Mixta · Comisión Mixta para Boletín Nº 12092-07

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Presidenta, se recibió una solicitud de audiencia de los aportantes de Sartor. Señalan que la situación de ellos es deplorable, ya que se han visto sujetos a un abuso de poder, por lo que solicitan ser recibidos por la Comisión de Hacienda para plantear sus inquietudes. Del mismo modo, se recibió una solicitud de audiencia de los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial del país, quienes se encuentran en paro indefinido y también desean ser escuchados por la Comisión de Hacienda. ¿Quiénes eran ellos? Los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial. Y finalmente, Presidenta, el Ministerio de Economía hizo llegar, en respuesta a los requerimientos de los miembros de la Comisión en la sesión anterior, los siguientes documentos: el informe de experiencias internacionales sobre reformas en el ámbito de la permisología, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en marzo de 2024 para efectos del estudio del proyecto por la Comisión de Economía de la Cámara; el listado de los participantes de las audiencias públicas llevado a cabo en la Comisión de Economía del Senado; un link a las presentaciones realizadas por cada uno de los participantes de las audiencias; una minuta elaborada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto del avance que el proyecto significa para las micro, pequeñas y medianas empresas; y un informe de impacto en los tiempos de tramitación del proyecto de ley de autorizaciones sectoriales, elaborado por el Ministerio de Fomento, Economía y Turismo en diciembre de 2023. Estos documentos se enviaron por correo electrónico a los miembros de la Comisión. Se ofrece la palabra. Sobre el tema de las audiencias solicitadas, si es posible, secretaria, recabe antecedentes de los temas y luego veremos en qué momento podemos recibirlos. El de Sartor lo conozco porque a mí me pidieron audiencia por lobby. El segundo no lo conozco y no sé si alguno de mis colegas tendrá antecedentes sobre esa materia. Respecto al otro, era un funcionario; yo los recibí antes de que, no sé, Gonzalo –o antes de que se impartiera el paro–, así que también tengo claridad. Ah, no, me reuní con ellos en mi región; yo no sé si los colegas se han juntado con los funcionarios de la corporación en sus regiones, pero yo me reuní con los del Maule, así que conozco el tema y será importante para la discusión presupuestaria. Por ello, se puede pedir los antecedentes en detalle a ambas organizaciones y se los haremos llegar a los colegas para coordinar cuándo recibirlos. Está todo detenido, sí, y tiene que ver con la tramitación de la ley en el caso de la corporación. No sé si ustedes lo han visto en sus regiones, pero a mí me lo explicaron, al menos. Estamos, colegas: hoy se suponía que íbamos a ver otras materias, pero estábamos con la ley conocida como permisología y ninguno de los organismos invitados podía asistir. Es más, en el caso del director del Servicio de Impuestos Internos, indicó que recién en la primera semana de junio podría venir a la Comisión, y en el caso de la CMF estaba con problemas de agenda; desde el 19 de mayo podía, pero no podía esta semana. Entonces, no tenía mucho sentido perder la citación, por lo que dijimos que partiríamos con este tema; hablamos con el senador Insulza, quien no tuvo inconveniente en que no viéramos el proyecto que a él le interesaba, y contamos con la presencia del Ministerio de Economía, el ministro y su equipo para abordar el tema de permisología. ¿Estamos, senadores? No solo la CMF; ojalá se resuelva inmediatamente después de la semana regional.

Eso sería como el lunes 24. Sí, pues tenemos la semana regional del 19 en adelante, así que debería ser la siguiente. Y sigue en pie la citación que tenemos del Banco Central el 19 de mayo, que va a presidir el senador Galilea y me va a reemplazar el senador Walker. Yo ya le avisé a Rosana Costa del tema y agradeció la deferencia. Así que estamos ok con eso, ¿sí? Perfecto. ¿Nada más? De la cuenta no, de la cuenta no. Ok, entonces pasaríamos al que nos convoca. Entiendo que ha habido reunión con asesores, y le damos la palabra al ministro. Sin perjuicio, ministro, aquí evidentemente hay una preocupación que le expresé antes de que partiéramos, respecto de las minutas, los cálculos y las estimaciones a raíz de lo sucedido en otra subsanitaria, pero que también está bajo, obviamente, su cartera. Antes de que el ministro haga uso de la palabra, quería contar una historia. Este fin de semana tuve la oportunidad de conocer un caso relacionado con la permisología y, escuchando el testimonio, me di cuenta de que nuestro proyecto no logra resolver lo que está pasando en términos de permisos, o al menos en muchos aspectos de ello. Quería compartir, en resumen, la situación de una persona que trata de hacer todo bien y, sin embargo, no le resulta en nada lo que intenta hacer en interacción con el Estado. Conocí un hotel rural precioso: un hotelito de cinco piezas, ubicado en una casona muy antigua, entre pesebreras y casas de inquilinos, pero excepcionalmente bien hecho. El lugar cuenta con una jardinería maravillosa y, pese a no tener todos los papeles en regla, funciona porque la ley de la gravedad y la necesidad de subsistir hacen que la gente pague y el negocio siga operando. Cuando le pregunté cómo había conseguido todos los permisos, me dijo que, en verdad, no podía obtener ninguno. Todo comenzó hace años. Primero le exigieron tener patente comercial; para ello tenía que hacer un cambio de uso de suelo. Le dijeron que, aunque se tratara de un hotelito rural de cinco piezas, se consideraba actividad comercial y, por lo tanto, tenía que gestionarse ante la Dirección de Obras para proceder con la recepción del inmueble, lo cual es especialmente complicado cuando se trata de un edificio tan antiguo. Le informaron además que, si acreditaba que la casa es anterior a 1929, existía una norma especial que permitía saltarse la recepción, pero no el cambio de uso de suelo. Posteriormente, intentó sacar los permisos sanitarios, y le exigieron realizar un cálculo de absorción para el sistema de pozo negro, el mismo que ha funcionado desde 1929. Para ello tenía que contratar a un calculista; si bien el certificado del agua, proveniente del pozo de la casa, fue algo más sencillo de obtener, los cálculos de absorción se mostraron imposibles de conseguir. Finalmente, le dijeron que, dado que servía algo de comida, debía cumplir requisitos adicionales. Él explicó que, en realidad, lo único que ofrecían era un servicio de bed and breakfast: en la mañana dejaban pan amasado, leche y huevos.

La gente que quiere hacerse un huevo se lo hace ella misma. Se hace su huevo y... ah, entonces es manipulación de alimento. Bueno, inocentemente dijo, sí, bueno, sí, manipulación de alimento. Pero es que, espérese, esta casa es de adobe, pintada la cal, y el suelo no es un piso absorbente. Entonces dice, bueno, pero ¿y cómo...? No, pues tiene que cambiar la tipología de los muros y tiene que cambiar el piso de la casa. Pero si la gracia de esto es que sea como esto. No, bueno, si cubre de plástico todas las... empezaron peticiones absolutamente locas, de las cuales tampoco ha salido. Entonces pues le dijeron: "Oiga, hay un permiso especial, si quiere sacarse todo esto, que se llama permiso para elaborar emparedados." Allá. Ya, entonces permiso. No, no, pero igual no los puede hacer en la cocina. ¿Y dónde lo hago? No, tiene que destinar una pieza especial para hacer emparedados. Pero si no tengo piezas especiales... Dijo: "Ya, me voy a Sernatur para que me ayuden." Entonces Sernatur le dice: "Bueno, ¿usted está inscrito en Sernatur?" "No." "¿Y por qué no?" "No, es que en realidad me pedían patente comercial para estar inscrito en Sernatur. Y Sernatur, en vez de ayudarme, me denunció al juez de Policía Local por estar funcionando sin estar inscrito en los registros de Sernatur." Entonces, ministro, esto uno se ríe, pero la verdad es que no es divertido. Porque es el drama que tenemos en todo orden de cosas. Y no sé por qué tengo la sensación de que aquí no valen ni las declaraciones juradas ni todas las cosas que, con toda buena fe, estamos tratando de resolver. La cantidad de requisitos, circunstancias, necesidades y certificados para una cosa tan obvia como, si uno va a una casona del año de la pera —que, obvio, va a ser de piso de cualquier cosa y me haría lo mismo que fuera piso de tierra—, va a ser la experiencia que uno va a vivir. Simplemente, los funcionarios se las arreglan para que, una y otra vez, le digan: "No, no, no, no", y cuando va a ser Sernatur, termina denunciado por no cumplir con todas las cosas y no estar inscrito. Esto es lo que se llama enfrentarse al Estado de Chile en vez de que el Estado de Chile colabore para que esto opere. Como le digo, esto funciona igual, porque esa familia tiene que ganar plata y, afortunadamente, le funciona buena parte de los fines de semana del año. Y, queriendo pagar impuestos, no puede pagarlos; termina pagando multas, termina yendo al juez de Policía Local, termina haciendo… O sea, todo lo que quiero transmitir acá es que se ha llegado al absurdo de que todo sale mal cuando se interactúa con el Estado de nuestro país. Y como no me quedé, y aquí está el senador Rojo Edwards, les cuento esta historia, porque a lo mejor quería contársela solo para que ustedes expliquen o intenten explicar cómo este proyecto de ley, en un caso como este, ayuda. Porque aquí no pasa por declaraciones juradas, salvo que se acepte como declaración jurada que la casa era anterior a 1929, lo cual sospecho que no se la van a aceptar por las características de la declaración jurada. Y todo lo demás es un enredo del cual esta gente no tiene cómo salir adelante. Disculpe que me haya tomado estos dos minutos. Presidenta, pero yo salgo amargado cuando conozco cada una de estas experiencias. Senador Lau: Por decir un número, te puedo contar 40, te puedo contar 20; alrededor de este hotel rural han sido regularizadas, entonces no fiscalizan a nadie. Pero cuando uno hace un acto positivo para poder ponerse al día y poder operar, le caen todas las reglas y todas las penas. Solo que al Congreso y al hospital no les va a pasar nada y este ciudadano puede que tenga problemas. Ministro: Sí, Presidenta. Muchas gracias. A ver, a todo esto…

Como yo le conté que iba a estar con usted, ministro, quedó invitado a mi hijo, que podía pasar un fin de semana gratis para que disfrute la experiencia y vea que, por razones obvias, no puedo aceptar esa invitación, pero o la puede diferir para cuando ya no sea ministro. Mire, yo diría lo siguiente: de su historia, senador, por su intermedio de presidenta, hay elementos distintos. La respuesta corta es que nuestro proyecto de ley se hace cargo de hartos de estos temas y los voy a describir, comprometiéndome, además, a que, si usted lo estima pertinente, podamos hacer una respuesta más detallada de ello, si tal vez tuviéramos un texto en el fondo con cada uno de los pasos que usted comentó. Pero yo diría que hay que distinguir dos cosas en esto. Uno es: ¿qué es lo que dice un permiso para que ese permiso debiera ser autorizado? En lo que usted escribe, pareciera haber algunos de ellos que tienen exigencias que están poco contextualizadas y que hacen poco sentido para el caso en particular. Respecto a ese tipo de problemas, este proyecto no avanza tanto, porque, por ejemplo, nosotros quitamos el informe sanitario en contexto de comerciales –o sea, no es el foco del proyecto–. Hay otra parte en su descripción de esta historia, que tiene que ver con cómo se piden estas cosas, las arbitrariedades a la hora de exigir los permisos, esos loops eternos en que uno dice “vaya de un lugar al otro”, en fin, y eso sí lo aborda nuestro proyecto. Entonces, me gustaría describir de qué manera aborda este proyecto este tema. Lo digo de otro modo: si en alguna ley se establece que para operar en tal lugar, de tal manera, ese suelo tiene que pasar a ser urbano y se tiene que hacer ese trámite, eso no lo cambia nuestro proyecto de ley. Pero, ¿qué cosas cambia nuestro proyecto de ley? Primero, el proyecto de ley –como comenté en la sesión anterior en que vimos este tema– tiene distintos mecanismos para asegurar la estandarización, lo que significa, entre otras cosas, un formulario único y una serie de procesos para que no le puedan pedir cuestiones que no tienen ningún sentido y que, tal vez, en algún lado se hagan de forma más flexible y en otro, más estricta. En segundo lugar, relacionado con lo anterior, está el coto a la discrecionalidad. Y, en tercer lugar, el permiso, el IFC, al cual se le aplican las medidas del proyecto, está relacionado con lo que usted está planteando: formularios, plazos máximos, informe intermedio, etc. Cosas más concretas para lo que usted señaló: el permiso de obras y recepciones, de acuerdo con la ley de agilización de permisos, cuando se trata de una obra menor, pasa a ser declaración jurada. Permisos sanitarios, como algunos de los que usted escribió, pasan también a declaración jurada; los servicios sanitarios de alcantarillado, que también se mencionaron en su relato, igualmente pasan a declaración jurada; y, por último, todo esto redundará en una facilitación para la obtención de los permisos necesarios para la patente comercial. Ahora, lo que no hace el proyecto es que, si alguna de estas autorizaciones actuales –que pasan a declaración jurada– tiene algo explícito que la persona, a quien usted comenta, dueña de este lugar, no está cumpliendo, la declaración jurada tiene que decir la verdad. Entonces, esa parte no se soluciona. No obstante, yo diría que es un muy buen ejemplo porque ilustra el amplio rango de acción que tendrá este proyecto de ley. Recuerden que, solo en términos de permisos sanitarios, el proyecto de ley pasa a declaración jurada bajo cierto contexto: 25 autorizaciones sanitarias. Además, le planteo que si usted me puede indicar algún caso específico, nuestro equipo conversará con esa persona para ver si podemos ayudar, aunque esa temática va en un carril separado respecto al proyecto. En resumen, todo lo que usted describe y los procedimientos que se enfrentan son afectados de buena manera por el proyecto de forma masiva. Ahora, si el problema es que realmente ese proyecto no cumple los criterios que fija la ley en una serie de estas dimensiones, eso no lo va a resolver el proyecto de ley, para no vender un cuento que, creo, no es la idea. No sé, mi punto es que en este caso, como imagino que pueden haber muchos...

No creo que tanto por ley, sino que por reglamento propio de las Seremis de Salud, que empiezan a pedir un estándar de cosas, se hace derechamente imposible que muchos emprendimientos lleguen a ver la luz. No podría decir “hago declaraciones juradas” sin estar diciendo puras mentiras, porque estaría certificando que la casa de, no sé, con qué puede manipular alimentos. O sea, imagínense ya la distinción: manipulación de alimentos versus permiso para hacer emparedados. Es como un nivel de distinciones en que, sí, que no, que esto puede ser o no; pero finalmente termina: “póngale murallas de plástico, tenga otra pieza”, en un emprendimiento que ya, más sencillo, no puede ser. Además, yo soy ministro. Esto no es ni culpa suya ni nada, pero acá, junto con proyectos como este, tiene que haber una especie de sentido común, porque en ciertas instituciones eso se fue, fue abandonado, y empezaron a justificar—no sé, si para darle pega a personas—mil y un asuntos absolutamente insensatos. Partiendo por el cambio de su suelo, lo considero completamente insensato, pues es rural; hemos llegado a una situación imposible, más allá de que muchas veces se puede solucionar con declaraciones juradas, en las que a la gente le quedaría otra opción que decir algo que no es verdad, ya que además no tiene cómo enterarse. Vuelvo a lo dicho: ¿quién puede llegar a saber que hay una distinción entre la manipulación de alimentos y el hecho de hacer sándwiches? Quiero poner esto para que todos estemos claros, al menos, de que aquí queda mucho, pero mucho por hacer para que esto camine de verdad. Partimos, entonces, después de este preámbulo en materia. Ministro: Sí, si usted me permite, Presidenta, solo agregar algo muy breve. Lo primero: lo que voy a comentar escapa al proyecto de ley, no necesariamente a la historia que contaba el Senado. Pero una de las agendas que ha llevado la subsecretaria Pardo está muy relacionada con lo que usted plantea, porque tenemos, en muchos casos de turismo rural —por ejemplo, realizado por comunidades indígenas—, un problema para obtener este tipo de autorizaciones, dado el suelo de los lugares, es decir, la materialidad del suelo. Y yo sé que hemos avanzado en esa materia para que se reconozca ese tipo de infraestructura y que, además, sea consistente con el proyecto que usted planteaba. O sea, no es que la experiencia turística tenga que ver necesariamente con eso, sino que debe haber una sintonía entre las exigencias en términos regulatorios y cuál es el proyecto turístico; la Subsecretaría de Turismo es la encargada de promover aquello. Entonces, eso también lo podemos comprometer, tal vez, directamente al senador. Y, por último, lo que quisiera señalar es que habrá un rol importante en esta materia, a pesar de que no se tiene un control editorial respecto al criterio de cada uno de ellos. El rol a futuro de esta oficina, que se está creando a propósito del proyecto y que es tan importante, además, para los artículos relacionados al trabajo de la Comisión de Hacienda, consistirá en tener un proceso de mejora continua en materia de autorizaciones, debiendo ayudar a identificar este tipo de problemas. Por eso, algo decía también el senador Lago: lo que no puede ocurrir —y lo reclaman todos los comerciantes— es que, en el fondo, este tipo de regulaciones, al final, haga más difícil la situación y solo termine agraviando el mercado informal con todas las consecuencias que ello tiene, o lo haga incluso más atractivo. Y, por supuesto, esta oficina que se está creando tiene que trabajar para evitar que eso suceda, porque, como les comenté también en la sesión pasada, parte de la gracia de su creación es que, en números gruesos, existen 40 servicios públicos dedicados a evitar riesgos sanitarios, lo cual tiene un gran valor para la sociedad. Sin embargo, no hay nadie de contraparte que verifique la racionalidad de estos procesos, el sentido de la secuencia, y todo eso debe ser tarea de esta oficina, sin poder intervenir en el criterio, insisto, pero asumiendo esa función supervisora.

Está empoderada para esos efectos, y me parece importante también resaltarlo. Si a usted le parece, Presidenta, entonces voy a la presentación que tenía preparada. Senador Edwards… ah, perdón. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto, creo que este proyecto es un avance, pero le faltan muchas cosas. Y respondiendo al Senador Galilea, efectivamente, todas las propuestas que plantea el ministro van en la dirección correcta; sin embargo, en el sector público se requiere algún contrapeso que represente los dolores del sector productivo. Una de las cuestiones que no estamos haciendo lo suficiente, pese a los avances, es fortalecer las facultades de la oficina, tanto en su funcionamiento general como en el mecanismo de proceso de mejora continua. Todas sus facultades –coordinar y cooperar, monitorear, asistir, conducir procesos, entregar alternativas, presentar propuestas, implementar medidas aportadas por otros y mantener un catastro– resultan insuficientes para conformar un órgano del Estado que genere una cultura pro-productividad y evite las aberraciones que ocurren a diario, tal como han demostrado múltiples ejemplos. Por ello, en la Comisión de Economía se discutieron ampliamente las atribuciones de la oficina, que podría funcionar como un órgano representativo en ese mecanismo de mejora continua. Independientemente de ello, considero que esto representa un avance para el Senador Galilea y veremos cómo funciona. En el primer proceso se incluye uno de los artículos transitorios, creo que es algo así como el artículo 30, en el que se solicita una colaboración internacional para evaluar, en términos generales, el funcionamiento de la oficina. En ese estudio, más allá de analizar los mecanismos de mejora continua que se están implementando, se podrán formular recomendaciones que otorguen a la oficina más "dientes" para representar de manera efectiva al sector productivo ante la instauración de criterios que, de lo contrario, avanzarían de forma deficiente. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador, Ministro. Si es posible compartir la presentación, a continuación se procede. Quedaron pendientes algunos aspectos de la sesión pasada, tales como la actualización de los plazos y la revisión de legislaciones comparadas en esta materia. La presentación recoge lo que hemos conversado y lo que se ha avanzado. Como bien decía la Presidenta, se realizó un trabajo de asesores –aún pendiente de algunas revisiones–, y me gustaría describir el proceso: se revisaron más de 20 artículos que correspondían a esta comisión. De ellos, en 17 se propone, de manera provisional, no realizar indicaciones por parte de los asesores y del Ejecutivo, mientras que en ocho hay observaciones para su discusión. Comenzaré con los 17 artículos. Primero, el artículo 29, inciso 1, que versa sobre la encomendación de funciones a profesionales y entidades técnicas idóneas; segundo, el artículo 34, también en su inciso 1, que se refiere a la sanción administrativa por infracciones de profesionales colaboradores –existe además otra parte de sanciones que genera discusión, la cual comentaré más adelante–; y, por último, el artículo 40, que establece la creación de esta oficina de autorizaciones…

La inversión, que nosotros creemos, a pesar de lo que dice el senador Edwards por su intermedio presidente, es que esta oficina va a ir tomando fuerza y, además, a partir de las distintas atribuciones que tiene, tendrá la posibilidad de identificar todos esos vericuetos y dificultades que señalaba en su historia el senador Galileo por su intermedio presidente. Presidenta, después del artículo 41, respecto a las funciones de la oficina de autorizaciones sectoriales e inversiones, tampoco habría observaciones. Artículo 43: La jefatura de la oficina estará a cargo de un alto directivo público, es decir, estará conformada, coloquialmente, por lo que llamamos ADP y será de primer nivel jerárquico; en tal sentido, existiría un acuerdo. Artículo 52: La gestión de todas las autorizaciones, la presentación de avisos y la suscripción de declaraciones juradas deberá realizarse a través de la plataforma Super, esta ventanilla única, tema que fue muy relevante para, al menos, un par de senadores en la Comisión de Economía cuando se conversó en su minuto. El artículo 54 establece un contenido mínimo de esta plataforma; posteriormente, hay aspectos específicos, en el caso de Senna-Giomin, relacionados con sanciones, y éstos tampoco habrían observaciones, tanto en lo que se refiere al artículo 96 como al artículo 97. Artículo 9º: Facultar al Presidente de la República para nombrar a la primera jefatura de la oficina y fijar su remuneración mientras se desarrolla dicho nombramiento ADP, donde existen diferencias —que se mostrarán más adelante— en cuanto a la posibilidad de un DFL para definir la planta; en fin, no habría diferencias respecto a esta facultad del presidente. Artículo décimo cuarto: Facultar a la Subsecretaría de Economía para suscribir convenios mientras esta oficina aún no entre en funcionamiento. Artículo décimo quinto: Establece el primer presupuesto de la oficina, el cual se definirá también en un decreto supremo. Artículo 16º: Define las fuentes de financiamiento durante el primer año de vigencia de esta ley, lo cual es bastante estándar, dado que cuando se aprueba una ley aún no se ha elaborado la ley de presupuesto del siguiente año. Artículo 25º, inciso 5: Faculta a la oficina para convocar una licitación destinada a la contratación de una consultoría que presente propuestas para la mejora del sistema. Este fue uno de los temas trabajados con la Comisión de Economía en su minuto, en el sentido de fortalecer las capacidades de autoevaluación del proceso; asimismo, el senador también mencionó la obligación de realizar una evaluación cada tres años. Artículo 25º: Se suprime el cargo de jefe de división de fomento, dado que parte de las tareas de esta oficina ya se realizan en el Ministerio de Economía, por lo que es necesario modificar ese rol y trasladarlo a una nueva institucionalidad dentro del ministerio. Recuerden que, según el informe financiero, un grupo importante de las 40 personas que integrarán esta oficina —un poco menos de la mitad— ya existe en el Ministerio de Economía. Artículo vigésimo séptimo: Establece, de manera transitoria, la aplicación de las remuneraciones a las plantas directivas o, alternativamente, la adopción de acuerdos. A continuación, se exponen algunas normas que tendrían observaciones, tanto por el lado de los asesores como por el del Ejecutivo: Primero, artículo 4, letra A, relativo a la exclusión referida a las autorizaciones tramitadas en el marco del CIA, lo cual fue planteado por usted, presidente, y secundado por otros miembros de la Comisión. Artículo 12: Sanción penal por la entrega de información falsa para eludir autorización. Desde el Ejecutivo nos preocupa este tema, ya que no se alcanzó un acuerdo en la Comisión de Economía y nos gustaría volver a plantearlo, sea cual fuera el resultado. Creemos que, aunque el artículo es potente, se puede reforzar. Artículo 27: Establece las sanciones de multa a jefes superiores de servicios por incumplimiento de plazos. Este es el tema que comenté en la sesión pasada, una indicación planteada por diputadas y diputados en la Comisión de Economía; es decir, proviene del primer trámite de este proyecto, fue respaldado por la mayoría de la comisión y seguimos pensando que debería modificarse. Artículo 38: Sanción penal por falso testimonio.

De profesionales colaboradores. Esto también yo diría que llegamos a bastante acuerdo en la comisión, pero dada la vorágine de cómo fue votado esto no lo pudimos arreglar, aunque creo que va a haber acuerdo para cómo arreglar este tema. Artículo 44: la Jefatura de la Oficina establecerá la organización interna y la forma en que se verán proverse los cargos de segundo nivel jerárquico. Artículo 45: sanción de infracción a la obligación de reserva del personal de la oficina. Y en normas transitorias, tal vez el tema más indispensable que revise esta comisión, porque actualmente tendríamos problemas para la operación, ya que en el artículo tercero transitorio había una serie de numerales que fueron borrados y quedaron para discusión en esta comisión, al menos un par de ellos; entre otros, la facultad del Presidente de la República para fijar este DFL, en el DFL, la dotación y las plantas del personal de la oficina. Y también, artículo 29º: plazo para la dictación de los reglamentos derivados de las modificaciones del Código Sanitario, que, como ustedes recuerdan, 25 de las 50 declaraciones juradas que se habilitan son del Código Sanitario. Es decir, los tiempos que se fijen allí son muy importantes para efectos de la aplicación. Eso es la primera parte de mi presentación, Presidenta. No sé si usted prefiere que continúe, ya que toco otros temas más adelante, pero ofrezco la palabra a los colegas. Si les parece, seguimos, porque hay un cronograma que creo que podríamos revisar y después vemos los temas que habían quedado pendientes. Ministro: Muchas gracias, Presidenta. Entonces, un posible cronograma: en esto, así como en lo otro, todo se acordó con los asesores que pudieron llegar a esta sesión. Esto no está acordado, por lo tanto, es solo una propuesta del Ejecutivo para diferenciarlo de lo anterior. A ver, nosotros creemos que los equipos técnicos podrían destinar esta semana y la próxima para resolver todos los asuntos pendientes encargados a la Comisión. Uno de ellos, fundamental, al que me voy a referir más adelante, es qué se puede hacer con los permisos sectoriales ambientales, cuya dimensión ambiental ya está resuelta en el RCA. Si lo resumo bien, Presidenta, y condicional a que estuviéramos de acuerdo en esto, se podría eventualmente pensar en un plazo de indicaciones agotado, por ejemplo, entre el 26 y el 27 de mayo, y que tuviéramos la votación en particular el 28 de mayo, donde probablemente habría una cantidad considerable de estos 22 o 23 artículos –dependiendo de si se agrega alguno– que se podrían resolver de manera simple y dar lugar a votaciones mucho más detalladas, de consenso, aunque habría que hacer una revisión más importante en los otros artículos. Por lo tanto, creemos que eso se podría ver eventualmente en una sesión. Esa es nuestra propuesta, senadora. Por supuesto, aquí nosotros tendríamos el peso de la prueba, es decir, el Ejecutivo tendría la primera responsabilidad de generar condiciones para que se llegue a un acuerdo en los puntos donde existen diferencias, debiendo hacer propuestas y buscar en el fondo la manera de lograr esos acuerdos. Somos bastante optimistas de que en la gran mayoría de ellos se llegará a un consenso, incluso en cuanto a cómo operar. Probablemente, respecto al tema de sanciones, por ejemplo, ese artículo 27 no creo que lleguemos a un consenso, pero hay que hacer el esfuerzo y, no sé, qué suceda en la parte del DFL. Pero pienso que en todo lo demás llegaríamos efectivamente a un consenso, Presidenta; y, por supuesto, en los temas donde no haya consenso, se deberá votar. Senador Edwards: Gracias, Presidenta. Yo quería solamente hacer notar un tema de plazo, puesto que lo mencionó la señora ministra, en relación con la modificación del artículo vigésimo noveno transitorio, que incorpora modificaciones al Código Sanitario respecto al plazo de la dictación de reglamentos. Lo que figura actualmente en el comparado son plazos de seis meses. Yo entiendo que el Ministerio está proponiendo plazos de nueve meses en adelante, lo que significa que una gran cantidad de reglamentos no terminarían siendo revisados o entregados por este gobierno. Entonces, hay un tema de plazos que ojalá la Comisión pueda considerar para efectos de definir cuándo tramitarlo y cuándo finalmente podría convertirse en ley, y cuándo estos importantes reglamentos –que implican la mitad de las declaraciones juradas y forman parte de las materias que presenta el senador Galilea– se podrían aprobar.

Entonces, quizás la comisión podría tratar de, no sé, quizás en vez del 28 de mayo, votar el día 26, de manera de poder verlo el miércoles, si es que están los acuerdos que correspondan, pero sí me preocupan los plazos de los reglamentos del Código Sanitario, el efecto de la Administración. Gracias, senador. Ministro. Sí, no, el, el, perdón. El senador Eduardo, por su intermedio, presidente, describe muy bien lo que sucedió. Como se rechazó nuestra propuesta de tiempos máximos para los reglamentos sanitarios, queda una norma definida en el proyecto de ley que establece que, para todo lo que no se haya definido un tiempo, se fijan seis meses. Hay más de 10 reglamentos sanitarios que debemos abordar y nosotros creemos que eso resulta poco realista, por lo que queremos persuadirlos de establecer un plazo más realista. Más allá de que nosotros somos los más interesados en que esto se resuelva durante el gobierno; por supuesto, si no tenemos los votos para ello, trabajaremos para tratar de hacerlo en los seis meses que quedarán en la ley, pero creemos que, con los asesores y asesoras, podemos presentar las listas correspondientes a dicho reglamento para, ojalá, persuadir respecto a la complejidad de fijar un plazo de seis meses. Sin embargo, el senador describe bien el problema y nosotros compartimos que, dado lo relevante que es este tema en la esfera sanitaria, debemos hacer todos los esfuerzos para que se resuelva lo más rápido posible. Gracias, ministro. ¿Colegas? ¿No? ¿Seguimos? Presidenta, ahora voy a abordar este tema que usted planteó, el que, de entre las distintas cuestiones conversadas en la sesión anterior, tiene un impacto potencial muy importante y, a su vez, presenta considerable complejidad. En mi presentación, por un lado, comentaré cómo el proyecto se hace cargo, de forma parcial, de este tema, sin resolver todo lo que usted expuso, y, por otro, explicaré en qué consiste el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto al cambio reglamentario. Algo que no mencioné en su momento y que ahora detallo es cuáles fueron las reacciones al reglamento, ya que la propuesta se encuentra en consulta pública; así, tanto el sector ambiental, incluyendo distintos académicos y ONG, como el sector productivo, ya han hecho sus comentarios. Finalmente, presentaré una estrategia para abordar este tema, ya que creemos que es posible elaborar una propuesta en este sentido, la cual se discutiría durante estas dos semanas con la finalidad de llegar a una propuesta de votación para el 27 o el 28, cuando se debata el asunto. De manera breve, expongo qué elementos ayudan a que el problema planteado tenga menor alcance. Primero, el régimen de estabilidad regulatoria establece que, si se ha atravesado un largo proceso en el sistema de evaluación ambiental, se tiene derecho a exigir el estándar regulatorio vigente al inicio del proceso, una vez que se cuenta con la RCA. Esto, en parte, contribuye a mantener la estabilidad. En segundo lugar, si se tramita un permiso con anterioridad – por ejemplo, la concesión marítima – no es procedente que, durante el proceso de dicho permiso, se cambien las reglas que lo rigen. Además, la tramitación en paralelo refuerza esta estabilidad. Cabe señalar también que el proyecto de ley, según lo leímos en la sesión pasada, estipula que los organismos sectoriales encargados de otorgar estos permisos ambientales no pueden denegarlos por una razón ambiental que ya fue resuelta en el proceso de evaluación ambiental, incluso si esa resolución contradecía lo expresado por un servicio en su intermedio. Es decir, si un servicio manifiesta desacuerdo con algún elemento ambiental, el organismo rector del proceso, al revisar el caso en la RCA, no le da razón al servicio y concluye que, en esa dimensión, todo está conforme.

El servicio no puede retomar su postura que contraviene lo que se definió en la RSA. Es decir, en un elemento ambiental del permiso sectorial que se evalúa posteriormente, tiene que ser consistente con lo que se definió en la RSA. Eso también está en el proyecto de ley. Yo sé, insisto, que esto no cumple con todo lo que usted planteó, porque sigue siendo cierto que no se obtiene el permiso sectorial ambiental de forma automática una vez que se tiene la RSA; más allá de que se restrinja, ¿cómo es que ese servicio sectorial se podría desviar del RCA? Se le limita a aquello. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en esta materia? Hay un reglamento, ¿no es cierto? Existe una propuesta de cambio reglamentario que hace dos cosas importantes: una, que no se ha discutido en esta sesión ni apareció en la anterior, relacionada con la actualización de las tipologías de proyectos y actividades que deben ingresar al CEA (esto no es parte de este proyecto, pero es importante para efectos de dicho reglamento); y dos, se reformula la clasificación y el procedimiento asociado a la solicitud, evaluación y otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales. ¿Cuál era la idea inicial de esto? Es exactamente lo que usted planteó, Presidenta: el fortalecimiento del CEA como ventanilla única ambiental, es decir, que todo lo que se tenga que resolver en materia ambiental, aun cuando esté relacionado con un permiso sectorial, se integre en el proceso de evaluación ambiental. ¿Cómo se proponía esto? Con la eliminación de la clasificación de PAS mixto y de PAS de contenido permanente ambiental, para pasar a una clasificación que distingue entre los PAS que se transmiten íntegramente dentro del CEA y los que se transmiten fuera del CEIA, junto a propuestas específicas. Lo que sucedió fue que, al menos, los comentarios iniciales no han sido tan positivos, en particular por parte del sector productivo. Y el problema, si me permite resumirlo de esta manera, Presidenta, es el siguiente: si se establece que los PAS –es decir, los permisos ambientales sectoriales– se resolverán en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental, eso eventualmente podría alargar el proceso, ya que los PAS mixtos requieren otros elementos y procedimientos que no son los mismos que los utilizados por el Servicio de Evaluación Ambiental (donde se presenta el proyecto, se realizan procesos participativos, entre otras etapas). Lo que el Servicio de Evaluación Ambiental no desea es que, al incorporar estos permisos sectoriales, se complique aún más el procedimiento. Asimismo, los permisos sectoriales exigen el cumplimiento de ciertos requisitos que deben verificarse de manera obligatoria. Nosotros, por supuesto, podemos enviarles esta información, dado que todo el proceso es público –ha habido consulta pública y se han recibido comentarios, por ejemplo, de la SOFOFA y de la CPC–. En resumen, la preocupación es que esta propuesta específica –la misma que hasta ahora ha hecho el Ejecutivo mediante este reglamento– agrega incertidumbre y extiende el tiempo del proceso de evaluación ambiental. No digo que una propuesta de esta naturaleza no tenga posibilidad de llegar a un acuerdo, solo expongo cuál fue la reacción a la propuesta del Ejecutivo. ¿Cuál es, en resumen, la propuesta que nosotros hacemos? Presidenta, nuestra propuesta es que, en el entendido de que todos estamos de acuerdo con el principio general que usted planteó –es decir, que no tiene sentido repetir evaluaciones de la misma naturaleza–, en estas dos semanas se busque una posibilidad de acuerdo en ese sentido. Que se haga cargo, por un lado, de lo que el Ejecutivo ya planteó en otro espacio, en una discusión reglamentaria; y, por otro, se atiendan las inquietudes del sistema productivo –o de los gremios productivos–, reforzando al mismo tiempo lo que ya contiene el proyecto de ley que aborda este tema. Hagamos nuestro mayor esfuerzo por llegar a una solución en ese sentido. Nosotros tenemos algunas ideas de cómo hacerlo, pero pensamos que eso puede dejarse a los equipos, en el entendido de que todos estamos de acuerdo y no existe diferencia de principios ni respecto al resultado que buscamos alcanzar.

Por el lado del planteamiento central que usted nos hizo, Presidenta. Después tengo otras cosas respecto a la experiencia comparada y otros temas más. No sé si usted prefiere que continúe o que... Yo creo que decidimos en la mirada y la preocupación, y el tema es que se despeje que lo que se le pide enseguida no se lo va a pedir después para obtener el permiso mismo, porque ese es el punto en cuestión, nada más. No estamos evitando que pase un proyecto que tiene que pasar por el sistema, sino que, si pasa, no después le vayamos a pedir las cosas que ya le pedimos para obtener su permiso. Ese es el punto. Claro, Presidenta. Lo que pasa es que, en rigor, nuestra propuesta lo hace, pero sigue teniendo cierto margen el servicio sectorial para que, en la práctica, a pesar de que la propuesta lo hace, no ocurra, ¿me explico? El proyecto de ley, como lo leí la vez pasada, es súper claro en decir que, si hay un permiso ambiental sectorial, toda la parte ambiental se da por resuelta. Pero hay otras cosas que se tienen que pedir eventualmente en ese permiso. Entonces, puede hacer sentido que el permiso no se entregue de forma automática. Lo que ese servicio no puede hacer es pedir algún cambio respecto a materia zanjada; eso ya está en el proyecto. En defensa de su preocupación y de lo que me comentó el senador Galilea, para señalar que esto, a pesar de que ya lo tenemos resuelto de esa manera, tal vez se puede reforzar un poco, es como uno realmente limita que no puedan existir arbitrariedades por parte del servicio en cuestión. Y eso, yo creo, los equipos pueden trabajarlo; pero lo que quiero decir es que hemos tratado de hacerlo y lo que hay que hacer es, junto con los equipos de asesores, discutir de manera crítica si efectivamente lo estamos logrando o no. Lo que parecen apuntar los argumentos tanto de la SOFOFA como de la CBC es que, no por tratar de resolver este problema, enredemos la cosa en el sistema de evaluación ambiental. Diría, de manera bien coloquial, el planteamiento que ellos están haciendo. Este tema, Presidenta, ha sido largamente discutido. En el reglamento existe una norma que ustedes quieren aprobar en la ley, y que básicamente intenta evitar lo mismo. Pero hoy, voy a llegar con una historia… voy a contar otra historia, en la que además participó usted, Ministro, por supuesto que no se acuerda, porque ya ha pasado un buen rato. Se trataba de un proyecto habitacional en Curicó, viviendas sociales. Se hizo toda la tramitación ambiental, que duró, no sé, dos o tres años, da lo mismo, y se aprobó; día conforme. El Ministerio de Vivienda, cosa muy curiosa, porque era un proyecto que debía interesarle al propio Ministerio, se negó a dar su visto bueno posteriormente, y eso, a pesar de que había participado en los trámites de cambio de suelo —que parece que requieren vivienda, más agricultura, la Seremi y, no sé, cuál será el informe del SAG, etc.—, fue vivienda, y dijeron “no”. Entonces, el punto es que, en el futuro, el plan regulador parecería orientar la expansión de Curicó hacia determinado sector; y lo curioso es que han pasado ya años de este asunto. Lo curioso es que usted mismo fue a Curicó y citó a un montón de empresas que tenían proyectos ambientalmente aprobados y que no habían iniciado. Ante eso, una razonable preocupación, desde el Ministerio de Economía, fue citar a las empresas en cuestión de distintos rubros, y usted les dijo: “Oigan, si ustedes tienen ya todo aprobado, ¿por qué diablo no han partido? Para ver cómo podemos…”. Entonces, le explicaron este caso. Me imagino que la oficina, la GPS —no sé cómo se llama hoy día, no sé si era un gran proyecto—, quedó en ver el cuento; hablar con Vivienda, y Vivienda me contaba que ellos decían: “¿Qué me importa lo que diga el Ministerio de Economía? Oigan, pero si ustedes participaron en la parte ambiental y ya está todo”. No, no. El proyecto murió ya hace mucho rato y quedó en nada, después de años de algo que suena a arbitrariedad, con una intervención del propio Ministro de Economía para ver qué iba a hacer. Entonces, mi pregunta… esto ya es leche derramada, pero…

En un caso idéntico, porque la norma existe a nivel reglamentario, ¿qué podría cambiar para que esto no vuelva a ocurrir? Porque efectivamente no debiera volver a ocurrir una cosa como esta. Esa es justo la preocupación. Y a eso, ministro, antes de que responda, habría que sumarle que un proyecto que se tramita en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cualquiera sea el camino que tenga que ocupar, y que, una vez aprobado, ya logra el permiso (como el que relataba el senador Galilea), no le puede exigir después un servicio o un requisito que ya estaba contemplado dentro del procedimiento. Esa es la preocupación, porque si estas cosas se eternizan, se generan dos problemas fundamentales. Quizás sea parte del trabajo de los equipos técnicos buscar una especie de norma de invariabilidad, similar a la que teníamos en materia de invariabilidad tributaria, pero aplicada a que no se repitan los mismos certificados y documentos que sirvieron para obtener la evaluación ambiental para el permiso sectorial. Presidenta, mire, yo creo que aquí tenemos un problema que no solo ocurre en este caso, sino que sucede en muchos otros en que lo que usted plantea es exactamente lo que dice nuestro artículo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo válida: ¿cómo se asegura uno de que se cumpla? Son dos preocupaciones complementarias y ambas importantes. A mi juicio, van a suceder distintas cosas. Probablemente, la oficina tendrá un rol muy importante. Si existe un procedimiento, este no constituye un criterio per se; la oficina no estaría diciendo “este criterio ambiental está mal o está bien”, pero sí puede actuar cuando, por ejemplo, se establece en la ley que el RCA no se puede revisar de manera distinta y que ello debe asumirse como un dato inalterable para efectos de ese permiso sectorial en particular. La oficina puede, en ese sentido, monitorear la situación y, de ocurrir alguna variación, entregar los antecedentes a otro organismo que pueda fiscalizar la situación. Además, debemos estar seguros de que la dinámica haga muy poco probable que alguien incumpla la ley. ¿Y quién fiscaliza? Bueno, depende de quién esté incurriendo en el incumplimiento. Si un funcionario público no cumple lo especificado en la ley, la Contraloría observa ese hecho, aunque no tiene facultad coercitiva directa para imponer sanciones; sin embargo, puede instar al ministerio respectivo para que actúe. Por ejemplo, en nuestra experiencia, cuando no recibimos ninguna opinión o dictamen por parte de la Contraloría, inmediatamente procedemos conforme a lo que se recomienda. La oficina también puede intervenir levantando la información necesaria y, una vez ocurrido el incumplimiento, conversar con la persona que dirige ese servicio para transmitirle que no se está cumpliendo la ley y el procedimiento establecido, lo que afecta la gestión y la eficiencia. Senador Galilea, entonces, la manera de resolver el caso que ocurrió años atrás será que la Oficina de Gestión intervendrá de forma insistente y, si se enfrenta a una situación injustificada o a una resistencia en el Ministerio de Economía, procederá a denunciar al funcionario incumplidor ante la Contraloría.

¿Cómo operaría para que efectivamente haya una cierta fuerza y el funcionario que simplemente se sentó en el piano se dé cuenta de que su arbitrariedad a la hora de interpretar una determinada norma puede traer consecuencias? Sí, lo que pasa es que… A ver. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto ley? Nosotros en el proyecto ley estamos dejando súper claro qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer ese funcionario o funcionaria que está aplicando un permiso ambiental sectorial. Ahora, ustedes siguen haciendo una pregunta que es muy legítima: ¿qué pasa cuando un funcionario público no cumple la ley, porque no es ni siquiera un reglamento? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, lo que va a pasar acá es que, como va a haber una oficina que estará especialmente preocupada de esto – y, entre otras cosas, incluye, como se me olvidó mencionar antes, la posibilidad de reclamo anónimo que también está en el proyecto ley – a la oficina le llegará, por distintos caminos, un antecedente de que alguien no está cumpliendo la ley. Lo primero que, probablemente, deberá hacer la oficina en ese caso es conversar con el superior de ese servicio. Ahora, imagínense un caso en que, ya bueno, el superior no quiera cumplir la ley. Entonces, lo que ocurrirá, probablemente, en ese caso es que la oficina entregará esta información a la contraria. Si ya nadie quiere cumplir la ley, por supuesto, eso es una discusión mucho más profunda de lo que este proyecto ley abarca. Pero lo que quiero señalar es que este proyecto ley ayudará mucho para que algo así no ocurra y para que los funcionarios y funcionarias hagan lo que realmente corresponde. Y, aunque siempre se pensó así –esto no es una novedad, la novedad de este proyecto es que va a ayudar a que esto se cumpla– siempre se concibió el sistema de evaluación ambiental como el mecanismo en el que se zanjaba todo lo ambiental. Ese ha sido, desde siempre, el espíritu del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es reforzar que se cumpla ese espíritu, poniendo muy claro en la ley lo que tiene que ocurrir y, además, creando una oficina que estará vigilando esto con especial preocupación, ya que será su razón de ser. En el fondo, esto está en la naturaleza del trabajo de la oficina. Perfecto, seguimos. Nos quedan 15 minutos, ministro, entonces, si pudiéramos avanzar. Del punto de vista de cómo seguir la comisión, ya está nuestra propuesta de cómo votar –o, mejor dicho, de cuándo votar– y creo que tenemos buenas dos semanas para poder trabajar con los distintos equipos y lograr acuerdos en todo esto. Ahora, además, ustedes nos pidieron una serie de antecedentes; nosotros enviamos todos esos antecedentes, como bien dijo la secretaria. Si hay alguien que quiera más detalles de esto, de lo que yo alcanzaré a ver ahora, por supuesto que estamos disponibles para esos efectos. A ver, por lo menos, hay incluso estudios realizados por la CNP y la oficina del Congreso, la Biblioteca del Congreso. Nosotros no hemos encontrado un artículo o una fuente donde se indiquen todos los tiempos para todas las cosas –por lo menos, de todos los sectores–; tenemos evidencia, más bien, anécdotas. Entonces, por ejemplo, cuando uno observa proyectos de inversión minera –y, de hecho, si conversan con grandes proyectos de inversión minera– siempre involucran décadas: décadas, primero, desde que se detecta que hay una concentración de un mineral en un lugar, la ingeniería, en fin. Y entonces, hemos revisado otros países donde se ve que pueden tardar hasta 7 o 15 años en proyectos de minería, considerando todo el proceso. Nosotros seguimos pensando que lo que ocurre acá en la actualidad es que, en torno a 10 años, es un proceso excesivamente alto y que buscamos reducirlo. También es consistente en otros lugares que suelen presentarse estas utilizaciones sectoriales, es decir, lo que aborda este proyecto ley, en donde aquellos que pueden hacer extender el proceso de forma totalmente fuera de rango. ¿Cuáles son las causas que ha identificado la literatura? Esto está, insisto, en el informe, tanto en los informes de la CNP, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, como en el informe realizado por la Biblioteca del Congreso: excesiva burocracia y falta de coordinación interinstitucional, o sea, lo que ustedes comentan, que sucede en muchos países y, en algunos países, se agrava debido a la tradición federal, en la que un organismo federal hace una cosa y eso no calza con lo que dice a nivel nacional, y eso pasa porque…

En los países con tradición federal se han observado tanto buenas como malas historias en esta materia. Hay estados que avanzan a toda velocidad y funcionan de forma muy eficiente, mientras que otros actúan de manera opuesta. Además, estos estados muchas veces compiten para atraer inversiones, ofreciendo facilidades tributarias o, por ejemplo, ventajas en la tramitación de inversión. Asimismo, como ha señalado la OCDE, se identifica la ausencia de ventanillas únicas o procesos digitales integrados, junto con un aumento sostenido de exigencias y complejidades regulatorias. En general, en las últimas décadas ha crecido la complejidad regulatoria a nivel mundial, y solamente en los últimos 10 a 15 años los países han empezado a moverse en dirección opuesta, iniciando procesos similares a los que nosotros estamos realizando. Existen experiencias en Portugal, a comienzos de 2010, y en Singapur, según lo mencionado en el artículo de la biblioteca, que evidencian una tendencia internacional hacia la urgente necesidad de un rediseño institucional y normativo. A continuación, algunos ejemplos extraídos del informe de la biblioteca: Por ejemplo, Estados Unidos creó un Consejo de Coordinación de Permisos, similar a lo que realizamos nosotros con nuestra oficina, ya que, a pesar de la existencia de un fast track, los proyectos energéticos tardan en promedio entre 6 y 8 años; en contraposición, en nuestro caso se observa una alta tasa de incumplimiento de los plazos calendarizados. En Canadá se implementó una directiva para proyectos de crecimiento limpio, medida que también se adopta de forma transversal en Europa. En este último continente, especialmente tras la invasión de Rusia a Ucrania y la problemática en el acceso al gas, Alemania llegó a dudar de su capacidad para enfrentar el invierno de manera adecuada. También se han creado condiciones excepcionales para acelerar los procesos de permisos, impulsando en particular la idea de proyectos de crecimiento limpio, es decir, aquellos que permiten el desarrollo y simultáneamente facilitan la transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental, beneficiándose de procesos de tramitación más ágiles, como ocurre en nuestro proyecto. En este sentido, se creó una agencia coordinadora en materia de permisos para proyectos de crecimiento limpio, denominada Federal Permitting Coordinator, y se implementó una plataforma digital con metas de tramitación. Además, cabe resaltar que en los municipios se presenta el mismo problema; por ejemplo, el permiso municipal de construcción demora en promedio 23 meses, superando los plazos establecidos en Canadá. Según el Foro Económico Mundial, el 83% de las compañías en la Unión Europea consideran que la complejidad regulatoria y la demora en los procesos de autorización son obstáculos mayores a la hora de invertir, atribuible en parte a la tradición jurídica del continente. Asimismo, hasta el 81% de la capacidad de generación de energía eólica en la Unión Europea se encuentra en etapa de obtención de permisos, lo que evidencia la magnitud del problema. En el caso de Estados Unidos, se presenta un resumen de los días corridos de tramitación por sector: para las energías convencionales son 3.500 días (entre 8 y 9 años), y se incluyen datos de energías renovables, transmisión eléctrica, recursos hídricos y tuberías, entre otros ejemplos. Existe también literatura académica sobre este tema que desglosa, de manera más precisa, las tipologías de permisos, los números y los tiempos medianos (percentil 50) de tramitación; dicha información se puede compartir si así lo requiere el interesado. Según el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, la duración media de la tramitación para proyectos de energías renovables y transmisión eléctrica excede los 2.500 días, lo que equivale a aproximadamente 6,8 años en promedio. Cabe destacar que estos tiempos varían significativamente según el estado. Por ejemplo, en proyectos de hidrógeno verde, tanto en Chile como en otros lugares, se ha reportado que en ciertos estados de Estados Unidos se están logrando avances sustancialmente mejores. En resumen, existe abundante evidencia que avala la necesidad de rediseñar los procesos regulatorios y de permisos para facilitar la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos.

En ese sentido, y también mucho que aprender de las distintas experiencias. Aquí no voy a dar más detalles de esto porque creo que va en línea, es decir, son desagregaciones de las que ya les planteé con anterioridad, pero, por supuesto, podemos compartir esta reforma. Ahora, con esto, Presidenta, en ningún caso de nuestro lado la idea es decir que Chile es un país que está bien en esta materia, me refiero. Nuestro diagnóstico inicial, y yo le puedo decir esto como evidencia –una anécdota–, es que he estado en distintas giras de promoción de inversión extranjera en Chile y, además, recibo en audiencias de lobby a muchas empresas que quieren invertir en Chile. Por lejos, la mayor crítica que recibimos tiene que ver con los permisos; diría que representa el 70 u 80 % de las críticas. Esta es una evidencia más cualitativa, basada en mi experiencia, de que el tema central son los permisos. Por lo tanto, este es un tema que, aunque difícil en todos los lugares del mundo, debemos abordar con el mejor esfuerzo para que se resuelva y así evitar tener un talón de Aquiles, ya que Chile es un país muy atractivo para invertir en general, por distintas razones: estabilidad institucional, muy buenos vientos, excelente sol, energías verdes a precios competitivos a futuro, nuestros tratados de libre comercio, el mar que tenemos y, en fin, nuestros recursos naturales. Sin embargo, los permisos son nuestro talón de Aquiles, por lo que estamos trabajando para resolverlo. Cabe mencionar que esa lámina última no está en la presentación ni en la que nos mandaron; se la entregamos para que nos envíen la completa. Ministro, no veo, ya que solo observo menciones a proyectos mineros y de energía; no se hace referencia a inversiones en otras áreas. Todo el tema digital y de telecomunicaciones no está, y desconozco si se conversó en la Comisión de Economía, pues considero que es igualmente importante con las inversiones que se proyectan, por ejemplo, las de Amazon. Y si no se cumplen los plazos, una inversión de estas características se puede ir. Senadores Macaya, muy brevemente, expongo una duda que me surgió al revisar algunos informes financieros. Esta duda no atañe tanto al tema presupuestario o a la oficina, sino que se refiere al proceso de concurso y postulación a los proyectos o actividades que son calificados como priorizados. Quisiera entender cómo opera este mecanismo, porque, al final del día, se esperaría que todos los proyectos fueran priorizados, y no que fuera necesario realizar un concurso o postulación que incorpore una dosis de burocracia en la fiscalización y que pueda dar lugar a discrecionalidades respecto a la ponderación del concurso y las variables que se consideren. Se comenta que esta medida permitiría que los proyectos ganadores tengan la mitad del plazo, pero se esperaría que todos los proyectos siguieran un trámite similar. Me gustaría comprender la lógica detrás de este concurso. Es una pregunta muy importante. De hecho, esto lo sabe muy bien el senador Eduardo, ya que los gremios inicialmente se mostraron algo reacios a la idea de establecer un procedimiento estandarizado y reglado para los proyectos priorizados, pues plantearon exactamente lo que usted expresa a través de su intervención, es decir, que los tiempos deben cumplirse para todos y eso debiera ser la norma. Ahora, lo que sucede es que, probablemente, no… los tiempos ya los ajustamos, recuerden, considerando la situación actual. Bajamos todos los tiempos mediante la implementación de tipologías, y estas tienen plazos más exigentes que los actuales, pero se plantearon de una forma realista, ya que el problema principal que enfrentamos hoy es que hay servicios que se demoran hasta siete veces lo establecido por la ley, evidenciando un incumplimiento general de los tiempos legalmente estipulados. En cuanto al funcionamiento de este esquema, opera de la siguiente manera: en un primer momento, actúa a solicitud del titular, por lo que no existe un concurso en sí, sino que los titulares pueden solicitarlo. Luego, la oficina, en su rol técnico, realiza una revisión detallada del tema para determinar si amerita o no, de acuerdo a lo que especifica la ley –la cual establece ciertos contornos, que, si bien son algo laxos, sí definen parámetros–. Finalmente, la decisión recae en un conjunto de cinco ministerios: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente. Cada uno de ellos aporta su perspectiva particular: el Ministerio de Desarrollo Social asume un rol relevante en la inversión pública; el Ministerio del Interior, en virtud de la nueva institucionalidad proveniente del Ministerio de Seguridad, tiene un rol fundamental en la coordinación interministerial; el Ministerio de Economía aporta una visión productiva; el Ministerio de Hacienda, su propia orientación; y el Ministerio de Medio Ambiente se encarga primordialmente de la vertiente ambiental.

Cuando uno analiza la literatura comparada de lo que se está haciendo en otros países, estos proyectos priorizados se desarrollan con especial énfasis en las inversiones fundamentales para una agenda de crecimiento verde. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Voy a argumentar desde mi experiencia como ministro y también desde el sentido común, a partir de lo que hemos observado históricamente. Todos los gobiernos priorizan por diversas razones: a veces hay una crisis de sequía en algún lugar y hay que apresurar la instalación de una desaladora; otras, se presentan temas de salud que requieren la construcción de un hospital; o, en ocasiones, se enfrentan desafíos productivos importantes, como cuando Chile perdió el gas que venía de otro país y se tuvo que llevar a cabo un proceso súper acelerado para reemplazar esa tecnología. Por ello, todos los gobiernos actúan de manera similar. Lo que proponemos es que estos procesos se realicen de forma reglada y transparente, asegurando que cada acción se justifique y se deje claramente establecido cuáles fueron los criterios empleados. Creemos que esto beneficiará al sistema, permitiendo un debate informado, aunque no se trata de una bala de plata, ya que, si se aplicara de manera general, se reducirían drásticamente los tiempos –como bien señala el senador Macaya–. La idea es contar con un proceso reglamentado, claro y transparente que permita a los gobiernos replicar lo hecho en otras ocasiones y, al mismo tiempo, disponer de la fuerza legal necesaria. Ministra, le insisto en el planteamiento, ya que se está aportando buena información y datos sobre proyectos mineros y energéticos. Se mencionó que, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hace dos años se estaba anunciando el envío de un proyecto para simplificar trámites, uno de los temas con mayor avance en materia de inversión en nuestro país. La pregunta, que formulo aprovechando la presencia del senador Rojo de Bersaca, es si en ese proyecto no se consideró incluir lo que la Subtel había venido proponiendo desde hace tiempo, o si se entiende que ya estaba contemplado. Lo primero, señora Presidenta, disculpe que se me haya pasado mencionarlo. Nosotros compartimos que la Agenda Digital de inversión es fundamental para el país. Esto es algo que InvesChile ha venido impulsando, al menos desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y cuyos frutos hoy se notan. Por ejemplo, con los anuncios de Data Centers, como el de Amazon –que no se trata de un único centro, sino de un conjunto de inversiones por 4.000 millones de dólares–, se nos posiciona para tener un rol de liderazgo en la región. Usted señala muy bien que, sin un esquema razonable de permisos, corremos el riesgo de que estas inversiones se vean afectadas. Empresas como Amazon, entre otras, conocen en detalle el proyecto de ley que estamos impulsando, y es una de las razones por la cual están tomando decisiones de reinversión, pues perciben que el Estado de Chile –no solo el Gobierno, sino el conjunto estatal– está comprometido a abordar este tema. Nos comprometemos a revisar y sumar toda la información disponible en este ámbito. Sería conveniente que se verifique con la Subtel lo que ellos ya estaban anunciando, e integrarlo al proyecto en caso de ser necesario, ya que, de otra forma, no tendría sentido. Es importante recordar que los permisos sectoriales de Telecomunicaciones ya están establecidos, al igual que en otros sectores. Aunque en ocasiones los ministerios piensen en realizar una reforma profunda en los criterios, esto no es lo que se persigue. Como indicó recientemente Camila, la Subtel está trabajando en el asunto y nosotros, como parte de los ministerios involucrados, estamos revisando su labor. Siempre procuramos que el paradigma o la visión general que articula estos permisos sectoriales sea consistente con la ley marco, adelantándonos en ocasiones a ella, como ocurrió con el proyecto de las DOM, en el que, al detectar lo que se estaba proponiendo, incorporamos elementos de nuestro proyecto para acelerar el proceso. En el caso de la Subtel, dada la magnitud del cambio –que no podríamos incluir a propósito en este proyecto– nos gustaría asegurarnos de que sus propuestas estén alineadas con el marco general. Por supuesto, se podrán entregar todos los antecedentes pertinentes y, en caso de que no quepan en este ámbito, se remitan de manera complementaria, porque de lo contrario quedaríamos con un marco normativo que no se ajusta a las particularidades. Como bien dice, Presidenta, es fundamental que cada uno de estos proyectos sea coherente con el marco general que estamos implementando.

Nosotros, esto por supuesto con la venia y el impulso de la CEPRES y también de Presidencia, se nos ha dado un rol en esta materia, es decir, de ir revisando cada uno de los proyectos que tienen que ver con autorizaciones para que sean consistentes con la ley marco. Y a futuro, esto además lo va a tener que hacer también la oficina, como una de las cosas que va a tener que ir viendo en el trabajo cotidiano del Ministerio, en cierto sentido, institucionalizando algo que nosotros estamos haciendo más bien por una decisión específica de este Gobierno en particular. Pero nos comprometemos a lo que usted plantea, Presidenta. Ok, ¿alguna otra pregunta, colegas? Si podemos mostrar la lámina que había de los tiempos, sin perjuicio de que no sea necesariamente esa, pero por lo menos orientadora de los plazos que vamos a tener. La idea, colegas, sería que esta semana y la que viene se terminen de revisar y concordar propuestas. Nosotros ya tenemos algunas revisadas para los artículos que no tienen acuerdo y, abriendo el plazo de indicación, se podría retomar el trabajo en el regreso de la semana regional, la subsiguiente, entiendo, para poder votar en principio en esa fecha. Esto es propuesta del Gobierno y, en la medida en que caminemos bien con los equipos, no creo que haya problema. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, el senador Lagos tuvo que ir a tomar una audiencia protocolar, así que por eso se retiró. Estamos de acuerdo entonces, y yo les pido que, por favor, se coordinen con Gonzalo, mi asesor perfecto para coordinar las reuniones. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ésta se levanta. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes: senadoras, senadores, diputados, diputadas, ministros, a su equipo, a la secretaría, a nuestros asesores, a los sindicatos y a los asesores de los sindicatos. Muy buenas tardes. Le damos la palabra al señor secretario para que nos actualice el estado de la discusión y votación de este proyecto de ley, y después ordenaremos la discusión de hoy. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenas tardes. Señor Ministro, buenas tardes. Invitados e invitadas, muy buenas tardes. Señora Presidenta, sus señorías recordarán que en la sesión anterior se alcanzó a votar la letra C del numeral 25 del texto del Senado, y ese numeral se rechazó por cinco votos a tres a favor. Por tanto, ya no rija la idea de que no será aplicable, a concepto de bienes raíces de Santiago, lo dispuesto en el artículo 450 del presente Código.

La discusión quedó pendiente en lo relativo a establecer, al menos, tres cuestiones, requisitos, procedimientos y plazos para la división. Estoy en la página 84 de nuestro comparado y, dicho sea de paso, este es el último asunto que tiene pendiente esta comisión mixta. Muchas gracias, señor Secretario. Le voy a dar la palabra, entonces, al ministro de Justicia, señor Jaime Gajardo. A propósito, solo mencionar que, respecto a lo que decía el señor Secretario, tenemos solo este arco pendiente, uno de los grandes temas, pero cualquier otro requeriría unanimidad para abrir y, eventualmente, tener una segunda discusión. En este punto, ministro, le doy la palabra para que nos pueda entregar la propuesta del Ejecutivo, entendiendo que, además, este tema ya ha sido ampliamente discutido, pero en la última sesión se tomó, digamos, la regla general de que se debe establecer un procedimiento. Señor Ministro. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores y senadoras presentes, y a los diputados y diputadas que se encuentran con nosotros el día de hoy. Respecto a la propuesta que se nos solicitó como Ejecutivo para plantear, podríamos decir, una reglamentación de la división en el caso de que se utilice la facultad asignada al Presidente de la República en el artículo 450 del Código Orgánico de Tribunales, hemos conversado un conjunto de criterios que deberían estar en esta propuesta, que es justamente lo que el Ejecutivo ha terminado de recoger y que, entiendo, ya se está imprimiendo. Aunque no tenemos la propuesta a la vista, entiendo que la Secretaría ya coordinó con su equipo para entregar una copia impresa a cada uno de los miembros de la comisión. Puedo dar los criterios y leer la situación más pertinente, presidente. Lo primero es que, en el primer inciso, se establece la necesidad de que, para ejercer esta atribución, se requiera, como condición de procedencia, un informe favorable del fiscal judicial, tal como se estipula en el artículo 450. Quisiera recordar a los parlamentarios de esta comisión mixta que, en dicho artículo, se dispone la atribución general de división, la cual no requiere informes favorables para su ejecución. Sin embargo, para el ejercicio de esta facultad en el caso del oficio conservatorio de bienes raíces, en términos generales en Santiago, se exigirá un informe favorable del fiscal judicial, que a su vez deberá incorporar los informes de las Cortes de Apelaciones correspondientes, en este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo, el inciso primero señala que se podrán requerir informes de otros organismos públicos para evaluar la pertinencia, los cuales serán complementarios. La condición de procedencia es que exista un informe favorable del fiscal judicial de la Corte Suprema. Si dicho informe es favorable, se podrá ejercer la atribución contenida en el artículo 450, pero se podrán solicitar también otros informes para complementar la decisión, en caso de que se opte por utilizar esta división. ¿Por qué menciono esto? Porque podría ocurrir que, aunque exista un informe favorable del fiscal judicial de la Corte Suprema, otros informes muy relevantes indiquen que no es conveniente la división, y el Presidente de la República tendría esos antecedentes para decidir si ejerce o no la facultad contenida en el artículo 450. De los informes que se establezcan y que determinen la conveniencia de ejercer la atribución, se fijará que un máximo de oficios conservatorios que se podrán crear será de cuatro, estableciendo así un límite en la cantidad de divisiones que se pueden realizar. En tercer lugar, al evaluar la división se deberá tener especial consideración en los criterios señalados en el artículo 450, pero, además, incorporamos en la propuesta –que ya tienen a la mano– un conjunto de criterios que buscan que los oficios que se creen tengan sustentabilidad. Ahora, cada uno puede ir leyendo los párrafos, ya que tienen la propuesta impresa en sus manos. Entonces, vuelvo, Presidenta, en el inciso primero...

Se establece el primer criterio, que es contar con informe favorable del fiscal judicial de la Corte Suprema. Ese es el primer criterio para que el Presidente de la República pueda realizar la división, ya que es una condición de procedencia, establecida en el inciso primero. Dicha condición es necesaria para ejercer la facultad contenida en el artículo 450. Se requerirán los informes correspondientes, y entre ellos, el fiscal judicial deberá solicitar informes a las Cortes de Apelaciones respectivas, las cuales emitirán un informe final; si este informe es favorable, será procedente ejercer la facultad de la división. Asimismo, se podrán requerir otros informes, con el objeto de que el Presidente de la República los tenga a la vista en el caso de que quiera ejercer esa facultad. En segundo lugar, o en el segundo inciso, se establece la posibilidad de división del territorio jurisdiccional, hasta cuatro registros conservadores, lo cual constituye un segundo elemento de esta reglamentación para ejercer la facultad. Cada uno de ellos pasará a conformar un solo oficio, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 449. En tercer lugar, o en el tercer inciso, se establecen los criterios para la división territorial que se discutieron en la última sesión. Se consideran el número total de población de cada comuna o agrupación de comunas, la concentración y las características geográficas de las mismas, así como los tipos de demanda, tanto real como proyectada, de los servicios registrales. También se toma en cuenta la estructura de costos y utilidades, tanto del oficio conservatorio actualmente existente como de los nuevos oficios. La división debe estar orientada a permitir el funcionamiento eficiente de los oficios resultantes, resguardando tanto su productividad como la calidad del servicio que reciben los usuarios, y la mantención de la equivalencia entre los costos, utilidades y beneficios generados por cada uno de ellos. Aunque lograr que cada uno tenga equivalencias exactas es muy complejo, se busca establecer criterios que eviten disparidades significativas en dichos aspectos. En cuarto lugar, en el caso de que el informe del fiscal judicial no fuera favorable, no se podrá volver a solicitar dicho informe hasta transcurridos cuatro años. Este es un cuarto elemento que se tiene en consideración para el ejercicio de esta facultad. Además, en el caso de que se establezca o se dicte conforme al artículo 450, se podrá disponer la división progresiva del oficio, y los nuevos conservadores a los que hacen referencia los incisos anteriores deberán gestionar y garantizar la adecuada inversión tecnológica y la implementación del sistema operativo, aspecto ya indicado en las distintas propuestas y que no ha presentado mayores inconvenientes. Luego, se presentan las disposiciones transitorias, en las cuales se han planteado criterios relevantes considerados en la propuesta del Ejecutivo. En primer lugar, se define quién continuará siendo titular de las obligaciones y derechos adquiridos en forma previa; será aquel que ejerza las competencias dentro de Santiago. Este oficio, además, podrá seguir siendo administrado en forma progresiva por más de un conservador, en los términos previstos en el artículo 449, y los conservadores que se desempeñen en calidad de titular hasta la fecha de modificación del territorio jurisdiccional permanecerán en su función hasta el término de su nombramiento. Se establece también el derecho de opción para aquellos que, en caso de que se decida la división, puedan optar a los concursos que se estén abriendo, debiendo manifestar su interés ante el Ministro o la Ministra de Justicia dentro del plazo de 15 días desde la publicación del decreto que disponga la división. En caso de que dos o más conservadores manifiesten interés en ocupar el mismo lugar, prevalecerá aquel con mayor antigüedad. Asimismo, el decreto que ordene la división y la creación de estos nuevos oficios deberá establecer mecanismos para la distribución equitativa de los registros vacantes entre los conservadores que permanezcan en funciones, porque lo que puede ocurrir es que, como el oficio...

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