, de riesgo y de operaciones especiales. Esta asignación tiene dos requisitos que estipula el mensaje. El primero es que el personal de plancton, que haya aprobado los cursos de especialización correspondientes para resolver uno de los problemas que señalaba el coronel Sid, sea quien integre la élite en el área de Almería, pues son los problemas más complejos los que vamos a enfrentar. El segundo requisito es que este personal deba estar en secciones penitenciarias del Departamento de Seguridad Especial, ya sea para funciones de custodia o de traslado. Contamos con dos funciones clave: los traslados de alto riesgo y la custodia de personas de alto riesgo. Por ello, quienes se asignen deberán haber sido especializados y cumplir dichas funciones. No se dice más el mensaje. Presidente de la República: Por otra parte, surgen preguntas genuinas. Por ejemplo, se ha señalado que, según lo planteado por los expertos, debe existir un período mínimo de asignación. Se ha expuesto que el grupo operativo móvil que se utiliza en Italia requiere, por ejemplo, 4 años de asignación en esa sección para recibir la designación, y que, además, estos funcionarios deben evaluarse en un período de 5 años, considerando los elevados riesgos que implica estar más tiempo en una sección de este tipo. Estas experiencias pueden servir de insumo. Nosotros estamos en condiciones de entregar, en su momento, a la Comisión todas las observaciones recibidas a partir de las distintas experiencias comparadas, incluso de expertos internacionales, y confiamos en que colaborarán en la discusión. Asimismo, el cuadro presentado recoge algunos supuestos que podrían enriquecer la discusión, basados en las respuestas que ofreció el Director Nacional. Sin embargo, aún no se ha definido ni el tiempo ni la modalidad de esta asignación, lo cual es un aspecto a precisar. Nosotros contamos con algunos criterios que nos pueden servir y estamos totalmente abiertos a lograr la mejor regulación posible. Ministro, senadora Araya y los senadores verdes: Gracias. A continuación, tras escuchar al ministro y a las personas de Almería, expreso mi apoyo al proyecto, pero tengo una duda de mayor carácter estructural en relación con Gendarmería. Hace un par de semanas sostuve una reunión con distintas asociaciones de Almería, tanto a nivel nacional como regional, en la que se expuso un gran reclamo respecto a un problema estructural en la planta productora. Las modificaciones realizadas –creo recordar que fueron durante la gestión de Piñera, en el contexto del bachiller 1– ampliaron considerablemente la planta, en especial la parte baja, pero se enfrenta un problema en cuanto a la forma en que se gestionan los ascensos y la permanencia dentro de la institución. Esto me preocupa, ya que la configuración del Departamento de Seguridad Especial podría terminar siendo un desincentivo para la carrera en Gendarmería si no se resuelve este problema estructural. Considero que es pertinente mirar lo ocurrido en Carabineros, donde, tras un aumento sucesivo de la planta, se produjo una situación en la que la base creció exponencialmente, pero la oficialidad no lo hizo en la misma medida. Independientemente de este proyecto, llega el momento de modelar adecuadamente la planta de Gendarmería para evitar problemas permanentes. Esta unidad, que inicialmente se percibe como una gran idea, podría transformarse en un grave problema para la institución. Además, se corre el riesgo de que muchos opten por permanecer únicamente en esta área, sin salir, en detrimento de la cobertura general. Sabemos que los delincuentes a los que se enfrenta hoy día son especialmente complejos y peligrosos, y que los gendarmes, tanto en la parte administrativa como en el patio, están expuestos a los mismos riesgos. Por ello, es necesario que se aclare si el Gobierno planea una reestructuración de la planta, que considere el hecho de que el plan penitenciario presupone la construcción de nuevos recintos penitenciarios y, consecuentemente, una ampliación del cuerpo de Gendarmería. Finalmente, es indispensable que exista un compromiso gubernamental para iniciar un proceso de modelación de la planta de Gendarmería. Presidente: Gracias, gracias. No repetiré lo ya expresado. Estoy de acuerdo, Maya; no lleguemos al punto de una consulta, pues lo que buscamos con este proyecto es fortalecer la institución. Solo quisiera aclarar si lo comprendí bien…

Vamos a apoyar la iniciativa sin sujetarla a eso, obviamente, pero al menos saber cuál es la voluntad y si se está pensando en conversaciones, etcétera. Sería interesante que los senadores conocieran los antecedentes y la legislación comparada que mencionaba el ministro, y conversar un poco las indicaciones, porque finalmente, en el estudio en particular, yo le diría: senadores, tenemos muy poco espacio para presentar indicaciones en este proyecto, que es casi una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No es cierto: planta, funciones, dotaciones; tal vez por eso yo me referí precisamente al artículo 45 en la forma de terminar esa asignación. Una sola consulta: creo haber escuchado a alguien que preguntó si este curso de especialización ya existe hoy día o si todavía no existe. Eso presente, gracias, senadora, ministro. Muchas gracias. ¿Qué porcentaje va a constituir de la cantidad de funcionarios de Gendarmería este departamento ya en régimen? No sé, en cuatro o cinco años o diez años, cuando estemos funcionando. Siguiendo lo que señalaba muy bien la senadora, ya nosotros estamos creando esta unidad. Creo que hay consenso; las justificaciones son evidentes, pero que eso no deteriore los avances, logros o anhelos del gendarme común, el que uno conoce que está en la garita o el que desempeña funciones en la cárcel —perdón, la expresión— en la cárcel de Río Bueno, donde usted estuvo ministro y donde ustedes ayudaron a reabrir ese centro de atención preventiva, que cuenta con 90 internos. Yo quiero que, por lo menos, quede al mismo nivel y no se limite a una élite, que por su complejidad debe ser considerada élite, pero sin distorsionar—como bien dice Anaya—la modelación completa del sistema y, en ella, precisar el porcentaje que en régimen constituirá este departamento respecto del conjunto en Almería. Ahora sí, ministro. Gracias, señor, muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo primero es que, de todas maneras, creo que es pertinente que los equipos técnicos se junten y revisen las muchas observaciones que nos han llegado de esta experiencia comparada. Se podría hacer una reunión con el departamento, es decir, con la división que dirige Macarena, que es la Dirección de Reinserción Social, y que está a cargo de estos temas, para que se las demos a conocer, entregarlas y consensuar indicaciones. Porque, como les decía, creemos que tenemos muchísimo material para que este proyecto, de muy buena forma y con la voluntad del Ejecutivo—totalmente abierta en esta materia, aunque con las restricciones propias de cualquier proyecto de índole presupuestario—avanza correctamente. Este proyecto cuenta con un informe financiero importante: 1418 millones, principalmente para la asignación y para el jefe de departamento, que con 64 asignaciones dio lugar a un nuevo jefe de departamento. Nosotros tenemos una modelación, pero también es algo que podemos conversar, tal como establece el proyecto de Ley de Información Financiera. Dos cosas que quisiera decir respecto a la observación del senador Araya en las últimas dos leyes de reajuste: hemos realizado modificaciones importantes a la planta de Gendarmería, haciendo adecuaciones para permitir los ascensos que estaban estancados. Ya lo hicimos en el año 2023, y en el 2024 esos ascensos se están materializando, con efectos hacia adelante. No es suficiente, pues efectivamente la planta tiene un problema estructural, pero el Ejecutivo, al escuchar las complejidades, ha implementado modificaciones tanto en la ley de la justicia (la que ustedes aprobaron en el 23) como en otros aspectos, permitiendo seguramente que ustedes tengan el dato más específico. Deben ser más de 3.000 ascensos en su momento en el año 2023 y una cantidad similar en el 2024, que se están generando este año y en los años venideros, con ajustes realizados el último año para mejorar la función penitenciaria, que sabemos es compleja y difícil, y para establecer una carrera penitenciaria que permita alejar a los funcionarios de cualquier fenómeno de corrupción.

Eso tienes que tener buenas condiciones laborales, entonces eso se ha hecho los últimos dos años, ¿eh? Han sido importantes recursos los que se han destinado para eso; están en las leyes de reajuste que se han aprobado, ¿es suficiente, no? Por lo que señalaba el fondo, hay un problema estructural en la planta del cual hay que hacerse cargo y, de hecho, vamos a presentar prontamente un proyecto de ley que va también en esa materia, después de un acuerdo que hemos tenido con las asociaciones de América y eso lo van a presentar. Le va bien la palabra ahora al Ministerio Público, que está por Zoom, como dije al inicio de la sesión. La directora subrogante de la unidad especializada, la señora Tania Gajardo. Tania Gajardo (Ministerio Público): "Buenos días por su intermedio, señora Presidenta. Saludo a los miembros de la comisión, al ministro y a los demás asistentes. Hago una intervención muy breve porque, como Ministerio Público, hemos intervenido antes en este mismo proyecto de ley; solamente, bueno, valorar la iniciativa. La verdad es que todo lo que acá se ha dicho respecto de los cambios en la criminalidad y la exigencia actual de los regímenes especiales da un fundamento relevante para que realmente este proyecto de ley tenga una alta valoración por parte de la Fiscalía. Para nosotros es muy importante que esto pueda salir adelante. Lo que sí tenemos es una pequeña observación, más que nada una preocupación que tiene que ver con los funcionarios que actualmente ejercen labores investigativas. Desde la entrada en vigencia de la Ley 21.55 del año 2023, en la que Gendarmería de Chile, por dicha ley, pasa a denominarse también auxiliar del Ministerio Público y de la investigación penal, se han realizado esfuerzos muy importantes. Hemos trabajado conjuntamente con Gendarmería en la capacitación de los funcionarios de los departamentos de investigación criminal y, actualmente, por una mesa de trabajo que tenemos con el Ministerio de Justicia, se han puesto en funcionamiento focos de crimen organizado y cárceles en todas las regiones del país. Nos preocupa que este régimen especial pudiera –aunque sabemos que siempre hay restricciones presupuestarias– llegar a los funcionarios que realizan labores investigativas. Y no solamente a aquellos que ejercen la función de cuidado de los recintos de máxima seguridad, ¿por qué? Porque la función de los funcionarios que realizan investigación criminal dentro de los recintos penitenciarios es de una importancia extremadamente crítica: en muchas oportunidades investigan a sus propios compañeros de Gendarmería, además de organizaciones criminales que operan desde adentro de algunos recintos. Por lo tanto, hemos podido observar, en el poco tiempo que ha estado vigente la Ley 21.55, que si bien se ha avanzado mucho en la capacitación y en que ellos trabajen de manera interagencial, tanto con Carabineros de Chile como con la Policía de Investigaciones, quizás sería una buena oportunidad para que este mismo régimen especial llegara a los funcionarios que realizan investigación. Esa es una pequeña observación y un aporte por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, señora Presidenta." Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. La palabra, senador de Restin, sí, con mucho respeto – no sé para qué – no se sienta, se desconectó la... no, no se me apagó la cámara – me parece extraño, o sea, me parece súper atendible lo que usted señala, pero nosotros estamos legislando sobre esta unidad particularmente y usted plantea un conjunto de asignaciones para otras funciones. Gendarmería estaba revisando acá la Ley 21.545 y Gendarmería pasa a tener capacidades de investigación penal, me parece súper bien, pero creo que excede el planteamiento del Ministerio Público. No, no veo en qué el Ministerio Público está planteando directamente eso. Yo entiendo que ustedes necesiten mejores funcionarios, en este caso que Gendarmería funcione de la mejor manera para esa investigación, pero…

Me encuentro impertinente para decirlo, no quiero que se defienda mal; digamos que el concepto no afecte lo que usted dice. Ese planteamiento me parece que corresponde a otra ley o, extemporáneamente, corresponde a otro tramo. Yo creo que hay que investigarlo, hay que tratarlo. Creo que es muy bueno que el Ministerio Público nos explique cómo ha funcionado la función de Gendarmería, pero creo que el proceso que debemos constituir—en lo que respecta a su trato y relación con el crimen organizado—y que se vincula con una ley del 23 del 2023, sería adecuado. Quizás el planteamiento debería verse en otro cuerpo normativo para evaluar. Tal vez haya que reasignar funciones, pero, perdone que me haga la referencia, me suena un tanto disonante poner toda la atención en tener este departamento de alta seguridad y situarlo bien en los recintos. Yo creo que, mediante la intercesión de la Presidenta, a través de la agenda Almería o por el propio Ministerio, tenemos esto ubicado, digamos, desde la Metropolitana hacia el norte por un tema, y acá hay senadores, la mayoría de la zona norte, quienes siempre destacan el cambio exponencial en su población penal. Recuerdo que, al inicio, esta administración envió presos de alta complejidad a la Región de Los Ríos; lo observamos, se corrigió, pero se cometió el error de concentrar reos en una zona, lo cual puede favorecer el traslado del crimen. Por ello, tenemos que abordar ese tema. Recogiendo la opinión del Ministerio Público, pienso que no aplica directamente y deberíamos contar con otras herramientas para evaluar la implementación de esa ley. Recuerdo haber discutido la posibilidad de que, al Ministerio Público, se le asigne un brazo operativo a través de la labor de Gendarmería, que está en primera línea, aunque no lo veo vinculado a este asunto. Permítanme esa aclaración: hay que abordarlo, hay que tratarlo, pero no de esa manera, y con más elementos que permitan saber cómo ha funcionado y cómo ha servido para desbaratar actuaciones ilícitas. Gracias, senador. Me pidió la palabra; senadora es verga, y después vamos a votar. Muy breve. Presento que, a mi parecer, lo planteado por el Ministerio Público no está tan fuera de lugar. Si uno va al mensaje o a lo que se pretende hacer acá, el cual va ligado al resguardo y al traslado del crimen organizado, ¿cómo evitar que éste penetre? No es cierto, agenda Almería. Creo que el personal de enfermería que investigue el crimen organizado cumpliría el mismo objetivo, ya sea en esta instancia o en otra ley, como mencionaba el senador. A mí no me parece descabellado, y quizás solo se trate de pedirle al ministro de Justicia un análisis un poco más profundo de lo expresado, a ver si se cumplen los mismos requisitos para que el personal de Gendarmería —no todo aquel que, de acuerdo a la ley, investiga, sino aquel que investiga el crimen organizado— pudiera incluirse o no. Eso, presidental, gracias. Ahora, ministro, brevemente, por eso lo ponemos en votación, no muy breve. Presidente, tal como decía la representante del Ministerio Público, gracias a la ley 21.545 se incorpora esta función a Gendarmería de Chile, y lo que se ha hecho en estos dos años de vigencia ha sido muy bueno. Quisiera agradecer al Ministerio Público, pues los equipos han trabajado muy bien; la voluntad fiscal nacional de crear estos focos especializados ha sido evidente, ya que, tras implementarlo primero en el centro penal, lo hemos extendido a todas las regiones, obteniéndose muy buenos resultados. Yo creo que, efectivamente, debemos analizar cómo fortalecer esa herramienta. Este proyecto no está pensado en fortalecer dicha herramienta, pero creo que la conversación que debemos tener es precisamente en ese sentido, porque esa herramienta nos ha permitido tener muy buenos…

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