Cámara de Diputados · Trabajo

Aprovecho para saludar a las y los diputados presentes, a las autoridades y a nuestros invitados que están a la espera de poder asistir a la audiencia. El acta de la sesión número 199 se da por aprobada y la sesión número 200 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos: un oficio emitido por la Corte Suprema, a través del cual entregan su opinión respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Además, se informa que la diputada señora Giovanna Ahumada reemplazará al diputado señor Cristian Labbe en esta sesión. El último documento es un estudio titulado "Dinámicas de Conflicto Laboral y Diálogo Social en Chile", del académico de la Universidad de Chile, señor Pablo Pérez Ahumada. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito a la secretaría que envíen estos informes al chat de la comisión, de manera que durante el receso legislativo, los parlamentarios y parlamentarias puedan tenerlos a disposición para su estudio. Se ofrecen palabras sobre la cuenta. No hay intervenciones. Pasamos a puntos varios. Diputado González, tiene la palabra. Gracias, presidente. He solicitado la palabra porque, lamentablemente, la madrugada de este día martes, en la región de Los Lagos, en el estuario del Reloncaví, ocurrió una emergencia marítima, una tragedia. Una embarcación con ocho tripulantes, el catamarán Coñimó Uno, se vio involucrada en esta tragedia. Lamentablemente, se han reportado pérdidas humanas.

Sufrió un naufragio, se hundió y hay personas desaparecidas. En la actualidad, están los equipos de emergencia en el lugar. Hoy, lo más importante es poder rescatar los cuerpos; también hay sobrevivientes. Sin lugar a dudas, es fundamental fiscalizar qué ocurrió. Por ello, presidente, solicito que la Dirección del Trabajo tome carta en el asunto y analice a profundidad las condiciones laborales de esta embarcación que prestaba servicio a un centro de cultivo. Todo lo que está ocurriendo está bajo estrictas medidas de investigación, pero es crucial clarificar si se había fiscalizado o no, y es importante que la Dirección del Trabajo actúe frente a esta tragedia. Aprovechando que el director está presente, le pido que se comprometa a dirigir esta investigación desde el punto de vista laboral. Gracias por su intervención, diputado González. A pesar de que contamos con el director del Trabajo aquí presente, vamos a recabar el acuerdo para enviar esto en un oficio formalmente, de manera que se cumpla con el procedimiento de esta comisión. Quiero recordarles que hemos despachado un proyecto de ley sobre salud y seguridad en el trabajo, con indicaciones unánimes. Sería interesante que podamos hacer un esfuerzo conjunto, tanto de la oposición como del gobierno, para acelerar las urgencias y que se discuta en sala. También solicito al presidente de esta corporación que garantice que, a la vuelta del receso legislativo, podamos enviar ese proyecto para su discusión en segundo trámite. ¿Algún punto varios adicional? No. Aprovecho para mencionar que, a propósito de nuestros acuerdos de la última sesión respecto al proyecto de ley que busca regular la jornada de los trabajadores del sector audiovisual y cinematográfico, se ha formado una mesa para intentar arribar a un acuerdo en los plazos establecidos. La próxima reunión será este jueves; los detalles están en el chat. En segundo lugar, quiero oficiar al Ministerio de Justicia por una situación preocupante. La empresa Netmóvil, distribuidora de Transbank, despidió a 60 trabajadores en diciembre y aún no ha pagado los finiquitos. Netmóvil se desentendió y los mandó a hablar con la mandante, pero Transbank les dijo que no tenían responsabilidad alguna. Los trabajadores tuvieron que acudir a la Inspección, pero ninguna de las empresas se presentó al comparendo citado. Espero que los parlamentarios y parlamentarias que deseen participar en la discusión sobre la votación programada para esa fecha puedan incorporarse. Dicho esto, solicito unanimidad para dos oficios que enunciaré brevemente. Primero, hace varios años, esta Cámara aprobó de manera transversal una resolución para que los trabajadores del Servicio Médico Legal tuvieran el descanso reparatorio que se legisló en 2022 para los trabajadores de la salud, tanto del sector público como privado. En esa ocasión, los funcionarios del Servicio Médico Legal quedaron excluidos porque su dependencia es el Ministerio de Justicia. Tuvimos un debate al respecto y se aprobó, a pesar de que no son dependientes del Ministerio de Salud, ya que cumplieron un rol fundamental durante la pandemia. Todos coincidimos en que esa distinción era absurda, pues estuvieron igualmente expuestos y con la misma sobrecarga que el resto.

Sin embargo, desde el año 2022 no han tenido una respuesta administrativa; se les ha tramitado desde aquella época, habiendo permanentemente una suerte de tirada de pelota que va desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia. Por lo mismo, yo quisiera que oficiemos a las tres instituciones que acabo de mencionar, pidiendo explicaciones por esta demora, que es una cuestión bastante simple, pero que ha tomado cuatro años y que afecta a una cantidad reducida de trabajadores y trabajadoras. Respecto de las fechas y de las soluciones a esta resolución, que además se les había comprometido, los trabajadores acudieron a solicitar información. No es necesario explicar la desesperación que tuvieron ante estas circunstancias, sobre todo considerando que los juicios, ustedes bien saben, están tardando meses y años a causa del atochamiento de las audiencias preparatorias. Básicamente, tenemos un problema en el caso de la Región Metropolitana, pero no me cabe duda de que esto es un problema nacional. La demora de las audiencias preparatorias y de los juicios de los tribunales laborales se está transformando en un tema altamente preocupante. La pregunta es si estamos en presencia de una vulneración del debido proceso y del objeto particular de la reforma del proceso laboral. Por esto mismo, me gustaría que oficiáramos al Ministerio de Justicia para que nos informe si tienen conocimiento de estas demoras, cuáles son las gestiones que se han realizado y si han mantenido diálogo con el Poder Judicial. Situaciones como las que se constatan en el caso de Netmóvil, cuyo extrabajador ni siquiera puede postular a otros trabajos a causa de la falta de finiquitos, son totalmente indignantes. Han habido proyectos de resolución que buscan un tercer tribunal laboral en la Región Metropolitana, pero también entiendo que a lo largo del país existen temáticas similares. Por lo tanto, quiero recabar la unanimidad para estos dos oficios de resolución. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel, correspondiente al boletín N° 18.044-13, calificado con urgencia de suma. Como es costumbre, en esta sesión tenemos invitados al señor Pablo Chacón Cancino, Subsecretario del Trabajo, al director del Trabajo, don Sergio Santibáñez, y a la señora Rosario Navarro Betteley, Presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Voy a pedir, antes de que podamos tener cualquier riesgo de quórum, el acuerdo para que aquellos invitados que no pueden exponer presencialmente lo hagan de manera telemática. Así que tomamos de acuerdo también. Dicho eso, le vamos a dar la palabra a la señora Rosario Navarro, entendiendo que asiste en su representación telemáticamente el señor Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, y al señor Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas. Tienen la palabra. El señor Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en esta comisión y retomar nuestra presentación. En aras del tiempo, voy a resumir y recordar algunos de los puntos centrales que alcanzamos a exponer en la sesión pasada. Lo que hicimos fue revisar el marco general en el cual se presenta este proyecto de ley, señalando que, en primer lugar, es necesario sostener la perspectiva de SOFOFA. Esta iniciativa tiene un impacto negativo en el mercado laboral al imponer una negociación sectorial obligatoria para todas las empresas de un sector o subsector. Esto nos preocupa, ya que no se hace cargo de la gran diversidad productiva del país y de la realidad que enfrentan también las pequeñas y medianas empresas. Un segundo punto que señalamos es el contexto laboral actual, con más de 30 meses de desempleo por sobre el 8%, una informalidad que afecta a uno de cada cuatro trabajadores y una brecha cercana a los 300.000 empleos respecto de los niveles previos a la pandemia. Expusimos también cómo el mercado laboral, esto es algo central en nuestro análisis, está atravesando transformaciones.

Señor Presidente, en este contexto, es importante destacar la irrupción de nuevas tecnologías y los cambios demográficos que enfrenta nuestro país. Desde nuestra perspectiva, lo que se requiere es una mayor flexibilidad en el empleo formal. En cuarto lugar, advertimos que la acumulación de reformas laborales recientes y las que están en carpeta han incrementado el esfuerzo en términos de costos laborales, lo que puede tener impactos negativos en el crecimiento y en la capacidad de creación de empleo. Esto obliga a diseñar cualquier nueva reforma con especial prudencia. En quinto lugar, es relevante señalar cómo la tasa de sindicalización y la cobertura de instrumentos colectivos han aumentado en Chile en los últimos años. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la OCDE que han implementado sistemas de negociación multinivel, en Chile la realidad es distinta. En este sentido, la alta heterogeneidad productiva de nuestra economía hace que en un mismo sector convivan grandes, pequeñas y medianas empresas, siendo las pymes las que representan el 98.6% de las empresas del país y generan alrededor del 50% del empleo. Con este marco general, comenzamos a revisar los impactos concretos que nuestra mirada podría generar con este proyecto en materia de salarios, informalidad y desempleo, afectando tanto a trabajadores como a empleadores en su implementación. Precisamente en este punto, quisiera dar la palabra al director de políticas públicas de SOFOFA, don Rodrigo. Tiene la palabra, don Rodrigo. Gracias, señor Presidente. En medio de esta discusión, es fundamental retomar los impactos que podría generar un mecanismo de negociación multinivel, a la luz de la evidencia internacional y la literatura existente. En este sentido, hemos encontrado evidencia respecto a cinco o seis dimensiones que son relevantes para analizar los posibles impactos en materia de salarios, informalidad, desempleo, productividad y la heterogeneidad en las pequeñas empresas. En primer lugar, respecto al impacto en los salarios, un esquema de negociación ramal con efectos generales tiene el riesgo de fijar condiciones salariales que no reflejan adecuadamente la heterogeneidad entre las empresas. Esto lo discutimos en la sesión anterior, en relación con la riqueza y diversidad de las empresas en nuestro país, considerando su tamaño y grado de productividad. La capacidad que tiene el mercado y las empresas para absorber estos ajustes influye en el empleo y la formalidad, dependiendo de diversos factores. Es crucial entender cómo la heterogeneidad juega un rol importante en este contexto. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que, en la mayoría de los casos, esto se traduce en aumentos en los costos laborales, lo que puede resultar en menores niveles de contratación. A largo plazo, esto podría llevar a una moderación de los salarios reales y a la viabilidad económica de las empresas, especialmente aquellas con menor capacidad de ajuste y adaptación. Agradezco la atención y espero que esta discusión nos permita avanzar en la comprensión de los desafíos que enfrentamos en la implementación de este proyecto.

Los impactos de la modificación del Código del Trabajo no son homogéneos y dependen de la estructura productiva y el grado de organización sindical. En particular, las pequeñas y medianas empresas son las que tienen menor capacidad de adaptación, lo que las convierte en las más afectadas por las nuevas exigencias laborales. Estas exigencias, que implican un mecanismo de negociación colectiva multinivel, pueden resultar en costos prohibitivos, especialmente para aquellas empresas con márgenes de ganancia reducidos. Parte del ajuste que estas empresas podrían realizar sería transitar hacia la informalidad, lo que les permitiría enfrentar estos mayores costos sin comprometer completamente su operación. Este fenómeno podría profundizar la disminución de la capacidad de creación de empleo, un desafío que ya enfrenta Chile, y tiende a incrementar el desempleo, como se ha evidenciado en países como Sudáfrica, España e Italia. El impacto de estas medidas depende principalmente de la capacidad de reacción de la oferta y la demanda, así como de las elasticidades del mercado. Los nuevos trabajadores que queden en la informalidad enfrentarán un mayor nivel de vulnerabilidad y tendrán un acceso limitado a redes de protección social, lo que tendrá un impacto significativo en sus condiciones de vida. La magnitud del efecto en materia de informalidad estará relacionada con el aumento de los salarios. Estudios previos sugieren que, en el contexto de una negociación colectiva que incremente los salarios en un 5%, la informalidad podría elevarse en un 12,5% para los hombres y un 9,3% para las mujeres. Actualmente, los niveles de formalidad en nuestro país rondan el 27%, lo que implicaría que llevar la tasa a un 30% podría sumar alrededor de 280.000 trabajadores adicionales a la fuerza laboral informal. Asimismo, la tercera variable a considerar es el desempleo. Las rigideces asociadas a la negociación colectiva pueden obstaculizar la innovación y la productividad, desalentando la adopción de nuevas tecnologías. Las empresas con menor capacidad financiera son las más afectadas, ya que, al agruparse en un mismo sector, se generan diferencias estructurales en productividad y en la adopción de innovaciones. A largo plazo, estos ajustes se reflejan en caídas del empleo formal, lo que se traduce en una menor capacidad de creación de empleo y, por ende, un aumento del desempleo. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, estas pueden enfrentar nuevos costos derivados de cambios regulatorios y laborales, lo que podría ser insostenible para su operación. Finalmente, respecto a la productividad, existe evidencia abundante sobre el impacto que puede tener la negociación colectiva. Este impacto se manifiesta principalmente a través de dos canales de acción, que requieren un análisis más detallado en futuras discusiones.

Innovación y la adopción de nuevas tecnologías están asociados, evidentemente, a los aumentos de costos laborales. Además, existe una brecha salarial que se reduce en la medida en que los márgenes se aprietan, lo que resulta en menos incentivos, tanto para innovar como para invertir en capital humano. Por lo tanto, se pierde ese canal mediante el cual se pueden comentar algunos elementos concretos que propone el proyecto de ley. Agradezco su intermedio, señor presidente. Luego de escuchar los impactos del proyecto de ley detallados por Rodrigo Mujica, procederé a comentar brevemente ciertas observaciones particulares al proyecto. En primer lugar, existe el riesgo de que se negocien empresas de diferente tamaño bajo un mismo estatuto. En este sentido, queremos destacar que el diseño propuesto en el proyecto de ley no considera el tamaño de las empresas para la negociación colectiva sectorial, lo que no es neutral y perjudica tanto a trabajadores como a empleadores. Como se ha indicado, las pymes no tienen la misma capacidad de adaptabilidad que las grandes empresas para absorber los mayores costos laborales, reorganizar sus jornadas, salarios u otras condiciones laborales que se puedan pactar. Esto genera brechas y competencias desalineadas entre las empresas de un mismo sector. En materia general de las empresas, es importante señalar que Chile tiene una estructura productiva diversificada y muy divergente, no solo entre distintos sectores, sino también dentro de un mismo sector, en cuanto a tamaño y productividad. Los marcos regulatorios con condiciones más rígidas pueden generar restricciones a la contratación o estructuras salariales y jornadas laborales poco adaptables, afectando así los incentivos para la innovación, lo que explica en parte la heterogeneidad que observamos en las empresas hoy en día. Estas son algunas evidencias que hemos podido levantar y que pondremos a disposición de la comisión, señor presidente. Quisiera dar paso a la tercera y última sección de nuestra presentación, que se refiere a que la negociación quedaría sujeta a decisiones tomadas por terceros que negociarían por los trabajadores sin que estos tengan un control real sobre las condiciones laborales mínimas que se hayan negociado en esa negociación sectorial. Un segundo punto que queremos destacar es que el proyecto establece importantes limitaciones a la facultad de administración de la empresa. Actualmente, el Código del Trabajo establece claramente que no se puede negociar de forma colectiva sobre ciertas materias que afectan la facultad del empleador para organizar, dirigir o administrar la empresa, según lo establecido en su artículo 306. Sin embargo, el proyecto elimina este límite y permite que a nivel sectorial se regulen materias estratégicas, como la productividad, la innovación y la sostenibilidad ambiental, entre otras, tal como se menciona en su artículo 409, letras F e I. Esto abriría la puerta a que ciertos acuerdos sectoriales puedan restringir decisiones propias de cada empresa, sin considerar la realidad específica de cada una. Por último, es relevante mencionar que la negociación sectorial será obligatoria y los acuerdos que se suscriban tendrán efectos erga omnes, es decir, efectos generales para todas las empresas de un sector, una vez que se publique este acuerdo en el Diario Oficial. Esto implica que a las empresas de un sector o subsector económico se les aplicarán los mismos estándares mínimos en cuanto a remuneraciones, jornadas, sistemas de teletrabajo, entre otros, sin distinguir realmente entre grandes y pequeñas empresas en su capacidad para absorber los mayores costos laborales y reorganizar sus condiciones laborales en la negociación colectiva sectorial.

El proyecto permite pactar ciertas condiciones para aplicar de manera diferenciada, progresiva o diferida a los acuerdos sectoriales, según se establece en su artículo 409, letra g. Esto dependerá de la voluntad de las partes de incluir o no este tipo de menciones en el acuerdo sectorial, y no son cláusulas obligatorias. Por lo tanto, en la práctica podría ocurrir que un acuerdo sectorial se aplique progresiva o diferidamente a una empresa, como una PyME, por ejemplo. Sin embargo, estas condiciones no son automáticas ni garantizadas, y dependen de lo que las partes acuerden en el acuerdo sectorial. Esta obligatoriedad y la poca flexibilidad del nuevo sistema, al establecer condiciones mínimas de trabajo para todo un sector económico, podrían representar un problema para aquellas empresas que no puedan unirse o cumplir con las condiciones pactadas. Un cuarto punto que nos preocupa en torno al proyecto es la ambigüedad existente en materia del derecho a huelga. Actualmente, la huelga está claramente regulada en el Código del Trabajo y se les aplicarán los mismos estándares mínimos en cuanto a remuneraciones, jornadas y sistemas de teletrabajo, sin distinguir realmente entre el tamaño de la empresa, el nivel de productividad o la capacidad económica de las distintas empresas que hayan negociado ese acuerdo. En este sentido, consideramos que el proyecto no contempla cláusulas obligatorias de apertura o de salida, como sí ocurre en otros países de la OCDE, que permiten sistemas de flexibilidad para que las empresas puedan tener medidas de salida ante escenarios de crisis económica o cambios. Aunque el proyecto incluye ciertas condiciones para aplicar de manera diferida o progresiva un acuerdo sectorial, persiste la ambigüedad en materia del derecho a huelga. Este nuevo derecho a huelga, reconocido en el artículo 212, se regula para la defensa y protección de los intereses de los trabajadores, y al ubicar la norma en este lugar del Código del Trabajo, se podría abrir la puerta a la interpretación de que el derecho a huelga se está intentando extender más allá de los niveles intermedios o sectoriales. Este riesgo se ve reforzado por el hecho de que en el proyecto se otorgan amplias facultades a las partes para regular las formas, las reglas y los plazos de la negociación, lo que podría habilitar huelgas de alcance sectorial o intermedio. Un quinto punto que queremos destacar es que el proyecto no define qué se entiende por sector o subsector económico para efectos de la negociación colectiva sectorial. Se remite al Clasificador Chileno de Actividades del Instituto Nacional de Estadística, un instrumento diseñado para fines estadísticos y no regulatorios. Esto puede llevar a la generación de agrupaciones artificiales de empresas bajo un mismo proceso de negociación sectorial, agrupaciones que pueden ser muy distintas. Por ejemplo, en la industria del hidrógeno verde, se podrán fijar condiciones importantes, como el reemplazo de integrantes de las comisiones y la metodología para determinar estadísticamente la representatividad, entre otras materias, lo que introduce cierta discrecionalidad en un elemento central del sistema como es la representatividad. Otro tema relevante que consideramos importante es la eliminación de la norma que permite a las empresas principales mantener la continuidad de los servicios en caso de que una empresa contratista o subcontratista ejerza su derecho a huelga. Bajo el diseño propuesto, podría ocurrir que se incluyan actividades tradicionales, como el suministro de electricidad, gas o aire acondicionado, lo que evidencia diferencias productivas, tecnológicas y organizacionales muy estructurales entre estas industrias. Por lo tanto, consideramos que este mecanismo para agrupar las empresas en sectores económicos no sería el más indicado.

Un sexto punto que también nos preocupa del proyecto de ley es la nueva institucionalidad que está creando, ya que la negociación colectiva sectorial se realiza a través de consejos sectoriales y comisiones subsectoriales. Estos organismos tienen amplias facultades para negociar en materias laborales relevantes, lo que genera el riesgo de una representación incompleta de los diferentes actores del sistema. A esto se suma que aspectos clave de la determinación de la representatividad, tanto sindical como gremial, quedan entregados a ciertos reglamentos del Ejecutivo, lo que podría permitir que una empresa contratista o subcontratista ejerza su derecho a huelga. Esto podría implicar que, en caso de huelga de una empresa contratista, se paralicen completamente las actividades y se afecte a terceros que no son parte del conflicto colectivo, como la empresa principal, lo que afectaría a partes más allá de las involucradas en la negociación. Un octavo punto que queremos levantar es nuestra preocupación por el hecho de que el proyecto entrega a la Dirección del Trabajo la facultad para ordenar el reintegro de trabajadores en caso de que considere que existen indicios suficientes de una práctica antisindical. Es fundamental señalar que la promoción del empleo formal, el aumento de la productividad y la adaptabilidad deben estar en el centro de esta discusión, especialmente considerando el profundo cambio que se avecina en el mercado laboral y en el sector productivo en Chile y en el mundo. Reglas homogéneas para sectores heterogéneos, así como barreras o rigideces al empleo formal, elevan aún más los costos de contratación, lo que puede generar efectos negativos en el empleo, en los salarios, en la informalidad y también en la productividad. Por lo tanto, es crucial que la calificación de una situación jurídica compleja, como la existencia de una práctica antisindical, corresponda exclusivamente a los tribunales laborales. Trasladar esta facultad a una autoridad administrativa excedería su rol fiscalizador y podría generar dudas en materia de certeza jurídica y debido proceso. Finalmente, se han planteado cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proyecto, particularmente en relación con el artículo 19, número 16 de la Constitución, que reconoce que la negociación colectiva debe realizarse con la empresa en que laboran los trabajadores. Por lo tanto, el proyecto, al inducir una negociación colectiva sectorial obligatoria con efectos generales, se apartaría de este diseño constitucional vigente. Muchas gracias, señor presidente. Para concluir, quisiéramos insistir en que cualquier reforma laboral debe tener en su centro la promoción del empleo formal y la adaptabilidad. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Agradecemos la invitación y el espacio que se nos ha brindado. Mañana les haremos llegar la transcripción de lo que hoy hemos presentado. En cuanto a los aspectos que abordaremos, primero, una característica de la minería para entender cómo le afecta el proyecto; segundo, referencias a antecedentes, fundamentos y objetivos del mismo. Ahora, le damos la palabra al señor Carlos Urenda Aldunate, quien asiste en representación de don Joaquín Villarino Herrera, del Consejo Minero. Le pedimos que tome asiento y realice los comentarios que considere pertinentes respecto a este proyecto. Tiene la palabra, don Carlos Urenda. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Creemos que las herramientas laborales que se discuten deben mirar hacia el futuro y abordar adecuadamente las necesidades y preferencias del mundo del trabajo, sin reflejar una desconexión entre lo que se propone y la realidad productiva que estamos testimoniando.

Avanzar hacia una negociación colectiva multinivel consideramos que es estructuralmente inconveniente, ya que va en sentido contrario a lo que Chile requiere hoy: flexibilidad, mayor competitividad y una efectiva promoción del empleo formal. Agradecemos profundamente el tiempo de los honorables miembros de esta comisión y a todos quienes participan en esta sesión. También extendemos nuestro agradecimiento a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) por su presentación. Les solicitamos que, si no han sido enviadas ya, remitan sus documentos a la secretaría para que estén a disposición de las y los parlamentarios. En esta intervención, nos referiremos a los antecedentes, fundamentos y objetivos del proyecto, antes de entrar en el contenido específico. Es fundamental compartir nuestra visión sobre la negociación colectiva supraempresa, lo cual facilitará la comprensión de por qué algunas normas no son de nuestro agrado y evitará la necesidad de profundizar en fundamentaciones extensas respecto a ciertas disposiciones que observaremos más adelante. Se ha realizado una crítica genérica al proyecto en su conjunto, aplicable a cualquier sistema de negociación colectiva, ya sea ramal o sectorial. Sin embargo, es necesario analizar con respeto la propuesta específica que se presenta aquí. Respecto a la minería, queremos señalar que nuestra minería chilena está compuesta por empresas artesanales, pequeñas, medianas y grandes. Es importante mencionar que dentro de estos segmentos existen realidades diversas en términos de productividad, remuneraciones, localización geográfica y condiciones de trabajo. La incidencia del trabajo de los contratistas en nuestro sector es significativa, estando estrechamente vinculada a la empresa mandante. Contamos con un 80% o más de sindicalización y nos enorgullece haber alcanzado acuerdos a nivel de empresa con el sistema actual, sin necesidad de intervención de terceros. Esto refleja que venimos a opinar desde un sector que no teme a los sindicatos fuertes ni a la negociación colectiva. Hemos operado en este esquema de manera efectiva durante muchos años y consideramos que ha funcionado adecuadamente. Además, contamos con una comisión sectorial minera que forma parte del Consejo Superior Laboral, donde mantenemos un diálogo tripartito. Aunque este diálogo está lejos de ser una negociación normal, nos reunimos mensualmente para discutir temas de interés común, impulsamos iniciativas y alcanzamos acuerdos que han resultado beneficiosos. Esta es una de las pocas experiencias positivas de diálogo social en Chile, que aunque presenta altos y bajos, es destacable en términos generales. Finalmente, al abordar los antecedentes, fundamentos y objetivos del proyecto, hay afirmaciones que consideramos cuestionables, como la necesidad de superar el diseño institucional del denominado plan laboral.

Habiendo pasado una considerable cantidad de años con tantas reformas sustantivas en materia de negociación colectiva, considero que la situación actual no se condice con la realidad. Existen diversas citas bibliográficas y estudios que respaldan el modelo propuesto en el proyecto. Sin embargo, al examinar esos mismos documentos, encontramos que, por ejemplo, en dos tercios de los países de la OCDE, la negociación colectiva tiene lugar predominantemente a nivel de la empresa. Muchos países de la OCDE han dado pasos hacia la descentralización, es decir, hacia la negociación a nivel de empresa en las últimas décadas. Por lo tanto, se pueden encontrar fundamentos para respaldar un cambio en esta materia desde ambas perspectivas. Adicionalmente, hay numerosos estudios que sugieren que negociar a nivel de empresa es más conveniente. En los fundamentos del proyecto se menciona que el principal motor de esta reforma es la ampliación efectiva de la cobertura de la negociación colectiva. Sin embargo, creemos que esto no debe ser un objetivo en sí mismo, sino que debe considerarse en función de lograr resultados equilibrados entre productividad y beneficios laborales. No consideramos que el aumento de la cobertura de la negociación colectiva sea un valor supremo que deba ser perseguido sin más. Por otro lado, como ya lo ha señalado la SOFOFA, el tema constitucional debe ser revisado previamente y de manera formal, ya que podríamos enfrentar sorpresas al final de la tramitación. Siempre hemos sostenido que la negociación debe realizarse al interior de la empresa. Además, es evidente que esta iniciativa, por su naturaleza y los efectos que conlleva, requiere un tiempo razonable para su discusión. En la primera sesión, varios de ustedes mencionaron que este asunto merece un mayor tiempo de conversación, y estoy de acuerdo. Pasando a la tercera parte de la presentación, me gustaría compartir la opinión del Consejo Minero sobre la negociación que trasciende el ámbito de la empresa, que puede ser multinivel o ramal, pero que no se limita únicamente a la empresa. Lo planteamos no por pretensión, sino porque creemos que se entenderá mucho mejor por qué algunas normas del proyecto pueden no ser del agrado de todos. Consideramos que una negociación que se realiza fuera del contexto de la empresa tiende a generar acuerdos que no reflejan las particularidades de las distintas empresas, que pueden variar en tamaño, productividad y otros factores. Por definición, cuando se lleva a cabo una negociación en este contexto, el mejor resultado que se puede alcanzar es un promedio, donde algunos quedarán en una mejor situación de la que les corresponde y otros en una peor. A largo plazo, estas soluciones no son sostenibles. En el caso de las empresas de menor tamaño o con un mayor riesgo financiero, esta situación puede llevarlas a salir del mercado, a pasar a la informalidad o incluso a acelerar una sustitución de trabajo por capital. Las intervenciones de la autoridad deben limitarse a corregir errores o faltas, sin promover una u otra iniciativa o influir en un sentido u otro. Asimismo, la participación de tantas personas en un proceso que maneja información sensible comercialmente conlleva riesgos significativos para la libre competencia. También hay factores relacionados con la idiosincrasia que deben considerarse, ya que esta situación puede llevar a las empresas a salir del mercado o a pasar a la informalidad, lo que podría resultar en un proceso negativo. Es fundamental reflexionar sobre estas cuestiones y su impacto en el futuro de la negociación colectiva en nuestro país.

¿Por qué se llegan a estos acuerdos que no son coherentes con las particularidades de los agentes que negocian? Esto ocurre, en gran medida, porque la negociación no la tienen los mismos que son afectados. Ese poder de negociación se delega total o parcialmente en organizaciones distintas. Estas personas pueden ser muy bien intencionadas, pero pueden tener objetivos adicionales y, además, poseen menos conocimiento de la realidad por la cual están negociando. Por otra parte, esto da espacio para que las autoridades puedan intervenir y empezar a influir en los proyectos y en las conversaciones. Creemos que mientras más lejos se mantenga el Estado de una negociación entre empleadores y trabajadores, es importante. También hay ciertos factores que tienen que ver con la idiosincrasia, ya que alguien podría argumentar que en otros países esto funciona bien. Sin embargo, no estamos diciendo que la negociación colectiva ramal sea mala; lo que afirmamos es que no es lo adecuado para Chile. Tal vez en contextos con otra idiosincrasia, otra estructura social y organizaciones que han funcionado durante años, esto pueda tener sentido y funcionar. Pero consideramos que tratar de construir instituciones que negocien por otros cuando no existen es, por decir lo menos, un proceso que tomará mucho tiempo y generará complicaciones. Adicionalmente, es importante señalar que nuestra regulación legal es bastante densa y detallada; hay mínimos casi para todo. Por lo tanto, creer que con este sistema se podrá ganar obteniendo distintos mínimos no es correcto, ya que esos mínimos ya existen y hay poco margen para negociar. No vemos en el proyecto un espacio que diga, por ejemplo, que si nos ponemos de acuerdo, se podría flexibilizar. Estamos claros en que el Gobierno ha sido muy enfático en señalar que esto no es una negociación sectorial propiamente tal, sino una negociación multinivel. Habrá tres sectores: uno será sectorial, y otro a nivel de acuerdos marco, pero la negociación por empresa se mantendrá. Algunos podrían considerar que esto puede ser una buena corrección de un sistema que nosotros creemos que no es adecuado. Sin embargo, al leer el proyecto, se observa que ya se hace obligatorio para los empleadores negociar con una federación más representativa que dos o más sindicatos de esa empresa hayan designado. Esto podría interpretarse como un fortalecimiento de la negociación a nivel de empresa, ya que abre un ámbito más, pero en realidad lo que vemos es que está restringiendo la negociación a nivel empresarial, porque está obligando al empleador a negociar con esa federación más representativa. Por otro lado, como mencionó la SOFOFA, se elimina sin justificación esa prohibición que existía en el proyecto. Esta norma, en definitiva, plantea importantes desafíos que debemos considerar.

Que dice que la empresa principal no podrá reemplazar una obra o servicio cuando el contratista que se la estaba proveyendo entre en huelga. La verdad, y por eso yo les recordé que en la minería el trabajo de los contratistas es sumamente incidente. Para la minería, eso sería exponer a la empresa minera a todas las huelgas que eventualmente pudieran tener sus cientos o miles de contratistas. Entonces, claro, a nuestro modo de ver, el ámbito de la negociación de empresa se mantiene, pero queda muy debilitado e incluso con normas que son muy perjudiciales. Veamos un par de temas sobre los acuerdos marco, que es el nivel intermedio que propone el proyecto. Estos acuerdos se han ocupado voluntaria y flexiblemente en algunas instituciones, pero el proyecto los hace obligatorios y los rigidiza. Por otra parte, quiero hacerme cargo de que el gobierno ha dicho, con razón o con una muy buena intención, que puede que no guste el sistema multinivel. Sin embargo, la verdad es que las cosas que pueden negociarse en cada uno de los niveles son distintas y están claras, y no se van a contraponer. Desgraciadamente, en el proyecto no está plasmado así, porque en el tema de los acuerdos marco quedan abiertos los casos en que se podrá exigir un acuerdo marco. Se menciona, por ejemplo, proyectos y otras situaciones, y se deberá negociar con la federación más representativa. Por otro lado, como dijo la SOFOFA, se elimina sin justificación esa prohibición que consideramos sana, que era la de no poder negociar materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar su empresa. Creemos que es indispensable que esa facultad la siga manteniendo el empleador. No entendemos bien por qué se elimina esa prohibición, que debe entenderse como que ahora sí se tendrá que negociar con los trabajadores facultades de administración. En cuanto a las materias que se pueden negociar, también se menciona que no hay una enumeración taxativa de las cosas que se podrán negociar a nivel intermedio para que no se negocien en los otros niveles, porque si no, será realmente un desorden. Además, no se dice expresamente si la negociación intermedia y superior, por sector, da derecho a huelga. Sería muy complicado y preocupante que lo diera, pero no se dice. Entonces, si no va a dar, sería bueno que se aclarara, y si se va a dar, sería bueno saberlo para poder aportar más argumentos. Por último, respecto de la negociación sectorial, pasa lo mismo. Desgraciadamente, no queda claro al leer el proyecto qué se negocia a nivel de empresa, qué se negocia a nivel de acuerdo marco y qué se negocia a nivel sectorial. Uno podría decir que no se leyó bien, pero la verdad es que una de las cosas que se puede negociar a nivel sectorial son las condiciones de trabajo, como remuneraciones y otros beneficios. Textualmente lo dice. También he oído que estos acuerdos marcos, estos acuerdos sectoriales, son para estándares mínimos de seguridad y salud, de higiene. Sin embargo, lo que dice el proyecto no es eso. Entonces, si no era eso lo que se quería decir, es tiempo de reparar en ello. El principio que hay detrás del proyecto es que siempre al trabajador se le aplicará la norma más beneficiosa, y no tenemos ningún problema con eso. Pero la verdad es que, en el caso de la minería, por ejemplo, tiene proyectos que perfectamente podrían caer en un sector que tiene tres niveles de negociación.

Con negociadores que no eres tú, que negocian por ti, ¿cuál fue la condición más favorable? No siempre son comparables, a veces se expresan en otros números, en otras palabras. Aparte de la avalancha regulatoria que tenemos siempre de leyes, reglamentos y dictámenes, vamos a tener una serie de normas que van surgiendo de múltiples negociaciones y contratos, a veces sin que ni siquiera participemos. Esto va a ser un desafío muy difícil. Termino con la idea de que, claro, hay una buena intención de encomendar a la Dirección del Trabajo que ayude a crear estos cuerpos que van a ser los que negocien a nivel sectorial, porque claramente no existen o al menos no están preparados. La Dirección del Trabajo va a determinar la representatividad de las organizaciones y va a impulsar la constitución de los consejos sectoriales. En definitiva, la Dirección del Trabajo va a decir quiénes representan o no representan un sector, y los acuerdos que firmen estos sectores se aplicarán a todos los trabajadores del sector, aunque no hayan negociado. La Dirección del Trabajo también resolverá las controversias sobre las clasificaciones y subclasificaciones económicas. ¿Quién va a negociar en la minería? Vamos a dividir por grande, pequeña, mediana, por mineral, por región, y por metálico o no metálico. La verdad es que es muy discrecional determinar en cuál categoría se encuadra cada sector. Por ejemplo, en Uruguay, solo para el comercio hay 30 subsectores. Esto genera una incertidumbre enorme sobre en cuál caes, y después llega alguien que quiere negociar y dice que tu sector no es este, sino otro. Esto podría crear un desorden que será muy difícil de ordenar, porque es un tema muy desafiante. Por último, y con esto concluyo, presidente y honorables diputados, la minería exhibe una realidad muy diversa. Hemos sido exitosos en solucionar nuestras negociaciones a nivel de empresa con el sistema vigente, sin necesidad de intervención de terceros que negocien por nosotros. Estimamos que la negociación colectiva más adecuada es la que se realiza al nivel de cada empresa, ya que permite resultados más cercanos para el match entre productividad y retribución de los trabajadores, lo que da sustentabilidad a los acuerdos, y eso es significativo en el mundo de hoy. Creemos que el cambio propuesto por la iniciativa es radical y podría provocar efectos negativos difíciles de revertir. Por eso, sin una suficiente justificación, no resulta convincente avanzar en esta línea. La implementación de una negociación multinivel tendrá además una serie de problemas prácticos de difícil solución en Chile, ya que tiene características distintas a otros países donde sí se aplica la negociación ramal desde hace años. Creemos que debe analizarse con especial atención el tema de la constitucionalidad. Es indispensable asignar a este proyecto un tiempo de tramitación acorde con su relevancia y con las consecuencias que puede tener. Muchas gracias, estamos disponibles para cualquier pregunta o aporte posterior.

A doña Ana Lamas Aguirre, encargada de la rama de minería de la CUT. Buenas tardes, saludo a todos los diputados y diputadas presentes, así como al presidente de la Comisión del Trabajo, Andrés Giordano, y agradezco la invitación para poder exponer en nombre y representación de la Ramal de la Minería de la Central Unitaria de Trabajadores, así como del Coordinador de los Trabajadores de la Minería y de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Venimos a exponer desde una experiencia concreta, real y exitosa, no solo desde la teoría, sino efectivamente desde la práctica. Estructuramos nuestra presentación sobre la negociación multinivel, destacando quiénes somos como Coordinadora de Trabajadores de la Minería, la importancia de la negociación ramal o multinivel, y nuestra experiencia exitosa en materia de diálogo social. También abordaremos el aporte desde la realidad vigente y nuestra experiencia sobre los acuerdos marcos que tiene la Confederación de Trabajadores del Cobre, así como algunas conclusiones al respecto. Presidente, tengo una consulta sobre los tiempos. No sé si lo ha mencionado, pero para tener claridad, ¿cuánto tiempo tendremos para hacer las preguntas? A veces se extienden y no alcanzan a responder. Estamos intentando que los expositores se mantengan dentro del tiempo de 20 minutos, lo que nos permitiría, en teoría, 20 minutos más para responder preguntas. Sin embargo, si no fuera posible responder, solicitaremos que nos las remitan por escrito. Gracias, Presidente. La Coordinadora de los Trabajadores de la Minería agrupa a varias organizaciones sindicales, que incluyen la Federación Minera de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación de Trabajadores Supervisores de Codelco (FESUC), la Federación de Supervisores de Antofagasta, la Federación de Supervisores de la Minería Privada, la Federación Minera de Chile, la DIGI y la Confederación Minera de Chile. Somos siete organizaciones que agrupamos casi el 90% de los trabajadores del sector. Es fundamental nivelar y estandarizar las condiciones de contratación y prestaciones entre contratados y subcontratados, así como corregir las implicancias negativas de la subcontratación. Esto permite considerar a los trabajadores de las empresas de servicios transitorios y mejorar sus condiciones laborales. En suma, la negociación colectiva multinivel es un aporte para establecer pisos mínimos en el sector de la minería. La negociación colectiva multinivel o ramal permite abordar materias importantes, como la jornada excepcional, las estructuras de jornada de trabajo, la transición justa, la reconversión de trabajadores, la reconversión laboral y las capacitaciones permanentes. También se incluyen las certificaciones de competencia en relación con el sector minero y cómo abordaremos las transformaciones que están ocurriendo en la minería privada. La importancia de la negociación ramal en la minería radica en nivelar hacia arriba los estándares de contratación y la presentación entre segmentos productivos, como la pirquinería, la pequeña, mediana y gran minería. Quisimos hacer una síntesis de los encuentros que hemos tenido en el sector, y cómo abordaremos las transformaciones que hoy día están ocurriendo en el mundo del trabajo y en el sector de la minería, incluyendo aspectos como la inteligencia artificial y la robótica.

Y hoy día, como lo hemos visto, la matriz energética que es el cobre y el litio presenta desafíos importantes, especialmente considerando que se espera un aumento en la demanda de cobre de aquí al 2030, casi en un 30%. En el ámbito de la seguridad y salud, así como en los estándares de condiciones mínimas, como es la habitabilidad, los campamentos y el traslado hacia la faena, es fundamental garantizar condiciones y tiempos adecuados. Es crucial abordar las condiciones mínimas relacionadas con los riesgos psicosociales, ya que estos son integrales a las condiciones laborales de las y los trabajadores. También es relevante el concepto de trabajo decente, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, que incluye aspectos como pisos mínimos salariales y vacaciones. Como mencionó Carlos Urenda, hemos llevado a cabo 34 sesiones y estamos a punto de cumplir tres años de trabajo. En diciembre, se aprobó de manera unánime en el Consejo Superior Laboral la extensión de una instancia sectorial, que es la Comisión Minera, donde estamos representados por diversas organizaciones sindicales del sector. La experiencia que hemos acumulado en diálogo social es significativa. Esta ha sido posible a través del coordinador de los trabajadores de la minería y la responsabilidad que nos otorgó la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero dejar la palabra a mi compañero Ricardo Calderón. Se me ha solicitado que aluda a una experiencia que ya Carlos Urenda mencionó, relacionada con el diseño conjunto de una política de salud y seguridad, construida de manera tripartita, donde participaron las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y el Estado. Esta política es reconocida por la OIT como un caso único en el mundo, donde además de aprobar el convenio, se ha generado una política de forma tripartita. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en el programa de implementación de esta política, el cual se finalizó recientemente en diciembre. Hemos tenido la voluntad de articularnos, lo cual es un desafío complejo, pero hemos contado con una acogida muy positiva de los principales gremios empresariales del sector, que representan al Consejo Minero, Tsunami y Aprimin. Es importante señalar que este espacio comenzó con desconfianza, prejuicios y lenguajes distintos, a veces con miradas contradictorias. Sin embargo, hemos abordado temas que no se pueden resolver en una unidad económica específica, como es la empresa. Por ello, hemos trabajado intensamente en los temas de salud y seguridad. Lamentablemente, como sector minero, seguimos lamentando fallecimientos y accidentes.

Pero créanme que ambas partes dijimos que tenemos que hacer cosas juntos, porque esto es importante tanto para las compañías como para el mundo del trabajo y los sindicatos. Fruto de este diálogo, que no es una negociación precisamente, logramos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en aprobar y recomendarle al gobierno la aprobación del convenio 176 de la OIT sobre Salud y Seguridad en la Minería. Esto se aprobó en el Congreso, y como llegó en acuerdo de parte de los actores sociales, casi no hubo preguntas, porque si los actores sociales están de acuerdo, malamente el Congreso podría ponerle dificultades. No solo se aprobó, sino que además las partes tuvimos la voluntad de diseñar en conjunto una política de salud y seguridad, materia que se terminó de trabajar recientemente en diciembre, nuevamente en forma tripartita. Hay algunos ajustes que se están haciendo, y esperamos que en el Consejo Superior Laboral de este viernes el tema se apruebe y pase a la otra instancia de regulación. Queremos destacar que, producto de este diálogo en un espacio formal, aunque no de negociación con mayúsculas, sí hubo un intercambio de ideas y opiniones, donde se buscó resolver divergencias. No tenemos duda de que seguiremos trabajando en conjunto para alcanzar una reducción significativa de accidentes y fatalidades en la minería, un objetivo claro como sector. A nivel de cada unidad económica, los esfuerzos que se hagan no son necesariamente los mismos. Además, se han generado instancias de colaboración entre empresas más grandes y pequeñas, así como relaciones con otras instituciones relacionadas con la salud y seguridad. No solo hemos limitado esto, sino que hemos organizado ya tres talleres entre el mundo empresarial y el sindical, enfocados en la salud y seguridad. Vamos a realizar un cuarto taller que se centrará en el subcontrato, lo cual ha surgido de la dinámica del diálogo social. Creemos que es positivo que avance un proyecto de estas características, aunque hay muchos detalles y asuntos que no están claros ni resueltos. Lo que no podemos hacer es clausurar el debate, y consideramos valioso que este se pueda desarrollar. Otra materia que quiero destacar es el compromiso sectorial por erradicar la violencia y el acoso en el mundo de la minería, tema en el que se ha trabajado intensamente, a la par de incorporar más mujeres y diversidad en el sector. Este trabajo se ha realizado de conjunto y, aunque no es fruto de una negociación formal, implica generar acuerdos que son fecundos para el sector. Asimismo, es importante ampliar la mirada sobre qué se negocia colectivamente. No se trata solo de discutir temas salariales que puedan afectar a las empresas. También hemos trabajado en temas de seguridad pública, como el robo y asalto en las faenas, así como el robo de cobre en los caminos. Esto ha requerido la colaboración del Ministerio de Seguridad y es un compromiso profundo del mundo del trabajo y de las empresas. En el tema de permisos sectoriales, también hemos encontrado coincidencias en la necesidad de generar acuerdos que beneficien al sector, especialmente en materia de jornadas de trabajo.

La reducción de la jornada a 40 horas ha presentado complejidades, especialmente en las áreas de continuidad operacional y en los sistemas de turno 24/7, como es el caso de la actividad minera. Este aspecto no estaba originalmente contemplado en el proyecto, pero, tras un diálogo constructivo, logramos llegar a acuerdos que permitieron aplicar la reducción de jornada sin comprometer la continuidad operacional, ofreciendo además algunas compensaciones. En cuanto a los permisos sectoriales, también encontramos coincidencias en la necesidad de avanzar en estos temas, sin descuidar la protección de los bienes que dichos permisos resguardan. Es fundamental no relajar normas ni disminuir estándares, y buscar hacer más eficientes los procesos para proyectos que, sin duda, son positivos para el mundo del trabajo. Existen varios asuntos importantes en los que consideramos que el diálogo social es fructífero. En nuestra agenda futura, es esencial abordar temas de salud y seguridad, ya que somos un sector que no puede darse el lujo de dejar de discutir estos aspectos mientras enfrentemos accidentes o fatalidades. Asimismo, estamos analizando la transformación tecnológica, un tema de gran relevancia para nuestro país, que nos permitirá enfrentar los desafíos de los minerales críticos y mejorar la productividad. El país se encuentra en la situación actual debido al tipo de negociación que tenemos hoy en día. La negociación atomizada a nivel de empresa, junto con las limitaciones en las facultades del empleador, ha generado altos niveles de desempleo, informalidad y conflictividad. Por lo tanto, es necesario abordar la productividad en la minería, ya que la organización del trabajo se desarrolla en cadenas de producción, no de manera aislada. Esto exige que, para mejorar los estándares de productividad, se genere una conversación y se implementen cambios e incentivos que trasciendan la unidad económica de la empresa. Es importante destacar que, como mencionó Carlos Urrenda, la negociación a nivel de empresa se mantiene en este proyecto. Por lo tanto, eliminemos el mito de que se acaba la negociación de empresa; esta se conserva y se complementa con otros niveles que consideramos necesarios, ya que hay materias que escapan a lo que se puede discutir a nivel de empresa. Creemos que, aunque podríamos ofrecer numerosos detalles y observaciones puntuales, es positivo que este proyecto avance. El debate que se genere permitirá un acercamiento y una construcción conjunta que fortalecerá el diálogo social, lo cual beneficiará al país y nos ayudará a salir del estancamiento actual. Como representantes del mundo del trabajo, no deseamos destruir pymes ni ninguna empresa. Ningún trabajador racionalmente buscará perjudicar su fuente de empleo; al contrario, anhelamos mejorar las condiciones laborales, aumentar la productividad y distribuir los beneficios de manera armónica y razonable. El diálogo entre los actores, con un apoyo significativo del Estado, es la única vía para lograr estos objetivos. Un ejemplo de negociación ramal o multinivel se evidenció en los diálogos sociales convocados por el Ministerio del Trabajo el 30 de septiembre de 2024, donde se presentó un contrato ramal con Codelco que afecta a 65.000 trabajadores y sus familias, el cual ha mantenido la estabilidad de la industria durante 18 años sin quiebras. Esto se refleja en los últimos resultados del IMATEC y el IMATEC Minero.

Diálogo entre los actores con un apoyo significativo del Estado, y por eso creemos que este proyecto debiera avanzar. Queremos, desde los ejemplos de los acuerdos marcos que tiene la Confederación de Trabajadores del Cobre, despejar ciertos mitos que están instalados dentro de la industria. Este acuerdo beneficia a 65.000 trabajadores y sus familias, y tiene una vigencia desde el año 2007, con la última renovación en noviembre de 2022, lo que significa que lleva 18 años. Existe una experiencia concreta, real y exitosa, altamente valorada por las empresas, las mandantes y los trabajadores. Es necesario desmitificar los efectos negativos que tienen estos tipos de instrumentos, que hemos visto en el IMATEC y el IMATEC minero, y que sabemos que son áreas importantes y productivas que generan ingresos para el Estado, donde podemos implementar efectivamente políticas públicas. El 80% de los trabajadores en el sector somos subcontratados, los más precarizados. Antes de 2007, las condiciones de trabajo eran adversas, sin seguridad ni implementos adecuados. Esto era fundamental, ya que existían muchas empresas con un mismo objetivo: la producción. En este sentido, se generó la necesidad de combatir la fragmentación, lo que también se relaciona con nuestra autonomía como organización más representativa del sector, que es la Confederación de Trabajadores del Cobre. Un aspecto importante es el salario, que es de 570.000 pesos, mientras que el sueldo mínimo está en 539. Es crucial revisar estos instrumentos que han demostrado ser exitosos y que garantizan beneficios sociales mínimos. Esto ha contribuido a mejorar la distribución de la riqueza, ya que los trabajadores ganan nueve veces lo que producen. Además, es esencial que no se reduzcan los costos laborales para los trabajadores, lo que en la práctica impide el dumping laboral. Esta necesidad de homologar condiciones básicas beneficia a más de 65.000 trabajadores, estandarizando remuneraciones, como el sueldo mínimo minero. Esto genera estabilidad laboral y social. Por lo tanto, creemos que es necesario valorar estos avances en un marco legal robusto, como el proyecto de ley de negociación ramal, que ha sido reconocido por la Dirección del Trabajo a través del dictamen 747, que califica estos acuerdos como contratos colectivos atípicos. En síntesis, no se destruye ninguna industria ni se quiebran las empresas; se dignifica el trabajo y se avanza en condiciones mínimas y estándares para todos los trabajadores del sector. Esta experiencia es importante y puede replicarse en otras áreas productivas de nuestro país. En conclusión, el proyecto sí funciona.

Reconocemos estas experiencias que son altamente valoradas y que fortalecen efectivamente el tema de la libertad sindical. No tienen ningún efecto negativo; creemos que es una tremenda oportunidad para nuestro mundo sindical y, fundamentalmente, para los trabajadores de nuestro país. Quiero agradecerles por la oportunidad de abordar un tema tan relevante. En el mundo sindical, decimos compañeros, pero también me dirijo a los señores diputados. En esta ocasión, me acompaña Carlos Cerda, quien es el encargado junto conmigo de la rama de la industria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). También está presente Horacio Fuentes González, encargado de otra rama de la CUT. Quiero señalar que nosotros representamos el sector más golpeado por la política económica de este país. Efectivamente, este es un sector que, con los acuerdos de libre comercio, ha visto cercenadas muchas empresas, y hoy día nos encontramos en la situación de ser proveedores de materias primas para el primer mundo. Esa es nuestra realidad actual. Es importante mencionar que la negociación colectiva ramal no es un tema que no se haya aplicado en Chile; históricamente, existió hasta el año 1973. De hecho, la primera exposición que realizó la SOFOFA lo reconocía, y los datos así lo corroboran. Sin embargo, a partir de 1973, con el famoso plan laboral, se instauró un modelo de relaciones laborales que prevalece en la negociación colectiva descentralizada, o bien por empresa. Esto ha tenido costos significativos para el mundo sindical, resultando en un retroceso de beneficios sociales. Por ejemplo, la indemnización por años de servicio, que antes era continua, hoy tiene un tope. Uno podría señalar múltiples situaciones que evidencian este retroceso. La negociación colectiva descentralizada ha debilitado el rol de los sindicatos y ha generado una atomización considerable. En el país existen más de 11.500 sindicatos y más de 45.000 trabajadores, lo que representa un tema de gran relevancia que ha afectado seriamente al movimiento sindical. Además, al realizar la negociación colectiva por empresa, se evidencia la debilidad del movimiento sindical. Las cámaras empresariales tienen claridad sobre lo que van a negociar y fijan los pisos, aunque no se dé a conocer públicamente. Esta supuesta libertad no es tan real como se presenta. En este sentido, creemos que nuestro país cuenta con una de las estructuras de negociación colectiva más descentralizadas del mundo, superando incluso a Estados Unidos, aunque con características distintas. Las contribuciones de la negociación colectiva, desde la perspectiva de las y los trabajadores, son fundamentales, especialmente en la reducción de las brechas salariales, un elemento crucial en la actualidad.

Segundo, fortalecer óptimas condiciones de trabajo en quienes no se encuentran sindicalizados, tanto trabajadores como trabajadoras sindicalizadas, porque entendemos que la cobertura de la negociación colectiva debe ser para todas y todos los trabajadores del sector. Además, es una oportunidad importante para avanzar en un nivel de redistribución más justa de los ingresos. También desde la mirada de los especialistas, efectivamente no solo se trata de una perspectiva de las y los trabajadores, sino que, si se consulta la literatura, se encontrará que desde la mirada técnica coincidimos en que se incrementa la incidencia de las y los trabajadores en la organización del trabajo, en los lugares de trabajo, y fundamentalmente en las políticas públicas que tienden a beneficiar el crecimiento del empleo en esta situación. Hemos mencionado la necesidad de una mayor nivelación en la distribución, la reducción de brechas salariales y mejores condiciones laborales, lo que representa una oportunidad para sentar bases en un crecimiento económico más sustentable y aumentar el nivel de cobertura en cuanto a la cantidad de trabajadores que se beneficien. Coincidimos plenamente con quienes, de alguna manera, son técnicos en la importancia que tiene la negociación colectiva y el aporte que puede hacer. No estamos hablando en vacío sobre la negociación colectiva; hay experiencias actuales que lo demuestran. Por ejemplo, la mesa del sector público es un caso de negociación colectiva. Asimismo, podemos referirnos a experiencias relevantes, como la Unión Portuaria, que logró la aprobación de leyes para avanzar en un tarifado de funciones en algunas regiones del país. Los trabajadores portuarios también realizaron una negociación colectiva ramal que está plenamente vigente. Se ha argumentado que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se verán afectadas, pero existe una negociación que ha perdurado por años, como es el caso de los panificadores, quienes han negociado colectivamente durante mucho tiempo y pertenecen al sector PYME. Por lo tanto, no es una situación desconocida ni nueva. Desde nuestra perspectiva, no existe evidencia relevante que demuestre que la negociación colectiva ramal reduzca el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No hay evidencia concreta; se pueden hacer suposiciones, pero no se puede adelantar hechos que no existen. Es necesario desmitificar esta situación. Cuando se habla de que esto va a frenar el crecimiento económico, afirmamos con claridad que el crecimiento económico de Chile no se sostiene en la idea de que el país no crecerá si existe una negociación colectiva. Esa afirmación es insostenible en la actualidad. El modelo actual, que se basa en la superexplotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo, exhibe un estancamiento estructural que debemos reconocer. Por lo tanto, es necesario construir un proceso de reindustrialización que fortalezca el crecimiento económico, sin reducir beneficios sociales para los más desposeídos de este país. Todo lo contrario. Es fundamental revisar la matriz productiva del país; no podemos seguir exportando materias primas sin desarrollar productos que incorporen más mano de obra, industria y manufactura. Si no lo hacemos, este país no crecerá. Contamos con plena conciencia de esta realidad, y hemos firmado acuerdos con diversas organizaciones empresariales en este sentido. Es imperativo construir un proceso de reindustrialización que propicie una relación virtuosa entre el sector público y privado.

y organizaciones sindicales de la sociedad civil, trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos sostenido que el modelo actual no permite el crecimiento mayor de este país. Este país no va a crecer en estas condiciones, más allá de lo que está creciendo, que es un 2 o 3 por ciento. Por lo tanto, este crecimiento no generará el dinero suficiente para el gasto público que se requiere, ya que el gasto público no se reduce fundamentalmente porque haya que disminuir beneficios sociales. Hace algunos años firmamos un acuerdo con ASIMET donde se establecieron tres elementos importantes: primero, la importancia de la industria de la manufactura para el desarrollo del país; segundo, la relevancia de las y los trabajadores en esta materia; y tercero, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, esto no es solo una preocupación del mundo del trabajo, sino también de un sector importante de empresarios. La experiencia internacional ha mostrado que, efectivamente, se está volviendo a evaluar en algunos países, especialmente en aquellos de la OCDE. Sin embargo, creo que esto no se sostiene, ya que hoy día hay intentos de algunos sectores más neoliberales que buscan flexibilizar aún más las relaciones laborales, lo cual no se manifiesta en cuestiones concretas. Personalmente, pertenezco a una organización sindical que representa a 54 millones de trabajadores en el mundo, y puedo asegurar que incluso en Alemania, los derechos laborales están resguardados en su constitución política. Es importante señalar que algunos piden más flexibilización laboral, la eliminación de jornadas y salarios parcializados, así como la ausencia clara del empleador, como es el caso de las plataformas digitales. Por ejemplo, ¿dónde está el empleador de aquel trabajador que trabaja en Uber? En este sentido, considero que la negociación ramal debe establecer estabilidad salarial, condiciones de trabajo comunes, un diálogo social permanente y tripartito, así como el fortalecimiento de la democracia y del sindicalismo. No me detendré mucho en las propuestas respecto a las comisiones de negociación, tanto en su forma tripartita como en un marco social que nos permita llegar a acuerdos. Por lo tanto, considero de suma importancia que este Parlamento y esta comisión voten a favor de este proyecto, para que podamos seguir discutiendo sobre los problemas que enfrentamos. Es urgente establecer una mayor simetría en la relación laboral actual, dado que el código laboral es asimétrico y favorece profundamente a los empleadores. Muchas gracias a ambos por su exposición. Quédense aquí, porque vamos a abrir una ronda de preguntas de nuestros colegas parlamentarios y parlamentarias. Abriré la palabra para quienes deseen consultar alguna materia en especial. Les pido también a los invitados presenciales que se acerquen a la mesa por si son interpelados con alguna de las preguntas. Diputada Ossandón, adelante. Presidente, muchas gracias. Agradezco todas las exposiciones. No sé cuántas personas o agrupaciones vamos a seguir escuchando. He escuchado a todos y la verdad es que son muy parecidas, tanto de un lado como del otro. Esto resulta un poco cansador y reconozco que es un desafío.

...tanto tripartita en sus sectores como por empresas, lo cual está bastante explicado en el documento. Todo lo que he planteado hoy día puede ser respaldado por las fuentes que se encuentran en el último párrafo. Quisiera hacer una consideración final que me parece importante: no debemos negarnos al diálogo en esta situación y a la discusión. Lo peor que podríamos hacer es que esto no se discutiera y no se votara, continuando con un debate que se ha vuelto cansador. Reconozco que nadie puede negarse al diálogo social para enfrentar los desafíos, pero me surgen algunas dudas que, tal vez, se repetirán en mis preguntas. Primero que todo, le solicito, por su intermedio, al secretario, si es posible que nos lea una parte del pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el tema del reintegro de los trabajadores que están en el proyecto, el cual es bastante contundente. Me gustaría, además, preguntarle al Ejecutivo qué le parece esa evaluación que se hace sobre esa parte del proyecto. Todos sabemos que hay ciertas materias que deben pasar por evaluación, y el informe que nos llegó es bastante claro en esa materia. Partamos por eso, presidente, si usted lo estima pertinente. No sé cuánto tiempo tomaría, pero dejemos esta pregunta para el final, ya que es para el Ejecutivo. A continuación, tenemos al diputado Undurraga y luego a la diputada González. También quisiera plantear otra pregunta, aunque tengo muchas, pero me gustaría dirigirme a la SOFOFA o al Consejo Minero. Ayer discutimos con las personas que estuvieron aquí sobre qué tan rígido es este proyecto. Se me dijo que no lo era, pero al leerlo, se observan obligaciones y la eliminación de algunas facultades de administración. Me gustaría saber si alguno de los presentes, ya sea de la SOFOFA o del Consejo Minero, podría darnos su opinión sobre si consideran que el proyecto es rígido o no. A veces, los problemas de estos proyectos radican en que uno se cierra al 100% porque es tan rígido que resulta imposible que no tenga una afectación en los modelos de negocio y en la realidad de Chile. Un grupo nos dice que no es rígido, mientras que otro sostiene que sí lo es. Por lo tanto, me gustaría profundizar en este tema. Agradezco a los invitados por las interesantes propuestas. Es importante señalar que estamos en un ejercicio simbólico, y creo que es bueno que los invitados lo sepan. El gobierno es consciente de que, si hubiera presentado esto hace seis meses o un año, no sería simbólico. Tendríamos la posibilidad de tener un horizonte de negociación para llegar a un acuerdo y aprobar algo, probablemente no lo que está presentando el gobierno, pero sí en alguna línea que avanzara hacia un tipo de negociación multinivel. Es simbólico y el gobierno sabe que no tiene viabilidad, más por los tiempos que por el contenido. Quiero mencionarlo para moderar las expectativas, ya que los sindicatos que han venido, así como otros, expresan su entusiasmo por el hecho de que finalmente se empieza a discutir.

Que por tanto tiempo lo queríamos, y está muy bien, es una expectativa legítima. Los gremios empresariales, por otro lado, están muy preocupados, con distintos tonos; algunos más abiertos, otros menos, pero en general, existe una gran preocupación. Tanto la expectativa de los sindicatos como los temores de los gremios empresariales son simbólicos, porque la verdad es que el día 12 de marzo este proyecto va a estar archivado, independientemente de lo que pase en esta comisión. Se apruebe o no se apruebe en general, se vote o no se vote, va a estar archivado, porque cambia la mayoría del Parlamento y porque cambia el gobierno. Y el gobierno lo sabe; esto no tiene ninguna viabilidad. Ahora, ¿por qué no tiene viabilidad? Aunque queda una semana, puede parecer mucho tiempo, pero faltan informes técnicos, falta el informe de riesgos, se requiere una mesa técnica, se requiere construir un acuerdo político; es decir, se requieren varias cosas. Si el gobierno hubiese presentado este proyecto hace seis meses, otro sería el tono, otra sería la posibilidad. Pero no lo hicieron. Entonces, son responsables de que hoy estemos solo en una discusión simbólica. Para que lo tengamos claro, a mí no me gustaría que fuera así, pero la realidad es la realidad. Cambian las mayorías en este Parlamento y cambia el gobierno, y no he escuchado a la autoridad de gobierno que apoye una cosa así. Más bien, si uno lee las declaraciones del próximo ministro del Trabajo, se percibe una visión distinta. Dicho esto, voy a participar del ejercicio simbólico que usted me ha invitado a realizar. Yo le preguntaría al Ejecutivo: ¿qué problema queremos resolver? Esto ha sido una tónica en los distintos proyectos de ley, porque eso nos ayuda a calibrar si el instrumento que nos presentan resuelve o no resuelve ese problema. Por ejemplo, en el caso de las mutuales, había un problema respecto a la mala evaluación de las enfermedades profesionales. Sin embargo, el instrumento que nos propuso el gobierno en su momento generaba tantos efectos colaterales o adversos que finalmente no avanzamos en eso. Entonces, es fundamental preguntarle al gobierno qué problema queremos resolver para evaluarlo en función de los riesgos. Si me dicen que queremos ser un país desarrollado, porque los países desarrollados son los que tienen negociación colectiva multirramal, se debe considerar que, si bien hay ejemplos como los países nórdicos y Alemania, se olvida a Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Por lo tanto, parece que no hay correlación necesariamente ahí. Soy de una línea política que, en general, considera positivo el diálogo social multinivel, pero creo que esto es improvisación. Forzar una votación sin haber tenido todos los elementos es, en efecto, improvisación. Además, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, medular y básico, es la concentración de la riqueza. No podemos olvidar el estallido social que tuvo múltiples causas. Hay una clase trabajadora que no llega a fin de mes. Por otro lado, cuando hablamos de educación en nuestro país, recordamos generaciones que no habían llegado a la universidad, donde prometimos un futuro mejor para esos futuros trabajadores profesionales, quienes han hecho un tremendo esfuerzo para estudiar. Hoy día, la mediana de los sueldos en Chile es de 611.000 pesos.

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