Cámara de Diputados · Sesión de Sala

Un eclesiástica destinándose a la sepultación de cadáveres sin distinción de religión o secta, a la que los individuos hubieren pertenecido en vida, habrá en ellos un departamento para sepulturas de familia o de propiedad particular que se adquieran por compra, y otro destinado a sepultar en común a los pobres de solemnidad. Estos artículos delimitaron claramente el poder incontrarrestable que tenía la Iglesia, incluso dentro de sus propios cementerios. Además, el decreto autorizó la construcción de cementerios particulares por cuenta de corporaciones o sociedades, pero solo fuera de los límites urbanos de las poblaciones y previa licencia de la municipalidad respectiva, la cual calificará las ventajas de su situación local en relación a la salubridad pública. Hemos visto a través del presente capítulo de la Cámara de la Historia cómo evolucionó una costumbre colonial a través de diversas disposiciones, decretos, células reales y leyes, y se consagró legalmente la obligación de quitar todo tipo de separación, muros y rejas entre católicos y disidentes de los cementerios, prohibiéndose además el entierro en iglesias y parroquias. A esta ley de cementerios laicos se sumaron las de matrimonio civil y registro civil de 1884, ambas del presidente Domingo Santa María, que consagraron legalmente la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿En qué nos ayudan los árboles? ¿Sabías que los árboles son fundamentales para disminuir los efectos del cambio climático y, además, entregan otros beneficios? La existencia de los árboles es fundamental para nuestro planeta y la vida en general, ya que generan diversos impactos positivos. Al consumir CO2 y liberar oxígeno, los árboles ayudan a mejorar la calidad del aire y reducen los efectos del cambio climático. Su sombra evita la pérdida de humedad del suelo, permitiendo temperaturas más frescas. En lugares con árboles se genera una gran biodiversidad, ya que estos se convierten en el hogar de animales y vegetación. Que existan lugares como estos también beneficia a las personas, ya que en ellos podemos realizar distintas actividades, como deporte, compartir con nuestra familia y amigos o simplemente disfrutar de la belleza de la naturaleza. Cuando nos preocupamos por los árboles y los protegemos, estamos cuidando al planeta. Si tienes un proyecto para proteger el bosque nativo, conoce cómo recibir apoyo en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Recuerda, una actitud preventiva es una actitud forestín. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En forma unánime, la Comisión de Economía de la Cámara aprobó una indicación sustitutiva al proyecto que modifica el Código Tributario para fortalecer la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. La propuesta fue aprobada en general por la Sala de la Cámara el 14 de abril pasado, ocasión en la que uno de sus autores, el diputado Jorge Guzmán, presentó la enmienda que fue aprobada por el Grupo Parlamentario. Las y los diputados debatieron sobre la admisibilidad de esta y otras indicaciones. La impugnación planteada por el diputado Boris Barrera cuestionaba generar obligaciones para el Servicio de Impuestos Internos, materia que solo puede proponer el Ejecutivo. Para subsanar el punto, el diputado Guzmán modificó el texto planteado, cambiando el deber de entregar información por parte del Servicio de Impuestos Internos a la posibilidad de que el Ministerio Público solicite antecedentes. Específicamente, el texto establece que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos o de oficio por el Ministerio Público, previa decisión fundada del Fiscal Nacional. Esta facultad aplicará para casos en que los montos superen las 600 unidades tributarias anuales, sin considerar intereses, reajustes y multas, es decir, casi 495 millones de pesos. En los casos en que el citado servicio haya llevado a cabo la recopilación de antecedentes, el Ministerio Público podrá solicitarla y será incorporada al emisorio.

Investigación, junto con la decisión del Comité Ejecutivo relativa a la presentación de una denuncia o querella, luego aclara que, de proceder por la vía penal —ya sea a través del Servicio de Impuestos Internos o de la Fiscalía— el juez tributario y aduanero se declarará incompetente para seguir conociendo del asunto cuando la investigación penal se inicie sin denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos y se hubiese prestado cooperación eficaz ante dicho servicio; ésta tendrá en el procedimiento penal el mismo efecto previsto. De igual forma, efectuada la autodenuncia del contribuyente y, mientras el Comité Ejecutivo no se pronuncie sobre su aprobación, se suspenderá la mencionada facultad.

¿Cómo están? Muy buenos días. Cinco minutos no se paran de las 10 de la mañana de este jueves 15 de mayo. Les hablamos aquí desde Valparaíso, la sede de la Cámara de Diputadas y Diputados, en una nueva jornada en sala que no es legislativa propiamente tal, ya que el objeto de esta jornada –como podrán ver en la tabla, que es bastante extensa– es abordar un oficio respecto a la macrozona sur y una serie de informes de comisiones investigadoras. Ya están apareciendo los puntos. En primer término se abordará la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Bío Bío, que fue aprobada en horas de la tarde por el Senado ayer; y luego empiezan los informes de comisiones investigadoras. En primer término, se presenta el informe que abordó la implementación del sistema de educación pública desde 2002 a la fecha, el cual fue rendido hace bastantes meses. El tercer punto corresponde al informe que investigó la situación de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Como se ha mencionado, no hay proyectos de ley en esta jornada; se trata únicamente de informes de comisiones investigadoras que se han ido acumulando a lo largo de diversas semanas y meses. Así, se encuentran los puntos 4, 5 y 6: el 4 indagó en las terapias y programas dirigidos a sujetos cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral; el 5 abordó los aumentos de caudal a asociaciones de canalistas en las regiones del Ñuble y del Bío Bío; y el 6 trató sobre el funcionamiento general de las universidades del país. Cabe destacar que esta sesión es un poco más extensa, ya que está citada hasta las 14:00 horas, para avanzar lo más posible con estos informes. El punto 7 se refiere a la investigación sobre el funcionamiento de los servicios eléctricos durante los eventos climáticos de los años 2023 y 2024; el 8 analiza los convenios y programas ejecutados por la Fundación Procultura; y el 9 investiga los actos del Gobierno ante la denuncia presentada contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Asimismo, se informa que hoy, a partir de las 11:00 horas, funcionará una comisión que analizará la procedencia de la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán, acusación que tentativamente se debatirá en sala de forma extensa el martes 20 de mayo a partir de las 10:00 horas. Los invito ahora, como es habitual, a profundizar en los diversos puntos de la tabla, que comienzan con el oficio relativo al Estado de Excepción en la macrozona sur, ratificado ayer por el Senado con 27 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se ratificó esta nueva prórroga, la cual comenzaría a regir, de ser aprobada por la Cámara, a partir del próximo 29 de mayo, y se acordó que, por solicitud del Vicepresidente de la República y por acuerdo de los comités parlamentarios, dicho punto se vote sin discusión. A continuación, se procederá al primer informe que integra la tabla de esta mañana, en el que se indaga en la fiscalización de los actos del Gobierno.

Del Ministerio de Educación en relación con la implementación del sistema de educación pública desde el año 2002 a la fecha y las complejidades que ha experimentado el proceso de admisión escolar para el año 2024. Las recomendaciones de esta instancia señalan que el Ministerio de Educación debe ajustar su actuación a la legalidad e implementar de forma urgente todas las medidas que resulten conducentes para asegurar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que residen en nuestro país, evitando que en 2025 se produzca nuevamente una vulneración masiva de los derechos de los estudiantes respecto al proceso o al acceso a la educación, tal como ocurrió en 2024. En ese sentido, se subraya la necesidad de introducir mejoras legislativas, reglamentarias e institucionales que incentiven la educación particular subvencionada —la principal oferta educativa del país—. Actualmente existen múltiples dificultades para la apertura de este tipo de establecimientos, los cuales han quedado fuera del foco de la reforma, al igual que ocurre con la ampliación de cupos y otras medidas asociadas. La Comisión solicita analizar y flexibilizar las atribuciones de la Superintendencia de Educación, que hoy se erige como un gran regulador del sistema educativo, incrementando los costos de cumplimiento para los sostenedores. Asimismo, pide flexibilizar los requisitos vigentes para acceder a la subvención escolar y facilitar el procedimiento de obtención del reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, transformando dicho proceso en uno progresivo que incluya una etapa de preadmisión y acompañamiento, de modo que se eviten los elevados costos de una solicitud completa que puede ser fácilmente rechazada. También se propone que el Ministerio de Educación suspenda la implementación de los servicios locales de educación pública con el fin de mejorar y corregir las deficiencias detectadas en la SEP (subvención escolar preferencial) y en los SLEP (servicios locales de educación pública) actualmente en funcionamiento. El segundo punto respecto a las comisiones investigadoras y sus informes aborda la actuación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde 2018 a la fecha, en relación con el control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. En materia de recomendaciones y conclusiones, este informe pide legislar para avanzar en mayor transparencia, fiscalización y mecanismos de control que eviten cuestionamientos públicos y la comisión de posibles delitos en el funcionamiento de la citada asociación, surgida ante la limitada accesibilidad de la ciudadanía para adquirir medicamentos y sumos médicos a bajos precios. Bajo esa línea, es imposible soslayar que la génesis de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares responde a la necesidad de asegurar el derecho a la salud de las personas, evitando que el mercado continúe reproduciendo una discriminación monetaria para quienes requieran insumos médicos. Se reconoce que Chile está muy lejos de contar con una institucionalidad pública que haga efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política, y la existencia de esta asociación, en tanto red y coordinación integrada de distintos municipios, es una expresión de que es posible desarrollar proyectos desde una perspectiva pública y de derechos. Pese a las observaciones críticas sobre su funcionamiento, la comisión concluye que no es admisible emitir formulaciones negativas sobre sus resultados, ya que se presenta como una alternativa al monopolio de farmacias en Chile y ha resuelto parcialmente las demandas de mayores insumos médicos por parte de un sector mayoritario de la población. Diversos testimonios de ciudadanas y ciudadanos resaltan el impacto positivo que ha tenido la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares en sus territorios. Aun cuando, concluye la comisión, los parlamentarios tenemos la potestad de generar instancias de fiscalización, estas deben ceñirse siempre a las materias por las cuales se constituyen. Sin embargo, en algunos momentos del debate el foco se desvió y se realizaron críticas políticas que no guardaron concordancia con la materia a investigar.

...que además será remitido al Ministerio del Interior, de Salud, a la Contraloría General de la República, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, al ISP, al Fiscal Nacional, al Director de la Unidad de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional y también, obviamente, al Presidente de la República, entre otras autoridades. Como tercer informe se presenta esta mañana, de jueves 15, cuando ya son las 10 de la mañana con 5 minutos. Se presenta, decía, la investigación que buscó reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno en relación con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud —psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole— a sujetos cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral. Las recomendaciones piden suspender inmediatamente la ejecución del programa denominado PAIC, Relativo a la Identidad de Género, y al Ministerio de Salud se le ordena, mediante una resolución exenta, que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género o de género no conforme. También se pide una revisión de antecedentes de todos los menores de edad que se encuentran actualmente bajo tratamiento hormonal y entregar un informe a las Comisiones de Salud y de Familia del Senado y de la Cámara, al menos con los datos sobre su edad, sexo, tipo y duración del tratamiento, consentimiento de los padres, establecimiento de salud, entre otros, en el plazo de tres meses desde la aprobación del informe final, algo que pudiese ocurrir esta mañana. El Ministerio de Salud agrega que deberá reformular el objetivo de la Comisión para la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal, abocándose al estudio de la procedencia, seguridad y factibilidad de realizar este tipo de tratamientos, los cuales solo podrán realizarse a mayores de edad. Asimismo, el Ministerio deberá entregar la atención necesaria a los menores de edad que desistan o destransicionen. También, como tercer punto, se enviarán los antecedentes a la Contraloría General de la República para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los hospitales y servicios de salud, a fin de, primero, determinar la cantidad exacta de menores de edad ingresados al programa de asignación de identidad de género, según edad, sexo, etc.; segundo, determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal —sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración y tipo de medicamentos—; y en tercer lugar, comprobar la existencia del consentimiento informado de los representantes legales que autoricen el ingreso o derivación del menor al PAIC, así como la realización de tratamientos hormonales. Se busca, además, la identificación y determinación del gasto del arsenal farmacológico de los hospitales en terapias hormonales desde 2010 a la fecha, considerando la existencia de programas de identidad de género propios con anterioridad a la Ley 21.120. Otro aspecto de esta investigación pide realizar una auditoría a organizaciones de la sociedad civil que realizan acompañamientos con enfoque afirmativo. En términos de modificaciones legislativas se pide enmendar y modificar la Ley de Identidad de Género y también el artículo 23 de dicha ley, en los siguientes elementos: garantizar el deber y el derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos en cuanto al ingreso y/o derivación de estos programas; además, la negativa de estos últimos no podrá ser considerada vulneración de los derechos de sus hijos o pupilos. Se establece, asimismo, que sólo podrán ingresar a estos programas los menores de 14 años. Bien, todos los detalles a continuación desde la sala de sesiones. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 16 se declara aprobada. El acta de la sesión número 17 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

Nuestro señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor Presidente, buenos días. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 26 para hoy, 15 de mayo. Se ha recibido oficio del Senado, por el cual se comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta, constituida para resolver la divergencia suscitada entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. Se inició un mensaje que modifica cuerpos legales que indiquen materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Además, se ha recibido oficio del Senado, por el cual se informa que se ha dado el acuerdo a la solicitud del Vicepresidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío, de la Región del Bío Bío, declarado por el Decreto Supremo número 189 de 16 de mayo de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y prorrogado la última vez por el Decreto Supremo número 142 de abril de 2025 del Ministerio del Interior por un plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el señalado decreto supremo. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena a don Alex Sarsuri Cortés. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena a don Mauricio Lobos Fernández. Proyecto en moción de los diputados señores Mesa, Cornejo y Rey, y de la diputada señora Concha, que modifica la ley número 21.368 para autorizar la entrega de productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o reutilizables. También se da cuenta de un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mesa, Carter y Arrasabal Romero, don Agustín y Chuber, que modifica la ley número 18.290 de Tránsito para calificar como vehículos de emergencia a los pertenecientes a Gendarmería de Chile, utilizados para el traslado de funcionarios y personas privadas de libertad. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bugueño y Rosas, y de las diputadas señoras Zagardia y Veloso, que modifica la ley 18.695, Orgánico-Constitucional de Municipalidades, para promover medidas de prevención y mitigación de incendios forestales. Proyecto de Iniciativa de Moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena a don Jorge Andrés Vergara Montero. Proyecto de Iniciativa de Moción de los diputados señores Araya, Don Jaime, Alinco, Camaño, Manucheri, Melo y Videla; y de las diputadas señoras Arce, Marzán, Musante y Pérez de Ollayuana, que modifica la Ley 18.695, Orgánico-Constitucional de Municipalidades, para la implementación de crematorios para mascotas o animales de compañía. Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor Presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra el diputado Jaime Araya. Muchas gracias, Presidente. Presidente, quisiera solicitar que el proyecto que está en el número 9, el boletín 17.552, pasara de la Comisión de Gobierno Interior a la Comisión de Medio Ambiente. Se accede a la petición del diputado. No hay acuerdo. Vamos a votar. Denos unos segundos, por favor. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Por última vez. ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa: 30 votos, 29 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Muy bien. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputado Guido Mazaor: “Yo tengo un punto de reglamento. Permítanme cerrar la cuenta, y sobre la cuenta se va a dar la vuelta.” Gracias, Presidente. Sí, lo que pasa es que ahora, bueno...

Honorable Cámara, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde el año 2018 a la fecha, en relación al control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares, según la competencia asignada, planteando las conclusiones y recomendaciones que se consignan. A continuación, sintetizaré las conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión, dejando constancia de que participaron en su discusión y aprobación la diputada Nathalie Castillo y los diputados Félix Bugueño, Tomás Lagomarsino, Enrique Lee, Daniel Lilayú, José Carlos Mesa y Quién Habla. Conclusiones. La fiscalización y control de las farmacias populares es un componente esencial para garantizar la seguridad y calidad en la entrega de medicamentos. Los hallazgos actuales dejan entrever un sinnúmero de atribuciones con falta de control, de ahí que es fundamental adoptar medidas proactivas para prevenir problemas futuros, las cuales se pueden lograr con un gobierno presente a través de la capacitación, el monitoreo digital y la colaboración con la comunidad y otras instituciones, como el Instituto de Salud Pública, entidad limitada para fiscalizar y evitar que ocurran nuevamente hechos constitutivos de ilícitos, como los informados durante el año 2022 por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de investigar supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID-19, en donde figura el exalcalde, señor Daniel Jadue, imputado. El modelo de abastecimiento de medicamentos a través de farmacias comunales permitió la instauración de un sistema de defraudación de las arcas comunales, lo que, sumado a la falta de control en el presupuesto, seguimiento y materialización, resalta la necesidad de un enfoque más coordinado entre las entidades públicas y privadas en el sector farmacéutico. La exposición efectuada por la Contraloría General de la República puso de manifiesto serias deficiencias en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, desde la falta de información y control interno hasta la existencia de convenios irregulares. La falta de transparencia y las irregularidades detectadas sugieren una necesidad urgente de reformar las prácticas actuales para establecer un sistema de gobernanza más sólido. La exposición del Servicio de Impuestos Internos reveló una serie de preocupaciones significativas sobre la gestión tributaria de las farmacias populares y de su asociación; de ahí que es fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para asegurar que cumplan con sus obligaciones fiscales y promover la colaboración interinstitucional para abordar cualquier indicio de irregularidades y proteger los recursos públicos destinados a la salud. Quizás la exposición más reveladora fue la del alcalde subrogante de Canela, Francisco Santibáñez Yañez, de la Región de Coquimbo, quien reconoció no haber recibido ninguna rendición de cuentas ni estado financiero por HIFAR, a pesar de haber realizado los aportes correspondientes como municipio. Sobre la participación de las autoridades citadas, la Comisión dejó constancia de su preocupación por la parsimonia de autoridades convocadas mediante citación o invitación, una preocupación que no responde solo a consideraciones políticas, sino también institucionales, dado que la creación de la Comisión Investigadora se encuentra dentro de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, reconocida en la Constitución y en la legislación vigente. Así, el artículo 55 de la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, señala en su inciso sexto que las autoridades, los funcionarios y las personas citadas estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la Comisión, norma que solo fue cumplida por tres de las autoridades citadas.

La Directora Nacional del Instituto de Salud Pública, Caterina Ferrecio; el Director Nacional de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Jaime Espina; y el Director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. El resto de las autoridades citadas, o bien no concurrieron o lo hicieron representadas por otros funcionarios de menor rango, lo cual no es permitido de manera expresa por la mencionada norma. Así, la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, pese a haber sido citada para la sesión del 29 de julio pasado, participó con posterioridad. El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, y la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, no concurrieron de manera personal, sino que fueron representados por otros funcionarios, lo que no está permitido en la ley. Especial mención merece la Ministra del Interior, Carolina Tohá, quien, pese a ser citada a la primera sesión, nunca asistió ni siquiera representada. Dos, sobre la participación de las autoridades invitadas. Si bien solo ciertas autoridades se encuentran obligadas a asistir a las sesiones de la Comisión Especial Investigadora, lo cierto es que estas comisiones habitualmente convocan también a otros personeros del mundo público o privado para que aporten antecedentes que puedan ser relevantes para el desarrollo de la función fiscalizadora. Y, aunque no es posible realizar reproche a las entidades que se encuentran fuera del marco de funcionamiento de las comisiones, se debe tener presente que el deber de probidad obliga a las autoridades a ejercer su cargo de manera honesta y transparente. Bajo este concepto de probidad, se agradece la concurrencia de la Contralora Dorothy Pérez; del Director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos; del Contralor de la Universidad de Concepción, Francisco Santibáñez; del Alcalde Subrogante de la Comunidad de Canela, Sebastián Pizarro; y del ex concejal de la comuna de Recoleta, Mauricio Smock. Asimismo, se lamenta la inasistencia de representantes de la empresa Best Quality Products S.P.A., quienes pudieron haber entregado importantes antecedentes relativos a la situación de las farmacias populares en la comuna de Recoleta. Se reprocha, además, a los alcaldes invitados que no asistieron, pese al manto de dudas existente respecto de su gestión en una conducción indebida o ineficiente de los recursos y atribuciones municipales en las llamadas farmacias populares. Se trata de un contexto en que la fe pública está cuestionada, producto del caso Fundaciones, lo que exige que todas las autoridades den muestra de honestidad y transparencia en su comparecencia al llamado efectuado por la Comisión, siendo reprochable que autoridades tan involucradas no aportaran antecedentes para mayor claridad. En dicho reproche recaen el exalcalde de Valparaíso, Jorge Chart; el alcalde de Arica, Gerardo Expíndola; el alcalde de Serronavia, Mauro Tamayo; y los concejales de la comuna de Recoleta, Karen Garrido, Jocelyn Parra, Silvana Flores, Felipe Cruz y Cristian Weibel. Tres, sobre los antecedentes expuestos por la Contraloría General de la República. La exposición de la Contralora pone de manifiesto serias deficiencias en la gestión y control de recursos de la HIFAR. Las auditorías revelan la falta de transparencia, el incumplimiento de normativas y la inadecuada administración de fondos, lo que sugiere un riesgo significativo de malversación y otras irregularidades. La incapacidad de la Contraloría de obtener información para evaluar la situación financiera de HFAR es alarmante y resalta la urgencia de mejorar la rendición de cuentas dentro de la organización. La observación sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indica un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos. Recomendaciones. 1. Capacitaciones y asesoramiento por parte del Gobierno para los directores y equipos ejecutivos de las farmacias comunales y a los funcionarios municipales sobre la ley de compras públicas y la correcta gestión de convenios. 2. Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de las farmacias comunales que

No olvidemos del señor Crispi que se excusó y se escudó en que él no era funcionario público, que no tenía que venir a las comisiones, y después venía a las comisiones sin tener que entregar información. Bueno, al final vamos a tener que esperar que la Fiscalía haga su trabajo para enterarnos de muchas de las preguntas que acá legítimamente se hacen. Es importante, por lo tanto, dentro de las conclusiones a las que se llega en este informe, que se avance en la legislación que ya aprobó la Comisión de Gobierno, la cual obliga y sanciona a los funcionarios públicos que no concurren a las comisiones investigadoras o que no responden los oficios en los plazos establecidos. El propio Presidente de la República ha sido oficiado de manera perentoria por esta Cámara, a través del artículo 52 de la Constitución, y nadie respeta los plazos porque no hay consecuencias; una norma jurídica sin una sanción es letra muerta. Lamentablemente, hay muchas más respuestas aún, siguen habiendo muchas preguntas y no se han obtenido respuestas suficientes, porque quienes deben entregarlas se han escondido de la función fiscalizadora de este Congreso. Yo siempre he pensado que el que nada hace, nada teme; entonces, si alguien teme responder, es señal de que algo hizo. Diputado Kaiser (Reglamento): Muchas gracias, señor Presidente. Solamente una consulta, porque estaba buscando los informes y no los encuentro en la plataforma. Diputado Ramírez: Muchas gracias, Presidente. Yo creo que esta Comisión Especial Investigadora evidentemente tenía un sesgo que es brutal, brutal porque nunca hay que olvidar la génesis de cómo se empezó a aplicar lo que hoy conocemos como las farmacias populares en múltiples municipios de Chile. Fue precisamente durante el 2007-2008 cuando empezaron a salir las primeras noticias que daban cuenta de esta gran colusión en el mercado de las farmacias, de cómo tres grandes cadenas —Salcobran, Cruz Verde y Ahumada— se coordinaban para que los precios de los medicamentos, especialmente para los sectores más vulnerables y en particular para nuestras personas mayores, fueron ajustados de forma coordinada. Lo que hacían básicamente era fijar el precio y decretar que todo fuera al alza; por ejemplo, un medicamento que costaba 8.000 pesos lo vendían en 50.000. Esto dio lugar a un debate público interesante. Mientras todas las autoridades miraban hacia abajo y nadie quería tomar medidas concretas para aliviar a las personas que sufrían el flagelo de las grandes cadenas de farmacia, desde un municipio pequeño nació una idea que hoy se ha extendido en gran parte de Chile. Fue liderada por un alcalde del Partido Comunista, quien impulsó lo que hoy se conoce como las farmacias populares. ¿Qué significó esto en la práctica? Significó que hoy más de 250 municipios de Chile cuentan con una farmacia municipal o comunal que vende remedios a casi un 80% más baratos que en las grandes cadenas; es decir, una solución directa para miles de chilenos y chilenas que tenían que sufrir el abuso de las grandes farmacéuticas. Y ojo, no fue una batalla fácil. Primero se tuvo que discutir, incluso en este Congreso Nacional, una ley que permitía la adquisición de remedios a Cenabas. Yo no participé en ese proceso de discusión, pues estábamos alejados de esos espacios, pero costó. Cuando uno observa el debate parlamentario de aquella época, se notaba que un gran sector, particularmente la derecha, se negaba a la posibilidad de que existieran acuerdos directos entre Cenabas y los municipios para la adquisición de medicamentos a precio justo. Hace no tantos años, en 2020, inclusive se logró condenar a estas farmacias en más de 1.100 millones de pesos, producto de la colusión que existió en el sector. Cuando se trató de avanzar aún más y se creó la Asociación de Farmacias Populares, …

Que buscaba llevar, por ejemplo, la óptica popular también a distintos espacios, evidentemente comenzó una operación política que es la que se conoce el día de hoy. Porque el loafer instalado respecto a la figura de Daniel Hathaway ha sido brutal. Fíjense que el hijo no le destruyó el teléfono a Daniel Jaue como a otros parlamentarios desaforados del día de hoy, de la bancada del Frente. No, él entregó todos sus celulares; no tuvo ni un inconveniente: levanten todos los secretos bancarios, entregó todas sus cuentas de correo electrónico, revisen lo que quieran, y fíjense que hasta el día de hoy no han encontrado nada. Entonces, lo que hay detrás de esta persecución contra las farmacias populares es que se le acabó el negocio, se le acabó la fiesta a quienes hacían abuso con las personas mayores y a quienes, precisamente, también defendían ese abuso. Porque así como han defendido la AFP, así como han defendido la ISAPRE, también defendían, sin duda, a las farmacias que se coludieron durante años para aquello. Diputado Ramírez, le pido volver al informe, por favor. Pero es parte del informe del Presidente. Por eso, yo creo, más allá de la barra brava de las farmacias que están, por ejemplo, defendiendo a Salcobrana, a Humada y Cruz Verde, no se preocupen: les va a llegar el diezmo después. Efectivamente, este informe tiene un sesgo, tiene un sesgo respecto a cómo se debió indagar una política –insisto– municipal que logró instalarse como política pública, y eso les duele y les va a seguir doliendo porque las farmacias populares van a seguir existiendo. Muchas gracias, Presidente. ¿De reglamento, diputado Mesa? Sí, Presidente, muchas gracias. El artículo 90, número 2, en primer lugar, y luego también el artículo 90.5. ¿Por qué el 90, número 2? Porque nada, absolutamente nada de lo que dijo el diputado Ramírez por su intermedio en este momento sale en el informe. Nada, ni una sola coma de lo que él se refirió aparece en el informe. Lo que uno ha aprendido cuando se dedica al mundo de la argumentación y el debate es que, cuando alguien no tiene razón sobre un punto de discusión –no se refiere al punto de discusión–, es porque, al no tener razón, habló cualquier cosa, menos lo que dice el informe, porque el informe es lapidario. El informe dice que aquí hay plata que se perdió, que se está investigando y que nunca ejercieron ninguna facultad fiscalizadora. Y en segundo lugar, es muy penoso por su parte, porque, ya que justamente habló mucho del alcalde Jado, se le olvidó decir que el alcalde Jado pasó 90 días en prisión preventiva y todavía está recluido en su hogar, en La Reina. Lo que se le olvida mencionar lo hace después para manchar al resto, y ni siquiera es capaz de dar nombres o apellidos, sino que simplemente acusa a las bancadas del Frente, ¿cierto? Y dice, Presidente, de forma textual, que van a recibir el diezmo. Fíjese usted en la palabra que usa, una especie de pago por defender ciertas cosas o por tener ciertas actitudes; está literalmente imputando delitos. Entonces, yo le pido al Presidente que, entiendo, mientras el diputado Ramírez estaba interviniendo, otros colegas estaban ahí conversando –práctica que también debiésemos empezar a erradicar para que la Presidencia preste atención a las palabras de los diputados y se sancione–. Primero, porque no dijo nada respecto al informe; y, en segundo lugar, porque lo único que hizo fue enlodar a los demás para que no se noten las gigantescas manchas de lodo que tiene el Partido Comunista. Bueno, eso tampoco estaba en el informe. Diputada Pizarro, de Reglamento. Sí, yo lo tengo. Pero ya hizo su punto de reglamento; ahora tiene el punto de reglamento la diputada Pizarro. Muchas gracias. Pese al griterío del Frente –artículo 90, numeral 6–, Presidente, a mí me parece que la última palabra fue dicha por el diputado José Carlos Mesa. Aunque también se le conoce como José Mesa, creo que esa no es la discusión. Solo quiero decir que, al expresarlo por intermedio del diputado José Mesa en el último momento, se revela el descontrol que existe en torno a lo que acaba de exponerse.

El diputado Matías Ramírez: Quiero expresarle, presidente, también, que se les olvida cuando hablan del alcalde Daniel Jadue, ya que hemos conocido, en los chats de la derecha del señor Hermosilla, cómo se planifica. Presidente, pueden callarse, pero escuchemos: el diputado José Mesa planteó todos sus puntos y los escuchamos. Sigamos con todos los puntos. Pese a la histeria del diputado José Mesa, quiero señalar que me parece que olvidan lo que significó todo lo conocido de los chats del señor Hermosilla, precisamente cuando se reveló la colusión de la farmacia: cómo se iba a enlodar y tratar de destruir—acción que no ha logrado el gran exalcalde Daniel Jadue. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Eduardo Durán, ¿va a hacer uso de la palabra? Diputado Durán, tiene la palabra. Diputado Eduardo Durán: Gracias, presidente. Si me permiten los colegas, ¿puedo intervenir? ¿Son las farmacias populares una buena idea de política pública? Según los usuarios, nuestros vecinos de las comunas, sí lo son, pues pueden obtener remedios a bajo costo y, digámoslo así, porque en el pasado grandes cadenas de farmacias han coludido para elevar los precios, perjudicando a los consumidores. Por lo tanto, hay que decirlo: las farmacias comunales sí han sido una buena idea. ¿Qué es lo malo de esto? Es que esta buena idea se utilizó como mecanismo de corrupción. Y eso no lo digo yo; lo dicen sendos informes de la Contraloría y lo que se evacuó de la comisión que tuve el agrado de presidir, junto a otros diputados, para investigar y fiscalizar qué ocurrió, qué hizo y qué no hizo el Estado a través de sus diferentes instituciones, en medio de este escándalo de proporciones que hoy día tiene a su creador, a su ideólogo, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en prisión. Estuvo en la cárcel, ahora está en su casa, pero se halla en prisión, en una investigación que no ha cesado y continúa en el tiempo, porque no fue algo simple. Es un escándalo de proporciones que todavía no cuenta con informe ni sentencia final. Pero, ¿qué hicimos en esta comisión? Citamos a distintos organismos del Estado, desde los ministerios hasta otras instituciones, como Cenabat, el Servicio de Impuestos Internos y también la Contraloría General de la República. ¿Y qué dijeron? Se refleja en el informe aprobado por la Comisión Especial Investigadora. Por ejemplo, la contralora Dorothy Pérez, en su exposición, manifestó serias deficiencias en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, desde la falta de información y control interno, hasta la existencia de convenios irregulares y la falta de transparencia, aspectos que exigen reformar urgentemente las prácticas actuales para establecer un sistema de gobernanza más sólido. Por su parte, el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, reveló preocupaciones significativas respecto a la gestión tributaria de esta asociación. En efecto, la falta de claridad en la normativa y la supervisión inadecuada habrían facilitado el incumplimiento de obligaciones fiscales y la comisión de delitos tributarios. Por lo tanto, aquí no estamos ante una situación que se pueda dejar pasar, sino ante irregularidades graves y hechos de corrupción que el Ministerio Público está investigando, y que a través de esta comisión quisimos dilucidar, analizando de qué manera las entidades del Estado actuaron o se omitieron en diferentes instancias de esta situación. Cabe agregar también que, posterior a la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, el exalcalde de Ramos…

Coleta Daniel Jadue: Dijo: “No, me pararon por aquí, pero seguiré por acá. ¿Y qué hizo? Creó la Fundación de Salud Primaria Fusal, junto a otros cinco alcaldes de izquierda: Gonzalo Montoya, de Macul; Ana Albornoz, de Santa Juana; Joel Olmos, de La Cisterna; Mauro Tamayo, de Serronavia; y Bernardo Leighton, de Canela. Todos actuaron como personas naturales, sin involucrar a sus respectivas municipalidades. ¿Y qué pasó acá? Reportajes de televisión evidenciaron que el mobiliario y el equipamiento de Achifar fueron a parar a esta nueva fundación creada por Daniel Hadwick. O sea, me pararon por un lado y la corrupción continúa por otro camino. Por eso es necesario que, como Cámara de Diputados, tengamos absoluta libertad para seguir fiscalizando, que no se nos corten los brazos, y que la institucionalidad de nuestro país permita que estas autoridades también estén bajo el control de esta Cámara. Muchas veces se dice que esta Cámara no puede actuar sobre las municipalidades; deberíamos crear y modificar la ley para que sí pueda ejercer fiscalización y control sobre ellas, en lugar del Ejecutivo.” Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Durán. El diputado Lee me ha pedido de reglamento. Presidente: “Artículo 112 para pedir acuerdo a la sala, ya que los informes están escritos, a disposición de todos y, además, se está extendiendo el debate, como se puede dar cuenta. La lectura del informe puede ser abreviada. Muchas gracias, Presidente.” Se establece un límite máximo. ¿Hay acuerdo de la sala? ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Sí, sí lo sé, pero eso mismo. ¿Me pide la suspensión de la sesión? Se suspende la sesión por falta de acuerdo. Gracias. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya: “Muchas gracias, Presidente. Presidente, la presidenta del Frente Amplio ha señalado que el caso Procultura no es un caso del Frente Amplio y ha culpado a la Democracia Cristiana. Hoy, el Partido Comunista, frente al caso de corrupción que ha privado de libertad a su ex candidato presidencial, culpa a las farmacias y a las ISAPRE. Yo creo que ya no sé si van a culpar ahora a Pinochet también, pues. Pienso en las palabras que decía el diputado Barría, que aún hay algunos que piensan que están bajo el tutelaje de algunos padres o madres, porque se comportan como verdaderos infantes en política. Ya dejaron esa tierna edad de la adolescencia y de la juventud; tienen que entender que son gobierno y no puede ser que, cada vez que ocurra un problema, eludan su responsabilidad. Al parecer, señor Presidente, el mal del Frente Amplio se les contagió. ¿Cuál fue el tema del informe? Ninguno. Muy bien, diputado de Reglamentos: respecto a mi intervención, si se va a referir a las palabras de la presidenta del Frente Amplio, que también se refiera a la enérgica respuesta que tuvo la Democracia Cristiana y que la investigación de Procultura y, en todos estos casos, se investigue a fondo y …”

Gracias, presidente. Diputado Uli, de Reglamento. Muchas gracias, diputado Andró. Presidente, artículo 90, número 2. Por favor, presidente, que los discursos no se salgan de la cuestión a tratar o, de lo contrario, vamos a estar acá hasta las 2 de la tarde en una cuestión que podría resolverse mucho más rápido. Insisto, ya que la sala no ha dado el acuerdo, que usted vaya cortando los discursos inmediatamente. Antes de dar la palabra al reglamento, para que sepamos todas las reglas del fuego que vamos a aplicar, el discurso que se salga de la cuestión en que se está discutiendo voy a cortar el micrófono, ¿ok? Pero para que quede claro para todos y todas, ¿ok? Gracias. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En cuarto lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno en relación con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud, psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole a sujetos cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral. Esto es, la Comisión Especial Investigadora número 57. Para la discusión de este proyecto se destinará una hora, proporcionalmente distribuida entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora, la diputada Flor Weisse. Presidente, atendiendo a la buena disposición de todos, ¿puede regalar nuevamente la unanimidad para omitir el informe y pasar directamente a la discusión? Va a leer el informe, sí, la diputada Flor Weisse, pero, posteriormente, ¿hay unanimidad en la sala para omitir la lectura de los informes? No hay acuerdo. Diputada Flor Weisse, tiene la palabra. Gracias, presidente. Resumen del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincide con su nombre y sexo registral. 1. Competencia de la Comisión Especial Investigadora al tenor del acuerdo de la Cámara de Diputados que ordenó su creación. La Cámara de Diputados, en su sesión del 8 de julio del 2024, ante la petición formulada por 74 diputados y diputadas, acordó la creación de esta Comisión Investigadora. Los patrocinantes solicitaron su creación con la finalidad de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno, especialmente de las actuaciones de los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en relación con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud —psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole— a personas cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral. 2. Antecedentes generales. La Comisión Investigadora fue creada a raíz de los antecedentes expuestos por los patrocinantes en el documento presentado a consideración de la Sala de la Corporación. En síntesis, se busca conocer, indagar e investigar los actos del gobierno vinculados al Programa de Apoyo a la Identidad de Género, conocido como PAIG Crece con Orgullo, especialmente respecto de menores de edad, y el programa de salud trans, además de las prestaciones de salud hormonal y quirúrgica que se hayan diseñado o implementado en la red integrada de salud. Dicho objetivo comprende la investigación de los fármacos utilizados en los procedimientos hormonales, así como la información que tengan disponible CENAVAST, el Instituto de Salud Pública y Mercado Público. También se buscaba indagar en las organizaciones de la sociedad civil que cooperan en el desarrollo de dichos programas. Por último, se consideró relevante verificar la relación existente para la ejecución de dichos programas con el Ministerio de Educación, por la derivación o denuncias, y con el Ministerio de Justicia, por la judicialización sobre la incorporación o egreso de estos programas.

Y en general de la realización de esos tratamientos. Todo lo anterior, teniendo presente que los tratamientos y políticas públicas deben efectuarse conforme a los datos entregados por la ciencia empírica, de acuerdo con el concepto de medicina basada en la evidencia y el principio de la Lex Artis Medica Primum Non Nocere. Ante todo, no se debe dañar. 3. Relación del trabajo desarrollado por la Comisión en el cumplimiento de la ley. La Comisión, para el cumplimiento de su cometido, destinó 13 sesiones en las que procedió a tomar conocimiento de parte de las autoridades citadas y de los particulares invitados sobre la situación que se estudió. Todas ellas expusieron sobre el rol que juega cada una de las instituciones que representan, lo que han realizado o dejado de realizar y la proyección de las próximas actividades y programas. Por su lado, las personas que han hecho uso del programa o han sido objeto de situaciones vinculadas al tema expusieron sus puntos de vista y cómo les ha beneficiado o perjudicado la decisión que han tomado, la cual se vincula con el objeto de esta investigación. Asimismo, respondieron las consultas que se les formularon durante las respectivas sesiones. Un extracto de dichas intervenciones consta en el respectivo informe, la exposición detallada y demás documentos que pudieran requerirse, los cuales se encuentran en la página web respectiva, además de los videos de las sesiones. A continuación, mencionaré las recomendaciones efectuadas por la Comisión, las cuales fueron aprobadas por mayoría absoluta de los miembros presentes: siete votos a favor y seis en contra. Estas consideraciones, conclusiones y propuestas fueron formuladas y firmadas por los diputados y diputadas Flor Baiseno Boa, Gustavo Benavente Vergara, Francesca Muñoz González, Mauro González Villarroel, Johannes Kaiser Barents von Honagen, Diego Chalper Sepúlveda y Estefan Chuber Rubio. Fueron aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta, siete votos a favor y seis en contra de las diputadas y diputados presentes, señoras y señores. Son las siguientes recomendaciones: 1. Suspender inmediatamente la ejecución del PAIG. 2. Al Ministerio de Salud: ordenar, mediante una resolución exenta, que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme; y revisar los antecedentes de todos los menores de edad que están actualmente bajo tratamientos hormonales, entregando un informe a las Comisiones de Salud y de Familia del Senado y de la Cámara de Diputados, al menos con los datos sobre su edad, sexo, tipo de tratamiento, duración del tratamiento, consentimiento de los padres, establecimiento de salud, entre otros, en el plazo de tres meses desde la aprobación del informe final. 3. Reformular el objetivo de la Comisión para la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal, abocándose al estudio de la procedencia, seguridad y factibilidad de realizar este tipo de tratamientos, los cuales solo podrán realizarse a mayores de edad. 4. El Ministerio de Salud deberá entregar la atención necesaria a los menores de edad que desistan o destransicionen. 5. Enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los hospitales y servicios de salud, a fin de: a. Determinar la cantidad exacta de menores de edad ingresados al país según edad y sexo. b. Determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal, ya sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración y tipo de medicamentos. c. Comprobar, en los casos anteriores, la existencia de consentimiento informado de los representantes legales que autoricen el ingreso o derivación del menor al PAIG, así como la realización de tratamientos hormonales. d. Identificar y determinar el gasto de arsenal farmacológico de los hospitales en terapias hormonales.

Desde el 2010 a la fecha, considerando la existencia de programas de identidad de género propios con anterioridad a la Ley 21.120. 5. Auditoría a organizaciones de la sociedad civil que realicen acompañamientos con enfoque afirmativo. 4. Realizar modificaciones legislativas a las siguientes leyes: 1. A la Ley de Identidad de Género. Se deberá realizar modificaciones al artículo 23 que incluyan, al menos, los siguientes elementos:   A. Garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos en cuanto al ingreso y/o derivaciones de estos programas; además, la negativa de éstos no podrá ser considerada vulneración de los derechos de sus hijos o pupilos.   B. Solo podrán ingresar a estos programas los menores desde los 14 años.   C. Eliminar el enfoque afirmativo.   D. La atención de los programas de acompañamiento deberá ser exclusivamente psicológica.   E. Que los programas de acompañamiento a menores de edad se ajusten al objeto de la ley referido al cambio de nombre y sexo registral. 4.2. Al decreto con fuerza de ley 1 del Ministerio de Salud del 2005, 24 de abril del 2006:   1. Atribución de facultades a Cenabat para exigir detalle de fundamentación de órdenes de compra de medicamentos de hospitales.   2. Atribución de facultades de Cenabat para verificar, luego de la distribución de medicamentos comprados, que sean ocupados de acuerdo con lo señalado en la solicitud de compra.   3. Atribución de facultades de fiscalización al Instituto de Salud Pública respecto a usos no autorizados de medicamentos ocupados para tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada en menores de edad. 5. Presentar un proyecto de ley que al menos contenga los siguientes elementos:   1. Solo podrán aplicarse tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en personas mayores de 18 años.   2. Ampliar el plazo de prescripción por responsabilidad contractual y extracontractual surgida por la prescripción de tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme. 6. Remitir todos los antecedentes de las sesiones de esta comisión investigadora al Ministerio Público, en especial los relacionados con la realización de cirugías de reasignación de sexo y terapias hormonales en menores de edad, a fin de determinar la existencia y responsabilidad de eventuales delitos. 7. Derogación de la circular 812 de la Superintendencia de Educación. 8. Auditoría a todos los municipios que tengan unidades de género o unidades municipales de la diversidad y realicen programas de acompañamiento propios y derivaciones de menores de edad a hospitales; asimismo, que se incluya una revisión y auditoría de las municipalidades que cuenten con farmacias populares y la entrega de medicamentos con fines de hormonización a menores de edad. 9. Auditoría a la JUNJI sobre la cantidad de capacitaciones recibidas en relación con el país. 10. Auditoría a Fonasa para determinar los beneficiarios menores de edad que hayan accedido a operaciones de reasignación de sexo. 11. Informe de Cenabast con el detalle de gasto de cada uno de los medicamentos que el Instituto de Salud Pública indicó que se usan en la hormonización de menores de edad. 12. El Ministerio de Salud deberá enviar a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Familia y de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados los resultados de las acciones señaladas en la sesión del 12 de agosto del 2024, ante la Comisión Investigadora, especialmente en lo referido a la auditoría sobre la organización y actividades del PAIG, revisión de acuerdo al Memo 327, revisión y evaluación de las recomendaciones y orientaciones técnicas; respuesta de la Superintendencia de Salud sobre la existencia de los debidos consentimientos sobre las cirugías de género afirmativas en menores de edad; y respuesta de la Superintendencia de Salud al Ordinario 2370 del 21 de agosto del 2024, en el que se solicitó recabar de los establecimientos de salud públicos y privados la existencia.

De consentimiento informado de padres y representantes legales, así como los asentimientos de niñas, niños y adolescentes y el medio de constancia de este en relación con la indicación de hormonoterapia en niños, niñas y adolescentes, y respuesta de consulta a organismos internacionales. 13, revisar y corregir todos los documentos relacionados con el programa de salud trans, eliminando cualquier tipo de referencia de atención a menores de edad. Y, por último, 14, remitir el informe final a la Corte Suprema a fin de manifestar la preocupación por la aplicación del control de convencionalidad en sentencias de Tribunales de Familia para autorizar el cambio de nombre y sexo legal de menores de 14 años. Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Forbides, por la lectura del informe. Antes de iniciar el debate y ofrecer las palabras, solo recordar que suscribimos un acuerdo con unanimidad de la sala: quienes se salgan de la cuestión del informe, primero voy a aplicar la advertencia y, cuando aplique el llamado al orden, voy a cerrar los micrófonos para que esté claro el criterio para todos y todas. Ofrezco la palabra al diputado Felipe Donoso y, luego, a la diputada Ana María Gammuri. Diputado Donoso tiene la palabra: “Gracias, Presidente. No la abre la sala. En el transcurso de esta investigación, y motivo de inicio incluso de ella, es cómo se hace daño a niños, niñas y adolescentes a través de algo que se denominaba terapia. Las terapias tienen que ser para sanar, para mejorar, para beneficiar a las personas, no para hacer daños permanentes. La ciencia nos ha dicho que hoy día, varias de estas mal llamadas terapias le hacen un daño permanente. Por eso, aplaudo las conclusiones de la comisión que buscan corregir políticas públicas, que buscan transparentar situaciones que están ocurriendo y que buscan darle seguridad a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, de que el país los va a cuidar. Porque no puede ser que, en la buena intención quizás de alguien, terminemos haciendo un daño permanente que impida su desarrollo neurológico, que impida su desarrollo físico o que restrinja su inserción en la sociedad como corresponde. Por cierto, hay diferencias y situaciones complejas que debemos acompañar, pero tenemos que saber acompañar a la edad correcta, con el tratamiento correcto, sin tomar decisiones como adultos sobre niños, sin olvidar el bien superior de ellos y sin creernos con la capacidad de ser dioses y definir anticipadamente lo que la naturaleza misma quizás no definió correctamente. Por eso, creo que debemos aprobar este informe y darle la protección necesaria a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el contexto de terapias reafirmativas o terapias hormonales que, insisto, hacen daño permanente a sus cuerpos y a su desarrollo en la vida. He dicho, Presidente, muchas gracias.” Muchas gracias, diputado Donoso. Diputada Ana María Gammuri tiene la palabra: “Presidente, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes trans o de género no conforme, no estamos hablando de una abstracción ideológica. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes reales, con nombre, historia, familia y dolores; con pasado, con presente y con un futuro que este programa debe buscar resguardar. Son personas que merecen ser protegidas y escuchadas, no sometidas a protocolos confusos ni a intervenciones poco adecuadas, ni mucho menos ser utilizadas como archivo expiatorio del miedo y la ignorancia. Por eso, lamento profundamente que esta Comisión Especial Investigadora, en lugar de corregir y fortalecer una política pública que ha tenido errores profundos, haya optado por dinamitarla. Las fuerzas conservadoras han impuesto su visión más cruda, empujando un informe marcado por el sesgo y la desinformación. Nosotras, desde esta Diputación, desde este Comité, actuamos con seriedad; tuvimos dudas legítimas sobre cómo se ha implementado el PAI y teníamos razón, pero en ningún momento pusimos en duda la necesidad de este programa. Al contrario, hicimos propuestas técnicas viables, profundamente responsables para corre...”

Las graves falencias detectadas y garantizar así un acompañamiento digno, humano y siempre basado en la evidencia. El programa de acompañamiento a la identidad de género fue creado bajo mandato de la ley 21.120 y, dentro de estas conclusiones, quedó claro que el PAI debe ser un programa de acompañamiento psicológico y biopsicosocial. No tiene ni debe tener como objetivo promover la transición de género ni puede contemplar intervenciones médicas como la prescripción de hormona o cirugía. Cualquier línea del PAI que vaya en ese sentido es incorrecta y es fundamental aclararlo. Durante esta comisión propusimos mejoras claras, protocolos específicos según rangos etarios, sistemas de monitoreo, orientaciones técnicas no patologizantes y, ya fuera del PAIC, una regulación responsable en los tratamientos hormonales y cuidado clínico, siempre con consentimiento informado y considerando la mejor evidencia científica disponible. Durante estos meses conocimos la realidad, por cierto diversa, de casos de éxito del programa de acompañamiento a la identidad de género, en los que se cumplen los objetivos de acompañamiento, contención y orientación. Sin embargo, también conocimos la experiencia de familias que se sintieron vulneradas, presionadas e incluso que fueron derivadas del programa a raíz de intervenciones que contemplan urbanización. Tal como lo señaló la Ministra de Salud, esas acciones quedan fuera del ámbito de acción del PAIC, aunque curiosamente fueron contrariadas por la Subsecretaria de Salud Pública. Parte de las contradicciones y errores que hemos detectado en la implementación de este programa lleva a pedir lo que cualquier política pública necesita: claridad, estructura, evaluación y un enfoque basado en derecho y en la mejor evidencia disponible. Sin embargo, nada de ello fue acogido. Lo que hoy se pide es aprobar un informe que propone eliminar el PAI en vez de corregirlo, debilitar la ley, derogar protecciones escolares y reinstalar el temor como principio rector del Estado. Eso sería un retroceso brutal. Votaremos en contra de este informe y llamo a mis colegas a hacer lo propio. Los derechos no se suprimen, se defienden y se profundizan. He dicho. Muchas gracias, diputada Ana María Gasmuri. Diputada Jimena Osandón tiene la palabra. Gracias, presidente. Este es un tema muy relevante, es un tema que el mundo entero está discutiendo y, aunque normalmente vamos detrás, en lo personal considero que cuando una persona mayor de edad transita de género debe hacerlo con pleno conocimiento, sabiendo las consecuencias positivas y negativas de someterse a tratamientos que son irreversibles; es, en definitiva, una decisión muy personal. Lo más preocupante de todo esto, de esta comisión investigadora, es lo que está sucediendo con nuestros niños, ya que en el fondo se están realizando tratamientos de transición a niños menores de edad y a adolescentes que no saben dónde están parados en la vida, todo ello enmarcado en un supuesto enfoque afirmativo. Y lo digo con conocimiento causa, porque en el hospital de mi distrito, el Sotero del Río, se ejecuta ampliamente este programa. Me ha tocado escuchar a madres y padres que, cuando su hijo en el colegio manifestó no estar conforme con su sexo y sintió que tal vez debía decir, en el caso que rememoro, de niña a niño, de inmediato se activa un protocolo en el sistema de salud para terminar con la lista de espera. Es realmente impresionante cómo, en ese proceso, me he encontrado de primera mano con padres que han quedado fuera, pues en este enfoque afirmativo se considera que son ignorantes; se les califica de crueles y se les acusa de no entender lo que su hijo está viviendo, como si la paternidad no tuviera una sabiduría natural que, muchas veces, supera a la científica. Esto no puede seguir sucediendo. Además, cabe recalcar que el Ministerio tampoco tenía claridad, y en concordancia con lo manifestado por la diputada Ana María Gasmuri, no pudo entregar información fideína completa acerca de las personas y menores de edad que recibieron prestaciones en salud en el marco de este programa. A julio de 2024 se habían registrado 600 menores de edad derivados de este programa, pero sin la participación de sus padres. Incluso tengo el caso de una mujer que llegó a ser madre judicializada. Ustedes pueden imaginar la angustia que ello genera. Yo creo que debemos terminar con la ideología que reduce nuestra identidad a ser personas menstruantes o gestantes, cuando en realidad somos padres y madres. Los padres no son ignorantes; los padres creen, quieren y, aunque se puedan equivocar, siempre desean lo mejor para sus hijos y no deben quedar excluidos. No puede ser que el Estado asuma el rol del padre, la madre o incluso el tutor para intervenir en estas terapias que son...

Irreversibles y que los niños no tienen idea de las consecuencias que ellos están viviendo. Entonces, esta investigadora tiene grandes conclusiones. Yo creo que tenemos que ir terminando con el tema de la ideología. Tenemos que pensar en el desarrollo sano de nuestros hijos. Tenemos que dejar que nuestros hijos sean niños, sean niñas, sean adolescentes, con la protección de los padres y de las madres, y cuando esos padres y madres fallen, ahí tiene que estar el Estado. Pero no puede ser que a los padres de antemano se les considere ignorantes, que no saben qué es lo mejor para sus hijos, sometiendo a niños a terapias que son irreversibles y con consecuencias para toda la vida. Si tú eres mayor de edad, eso es otra cosa; el Estado tal vez te tiene que acompañar en esas cosas, pero los padres son los que tienen que decidir sobre sus hijos, especialmente en este tipo de terapias que son irreversibles. Perdón, presidente, que lo repita, porque a mí me parece que eso es lo más importante. He dicho, y muchas gracias, diputada Siméon Osandón. Diputada Emilia Schneider: Presidente, la mentira y la ignorancia en esta sala es brutal. Algunos de la ultraderecha, desde el principio, quisieron usar esta comisión como un espacio para retroceder los pocos derechos que tenemos las personas trans, y lamentablemente esa presión surtió efecto en diputados de la derecha más dialogante. El informe de mayoría está plagado de mentiras, impulsadas por noticias falsas e interpretaciones mañosas de los datos que hemos levantado de un programa como el PAIG, que lleva un par de años siendo implementado. Indudablemente pueden hacerse ajustes, más cuando, ya en 2018, este Congreso se ponía de acuerdo en que la niñez trans existe y tiene derechos. Cuando usan este mecanismo de fiscalización para avanzar en una agenda de odio, lo que hacen es horadar la credibilidad de las instituciones democráticas. En la discusión de la Comisión presentamos evidencia en políticas públicas, en la ciencia y en los testimonios de familias sobre la importancia del programa que ustedes quieren eliminar. Es impresionante que la discriminación no les conmueva ni un poco y tengan nula apertura para entender realidades distintas a las suyas. Acá también estamos hablando de libertad, que algunos tanto defienden, de la libertad de las familias y de las personas de desarrollar sus proyectos de vida. El programa de apoyo a la identidad de género no incluye hormonoterapia ni intervenciones quirúrgicas y es un programa voluntario de apoyo psicosocial para las familias, con foco en los niños y niñas para prevenir factores de riesgo y promover el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes trans. De hecho, el Estado no cuenta con ningún programa de terapias hormonales y cirugía para niños, niñas y jóvenes. Los suyos son mentiras de poca monta y de patas cortas. No es cierto que este programa arrebate a sus hijos e hijas a los padres; al contrario, en el 99% de los casos acude la familia, porque ésta es clave para combatir las terribles consecuencias de la discriminación y la exclusión. El PAIG puede salvar a muchos niños y niñas del bullying, de la desescolarización, de la depresión e incluso del suicidio, y eso ha sido reivindicado por sociedades médicas y de profesionales de la salud de todo el país. Muchos de ustedes, hace un tiempo, reivindicaban con locura el legado de Sebastián Piñera. Este programa viene de ese gobierno y ahora no les da ningún remordimiento echarlo por la borda cuando hay presión de la ultraderecha; eso es carecer de convicción y de integridad, colegas. El reglamento que crea este programa fue firmado por Alfredo Moreno y Emilio Santelices, ministros del gobierno de Sebastián Piñera. No se entiende el escándalo que hacen, si son ustedes, señores de la derecha, responsables. El ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, planteó que era necesario establecer medidas de acompañamiento para menores de 14 años trans en la educación y la salud, precisamente para prevenir la discriminación. El informe CAS en ninguna parte sugiere prohibir las terapias hormonales y bloqueadores de pubertad. Ustedes van más allá e, incluso, en su primera mención del informe querían criminalizar a los profesionales de la salud. Cambiaron algunos puntos, pero en el centro se oponen a regular y derechamente niegan el derecho a la salud a la niñez trans. Las sugerencias de este informe van demasiado lejos y son, en esencia, una vulneración de los derechos de la niñez. Quieren retroceder en pasos tan elementales como reconocer el nombre y la identidad de niños y niñas en establecimientos educacionales. Eso es lo que quieren hacer. Por último, quiero destacar que el 6 de enero se pronunció la Defensoría de la Niñez, rechazando los sesgos de este informe y criticando que este considere el interés superior de los niños y niñas supeditado al derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. La Defensoría recomienda que el PAIG se mantenga y, respecto a la hormonoterapia, que se elabore una guía clínica.

Basada en evidencia, como la que se presentó en la comisión por parte del Colegio Médico. Dicen: “los niños, primeros, y con mis hijos no te metas”, pero no ponen a todos los niños primero y se meten con los hijos de quienes no piensan como ustedes. Eso es una notable hipocresía, señor presidente. Además, algunos apuntan al costo de este programa y es falso que acá se esté yendo la plata que falta de la salud, educación o seguridad. Eso es hacer pelear al de abajo con el de más abajo. Porque las políticas de diversidad sexual no son culpables de la desigualdad e injusticia; el culpable de la desigualdad e injusticia son los excesos del mercado, que saca todo de la gente a través de las FP, ISAPRE, educación de mercado, etc. Ustedes desvían el foco de interés de la conversación y nos llevan a extremos, como querer retroceder en derechos conquistados para el país. No lo vamos a permitir. Llamo a rechazar este informe nefasto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Schneider. Para que esté tranquilo, estamos absolutamente atentos a que no se salgan. Los últimos cinco segundos hicieron una alusión, pero estamos absolutamente atentos a que no se desvíen de la cuestión del informe. Diputado Estefan Schubert, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo que está haciendo el Estado de Chile y este gobierno con nuestros niños es una desprotección y afectación que constituye un crimen despiadado contra su inocencia y dignidad humana. Por su parte, lo que algunos jueces están perpetrando contra las familias al quitarle la custodia de sus hijos a padres que se rehúsan a aprobar el cambio de sexo de sus hijos es la epítome de la injusticia frente a chilenos que lo único buscan es el bienestar de sus seres más queridos. Por eso, colegas parlamentarios, hoy tenemos el deber moral y, frente a la historia, de aprobar este informe que estamos discutiendo. La Comisión Investigadora de este caso, denominado caso hormonas en menores, concluyó que estamos frente a una situación extremadamente crítica que exige toda nuestra responsabilidad ética y política. Se están aplicando intervenciones psicológicas, farmacológicas y quirúrgicas a menores de edad sin evidencia científica sólida, sin transparencia y, en algunos casos, sin el consentimiento de sus padres. La información existente refiere que no hay evidencia que indique que tales tratamientos sean beneficiosos a largo plazo y, por el contrario, asegura que generan graves perjuicios irreversibles. Según cifras oficiales, solo en el sistema público, desde el año 23 se han registrado más de 2.500 menores que han ingresado al programa de acompañamiento de identidad de género (PAIC) del Minsal, incluyendo casos derivados desde jardines infantiles, ya que el acompañamiento comienza desde los 3 años. Los apologetas del PAIC han dicho que el programa no deriva menores hacia tratamientos hormonales, sino que solo aplica acompañamiento social y psicológico, lo que, por cierto, es afirmativo. Pero eso no es cierto. Por ejemplo, el Hospital de Melipilla, en respuesta a una consulta por transparencia, reconoció que los profesionales del PAIC —quienes no tienen autorización para derivar menores a las unidades de endocrinología— hacen solicitudes de derivación a través de unidades de pediatría y, de ahí, se generan interconsultas a las unidades de endocrinología, aplicándose entonces las hormonas. Por otro lado, se estima que más de 600 menores están recibiendo tratamientos hormonales en la red pública a partir, ponga atención, de los 8 años de edad; no sabemos cuántos más están siendo tratados en la salud privada. Cenabas ha destinado más de 15.000 millones de pesos a la compra de hormonas sin que exista transparencia sobre el uso de estos recursos. Debido a la cuantía, existe mucho interés en la industria farmacológica para que, lejos de suspenderse, el programa se incremente mediante abundantes ingresos de menores al PAIC, ya que el segundo peldaño son las hormonas seguidas luego por la mutilación genital. A nivel global, se está produciendo un giro trascendental en el manejo de la disforia de género en menores, con países como el Reino Unido, Suecia y Finlandia restringiendo tratamientos irreversibles tras el contundente informe CAS, el que expone la falta de evidencia científica y los riesgos asociados. Mientras tanto, en Chile, padres como Orlando viven verdaderas tragedias muy distintas a lo que ocurre en Europa. Estimados colegas, a Orlando le arrebataron la custodia de su hija por oponerse a su transición; fue tratado como un criminal y separado de ella sin que existieran mejoras visibles en su estado, en un patrón que ya se repite con alarmante frecuencia. Es momento de actuar con responsabilidad, justicia y valentía: suspender el PAIC, auditar sus acciones, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y regular con firmeza estos tratamientos. Aprobar este informe no es solo un deber político, es un imperativo moral. Si no lo hacemos ahora, seguiremos siendo cómplices de una crisis silenciosa que está destruyendo familias y dañando profundamente a nuestros niños. No es posible que exista una política pública dirigida a menores de edad, financiada con cuantiosos recursos de todos los chilenos, carente de respaldo científico serio, teniendo presente la información que indica serios peligros y consecuencias irreversibles para esos menores. Los ministerios citados a nuestra comisión entregaron información contradictoria y dispar, señalando sin tapujos que simplemente no sabían de muchas cosas que ocurren bajo su supervisión. Acá, estimados colegas, por su intermedio, señor presidente, hay muy...

Muchos intereses y mucho dinero están detrás, no solo en hormonas compradas farmacéuticas, sino en fundaciones y organizaciones dedicadas a promover esto, financiadas con recursos públicos y otros varios del extranjero. Muchos profesionales trabajan en estos planes y programas, sumado a las intervenciones quirúrgicas. El asunto es que, en este caso, quienes asumen y asumirán las consecuencias son niños, quienes tienen serios problemas para conseguir asistencia dental o un examen radiológico, pero el Estado corre con todos los recursos que sean necesarios para aplicarles hormonas o mutilar sus genitales. En comisión quedó en evidencia que no existe entrega de información completa y oportuna antes de comenzar los tratamientos. Quedó claro que se actuaba incluso en contra de la voluntad de sus padres y que, contrariando la ley, le basta al sistema el consentimiento de un menor de edad para recibir asistencia psicológica afirmativa, hormonas o, posteriormente, operaciones de mutilación. Ante esta evidente vulneración de derechos, ¿dónde está el defensor de la niñez con su presupuesto anual de 5.070 millones de pesos? Brilla por su ausencia. No más injusticia, no más niños vulnerados de manera irreversible por el Estado, no más padres separados de sus hijos por los tribunales. Si esta política pública se llevó adelante sin discusión, este es el momento de que hagamos justicia; llevaremos adelante la defensa de los niños. Chile está mirando. Muchas gracias, diputado Estefan Schubert. Ofrezco la palabra a la diputada Viviana Delgado. Ofrezco la palabra a la diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidente. La negligencia e irresponsabilidad del Gobierno en el cuidado de la niñez y adolescencia es alarmante, porque, además de la crisis de la niñez, ahora tenemos la experimentación en niños y adolescentes con tratamientos hormonales sin evidencia científica sólida. En la comisión investigadora de la cual fui parte, pudimos constatar que en el sistema público de salud al menos 600 menores de edad han recibido tratamientos hormonales que afectarían gravemente su salud de forma irreversible. En la reciente tramitación del presupuesto 2025, como Congreso Nacional, logramos la prohibición del financiamiento para bloqueadores hormonales, terapias en niños y cirugías de resignación de sexo en adolescentes. Sin embargo, el gobierno del presidente Boric, de manera irresponsable, revirtió esta protección que habíamos levantado. Ofrezco la palabra al diputado Daniel Melo. Diputado Melo. Gracias, presidente. Hoy quiero tomar la palabra para defender, con fuerza y convicción, una política de identidad de género basada en el respeto, la dignidad y los derechos humanos. Porque cuando hablamos de identidad de género, no estamos hablando de ideologías, sino, presidente, de personas, de vidas concretas, de historias, de sueños que durante años han sido invisibilizados o negados. La política de identidad de género ha sido un paso necesario para una sociedad más justa, donde cada persona puede ser reconocida y respetada por quien realmente es. Sin embargo, la derecha y sus posiciones extremas buscan negar cada uno de estos avances, en una lógica integrista y negacionista. Pero la verdad, presidente, no llama la atención. La política de identidad de género se trata de garantizar algo tan básico como el derecho a la asistencia, a caminar por la calle sin miedo, a estudiar, a trabajar, a amar y a vivir en libertad. Sin embargo, la derecha y sus posiciones, llenas de falsedades y de una narrativa que resulta especialmente engañosa, se sostienen en mentiras. Porque, al leer el informe y cada una de las exposiciones presentadas, la realidad es que parecimos haber estado en comisiones distintas.

No trabajemos con la posverdad. Dejemos de mentirle a la opinión pública, porque eso es lo que está ocurriendo aquí, presidente. Entonces, presidente, por un acto de decencia, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son, presidente. Cada una de las recomendaciones de este informe niega los avances de la política de identidad de género de gobiernos de distintos signos políticos, de centroizquierda y de centro derecha. Porque esta es una política que discutimos durante años y hubo un consenso civilizatorio respecto a estas materias, más allá de que les guste o no. Hoy día, a las posiciones ultras –que así como ocurre en Europa, en Estados Unidos y campea también en América Latina– quieren llevarla a nuestro país. Presidente, la diversidad merece ser reconocida. La identidad de género merece ser respetada. Por lo tanto, pretender terminar con un programa por una visión ideológica, valórica, que pretende imponer una visión particular al resto de la sociedad, eso, presidente, está bueno para las dictaduras, está bueno para los integrismos, pero no para una sociedad democrática. Presidente, ninguno de los datos que se han planteado acá es cierto. A ningún menor de edad, niño o niña, se le ha cambiado el sexo. Eso es falso, presidente. No hay hormonas. Es falso, presidente. Es falso. Entonces, a los parlamentarios de la extrema derecha: yo sé que les molesta, pero el fascismo, presidente, parte así, y es tiempo de pararlo y de rechazarlo. Les guste o no. Porque, para todos aquellos que tenemos familia cristiana, el amor al prójimo, la verdadera palabra de Cristo, no me cabe la menor duda, presidente, que no entraría en este hemiciclo con una visión que niega la humanidad, que niega la identidad de las personas, que niega el amor. Y eso, precisamente, presidente, es toda una contradicción que lo vemos aquí. Presidente, por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista va a rechazar este informe; que viva la política pública de identidad de género, que viva la diversidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Daniel Melo. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Mauro González. Presidente, formamos la Comisión Investigadora para indagar sobre los actos del Gobierno vinculados al programa de apoyo a la identidad de género, debido a las advertencias sobre los riesgos y daños de la aplicación del enfoque afirmativo, especialmente a la transición hormonal en menores de edad. Durante la comisión nos encontramos con varias deficiencias, con más dudas que certezas, como, por ejemplo, que estamos frente a programas que, más que ser de carácter voluntario y orientativos, son programas que se imponen a los padres y terminan siendo de carácter obligatorio, tal como lo han señalado algunas familias. También se reconoció, presidente, que tenemos cientos de casos de menores de edad que, desde los 9 años, están recibiendo tratamiento hormonal, bloqueando su pubertad y, además, con serias contradicciones respecto a la reversibilidad de estos tratamientos hormonales. Uno de los temas más discutidos en la comisión y que nunca se pudo dilucidar con claridad fue el significado del enfoque de género afirmativo, que nos deja muy preocupados, debido a que las acciones que pueden adoptar la dupla psicosocial en los servicios de salud no van en el sentido de un acompañamiento neutro, sino que validan la autopercepción de un menor, incluso, presidente, más allá de lo que opinen los padres. Otro problema que…

Fue la falta de claridad sobre el consentimiento que deberían entregar los padres respecto a su hijo o hija que ingresa a estos programas y que buscan cambiar el sexo de una persona, existiendo evidentes contradicciones entre salud y educación. Presidente, que los adultos hagan lo que estimen conveniente con su cuerpo, pero a los niños y a las niñas, déjenlos tranquilos. Cuidemos su infancia, cuidemos su inocencia y garanticemos que los padres tengan la libertad y prioridad en la formación y educación de sus hijos. Por lo anterior, Presidenta, se debe suspender la ejecución del Programa de Apoyo a la Identidad de Género y no iniciar nuevos tratamientos hormonales. Se debe determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración y tipo de medicamento. Debemos realizar modificaciones a la Ley de Identidad de Género para que los padres tengan el derecho preferente a decidir si su hijo o su hija participa o no en un programa de cambio de sexo, y no lo decida el Estado ni un servicio público. Presidente, para terminar, invito a mis colegas a que, por los niños y niñas de nuestro país, aprobemos este informe y empecemos de una vez por todas a terminar con esta ideología. He dicho, gracias, Presidente. Muchas gracias. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Lorena Pizarro. Muchas gracias, Presidente. Por favor, les pido que guardemos silencio para escuchar a nuestra colega. En más de algún encuentro con organizaciones de la diversidad, en una oportunidad me enteré que la edad promedio de vida de las personas trans es 34 años y que la mayor cantidad de muertes de las personas trans es por suicidio. Quiero decir que me conmovió profundamente. Quiero agregar, además, que la liviandad con que se habla acá, por parte de la derecha, de que las niñas y niños sienten otra identidad respecto del género, nace desde muy chiquitos. Y hay dos posibilidades: enseñarles que eso es malo, de algo que sienten naturalmente, o acompañarlos psicológicamente para que sientan que pueden tener una vida en plenitud. Yo me inclino por lo primero; no me inclino por satanizarlos y mucho menos por condenarlos. Quiero decir, ¿alguien se imagina alguna vez lo que puede significar para un niño o niña sentirse que es distinto y ser condenado? Quiero decirles que a mí me conmovió profundamente. Sus creencias, lo que piensen, debiesen detenerlos un segundo a pensar en el bienestar de esas niñas y niños. El programa PAI permite que el Estado se haga cargo de una realidad que no se borra satanizándolo o terminando con el programa, y no se borra con las mentiras que dicen –han llegado a decir– que se aplica terapia hormonal a guaguas de tres años, sabiendo que es mentira. Estamos hablando de lo más sagrado de nuestra sociedad, pero no es cuestión de imponer una creencia a esos niños; acompañémoslos, cuidémoslos. Muchas gracias. Por falta de quórum, se suspende la sesión.

Se reinicia la sesión. Ofrezco la palabra, les pido tomar asiento, estimados colegas, a la diputada Erika Olivera. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo no voy a entrar a discutir uno por uno los elementos de esta comisión, porque creo que muchas de ellas tienen fallas estructurales y desconocen leyes que ya están vigentes en este país con respecto a la identidad de género y al derecho de los adolescentes mayores de 14 años. En fin, no voy a debatir esos puntos; solamente quiero decir que esto no es un tema de ideología ni un tema filosófico, sino que guarda una relación real con lo que podríamos llamar una condición que genera alteraciones en la salud mental y en la salud física. Es el equipo médico, el equipo de salud, el que tiene la obligación de hacer un análisis basado en evidencia, considerando el caso individual y la situación que se está viviendo. En ese marco, no puedo aceptar que ninguna resolución de una comisión investigadora prohíba una serie de elementos que dependerán mucho más del criterio médico que de una resolución investigadora, por acuciosa que haya sido. No desconozco el trabajo; hay muchas cosas que comparto, pero no acepto y nunca podré aceptar el uso de la palabra "prohibir" en un tema que guarda relación con la salud, la vida y la dignidad de las personas. Por lo tanto, voy a votar en contra de esta propuesta, más allá de la conceptualización. Yo no estoy de acuerdo con la hormonización ni con que los niños cambien de sexo, pero eso no quiere decir que el equipo médico no tenga la obligación de hacer el análisis y tomar la decisión correcta. Es por eso que el Ministerio de Salud se ha comprometido a contar con una comisión de expertos que genere los protocolos necesarios para orientar a los equipos de salud, tanto en el ámbito de la salud mental como de la salud física, endocrinología, etc. Por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista de los chilenos y las chilenas, esta resolución se refiere fundamentalmente a aquellas personas que son usuarios del sistema público de salud. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen dinero y facilidades para acceder a la medicina privada, donde ninguno de estos preceptos les aplicaría? Esto genera una tremenda inequidad y una dificultad notable en el acceso a la atención, a la evaluación y a la toma de decisiones. Por supuesto, estoy de acuerdo en que los padres son parte fundamental –tengo cinco hijos–, pero no voy a aceptar que ninguna comisión investigadora en el ámbito de la salud se permita prohibir aspectos que ya están establecidos por ley. Así es que votaré en contra, señor Presidente, e invito a los parlamentarios a hacer lo mismo. Diputada Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Presidente, hoy quiero hablar desde la experiencia que he tenido con la historia de muchas familias que se han acercado a nosotros con la esperanza.

de ser oídas y que buscan ayuda para alguno de sus hijos o hijas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. La mayor parte de estas familias han recorrido un camino de discriminación, de sesgo y de falta de conocimiento que afecta terriblemente a sus hijos e hijas. Hablar desde la ciencia cuando existen estudios contrapuestos no creo que contribuya a esta discusión. Por cierto, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, son los padres quienes deben guiar. Por eso, no comprendo que se pretenda terminar con una terapia que sí ha ayudado a niñas y niños. Hoy, precisamente hoy, me escribió la mamá de Julio, una de esas madres que agradece la oportunidad que tuvo su hija menor de edad para hacer su transición antes del desarrollo natural. Entiendo que el sistema necesita ser mejorado; algunas de las recomendaciones de esta comisión hubiesen hecho imposible que esa niña hoy sea un adolescente feliz e integrado. Hoy quiero hablarles de un tema crucial que toca el corazón de los derechos humanos y de los derechos de la infancia: el apoyo a los niños y a los adolescentes trans, y su acceso a las terapias de hormonización. Permítanme ser clara: la identidad de género es intrínseca y profundamente personal. Para algunos jóvenes, su identidad de género asignada al nacer no coincide con quienes realmente son. Negarles el reconocimiento y el apoyo necesario es negarles su propia existencia, su dignidad y su derecho fundamental a la salud y al bienestar. Las terapias de hormonización, realizadas bajo supervisión médica especializada y con el consentimiento informado del joven y de sus familias o tutores legales, son una herramienta vital para que esos jóvenes puedan vivir felices con su identidad de género. No se trata de una decisión tomada a la ligera, sino de un proceso reflexivo y acompañado que busca aliviar la angustia y mejorar significativamente su calidad de vida. Por eso, Presidente, voy a rechazar este informe de esta Constitución. Muchas gracias, diputada Erika Olivera. Ofrezco la palabra al diputado Gustavo Benavente. Gracias, Presidente. Tal como se mencionaba hoy, en la Comisión se pudo acreditar que los tratamientos hormonales afirmativos se siguen aplicando en Chile a menores de edad, tanto en la red pública como en la salud privada, yendo totalmente en contra de la evidencia científica en cuanto a su absoluta falta de mínima certeza y desoyendo la tendencia internacional, especialmente en Europa. Junto con la anterior presidente, también estos tratamientos presentan graves problemas de legalidad. En efecto, el artículo 23 de la Ley de Identidad de Género establece la creación de programas de acompañamiento profesional para niños, niñas y adolescentes que presenten una eventual disforia de género. Acompañamiento no es lo mismo que un tratamiento y, en consecuencia, no autoriza la práctica de estos últimos en menores de edad. Presidente, no hay dos opiniones en cuanto a que estos tratamientos en menores son irreversibles y podrían ser muy dañinos. El acompañamiento debe ser verdadero y nunca estar dirigido a que la psicología o la ideología puedan superar a la biología. Cuidemos a nuestros niños: si están confundidos, con dudas, inseguros, cuidémoslos, acompañémoslos y escuchémoslos, pero siempre por su bien, para que no tengamos que lamentar, mediante tratamientos bloqueadores de hormonas o inhibidores de pubertad, un daño irreversible en una persona inocente. Que nunca resuenen en los adultos las palabras de Carlos I de España o de Carlos V de Alemania. Lo que aquí estaba construido y que ustedes han destruido, no hay otro lugar donde encontrarlo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Ofrezco la palabra al diputado Johannes Geisel. Muchas gracias, señor Presidente. Hago presente que esta Comisión Investigadora se formó en razón del informe CAS, el cual establece que se trabaja en materia de hormonización de menores sin evidencia científica. Consultado, el Ministerio de Salud de Chile reconoció que no cuenta con suficiente evidencia científica. ¿Qué significa esto? Significa que cientos de menores de edad en Chile han sido conejillos de India para la experimentación de médicos faltos de criterio.

Y le voy a decir una cosa, al servicio de grandes intereses farmacéuticos y médicos. El resultado de estas intervenciones son amputaciones, infertilidad, depresiones, etc. Y le voy a decir otra cosa: hay gente que respalda esto, y lo que está respaldando al final es una ley o una forma de hacer las cosas que termina esterilizando a personas con problemas mentales. Eso ya lo tuvimos, un proyecto de ley de Salvador Allende de 1939. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Ofrezco la palabra al diputado Andrés Longton. Muchas gracias, presidente. Presidente, la ley de identidad de género por ningún motivo daba ningún tipo de licencia, autorización directa o indirecta para hacer terapias hormonales o habilitar que éstas se realizaran. Y es evidente, presidente, que las recomendaciones técnicas tienden a anteponer aquello a la voluntad de los padres y al derecho preferente de educar a sus hijos, con las consecuencias irreversibles que esto genera. Acá había un uso abusivo de la ley de identidad de género, que solo autorizaba el cambio de sexo registral, y así se dio la discusión cuando se aprobó dicha ley. Esperamos que aprovechemos este informe y prevalezca. Gracias, diputado Longton. Ofrezco la palabra a la diputada Flor Weiss. Gracias, presidente. Este es un tema que tratamos con mucha responsabilidad en la Comisión Investigadora y no es, al menos en mi caso y en el de quienes firmamos la aprobación de este informe, un tema netamente ideológico, como creemos que sí lo presenta la izquierda en su defensa. Porque aquí hay un tema de protección de los menores, hay un tema de evidencia científica que no es la suficiente –ya se ha dicho en el informe Cáceres, que dio origen a esta comisión–, ya que existen daños que pueden ser irreversibles para nuestros menores. El programa de identidad de género se creó pensando, precisamente, en quienes no coincidían su sexo registral y querían cambiar su nombre, pero siempre para los mayores de 14 años y con el consentimiento, además, de los padres o representante legal. ¿En qué ha derivado el programa de identidad de género? Ha derivado en remisiones a los sistemas o a las unidades de endocrinología. Se reconoció, de más de 3.000 niños que están en el programa, que 700 aproximadamente han llegado a derivar a terapias hormonales, bloqueadores de pubertad y hormonización cruzada, con el testimonio de lo que eso significa cuando se quiere destransitar, incluso cuando se realizan cambios de sexo a través de cirugía. Los testimonios que vimos en la comisión –que provinieron de ambas partes– y, por supuesto, nuestra visión al respecto, señalan que tiene un daño en la vida de las personas: no solo psicológico, sino también en el sistema óseo, afecta la fertilidad e incluso la duración de la vida. Más allá de lo psicológico, que siempre se pretende argumentar diciendo que solo se suicidan aquellas personas que no son acogidas en este proceso –sin contar que tampoco existen cifras exactas que acrediten tal situación–, hay otros factores que inciden. Hoy día estamos protegiendo la libertad y el derecho de los padres a decidir por sus hijos, ya que se ha vulnerado el derecho de éstos, como evidenciamos en la comisión, y eso no puede seguir ocurriendo en Chile. Muchas gracias, diputada Flor Weiss. Ofrezco la palabra a la diputada Sara Concha. Muchas gracias, presidente. Este informe expone cómo el gobierno de turno ha promovido programas con poca supervisión y con una fuerte carga ideológica, vulnerando derechos fundamentales de padres y niños. El PAIC es un claro ejemplo, pues se ha impuesto un enfoque único afirmativo que empuja a los menores por una verdadera cinta transportadora hacia la hormonización precoz, sin espacio para la espera, la reflexión o diagnósticos alternativos, y sin considerar la posibilidad de transición. Iniciativas como Chile Crece con Orgullo actúan bajo el discurso de la inclusión, como plataformas que son adoctrinamiento, que anulan el debate y el rol de la familia. Los padres que cuestionan estos procesos son judicializados o se encuentran apartados en abierta vulneración de la corresponsabilidad parental. Este informe no busca negar realidades, sino proteger principios esenciales. Por lo tanto, votaré a favor, porque creo en la libertad, en la familia y en que cada niño merece tiempo, cuidado y verdad ante las decisiones.

Que cambiarán su vida. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sara Concha. Ofrezco la palabra al diputado Daniel Lillayú. Gracias, señor presidente. Como médico, hoy los invito a denunciar la negligencia en salud más inaceptable que podamos recordar. Y esta vez nadie puede decir que se obró por desconocimiento ni con buena fe. Hace casi un año, el Minsal solicitó a ETSA, un organismo aún con prestigio, diversos informes sobre las terapias de género, y ellos concluyeron que la evidencia científica que respalda los tratamientos hormonales es muy baja, generando incertidumbre para los menores. En lo que sí hay certeza es que el uso prolongado de los medicamentos en la terapia hormonal puede causar daño en la salud ósea, afectar el desarrollo psicosocial y causar infertilidad en los niños, niñas y adolescentes. Literalmente estaban castrando químicamente a los niños. Pese a eso, el gobierno no ordenó detener estos tratamientos, y aún más de 600 menores –incluyendo casos desde los 9 años– han sido sometidos a hormonización. Sabían que no había sustento científico y, aun así, permitieron que se siguiera exponiendo a nuestros niños a un daño irreversible. Todo esto es obra de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Baili, quien fue la responsable de estas políticas. Subsecretaria, creo yo que le quedó grande el poncho. Por eso le pido, por los enfermos y los niños de Chile, que renuncie. Estamos hablando de vidas de menores que pueden haber sido dañadas para siempre. Lo mínimo que corresponde es asumir responsabilidades políticas. El silencio cómplice no puede seguir. Gracias. He dicho. Muchas gracias, diputado Lillayú. Antes de ofrecer la siguiente palabra, queremos saludar a una delegación de tercero medio del Colegio Inglés Católico de La Serena, de la comuna de La Serena, que se encuentra acá. Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Cristóbal Urritico Echea. Los degenerados llaman derecho a sus más perversos deseos; tienen una necesidad patológica de que sus monstruosidades sean validadas, lo que los lleva a demandas políticas de una supuesta discriminación positiva y de afirmación por parte del Estado, mintiendo sobre resultados y evidencias, incluso al hablar de la disforia de género de inicio rápido o repentino. Son ellos quienes, con un efecto paralizante, inhibidor y mutilante, permiten la destrucción de la conciencia y de la inocencia de los niños, insistiendo de manera incomprensible en normalizarlos, castrarlos y en someterlos al más bajo instinto de aquellos terapeutas que buscan estas acciones como primer paso. Ellos deben estar tras las rejas, porque sepa usted, presidente, que el daño a ese niño es irreparable. En la cantidad de textos que distribuyen los colectivos perversos a favor de este tipo de terapias se habla de un número inmenso de géneros, pero no se menciona que la ciencia determina solo dos sexos. Tampoco se alude a un organismo, más bien ideologizado, como es la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, que señala que, con un buen acompañamiento familiar y el trato correcto en terapias, casi un 100% de los niños de sexo masculino aceptan su sexo y casi el 90% de las niñas aceptan el suyo. Basta de educar en la ideología de género y de alentar al transgenerismo. Basta de experimentar con los niños de mi país, gobierno de Chile. Gracias. Muy bien, y de esta forma se cierra el debate. La diputada Muzante me pidió la palabra de reglamento y, a continuación, intervino el diputado Moreno. Diputada Muzante: Presidente, solicito que por favor se eliminen del acta las expresiones del diputado Urritico Echea, sobre todo aquellas que hacen mención a "degenerados" y un sinnúmero de ofensas dirigidas a todas las personas que se identifican con la diversidad sexual. Presidente: No podemos aceptar este nivel de ofensas e insultos como Congreso Nacional. Vamos, diputado Moreno. Diputado Moreno: Presidente, sí, quisiera recabar el acuerdo de la sala para que las siguientes comisiones investigadoras se comiencen a debatir sin la lectura del informe, de modo que podamos avanzar; porque de lo contrario no vamos a alcanzar a votar toda la tabla y tendremos que citar nuevamente, en otra semana, ya sea un jueves o más tarde. Presidente: Eso, presidente. No hay acuerdo. Me han levantado muchas manos de distintos sectores políticos indicando que no hay acuerdo, así que vamos a continuar. Vamos a la 58. A continuación… ¿Quién está gritando? Pero no hay nadie inscrito.

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