Cámara de Diputados · Sesión de Sala

…que hubieran ingresado al país por pasos no habilitados. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido. Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil por su contundente informe, diputado Fuenzalida. Tiene la palabra, en primer término, el diputado Félix González. Muchas gracias, señora Presidenta. A los extranjeros que vienen a trabajar, bienvenidos; a los que vienen a delinquir, cárcel y expulsión. Y los diputados y diputadas de derecha están de acuerdo con esto; yo les he escuchado esa misma frase. Pero este proyecto, señora Presidenta, no tiene que ver con delincuencia. Tiene que ver con el acceso a prestaciones del Estado. Déjeme decirle que, sin cédula, la mayoría de las prestaciones del Estado no pueden ser obtenidas. No se puede postular sin cédula del Registro Civil chileno. Entonces, este proyecto se reduce a impedir que los niños de personas migrantes tengan acceso a la salud y a la educación. Niños que tuvieron que cruzar el desierto. ¿Qué tiene que ocurrir para que un papá o una mamá dejen que sus niños crucen, o los acompañen a cruzar, el desierto? Lo que tiene que ocurrir es que exista una presión tan grande que no se pueda sostener la vida en el país de origen. Y al diputado Kaiser no le gusta lo que estoy diciendo, señora Presidenta; por eso interrumpe. Este proyecto tiene que ver con los niños. Y a todos esos que han dicho que “los niños no se tocan”, yo les digo hoy día: los niños no se tocan. Los niños no tienen responsabilidad por las decisiones que toman sus padres. No tienen esa responsabilidad. Entonces, creo que este es un proyecto xenófobo, que lo que hace es dejar en vergüenza al Congreso Nacional. Me acaba de llegar, curiosamente, este libro de la Biblioteca Nacional. ¿Qué diría don Andrés Bello de este proyecto de ley? Es un libro que acaban de editar; el señor Víctor Soto Martínez es el editor, y dice: “Andrés Bello, su palabra política. Jurista, senador e intelectual”. Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, la Casa de Bello. Está en el billete de más alta denominación en Chile, el billete de veinte mil pesos. ¡Un venezolano!, señora Presidenta; un venezolano que vino a educar a Chile. Y déjeme decirle también que esta Sala está llena de nietos y bisnietos de migrantes, y no todos entraron de manera regular. Llegaron al puerto de Valparaíso, llegaron al puerto de Talcahuano, con una mano por delante y otra por detrás. Algunos llegaron por proyectos del Estado; otros simplemente llegaron. Y fueron mal recibidos. La comunidad palestina, que es una de las más grandes en Chile, fue mal recibida; les decían “turcos”. Y hoy día están en el Congreso, señora Presidenta. Entonces, hay que tener un poco de memoria. Porque en esta misma Sala, hoy día, se habla alemán. Y hay migrantes que llegaron mayoritariamente a trabajar a este país. Este es un país de migrantes; llegaron a trabajar. Pero otros llegaron a delinquir, incluso a asesinar indígenas y a cortarles las orejas. ¿O no? Entonces, este proyecto, si se aprueba hoy día, sus nombres van a quedar en la historia como un episodio infame de quitarles la salud y la educación a niños de personas migrantes, que no tuvieron la posibilidad de tomar una decisión porque son niños. ¿Y dónde está el juramento de la gente de la salud? ¿Van a tener que decirle: “Mire, ¿sabe que usted no será atendido”?” ¿Dónde está el juramento hipocrático en esto? ¿Y los educadores? ¿Van a tener que decirle a un niño que no? Quiero recordarles a todos los que no son de origen mapuche, a todos los que no tienen un apellido como yo, que soy un “champurriado” —se dice en mapudungun—, soy una mezcla.

Por ahí hay una bisabuela española, pero hay sangre mapuche y de otras nacionalidades. Los que no son González, los que no son Soto, todos los que tienen apellidos migrantes en este país: estos niños son sus nietos, son sus bisnietos. Entonces, hoy día voy a votar en contra de este proyecto porque me parece vergonzoso, presidente. ¡Vergonzoso! Los niños no se tocan, y la salud y la educación son un derecho universal y no se tocan. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado don Juan Fuenzalida. Muchas gracias, presidente. A diferencia de lo que dijo el diputado Bugueño, yo creo que tenemos que ordenar la casa. Y ordenar la casa significa terminar con los que quieren entrar por la puerta chica. Hoy día, según el Servicio Nacional de Migraciones, tenemos cerca de 400 mil personas que han ingresado en forma irregular a Chile, específicamente por pasos no habilitados, por pasos clandestinos. Bienvenido el extranjero que viene a contribuir, que ingresa en forma regular, con su visa. Pero lo que no queremos es seguir con este colador que tenemos en la frontera. Este proyecto lo que busca es establecer un desincentivo para que dejen de ingresar de manera irregular, porque el problema que se nos está produciendo hoy es que personas de sectores más vulnerables se sienten desplazadas: queda la gente quinta, sexta, séptima en la fila en el consultorio; quieren ingresar a un jardín y no tienen cupo. Esa realidad todos los parlamentarios la hemos visto en terreno. Cuando fui a fiscalizar el Hospital de Los Vilos, la mitad de las atenciones de urgencia eran de personas sin RUN. ¿Quién les entrega salud digna a los vileños? Resulta que el presupuesto se les acaba en noviembre porque entre enero y febrero tuvieron que atender a gente sin RUN y nadie les devolvió un peso. ¿Quién atiende a la gente de Canela, que hace patria en un sector de la Región de Coquimbo que es bastante vulnerable? Entonces, hay que ordenar la casa. Y para eso este proyecto: para desincentivar que sigan ingresando por pasos clandestinos y para establecer la preferencia a los nacionales. No puede ser que nuestros adultos mayores en los CESFAM queden al final de la fila porque, por un criterio de vulnerabilidad, el extranjero irregular tiene preferencia. Eso no puede seguir; es un reclamo constante de la ciudadanía cuando uno anda en terreno. Esto no es un tema de izquierda o derecha, por su intermedio, presidente. Y sí hay un tema de seguridad, porque resulta que cualquier extranjero que ingresa en forma irregular, basta con que vaya a un consultorio para que se le genere un RUN y no tiene que acreditar quién es. Le voy a poner un ejemplo práctico: el sicario de Meiggs entró bajo esa fórmula. Un señor que venía de Colombia, que dijo llamarse de cualquier manera, operó acá en Chile, terminando con el asesinato de un comerciante en Meiggs. Insisto: hay que ordenar la casa. Basta de preferencia para los que ingresan por la puerta chica, por pasos clandestinos. Es simple: hay que desincentivar.

Es decir, el que quiera entrar tiene que pagar todo. Y alguien va a decir: “bueno, pero es que esto es típico de los sudamericanos”. No, señores. En Alemania, un país desarrollado y potencia mundial, se exige un seguro médico para cualquiera que ingrese; con eso se cubre la salud. No estamos innovando, estamos ordenando. Por eso llamo a todos los colegas a aprobar este proyecto: tenemos que ordenar la casa y, de esa forma, establecer un muro invisible para que no sigan ingresando y aprovechándose de nuestro sistema de prestaciones sociales. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado, próximo senador, don Miguel Ángel Becker. Gracias, señor Presidente. Saludo a los colegas en la sala y al personal de la Corporación. Hoy discutimos un proyecto que apunta a algo de sentido común, pero que durante años nadie se atrevió a decir con claridad: Chile debe dejar de ser un paraíso migratorio, un país donde cualquiera que entra por un paso clandestino termina accediendo a beneficios financiados por el esfuerzo de millones de chilenos, y también de migrantes que sí cumplen con la ley, que sí pagan impuestos, que sí respetan las reglas. Lo digo con total claridad: esto no es un discurso antiinmigrante; es un discurso pro orden, pro justicia. Chile, nuestro país, vive una crisis profunda habitacional, laboral, educacional, sanitaria y de seguridad, y no podemos seguir actuando como si tuviéramos recursos infinitos. Antes de hablar de beneficios para quienes ingresan sin control, debemos ser responsables en nuestra casa, con nuestra gente, señor Presidente. Primero solucionemos nuestras necesidades y luego veamos cómo avanzamos con prestaciones para los migrantes que hacen bien las cosas, no para los que entran por la ventana. Hoy, cientos de miles de familias chilenas esperan por una vivienda; miles de adultos mayores esperan por una atención médica digna; miles de jóvenes buscan un cupo en educación superior; miles de trabajadores están desempleados; y millones viven con miedo por la inseguridad. Esa es la realidad de nuestro país, señor Presidente. Mientras tanto, durante años el Estado mantuvo una política migratoria ingenua, desbordada y sin ningún tipo de control: se entregaban RUT provisorios a quienes entraban por la ventana; se accedía al Registro Social de Hogares sin identidad vigente; se postulaba a subsidios sin demostrar regularidad. Así, Chile terminó convertido en algo que no podemos seguir permitiendo: un imán para la migración irregular y un paraíso para quienes no respetan nuestras fronteras. El proyecto que discutimos hace algo básico: exige cédula vigente para acceder a beneficios financiados por el Estado; exige residencia definitiva para subsidios habitacionales y ayudas económicas directas; y prohíbe asignar RUT a quienes entraron por pasos clandestinos. Es simple: se termina la puerta trasera del sistema. Una cosa es ser un país solidario —y Chile lo ha sido por muchos años— y otra muy distinta es ser un país ingenuo. Esa ingenuidad ya nos salió demasiado cara: crimen organizado extranjero, bandas violentas, colapso de los servicios públicos y presión sobre los chilenos más vulnerables. Estimados diputados en la sala, por su intermedio, señor Presidente, es hora de que pongamos las cosas en su justo orden. Chile no puede garantizar más derechos a quienes entran ilegalmente a nuestro país. Eso es una falta de respeto hacia nuestra gente, hacia nuestras instituciones y hacia nuestro Estado de Derecho. Por eso apoyo este proyecto sin doble discurso: esto no es radicalidad, es responsabilidad. No estamos cerrando las puertas; estamos ordenando la casa.

Ordenemos la casa. A quien quiera venir a Chile a trabajar, aportar y respetar, bienvenido; pero quien quiera ingresar en forma ilegal no puede quedarse en nuestro país. Estimados colegas, Chile debe dejar de ser el paraíso migratorio. Debemos poner orden en nuestras fronteras y priorizar a nuestros compatriotas: primero las necesidades de los chilenos y luego, con reglas claras y fronteras controladas, avancemos. Y son precisamente, Presidente, la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, quienes hoy día no dicen nada del dictador Maduro, cuando hay más de 10 millones de venezolanos que han tenido que salir de ese país administrado por la izquierda. Espero que nunca llegue el Partido Comunista al gobierno de nuestro país. Dios salve a Chile, Presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Becker. Me acompaña aquí en la testera el diputado del Maule, don Roberto Celedón. Tiene invitados a dos delegaciones; en este minuto está una delegación del Colegio Alessandri de quinto básico. Son 34 alumnos, a cargo de las profesoras María José Vidal, Nancy Cabada y María de los Ángeles Garrido. Sean ustedes muy bienvenidos. A continuación, para seguir con el debate, le otorgo la palabra a la diputada doña Marta Bravo. Muchas gracias, Presidente. Quiero expresar mi apoyo al proyecto de ley “Los Chilenos Primero”, que busca restringir el acceso de migrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal. Lo hago con la convicción de quien representa una región trabajadora, que valora el orden, el esfuerzo y la justicia en el uso de los recursos de todos los chilenos. No nos confundamos: este proyecto no se trata de xenofobia ni de cerrar las puertas a quienes llegan a Chile buscando un mejor futuro. Se trata de justicia, legalidad y responsabilidad. Se trata de entender que los recursos del Estado no son ilimitados y que tienen un destino primordial: los chilenos, y aquellos que han seguido el camino correcto, respetando nuestras leyes y regularizando su situación. De Ñuble, una región que ha recibido con generosidad a muchas familias migrantes, pero que también ha sufrido las consecuencias de una migración desordenada, vemos este proyecto como una herramienta necesaria y equilibrada. Seamos claros: todo Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de saber quién ingresa a su territorio y bajo qué condiciones. Permitir que personas en situación irregular accedan a los mismos beneficios que aquellos que sí han cumplido con los requisitos legales es premiar la transgresión y enviar un mensaje devastador: da lo mismo entrar por la puerta que por la ventana. Los recursos en salud, educación y vivienda, en regiones como la nuestra, son escasos. Nuestros compatriotas, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, esperan años por una vivienda, hacen filas interminables en los CESFAM y ven cómo las aulas de sus hijos se saturan. No podemos, en buena conciencia, priorizar a quienes están en situación irregular por sobre el ciudadano chileno que ha contribuido toda su vida al sistema. Eso no es solidaridad; es una injusticia con nuestros ciudadanos. Este proyecto busca corregir esa distorsión, asegurando que los beneficios financiados con los impuestos de los chilenos se destinen, en primer lugar, a los chilenos y a los residentes regulares. No estamos cerrando las puertas; estamos diciendo que se debe entrar por la puerta correcta. No estamos negando la ayuda humanitaria en casos de extrema urgencia; estamos priorizando el uso de nuestros recursos sociales de manera racional y justa. Apoyar este proyecto, del lado de los chilenos que más lo necesitan, es estar del lado de la ley y el orden. La irregularidad no beneficia a nadie. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias, diputada. Me acompaña aquí en la testera el diputado Arturo Barrios, quien invitó a una deportista: Beatriz Ortega Toro, que se encuentra con nosotros; que se ponga de pie. Ella tiene dieciséis años, es practicante del stand up paddle, top ten del mundo en su categoría. Viene a conocer el Congreso y, además, es miembro del Team Gana Mar.

Le otorgo la palabra a la diputada doña Claudia Mix. Gracias, Presidente. Datos falsos, mentiras: eso es lo que hemos escuchado no solo en la Comisión de Gobierno Interior respecto de este proyecto, sino también ahora en la Sala. Se ha dicho insistentemente que existirían “memos” e instrucciones directas desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda para negar beneficios del Estado a los chilenos. Eso es falso. En la discusión de este proyecto expusieron representantes de la JUNJI, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, quienes demostraron con datos y hechos las vacantes existentes en el sistema educacional. Además, este Congreso Nacional despachó la ley de modernización de la educación parvularia, que sí tenía problemas de funcionamiento y que copaba cupos cuando un niño se inscribía en dos o tres jardines infantiles y, al ser llamado por uno, no se liberaban automáticamente los otros. Eso se modificó con la ley promulgada en julio del año pasado. Esos problemas se solucionaron; no eran responsabilidad de las personas migrantes ni de los no nacionales. Tal como señalaba muy bien el diputado Félix González, este no es un proyecto de seguridad ciudadana ni de seguridad pública. Estamos hablando de derechos, particularmente de los derechos de niños y niñas. A niños migrantes se les estaría negando la posibilidad de acceder a la educación. ¿Qué responsabilidad tienen ellos de que nosotros hayamos tenido la casa desordenada? Hemos ido liberando vacantes con las leyes que hemos aprobado, como la de educación parvularia, y aquí se ha pretendido instalar que “se aprovechan”. No es así. Lo recordé en la comisión: en el año 2000 todavía se registraban alrededor de 500 mil descendientes de alemanes en Chile; cuando llegaron a nuestro país se les entregaron tierras, maquinarias, semillas, y nadie cuestionó eso. Y qué casualidad: en esa comisión había varios descendientes de alemanes y no hubo discusión sobre aquello. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Es porque son morenitos, porque son negritos? A través suyo, Presidente, y aunque incomode al diputado Becker, lo digo con claridad: a esos colonos se les dieron todos los beneficios y facilidades para instalarse en el sur de Chile con herramientas, tierra, maquinaria y semillas. Y hoy día se presentan proyectos como este, que son abiertamente xenofóbicos. ¿Por qué vamos a cerrarle la puerta a niños que no decidieron venir a este país? De eso estamos hablando: de niños que postulan a jardines infantiles, de niños que requieren atención en los CESFAM. Yo rechazo este proyecto y me niego a que se apruebe; me parece una vergüenza. Y, Presidente, esto es una antesala de lo que podría ocurrir en el próximo periodo parlamentario: una mayoría de parlamentarios xenófobos y discriminadores que no entienden la importancia y el valor de la infancia. Los niños primero, por favor. ¿Cómo se les ocurre nombrar este proyecto “Los chilenos primero”? ¿Somos superiores, somos de “raza aria”? ¿Qué es esto? Es una vergüenza discutir este proyecto. Lo dijimos en la Comisión de Gobierno Interior: lo vamos a rechazar con fuerza y espero, de verdad, que no avance. Es una vergüenza. Migrar es un derecho.

Migrar es un derecho. Los niños no fueron quienes decidieron llegar a este país; los niños migrantes están acá y no les podemos cerrar las puertas a los beneficios del Estado. Es mentira, insisto en ello, que exista un memo, una instrucción o algo que provenga del nivel central que privilegie al niño nacional por sobre el niño extranjero. Eso es falso, una mentira, y vamos a seguir negándolo donde sea. He dicho, Presidente. Muy bien, le otorgo la palabra al diputado don Andrés Longton. Gracias, Presidente. La realidad es que en 2021 ingresaron 109.000 migrantes de manera ilegal a nuestro país. Ya en 2023 habían 336.984 migrantes que habían ingresado de forma ilegal, según el INE. Durante este gobierno, Presidente, va a haber un récord de migrantes ilegales, más de 145.000 a la fecha. El gobierno constantemente compara con 2021, pero se olvida que en 2020, 2019 y 2018 hubo una tasa muy baja de migración ilegal. Por lo tanto, ocupan 2021 para decir que ha disminuido, pero en el acumulado es el gobierno con mayor cantidad de migrantes ilegales en la historia de nuestro país que han vulnerado nuestras fronteras. Conjuntamente con ello, Presidente, nuestro país pareciera ser un paraíso para el migrante ilegal, incluso para el Tren de Aragua: pueden obtener un RUT provisorio, atenderse en salud, tener educación e, incluso, hasta hace poco podían sacar el Registro Social de Hogares con la Clave Única, Presidente. Es decir, un país generoso; pero la caridad parte por casa, Presidente. Si no sabemos quién ingresa a nuestro país por las fronteras de manera ilegal, no pueden tener beneficios sociales. No puede ser que un delincuente, Presidente, por inscribirse con RUT provisorio en un consultorio o en el Registro Civil, tenga salud y educación gratuita. O sea, el país para quienes incumplen la ley, primeros en la fila; pero para quienes cumplen la ley, postergados. Presidente, quiero dar algunos datos para los parlamentarios, particularmente de izquierda, que por un lado quieren quitarle el derecho a voto a los que ingresaron por la puerta a nuestro país, con visa y de manera regular, pero quieren mantener beneficios a quienes ingresaron por la ventana a Chile, colapsando el sistema y empobreciendo más a quienes pagan sus impuestos, pagan sus contribuciones, quieren vivir tranquilos, tener una salud digna y que sus hijos no sean postergados, por ejemplo, con esta resolución que el Presidente tiene la posibilidad de dejar sin efecto, que da preferencia y garantiza a los hijos de migrantes ilegales el acceso a la educación en jardines infantiles JUNJI. Y para los que no entendieron el proyecto: el proyecto dice “restringe”, Presidente. A nadie en situación de urgencia se le puede negar una atención. Pero sí, Presidente, se pueden eliminar incentivos para que el migrante ilegal no siga vulnerando nuestras fronteras, porque Chile hoy día los recibe con los brazos abiertos y, a costa del bolsillo de todos los que cumplen la ley, les da beneficios que son insostenibles e inaceptables. Presidente, el 39% de los afiliados que ha recibido FONASA en los últimos cinco años son extranjeros: 533.000 no cotizan en el sistema. Y solo en 2023, 180.000 migrantes ilegales están en FONASA sin poner ningún peso al sistema. Esto ha sobrecargado el sistema de salud, Presidente, con más de 2.800 millones de dólares adicionales. ¿Nuestra salud resiste más? ¿Tenemos una buena salud en Chile para que el que incumple la ley pueda atenderse sin poner un peso al sistema? Presidente, eso en esencia es injusto. Si tuviéramos una salud digna, donde todos tienen la atención adecuada, la discusión sería distinta, pero en nuestro país se ha acostumbrado que al que incumple la ley no le pasa nada; es más, tiene preferencias y beneficios, y la generosidad de todo el país, mientras el que cumple la ley es postergado. Eso se tiene que acabar, Presidente, porque esa es la puerta de entrada para que en nuestro país se sigan vulnerando nuestras fronteras. Usted dígame en cuántos países del mundo son tan generosos con quienes incumplen la ley. Presidente, quien vulnera nuestras fronteras de manera ilegal tiene que tener una consecuencia. Hoy día ni siquiera es delito ingresar de manera ilegal a nuestro país.

Quien se salta el muro, señor Presidente, tiene una pena. Y le aseguro que a quienes piden caridad yo les pregunto: ¿y la caridad no parte por casa, señor Presidente? Eso es lo primero que tenemos que poner en la fila: a quienes cumplen con la ley. Tenemos un sistema colapsado, empobrecido, agobiado y cansado de la migración irregular; debemos empezar a poner reglas claras en nuestro país, señor Presidente. En ese sentido, este proyecto va en el camino correcto, porque no elimina; restringe y ordena la casa, señor Presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Longton. Me acompaña aquí en la testera la diputada doña Marcia Raphael, quien ha invitado a una delegación del segundo año del curso de Políticas Públicas de la carrera de Educación de Párvulos de la Universidad del Desarrollo, de la ciudad de Santiago. Los acompañan don Mauricio Bravo Rojas, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, y don Armando Rojas, docente de la carrera. Sean ustedes muy bienvenidos. Prosiguiendo con la discusión, le otorgo la palabra al diputado don Andrés Jouannet y, posteriormente, al diputado don Raúl Leiva. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Cómo compatibilizar problemas que son reales con la realidad de un país que no estaba preparado para recibir, creo yo, ya más de dos millones de migrantes? En 2018 teníamos 1.306.000 migrantes, según cifras del propio Servicio Nacional de Migraciones; al 2023 teníamos 1.918.000 migrantes. Por tanto, uno podría pensar que hoy superamos los dos millones. ¿Cómo compatibilizar eso con una realidad mundial? Hay un muy buen libro de Zygmunt Bauman, autor de la modernidad líquida, que se llama “Extraños llamando a tu puerta”, donde señala, hace muchos años, que esta es una realidad mundial y que, en términos de interagencias de Estados, debíamos actuar. El problema de la migración tiene que ver con el origen: la gente no se va por gusto de su casa; si está bien en su casa, no se va. Y el problema acá, se ha señalado, es Maduro. De los migrantes que han llegado, la mayoría son venezolanos; hoy día tenemos 38% de migrantes venezolanos, y eso obedece a un problema: allí, además —y aquí, en este Congreso— se legitimó el régimen de Chávez y de Maduro, esa dictadura que ha dañado a América Latina, no solo a Chile. El día que Maduro salga de Venezuela, los problemas de muchos países latinoamericanos se van a ir resolviendo, porque naturalmente la presión extra de migrantes afecta la situación social de un país. Hay un choque cultural y una serie de elementos, pero son realidades que uno tiene que atender. Primero que todo, despejar que este proyecto habla de priorizar y de restringir; no dice “negar”. Por tanto, también hay que compatibilizar con la realidad del país. Quiero recordar —aunque a algunos no les guste— las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien señala que Chile necesita mano de obra en la agricultura; lo dice el empresariado. Entonces, esto no es ni blanco ni negro. De lo que se trata es de que aquellas personas que entren a Chile entren por la puerta, no por detrás. De eso estamos hablando, porque lo que se ha hecho acá, sin ningún control —y por eso, en su momento, ya lo dije en el discurso anterior, propusimos una institucionalidad que el país no tiene—, debe corregirse. La situación de migrantes en Chile y en otros países va a ser permanente; no es una cuestión para los próximos cinco años. Tiene que ver con las crisis en distintos países, con la crisis política, con la crisis de la democracia, con el populismo. Pero no vengan a decir que este es un proyecto racista o de otra índole. He escuchado, por ejemplo, que se ha hablado de La Araucanía —lo que es raro, porque en La Araucanía todavía nos dicen “colonos”—, y quiero decirles que hace harto tiempo hay un estudio de la Universidad de Chile, del año 2016, que señala que todos tenemos sangre indígena e indoeuropea. Por tanto, dejémonos de ese discurso que está absolutamente fuera de lugar. Este proyecto también se relaciona con lo planteado respecto del crimen organizado, si consideramos los dieciséis grupos de crimen organizado reconocidos en el país.

Solo uno es nacional: Los Vilches (Chile). El resto: Tren de Aragua (Venezuela), Los Shottas (Colombia), Los Espartanos (Colombia), Los Canelos (Colombia), Los Lobos (Ecuador), Los Pulpos (Perú), Mafia del Norte (Venezuela), Bang de Fujian (China), Los Trinitarios (República Dominicana), norteamericanos, Los Orientales (Venezuela), Los Millán (Venezuela), los Royalty (Venezuela), etcétera. Esa es la realidad: hoy el crimen organizado, duro y violento —el del sicariato, el del secuestro— viene de afuera y entró por la puerta ancha, fundamentalmente a través de la trata de personas, etcétera. Los que hemos estado en Colchane hemos visto la realidad: cuando uno va, ve dos tipos de grupos; un grupo de gente con niños que de alguna manera quiere contribuir al país, y otros que claramente no. Por eso, en definitiva, este proyecto no solo lo vamos a aprobar, sino que responde a una realidad. Y lo que dice el proyecto no es que se vayan a negar los servicios de salud, sobre todo a los niños —nadie está hablando de eso—; lo que hace es priorizar y exigir que la gente que vino con niños se regularice. Tiene que regularizarse y, una vez regularizada, naturalmente podrá contar con los beneficios sociales. En eso, un país como Chile, que además vive una crisis económica, tiene que priorizar. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias, estimado diputado. Me acompaña aquí en la testera el diputado don Eduardo Cornejo, quien invitó, de la gran y querida comuna de San Vicente de Tagua Tagua, a una delegación de mujeres del taller Tunca Arriba, a cargo de la concejala María Ignacia Castro. Les damos la bienvenida y esperamos que lo pasen muy bien. Siguiendo con el orden del día y en la discusión que hoy nos convoca, ofrezco la palabra al diputado Raúl Leiva y, posteriormente, al diputado don Johannes Kaiser. Presidente, este es un proyecto de ley que no tiene sustento jurídico, ni legal ni constitucional. Me permito referirme a nuestra propia Constitución Política, que en su artículo 19, número 2, asegura a todas las personas la igualdad ante la ley: en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Y una simple interpretación da cuenta de la definición de persona en el artículo 55 del Código Civil —del propio Bello, venezolano—, que dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. A renglón seguido, el artículo 56 establece que son chilenos los que la Constitución declara tales, y extranjeros los restantes; no establece ningún tipo de discriminación. Es más, la propia Ley 21.325, de Migración y Extranjería, consagra un principio reconocido a nivel mundial —el principio pro homine—, en favor de las personas, en su artículo 12. Por consiguiente, un proyecto de ley de esta naturaleza conculca garantías individuales para quienes habitan nuestro país, independiente de su condición. Es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución no distingue, para beneficios sociales ni para el derecho a la salud ni a la educación, en los artículos 19, números 9 y 10, distinción entre estas personas. Además, parte de una falacia, Presidente: como si la atención de salud se priorizara en función del estatus migratorio; en salud se atiende según el nivel de gravedad al momento de requerir atención. Es más, algunos han llegado a plantear que se trata de una discriminación porque los extranjeros irregulares tendrían acceso a vivienda. Desconocen la legislación nacional, desconocen el Decreto Supremo N° 49 y el DS N° 01, que establecen que para postular a vivienda se debe contar con residencia definitiva y, obviamente, cédula de identidad. Este es un proyecto panfletario, construido en base a falacias, que no respeta nuestra Constitución, que no respeta nuestro Código Civil y que, además, contiene normas del todo incoherentes con nuestra legislación. Establece, por ejemplo, la imposibilidad de entregar un Rol Único Provisorio —un número de identidad provisorio— a ninguna persona en situación irregular. ¿Y cómo lo hacemos en las cárceles con quienes delinquen? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo los individualizamos?

Asignarle un RUT provisorio. Además, hay contradicciones: la propia Ley de Migración prohíbe a los irregulares trabajar en nuestro país; pero, para efectos de la AFP, cualquier extranjero, regular o irregular, tiene derecho a un RUT provisorio para poder cotizar. Entonces se dice: “no cotizan”. Bueno, ¿y las personas que no lo tienen tampoco tendrían derecho a salud? Si vamos al fondo, no solo por el principio pro homine, por las garantías constitucionales y por los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución material: ¿qué culpa tiene un niño de dos o tres años de que sus padres hayan ingresado irregularmente a nuestro país? ¿Qué culpa tiene ese niño, por Dios? ¡Qué discriminación no solo arbitraria, sino absolutamente infundada, en derechos de niñas y niños! Primero, porque en salud no existe ninguna priorización, ninguna. Muchos de quienes han ingresado a nuestro país lo han hecho con sus niños. Y se omite que las grandes organizaciones criminales que usufructúan en nuestro país entraron por la puerta ancha: tienen RUT, tienen autos, tienen propiedades, porque eso es el crimen organizado. ¿De qué manera pretenden decirle a un irregular que está en Chile —que son 300 mil— “váyanse y paguen ustedes sus pasajes”? Hay que hacerse cargo de esa realidad. Y prohibir asignar un RUT (rol único nacional) provisorio a cualquier extranjero en nuestro país nos deja en la indefensión máxima en materia de seguridad, porque no tendríamos ni siquiera cómo empadronarlos, presentarlos ante un tribunal ni ingresarlos a un centro de detención. De verdad, es un proyecto de ley —y termino, señor Presidente— que no respeta nuestras normas constitucionales ni legales, que carece de experiencia práctica y está construido sobre falacias. El ejemplo que se da es que “no le vamos a dar casa a un extranjero en Chile”: no puede postular un extranjero que no tiene permanencia definitiva ni RUT o cédula nacional de identidad. Por eso, este es solo un panfleto que no contribuye ni soluciona nada. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor Presidente. Mire qué raro, porque si esto no hiciese ninguna modificación de lo que ya tenemos, no se estaría debatiendo con tanta fuerza, ¿no es cierto? No olvidemos que tenemos una ley, la 21.325, que termina consolidando lo que fue el instructivo de la Presidenta Michelle Bachelet en 2015, que establecía para los inmigrantes la condición de grupo vulnerable a la hora de asignar prestaciones sociales. Y esa fue la razón por la cual quedó la tendalada en centros de salud. Esa es la razón por la cual la población empezó a reclamar porque estaban pasando los primeros a la fila. No nos equivoquemos: aquí no estamos luchando contra espejismos ni contra delirios políticos. Claramente se privilegió a ciertos grupos en razón de su condición de migrante por ser vulnerables. Y eso lo estableció —yo mismo leí el reglamento— en su momento la Presidenta Bachelet; y, si les consuela de alguna manera, lo mantuvo el Presidente Piñera y posteriormente este gobierno también. No lo veo como un consuelo para nuestros ciudadanos —quienes nos votan y nos eligen—; mal de muchos, consuelo de tontos. El hecho es que esta ley viene a corregir eso, y a corregirlo en el marco de una política más amplia que tiene que ver con el control migratorio. Aquí me hablan de niños que no recibirían ciertos servicios. Yo le voy a decir una cosa: no hay nada más peligroso que un niño del que no sabemos de dónde viene y quién es, y si los adultos que están con él son efectivamente sus padres o no. La trata de menores en Chile se ha transformado en un problema no menor, damas y caballeros. Hace poco tiempo descubrieron en un burdel niñas de 11 y 12 años, traídas desde Perú, que estaban siendo prostituidas. ¿Por dónde habían ingresado? Ilegalmente por nuestra frontera, porque no se había controlado como correspondía. Y no me quiero imaginar cuántos destinos así de horribles se están repitiendo gracias a que una parte de la clase política de este país prefirió cerrar los ojos y no controlar nuestras fronteras durante casi una década, porque les convenía políticamente o económicamente. Esta es una parte de una legislación mucho más amplia en la que tenemos que avanzar para recuperar el control sobre nuestro país.

Señor Presidente, para poder entregar protección no solamente a nuestros ciudadanos, sino también a ciudadanos de terceros países que están siendo víctimas de la trata y del tráfico de personas, debemos actuar con decisión. Damas y caballeros, aquí hay gente que dice que le preocupan los niños. Yo les digo una cosa: si de verdad les preocuparan los niños, se habrían preocupado de controlar quién entraba por la frontera y quién no; se habrían preocupado de saber qué pasa con esos niños cuando tienen doce o trece años y los reclutan los carteles para cometer todo tipo de tropelías y delitos; se habrían preocupado de que esos niños efectivamente entraran con sus padres o apoderados y que entraran por la puerta, para que no terminen en loteos brujos, en tomas controladas por todo tipo de mafias extranjeras, donde se esconden los distintos carteles, sus casas de tortura, sus arsenales, sus “soldados”. Estamos perdiendo el control de nuestro país, y este es solamente un detalle de lo que va a tener que hacer la política para recuperarlo. Entre otras cosas, porque no podemos premiar ni satisfacer las necesidades de personas que entran ilegalmente a nuestro Chile si queremos detener el efecto llamada; si queremos impedir que esa gente siga queriendo venir aquí porque, en comparación con terceros países, encuentra una mejor situación. Y, por su intermedio, señor Presidente, comparto lo señalado por el diputado Jouannet: quienes están en contra de esta legislación son aquellos que, hace un año atrás no más, certificaban lo democrático de las elecciones en Venezuela y pretenden llevarnos por el mismo camino que llevó a siete millones de venezolanos a abandonar su país, muchos de ellos entrando también ilegalmente al nuestro. ¡Tengan vergüenza! Tengan vergüenza respecto de dónde ponen sus apoyos políticos y después sus discursos, porque tienen que, de alguna manera, conversar uno con el otro. Muchas gracias, señor Presidente. —Muchas gracias, diputado. Quiero, el día de hoy y con mucho cariño, saludar al Colegio Próceres de Chile, de La Granja, que nos acompaña en las tribunas de honor. Son cuarenta alumnos de séptimo básico, que están junto a su profesora, doña Rocío Nadín, invitados por quien tengo a mi lado, la diputada Alejandra Placencia. Les damos un fuerte abrazo y un aplauso. Esperamos que tengan un día muy bonito acá, en la Cámara de Diputadas y Diputados. El diputado Winter nos señala que, además, les va a regalar un snack en un ratito más. Un aplauso. Muy bien, diputado Winter. También queremos saludar al Colegio Alessandri de Curicó. Son niños de quinto básico B —ya estuvo el A, ahora está el B—, presentes con nosotros, invitados por el diputado Roberto Celedón, junto a la señora Nancy Caballa. Que lo pasen increíble hoy día acá en la Cámara. ¿Les ha gustado la Cámara o no? ¿Entretenida, no es cierto? Sigamos. Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga. —Gracias, Presidente. La migración irregular, sin duda, es un problema. Y, sin duda, Presidente, tenemos que dar señales para paralizarla, además del necesario control de fronteras. Una de esas señales es restringir los beneficios financiados por el Estado y no otorgar este tipo de beneficios a migrantes en situación irregular. Parece razonable: ¿por qué gastar los impuestos de las chilenas y los chilenos en personas en situación irregular a las que queremos desincentivar? Entonces, como principio general, parece razonable. Pero la pregunta, Presidente, es si esto admite alguna excepción. Porque ese principio ya está reflejado en varias de las leyes que tenemos y, sin duda, admite excepciones.

En salud, por ejemplo, la prioridad debe estar dada por la urgencia. De la misma forma, en materia de educación, cualquier decisión que se tome no puede discriminar a los niños, que no son responsables de esta situación. Entonces, señor Presidente, el proyecto, tal como está, no recoge aquello. Permitiría que la autoridad de salud, cualquiera sea y en cualquier lugar, pudiera discriminar por razones distintas a la urgencia. Eso no es correcto; eso no está bien. Cuando nos hacemos cargo como país de enfrentar la migración irregular, debemos buscar soluciones efectivas, que funcionen y que respeten derechos tan fundamentales como no afectar a los niños y, en salud, operar de acuerdo con la urgencia de la patología o de la situación de cada persona. Se ha hablado aquí de una cantidad importante de migrantes irregulares. Algunos colegas han mencionado 145 mil; otros, 300 mil. No quiero detenerme en las cifras, sino en un ejercicio simple para que las propuestas sean realistas. Supongamos la cifra menor: 145 mil migrantes irregulares. Se ha planteado la expulsión de todos. Eso significa que, si lográramos tener un vuelo a la semana —lo que sería extraordinario— con cien personas, con toda la logística para detener a esas personas, contar con los recursos para el vuelo y obtener en el país receptor la autorización correspondiente —algo que ni Estados Unidos ha logrado de manera sostenida—, cien personas a la semana implican 1.450 semanas, es decir, 27 años. Por lo tanto, la solución no está en la expulsión de todos los migrantes irregulares, sino en buscar soluciones más inteligentes que permitan separar a aquel migrante irregular que puede hacer una contribución de aquellos que son delincuentes y que no solo debemos expulsar, sino también encarcelar. Señor Presidente, acá se da una discusión que pido tener con serenidad. Las elecciones ya fueron y, cuando cada uno les hablaba a sus distritos y a sus adherentes, podía ocupar uno u otro discurso. Les pido a mis colegas que la miremos con más calma. Lo que se propone tiene un principio razonable: restringir el uso de recursos fiscales y no usarlos en migrantes irregulares. Sin embargo, tal como está redactado, permite que esto afecte a niños y que, en materia de salud, la autoridad de cualquier centro pueda discriminar incluso contra la urgencia e incluso contra tratados internacionales que hemos suscrito como país. Por ello, llamo a no aprobar este proyecto y, en materia de migración irregular, a combatirla con toda la fuerza, pero con medidas realistas. Muchas gracias, señor Presidente. —Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Elia Molina, y le pedimos al diputado Cifuentes, por favor, si puede pasar a la testera, debido a que tenemos reunión de comisión en este momento. —Muchas gracias, señor Presidente. Y le agradezco mucho, porque por algo ha sido de los mejores presidentes que ha tenido esta Corporación, lejos. La verdad es que, cuando escucho las intervenciones de distintos diputados, queda muy clara la diferencia en cómo algunos miramos los derechos humanos y cómo los miran otros. Yo soy médica. Hice un juramento cuando me recibí, y la única forma en que puedo priorizar a niños y niñas es según su problema de salud. Voy a atender siempre al que esté más grave, no importa que sea extranjero. Atenderé las veces que sea necesario a un niño o una niña que requiera atención médica. Obviamente, eso puede generar un recargo al sistema público de salud, y lo hace. Me tocó, siendo yo ministra de Salud, abordarlo junto con la directora de aquel momento, la doctora Janet Vega.

Hicimos un sistema con un número aleatorio para entregárselo a los niños migrantes, para que se pudieran atender en el consultorio, porque si no los podían registrar no se les daba el per cápita. Buscamos el mecanismo donde los derechos de los niños y niñas no fueran vulnerados. No hay niños mejores que otros, más bonitos que otros. “El futuro de los niños es siempre hoy”, decía Gabriela Mistral. La ciencia, la neurociencia, han demostrado el tremendo efecto que producen las crisis en los países, ya sea por terremoto o por guerra, y también por la ola migratoria, que genera un alto nivel de estrés en las infancias y puede ser causal de daños muy profundos en la biología y en enfermedades crónicas. La infancia es un período de construcción; es un período donde hay que proteger, amar y cuidar. Si a algún niño le tocó que sus padres migraran, ¿qué culpa tiene ese niño? ¿Vamos a culpar al médico que atiende al niño porque no atendió primero a otro? No. Los derechos son indivisibles, son inalienables. No hay ninguna posibilidad de decir que este niño tiene más derechos que este otro porque sus padres tienen buena situación económica y están absolutamente en regla, frente a otro niño que muchas veces no tiene ni siquiera para comer. Estoy de acuerdo en que hay que generar leyes que regulen o restrinjan —pónganle la palabra que quieran— la migración irregular; pero otra cosa es que, una vez que ya están acá, hagamos una discriminación que va contra los derechos humanos. Yo me pregunto: ¿qué haría Cristo? Para los cristianos: si Cristo estuviera acá, mirando qué decimos unos y otros, diría: “¿Mis seguidores dónde están? Lo que he pregonado a través de los siglos, la solidaridad, el amor al prójimo, ¿dónde está?”. Eso quería decir, porque creo que en materia de derechos humanos tenemos que luchar y, sobre todo, hemos firmado, ratificado y recontraratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un mandato país y es el Estado el que tiene que ser garante de que ningún niño tenga sus derechos vulnerados en Chile, da lo mismo de qué país sea. Muchas gracias. —Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra don Bernardo Berger. Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Cámara. Durante la discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Gobierno Interior, se escucharon críticas de parte de algunos colegas, argumentando que esta iniciativa pone en peligro los derechos de las personas vulnerables. Yo les quiero decir a mis colegas que, si se trata de los derechos de personas vulnerables, a los primeros que debemos proteger y garantizar derechos sociales es a nuestros compatriotas. Porque chilenos vulnerables hay, y en gran cantidad, en nuestro territorio: chilenos que mueren en listas de espera; chilenos que no pueden atenderse en un Cesfam porque no hay insumos ni medicamentos en los hospitales públicos. Mientras tanto, a quienes penetran nuestra frontera y transgreden nuestras leyes se les otorga un RUT provisorio para recibir atención primaria, porque este gobierno —y también el anterior— consideran que el grado de vulnerabilidad de los inmigrantes irregulares está por sobre la vulnerabilidad de los chilenos. Este proyecto de ley viene a terminar con ese RUT provisorio, que en la mayoría de los casos se presta para encubrir a extranjeros con prontuario delictual, y exige la obtención de una cédula de identidad válidamente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación para acceder a los beneficios de cargo fiscal. Lo que me parece de total justicia, si lo que queremos es que la vulnerabilidad y la dignidad de las personas sean vistas de igual forma, tanto para chilenos como para extranjeros. Quiero que se entienda.

Gracias, diputado Berger. Tiene la palabra don Gonzalo Winter. Muchas gracias, señor Presidente. En esta discusión quiero hacer un llamado a decir la verdad, a la lógica y a invocar los valores nacionales. En primer lugar, el diputado Kaiser, por su intermedio, señor Presidente, ha señalado que esto se origina en un decreto, en un reglamento, que supuestamente privilegia a los migrantes. Pero eso no está en este proyecto de ley; no es lo que estamos discutiendo hoy. Se ha hablado por parte de otros parlamentarios de la trata de personas; gravísimo, importante, urgente, pero este proyecto de ley no hace nada al respecto. Se ha hablado de las elecciones en Venezuela; ¿dónde está en este proyecto algo relativo a eso? Se ha hablado del control fronterizo; importante, urgente, pero este proyecto no apunta al control fronterizo. Se ha hablado de la importancia de que los migrantes en Chile estén regulares; importante, urgente, pero eso tampoco está en este proyecto. Por lo tanto, basta de mentirle a la gente: no estamos discutiendo eso. Este proyecto de ley no está terminado. Habla de “restringir” las prestaciones sociales, pero no queda claro qué significa restringir ni cuáles prestaciones. No hace distinciones básicas, como entre el acceso a un subsidio habitacional DS 49 y la atención de urgencia de una persona en riesgo vital. Por eso, además de ser flagrantemente inconstitucional, no puede aprobarse. En cualquier caso, nos invita a discriminar o a distinguir entre personas. Y le digo la verdad, señor Presidente: si una mujer embarazada sufre un paro cardíaco en la calle, me enorgullece que la República de Chile llegue con una ambulancia, con un profesional de la salud, que se baje con un desfibrilador y no le pregunte su nacionalidad para decidir salvarle la vida; que le diga: “Usted es un ser humano; yo soy la República de Chile y le salvo la vida sin distinciones”. Para mí, esa también es la grandeza de mi Chile. Y creo que esos valores nacionales no son patrimonio de la izquierda; también fueron parte de sectores de derecha, años atrás, hasta que en algún momento decidieron olvidarlos para tener más “likes”. En segundo lugar, invoco la lógica. ¿Puedo castigar al migrante irregular por estar irregular? Sí, porque le es exigible estar regular. ¿Puedo castigar al delincuente por delinquir? Claro, porque le es exigible no cometer delitos. Pero, ¿qué le es exigible a una guagua de seis meses, a la que un día sus padres toman en brazos y deciden llegar a Chile? ¿Con qué argumento puedo castigarla? Con ninguno. No tiene ninguna responsabilidad en el hecho. Por lo tanto, me desenmascaro: quiero entregarle a ese niño educación, porque los niños, niños son, y me enorgullece que la República de Chile no haga esa distinción. A sus padres, si están irregulares, que se les exija regularizarse; pero a los niños no, porque no tienen la culpa. Esa capacidad de mirar a los ojos lo humano, sobre todo cuando es un niño, es, para mí, un pilar fundamental de esta patria y de la grandeza de Chile. Por último, quiero invocar la idea de los valores nacionales, de aquello que la diputada Molina llamaba el cristianismo, que de alguna forma nos unía. Por favor, piensen en sus hijos; piensen en ellos, y piensen en decirles: “¿Sabe qué? Usted no va a recibir salud”. Por supuesto que tenemos que avanzar en ordenar la casa, por supuesto que debemos avanzar en todo lo que han señalado, pero eso no está en este proyecto de ley. Lo que propone este proyecto es que prestaciones sociales tan básicas como la salud distingan entre personas. Ese no es el Chile que hemos construido; no es la grandeza de Chile, sino la debilidad de esta actual clase política por la demagogia. Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, diputado. Tiene la palabra don Renzo Trisotti. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero partir explicando con total claridad cuál es la idea matriz de este proyecto que estamos discutiendo. Parece que varios no lo han leído o están llevando la discusión más allá de su espíritu. Se trata, simplemente, de restringir que los migrantes en situación irregular accedan a beneficios financiados por el Estado, desincentivando el ingreso por pasos no habilitados y ordenando un sistema que hoy está desbordado, aunque algunos, por razones ideológicas, no lo quieran ver. Este proyecto busca algo muy simple: valorar a quien respeta la ley y usa los canales regulares, y no a quien la vulnera. Queremos generar un desincentivo, alejado de todo voluntarismo o buenismo. Esto es especialmente importante para regiones como Tarapacá; la crisis migratoria la vivimos todos los días. En nuestra región hemos acogido a quienes trabajan y aportan por décadas, pero también debemos ser honestos: no podemos recibir a todos, menos aún cuando la entrada es irregular. Lo vemos en salud, con el hospital con más de once horas de espera y listas que crecen sin parar. Lo vemos en educación, con cursos de más de cuarenta alumnos porque simplemente no hay espacio, y ya tenemos aproximadamente mil niños sin matrícula para el próximo año. Y lo vemos con fuerza en vivienda, con campamentos que crecen y crecen, con tomas ilegales, mientras el subsidio simplemente no llega. Por eso este proyecto establece medidas concretas y necesarias: exigir situación migratoria regular para acceder a beneficios financiados por el Estado; prohibir la entrega de RUT provisorios a quienes ingresaron por pasos no habilitados —de modo que no puedan acceder a subsidios habitacionales ni a aportes económicos directos—; y crear un artículo que permita priorizar a los chilenos en educación y salud cuando los sistemas estén sobreexigidos. No podemos aceptar que se cruce la frontera únicamente para tener un parto, para operarse y luego devolverse, para recibir el ajuar. Esa es la realidad que estamos viviendo en el Hospital de Iquique. Estas son medidas de sentido común, que recogen lo que ocurre hoy en las regiones del norte del país. Quiero decirlo claramente: este proyecto no busca castigar personas; establece una regla justa. Quien entra por la puerta tiene derechos; quien entra por la ventana, no. Chile no es su enemigo, pero en este país las leyes deben cumplirse. Nuestra región de Tarapacá ha sido muy, pero muy paciente. Ahora necesitamos recuperar el orden, proteger a nuestra gente y ser responsables. Esa es la única forma de desincentivar la migración irregular, devolver tranquilidad a nuestras familias y, sobre todo, cuidar el futuro de nuestra región. Gracias, diputado Trisotti. Tiene la palabra la diputada Ana María. Señor Presidente, el proyecto que discutimos, lejos de hacerse cargo del problema, opta por una respuesta simplista y esencialmente punitiva. En vez de abordar las causas estructurales, la falta de coordinación institucional o los retrasos administrativos, este proyecto —evidentemente inconstitucional— se enfoca en castigar a quienes ya se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, incluso afectando su acceso al Registro Social de Hogares. Cuesta creer que la preocupación de quienes lo apoyan sean niñas traficadas o niños reclutados por el narco. Qué contraste con la compasión y la lucidez de la experiencia de la diputada Molina o la racionalidad del diputado Winter. Esta estrategia no solo es injusta, sino que además desconoce una realidad evidente: niños, niñas y adolescentes no pueden ver condicionados sus derechos por su nacionalidad o estatus migratorio. Los derechos de la niñez son universales y no pueden subordinarse a trámites administrativos que el propio Estado no es capaz de garantizar en tiempo y forma. La principal exigencia para acceder a beneficios es la presentación de una cédula de identidad vigente, y existen retrasos prolongados en su emisión: tanto el Servicio Nacional de Migraciones como el Servicio de Registro Civil han enfrentado por meses dificultades que impiden una respuesta oportuna. Así, el proyecto termina penalizando a quienes sí están cumpliendo con la ley, a quienes ya han iniciado y se encuentran en proceso de regularización.

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