Mixta · Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos (Presupuesto)

Bueno, y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Oportunamente, el coordinador analista de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Rodrigo Ruiz, remitió a vuestros correos los siguientes antecedentes respecto a esta partida: ficha presupuestaria, documento que expone los antecedentes presupuestarios e institucionales correspondientes a la partida, basándose en las disposiciones contenidas en el proyecto de ley 2025; estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones de informar contenidas en la Ley de Presupuestos 2024 al mes de septiembre; y análisis preliminar realizado al presupuesto de la partida, recaído en el proyecto 2025. Asimismo, se les hizo llegar el documento enviado por el Ministerio de Bienes Nacionales, dando cuenta tanto de la ejecución presupuestaria de 2024 —la cual quedó pendiente— como del presupuesto para 2025; y, por último, se remitió también un documento elaborado por la BCN con análisis presupuestario 24-2025 y ejecución en agosto de 2024. Esa es la cuenta, señor presidente. ‐ Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta, diputado Cifuente? Sí, tenemos el listado de las partidas que vamos a ver hoy día. Por favor. Sí, fue enviado, por lo menos a mí; se lo reenvío yo o, si lo tienen impreso por ahí, por favor. Les recuerdo: de 9:30 a 10:30, Bienes Nacionales; de 10:30 a 11, Cervel; de 11 a 14, Interior; de 15 a 17, Vivienda; y de 17 a 19, Culturas. Muy bien. ¿Alguien más sobre la cuenta? Bueno. De acuerdo a la tabla, nos corresponde hoy conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio y el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el 2025, correspondiente a la partida 14 del Ministerio de Bienes Nacionales. Y tenemos como invitados e invitadas a la señora ministra Marcela Sandoval. Bienvenida, ministra, a la subcomisión; a la jefa de la División de Planificación y Presupuestos, la señora Valentina Gómez; y al jefe del Departamento de Presupuestos, el señor Néstor Zavala. También contamos con el asistente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, quien encabeza el sector Viviendas Nacionales, el señor Mario Flores; y se suman, como analistas, el señor Raúl Guerrero y Arturo Méndez. Finalmente, de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado se encuentra el coordinador analista, el señor Rodrigo Ruiz, que está acá atrás acompañándonos como siempre. Bueno, ministra, el mes pasado no alcanzamos a ver la ejecución del Ministerio, así que partiremos con eso, ¿cierto? Le rogaríamos que fuera bastante concisa en esta parte, apuntando principalmente las dificultades que se evidenciaron en la ejecución y otros aspectos relevantes; de ahí, ingresaremos al fondo que tiene que ver con el presupuesto del año 2025. Tiene la palabra, ministra. Gracias, señor presidente. Saludo, por su intermedio, a los senadores y diputadas y diputados integrantes de esta subcomisión. Vamos a hacer, acogiendo el llamado de esta subcomisión, una presentación bien sucinta respecto a la ejecución presupuestaria. Dado que estamos reportando en este mes, ya en octubre, se han actualizado todos los datos a septiembre para que dispongan de la información lo más reciente posible sobre la ejecución presupuestaria del gasto por programa del Ministerio de Bienes Nacionales. En la primera lámina hemos puntualizado los cuatro programas que tiene el Ministerio: el programa de Subsecretaría, regularización, administración de bienes y catastro. Como verán, en los números, el gasto a septiembre es prácticamente el estimado, es decir, vamos muy en orden con lo proyectado, alcanzando una ejecución del 73% en el programa 1.

80% en el programa 3, más de lo estimado en la administración de bienes, 116% y 70% en el programa de catástrofe. En definitiva, vamos en un 96% de la ejecución al mes de septiembre del 2024. Vamos a ver, respecto a los gastos operacionales de la partida 14, los distintos subtítulos que incluye nuestra ejecución presupuestaria, la ejecución operativa; ahí tenemos un porcentaje de avance de 73%, lo que también proyecta que a diciembre del 2024 tengamos ejecutado prácticamente la totalidad de nuestros gastos operacionales. Es algo que, en general, ha sido una tendencia del Ministerio de Bienes Nacionales y que hemos tratado de resguardar para que efectivamente estos gastos sean ejecutados durante el transcurso del año y no al final del periodo. Respecto de los ingresos operacionales, recordar que nuestra cartera es una de las que más recauda para el Estado, y ahí es importante la nota al pie que colocamos. En el año 2023, el Ministerio de Bienes Nacionales, considerando solo los ingresos respecto de su giro —esto es, el arrendamiento, las concesiones y las ventas, que constituyen nuestro principal giro—, obtuvo un resultado operativo bruto de un poco más de 70.000 millones, superior al de varias empresas públicas, sin considerar, por supuesto, Codelco y Enap, cuyo resultado operativo bruto es del orden del 61.000 millones. Esto es parte de las fuentes de las estadísticas de finanzas públicas del 2014 al 2023 y resulta bien relevante, ya que una de las metas del Ministerio de Bienes Nacionales es la administración rigurosa del patrimonio fiscal, al mismo tiempo que se busca generar una recaudación importante para el fisco por concepto de arriendos, concesiones y ventas. Se observa, además, la comparativa de ejecución 2023 respecto de la ejecución a septiembre del 2024. Tenemos cifras similares en lo que respecta a las concesiones, que puede parecer una cifra en un rango más bajo respecto al período anterior. Esto sucede porque muchas concesiones terminan en su cierre en estos meses, y es entonces cuando se concretan esos trámites. Al tratarse de concesiones onerosas, estamos hablando de grandes inversiones privadas, por lo que ese monto se espera que se mantenga en un rango similar. En este minuto, los ingresos operacionales se sitúan en aproximadamente 67.000 millones, un poco más, y respecto al año anterior existe un delta que se explica también por el monto de las concesiones que están concluyéndose y tramitándose en este último trimestre. Me preguntaba el presidente de la subcomisión por algunas dificultades que hemos tenido este año, y efectivamente se han presentado inconvenientes relacionados con la contingencia. Tuvimos el mega incendio en la Región de Valparaíso, lo que significó disponer y reacomodar algunas funciones, sin que esto implicara mayores gastos, pero sí una reorganización operativa. Pusimos a disposición del mega incendio la plataforma de la IDETILE, que es la infraestructura de datos geoespaciales que monitorea los datos territoriales del Estado, y nos posicionamos como punto focal para colaborar con distintos ministerios —Ministerio de Vivienda, SENAPRED, los ministerios de enlace— y con la distribución de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Adicionalmente, en el contexto de la emergencia del incendio en Valparaíso, se sumó la reposición de títulos de dominio y la colaboración en materia de reconstrucción. Hay situaciones donde, como bien saben, se localizan asentamientos en lugares no habilitados, con dificultades geográficas y ocupaciones irregulares. Por ello, hemos tenido que disponer equipos desde el nivel central para atender esa emergencia y realizar la reposición de título de dominio, trámite que constituye una garantía jurídica muy relevante para las personas que perdieron todo.

¿Usted es la comunidad completa la que está tomada o es una persona que llegó de Santiago, que se tomó parte de la comunidad, que es la que está ahí? Entonces, si no me lo puede responder, por favor, quiero averiguarlo, porque la verdad es que la Cámara de Comercio de Reagan-Rey nos ha dicho varias veces que la comunidad está muy complicada, que los boteros se tienen tomada la península y que la concesión habría vencido, y que, además, cuando le dieron la concesión empezaron a talar bosque y a sacar árboles de adentro, eso que no está permitido. Entonces, yo no sé: ¿cómo controlan las concesiones? ¿Cómo lo hacen en este caso? ¿Y es efectivo lo que los vecinos nos dicen? Gracias, presidente. Muy bien. Sí, vamos a tomar varias preguntas. Está primero el diputado Cifuente, y de ahí, el senador García Ruminó, y el senador Insulza. Buenos días, ministra. Este año comenzó la primera expropiación de terreno en una caleta, en la caleta Sierra, en la región de Buquimbo. Yo creo que es un hito histórico para el ministerio y para el país, y por tanto, las felicito realmente por haber sacado una demanda histórica, no solo de la región, sino de muchas caletas en el país. Mi pregunta es: ¿dónde están considerados esos fondos, esos recursos en el presupuesto del año 2014, ya que no están explicitados? ¿Y se tendrá una glosa especial para la ley de caletas el próximo año? Eso sería. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Yo tengo una consulta en relación con los ingresos, que yo entiendo provienen básicamente de las concesiones y, particularmente, del litio. Aquí hay, bueno, ustedes indican que recibirán, por rentas de la propiedad, por una parte 18.000 millones y 32.300 millones; y en la Subsecretaría tienen una transferencia por aproximadamente 16.000 millones, o sea, la mitad de lo que reciben por rentas de la propiedad lo están transfiriendo para el financiamiento de gobiernos regionales. Esta partida de ingresos por rentas de la propiedad, en lo que respecta al litio, siempre hemos albergado grandes esperanzas de que contribuya de manera significativa al financiamiento de programas sociales. Igualmente, me parece bien que se destine a los gobiernos regionales, pero mi pregunta es: ¿cómo se prevé para este año? ¿Se tendrán más ingresos por concesiones, particularmente del litio, o serán menores o iguales? No tengo aquí los datos comparados, por eso me gustaría conocerlo. Gracias, presidente. Senador Insulza. Yo quisiera preguntar por el tema de la regularización de la propiedad. En mi región hay una cantidad enorme de propiedades no regularizadas, y además, una gran cantidad de personas que, teniendo en arriendo propiedades –seguramente de las rentas que ingresan–, no han conseguido nunca, en muchos años, obtener la propiedad de sus bienes. Quisiera saber de qué manera ha progresado este tema, porque la verdad es que, en este período –y recordemos que el Presidente de la República, en su primer mensaje presidencial, señaló como uno de sus objetivos lograr el mayor grado de regularización de la propiedad posible–, no se trata de puras tomas, sino de gente que generalmente está instalada allí sin ningún perjuicio para nadie, incluso pagando renta, pero para la regularización de la propiedad hay pocos recursos y resulta necesario terminar con esta situación. Esa es mi pregunta. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Respondiendo al senador Mellao, respecto al ICANN-RAI, voy a pedir un informe detallado a la Seremia de Bienes Nacionales para que atendamos esa situación.

Región de la Araucanía. Nuevamente, podamos ir al lugar juntos a ver, y respecto a esos temas, el año pasado había un compromiso de a tres años de aumentar la fiscalización de los fiscalizadores. Ha habido un plan también de fiscalización y de denuncia, en el que tanto las delegaciones provinciales, las delegaciones presidenciales y los municipios nos colaboren en esas denuncias, ya que muchas veces la capacidad del Estado para llegar a distintos lugares a fiscalizar no es suficiente en términos de dotación. Por lo tanto, hemos tratado de generar distintos mecanismos. De hecho, hemos recuperado varios inmuebles que han estado en desuso en distintas regiones –no necesariamente en la región de la Araucanía– o que, al ser inmuebles fiscales, han sido retomados mediante la fiscalización por denuncia. Respecto al subtítulo 24 que usted me preguntaba, hay dos nudos críticos. Uno tiene que ver con el programa indígena, específicamente, con los procesos de consulta. En este caso, tenemos la consulta del Cerro Igi y la de Puyehue. Los procesos de consulta a veces se programan en un trimestre y, por distintas razones, se tiende a cerrarlos casi a fin de año, lo que ha representado una dificultad en los casos complejos de cómo tratar las disyuntivas territoriales en el programa indígena. Lo otro es el plan de gestión territorial regional, que habla de los proyectos patrimoniales. Allí, las licitaciones muchas veces resultan en montos altos por los estrictos requisitos que tiene el Estado, lo que ocasiona que, en ocasiones, no lleguen oferentes o estos no cumplan con todos los requisitos y se deban hacer nuevos llamados a licitación, retrasando el proceso. Hemos modernizado incluso nuestros procesos de respuesta para acortar estos tiempos, pero frecuentemente se concentra la ejecución –tanto en los procesos indígenas como en la gestión territorial patrimonial– en el último trimestre, una tendencia que hemos tratado de revertir, pero que, por ahora, sigue siendo una realidad compleja. Respecto a lo que señalaba el diputado Ricardo Cifuente, efectivamente, Caleta Sierra fue un hito muy esperado, ya que la implementación de la Ley Caleta no se había realizado. Fue necesario que el ministerio tomara parte en el diálogo con los distintos gremios y representantes de los pescadores, no solo de la región de Coquimbo, sino también de otras regiones del país. Recuerden que muchos de ustedes estuvieron presentes durante su tramitación, la cual se produjo también en el contexto del movimiento en Caleta Sierra y la toma de un camino, situación que generó complejidades significativas. Iniciamos una mesa de trabajo con los sindicatos de pescadores asociados a la región de Coquimbo y a Caleta Sierra, estableciendo un diálogo que permitió el inicio del proceso expropiatorio. Esto es fundamental, ya que posibilita reactivar las caletas como nudos productivos y turísticos, no solamente como espacios concentrados en el recurso del mar, sino también como polos importantes para el desarrollo, considerando la gran cantidad de caletas que existen en Chile. Además, en Obras Públicas se ha comprometido el tema de infraestructura en algunas caletas para el 2025. Sin embargo, respecto a la proyección para el próximo año, la verdad es que aún no se contempla, siendo un tema complejo que requiere continuidad en la implementación de la Ley Caleta. Respecto del litio, el senador José García Ruminó nos preguntaba por la transferencia a los bores. Por ley, tenemos que transferir el 65%, y lo que hemos buscado es mantener una tendencia en la cual siempre recaudamos más.

La cumplimos con la transferencia a los gobiernos regionales. Estamos también en conversación con ellos para que efectivamente esos recursos vayan destinados a inversión regional, proyectos que también beneficien y muchas veces contribuyan a que los programas sociales se desarrollen en esa región. El litio, particularmente, es una fuente de riqueza indudable y, por lo tanto, esperamos también que haya más recaudación. Esa ha sido la tendencia, ha ido en alza, pero, por ley, estamos transfiriendo el 65% a los gobiernos regionales. Senador Insulza. Respecto a la regularización, efectivamente es una brecha histórica que no solo se resuelve con modernización en el tema de la regularización de la pequeña propiedad de raíz. En muchas regiones hemos repuntado, pero en la macrozona norte nos encontramos efectivamente con la situación de que, por haber más suelo fiscal, se generan ocupaciones de carácter irregular. No se trata de ocupación ilegal, sino de personas que han estado residiendo en ese lugar durante mucho tiempo; en el sur lo hemos resuelto con algunas estrategias de erradicación. Por ejemplo, el caso de Puerto Octay, en la provincia de Osorno, y otras situaciones se han resuelto con estrategias de erradicación de asentamientos que llevan muchos años y que ya, finalmente, son un polo urbano, es decir, un asentamiento que cuenta con todos los servicios. En el caso de la regularización, y ahí lo verán ustedes en la propuesta de ley 2025, en general los recursos siempre han sido de continuidad. No había aumento y, para el proyecto de ley 2025 y este año también, lo hemos resuelto con recursos de municipios, mediante convenios con municipios y gobiernos regionales, lo que reviste, en general, al Ministerio de Bienes Nacionales. Opera y funciona como algo que se articula en general con los municipios y gobiernos regionales. Sin embargo, evidentemente, eso está a merced de los vaivenes de la contingencia, por lo que no necesariamente podemos decir que esto va a ocurrir en tal mes o tal otro. Pero tenemos una demanda de regularización de pequeña propiedad de raíz que se cubre con el presupuesto de la Nación, que siempre ha sido de continuidad, mientras que el excedente se cubre con los convenios de municipios y gobiernos regionales. Ahí efectivamente hay una necesidad de fortalecer. Nosotros, en términos de gestión, hemos proyectado para el 2025 simplificar algunos procesos y establecer puntos de regularización en algunas comunas, colaborando con los actores municipales y regionales, de manera de llegar a lugares a los que al Estado a veces le cuesta mucho llegar. Ese es un desafío importante para nuestra cartera y, evidentemente, lo tenemos que hacer articulado en el territorio. La región de la Araucanía, vale decir, es una de las regiones en que más se regulariza, pero eso también ocurre porque existe una dinámica en la regularización que ya se ha establecido anualmente, con un procedimiento bien definido y con transferencias del gobierno regional, lo cual es muy importante. Ahora hemos aumentado las transferencias de gobiernos regionales para la regularización de la pequeña propiedad de raíz; hay que decirlo, y evidentemente eso contribuye, siendo un dato muy importante. Esto no se refiere tanto a quienes habían sido ocupantes ilegales y legítimos al principio, quienes luego permanecieron durante muchos años, sino a personas que recibieron propiedades y, por distintos motivos, no se ha podido concluir el proceso desde hace años. Llevo allí siete años, y cada año vamos, además, con el senador Durán para tener más fuerza y hablar con el subsecretario, la subsecretaria o el ministro, etc. Este año yo no he ido en este periodo. Y el problema es siempre el mismo: nosotros queremos comprar y, ahora, nos tienen que transferir el terreno, pero el precio es demasiado alto, y nos parece que las posibilidades de negociar precios no son muy amplias. A lo mejor habría que revisar eso, porque francamente se está hablando de la zona del Colinda, que colinda con Cerro Chuño, donde hay muchos pequeños empresarios; hay también en Cerro Chuño, pero me refiero a los que colindan, que están agrupados en dos asociaciones, AP y Ajisma, y todos los años surge la misma petición: ¿por qué no retasan el proyecto? Lo dijeron antes: que se podía hacer, etcétera, y nunca se termina. Y lo que es peor, Ministro, es que nunca se va a terminar, porque si usted va a esos lugares –por ejemplo, hay talleres mecánicos que ya están tan llenos de cosas que habría que pedir prestada hasta una grúa de Antofagasta para lanzarlo– entonces, lanzarlo no se va a poder hacer jamás. Pero, al mismo tiempo, regularizar su propiedad parece que tampoco va a ocurrir nunca. Tal vez algún plan especial para ese tipo de casos debería existir.

Sí, respecto de lo, por su intermedio, presidente, y en relación a lo que señalaba el senador José Miguel Insulza, no hemos reunido con este presidente. Sí, porque efectivamente, y con el senador Durana también, hemos ido a la región a ver en terreno este tema. Es algo de arrastre, ya que hemos visto distintas fórmulas en lo que concierne al avalúo del suelo fiscal; por ello, nos tenemos que basar en las fórmulas que ya manejamos. Pero en otros lugares, por ejemplo en la región de Tarapacá, en situaciones similares se han implementado concesiones a largo plazo mediante arrendamiento; en algunos casos, aunque se mantiene la situación de arrendamiento, lo que se busca es la venta, y se está observando un tema de deslinde. Y respecto al Cerro Chuño, para terminar, en particular, hemos realizado la recuperación de suelo fiscal en algunos lugares. De hecho, el año pasado se recuperaron más de 40 hectáreas, si mal no recuerdo, donde se encontraban instalaciones precarias de talleres mecánicos. Se efectuó un desalojo importante y hay programados otros, pues efectivamente es un problema para la región. Mantendremos informado respecto a la situación de las dos agrupaciones que usted menciona. Muy bien. Avancemos. Esta es la última, yo creo, ¿no? Y adelante para que veamos el presupuesto. Yo diría que ya estamos en el punto 25 con los temas. Qué lástima lo que dice usted, ministra, de que no tengamos recursos en esa ley, que es una obligación del Estado. Entonces, yo sé que la voy a poner en una situación difícil, pero nuestra misión es dar la pelea para que el programa reciba la importancia que merece y se asignen los recursos. La pregunta es: ¿ustedes hicieron la solicitud a Hacienda y esta la negó, o realmente no tienen como prioridad instalar esa política fiscal el próximo año? Primera pregunta. Y la segunda: ¿por qué no intentamos hacer un convenio con los gobiernos regionales para asumir este tema, ya que a ellos les importa mucho? En la región, por ejemplo, se está creando un convenio entre distintas instituciones del Estado, en el que entiendo que también participan ustedes, junto con el FOS y otras instituciones, manejándose grandes cantidades de plata. Esa es la segunda cuestión. Si pudiéramos intentar —y según lo vean ustedes, a lo mejor podemos incluir una glosa— pedirle a Hacienda que nos ayude a conformar, con distintos recursos, un plan. Y, por otro lado, da pena ver la puesta en valor del territorio fiscal, como el plan de gestión territorial, que cuenta con 48 millones de pesos, ministro. Es mejor no incluirlo, ya que resulta una vergüenza. Yo sé que ustedes no son los responsables; sin embargo, realmente considero que Hacienda aquí debe asumir algún mea culpa, pues esto es poco serio. En esto sí que voy a insistir. Insisto, sé que no es responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales, pero los responsables deben asumirlo de alguna manera; de lo contrario, es una vergüenza. Muy bien, Ministro. Para responder al senador Cipuente, efectivamente, una prioridad es el plan de implementación de la ley Caleta, que no solo incluía procesos expropiatorios, sino que también contempla caletas que están en propiedad fiscal en la región de Tarapacá y en la región de Coquimbo, puntualmente. Lo que hicimos fue comprometer nuestra gestión y destinar recursos para que, a partir del próximo año, se continúe con el plan de las caletas que están en territorio fiscal, y ya hemos iniciado conversaciones con los sindicatos y los gremios, ya que efectivamente será una buena señal; no podemos permanecer estancados. Respecto a la gestión con los gobiernos regionales, en el caso de las caletas, el valor aumentó con respecto a la tasación inicial y contamos con una gestión en conjunto con el gore de Coquimbo. Hemos estado abriendo esas conversaciones, ya que entendemos que esa es una solución o alternativa de gestión. Continuaremos con lo de las caletas.

Están en territorio fiscal, ¿eh? Queremos dar esa buena noticia, igual el próximo año, y en aquellos casos en que necesitemos recursos adicionales vamos a ir a conversar con el gobierno. Ya en el Gobierno de Coquimbo nos fue bien respecto de cerrar el proceso expropiatorio. Gracias, diputado. Muy bien, ¿hacemos todo el suministro en el presupuesto? Vamos a ir rápidamente respecto a las definiciones estratégicas del Ministerio de Bienes Nacionales como misión institucional. Ya señalaba antes que nuestro ministerio es incidente en muchas políticas de Estado y de Gobierno, ya que tiene como misión reconocer y gestionar la propiedad fiscal colocándola al servicio de necesidades sociales, ambientales, culturales, económicas y de seguridad del país; regularizar la pequeña propiedad de raíz a través de una gestión descentralizada pero, a la vez, articulada con distintos actores, con principio de satisfacción usuaria y perspectiva de género. Debemos contribuir a la reducción del déficit del suelo para vivienda, a la promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al fortalecimiento de espacios de memoria y derechos humanos, al crecimiento productivo y energético, y a la protección y acceso al patrimonio natural y cultural en beneficio de la totalidad de los habitantes de Chile. Como verán, nuestra misión abarca diversos temas y está muy relacionada con la naturaleza; no es un ministerio eminentemente territorial. En cuanto a la partida 14, las definiciones estratégicas se mantienen, mayormente de continuidad, pero hay una en especial a la que me gustaría prestar atención: contribuir a la soberanía nacional y a la seguridad pública mediante la destinación de inmuebles fiscales al Ministerio del Interior y a las distintas fuerzas de orden y seguridad, así como realizar acciones de restitución administrativa de terrenos fiscales, lo que en definitiva implica la recuperación de suelos fiscales y la realización de desarmes y desalojos. Todos los otros puntos son de continuidad. Se trata, en primer lugar, de asegurar el acceso y el resguardo al patrimonio natural y cultural mediante el catastro de la propiedad fiscal; en segundo lugar, de disponer del suelo fiscal para contribuir al déficit de vivienda; en tercero, de fomentar el uso social y comunitario de la propiedad fiscal, otorgando concesiones gratuitas o permisos de uso a distintas organizaciones sociales, con énfasis en mujeres, organizaciones ambientales y personas mayores, además de atender la demanda presentada en distintas regiones por organizaciones que han emergido en este ámbito. Asimismo, en cuarto lugar, está el tema de nuestra contribución a la seguridad nacional; en quinto, los derechos territoriales de los pueblos indígenas; en sexto, la disposición de terrenos fiscales para proyectos productivos, que abarcan distintos tipos de industria, incluidos aquellos relacionados con la contribución a las energías renovables, la estrategia del litio y, siempre, la mitigación del cambio climático; y, por último, la regularización de la pequeña propiedad de raíz, con especial énfasis en mujeres y pueblos originarios. Por ejemplo, en La Araucanía tenemos un convenio con Conavi para regularizar la situación, y en algunas regiones del país contamos también con un convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para regularizar específicamente la situación de mujeres en contextos de ruralidad, sin olvidar a las mujeres indígenas. Partimos con la Región del Biobío, pero se han sumado otras regiones, incluida la Araucanía. Para el próximo año, es decir, para el 2025, tendremos implementado un convenio con Inda respecto al trabajo de tierras para jóvenes y mujeres. Ya lo he mencionado; no quiero ser reiterativa, pero efectivamente se viene con un enfoque nacional y con un ministerio incidente en distintas políticas del Estado: Plan de Emergencia Habitacional, Seguridad Pública, gestión de emergencias, derechos humanos, estrategia nacional de litio, protección medioambiental –sobre todo en lo que se refiere a parques y reservas nacionales– y, por supuesto, en algunos temas relacionados con la convivencia intercultural y la restitución de tierras y lugares ceremoniales para los pueblos indígenas. Además, hay dos temas muy característicos. En primer lugar, destacamos que Bienes Nacionales es un actor clave para la resolución de problemas nacionales y regionales, al generar ingresos al Estado de Chile del orden de 100 mil millones anuales a través de la administración de la propiedad fiscal. En segundo lugar, más allá de tramitar las solicitudes, no funcionamos como una mera ventanilla.

De tramitación, sino que somos un ministerio que evalúa, que planifica la gestión del territorio para diversas políticas públicas y ese ha sido el norte que hemos querido también reforzar en nuestro gobierno. Tenemos tres énfasis y desafíos presupuestarios para el 2025 y en esto hemos concentrado también nuestros esfuerzos. En primer lugar, mejorar la calidad de servicio de atención ciudadana. Ahí están enfocados la disminución de los tiempos de tramitación a través de la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la ley de transformación digital, pero también la modernización de algunos sistemas, que después los vamos a ver en detalle, con especial énfasis en la tramitación de concesiones. En segundo lugar, aumentar la riqueza para Chile. Esto significa lograr mayores ingresos a través del desarrollo de un nuevo sistema de gestión de la cartera de arrendamiento, venta y concesiones, que lo vamos a explicar, y que tiene que ver también con atender mejor el tema de la morosidad de los pagos, así como tener un mejor control respecto de los distintos contratos de concesiones y arrendamiento. En tercer lugar, contribuir a la seguridad pública y soberanía nacional. Hemos sido firmes en este gobierno en cómo generamos, por un lado, la restitución administrativa a través de la fiscalización del suelo fiscal que ha sido ocupado ilegalmente, y por otro, el apoyo –y esto es bien relevante– al Plan Nacional de Complejo Fronterizo. Ahí hemos desarrollado un rol de colaboración con este plan, que lo lleva específicamente la Subsecretaría del Ministerio del Interior. No solo hemos dispuesto propiedad fiscal en aquellos pasos fronterizos que se deben transformar en complejos fronterizos, sino también hemos dispuesto equipos que van a terreno, junto a equipos tecnológicos. Todo lo relacionado con las herramientas que utiliza nuestro equipo de catastro se ha dispuesto para apoyar el Plan Nacional de Complejos Fronterizos y Zonas Aisladas. Respecto a la seguridad, también hemos brindado apoyo a las policías. Se han transferido, creo, 35 inmuebles a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en este período de gobierno. Esto es particularmente relevante, ya que no sólo ha supuesto mejoras en los retenes, comisarías o en los lugares destinados a las instituciones policiales, sino que también se han asignado espacios para escuelas de formación. Hemos entregado locales y continuaremos haciéndolo, pues ya tenemos varias solicitudes en trámite para nuevos lugares destinados a la formación. Recientemente, se ha ampliado el permiso y la concesión de más terreno para el grupo de formación de Viña del Mar de Carabineros, lo que permitirá duplicar la dotación en la Región de Valparaíso, pasando de 240 a 480 carabineros. Además, en Ñuble se ha transferido un terreno que permitirá contar con la primera escuela de formación, lo cual es fundamental, ya que esa región es una de las principales en cuanto a egresos de carabineros en el país, evitando así que tengan que trasladarse a otras regiones. Acá se encuentra la partida 14, que resume los distintos programas de la Subsecretaría de Bienes Nacionales: regularización, administración de bienes y catastro. El presupuesto 2025 contempla 55.000 millones 489.708 pesos, y la distribución de las partidas se encuentra en la tabla, la cual se explicará a continuación. El Programa de la Subsecretaría de Bienes Nacionales incluye los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, el ítem vehículos, mobiliario, equipos informáticos y programas también informáticos. Más del 30% del presupuesto 2025 solicitado se encuentra en este programa, lo cual se explica por la necesidad urgente de fortalecer la gestión, que se traduce puntualmente en la modernización y transformación digital, mediante el desarrollo de un nuevo sistema de administración de contratos –prácticamente obsoleto, pues data del año 2000–, y en la renovación de tres vehículos que ya han cumplido su vida útil o se encuentran fuera de funcionamiento, como ustedes comprenden.

La labor de fiscalización de nuestros equipos es fundamental para llegar a zonas, sobre todo, aisladas, y ahí necesitamos vehículos que estén en completo funcionamiento y, hoy día, eso no ocurre. Dentro de la modernización y transformación digital, quisimos puntualizar también, especialmente, todo lo que tiene que ver con acogernos a la modernización y transformación digital de la Ley 21.180, lo que significa agilizar y mejorar nuestras tramitaciones y servicios. Puntualmente, lo que vamos a hacer es priorizar el desarrollo de un nuevo sistema informático de tramitación para los trámites de arriendo y las distintas concesiones: concesiones onerosas a largo plazo, concesiones gratuitas a largo plazo y también permisos, que son a corto plazo para organizaciones que tienen fines sociales y son gratuitos. Respecto a la transformación digital, yo les mencionaba que hay una necesidad urgente, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de mejorar el sistema de administración y contrato. Se trata de un sistema que data de 2009, y la problemática que presenta no es solo que es obsoleto, sino que además arroja errores en la cobranza. Muchas veces, deudores querían pagar o ponerse al día, en una cuestión que no es trivial, porque esto impide recaudar lo suficiente; el sistema, en ocasiones, arroja errores, como la duplicidad de pago o la omisión de registrar las deudas. Tras un diagnóstico exhaustivo, lo pusimos como prioridad. Además, esto ha sido observado por la Contraloría General de la República en varios informes de años anteriores, por lo que era necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales concentrara esfuerzos en mejorar su sistema de administración y contrato. Esto conlleva otra problemática, no solo la falta de recaudación, sino también que desincentiva la inversión si se cuenta con un sistema que no es lo suficientemente moderno. Hemos estimado que, en concepto de morosidad, con la implementación de nuestro sistema podríamos recuperar 2.000 millones de pesos anuales, lo que significaría una recaudación mucho más ajustada a lo que efectivamente es, y permitiría evitar las morosidades y los errores en estos sistemas. Programa de regularización. El presupuesto es prácticamente de continuidad y se desglosa en gastos de personal, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes. Los recursos contemplados en el proyecto de ley permiten atender una cobertura proyectada de 9.000 solicitudes de regularización. Adicionalmente, en un volumen similar, podemos regularizar vía convenios; por lo tanto, la estimación es llegar a unos 18.000–19.000 expedientes de regularización en el año 2025. Programa de Administración de Bienes. El desglose lo tienen en esa tabla, pero cabe enfatizar que este programa incluye la recuperación y fortalecimiento de rutas patrimoniales, el plan de gestión territorial, la gestión y normalización de ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales, así como la regularización de título de dominio y la gestión de la propiedad fiscal asociada a pueblos indígenas. Respecto al programa de administración de bienes y la normalización de ocupaciones irregulares en inmuebles fiscales, tenemos como propósito, evidentemente, reducir este número, que ha sido ya detectado gradualmente año a año por el Ministerio de Bienes Nacionales, y en ello la fiscalización es positiva, pero nuestro compromiso es gestionar y normalizar 1.700...

Estas 50 ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales, incluidas acciones de restitución administrativa. Dentro de estas 1.750 normalizaciones que tenemos proyectadas, son de distintas índoles. Estamos hablando de inmuebles ya construidos, que fueron destinados para un uso y que hoy se ocupan para otro, llevados largos años sin haber sido restituido al fisco, al igual que suelos fiscales ocupados ilegal e irregularmente. Respecto también al programa de administración de bienes, yo ya lo he mencionado varias veces en esta presentación, el cual es la contribución del Ministerio de Bienes Nacionales en el desarrollo de proyectos energéticos. En este sentido, nuestro propósito es que las empresas particulares dispongan de terrenos fiscales para desarrollar proyectos de energía renovable, sistemas de almacenamiento de energía y de hidrógeno verde o sus derivados en terrenos fiscales, comprometiéndonos a tramitar oportunamente estas solicitudes. Tenemos varios programas asociados, es decir, varias líneas de trabajo vinculadas con el Ministerio de Energía, entre ellas Ventana Futuro, y también diversos proyectos relacionados con el almacenamiento. La Región de Antofagasta es donde se concentran principalmente, aunque en otras regiones también se han realizado gestiones, como en la Región de Magallanes y en distintas zonas del norte. Dentro del programa de administración de bienes está el Plan de Gestión Territorial Regional, cuyo objetivo es identificar y caracterizar la demanda regional, local y nacional de suelo fiscal para ir conformando un catastro amplio de inmuebles fiscales y planificar estratégicamente su administración. Esto implica poder proyectar licitaciones o asignaciones directas que permitan una gestión eficaz y ordenada de un patrimonio fiscal en desuso, el cual podría alcanzar un valor mucho mayor mediante, valga la redundancia, una puesta en valor. Nuestro compromiso es llevar a cabo una gestión con énfasis en el suelo para la vivienda, como ya lo hemos hecho, y también en la puesta en valor del patrimonio a través del turismo y la promoción de los derechos humanos, entre otros. En ese sentido, nuestro gobierno ha recuperado sitios de memoria en varias regiones del país y continuará con esa misión en 2025. Durante ese año, puntualmente, entregaremos en administración la ex-cárcel en Isla Teja, comuna de Valdivia, bajo la línea de derechos humanos y memoria, a una organización regional. Asimismo, seguimos con el programa de recuperación y fortalecimiento de la colección de rutas patrimoniales, cuyo propósito es incrementar dichas rutas mediante una administración efectiva. Nuestro compromiso consiste en trabajar en un total de 44 rutas patrimoniales, desarrollándolas a través de distintas acciones: creación, administración, mantención y difusión. Continuamos con el programa de regularización de título de dominio y gestión en la propiedad fiscal asociada a pueblos indígenas, tema que ya nos consultaban anteriormente respecto a la ejecución presupuestaria 2024. Lo más importante es otorgar certeza jurídica sobre la propiedad y el goce de tierras de interés para dichos pueblos, promoviendo su desarrollo propio y el reconocimiento de sus derechos territoriales. Nuestro compromiso es estar muy alineados con la política indígena y contribuir desde la gestión de la propiedad fiscal y la regularización del dominio. Tenemos para 2025 temas que estamos tratando este año y que se concretarán, esperamos, en el primer semestre de 2025. Entre ellos, los relacionados con la comunidad Rapa Nui, de alta significación, como el aeropuerto Mataveri y las dunas de Moncúl. Existen otros temas asociados a la Isla de Pascua y a comunidades, especialmente aymaras, en el norte. Finalmente, el Programa de Catástrofe es un programa histórico.

El Ministerio de Bienes Nacionales define, de alguna manera, la naturaleza de nuestro trabajo. En la formulación presupuestaria se desglosa por gastos en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros. Es muy importante destacar las labores catastrales que realiza nuestro ministerio, puesto que contribuyen a las distintas tareas que desarrolla el Gobierno, y particularmente el Estado de Chile. Estamos comprometiendo para el 2025 la implementación de un nuevo sistema de EVALTIC que nos permitirá fortalecer las labores de Catastro. Esto da continuidad a un proceso que ya se inició en el 2023 y que reemplaza las unidades obsoletas de Catastro que teníamos, las cuales tienen una vida útil limitada. Necesitamos fortalecer esos equipos, sobre todo en la línea de apoyar el Plan Nacional de Complejo Fronterizo, un objetivo estratégico que se agrega al trabajo de Bienes Nacionales para el 2025 y que venimos desarrollando este año, pero que ahora formalmente se incorpora. Respecto también al programa de Catastro, nuestro ministerio desarrolla una labor muy especializada en infraestructura de datos geoespaciales. La IDES Chile, que coordina con distintos ministerios, me permite comentar que en mayo de 2024 se aprobó la Política Nacional de Datos Geoespaciales por parte del Consejo de Ministros que participan en la Política Nacional de Información Territorial. Esto es muy relevante, ya que el monitoreo de datos territoriales contribuye a enfrentar emergencias y a colaborar con organismos especializados como CENAPRED y CONAF, así como con instituciones que intervienen en situaciones de emergencia, como la Policía y las Fuerzas Armadas. Hemos jugado un rol importante en el monitoreo y en la generación de mecanismos de prevención, tanto en casos de inundaciones como de incendios forestales y cualquier otra gestión de desastre, lo que fortalece la gobernanza de datos geoespaciales. Esta sería nuestra presentación de la formulación del proyecto de ley de la partida 14 de Bienes Nacionales, presidente. Quedamos abiertos a consulta con el equipo. Diputado Vallado, ¿quién más pregunta? Después yo. Gracias, presidente. Tengo varias preguntas, pero quiero partir por algo que es el programa de administración de bienes. Si me puede aclarar algo, porque la verdad es que las comunidades mapuches, obviamente, quieren el título de dominio de su pedazo de tierra. Yo lamento que el Estado no entienda y siga comprando propiedades en comunidad, cuando lo que las comunidades desean es tener su título de dominio individual, que pueda ser heredable y que impida que se retire de la comunidad en caso de fallecimiento y que los hijos se queden fuera. Eso todavía no se contempla adecuadamente en la ley indígena y no se puede cambiar. Pero veo que la cantidad es muy poca. Ese es el tema de la cantidad, lo que quisiera que me explicara en las tramitaciones: regularización de pequeña propiedad, 49 casos; gestión de demanda indígena sobre propiedad fiscal de alta significación, solo 12 a nivel nacional. Entonces, encuentro muy baja la cifra. Lo segundo que me llama la atención es lo siguiente: en la Subsecretaría de Bienes, la partida 14-0101 sobre activos financieros aumenta un 90%, en términos de equipos informáticos, vehículos y programas informáticos. Usted dice que esto va a mejorar la atención ciudadana, lo cual me parece muy bien y atendible. Sin embargo, ¿cómo van a medir que efectivamente este 90% de aumento se refleje en una mejor atención a la gente? Ese tema de la medición no lo tengo claro. Por otro lado, se elimina la glosa 04, que entrega información sobre los traspasos de bienes inmuebles realizados por el Ministerio de Defensa, así como el estado de regularizaciones. Yo creo que deberíamos reponer esa glosa. También se suprime la obligación de informar el listado de terrenos fiscales en los cuales se podrían construir viviendas sociales; por ello, considero que no debería eliminarse esa glosa informativa sobre el tema de la venta de terrenos. Ustedes indican, en la glosa, que las ventas de terrenos efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales se realizarán preferentemente mediante licitación pública.

Debería ser siempre mediante la inserción pública. Trato directo, espero que no haya, digamos, porque la verdad es que si vamos a transparentar las cosas, sobre todo con las ventas de terreno, difícil que sea a dedo. Entonces, la palabra, preferentemente, yo diría que podríamos sacarla. Sobre… ¿cómo se van a preparar, estimada ministra, en lo que respecta a la administración de bienes? Yo escuché, y la verdad es que el ministro dijo que iban a colocar incluso indicaciones e incluso a atrapasar las concesiones marítimas a su ministerio. ¿Cómo se están preparando para eso? Porque veo que no hay nada en el presupuesto sobre ese tema y de aquí a marzo ese fardo va a ser suyo. Y eso es un temazo en estos momentos. He escuchado hablar mucho de esto, pero ahora, con lo de las desaladoras, además, aumenta mucho la preocupación. ¿Es cierto que está ya a punto de salir eso? Por ello, déjeme terminar, senador. Respecto al tema de que la recuperación y fortalecimiento de rutas disminuye un 45% y el Plan de Gestión Territorial Regional baja un 34% en la administración de bienes –e incluye la transferencia de los gores por 15.000 millones–, ahí usted contestó al senador García sobre el tema del litio, pero creo que hay también venta de terrenos o algún traspaso dentro de esos 15.000 millones a los gobiernos regionales. Hasta ahí, presidente. Gracias. Muy bien. Yo tengo dos preguntas, ministra. En una parte donde se habla de normalizar inmuebles fiscales, se indica que hay 1.750 inmuebles que pretenden normalizar. ¿Nos pueden enviar la información de dónde se encuentran esos inmuebles y cuál es el tipo de normalización que se requiere? Porque, por ejemplo, si se va a tratar de un desalojo y ese desalojo está en mi distrito, a mí me gustaría saberlo antes de que ocurra, para entender la situación. Y lo otro, en el Plan de Gestión Territorial se menciona una gestión intencionada con énfasis en suelos para vivienda. Eso también es muy interesante; me gustaría saber si ese tema está catastrado y si nos pueden hacer llegar la información, ojalá desglosada por comuna. Vamos a ir de atrás para adelante. Diputado Barrera, respecto a la normalización, existe información de carácter estratégico sobre los desarmes y desalojos. Podemos puntualizar zonas y entregar información sobre los procesos que se van a realizar; sin embargo, no necesariamente vamos a poder indicar en qué lugares específicamente, por razones estratégicas y de seguridad. Pero efectivamente, cuando generamos grandes acciones de desarme y desalojo, restitución o recuperación de terreno fiscal, lo hacemos de manera coordinada con Fiscalía, Carabineros, la PDI y las delegaciones presidenciales regionales, ya que esas acciones requieren un diseño estratégico de seguridad, y no solo del Ministerio de Bienes Nacionales. No obstante, nos podemos comprometer a describir los procesos que incluyen esos 1.750 casos. Respecto al suelo para la transferencia destinado a vivienda, podemos entregarles el desglose por región, ya que eso forma parte del compromiso con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también informar sobre el estado de la transferencia que hemos realizado a vivienda. ¿Puede ser por comuna? Sí, lo tenemos; eso lo podemos entregar a la Comisión. Ya está, digamos, en ejecución en algunas regiones. El diputado Millado, senador, disculpe: acá hay varios temas.

Que también voy a pedir que el equipo complemente. Usted nos preguntaba por los indicadores de la mejora de atención. Tenemos efectivamente, con la División de Planificación y Presupuestos, indicadores y parte del diagnóstico de por qué necesitábamos fortalecer la modernización, ya que, efectivamente, con nuestros sistemas—algunos de ellos bastante obsoletos—los procesos eran muy lentos en el ingreso, por ejemplo, de solicitudes de concesiones. Y ahí, efectivamente, teníamos un volumen de consulta y reclamo que impedía contar con equipos destinados a contestar aquellas consultas, en vez de gestionar la tramitación. Entonces, el equipo de la División de Planificación y Presupuestos, específicamente en planificación, ha trazado indicadores que nos van a permitir generar trazabilidad, pero también a medir esos resultados. Respecto a las licitaciones públicas, y usando la palabra preferentemente, lo que es obligatorio totalmente—y eso habría que dejar expresamente—es que para aquellas inversiones de carácter productivo y por tratarse de volúmenes grandes, sí es obligatorio realizar licitación pública. Eso hay que dejarlo claro, ya que nosotros trabajamos con cinco tipos de concesiones y algunas, por ejemplo, son de uso gratuito para la Junta de Vecinos. Respecto a las concesiones marítimas, estas están en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente. Aún no se ha ingresado la indicación, y se ha estado solicitando la unanimidad para tratar el tema de manera general y particular. Es un paréntesis, pero nos lo han consultado. Como toda indicación sustitutiva de proyecto de ley, va acompañada de un informe financiero preparado por el Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué no se contempla en el proyecto de ley 2025? Porque todavía es una propuesta que tiene que discutirse, aunque sí está acompañada de un informe financiero. Por lo tanto, cuando eso ocurra, el Ministerio de Hacienda contará con un diseño que ha sido conversado con las distintas instituciones involucradas. Cabe señalar que esta indicación sustitutiva se limitará al permiso de la tramitación, sin quitar funciones a la Armada ni a la Dirección Marítima en lo que respecta a la Policía Marítima y a la fiscalización, lo que era un nudo crítico. No quiero ahondar en detalles, pero es importante puntualizarlo, ya que implicaba un traspaso total de dotación, lo cual no es procedente. Así que, para dejarlo muy claro, esperamos que pronto se trate el tema en la Comisión de Medio Ambiente para poder ir despejándolo. Respecto a la Glosa 4, voy a dejar a mi jefa de Planificación y Presupuestos o al director de Presupuesto, Néstor Zavala, para que respondan esa consulta. Tiene la palabra, señora Valentina. Hola, muy buenos días a todas y todos. Con respecto a la glosa, efectivamente, debemos revisarla junto con el equipo y entregarle una respuesta. En cuanto a la diferencia en los servicios en el 29 de Subsecretaría, al que nos consultaba un diputado, en primer lugar, hay más recursos para la renovación de vehículos, reflejándose en un mayor porcentaje, pero también contamos con más recursos para programas informáticos. Esto se debe, principalmente, a que se van a aplicar mejores estándares de ciberseguridad en el ministerio. Además, hemos reasignado equipos informáticos desde Catastro a la Subsecretaría, con el objetivo de centralizar aquellos equipos que no son meramente del programa o de la división de Catastro, la cual solía atomizar los recursos del subtítulo 29; ahora, esos recursos están siendo gestionados de manera centralizada en el programa de la Subsecretaría. Finalmente, en relación a la eliminación de dos glosas en la Glosa 04, que tratan de los traspasos de bienes del Ministerio de Defensa y suprimen la obligación de informar el listado de terrenos fiscales en los cuales se pueden construir viviendas sociales, sugiero que se vuelvan a colocar esas luces.

Porque la verdad que es importante. Senadora, órdenle. Y ahí termina con la respuesta. Quiero hacerle una consulta, saludar a la Ministra de Bienes Nacionales y a su equipo respecto al programa de regularización. Yo entiendo que, en general, para que me vayan confirmando eso, ¿hay un presupuesto de continuidad o hay aumento? Porque yo entiendo que existe un dictamen de Contraloría que, hoy día, permite regularizar todas las sesiones de derecho por un lado y, además, no exige un tamaño mínimo del predio. Por lo tanto, yo entiendo que el universo o potencial a regularizar crece de manera significativa, considerando estas dos variables. Entonces, con el mismo presupuesto, me veo muy optimista respecto al trabajo que pueden desarrollar en el área de regularización. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra la señora Ministra. Muchas gracias, presidente. Vamos a conversar con Hacienda respecto al tema de las glosas que nos mencionaba el diputado Mellado y el senador Insulza. Senadora, órdenle saludarla. Y efectivamente, el dictamen al que se refiere la senadora Orden es un dictamen de Contraloría que retrotrae un pronunciamiento anterior de Contraloría que impedía regularizar pequeña propiedad de raíz en un volumen grande de expediente, lo que significó tener una acumulación de miles de expedientes del Ministerio de Bienes Nacionales. Esto es un tema de arrastre; fue un dictamen de hace algunos años y luego el pronunciamiento, en ese momento, de la Contralora Subrogante fue a revisar la situación y a cambiar el pronunciamiento, retrotrayéndolo. Efectivamente, se ha asignado un presupuesto de continuidad y lo que hemos visto en términos de gestión es el fortalecimiento de la gestión de convenios. En este minuto, la regularización proyectada, efectivamente, lo que le permite el presupuesto de la Nación es continuar con cerca de 9.000 expedientes que tramitamos, pero en un volumen similar mediante convenios con gobiernos regionales y municipios. Y eso ha sido parte de la gestión, no de la ley de presupuesto. Ese es el hecho, digamos, de la causa. Senadora. Solo un comentario: yo haría un esfuerzo por realizar algún tipo de reasignación, porque, de lo contrario, lo que va a crecer es la lista de espera del programa de regularización. O sea, si ya hay ciertos casos acumulados en este escenario, todo indica que la situación será aún más compleja, por decirlo de alguna manera. Gracias. Por su intermedio, Presidente, acoto que, además del tema de la gestión de convenios con autoridades regionales y locales, también, desde la División de Planificación y Presupuestos y la División de Pequeña Propiedad de Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, hemos generado un proceso de modernización para el próximo año en la tramitación de expedientes de regularización. Uno de los temas, y como lo mencionaba el senador Insulza al inicio de esta presentación, es que hay familias que esperan 20, 30 años; de hecho, a mí me ha tocado entregar título de dominio a nietos cuyos abuelos iniciaron el trámite hace décadas. Entonces, efectivamente, ese proceso requiere también de modernización, y eso lo hemos proyectado como ministerio en términos de gestión. Muy bien. ¿Les parece, señoras y señores diputados y senadoras, que votemos? Sí. Presidente, pero… Sí. Lo que ocurre es que hay aspectos que deben revisarse antes de aprobarlo, por ejemplo, las glosas que han sido eliminadas y deben volver a colocarse, en particular, la redacción de la glosa de terreno, que tiene que quedar mejor explicada. ¿Cierto? Entonces, vamos a votar algo, pero tiene que quedar mejor explicada. No sé si lo podemos ver en Hacienda; ¿la mixta? Sí. Yo, respecto al programa de regularización, pido que quede pendiente el programa 03, ese de regularización. ¿Les parece? Ministra, porque si hay un compromiso se puede tratar en la mixta, tiene la palabra. Sí, respecto a la glosa que mencionaba el diputado Mellado, ya el año anterior no estaba incluida. Entonces, habría que tratarla también, porque en 2023 fue eliminada, para ver esa situación puntual…

Cuando lo traten en la siguiente etapa, porque efectivamente, si hay interés, el equipo de Hacienda me corrobora que no estaban contempladas y ya se encontraban retiradas desde 2023, ya que se les pasó el año pasado y el anterior. O sea, 2023 fue el último año. Presidente, está bien, pero es su presupuesto y ustedes deberían preocuparse de incorporarla en el mismo. Eso es: yo voto a favor del presupuesto siempre y cuando, obviamente, se incluyan estas glosas; porque, de lo contrario, preferiría que se asignen a la mixta general y se deje el presupuesto abierto. Ustedes pueden solicitar perfectamente que se mantenga, digamos, y acá hay disposición a que se acoja aquello; pero dejemos únicamente el programa que tiene que ver con ese tema, para no abarcarlo todo. Si me permite, presidente, respecto a lo mencionado –la incorporación, la reposición de esas glosas y lo que señalaba la senadora, órdenes–, ¿en qué programa se encuentran esas glosas que se está pidiendo? ¿En qué programa? ¿Programa 04? No, se trata del Programa 04, subtítulo 10, específicamente el punto 14-04, título 10. Es en ese punto donde se ubican dichas glosas. Por otro lado, se debe colocar lo que se eliminó, que era la glosa 04, relativa a la entrega de información sobre el traspaso de bienes inmuebles realizado por el Ministerio de Defensa, y también informar el listado de terrenos fiscales en los que se podrían construir viviendas sociales y concesiones turísticas. ¿Y ese corresponde a qué programa? Diputado: ese es el Programa 14-0101. En ese tema habría que consultar a Hacienda, pues creo que se consolidaron todas las glosas de observaciones y de consulta en el presupuesto del 2023; por lo que quizás Hacienda podría aclarar lo que ocurre con ellas. Ahora, desde ya, anuncio mi rechazo a la partida en general, por si acaso. ¿A la partida completa? No sé si, al incluir toda la partida, el diputado Mellado tiene algún punto específico. Respecto al programa de regularización, yo solicité, y quiero tener claridad, ya que es dependiente primero por el tema de los recursos; pues los recursos de continuidad van a generar un conflicto a futuro en esta materia. Y entiendo que el número de casos regularizados ha disminuido significativamente en los últimos años. No tengo los datos exactos, pero, según lo que se ha visto en el medio, ha pasado de aproximadamente 10.000 casos a 3.000 casos, lo que indica que algo está sucediendo en el programa de regularización. Presidente, por su intermedio y en relación a los puntos señalados por el diputado Mellado, vamos a proceder a la reposición de esa glosa. Ese punto, que es más administrativo, lo incluiremos en la mixta. Se repondrá lo que usted señala, expresamente, en la mixta. ¿Votamos entonces? ¿Y dejamos pendiente el Programa 03?

¿Sí? ¿Le parece que dejemos pendiente el programa 03? ¿Ya? No, el 04 se conforme, te iba a meter la glosa. ¿Sí? 03, claro. Ya. ¿Cómo tomamos la votación? Sí, con excepción del programa 03. Muy bien. Entonces, en votación, toda la partida es la partida 14, con excepción del programa 03, que lo vamos a dejar para la Comisión Mixta. Entonces, como dice el presidente, se va a poner en votación toda la partida, pero el programa 03, regularización de la propiedad raíz, quedará pendiente para la Comisión Mixta. Eso es, eso es reposición y es lo que usted señalaba. La redacción de la Glosa 01, partida 14-04, subtítulo 10-01, en la que se hace referencia mediante la licencia pública, se corregirá en la Comisión Mixta, según lo señalado. El compromiso, entonces, se pondrá en votación: toda la partida, dejando para la Comisión Mixta solo el programa 03, regularización de la propiedad raíz. —¿Diputado Soto? ¿Aproba? —Sí, estamos en votación. A favor. —¿Diputados y senadores? ¿Senador, a favor, pendiente del programa 03? —Por cierto, don José García, a favor. —Diputado Mellao: voto a favor, con los compromisos aquí asumidos por la ministra y con lo que queda pendiente. —Presidente, a favor con el acuerdo. Perfecto. Queda despachada la partida, solamente pendiente para la Comisión Mixta el programa de regularización de la propiedad raíz. Muy bien. Muchas gracias, ministra. Queda liberada. Muchas gracias, presidente; a los diputados, senadores e integrantes de esta subcomisión por sus aportes y por las consultas. Quedan pendientes algunas entregas que tienen mayor relación con la gestión 2024, las cuales haremos llegar. Muchas gracias. Aprobado. Antes de pasar a la siguiente parte, ¿no les parece hacer un alto de cinco minutos para ordenarnos? Muy bien. Vamos a suspender por cinco minutos y retomamos con el Servicio Electoral. Presidente: Corresponde informar a los integrantes de la comisión que esta Secretaría ha recibido un cambio de integrante. El diputado Leonardo Soto reemplazará en esta sesión, a partir de las 9:30, al diputado del señor Jaime Narago. Eso es todo. Muy bien, nos toca entonces revisar la partida 28 del Servicio Electoral de la Ley de Presupuesto 2025. Está invitado a exponer, por Zoom, el director, don Raúl García, quien se encuentra acompañado por la jefa de división de Administración y Finanzas, la señora Yanina González. —¿Están conectados? No podemos preguntar, pero me imagino que deben estar en modo elecciones municipales. ¿Están ahí? Van a estar por Zoom. Buenos días, presidente. Don Raúl: ¿Me escucha? Buenos días, presidente. Sí, se escucha muy bien. Mire, el mes pasado quedó pendiente también el tema de la ejecución, así que, si es posible, ¿podría darnos un resumen sucinto de la ejecución 2024 para luego partir con el…

Con el presupuesto 2025. Tiene la palabra, don Raúl. Bienvenido. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Un saludo a usted y a los integrantes de esta comisión. Efectivamente, teníamos pendiente plantear la ejecución presupuestaria este año. Por su intermedio, presidente, quisiera darle la palabra y, a continuación de ello, entrar en el tema del proyecto de presupuesto 2025. En ese sentido, doy la palabra a la licenciada Janina González, de la institución de la Universidad de Misa, para que nos cuente brevemente sobre la ejecución del presupuesto de este año. Saludos a usted y a los integrantes de la subcomisión. Si me dan unos segunditos, voy a bajar la presentación de la enciclopedia presupuestaria, por favor. ¿Se ve bien? Ahí está, se ve. Muy bien. De manera general, vamos a ir a las cifras, presidente, respecto a lo que corresponde la ejecución presupuestaria del primer semestre, de acuerdo con los desafíos que hemos tenido como Servicio Electoral este año. Cabe recordar que, durante el año 2024, tuvimos que realizar eventos electorales; en una primera instancia, se llevó a cabo la primaria de alcaldes y gobernadores regionales, si ustedes recuerdan. Próximamente, el próximo fin de semana, se realizará la elección general de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, y una eventual segunda vuelta de gobernadores regionales, que por cierto, eso todavía está en peregrinos. Por otro lado, también estamos conduciendo el proceso de revisión de cuentas, de ingresos y gastos electorales de los alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, lo que corresponde en los respectivos procedimientos administrativos sancionatorios. Y, como tercer énfasis para el año 2024, hemos fomentado la participación ciudadana a través de una educación cívica electoral; se han realizado actividades formativas para profesores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, orientadas a combatir la desinformación que se genera en estos procesos y que, indudablemente, dificulta la comprensión ciudadana respecto a la información real. Pasando a las cifras, se ve bien, ¿cierto, presidente? Aquí tenemos un presupuesto vigente del año 2024 de 149.728 millones de pesos, aproximadamente. Contamos con un presupuesto comprometido de 73.444 millones y un presupuesto devengado de 42.783 millones. A la fecha, la ejecución acumulada es del 28,6%, y si lo llevamos al compromiso, se ha alcanzado una ejecución del 49,1%. Es importante señalar que, en el subtítulo 21, se registra una ejecución del 50,2% del presupuesto comprometido y estimamos haber alcanzado el gasto del 100% en dicho subtítulo. En el subtítulo 22, de bienes y servicios de consumo, tenemos a la fecha un 26,5% de ejecución y, respecto al compromiso, un 66,8%.

También aquí estamos estimando llegar muy cerca del 100% de la ejecución, de acuerdo al plazo que estábamos dando cuenta —que esto era junio del 2024—. En el subtítulo 23, de las prestaciones de seguridad social, básicamente por los retiros, tenemos un 70% de ejecución y vamos a llegar a un 100%. En el subtítulo 24, que corresponde a las transferencias corrientes —donde se incluyen todos los eventos electorales presupuestados para este año— la ejecución es un poco más baja, por cuanto aún estamos en proceso de ejecución de la parte general; por lo tanto, a la fecha se alcanza un 9% de ejecución, habiéndose comprometido un 30,6% en la fecha de junio. En el subtítulo 25 estamos con un 100% de ejecución y, en otros gastos corrientes, alcanzamos un 95,6%. En el subtítulo 29 se registra un 6%, y además ya contamos con los compromisos bastante avanzados para poder ejecutar los gastos de dicho subtítulo; mientras que la deuda se encuentra al 100%, presidente. Si alguien quisiera ver mayor detalle respecto a esta cifra… No, yo no necesito más detalles. No sé, ¿necesitan algo más? —Sí, el senador Insulza. Yo no sé si sabemos cuántas elecciones va a haber este año, pero no conocemos en cuántos días se realizarán. Yo solo quiero saber si está incluida nuevamente una elección en dos días o si eso se va a suplementar después. —Ya está incluido, estando en contra de la partida; entonces, me asiste ese derecho. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta? —Ya. Muy bien. Entonces, señor don Raúl García, pasemos al presupuesto 2025. Señor presidente, muchas gracias. Entendemos que el Congreso ha estado muy exigido con distintas tareas en el último tiempo y, por ello, deseamos hacer una presentación breve, ya que hemos elaborado un proyecto de presupuesto 2025 en un trabajo muy colaborativo con la Dirección de Presupuesto, a quien agradecemos la ayuda y disposición brindadas para la elaboración de este proyecto. Se trata de un presupuesto que consideramos adecuado para el buen funcionamiento de la institución. ¿Cuál es el contexto, presidente, que nos espera en el 2025? ¿Con qué cargos vamos a contar con este presupuesto que se presenta en esta oportunidad? Estamos hablando de un año también electoral. Han sido los últimos cuatro años en nuestro país; en primer lugar, tendremos eventualmente elecciones primarias, tanto presidenciales como parlamentarias, y con toda seguridad se celebrarán elecciones definitivas de presidentes, senadores de las regiones impares y diputados, además de, eventualmente, una segunda votación presidencial. Por lo tanto, como podrán apreciar, será un año electoral bastante intenso, y ese es el primer tema en el cual estaremos muy abocados y concentrados durante el 2025. La segunda gran actividad en la que se concentrará el Servicio Electoral el próximo año se relaciona con el proceso de revisión de la contabilidad electoral de las candidaturas y partidos políticos que participarán en las elecciones del próximo 26 y 27 de octubre. Se tiende, presidente, a creer que las elecciones para el Servicio Electoral concluyen el domingo en la noche —o el lunes en la madrugada en algunos casos, cuando entregamos los resultados preliminares— y que la responsabilidad final recae en los colegios de escrutadores y en la justicia electoral, mediante la calificación de los resultados; sin embargo, la realidad es otra. Posterior al domingo 27 de octubre inicia un proceso muy intenso de revisión de toda la contabilidad electoral. Recordemos que en esta oportunidad participarán poco más de 18.000 candidatos, todos los cuales deberán presentar y rendir cuentas de ingresos y gastos. Ese proceso, presidente, comienza el 10 de diciembre, al vencerse el plazo para que todas las candidaturas y partidos políticos presenten la contabilidad electoral.

Si ves esa fecha, y hasta el 5 de mayo, el Servicio Electoral tiene un plazo legal para revisar y resolver todas esas cuentas de ingresos y gastos que se reciben. En el caso de tener una segunda votación del gobierno nacional, el plazo para presentar la contabilidad electoral es el 7 de enero del 2025 y el Servicio Electoral tiene plazo hasta el 30 de mayo del próximo año para resolver esa contabilidad presentada con ocasión de la segunda votación. Por lo tanto, para nosotros, esta elección que vamos a tener en algunos días se prolonga, en cuanto a los procesos más relevantes, hasta prácticamente mediados del año 2025. Y entonces, sin considerar, Presidente, que a partir de la revisión y resolución de la contabilidad electoral se haga necesario abrir procedimientos administrativos sancionadores por eventuales infracciones a la normativa de gasto, lo cual hace aún más extenso todo el proceso que nuestra institución va a tener que realizar de cara a la colocación de las próximas elecciones. Es un proceso, como les señalaba, muy importante, muy intenso, y que demanda una cantidad de recursos no solo financieros, sino también humanos y profesionales, de considerable envergadura, hasta bien adentrado el año 2025. Otro proyecto, u otras labores importantes en las cuales vamos a estar involucrados durante el próximo año, es levantar y recopilar todos los datos electorales que están consignados en los padrones de las elecciones del próximo fin de semana. Es necesario obtener y capturar esa información para distintos fines estadísticos, de estudio y análisis, que son muy apetecidos y útiles para la ciudadanía y para el mundo académico. Ese también es un proceso bastante importante, intenso, y que vamos a iniciar tan pronto las elecciones hayan sido calificadas por la Justicia Electoral; también será un proceso que nos tomará buena parte del año 2025. Asimismo, estaremos, Presidente, abocados a seguir con la modernización de nuestra institución, modernización que se inició hace ya varios años y que consiste básicamente en automatizar los procesos de nuestra institución y en facilitar los diversos trámites electorales que la ciudadanía debe realizar para hacerlo de manera más expedita, fácil y confiable. Básicamente, estamos hablando del año 2025 para seguir fortaleciendo el sistema de georeferenciación que ejecuta el Servicio Electoral, sistema que se implementó a raíz de una importante modificación legal introducida en el año 2021 y que manda a esta institución a hacer todos los esfuerzos posibles para acercar, en la mayor medida posible, a los electores a sus locales de votación. Este proceso de georeferenciación se ha venido llevando a cabo desde hace algunos años, pero necesita seguir perfeccionándose, robusteciéndose y automatizándose, cosa que continuaremos haciendo durante el próximo año. Para este proyecto hemos contado con el respaldo de la Dirección de Presupuestos, que nos ha otorgado los recursos para continuar con la mejora y fortalecimiento de este proceso. También vamos a iniciar otro proceso de modernización importante para la institución, que tiene que ver con la digitalización del registro de partidos políticos y directivas centrales. Actualmente, el Servicio Electoral lleva toda esa información en libros físicos, voluminosos y que, la verdad, no se condicen con los tiempos digitales actuales; por lo tanto, se hace muy necesario modernizar este proceso, para lo cual también hemos contado, por parte de la Dirección de Presupuestos, con los recursos necesarios para poder afrontarlo. Y el último tema importante al cual estaremos abocados en 2025, entre otros, se refiere a la conmemoración de los 100...

Recordemos que esta institución es la continuadora legal del Registro Electoral, creado el 17 de marzo de 1925 mediante el Decreto Ley número 343. El próximo año es importante, tanto para nuestra institución como para la democracia en nuestro país, ya que el Servicio Electoral ha sido un baluarte de la democracia y queremos celebrar 100 años de la institución y 100 años como pilar de nuestro sistema democrático. Para tal efecto, la institución tiene todo el interés en ser anfitriona de la 18ª reunión de autoridades electorales de la OEA, que se realizará en Santiago el próximo año en una fecha próxima a definir. Además, se organizarán diversas actividades ciudadanas con el objeto de conmemorar este hito. Disculpe, don Raúl, la diapositiva que está mostrando va retrasada en relación con la que usted expone. No sé si se fijan. Disculpe, presidente, parece que tenemos algunos temas de desincronización: usted está mostrando la diapositiva 4, pero parece que está hablando sobre la 5, ya que la 4 ya habló. Ahí tenemos, presidente, lo que les comentaba respecto a la organización de la 18ª reunión de autoridades electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta es una reunión importante que se realiza anualmente; nuestro país no la ha organizado nunca, y consideramos que 2025 sería un año inmejorable para ser los anfitriones, aprovechando la gran ocasión de celebrar 100 años del Servicio Electoral. Los objetivos de esta reunión se resumen en la lámina que se está apreciando: contribuir desde Chile al fortalecimiento de la democracia en la acción, promover el intercambio de experiencias y prácticas exitosas en la administración electoral de las Américas, e identificar y anticipar los desafíos presentes y futuros de los procesos electorales. Estas reuniones de autoridades electorales de la OEA, en las que se ha participado en otros países, constituyen una excelente instancia para intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los organismos electorales, particularmente en nuestra región, mediante la intervención de profesionales muy reconocidos y experimentados, lo cual siempre resulta útil y necesario. Hemos solicitado los recursos presupuestarios correspondientes, los cuales han sido otorgados por la DIPRES en el proyecto de presupuesto 2025 de la institución. Además de la reunión de autoridades electorales, se han planificado diversas actividades ciudadanas para conmemorar el centenario de la institución, con un enfoque de acercamiento a la ciudadanía, resaltando la historia, el valor y la proyección de nuestra democracia, fomentando una participación informada y fortaleciendo la confianza en los procesos electorales. Todo esto se realizará a través de distintas exposiciones y actividades a lo largo del país. Esas son, presidente, las principales actividades y desafíos que tenemos para 2025, y contamos con un presupuesto adecuado para ello, por lo que queremos agradecer a la DIPRES. Por su intermedio, me gustaría presentarles el detalle a través de nuestra jefa de la Dirección de Administración de Finanzas, Janina González. Muy bien, don Raúl, le pediría que se enfoque en los puntos que usted o la señora Janina consideren relevantes, ya que hemos ocupado el tiempo programado para esta presentación. Así lo haremos, presidente. Vamos a pasar a lo que sigue. Gracias.

Así será, Presidente. Muchas gracias. Primero que todo, me gustaría aclarar, no sé si entendí mal, lo expuesto por el senador Insulza: para el año 2025 nos están solicitando recursos por dos días, que están contenidos en la ejecución del año 2024. Gracias, Presidenta. Pasemos rápidamente al resumen del proyecto de presupuesto. De acuerdo a lo expuesto por el director del servicio, para el proyecto de presupuesto 2025 tenemos un total de 120.866 millones aproximadamente para desarrollar las actividades que requiere el servicio, tanto en gastos de operación como en los procesos electorales que se avecinan y en los proyectos que el director ha estado comentando. Se detalla lo siguiente: En el subtítulo 21 tenemos 17.882 millones; en el subtítulo 22, 6.575 millones; y en las transferencias corrientes, 96.037 millones, destinados tanto a poder entregar un aporte para participar de esa entidad internacional, como a cubrir lo relacionado con las elecciones municipales y gobernadoras regionales, para las cuales se ha asignado un presupuesto importante de 20.826 millones, y la elección presidencial y parlamentaria del 2025, de 75.206 millones. Adicionalmente, en el subtítulo 29 se asignan 264 millones. Pasemos ahora al detalle. Con este financiamiento se podrán cubrir todos los gastos en personal que permitan abastecer la dotación del Servicio Electoral, que asciende a 448 personas; además, se podrá traspasar cargos del honorario a la contrata, financiar las dietas del Consejo Directivo y del personal del Código de Trabajo, que cuenta con 20 personas. Ahí se encuentran también las glosas: – Honorario extraordinario: 93 millones aproximadamente – Viáticos nacionales: 30 millones – Viáticos internacionales: 6 millones – Honorarios: 173 millones – Funciones críticas: 134 millones La DIPE ha permitido mejorar los grados de 51 funcionarios, con un costo aproximado de 120 millones de pesos, y se consideran también los gastos vegetativos relativos a antigüedad, variación de las remuneraciones de los jueces, acciones profesionales, recombresión de cargo y el costo de tres directivos que pudieran acogerse a retiro. Respecto al subtítulo 22, los 6.575 millones se destinan, básicamente, a dar continuidad a la operación de contratos de arrastre por 2.939 millones; a financiar todos los servicios básicos por 737 millones; a cubrir el mantenimiento y reparación de edificaciones por 520 millones aproximadamente; y a sufragar las clases presupuestarias de capacitación (34 millones), publicidad (31 millones) y el Consejo Directivo (263 millones), en el que se incluyen, por cierto, los proyectos que el director no comentó sobre la organización de la reunión con la OEA y las actividades electorales que puedan desarrollarse el próximo año a propósito de la conmemoración de los 100 años del CERPEL. Asimismo, se destacan dos proyectos estratégicos de mejoramiento tecnológico: el proyecto de georreferenciación, por 142 millones, y la digitalización del registro del partido político y la directiva central, por 52 millones. Además, se contabilizan renovaciones de compra y contrataciones por 1.854 millones, para lo que corresponde a plataformas de servidores, servicios de HR, web hosting, mesa de soporte, etc. En cuanto a la transferencia corriente para integrar el organismo internacional Uniones, se dispone de 5.250.000 pesos. En el título 29 se asignan 253 millones para reponer dos vehículos, reposición de mobiliario y atender necesidades a nivel regional: máquinas y equipos por 21 millones, equipo informático por 131 millones y reposición de licencia informática por 28 millones. Finalmente, en transferencias corrientes, destinadas al arrastre de las elecciones municipales y gobernadoras regionales – en relación a todo lo que se debe desarrollar para el gasto electoral – se ha distribuido lo siguiente: gasto en personal por 3.549 millones, bienes y servicios de consumo por 17.110 millones y transferencias, fundamentalmente a la Cruz Roja, por 166 millones de pesos aproximadamente.

Distribuido dentro del gasto de personal con cada una de las actividades que tenemos que financiar, presentamos el resumen de la elección presidencial y parlamentaria 2025. Nosotros tenemos recursos para la actual elección primaria por 27.788 millones y para la elección presidencial, general y parlamentaria por 47.418 millones, contando además con gastos de personal para estas dos actividades por 15.306 millones, que se detallan en cada una de las actividades a financiar. Para los bienes y servicios de consumo disponemos de 59.624 millones aproximadamente, que se dividen en: materiales y útiles electorales por 24.199 millones, destinados a las impresiones de cédulas, materiales electorales, el traslado, el arriendo de bodegas y otros gastos; soporte y mantención de los sistemas informáticos por 22.180 millones, para financiar los servicios de la red de comunicaciones y operaciones, la captura de los datos electorales, el soporte y la seguridad informática – elemento tan relevante para dar certeza y confiabilidad a la información que se emana de los resultados preliminares; publicaciones de vocales, títulos y reemplazantes tanto para la elección primaria como para la elección general por 4.827 millones aproximadamente; y además, el arriendo, armado y distribución de las bodegas, etcétera, por 2.758 millones. Se destinan asimismo 1.748 millones para las notificaciones a nuevos electores, inhabilidades, vocales de mesa, miembros del contador, entre otros; 2.027 millones aproximadamente para los gastos en fiscalización; 1.423 millones para la difusión a través del agente comunicacional; y 460 millones para otros gastos. En cuanto a la transferencia corriente, tenemos dos, para el año 2025 – dado que se trata de una elección presidencial –, debiendo transferir recursos a la Cruz Roja por 166.720 millones y al Ministerio de Relaciones Exteriores por 66.680 millones, destinados para el pago en los otros países. También se contempla la adquisición de activos no financieros por 41.680 millones. Con esto, señor presidente, damos cuenta del proyecto de presupuesto 2025 en términos de actividades y cifras, lo que nos da la tranquilidad de poder cumplir con la planificación y la responsabilidad que tiene el servicio en este año, nuevamente electoral, y con el proyecto que hemos presentado. Sus consultas. Muy bien. ¿Dudas? Diputado Mellado tiene dudas. – Tengo varias. La primera es que, aunque parece que está muy lejos el servidor del Congreso –porque deberían haber estado acá físicamente–, me surge una duda que puede quedar en el aire. Mire, en el ítem 09001 todavía aparece un presupuesto para elecciones municipales de gobernadores. ¿Me puede explicar a qué se debe ese ítem que sigue incluido en el presupuesto 2025? – También, respecto al tema tecnológico, que ustedes incorporarán de forma significativa, ¿cuándo cree usted que se podrá realizar una votación sin papel? Porque, si se va a asignar esa mayor cantidad —alrededor de 200… El Consejo Directivo de CERBEN indica 33.463 y sube a 263.964—, ese mayor monto que va al Consejo Directivo se destinará también a la realización de la reunión de la OEA, me imagino, ¿cierto? Así, podrían incorporarse avances tecnológicos para modificar la forma de votar y evitar votaciones de dos días, lo que aceleraría considerablemente el proceso. – Y, en segundo lugar, también quisiera preguntar, ya que no lo veo contemplado en materiales y útiles electorales, ¿por qué razón no se incrementa la cantidad de cámaras secretas? Es decir, pasar de dos a cuatro, al menos, para aumentar la velocidad de votación cuando haya una considerable cantidad de personas esperando en fila. Normalmente se utiliza una sala en los colegios para cada mesa, y, aunque actualmente hay dos cámaras secretas, podrían implementarse cuatro. Tampoco observo ningún ítem que señale que se vaya a proceder a gestionar, digamos, la adquisición de bolsas, sobres, plástico, cajas, formularios, sellos de seguridad, entre otros.

Pero nada que diga cómo van a armar o cuál va a ser el gasto en las cámaras secretas. Tampoco está colocado aquí. Por último, una pregunta que me han hecho en el caso de Temuco: los vocales de mesa pueden reemplazarse, pueden excusarse y reemplazarse, pero la persona que salió sorteada para reemplazar a ese vocal de mesa no puede excusarse. Y eso no está bien, porque no está en igualdad de condiciones, ya que esa persona también puede tener cualquier impedimento para ir, ¿cierto? Y no puede ser que después tenga que excusarse con la posibilidad de una multa. Entonces, el punto es que cualquiera que salga como vocal de mesa puede excusarse, quedando fuera, y se coloca a otro, pero ese otro no puede excusarse; tiene que ir. Y ahí hay un tema que no garantiza igualdad de condiciones. No sé si me pueden contestar esas preguntas. Gracias, presidente. Muy bien, no sé si va a contestar don Raúl o la señora Yanina. Algunas de las consultas las responderé yo y otras las trataré por su intermedio, por supuesto, pasando la palabra a Yanina. A ver, respecto a las consultas del diputado Mellado, voy a partir por el voto sin papel. La verdad es que este es un tema que se ha discutido y en el que hemos reflexionado mucho, habiéndolo presenciado en distintos países para observar cómo son sus procesos de votación. Aquí, cuando se habla de votos sin papel, hay varias precisiones que hacer. Si entendemos por voto sin papel el acto de votar a través de internet —voto por internet— es necesario abrir un debate muy intenso sobre si estamos dispuestos, como país, a adoptar esa modalidad. Los países que hoy aplican el voto por internet son muy pocos y algunos que lo han hecho han tenido resultados bastante desastrosos. Yo, en lo personal, únicamente he considerado el voto por internet para los ciudadanos mexicanos en el extranjero, o sea, para aquellos sectores mexicanos que residen fuera y que sí pueden votar por internet. Lo que sí se ha apreciado en muchos países es la incorporación de distintas tecnologías en el proceso de votación. Sin embargo, todos esos procesos implican, en primer lugar, la comparecencia personal del elector o la electora a un lugar para proceder a votar; y, en segundo lugar, siempre se termina imprimiendo un documento en el que consta la manifestación de voluntad del elector, documento que se deposita en una urna. Por lo tanto, cuando hablamos de votos sin papel, es necesario precisar estas condiciones y preguntarnos, dentro de ese amplio espectro, cómo acelerar el proceso sin eliminar la presencialidad, que siempre será necesaria. Además, hay otros países que utilizan tecnologías en el recinto de la cámara secreta, aplicándolas en la contabilidad de los votos y para agilizar el proceso; incluso llegan a colocar las fotos de los candidatos en la urna. Hacia ese fin voy, considerando que en la reunión con la OEA que se organizará aquí en Chile podrán traspasar visiones distintas para mejorar estos procesos de votación. Tiene usted toda la razón, diputado, y, como he señalado, en esos países se incorpora tecnología que hace el proceso de votación más expedito. Son tecnologías que hemos venido observando y creo que en Chile deberíamos considerar seriamente su incorporación, ya que no solo facilitan el proceso, sino que también disminuyen la tasa de errores. Recordemos que en el proceso de escrutinio, por ejemplo, se realiza de forma manual y, en varias mesas, la sumatoria de los votos que realizan los vocales de mesa presenta errores, dando lugar a lo que se conoce como mesas "cuadradas". En definitiva, estos procesos pueden mejorarse no solo en términos de rapidez y velocidad, sino también en la disminución o eliminación de errores. Son tecnologías disponibles, y la reunión que vamos a organizar el próximo año con los organismos electorales de la OEA será una excelente instancia para profundizar el análisis respecto a estas innovaciones.

y que nos encantaría, en algún minuto, también, presidente, invitar al Congreso a que se sume a los análisis y estudios, porque al final del día esto también va a requerir seguramente algunas modificaciones legales. Así es que recojo su planteamiento, diputado Mellado, lo hacemos nuestro y estamos trabajando en ello. Con respecto a las cámaras secretas, dos cámaras o más son una alternativa. Hay que ver bien, porque aquí tenemos una mesa receptora de sufragio atendida generalmente por tres vocales en promedio, aunque en la totalidad de las mesas suelen ser menos. Por lo tanto, incrementar el número de cámaras habría que evaluar si no termina siendo un esfuerzo infructuoso, dado que el cuello de botella se presenta por la cantidad de vocales que se desempeñan en la mesa. Habría que hacer un análisis de flujos para no encontrar que dicho cuello de botella se convierta en un obstáculo, ya que, para esta elección, hemos exigido que todas las mesas tengan al menos dos cámaras; es decir, hoy día no se admitirán mesas con menos de dos cámaras, aunque podrían ser más. Con respecto a los vocales de mesa y las excusas, efectivamente, como usted señala, diputado, por su intermedio, la ley no contempla excusas para los vocales de reemplazo. Esto no significa que queden en una situación de cierta indefensión, pues, si por alguna razón justificada no pudieron ejercer el cargo, podrán hacer valer su situación ante los Juzgados de Policía Local. En otras palabras, la legislación actualmente considera excusas solo para los nombrados en primera instancia, y no hay excusa para los nombrados en reemplazo, quienes deberán justificar su situación ante los Juzgados de Policía Local. Con respecto a los gastos de arrastre, por su intermedio, presidente, me gustaría devolverle la palabra o traspasársela a Danielina. Gracias, director. Disculpe, el senador Insusa tiene una pregunta. Presidente, gracias. Yo quería solamente comentar que creo que es muy útil ese intercambio que se pretende hacer. Nosotros somos uno de los dos países en América Latina que no recibimos misiones de observación electoral. El CERVEL invita a personas a participar, pero no contamos con autorización legal para sistemas de observación. Creo que sería útil, e incluso interesante, conocer los sistemas de votación electrónica y otros que utilizan algunos países. Yo no soy partidario de las votaciones electrónicas (aprovecho para decir que somos el país en el cual los resultados se entregan más rápido, sin necesidad de disponer de máquinas de votación o algo por el estilo), por lo que considero que eso se debe conservar. Sin embargo, es bueno intercambiar experiencias, lo cual es bastante útil. En realidad, solo quería expresar que me parece bien este presupuesto, ya que el mecanismo de extender los días de elección no funciona. Y, en general, yo lo aprobaría, puesto que se aprueba habitualmente cada año y no hay aumentos demasiado grandes. No obstante, me preocupa una cifra que habría que explicar bien, la misma que mencionó el diputado Mellado respecto a un ítem que está subiendo en un 1000%, lo cual resulta bastante impresionante. Muy bien, senadora Orden. Muchas gracias, presidente. Yo creo que estamos en condiciones de aprobar este presupuesto. En la glosa 04 se aborda el tema de los gastos de arrastre de las elecciones 2024, es decir, en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y adquisición de activos. Me gustaría que se explicasen un poco más esos 20.000 millones, entiendo que son… Ok, me parece que es la misma pregunta que formuló el diputado Mellado, quien también preguntó por lo mismo. Entonces, respondiendo a esas cuestiones, señora Yanina, votamos nosotros la partida. Así que, antes de ello, diputado Mesa, muchas gracias, presidente. Una pregunta bien específica dentro de…

El presupuesto para las elecciones contempla el aumento de mesas receptoras de sufragio, considerando que de ahora en adelante las elecciones serán de participación obligatoria, y también la apertura de más locales de votación. Estos son dos temas que se trataron largamente durante la tramitación de la ley exprés que habilitó la votación en dos días, la cual incorporaba varios otros asuntos. Una de las discusiones que surgió y que no se resolvió en dicha ley exprés fue precisamente la habilitación de más mesas y de más locales de votación, si es que está contemplado en el presupuesto, presidente. Muchas gracias. Muy bien, pero como se mencionó, no se ha contemplado presupuesto para una elección de dos días, ya que este corresponde al presupuesto 2025. No necesariamente serán dos días, pues se ha generado una dicotomía: o se realizan en dos días o se hacen en un solo día con más mesas y más locales de votación. Entonces, dado que ya se confirmó que no serán en dos días, entiendo que se ha previsto abrir más mesas y más locales. Tiene la palabra, señora, ya sea Yanina o don Raúl. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, no sé si se está visualizando la lámina con el resumen de la elección municipal y de gobernadores. ¿Pueden ayudar con ello? ¿No se ve? No, debe compartirse; pero nosotros la tenemos acá. ¿Ahora sí? Sí. Como nos comentaba el director, la elección no concluye el día de los domingos en que se produce; además, se postergan actividades que deben realizarse obligatoriamente durante el año siguiente. Teníamos todo el tema de la conducción y el análisis de las cuentas electorales, y, por otro lado, la captura de la información que debe cerrarse. Sumado a los plazos en que se produce la elección y las gestiones realizadas con los contratos en particular, en muchas ocasiones no se logra facturar ciertos servicios. Por ello, nos vemos en la necesidad de solicitar recursos de arrastre por estos tres conceptos. Por eso estamos pidiendo 20.826 millones, que se distribuyen de la siguiente manera: En gastos en personal, se asignan 3.500 millones para horas extraordinarias, viáticos y para financiar a los profesionales encargados del apoyo a la subdirección, el control de gasto y el financiamiento electoral. Para los procesos de cierre se destinan 2.138 millones; a esto se suman 882 millones para honorarios administrativos especializados y para el desarme y la captura en las bodegas a nivel nacional, así como gastos para asistentes de fiscalización. En bienes, servicios y consumo se consideran 17.110 millones, donde el gran concepto de gasto es el traslado del material que no se logra facturar. Se están realizando gestiones para mejorar este proceso, aunque es bastante lento con el proveedor, en este caso, Correos. Respecto al arriendo de las bodegas, se asignan 14.926 millones. Además, el arriendo y los servicios básicos de las bodegas, relacionados con la captura de padrones y la eliminación de información, suman 542 millones y otros gastos ascienden a 19 millones. Asimismo, se destinan 1.400 millones al arriendo de las bodegas y sus servicios básicos, financiamiento que corresponde únicamente al período de enero a abril. Por otro lado, se incluyen 166 millones para compras y contrataciones, y la transferencia corriente de Cruz Roja se refleja como gasto del año 2025, dado que por los plazos algunos casos no se alcanzan a rendir en 2024. Muy bien. ¿Presidente? ¿Al otro lado? Sí, me falta, director, espere un poquito. Por otro lado, respecto a la Clause 03 en cuanto al aumento, cabe señalar que en el Consejo Directivo están incorporadas dos actividades: la organización de la reunión de la OEA y las actividades del Centenario. Esto explica el incremento significativo en el monto en comparación con el año anterior, ya que no se financia únicamente por este año. En relación a la pregunta del diputado Mesa, se cuestionó si en el presupuesto de 2025 se contempla la apertura de más locales de votación. Sí, presidente, con respecto a la pregunta del diputado Mesa.

Él da el clavo, efectivamente. El organizar una elección en dos días en esta oportunidad fue un tema bastante debatido; entendemos que no es de la preferencia de muchos congresistas. El próximo año no habrá votación en dos días, como ha señalado Janina, y claro, la clave para resolver esta situación va por distintos frentes. El primero de ellos es aumentar los locales de votación, como plantea el diputado Mesa. Solo recordarles que para el plebiscito del año pasado, en diciembre, tuvimos alrededor de 2.900 locales de votación, mientras que en otras oportunidades hemos contado con 3.200 y fracción. Hemos venido aumentando, elección tras elección, la cantidad de locales y concordamos con el diputado Mesa en que esa es una de las soluciones que debemos seguir trabajando. No podemos olvidar que existe una restricción asociada a los resguardos de esos locales por parte de las Fuerzas Armadas, quienes ya han conversado con nosotros manifestando su preocupación por el aumento de locales, ya que esto reduce la cantidad de personal asignado por cada uno. Indudablemente, el aumento de locales de votación facilita la expedición de los procesos eleccionarios. Otro tanto ocurre con las mesas receptoras de sufragio; debemos tener en consideración que tanto el incremento de locales como de mesas receptoras eleva el costo de las elecciones. Hay asimismo un punto que nos restringe considerablemente y donde, como Servicio Electoral, podríamos lograr mayor eficiencia en el flujo de votación, relacionado con la cantidad de electores por mesa. En Chile, dicha cantidad está determinada por la ley en 350, con posibilidad de aumentar a 400. Solo como ejemplo, en México las mesas pueden llegar hasta 700 electores. Ahí hay un tema que el Congreso podría considerar, otorgando al Servicio Electoral la facultad para determinar la cantidad de electores por mesa, contribuyendo así a una mayor expedición de los procesos eleccionarios. Muy bien, lo ponemos en votación entonces, señor Secretario, la partida completa. — Diputado: ¿Citados y fuentes, cómo votan? — Senador Orden: A favor. — Senador Insulza: Bueno, me dicen que no vale porque no está incluido en una posible elección en dos días, así que lo voto a favor. — Diputado: ¿Me he llevado como votado? — Presidente: A favor. Aprobado por unanimidad, presidente. Muy bien, aprobado entonces. Vamos, estamos súper atrasados con el Ministerio del Interior. — Diputado: Lo que pasa es que la ministra también tiene otros compromisos después, entonces, como estamos atrasados una hora. — Presidente: Ah, está muy bien, ha tratado de tener razón. Claro, les pido que continuemos, pasemos y hagamos pasar a la señora ministra para partir con la partida número 5. Las partidas que establecemos hoy son todas las que faltan, ¿no? — Diputado: ¿Educación? — Diputado: A ver si alguna vez nos vamos por las fundaciones que realmente son las más señaladas, en lugar de un reparto general. Por ejemplo, hay fundaciones como la Fundación Neruda, que deberían estar siempre en los repartos y no pueden quedarse al margen.

Muy bien, retomamos entonces la sesión. ¿Tiene cuenta sobre esto? No, señor presidente. Muy bien, iniciamos el estudio de la partida número 5 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2025. Está con nosotros la señora ministra Carolina Tohá, bienvenida, ministra, y, con todo su equipo —que no vamos a nombrar a todos porque son muchos—; está también el subsecretario del Interior, el señor Manuel Monsalve, bienvenido, subsecretario; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la señora Francisca Perales, bienvenida; y el subsecretario de Prevención del Delito, el señor Eduardo Vergara. Asimismo, se encuentra presente, por parte de Carabineros de Chile, el general inspector, el señor Ramón Alvarado. Está también invitada la Policía de Investigación, el Servicio de Prevención CENAPRED, el Servicio Nacional de Migraciones, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Nacional de Inteligencia. Bienvenida, ministra. Siento el retraso; lo planificado no siempre da los resultados que queremos, así que tiene la palabra para no perder más tiempo. Muchas gracias, presidente. Saludo a través suyo al resto de la subcomisión. Estamos aquí para presentar el presupuesto solicitado para el año 2025. Sabemos el interés que hay en las materias que están bajo la responsabilidad de nuestro ministerio. Lamentablemente, este atraso en la sesión nos generará una mala pasada, ya que a las 2 de la tarde tenemos que retirarnos, como estaba programado. Ahí la comisión nos dirá cómo proceder, si es necesario, si quedan temas pendientes. Pero, dado que el tiempo es escaso, prefiero ocuparlo en iniciar la presentación ante la comisión y, luego, dar espacio para las consultas que puedan surgir. Esto está, digamos, en una versión invisible; no sé si alguien lo puede arreglar. ¿Ya, pero alguien puede ver qué pasa?

¿Está aquí? ¿Quién? ¿Sí? Sí, puede ser, pero era mejor estar viendo todo en una misma pantalla. No sé, da la idea como que estuviera quemado, tuviera demasiada luz abajo. Bueno, vamos a seguir. Si lo logran arreglar bien, mientras tanto vamos a continuar. Esta primera lámina nos muestra la variación porcentual del presupuesto de la partida 5, que es la que tiene nuestro ministerio. Como se puede ver, lo que se solicita para el año 2025 es un reajuste de 2,4% de los recursos. Quisiera profundizar un poco en las cifras para explicar algo muy importante para entender el presupuesto del Ministerio del Interior. Hasta el año 2022, o sea, desde ese año, se empezó a generar un cambio en la propuesta presupuestaria de nuestro ministerio, pues se separaron en una partida diferenciada los recursos asignados a los gobiernos regionales. Esto genera una imagen, digamos, confusa de reducción de recursos que, en realidad, no es tal, ya que se trata de una división del presupuesto en dos partidas distintas. Y, como se puede ver, desde el año 2022 todos los años ha habido reajustes significativos. Este año, el ministerio está alcanzando un total de tres billones 68 mil millones de pesos. Esto se descompone de la siguiente manera: el reajuste del 2,4% implica que, en términos de ingresos, el año pasado se alcanzaron tres billones 93 mil millones de pesos, y este año serán tres billones 168 mil millones, tanto por los ingresos como por los gastos. Los énfasis donde se concentran estos incrementos de recursos se organizan en tres ámbitos, presentados de la siguiente forma: En materia de seguridad pública, hay un incremento del 3,2% de los recursos. En materia de prevención, se registra un crecimiento del 10,7%. En materia de protección civil, el crecimiento es del 8,7%. Analizaremos una por una estas partidas y, posteriormente, revisaremos los énfasis solicitados o previstos en la solicitud de recursos para el próximo año. En lo que se refiere a seguridad pública, la Agencia Nacional de Inteligencia tiene prevista una estabilidad de recursos. Esto tiene, señor presidente, una razón de ser, ya que se está tramitando en paralelo la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, que contiene una modificación bastante sustantiva de la ANI. En esta ley se incorporan importantes recursos adicionales, se modifica la definición de sumisión y se proyecta la generación de agentes de terreno, que hoy día no existen, pero que están radicados en un proyecto de ley. Por ello, en el presupuesto se mantiene una estabilidad de recursos. En materia de los programas de seguridad radicados en la Subsecretaría del Interior, se observa un incremento del 3,6% de recursos. Respecto al Presupuesto General de Carabineros, se registra un aumento del 1,4%, el cual se complementa con dos partidas adicionales: la Formación y Perfeccionamiento Policial, que tiene un incremento del 15,5%, y el Hospital de Carabineros, con un incremento del 9,7%. Sumando estos tres elementos, el aumento global para Carabineros es del 2,4%. Además, la Policía de Investigaciones cuenta con un incremento del 4,4% y el Servicio Nacional de Migraciones con un aumento del 13,8%. En las líneas programáticas referidas a la prevención, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene un reajuste del 21,4%, y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol presenta un incremento del 2,4%. Por último, en la línea programática de protección civil, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (ENAPRED) muestra un salto importante este año con un incremento del 30,2%, mientras que los Bomberos mantienen la estabilidad en sus recursos, sin incremento, situación que se explica claramente por lo ocurrido el año pasado.

Presupuesto que se formuló consideró un salto muy importante previsto a través de la incorporación de esta norma según la cual las acreencias bancarias se destinan directamente al presupuesto de bomberos. Lo que estaba proyectado cuando se definió esta modalidad es que esto iba a traducirse, digamos, en 20.000 millones de pesos adicionales. En el transcurso del año esas proyecciones se elevaron a 26.000 millones de pesos adicionales y, a esta altura del año, ya van 32.000 millones de pesos adicionales. Entonces, no se considera necesario poner en el presupuesto fiscal otros recursos, porque por vía de las acreencias está habiendo un salto muy importante. Es relevante, para efectos de la discusión en la comisión, presidente, pero también para las personas –millones de personas que están viendo esta transmisión–, que se sepa que el presupuesto del Ministerio del Interior no es sinónimo del presupuesto de seguridad. En el Ministerio del Interior hay muchas partidas que no tienen que ver con seguridad y hay muchas partidas de seguridad que no están en dicho ministerio. Para entender cómo han evolucionado los recursos en materia de seguridad, se muestra la evolución de los últimos nueve años. El salto este año en las partidas convencionales es de 4,2%, pero además se observa una serie de provisiones en el presupuesto que están fuera de la partida de los ministerios, muy importantes por los compromisos asumidos en temas de incremento de personal, mejoría de remuneraciones y diversas legislaciones que tienen provisiones y que se encuentran en tramitación en fases ya avanzadas. En total, lo que tenemos es un 6,43% de recursos adicionales en materia de seguridad considerados en este presupuesto, acumulándose con los saltos de los últimos años. Sumado a ello, en los tres presupuestos que hemos gestionado como gobierno se registra un salto del 15,3% en los recursos de seguridad, y si se incorporan las provisiones se llega a un incremento del 17,8%. Esto suma un total superior a 2.000 millones de dólares adicionales que quedarán comprometidos, no solo incorporados este año por los recursos solicitados, sino de manera permanente en el presupuesto hacia el futuro, muy por sobre los 1.200 millones de dólares que nos comprometimos a incrementar hace un año y medio atrás con el presidente Boric. ¿Cuáles son los énfasis que concentran estos recursos solicitados en el presupuesto? En primer lugar, hay un nuevo salto en el programa presupuestario de crimen organizado. Este programa comenzó el año en que llegamos al gobierno, con resignaciones; fueron 20.000 millones de pesos destinados a esta modalidad. Cabe recordar, presidente, que este programa funciona con recursos asignados al Ministerio del Interior, pero se traspasan a otros organismos que cumplen roles en el enfrentamiento del crimen organizado. En el año 2023 se asignaron 65.000 millones, el año pasado fueron 78.000 millones y este año se solicitan 85.000 millones. El grueso de estos recursos está destinado a la compra de equipamiento y tecnología para distintas agencias del Estado, como las policías, Gendarmería, la UAF, aduanas, Directo Mar, la DGAC y, en alguna oportunidad, el Servicio de Impuestos Internos, aunque entiendo que para el próximo año no están previstos. En segundo lugar, en el Plan Calle Sin Violencia se observa una continuidad en varias líneas, pero también un incremento importante en los recursos que se traspasan al Ministerio Público para las unidades ECO. Estas unidades se crearon el año antepasado y estuvieron consideradas en el presupuesto con 9.900 millones de pesos, y este año dan un salto a 12.197 millones de pesos, lo que representa un incremento del 24,6%. Esto se traducirá en que los 252 profesionales contratados en el año 2024 pasarán a ser 314, quienes apoyarán el trabajo de la Fiscalía. Quiero señalar, presidente, que las evaluaciones –aunque todavía no corresponden al año completo, y las evaluaciones del año completo son incluso más promisorias– nos muestran que las tasas de formalización en homicidios se han elevado.

Las tasas de imputados formalizados se han elevado en un 38,8% en los homicidios, mientras que, en el caso de los secuestros, los casos de formalización se han incrementado en un 142% y las tasas de imputados formalizados han aumentado en un 106%. Los datos de cómo han evolucionado los homicidios se conocen públicamente, por lo que no es necesario repetirlos aquí. Junto con eso, en el Plan Calle Sin Violencia hemos tenido este año un incremento del 80% en la fiscalización de armas –el año pasado fue de un 30%– y en la persecución de prófugos hemos registrado un aumento del 179% en la detención de estos. Yendo a Carabineros de Chile, esta institución tiene un presupuesto que en total crece en un 2,4%, completando en el período de estos tres presupuestos que se han presentado un 12,5% de incremento. Además, se deben considerar los recursos provisionados que no se encuentran reflejados aquí. El énfasis del 2,4% se centra en 1.131 vehículos operativos y especializados, incluyendo 30 vehículos modelo de integración Carabineros MIG, lo que reforzará el esfuerzo realizado en las flotas de la institución. Está prevista una inversión para 11 polígonos virtuales de entrenamiento de tiro, dado que esta ha sido históricamente una falencia muy grande y la oportunidad de entrenar resulta bajísima y totalmente insuficiente. Esta modalidad, de carácter tecnológico, será fundamental para extender la cantidad de entrenamientos de tiro de los funcionarios. Asimismo, se contemplan 1.076 cámaras corporales adicionales, parte de la implementación del proyecto aprobado en el Congreso hace algún tiempo atrás, y la construcción de tres nuevos cuarteles de Carabineros en Cerrillos, Maipú y Valdivia, que son algunos de los énfasis principales entre otras materias. En el caso de la Policía de Investigaciones, se registra un reajuste del 4,4%. Los énfasis incluyen la compra de equipamiento especializado, con la previsión de 132 vehículos, 2.311 elementos de protección –fundamentalmente chalecos antibalas y escudos–, además de inversiones en infraestructura policial. Cabe destacar que estos énfasis se encuentran, en parte, fuera del presupuesto del Ministerio y se integran en las provisiones presupuestarias. En el plan de complejos fronterizos se asigna una inversión de 27.000 millones de pesos, lo que representa un 20% superior al asignado el año pasado. Se prevé la conservación del complejo de Chacayuta, del complejo de Colchane, del complejo de Ollagüe y del complejo de Pichachén en la región del Biobío –tres en el norte y uno en la región del Biobío. En materia del Servicio Nacional de Migraciones se halla un salto importante del 13,8% de recursos en relación al año 2024. Una parte esencial de estos recursos se destinará a fortalecer las dotaciones del servicio, así como a habilitar sedes regionales que hoy no existen en Tarapacá, Antofagasta y en otras zonas del norte del país, donde son requeridas. Se incluye, además, la apertura de una nueva oficina de atención al público en la Región Metropolitana, para evitar los atochamientos tan conocidos, y se realizarán inversiones destinadas a la modernización de los servicios y sistemas informáticos del organismo. Entre estas inversiones destaca un importante sistema de huella balística, que permitirá contar en Chile con una tecnología para registrar la huella balística limpia de las armas, registrando inicialmente las que ingresen y, paulatinamente, las que ya se encuentren inscritas en el país. Este avance, sumado a una inversión de más de 3.700 millones de pesos en tecnología de identificación balística –incluyendo la huella balística “sucia”, ya utilizada–, permitirá que el país desarrolle una capacidad investigativa balística muy superior a la que se contaba anteriormente, cuando, por ejemplo, para identificar un proyectil era necesario enviarlo a Santiago, demorando semanas o incluso meses en obtener resultados. Por último, Senapred presenta un incremento del 30,2% en sus recursos, lo que incluye tanto el aumento urgente de personal como la mejora de la infraestructura del sistema institucional de alerta y comunicaciones, dividiéndose en tres áreas distintas. Destaca, además, que el sistema de comunicaciones de Carabineros –históricamente financiado por la institución– pasará a ser remunerado por Senapred, en consonancia con lo que corresponde.

El sistema SAE, que va a tener un cambio, vamos a extender las dimensiones del mensaje, y eso nos va a permitir que no solamente se dé una alerta, sino que se den ciertas orientaciones a las personas cuando se les hagan estos avisos de evacuación. Va a incluir un reforzamiento de la alarma de borde costero y mejoras al sistema de comunicaciones. Se está desarrollando en el país un sistema de altísima tecnología de alerta costera para los riesgos de tsunami; es muy caro de inversión, pero muy necesario, como nos ha mostrado la experiencia en el pasado. Además, hay recursos considerados para financiar apoyo a los municipios para que desarrollen sus planes comunales de emergencia y reducción de riesgo, y también para financiar personal que implemente unidades de gestión de riesgo a nivel local. En el caso de Senda, tiene un salto de 2,4% de recursos. Hay que recordar que el programa Senda tuvo el año pasado una estabilidad —incluso reducción presupuestaria en algunos ámbitos, producto de una evaluación deficiente que tuvo el programa Senda Previene—. Entonces, las evaluaciones tienen resultados: cuando una evaluación muestra malos resultados en un programa, se estabilizan o se recortan los recursos hasta que se tomen medidas y se hagan ajustes. Aquí se hicieron, y con ello las evaluaciones han cambiado, permitiendo este año, a nivel de servicio, un salto de 2,4%, y en uno de los ámbitos del programa de prevención se registra un reajuste del 5,2% que permitirá, por ejemplo, la implementación de planes de prevención en 458 barrios. Esto se efectúa fundamentalmente a través del trabajo comunitario en conjunto con las municipalidades. El programa LASOS tiene un salto muy importante, con un 29% de aumento de los recursos. Esto, presidente, también ha sido un énfasis sostenido en el tiempo. El programa LASOS, como se puede ver, ha incrementado sus recursos desde el año 2022 hasta el período actual: partimos con 7.000 millones y ahora alcanzamos los 17.000 millones; partimos con 50 comunas, y ahora llegamos a 82, con el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric de llegar a 90 durante el período, alcanzando ya 98. En cuanto a las atenciones —lo más importante al final—, el programa pasará de atender a 23.000 niños, niñas y adolescentes a 47.000. Se trata del programa mejor evaluado en Chile en materia de prevención con niños, niñas y adolescentes, con una metodología certificada a nivel internacional que, a pesar de tener un costo por intervención bastante significativo, vale la pena y por ello se le han ido incrementando los recursos. Ojalá este énfasis se mantenga por mucho tiempo para ampliar aún más su alcance. También en materia de prevención, el próximo año se continuará con un piloto que inició durante este año, con reasignaciones para dos iniciativas: el programa Comunidad Crece y el programa Previene Violencia. El programa Comunidad Crece es una metodología de trabajo en barrios críticos, donde existen dinámicas recurrentes de violencia, para trabajar con jóvenes, niños y niñas, a través de intervenciones comunitarias de prevención que fomentan liderazgos positivos y desarrollan actividades culturales, deportivas y científicas. El programa Previene Violencia es una metodología internacional, surgida en Chicago y posteriormente experimentada en otros países de la región, como Brasil y México, que actualmente se adapta a la realidad chilena. Este programa interviene en dinámicas violentas, donde hay ataques, respuestas y ajustes de cuenta —similares a las dinámicas observadas recientemente en La Pintana o Puente Alto—, mediante medidas de distinta naturaleza y muy audaces, orientadas a detener el ciclo de la violencia: apartar a las personas, ofrecer oportunidades de inserción laboral, otorgar protección y establecer mecanismos que permitan detener dicho ciclo, idealmente antes de que se consolide o desde los primeros síntomas. Asimismo, se dará un nuevo paso con el sistema de teleprotección con inteligencia artificial, CITIA, que este año tuvo asignados 1.800 millones de pesos y para el próximo año están previstos 3.800 millones de pesos. Este programa se piloteó este año y ahora está en licitación para su implementación permanente en régimen durante el próximo año, considerando además apoyo técnico y asesoría a varias regiones del país que están tratando de replicar esta experiencia. No obstante, el grueso de los recursos se destinará a hacer funcionar el régimen del sistema. En la Sub-DERE se precisan también un par de énfasis importantes que quisiéramos mencionar.

Programa que va a entrar en la fase de inversión de manera muy importante el próximo año, porque todo este período ha sido de formulación, de sacar los RS y todas esas cosas que es el programa de centros urbanos. Este programa interviene siete centros urbanos de distintas ciudades de nuestro país que se vieron muy afectados por la dinámica tanto del estallido social como de la pandemia. Las inversiones están previstas y el programa incluye las comunas de Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Concepción y Coronel. El Ministerio del Interior es el que coordina este programa. A través de las subderes intervienen 3.900 millones de pesos, pero el conjunto del programa incluye 26.000 millones de pesos que nosotros coordinamos y que se desarrollan a través, en algunos casos, del MOP, otras veces del Ministerio de Vivienda y otras reparticiones. En esta línea también está la inversión del eje Alameda. Este es un proyecto que ya tiene algunas inversiones desarrolladas, pero el grueso se realizará el próximo año. De hecho, las primeras piedras del proyecto de la Plaza Italia, en un par de semanas, van a dar inicio a los cortes y se generarán impactos negativos, aunque los positivos llegarán en un tiempo posterior. Este proyecto implica, desde la subdere, una inversión de 17.000 millones de pesos, pero en total incluye 131.000 millones de pesos. Es un directorio en el que participan varios ministerios, el gobierno regional y municipios, dirigido por el Ministerio del Interior, que aporta esos 17.000 millones y, digamos, apalanca 131.000 millones de pesos; va a ser un cambio radical del eje central de la capital y también de la Plaza Italia. Por último, presidente, hay, como les decíamos, una serie de recursos que no están en nuestro presupuesto, sino que están provisionados. Son recursos que se pudieron provisionar gracias a la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario. En ellos se encuentran recursos consignados en los informes financieros respectivos para varias leyes que están en tramitación en su fase final, pero también anuncios que se dieron a conocer en la cuenta pública del presidente y que están provisionados, y que son muy importantes. Entre ellos, hay 1.300 carabineros adicionales que vamos a tener disponibles a través de dos medidas. Vamos a adelantar la ley de llamado a servicio, lo que permitirá que 300 funcionarios que iban a estar solamente a finales del año próximo se dispongan a inicios del mismo, y con ellos se suman mil funcionarios que en la actualidad cumplen funciones administrativas y de notificación, funciones de las cuales los liberaremos reemplazándolos por civiles, para poder sacarlos a la calle. Para ello será necesario contratar civiles, lo que implica recursos: son 1.300 carabineros adicionales. Además, en el caso de la PDI, hay un proyecto de ley que se presenta mañana –si no se presentó ya hoy– que va a ampliar gradualmente los agentes policiales, pasando de 950 que hay actualmente a 4.000, a un ritmo de 250 al año; el próximo año, si el proyecto se aprueba con velocidad, están provisionados 243 para iniciar. Está, asimismo, provisionado un sistema de incentivo al desempeño de carabineros, también comprometido por el presidente, que se ejecuta en dos etapas. La etapa en régimen estará en la Ley de Carrera Policial y funcionará como un incentivo al desempeño moderno, ligado a indicadores y metas, pero dado que se trata de un proyecto de largo aliento que seguramente generará debate, y dado que es necesario que el incentivo se haga presente de forma inmediata, mientras se aprueba esa ley, se incorporará en la Ley de reajuste del sector público una modificación de la asignación de riesgo para elevarla al nivel de una remuneración anual y poder empezar a pagar este incentivo, aunque la ley aún esté en discusión. De esta forma, los funcionarios recibirán el beneficio mientras el incentivo esté operativo. Se suma a ello la inversión necesaria para ampliar las plazas de formación de carabineros, pasando de las 2.700 actuales a 3.500, es decir, 800 plazas adicionales que requieren recursos para inversión en la modificación de las escuelas, así como recursos en gasto corriente para pagar los estipendios, el funcionamiento de estos cupos y, posteriormente, para remunerar a los funcionarios una vez que egresen. Eso es, presidente, la presentación general del presupuesto y ahora quisiera darle la palabra a los subsecretarios para que entren un poco más en detalle en las respectivas áreas que les toca dirigir. Sí, un momentito. Ojalá seamos lo más breves y claros para poder aprovechar el tiempo de la ministra. ¿Quiere preguntar algo el senador?

Muchas gracias, presidente. Sí, solamente hacer en lo general una advertencia: que todo el esfuerzo tecnológico, el CITIA de inteligencia artificial, el control migratorio, biométrico, la huella balística, todo se basa en elementos digitales que hoy son hackeables. Y este es el punto: tenemos una vulnerabilidad y hay un non sequitur. Si estamos poniendo un esfuerzo gigantesco en toda esta tecnología, tenemos que hacer un esfuerzo similar y potente en los temas de ciberseguridad. Eso me voy a referir después, pero es solo para tenerlo en mente. Visión general, el gran esfuerzo que vamos a hacer, la gran dependencia, pero también la gran debilidad. Gracias, presidente. Sí, tiene la palabra el senador Insulza. Antes, que también me está hablando el diputado Mellado, para que consideremos que vamos a tener a la ministra hasta las 2, entonces ya nos largamos menos tiempo. Senador, estamos dando cuenta en este caso de algo muy espectacular. Quiero solamente hacer un recuerdo: en el año 98 venía un presidente del exterior, creo que el presidente de Turquía, y la embajada de Turquía pidió un auto blindado para el presidente. Encontramos un viejo auto blindado que estaba en el Ministerio del Interior, que tenía como 10 años de vida y no había absolutamente nada más. Yo creo que desgraciadamente no se toma nota de lo que se ha hecho en este país en los últimos años, porque estoy seguro de que esta anécdota del año 98 habría sido, lo mismo, más o menos, en el 2010. La verdad es que hemos enfrentado un desafío tremendo y siempre vamos a tener algunos fallos, algunos problemas, pero la cantidad de recursos que estamos gastando en esto es muy, muy, muy imponente. Quería empezar por decir eso. En segundo lugar, quiero aprovechar para felicitar a la ministra, porque hoy tenemos algunos buenos resultados en la encuesta de Paz Ciudadana de la Fundación Paz Ciudadana, que nos muestra algo que sabemos todos: si bien el delito disminuyó —o se puede decir que, después de tres años de alza, salió bajando— el temor es que es cada vez mayor. Por lo tanto, probablemente sea necesario seguir haciendo el esfuerzo, porque, realmente, cuando uno se encuentra en un país en el cual, a la pregunta de si tiene alguna preocupación de ser víctima de un homicidio, el 33% de la gente contesta que tiene mucha preocupación o algo de preocupación, esto es, francamente, un gran tema. Entonces, creo que hay que empezar con un cierto cargo de optimismo: este presupuesto ha registrado un gasto de muchos recursos y hemos progresado mucho, presidente. La verdad es que nos faltan cosas, por cierto, y todo el mundo dice que nos faltan. Y en la misma encuesta —no quiero decirle que el Congreso es el que sale al final de la encuesta— vamos mejorando, y eso creo que es significativo. Gracias. Muy bien, senador. ¿Va a hablar el tiro? Sí. Gracias, presidente. Lo que pasa es que veo una lámina del PPT que habla de que el 15,3% del año 2022—para tenerlo claro, porque también lo ha mencionado el Presidente de la República, que ha aumentado un 15%—entonces quiero saber: ¿el gobierno no ha transparentado, ministra, las partidas específicas cuando se habla de seguridad? ¿Qué partida? Es decir, infórmenos con claridad: ¿qué ministerios, qué instituciones, qué partida específica están considerados cuando se habla de aumento en seguridad pública? Y también, ¿qué significa, qué considera para ustedes cuando hablan de seguridad? Noté aquí que, cuando usted hablaba de seguridad, para otros ministerios se había considerado, para el próximo año, un 6,3%, según la gráfica. Entonces me preguntaba: ¿qué considera cuando se habla de seguridad, qué partidas? Estamos en Comisión de Hacienda y queremos saber las partidas, los ministerios y los servicios que corresponden a estos temas. En segundo lugar, ministra: cuando se habla de "plan calle sin violencia" hay que definir con claridad cuáles son los indicadores con los que podemos evaluar los resultados de esa política, porque no existen indicadores para evaluarla. Sí hay algunos en la política nacional contra el crimen organizado, pero tampoco tenemos los números de delitos ocurridos con armas de fuego en proporción respecto al total de delitos, etcétera. Es decir, están los titulares, pero nos faltan bajadas, de acuerdo con esos titulares, que hace el gobierno, que hace usted. Y ese es un tema que quisiéramos que pudiéramos empezar a discutir. Gracias. Ah, diputado, antes, disculpe. Diputado Cifuente. Gracias, presidente. Dos cosas: yo quiero reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de aumento del gasto y de recursos para seguridad. No cabe ninguna duda de...

de ese esfuerzo. Hay dos elementos que me llaman la atención y quisiera consultarlos. Uno es el de Senapred. Hemos visto la semana pasada, con cierta sorpresa, el escándalo que se ha generado porque Senapred está en DICOM. Nosotros citamos a la nueva directora de Senapred y ella nos explicó en la Comisión de Emergencia que esto se debe fundamentalmente a la forma en que está estructurado el presupuesto desde la Subsecretaría del Interior: se hace con una partida que es extra presupuestaria y que se va agregando, ¿no es cierto?, según la tradición, dependiendo de las emergencias que se van sucediendo, lo que parece lógico. Pero, sin embargo, no deja espacio para que Senapred disponga de una caja que le permita afrontar las primeras fases de las emergencias. Y ahí es donde me gustaría, a mí, ministra, subsecretario, que pudiésemos innovar respecto de la estructura del presupuesto, de tal manera de contar con una caja que permita a Senapred realizar cancelaciones de manera efectiva, considerando que estamos hablando, además, de pequeñas y medianas empresas proveedoras que se ven afectadas; el promedio de pago es de 90 días, desde que se emite la factura, lo cual escapa por lejos al objetivo que el propio gobierno se ha planteado de pagar a 30 días, especialmente para los pequeños proveedores. La otra cuestión, que es más bien una sorpresa, es que resultaría curioso ver a un ministerio, tan preocupado por tantas cuestiones importantes para el país en materia de seguridad y otros ámbitos, administrando un proyecto tan específico como el de la Alameda. Me da la impresión de que esos esfuerzos podrían estar mejor encaminados a los gobiernos regionales y a las municipalidades, además de lo injusto que resulta entregar recursos solo a un par de comunas en Santiago, concentrando además todas las líneas del metro y demás recursos públicos, lo cual es francamente escandaloso. Gracias, presidente. Muy bien, ministra. Muchas gracias, presidente. Respecto al tema de Senapred y, efectivamente, a cómo se asignan los recursos que mencionaba el diputado Cifuente, le vamos a dar la palabra al subsecretario Monsalve para que explique, pues tiene que ver con esa lentitud y dificultad con la que se desarrollan los pagos. Respecto de las otras preguntas, la forma en que se define el presupuesto de seguridad es mediante una metodología de la DIPRES que resulta pública. De gobierno en gobierno se consideran una serie de partidas que tributan al objetivo de la seguridad: algunas están en el Ministerio del Interior, otras en el Ministerio de Justicia, otras en la Fiscalía, y todas se agrupan para los gobiernos regionales. Aunque en este momento se encuentran separadas algunas competencias de los gobiernos regionales, es totalmente posible revisar qué se incluye exactamente, ya que es un proceso público y transparente, no un arreglo arbitrario. Respecto del plan Calles Sin Violencia —perdón, ministra, pero lo que se debe discutir ahora es el presupuesto—, yo quisiera saber: ¿qué partida específica considera usted cuando dice que ha aumentado un 15% en seguridad? Esa es mi pregunta. Usted me detalla las partidas, y yo podría votar a favor de su presupuesto, pero necesito saber cuáles son las partidas que componen ese 15%. No, presidente, es que ya dejé claro: el presupuesto del Ministerio del Interior no es exclusivamente de seguridad, y el presupuesto de seguridad abarca más que las partidas del Ministerio del Interior. Ese 15% no corresponde únicamente al presupuesto del Ministerio del Interior, sino que incluye las partidas de seguridad que se encuentran tanto en el Interior como en Justicia, y en otros organismos, por ejemplo, en el propio Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, en Hacienda se asignan recursos para aduanas y para los escáneres en la frontera, que forman parte del presupuesto de seguridad, pero que no corresponden exclusivamente al Ministerio del Interior. Esto no es lo que está en discusión aquí, pero es importante aclararlo para evitar confusiones, ya que no queremos que se piense que el incremento de seguridad es de 2,4%, porque no es así. Disculpe, diputado. Y quisiera terminar con Calles Sin Violencia. Sí, tenía una pregunta, parece la senadora.

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