Cámara de Diputados · Sesión de Sala

Ah, el instituto… Sí, y si me permiten referirme un poquito más al impacto de las listas de espera: el instituto traumatológico —hay dos, uno en Concepción y el de acá—, es probable que esté en el Servicio Norte, y en el Servicio de Salud Norte se sitúe en el nivel superior, con pago automático. No tengo la información en este minuto, pero puedo revisarla y se la informaré en detalle, ya que es lo más probable porque San José se encuentra en el norte y en esa zona. Ahora, ¿cómo impacta esto en la lista de espera? Es muy simple. Este mercado, y este gobierno, inició con 1.200.000 personas en lista de espera, y hoy día creo que estamos cerca de los 3 millones. Si ustedes han escuchado mi entrevista, vengo hablando desde fines del 2022 de una caída en esta industria que partió en un 20% y hoy se encuentra cercana al 40% en las ventas. La industria de la salud, para quienes llevamos años en esto, sabemos que cuando hay crisis crece y cuando no la hay se mantiene, pero jamás en una industria en declive. A mí me cuesta explicar, sobre todo a organismos internacionales en Europa, que teniendo una crisis, experimentamos una caída en las ventas de más del 30%, cuando debiera ser al revés, ya que en situaciones de crisis la demanda por distintas patologías debería aumentar. Nosotros hemos caído sistemáticamente en las ventas, lo que ha hecho que la lista de espera crezca. Es decir, al inicio, esa caída no se debió a la falta de pago, sino a una deficiente gestión: no supimos hacer licitaciones, las hicimos mal, copiando metodologías de obras públicas y adaptándolas al área de la salud. Algunas licitaciones son penosas, pues se han tomado modelos de contratos de carreteras para convenir, por ejemplo, la adquisición de prótesis de cadera, lo cual no guarda relación con el tema. Esto influye tremendamente y, precisamente, ahí radica el crecimiento de la lista de espera. No había el GES como mecanismo para eliminar la lista de espera; se creó precisamente para que aquellas patologías salgan de la lista y se asegurara una vía rápida hacia la mejoría de los pacientes. Es evidente que la falta de pago y la inadecuada gestión están provocando que la lista de espera siga aumentando, y no va a parar mientras estos dos problemas no se solucionen. Se redujo el convenio marco de salud: de 11.800 productos pasamos a contar con 1.400. Es decir, antes todos los productos de traumatología estaban incluidos en el convenio marco, pero hoy ya no lo están, y ahora tenemos un convenio marco reducido, acotado a aspectos muy limitados. ¿Cómo están? Buenos días, son las 9 de la mañana con 54 minutos de esta jornada de martes 25 de marzo, aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Interrumpimos aquí la transmisión de la Comisión que investiga lo relacionado con las listas de espera, ya que, como es tradicional los días martes, la sala de sesiones de nuestra corporación se encuentra en pleno funcionamiento, con todo el trabajo a sus espaldas. En esta sesión, que se celebrará la número 7 de la presente legislatura, iniciada el pasado 11 de marzo, tenemos en la tabla numerosos puntos: iniciamos con un trámite de fácil despacho que incluye las modificaciones propuestas por el Senado a la moción que exige protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas; a continuación, se discutirá un tema recurrente cada 30 días, que es la nueva prórroga que solicita el gobierno al Estado de excepción constitucional vigente en la Región de la Araucanía y en dos provincias del Bío Bío, Arauco y Bío Bío. Para dar paso, en tercer lugar, se tratará una nueva modificación que hace el Senado respecto del mensaje que moderniza la oferta en educación parvularia. Ahí están los tres primeros puntos de esta jornada, que además contempla otros aspectos en la tabla. Ya se encuentran los puntos 4, 5 y 6: el punto 4 corresponde a las modificaciones también del Senado, en este caso, a la iniciativa que confiere carácter público al registro de prófugos de la justicia; y el punto número 5 es una moción que busca impulsar la respectiva propuesta.

Porción de arresto domiciliario susceptible de ser abonado a la privación de libertad. Y la 6, también moción, ya se ha debatido; falta parte de la discusión y la votación, que busca impedir o sugerir el exigir propina en establecimientos que no cuenten con el servicio de garzones. Ahí están los 6 primeros puntos de la tabla. Como es tradicional, hay otras iniciativas. Recordándoles siempre que el orden del día, el tiempo para debatir los proyectos de ley e informes de comisiones e investigadoras, es de 120 minutos (2 horas) y, por tanto, no siempre se alcanza a cubrir todos los aspectos que se presentan en la tabla. Sin embargo, está ahí el número 7, que es la moción que exige contar con un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas de nuestro país. El 8 también es moción que busca mejorar la fiscalización en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior. Y el número 9, informe de la comisión que investigó a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Nuestra página web es la de cdtb.cl; ahí está la ventana principal respecto de lo que estamos informándoles a esta hora de la mañana, ya son 9.58, que es lo que será el trabajo en la sala de sesiones. Las otras ventanas son comisiones legislativas e investigadoras que han sesionado. En la jornada de esta mañana hay algunas que aún lo están haciendo y otras que lo harán o lo hicieron ayer, lunes 24. Usted puede revisar ahí la pincha y está en extenso la transmisión de esta comisión que a usted le interese. También en el cámara.cl está la información; en el centro de prensa se pueden revisar notas respecto de los proyectos que han sido despachados, tanto de comisiones como en la sala de sesiones en la jornada de ayer. Bien, entrando en detalle, en la materia que será analizada esta mañana de martes, como mencionamos, fácil despacho para el proyecto iniciado en moción que modifica la ley 19.712, que es la ley del deporte, con el objeto de exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas. Este proyecto se presenta con modificaciones del Senado que, de ser ratificadas esta mañana por la Cámara de Diputadas y Diputados, implicarán que el proyecto quedará en condiciones de ser promulgado o remitido al Ejecutivo, más bien para su promulgación como ley de la República. En ese sentido, ¿qué es lo que propone el Senado? Hace dos cambios para agregar elementos a esta exigencia de contar con protocolos, incorporando la participación colaborativa de las universidades, los cuerpos de bomberos, las fundaciones y corporaciones, y en general de personas jurídicas que, por sus funciones u objetos, puedan cooperar en esta materia. Esos cambios se reemplazan por fomentar la colaboración de universidades, cuerpos de bomberos y otras personas jurídicas en la capacitación y desarrollo de dichos protocolos. Esa es una de las modificaciones que hace. También suprime el número 2 de la norma aprobada por la Cámara y el número 3 lo reemplaza por lo siguiente: las organizaciones superiores, sean estas federaciones o asociaciones, deberán capacitar a las entidades que las integran e implementar protocolos de actuación y manejo básico de emergencias ante accidentes en actividades y competiciones deportivas. En cumplimiento de lo establecido en el número 8 del artículo 2 de la ley 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, corresponderá a este último —vale decir, al Ministerio del Deporte— proponer los protocolos respectivos y adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto cumplimiento. Eso es, entonces, lo que proponen las modificaciones de cambio que hacen tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados en esta materia, que, reiteramos, exige implementar protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas. En segundo lugar, se propone, como ha sido recurrente cada 30 días, prorrogar el estado de emergencia que rige la región de la Araucanía por 30 días más, vía oficio del Ejecutivo, para dar paso, en tercer término, al proyecto que también se presenta con modificaciones del Senado, iniciado a mensaje que moderniza la oferta de la educación parvularia. En ese sentido, el Senado propone que el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia, podrá entregar la certificación de reconocimiento oficial del Estado a los programas alternativos que se desarrollen en establecimientos de educación parvularia cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos copulativos, es decir, que se deben sumar uno al otro: primero, tener a la Junta Nacional de Jardines Infantiles como sostener…

Segundo, funcionar en zonas de difícil acceso o de alta dispersión geográfica, territorios que hayan enfrentado desastres, contextos de incremento significativo e inesperado de la demanda u otras condiciones excepcionales similares. Tercero, disponer de mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material didáctico adecuados al o los niveles de educación parvularia que impartan. Cuarto, contar con un proyecto educativo e institucional pertinente y contextualizado territorialmente, el que en todo caso deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de las personas ni que sean contrarias a los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de las niñas y niños. El proyecto agrega: la propuesta de cambio que hace el Senado deberá fomentar la formación integral de niños y niñas, promoviendo aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan alcanzar los objetivos generales de la educación parvularia. Quinto, ceñirse a las bases curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación, que podrán ser implementadas con distintos énfasis o lineamientos pedagógicos según las particularidades de cada programa. Sexto, tener y aplicar un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento de educación parvularia y los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento deberá incorporar políticas de promoción de los derechos del niño y la niña, así como orientaciones pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad, a la buena convivencia y al buen trato, tales como abusos sexuales o maltrato infantil. Igualmente, contemplará medidas orientadas a garantizar la higiene y seguridad del establecimiento de educación parvularia. Séptimo, contar con un local educativo con condiciones de infraestructura que resguarde la seguridad y garantice la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa. Octavo, tener al personal idóneo y suficiente que les permita cumplir con las funciones que les correspondan, atendido el nivel y modalidad de educación parvularia que impartan y la cantidad de párvulos que atiendan. Tratándose del personal docente, se entenderá idóneo aquel que cuente con el título profesional de educación o licenciatura al respectivo nivel de al menos ocho semestres de duración de una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, autorizado por el Ministerio de Educación para ejercer la función docente. Estamos revisando para que se vayan integrando a esta hora de la mañana las propuestas de cambio, las modificaciones que hace el Senado al mensaje que moderniza la oferta de la educación parvularia, que ocupa el punto 3 de la tabla, pero el número 2 del orden del día, es decir, será el segundo término del orden del día que comienza a regir luego del proyecto de fácil despacho que ya detallamos. Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos de este martes 25 de marzo, sesión de sala número 7 a punto de iniciar. Vemos ahí en la testera a los vicepresidentes de nuestra corporación, esperando que se reúna el número necesario para dar paso a esta jornada. En que, después de estas modificaciones, se presenta una nueva propuesta de cambio que tiene que ver con el registro nacional de prófugo. Bien, el vicepresidente Arecaedo entonces nos da el pase a la sesión de este martes 25. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 136 de la legislatura anterior se declara aprobada. El acta de la sesión número 137 de la legislatura anterior queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Buen día. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 7 para hoy, 25 de marzo. Se ha recibido informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, recaído en el proyecto iniciado en moción con urgencia calificada de simple, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto iniciado en moción con urgencia calificada de discusión inmediata sobre enfermedades poco frecuentes. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recaído en el proyecto Iniciativa Moción que establece el 26 de julio como el Día de la Mujer Piloto. Oficio de la Comisión Especial Investigadora, encargada de recopilar antecedentes relativos a los actos del Gobierno realizados por Codelco y Corfo en relación con el acuerdo de asociación suscrito con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y la compra de la comida.

De la mina Salar Blanco en Maricunga, por el cual se solicita recabar el acuerdo de la sala para ampliar por 15 días el plazo fijado para el cumplimiento de su cometido a contar del próximo 23 de abril. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lago, Marcino y Romero, Don Agustín, que modifica la Ley número 15.076 en lo relativo al periodo de práctica asistencial obligatorio de los becarios de especializaciones médicas. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Camaño, Romero de Lonidas y Zafirio, y de las diputadas señoras Nullado, Olivera y Pérez, doña Joana, que modifica la Ley número 18.290 de tránsito para exigir a vehículos de transporte de pasajeros y de carga que indiquen contar con elementos de seguridad y sistema de monitoreo. Proyecto inicial, moción de los diputados señores Guzmán, Bernales, Calisto, Durando, Eduardo, Manuchere, Mateson y Pino, y de las diputadas señoras Bravo, doña Ana María, Sid y Paiz, que modifica la Ley número 19.496 para establecer una compensación económica automática en favor de consumidores afectados por suspensión, cancelación o reprogramación de espectáculos masivos. Proyecto inicial, moción de los diputados señores Fuenzalida, Borges, Coloma, Cornejo, Lilayú, Martínez, Moreira y Zulantay, y de las diputadas señoras Romero, doña Natalia y Valls, que modifica la Ley número 18.290 de tránsito para imponer a empresas de buses interurbanos la obligación de contar con chalecos reflectantes para sus pasajeros. Proyecto de iniciación de moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Gers, Nullado y Pizarro y de los diputados señores Barrera, Camaño, Mulet y Ramírez, don Matías, que modifica la Ley número 18.290 de tránsito para exigir a empresas de buses interurbanos contar con radio, comunicadores y chalecos reflectantes para sus pasajeros. Finalmente, presidente, un proyecto de iniciación de moción de los diputados señores Sánchez Araya, don Cristian, Ira, Razaval, Jürgensen, Mesa, Moreno y Romero, don Agustín, y de las diputadas, señora Parquiesi, Cid y Del Real, que modifica los códigos penales y de justicia militar para sancionar las ofensas verbales, injurias y desacatos a funcionarios policiales y de gendarmería de Chile en las circunstancias que indica. Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias, prosecretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra el diputado Leonidas Romero. – Gracias, presidente. Presidente, quiero consultar si alguien me puede dar cuenta de quién tomó la decisión de alejar a los pescadores artesanales. Hoy día estamos más protegidos que el Papa, señor presidente. – Diputado, eso no es de la cuenta. Después lo podemos agregar en el otro espacio, en el reglamento. Pero no es de la cuenta. ¿Sobre la cuenta se ofrece la palabra? ¿Sobre la cuenta? ¿Se ha dado la cuenta? En asuntos de la cuenta, si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes relativos a los actos del Gobierno realizados por Codelco y Corfo, en relación con el acuerdo de asociación suscrito con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga. Esta es la Comisión Especial Investigadora número 65, por el cual se solicita el acuerdo de la sala para que, de conformidad al artículo 313 del reglamento de la corporación, se amplíe en 15 días el plazo fijado para el cumplimiento de su cometido a contar del 23 de abril. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Acordado. En la tabla de fácil despacho, diputado Romero, ¿va a hacer uso del reglamento? ¿Va a ocupar la palabra en el reglamento? – Gracias, presidente. No es lo que yo estaba consultando, porque me acuerdo que el señor presidente dijo una vez que los periodistas incomoden, que los trabajadores hagan sentir su malestar. Estamos a cuadra de los que vienen a protestar con justa razón. Yo no sé si fue el Senado o la Cámara de Diputadas y Diputados, o quién tomó esta decisión. Hoy día estamos más resguardados que el Papa, señor presidente. Y yo no tengo ningún temor a que los trabajadores –ayer teníamos a los profesores afuera y no pasó nada–; y los pescadores no son delincuentes, no vienen a destruir el Congreso, señor presidente. Por eso, yo solicito que se nos informe quién, en diablo, tomó esta decisión, la cual yo no comparto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias, diputado.

Señor secretario, se va a referir al punto. No le hable a la cámara. La cámara no ha pedido ninguna de las medidas; al revés, ha sufrido las medidas de ingresos que todos han visto. Yo llegué muy temprano y me costó mucho entrar. Estas cosas las determina el señor delegado presidencial. Hay una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado donde se ve el proyecto de fraccionamiento que va a funcionar entre las 10 y las 12 horas, y desconocemos absolutamente por qué las medidas están extremas y por qué, en el lado de la Cámara de Diputados, cuando debería haber sido donde se está viendo el proyecto, se requiere algún tipo de resguardo, señor diputado. No tengo más información que esa. Muchas gracias, estimado secretario. Tabla de fácil despacho. Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en moción, que modifica la Ley número 19.712 del deporte para exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas. Esto corresponde al boletín 15.426-29. Para la discusión de este proyecto se otorgará la palabra hasta a cinco diputadas y diputados, por dos minutos cada uno. Se ofrece la palabra a la diputada Erika Olivera. Estimados colegas, les pido si podemos bajar un poco el volumen para escuchar a nuestra colega. Muchas gracias, presidente. Presidente, aunque muchos no lo crean, el deporte en Chile es una actividad que en general se desarrolla de manera precaria, e incluso aquella que se desarrolla profesionalmente. Somos un país que aún no asume el deporte como una actividad humana fundamental para el desarrollo de las personas, con potenciales económicos, culturales y sociales sin límites. En general, los países desarrollados han implementado políticas sólidas en materia deportiva, con apoyo a los deportistas y a las organizaciones, mediante las cuales se cultivan las disciplinas y se genera una infraestructura pública con acceso para todos. En Chile, más allá de algunos hitos importantes, este ideal no se cumple y esa precariedad se manifiesta en algo lamentable que afortunadamente este proyecto de ley aborda. En muchas ocasiones hemos tenido conocimiento de situaciones problemáticas de lesiones, accidentes, actos de violencia o desórdenes acontecidos en el contexto de un evento deportivo, en los cuales se desconoce la forma de proceder para controlar la emergencia y asistir a las personas que lo necesiten. Como quizás muchos saben, en las últimas décadas, en algunos deportes se han vivido situaciones de emergencia, especialmente clínicas: hemos sido testigos de desvanecimientos o desmayos en canchas de fútbol, de accidentes en carreras de bicicleta, etc. En otros países, generalmente se cuenta con la concurrencia de médicos y ambulancias en los eventos, pero ello no siempre se cumple en Chile. Presidente, este proyecto de ley busca establecer reglas claras respecto de la adopción de protocolos de acción en caso de emergencia en la actividad deportiva, obligando a que las organizaciones deportivas mantengan capacitado al personal destinado al efecto, asegurando el control de la emergencia y la pronta atención médica. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Erika Olivera. Ofrezco la palabra a la diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra al diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidente. Presidente, nadie debería perder la vida practicando deporte. Sin embargo, incluso en aquello que nos llena de alegría, esperanza y vitalidad, también puede haber espacio para la tragedia. Así ocurrió con Pablo González, el choco, jugador y fanático del Club Deportivo Unión Figueroa, quien a sus 34 años sufrió un paro cardíaco en pleno Clásico Comunal. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, su vida se apagó en la misma cancha donde tantas veces celebró. Hoy nos acompaña su familia: su esposa Fabiana y sus dos hijos, José F. Antonio y Lucas Alfonso, además de la familia de su club. Porque para aquellos que venimos del fútbol amateur, nuestro club es también nuestra familia. En una emergencia cada minuto cuenta, y la diferencia entre la vida y la muerte no siempre depende de la suerte, sino de la preparación y la rapidez con la que actuamos. Por eso impulsamos este proyecto, para que más personas, especialmente aquellas ligadas al deporte, tengan formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. El 12 de junio del 2022 falleció Pablo y, junto a su familia y al Club Deportivo Unión Figueroa, nos reunimos con el Ministerio del Deporte y unimos fuerzas.

Más conversamos, conseguimos apoyo y hemos logrado llegar hasta acá. Han sido más de tres años de trabajo para que hoy se apruebe este proyecto de ley. Se trata de un proyecto que revitaliza la buena política. Todas las fuerzas de este Congreso –gobierno y oposición– hemos contribuido para lograr este proyecto de ley que va a permitir evitar tragedias. Hoy es el último trámite legislativo y confío en que, nuevamente, esta sala respaldará por unanimidad la ley Juega Seguro, asegurando que nuestros deportistas estén protegidos. Por Pablo González –por el Club Unión Figueroa y por los deportistas del Maule que inspiraron este proyecto– les pido que, hoy con su voto, hagamos un deporte, un deporte más seguro, para que el deporte nunca más sea sinónimo de pérdida y dolor. Aprobemos la ley Juega Seguro. He dicho, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Guzmán. Ofrezco la palabra a la diputada Marisela Santibáñez. Muy buenos días, Presidente. Veo que no me encontraba acá, pero aquí estoy, como siempre, con la voz fuerte para levantar la voz por todos los proyectos que se refieren al deporte, a la vida deportiva y, por supuesto, a todo lo relacionado con la seguridad de las y los ciudadanos que practican deporte. En este caso, es fundamental que las competencias deportivas cuenten con protocolos de emergencia que no solo aborden la seguridad, sino también la vida y la salud de cada deportista. Ya lo mencionó la diputada Erika Oliveira, y asimismo, el diputado Guzmán –con quien hemos trabajado de forma mancomunada y transversal en la Comisión de Deportes–; por ello, y considerando los accidentes que se producen de manera repentina, como desvanecimientos, accidentes vasculares, accidentes cardíacos o lesiones que requieren traslado a una asistencia pública, y ante la falla de ambulancias y protocolos –incluyendo el desconocimiento de técnicas básicas como la respiración boca a boca y los masajes cardíacos– es esencial que aquellos clubes amateur y juntas de vecinos que practican deporte cuenten con el conocimiento necesario que se traduzca en un protocolo de emergencia. ¿Cómo no votar a favor de esto? ¿Cómo no favorecer el deporte? ¿Cómo no apoyar una vida sana? Aunque no todos lo practicamos, es indispensable garantizar la seguridad, especialmente en poblaciones y en comunas más precarias, como las que represento en el Distrito 14. Muchas gracias a la mesa por cumplir el objetivo y gracias a usted, presidente. Ofrezco la palabra a la diputada María Luisa Cordero. Quise hacer uso de la palabra y, por cierto, votaré con mucho entusiasmo este proyecto. Sin ánimo de ser irónica, considero que debiera instituirse, en todas las agrupaciones deportivas –especialmente en el ámbito amateur–, que cada joven o señorita que se dedique a practicar deporte cuente con un electrocardiograma de reposo, uno con actividad física y, lo ideal, con un holter de 24 horas. ¿Qué implica esto? Se trata de un monitoreo con un aparato durante 24 horas para detectar cualquier patología latente en el corazón. Permítanme decirlo: el otro día, la patrulla que acudió con una ambulancia atendió a un caballero al que le propinaron un peñazo en la cabeza, dejándole los sesos colgando; y, en contraste, apareció otro individuo haciendo ejercicio mientras el caballero, con los ojos abiertos y hablando, evidenciaba que no se trataba de un problema respiratorio, sino de un daño cerebral. Para evitar seguir presenciando estos espectáculos que demuestran la reacción tardía del país ante incidentes, propongo –desde mi rol en la Comisión de Salud– que se instituya un estudio cardiológico para todos aquellos jóvenes chilenos amateurs que practiquen deporte, de forma de garantizarles el electrocardiograma correspondiente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Enrique Lee. Gracias, presidente. Celebro este proyecto y felicito al diputado Guzmán y a todos los integrantes de la Comisión de Deportes. En mi actividad como médico, en varias ocasiones tuvimos que aprobar y autorizar la salida de ambulancias de las mutuales, ya que los deportistas requerían que estuviera presente un profesional en eventos deportivos. Esto dependía, evidentemente, de la buena voluntad y de la disponibilidad de las ambulancias, que muchas veces se encontraban ocupadas.

En actividades de las empresas socias de la Mutual, esto entonces lleva a ordenar un poco y, sobre todo, a poner visible un problema que afecta a los deportistas. Tal como decía también la diputada que me antecedió, la doctora Cordero, aquí se reconocen varias externalidades. También pudiéramos pensar en una capacitación a los mismos deportistas ante eventos inesperados de la salud en medio de un evento deportivo, etc. Así que simplemente felicito nuevamente a los colegas parlamentarios por esta buena iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee, y de esta forma se cierra el debate en este punto. Entrando al orden del día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia al presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas. Para iniciar este debate, ofrezco la palabra al diputado Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Todos hemos quedado consternados con los brutales incendios que han sacudido estos últimos días, en la región de la Araucanía y, particularmente, en la comuna de Tayllén, encabezada por su alcalde Luis. Por estos medios hemos recibido la información de que habría intencionalidad en el actuar, lo que, de comprobarse, se trataría de una cobardía y maldad sin precedentes. En este contexto, votamos una nueva renovación del estado de excepción constitucional y, sin duda, se hace más necesario seguir contando con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden desplegadas en la emergencia en nuestra región de la Araucanía. Son hechos como estos los que reafirman que no podemos bajar los brazos y que debemos mantener una estructura de seguridad robusta, liderada por nuestras policías y el Ejército de Chile. Solicito, en este contexto y tal como lo sostuve ayer, que se destinen, con verdadero sentido de urgencia, los recursos para ayudar a las familias que se vieron afectadas con sus siembras, campos y viviendas, así como también para el establecimiento educacional Liceo Agrícola y Forestal Suizo de la Providencia, que sufrió más del 50% de su destrucción. Asimismo, solicito que se apoye a las familias de Selvoscura, en Victoria, donde vecinos han informado que también existen viviendas y bodegas quemadas, además de cortes importantes en el suministro eléctrico. Esto, a través de recursos de emergencia destinados a una ayuda oportuna y eficiente, para que no se repita lo sucedido en otras tragedias, como en Purén, donde los vecinos, después de los incendios del verano del 2023, siguen esperando respuesta a sus viviendas y a los subsidios de arriendo que se prometieron, mientras este gobierno hace vista a… Gracias, diputado Beltrán. Queremos dar la bienvenida a este hemiciclo a la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. Bienvenida, ministra. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la ministra, a los diputados presentes y al personal de la Corporación que nos permite presentar nuestras peticiones y requerimientos. En este caso, comentaré y, obviamente, vamos a aprobar el estado de excepción solicitado por el Presidente de la República. Ya llevamos más de mil días—mil días en estado de excepción—que se asemejan a los mil días negros de la Unidad Popular que usted recordará, presidente; no sé si es la misma vereda. Y hace pocos días, cayó afortunadamente el último de los prófugos que, el 27 de abril del 2024, asesinaron a tres carabineros y, no sólo eso, sino que también los quemaron. Esta es una buena noticia, pero sin duda hay muchos aspectos y muchas cosas que quedan en la impunidad, señor presidente. Más del 70% de los actos terroristas que se producen en nuestra Araucanía quedan sin detenidos. Muchos de los ataques que se han…

Se han producido, lamentablemente, numerosas situaciones en las que hay muchas personas que no tienen justicia, y por eso debemos seguir trabajando y apoyando a nuestra Fuerza Armada, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Vamos a aprobar el estado de excepción; para nosotros es absolutamente indispensable que esto se siga sosteniendo. Y tenemos una buena noticia, Presidente: para todo Chile, solo quedan 351 días de este gobierno, que esperamos llegue pronto a su fin y podamos retomar la senda del crecimiento, el orden y el desarrollo. Dios salve a Chile, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beckett. Quiero recordar a los jefes de comité que, por favor, hagan llegar los nombres de las diputadas y diputados que van a intervenir. Para continuar el debate, ofrezco la palabra al diputado Jorge Radmet. ¿Está presente? Ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado. Diputado Mellado: Gracias, Presidente, estimada Ministra. Si me pudiera escuchar, Ministra, porque usted viene entrando en algo que es tremendamente importante para nosotros en la región de la Araucanía, le solicito considerar que el estado de excepción aún no se termina de perfeccionar. Los mandos del Ejército, el GEDENA, se quedan un año luego de muchas conversaciones que mantuvimos con la anterior Ministra, lo cual es positivo; sin embargo, los mandos medios y la tropa se quedan solo un mes y no alcanzan a establecer el nexo necesario para saber dónde se encuentran los terroristas que hay que desarmar. Lo vivimos, por ejemplo, en el incendio de Coyipulli, donde nos reunimos con el comandante a cargo, quien, procediendo desde Victoria, acudió a Coyipulli con un mandato de un mes, tiempo insuficiente para conocer a la gente. Es necesario que esa persona se quede mucho más tiempo para recabar datos desde la comunidad y así poder taponear las entradas y salidas de los lugares donde operan las orgánicas terroristas que aún funcionan en la región de la Araucanía. Ese es un hecho esencial, Ministra, pues se producen 1,4 atentados semanales en la región y el 70 % de los incendios del país. Diputado, permítame hablarle con la Ministra, por favor. Y resulta que el 70 % de los incendios se producen ahí, Ministra, y un 74 % —es decir, 5 de los 6 atentados registrados en la Araucanía. Necesitamos una mirada especial para que este gobierno, que terminará el Estado de excepción durante casi sus 4 años, sea efectivo, sea realmente efectivo, y que la salida del Ejército sea para acabar con las orgánicas terroristas y no solamente para quedar como espantados. Muchas gracias. Diputado Estefan Schubert: Muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludo a la señora Ministra. Buenos días, Ministra. Por acá, Ministra, bienvenida; le deseo todo el éxito en su gestión. Estamos aquí en una nueva renovación del Estado de excepción constitucional y a pocos días del inicio de este incendio de 10.000 hectáreas, que ha afectado viviendas y ha dejado un gran desastre. Frente a lo ocurrido, lo que tenemos es terrorismo. Lamento y no comprendo el cambio de discurso de este gobierno. Le costó mucho reconocer que había terrorismo, muchísimo, pero finalmente, cuando todo apuntaba a que únicamente estábamos ante terrorismo, comenzaron a hablar de ello en buena hora. Sin embargo, a fines del año pasado se dejó de hablar de terrorismo; ahora se menciona violencia rural y crimen organizado, que muchas veces está vinculado con el terrorismo, pero ya no se le nombra expresamente. Es extraño, pues este mismo gobierno supuestamente impulsó la nueva ley antiterrorista. ¿Pero para qué, si no hay terrorismo en la Araucanía? Contamos, entonces, con una ley nueva que era necesaria porque no podíamos aplicar la anterior, pero usted explica que la ley se justifica solo en la medida en que exista terrorismo, y según el Gobierno, ya no hay terrorismo. No sé si consideran que se venció al terrorismo y que se acabó o si simplemente se le está clasificando de otra manera para decir que mejoramos y ya no existe, no lo sé. Pero creo que es importante volver a llamar a las cosas por su nombre. ¿De qué sirve una ley antiterrorista si no tenemos terrorismo? Supuestamente, todas las autoridades del oficialismo han cambiado su discurso y dejaron de usar la palabra de manera apropiada, y eso creo que no es baladí. No es menor, y todavía no tengo claro hacia qué apunta, pero lo importante, Ministra, es que seguimos…

Estamos teniendo terrorismo en la Araucanía. Esa es una realidad, y lo importante es que aún no hay un plan para desbaratar a esas bandas de terrorismo que están actuando en la Araucanía. El proceso ha sido muy lento y necesitamos una estrategia para desbaratarlas, porque hasta ahora el terrorismo sigue campeando en la región de Araucanía y el Bío Bío. Finalmente, la inteligencia, que es clave, debe ser reforzada. Hay un proyecto de ley para mejorar el sistema de inteligencia, pero eso va a tomar tiempo. Las herramientas que tenemos hoy día deben ser reformadas; se requieren de más recursos para la Agencia Nacional de Inteligencia y también para los gastos reservados de distintas instituciones que tienen ramas de inteligencia. Aquí hay algo por hacer todavía y hay que actuar con celeridad. Ellos están creciendo y echando raíces, y lo que necesitamos es poner término a estas bandas de terrorismo mediante el fortalecimiento de la inteligencia, llamándolas por su nombre y destinando los recursos necesarios. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Stefan Schubert. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo también a la ministra. Mire, nosotros, como demócratas, vamos a apoyar —por cierto, como siempre lo hemos hecho— el estado de excepción y todas las leyes e instrumentos que permitan dar seguridad a la población. Porque a veces, con tanta campaña presidencial y otros temas políticos, se nos olvida la prioridad de la gente, y el estado de excepción ha sido tremendamente necesario. De repente, el gobierno dice “mire, hay que partir con una desescalada”, y eso no es posible hoy día. Yo valoro el trabajo que se realizó en Cañete, recientemente en nuestra zona, justamente para poder dar justicia por un crimen horrendo cometido contra tres carabineros hace, aproximadamente, menos de un año. Creemos que ese es el camino: valorar el trabajo de nuestros policías, de las Fuerzas Armadas y del esfuerzo realizado en el estado de excepción. Pero también se dan otras situaciones que me gustaría que la ministra conozca. Ayer lo conversaba con el director encargado de temas de armamento, en el marco de la Comisión de Seguridad, y solo como ejemplo, los funcionarios —Carabineros y Fuerzas Armadas— que mantienen armamentos en zonas de excepción constitucional, como en Araucanía y, en este caso, hacia el sur y Bío Bío, se les suspendió el derecho de compra de municiones, y tampoco pueden inscribir armas nuevas. Con ello se disminuyen las posibilidades de actuar conforme al reglamento que les rige en los momentos en que están de franco o fuera de servicio y sin término de servicio. O sea, ¿cómo pueden repeler en flagrancia un delito? La ley se lo exige, pero el estado de excepción no les permite utilizar, inscribir armas ni comprar municiones. Creo que esos vacíos, que mencionábamos ayer y que se pueden corregir vía reglamento, es lo que hay que hacer. Llevamos más de tres años y, para qué hablar de materias secundarias que también nos han reclamado. Estamos apoyando sin duda la seguridad, pero se generan dicotomías para quienes cumplen la labor de protegerla. Por ello, le pido a la ministra que, además de este apoyo incondicional al estado de excepción y todas las medidas para dar seguridad a nuestra población —especialmente en la macrozona— se realicen esfuerzos para corregir esos vacíos que, además, ya hemos oficiado. He dicho, presidente. Muchísimas gracias, diputada Joana Pérez. Diputado Jorge Radget tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo a la mesa y también a la ministra. Bienvenida, ministra, a la corporación y a la Cámara de Diputados. Con este saludo, le aseguro el apoyo de este diputado, Jorge Radget, para trabajar en todo lo que implique la seguridad en la macrozona sur. Hay una deuda con la seguridad en la zona y debemos avanzar en definir las medidas y alternativas que tendremos de aquí en adelante, porque este estado de excepción se ha transformado en un estado permanente, y eso no puede ser. Es necesario buscar alternativas y medidas que permitan, en el futuro, mantener la paz y la tranquilidad, la cual aún no ha llegado definitivamente a la región de Araucanía. Sin embargo, con este estado de excepción de emergencia se ha logrado, al menos, reducir el nivel de inseguridad, lo que es claramente necesario para todos.

A nuestra zona. Así que es importante ese tema para efecto de poder avanzar en todo lo que significa la seguridad de los que laboran en nuestra zona, de los que trabajan, de los que producen, que es una zona eminentemente agrícola, la que corresponde a la región de la Araucanía y la provincia del Bío Bío y Arauco. Por lo tanto, creo que de aquí en adelante el ministro, a través de la mesa, es bueno poder tener contacto y reuniones con los parlamentarios de la zona. Hay muchos temas de carácter legislativo que podemos avanzar y con ello conseguir que el estado de excepción finalmente deje una buena herencia en temas legislativos y normativos, para que el día de mañana, cuando ya no esté, pueda mantenerse al menos la tranquilidad y, quizás, servir de ejemplo para otras zonas donde una situación de esta naturaleza pudiese ocurrir en el futuro. Así que, desde ya, ministra, bienvenida a su cargo; le deseo el mejor de los éxitos. Va a contar con mi voto siempre en todo lo que significa la seguridad para la región de la Araucanía y para todo el país, y, desde ya, con mi colaboración para avanzar en lo que sea pertinente. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo doy la bienvenida a la ministra y destaco su valentía para asumir esta cartera, una cartera que está en pésimas condiciones. El presidente Gabriel Boric ha requerido una y otra vez a nuestra Fuerza Armada para venir a dar solución a los problemas que enfrenta: terrorismo, control fronterizo, migración, incendios forestales, todos afrontados con la Fuerza Armada. Ahora bien, algo es un avance; ahora el presidente valora a la Fuerza Armada. Hace muy poco quiso hacer comentarios poco corteses respecto a un casco militar, pero bueno, la gente puede cambiar. Sin embargo, lamentablemente, estas palabras de buenas crianza que uno escucha no se condicen con la realidad. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. La reducción presupuestaria a las Fuerzas Armadas es preocupante, señora ministra. Lejos de respaldarla, se les quita presupuesto: 16.319 millones menos para el ejército, 11.515 millones menos para la Armada y 6.448 millones menos para la Fuerza Aérea. Claramente, si queremos darle el respaldo que se requiere para que puedan desempeñarse y contar con las condiciones que demanda el país, este no es el camino. En particular, en el caso del ejército, es especialmente grave, con una reducción de 12.795 millones en personal y 3.000 millones en otros gastos. Esto es muy grave, porque afecta las operaciones de nuestro ejército de tierra, lo que se traduce en que los soldados no podrán recibir la formación que corresponde, además de haber puesto fin este año a la reserva. O sea, hoy los enemigos del Estado de Chile celebran la decisión del presidente Gabriel Boric. Le rogaría, señora ministra, que se refiera a este asunto, ya que es de una gravedad muy grande y requiere una respuesta por parte del Estado. Le doy la bienvenida, pero le pido, por favor, que no responda. Por otra parte, se está discutiendo en el Senado la regla del uso de la fuerza, la justicia militar y eximente de responsabilidad, y garantías para poder desplegarse. Nuestra Fuerza Armada arriesga su vida e integridad día tras día y requiere el respaldo jurídico para poder desempeñar su labor. Ellos ponen el pecho a las balas; pongamos nosotros al menos las leyes. Tiene la palabra el diputado Henry Leal. Gracias, presidente. Hace solo unos días he detenido al cuarto prófugo de la justicia por el asesinato cruel de los mártires carabineros en Cañete. Fue un hecho relevante, pues se empezó a hacer justicia para la familia y para la institución de Carabineros. Llama la atención que, curiosamente, a los pocos días de ocurrir este hecho, se presentan incendios en la Araucanía y, simultáneamente, en muchos otros lugares, incendios que se presume fundadamente que algunos de ellos fueron intencionales. Sería importante indagar más en profundidad la causa de estos incendios en la Araucanía, justo días después de la detención del cuarto prófugo de la justicia. Lo que no puede ocurrir, presidente, si estamos en estado de excepción, es que el Gobierno pretenda responder de esta manera.

Se avisará a los agricultores por los incendios ocurridos en la Araucanía. Eso no es tolerable. Y digo esto en el contexto de lo que estamos hoy día discutiendo, porque generalmente en la Araucanía y en la macro zona sur se establecen días para las quemas agrícolas (15 días, 20 días) y se programan por zonas. Pero cuando se da un plazo de dos o tres días para quemar, todos queman al mismo tiempo y en distintas comunas, lo que se hace incontrolable. Por ello, mi llamado también al Gobierno en este mismo contexto es resguardar la seguridad, dando las instrucciones a CONAF y a quien corresponda para que las quemas a futuro se programen con mayor anticipación y se prolonguen en el tiempo, de modo que se pueda controlar mejor y evitar incendios y daño a la propiedad pública. Presidenta, nosotros estamos convencidos como diputados de la Araucanía de que, si el Gobierno tuviera la convicción de reducir estos hechos, debe poner la atención en las comunidades violentas y radicales. Específicamente, lo hemos mencionado en Temuco. Si no es casualidad, Presidente, basta con revisar las noticias: incautación de drogas masivas, 720 kilos la semana pasada y, hace 15 días, 920 kilos de drogas incautadas en Ercilla. En la comunidad Pancho Curamil de Ercilla, violenta, se incautan drogas y munición de guerra; es decir, todos sabemos –señora ministra, señor Presidente– que en Cuicui se concentra la actividad de delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo tendrá el Gobierno la valentía y convicción de actuar? Mientras no se detengan esas personas –quienes, como es sabido, inician robos de autos en Mayeco y llegan a Témocuicui–, todo permanece. ¿Por qué no se ingresa a esa comunidad, se incauta toda la droga existente y se inician los procedimientos judiciales? La explicación siempre es que lo estamos viendo, lo estamos analizando, pero mientras eso no ocurra, seguirán los atentados en Mayeco y en la zona, en la macro zona sur. Vamos a votar a favor del Estado de excepción. Tiene la palabra el ministro del Interior, Álvaro Lizalde. Muchas gracias, Presidente. Quiero iniciar mis palabras recordando a tres suboficiales mayores de Carabineros con ascenso póstumo –Carlos Sistema, Sergio Arriévalo e Isabel Vidal–, quienes fueron asesinados hace poco menos de un año en la provincia de Arauco. Inicio mis palabras con mención a ellos, ya que la semana pasada se detuvo en una operación ejemplar, liderada por el Ministerio Público y Carabineros, al último de los prófugos que integraban la investigación de este crimen horroroso. Hago esta mención a estos tres mártires de Carabineros, primero, como un recuerdo a su vocación de servicio, entregando su vida al cumplir sus funciones; y, en segundo lugar, como señal del compromiso del Estado de Chile de que estos crímenes no quedarán en la impunidad, sino que serán esclarecidos y sus autores responderán ante la justicia. En eso hay que ser muy claro. En lo que respecta a la situación del Estado de excepción constitucional, éste ha sido utilizado por el Gobierno como instrumento para proteger de mejor forma a las personas, pero bajo una concepción más amplia. En primer lugar, se trata de acelerar las inversiones públicas que permitan mejorar la calidad de vida en las regiones de la Araucanía, en los ríos y lagos y en las provincias de Arauco y Tío Vío, de modo que se note la presencia del Estado y se priorice el desarrollo en la zona. En segundo lugar, se fundamenta en el diálogo que se está desarrollando en la Comisión para la Paz y en el entendimiento de que, en el mes de abril, debiera formularse una propuesta —resultado de un compromiso político adquirido en un documento suscrito en el Palacio de la Moneda por todos los partidos con existencia legal en nuestro país—. No existe ningún otro documento de tal amplitud; es inédito, y esperamos que se traduzca en una política de Estado que asuma un tema de larga data, respecto al cual el Estado de Chile debe presentar alternativas y soluciones. Dicho lo anterior, quisiera referirme a lo que son las cifras de violencia rural en las…

En las regiones de la provincia del Bío-Bío al sur, si comparamos a igual fecha –estamos hablando de mediados de marzo, desde los años 2017 al 2025–, este es el año en que se han registrado menos episodios o eventos de violencia rural: 77, al 16 de marzo. Para tener una cifra de comparación, en el año 2021 se registraron 327 eventos, lo que representa, respecto del año anterior, una disminución del 55%. Si uno glosa estas cifras, la disminución de los eventos de violencia rural ha significado un avance del año pasado al actual, pasando de 174 a 77. Aclaro una cosa que me parece importante para que estas cifras no sean sacadas de contexto: esto no significa que debamos celebrar ni afirmar que la pega está hecha, ya que el objetivo es llegar a cero eventos de violencia rural. Sin embargo, podemos comparar si las cifras van mejorando o empeorando, y sin duda muestran una tendencia de mejoría, pues desde 2021 se registra una baja de 327 a 77 eventos. Desglosando los indicadores para el periodo 2024-2025: • Fallecidos: afortunadamente, hasta la fecha, ninguno. • Lesionados: disminución del 40%, de 10 a 6. • Ataques incendiarios: disminución del 41%, de 41 a 24. • Vines incendiados: disminución del 43%, de 51 a 29. • Inmuebles incendiados: disminución del 30%, de 10 a 7. • Camiones, vehículos, buses o maquinaria incendiada: disminución del 46%, de 41 a 22. • Cortes de ruta: disminución del 57%, de 14 a 6. • Robos de vehículos o maquinaria: disminución del 63%, de 19 a 7. • Presencia de armas de fuego: disminución del 76%, de 58 a 14. • Usurpaciones: disminución del 50%, de 14 a 7. • Detenidos por violencia rural: disminución del 80%, de 82 a 16. Todos los indicadores señalan que está mejorando la situación, particularmente en la región de la Araucanía. Sin embargo, insisto: aunque se observa una mejoría, hay quienes sostienen que el gobierno no toma conciencia. Estamos conscientes de que hay que seguir avanzando, por lo que este es un esfuerzo en el cual debemos perseverar. Al tomar la temperatura del paciente, se puede señalar si la situación mejora o no, y claramente ha habido una mejoría significativa en la zona en los últimos años. Cabe recalcar que las cifras indicadas comparan el año anterior, pero si tomamos como punto de referencia el peor año, 2021, la mejoría es aún mayor. Esto ha estado asociado a las medidas señaladas, y también al despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco del Estado de Excepción Constitucional, que ha implicado, desde el año 2022 al 2025, más de 605.000 controles. En lo que va del 18 de mayo del 2025 al 16 de marzo del 2025 se han realizado 213.816 tareas, 15.612 puntos de control, 103.411 patrullajes terrestres y 1.348 patrullajes aéreos, así como más de 93.400 operativos. En cuanto al control de la ruta, se han establecido 48 puntos. No detallo este aspecto, ya que aquellos que quieran evadir el control se informan en estas sesiones; además, este tema se ha abordado en sesiones secretas, contando con bases de militarización adelantada y equipamiento tecnológico, con una inversión de más de 43 mil millones de pesos. Lo más importante ha sido la adquisición de equipamiento blindado, que ya se está utilizando en la zona y permite una protección más adecuada a los efectivos que realizan estas tareas de seguridad. Asimismo, se ha mejorado la seguridad de ruta mediante la instalación de circuitos cerrados de televisión para obtener información en tiempo real. El programa de víctimas de violencia rural se ha desarrollado con una inversión de más de 5 mil millones de pesos y un aumento del 51% en su presupuesto, junto con otros programas de adelanto en la zona, lo que ha contribuido a reforzar la seguridad de las industrias productivas. En materia de persecución penal se han conseguido importantes condenas, presentándose 479 querellas y obteniéndose 544 condenas, independientemente de la fecha o del lapso temporal. No me quiero, no quiero profundizar más, pero quiero insistir en lo que he señalado, que el deporte es un problema.

Esta política integral ha sido el resultado de la colaboración o contribución del gobierno que ha aprobado la renovación del sucesivo Estado de Excepción Constitucional. Por cierto, nosotros señalamos que el ideal sería no tener que recurrir a las Fuerzas Armadas y, por tanto, en un contexto de normalidad, y eso es lo que tenemos que construir: no hubiera sido necesaria la presencia militar permanente. Hago un distingo, algo distinto, porque creo que a propósito de lo que aconteció en la frontera norte —que también es concebida como una medida excepcional— hay que desarrollar el debate de si el control de las fronteras debería ser una tarea permanente de las Fuerzas Armadas y no excepcional. Y creo que, en algún momento, habrá que hacer un debate de política pública y, eventualmente, actualizar nuestro marco jurídico en lo que respecta a la frontera norte, que tiene que ver con la misión institucional, que es la defensa de la soberanía y, por tanto, la protección de las fronteras. Pero, en el caso de lo que ocurre en la llamada democracia zona sur, obviamente tenemos que crear condiciones para que esta medida sea entendida como una medida excepcional. Sin embargo, de acuerdo al gobierno, esta medida debe ser mantenida. Si bien no debiera ser permanente ni indefinida, por el momento no hay condiciones para anunciar algo distinto. Y, en la medida en que avancen las otras iniciativas para generar un mejor clima social que permita aislar definitivamente a los grupos que usan la violencia para resolver conflictos —grupos que existen en la sociedad chilena y cuyo método no es el mecanismo para construir un mejor país—, y a medida que esos grupos queden aislados, se proceda también a la sanción penal respecto a quienes delinquen, se genere asimismo un mejor ambiente a través de un diálogo constructivo que se haga cargo de la relación con el pueblo mapuche, podremos crear condiciones para una solución de largo plazo, que es el sentido de la Comisión para la Paz del Entendimiento, la cual deberá formular sus propuestas en las próximas semanas. Por lo anterior, solicitamos la ratificación y, por tanto, la prórroga del Estado de Excepción Constitucional que ha solicitado —valga la redundancia— el Presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Defensa. Bueno, muy buenos días. Por su intermedio, presidente, saludo a todas las señoras y señores diputados. Es mi estreno en esta situación de ministra de Defensa, pero con mucho nos conocemos de antes, de otras tareas que me ha tocado desempeñar. Tal como ha dicho el ministro del Interior, hemos venido aquí a solicitar el mantenimiento del estado de excepción en la macrozona sur, en una situación que para ustedes es tan evidente como para nosotros, dado que, por un lado, necesitamos tener esta zona de excepción para continuar en la disminución de los hechos de violencia que se generan —los datos que tenemos son auspiciosos— y, por otro lado, está también el tema de poder ir evaluando, y aquí los parlamentarios de la zona, sin lugar a dudas, son muy importantes para que, en el mediano plazo, podamos normalizar la situación de la región. Son dos temas que parecen contradictorios, pero que son dos caras —yo diría, de la misma moneda—: la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, que son por ustedes conocidas. Es importante destacar que se han efectuado más de 200.000 eventos de control y de gestión por parte de las Fuerzas Armadas en la región, lo que, sin lugar a dudas, ha permitido apoyar a la Policía en la acción directa, al mismo tiempo que ha posibilitado que las policías puedan dedicar su tiempo y energía a la detención, al conocimiento y a desarmar lo que podríamos decir son aspectos complejos de esta situación de violencia. La violencia tiene distintas expresiones y corresponde a diferentes momentos, y, sin duda, todos los que estamos aquí presentes lamentamos que estemos viviendo una situación a la cual se suman estos incendios tardíos, por decirlo de alguna manera, que no corresponden a los incendios de verano.

Estamos acostumbrados, pero esto está bajo investigación. ¿Cuáles son las razones profundas de esta situación que va más allá de la Araucanía y el Biobío, sino que también se expresan en Ñuble y en otras partes del país? He tomado nota de las intervenciones de los señores diputados y señoras diputadas en materia de aspectos específicos que les preocupan respecto de este quehacer de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera señalar a algunos diputados que, en el día de hoy, veremos en una de las comisiones —la Comisión de Defensa de la Cámara— la situación del ajuste presupuestario que preocupa, así como las formas que hemos encontrado en conjunto con los comandantes en jefe para disminuir su impacto. Entonces, más que repetir aquí en la sala el tema que se presentará en la comisión, señalo que esto está en trámite y constituye una preocupación. Por cierto, existe un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuesto, según el cual cualquier otra necesidad de ajuste no afectará a las Fuerzas Armadas; ese es parte de los acuerdos. Quiero finalmente destacar que es muy importante —y ustedes lo han discutido y votado en su momento— que la actuación del gobierno en la macrozona sur no se limite solo a la intervención de la Fuerza Armada, el Estado de Excepción o las policías, sino que también implica un conjunto de inversiones en aspectos sociales fundamentales. Asimismo, estamos a la espera de lo que resulte de la Comisión de Paz que se ha instalado, en la cual el senador Huanchumilla y el exministro Moreno juegan un papel muy importante. En fin, estamos a la espera, pues entendemos claramente que lo que ocurre en la macrozona sur es una cuestión del Estado de Chile. Más allá de todas las acciones que el gobierno pueda impulsar, este es un tema que compromete a distintas fuerzas, ya que a todos nos interesa el retorno a la normalidad. Para ello, solicitamos, y aquí concluyo mi intervención, que se prolongue el Estado de Excepción hasta que dispongamos de cifras más confiables, si bien las que ya ha señalado el ministro del Interior indican una tendencia a la baja, aunque aún persisten aspectos y localidades más complejas. Además, quiero manifestar que estoy evaluando si viajo mañana o la próxima semana para reunirme con todas las autoridades de la Araucanía y el Bío Bío, dado que esto formará parte habitual de mi trabajo. Muchas gracias, señor Presidente, y quedo, por cierto, a disposición para atender comentarios y peticiones. Tiene la palabra la diputada Natali Castillo. Buenos días, muchas gracias, señor Presidente. Saludos a los ministros y ministras. Nosotras, como bancada, consideramos que no ha existido un cambio en las circunstancias que modifiquen nuestra posición política respecto de esta prórroga y la vigencia de este Estado de Excepción, el cual inconcebiblemente ya lleva tres años. Lamentablemente, y aun escuchando de manera muy atenta al ministro y a la ministra, el Ejecutivo no ha dirigido el acento ni asignado los recursos suficientes para la restitución de las tierras ni para otros avances. En este sentido, insistimos en que cualquier solución real al conflicto debe responder necesariamente a las demandas históricas del pueblo nación mapuche, al tiempo que se considera a las miles de familias que han construido sus vidas en los territorios en disputa y que tienen justas reivindicaciones al respecto. Asimismo, esperamos conocer una estrategia de Estado para enfrentar y solucionar el conflicto, que, por una parte, aporte estabilidad en el mapu y, por otra, proyecte convivencia, paz y un desarrollo sostenible para todos y todas. Creemos que esto requiere, como condición necesaria, la incorporación de una política de restitución de tierras, derechos de agua, y de apoyo técnico y financiero para emprendimientos tanto de carácter…

...comercial como Silva agropecuario y desarrollo que hasta ahora no hemos visto en los informes que se nos han presentado. Por último, Presidente, necesitamos conocer de manera detallada el resultado concreto de la inversión y las transferencias del Plan Buen Vivir, sus efectos y cómo esto ha incidido en mejorar la vida, las condiciones de quienes viven en este territorio y también entender cómo estas estrategias, si suman o no suman, en la búsqueda de crear las condiciones necesarias para el entendimiento histórico entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche. Muchas gracias. Gracias, diputada. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En segundo lugar, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que moderniza la oferta de la educación parvularia, boletín 16.811-04. Cada parlamentario que haga uso de la palabra tendrá tres minutos. Tiene la palabra el diputado Diego Chalper y, con posterioridad, la diputada Elia Molina. Gracias, Presidente. Bueno, no sé si no está la gente del Ministerio de Educación, pero habría sido bueno que estuvieran. Entiendo que esto lo trabajaron conjuntamente, Presidente, con, digamos, la Comisión del Senado en materia de educación. Aprovechando que todavía están los ministros de Defensa e Interior, yo creo que debió haber ido ayer, ministra, la verdad, a la zona del incendio en la macrozona sur. La verdad es que está un día tarde, entonces ojalá pueda corregir esa decisión. Presidente, simplemente decir que todos estamos probablemente de acuerdo en fortalecer la oferta de la educación parvularia. Yo me imagino que cualquier análisis mínimamente riguroso debiese llevarnos a hacer una reflexión más profunda sobre lo que significa que la educación parvularia se provea de prestadores distintos: Integra, Junki, los jardines VTF, que además están traspasando a los servicios locales de educación con todo el conflicto que eso ha generado. Y, por lo tanto, en principio, yo creo que todos estaríamos disponibles a apoyar. La pregunta que a uno le surge, Presidente, es por qué en este contexto, cuando se habla en definitiva de lo que se llamaría la oferta adicional, es necesario que la acreditación que haría la Subsecretaría de Educación Parvularia contenga, dentro de su análisis del proyecto educativo, un concepto que a mí es lo personal —y confieso que aquí me influye mi información jurídica—: yo no tengo tan claro por qué es necesario explicitar que el Proyecto Educativo Institucional tenga que resguardar el principio de no discriminación arbitraria, aludiendo finalmente a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta es una discusión architécnica y jurídica, si usted quiere, pero esa mención específica no tiene ninguna necesidad, considerando que en nuestro país opera el 19.2 de la Constitución, y el hacerlo le da un rango a los tratados internacionales que muchas veces después se invocan para intentar cuestiones en materia de educación sexual que nosotros no compartimos. Por lo tanto, Presidente, si aquí el Ministro se compromete o hay un compromiso de que no se van a asilar en esa mención que, aunque parece muy inocua, después se emplea para pretender extender otro tipo de consideraciones que no están contenidas en nuestra legislación constitucional, pero que sí están en algunos tratados internacionales —para aquellos que creemos que la constitución chilena prevalece sobre dicho tipo de consideraciones, a diferencia de otros que creen que tienen el mismo rango—, yo estoy dispuesto a apoyar este proyecto y, si no, Presidente, al menos vamos a pedir votación separada, porque ya tengo suficiente experiencia para darme cuenta de que son esas pequeñas frases en las que un sector de la izquierda se asila para intentar meter contenidos ideológicos en el aula de nuestros hijos. He dicho, gracias, Presidente. Tiene la palabra la diputada Elia Molina y, con posterioridad, la diputada Karin Medina. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, lo primero que quiero decir es que todos los niños y niñas nacidos en nuestro territorio o que se encuentran en él en etapa preescolar tienen el derecho a lograr su óptimo potencial de desarrollo. Y eso sucede porque el Estado tiene una oferta suficiente para todos y todas, lo que a su vez va en pos de entregar posibilidades para que los niños y niñas se desarrollen integralmente en lo cognitivo, en lo psicológico y en lo social. Y eso es un tema muy potente hoy día. Se ha demostrado que la inversión en esta etapa de la vida, en la etapa de educación...

Gladia: Parvularia tiene una tasa de retorno de hasta 18 veces. Y también hay que considerar que la oferta de educación parvularia tiene una repercusión fundamental en las oportunidades de trabajo de las madres, sobre todo, pero también de padres en algunos casos. Entonces, creo que este proyecto pone de manifiesto, ¿no es cierto?, la inequidad territorial que tenemos en Chile; y, para qué hablar de los lugares rurales donde instalar una sala cuna para 10 niños, es un tema. Entonces, creo que esta posibilidad de generar alternativas, con estándares por supuesto, y que exista un plazo largo de 10 años, es mucho desde mi particular punto de vista, pero entiendo las razones que pone el Ejecutivo para que así sea. Se entregan también mayores atribuciones a la fiscalización, a la Superintendencia de Educación, para identificar que los establecimientos cumplan los objetivos y evitar que se produzcan matrículas múltiples, porque es lo que está pasando actualmente. Muchos padres, al no tener alternativa, inscriben a sus hijos en tres o cuatro salas cuna para ver si consiguen cupo, y eso, yo creo, es bastante indigno para la población. Con lo que dice el diputado que me antecedió con respecto a los contenidos curriculares, a mí me parece que esa apuesta —entre comillas— de intención maligna del gobierno de incluir temas ideológicos resulta, por decirlo de alguna manera, de poca altura. Hoy día, la decisión sobre las mallas curriculares, incluso desde la sala cuna, no es una iniciativa que ponga el gobierno, sino un asunto que se analiza en comisiones de expertos y se discute ampliamente. Tiene la palabra la diputada Karen Medina y, a continuación, la diputada Javiera Morales. Gracias, Presidente. Diputada Karen Medina: En primer lugar, quisiera saludar a todas las educadoras y educadores de párvulos, educadores diferenciales, tías, técnicos en educación parvularia, otros profesionales y asistentes que cubren este nivel tan importante de la educación inicial. Encuentro que el título "Moderniza la oferta educativa" no se condice con la realidad que presentan los territorios en cuanto a infraestructura y la situación de los establecimientos. Lo que busca subsanar este proyecto es otorgar un plazo mayor para que puedan obtener el reconocimiento oficial, ya que el 64% de los jardines clásicos y alternativos corren el riesgo de dejar de recibir recursos públicos. Investigaciones periodísticas han evidenciado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) ha desembolsado sumas millonarias a contratistas por obras que no se materializaron. En mi distrito 21, en la comuna de Los Ángeles, jardines infantiles como "La Casita de Mis Sueños" han sido víctimas de robos y vandalismo debido a la falta de avances en su construcción. Este establecimiento, que debería haber sido entregado hace aproximadamente cinco años, ha pasado por múltiples licitaciones fallidas, dejando una estructura inconclusa y expuesta al deterioro. En Los Ángeles, en la población de Santiago Bueras, el jardín de Villa Departamental es otra obra abandonada y se ha convertido en un foco de peligro para los vecinos del sector. En la comuna de Yumbel, el jardín "Los Tesoritos", con una inversión de 85 millones destinada a su conservación para obtener reconocimiento oficial, también se encuentra paralizado. En Arauco, el Jardín Sol Naciente de Tubul es otra obra abandonada que se está deteriorando, mientras que los niños asisten a un establecimiento arrendado y en condiciones que deberían ser mejores. El despilfarro de fondos al arrendar establecimientos provisorios y no avanzar en las conservaciones o en la construcción de obras definitivas se ha vuelto una conducta reiterada; de ello es imposible mejorar la oferta y, mucho menos, la eficiencia de los recursos públicos. Y, por supuesto, esto afecta la calidad que reciben nuestros preescolares. La modernización de la oferta de la educación parvularia debería también equiparar las condiciones del personal que trabaja en los jardines: misma función, mismo sueldo. No importa si es VTF, Junji o Integra, no puede haber tanta diferencia cuando todos son pagados con fondos públicos. No podemos permitir que nuestros niños y niñas sean los más perjudicados por la ineficiencia y la falta de compromiso en la gestión pública. Garantizar espacios educativos dignos y seguros es una responsabilidad que debemos asumir con seriedad y urgencia. Insto a este gobierno a tomar las acciones necesarias para asegurar que cada jardín de nuestra región y del país cumpla con los estándares requeridos.

Sea un lugar donde la infancia pueda florecer plenamente. El impacto de este proyecto no subsana los grandes problemas que tiene la educación parvularia, pero es mejor avanzar que permanecer en el lugar en el que estamos. Por eso votaré a favor de este proyecto. Gracias, diputada Medina. Atendido que estamos bajo el quórum de funcionamiento de la sala, vamos a suspender por cinco minutos a la espera de que ingresen más parlamentarios a la sala de la Corporación y podamos reanudar la sesión. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la diputada Javiera Morales y, con posterioridad, el diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Chile ha experimentado una significativa disminución de su tasa de natalidad y esto de forma muy acelerada. En 2024 tuvimos solo 135.000 nacimientos. Es un 50% de reducción en 30 años. Esta es una urgencia, es una crisis y responde a una tendencia: la decisión de muchas mujeres de postergar su maternidad por las deficiencias en las condiciones sociales, las deficientes estructuras, como es la falta de redes de apoyo, la conciliación laboral insuficiente entre la vida personal y la vida profesional, y ese constante dilema entre la realización personal y la maternidad. Esto contribuye a esta crisis de cuidado. Y esta baja de natalidad afecta al futuro de Chile. No solo son los niños, sino también los niños.

Son menores las generaciones de chilenos que van naciendo, sino que también se generan problemas profundos en nuestro sistema tributario y, por cierto, en el sistema de pensiones. Esto tiene que ser una prioridad, es una emergencia, es un problema que requiere de políticas públicas. Y en esto he escuchado que muchos dicen que este asunto no nos interesa, que solo preocupa a las autoridades; y la verdad es que discrepo. En el progresismo tenemos fórmulas y soluciones, tenemos propuestas sobre qué es lo que hay que hacer y qué dice la experiencia internacional. En otros países las soluciones van en la línea de enfrentar la sociabilización de los cuidados, y para ello el progresismo cuenta con tres políticas públicas esenciales: el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que aprobamos en esta sala la semana pasada; el proyecto de modernización de la educación parvularia; y, por cierto, el proyecto de Salacuna para Chile. Estos tres proyectos permiten avanzar en garantizar y mejorar la educación de los niños en sus primeros años de vida, fundamentales para su futuro, incluso más que los periodos educativos posteriores; además, facilitan que las mujeres ingresen al mundo laboral y, con ello, se genere crecimiento económico. Política pública efectiva que se hace cargo de este problema. Por eso nosotros vamos a aprobar este proyecto. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero y, con posterioridad, la diputada Camila Rojas. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al señor Ministro. El elemento central de este proyecto es postergar el plazo para que los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes regulares del Estado obtengan el reconocimiento oficial a diciembre del año 2034, lo que es necesario para evitar el cierre de múltiples jardines infantiles. Los cambios introducidos por el Senado mejoraron la iniciativa en algunos aspectos, pero en otros siguen siendo cuestionables, entre ellos, que el reconocimiento de programas alternativos solo se extiende a jardines infantiles cuyo sostenedor sea la JUNJI, dejando fuera de esta posibilidad a los demás sostenedores. El Senado rechazó la norma de imputación de gastos, pero no consideró justificada la incorporación de los 17 nuevos fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. El articulado del proyecto no refleja la verdadera necesidad de un aumento de funcionarios. Presidente, los cambios relevantes en el Senado son los siguientes: se da por mayor flexibilidad a la JUNJI para desarrollar programas alternativos, eliminándose la exigencia de contar con una autorización previa de la Subsecretaría de Educación Parvularia para el desarrollo de estos programas y la evaluación anual para determinar si las circunstancias que justificaron esos programas están vigentes. Se crea un procedimiento especial para que los programas alternativos desarrollados por la JUNJI en contextos excepcionales (zonas aisladas, afectadas por desastre o con alta demanda) puedan obtener el reconocimiento oficial del Estado. Sin embargo, preocupa que se excluyan a los jardines infantiles cuyos sostenedores no sean la JUNJI, produciéndose sin duda una discriminación terrible. Presidente, ojalá que estos temas sean subsanados, porque, si bien es cierto que ha bajado la natalidad en nuestro país, es tarea de nosotros, los legisladores, ver y velar por que se ofrezca una buena educación y seguridad a los niños que hoy tienen la suerte de nacer en nuestro país, ya que sus madres no optaron por el aborto. He dicho, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas y, con posterioridad, el diputado Sergio Bobadilla. Gracias, presidente. Este proyecto lo que hace es modernizar y regularizar la oferta de establecimientos de educación parvularia que reciben aportes regulares del Estado, y algunos elementos que quiero destacar y que creo que son especialmente importantes, es que se incluye...

Y se les asegura regulación y fiscalización a los programas alternativos de la JUNJI, lo cual resulta muy relevante y muy sentido por las comunidades educativas, al crearse un registro público de establecimiento y de regulación de la incompatibilidad de matrículas múltiples en educación de párvulo. También se establecen normas claras en lo referido a los calendarios y a las suspensiones de actividades en la educación parvularia, y se otorgan facultades específicas a la Superintendencia para que se supervise a los establecimientos. En el Senado se realizaron algunas modificaciones, una de ellas que tiene que ver con que, para entregar el reconocimiento oficial a los programas alternativos, se deberá cumplir con ocho requisitos. Se amplía el plazo de regularización en el sentido de que podrán funcionar hasta diciembre del 2027, fecha en la que los establecimientos sí o sí deben contar con la certificación que corresponda; de lo contrario, serán clausurados. Esta norma es muy importante en el sentido de acercar los establecimientos a la institucionalidad y de combatir la proliferación de servicios educativos al margen de la ley. Lamentablemente, en el Senado se eliminó la norma de imputación del gasto público para el primer año de implementación, lo que genera incertidumbre sobre el financiamiento del proyecto. En ese sentido, creo que ese punto en específico, referido al financiamiento, es necesario discutirlo en una comisión mixta. Eso es lo que hace este proyecto; como vemos, se logran avances importantes en materia de institucionalidad y en la educación parvularia, tan esencial para que nuestro país siga progresando, poniendo el centro en los niños y niñas y en la educación pública. Lo que no hace este proyecto, por su intermedio, señor Presidente, es lo que por su intermedio señalaba antes el diputado Chalper. Pero, incluso si lo hiciera, me parece preocupante que se considere que la prevención del acoso y del abuso sexual infantil es un tema ideológico, pues cuando tampoco nos concentramos en esos temas –como la educación sexual en los establecimientos– lo que se está haciendo es favorecer a depredadores sexuales, y nos ponemos en una situación sumamente peligrosa. Creo que esta Cámara no debe prestarse para ellos. Así que llamo especialmente a que no confundamos lo que dice este proyecto y, además, a que no nos opongamos a una herramienta tan importante como la educación sexual. Gracias, Presidenta. Antes de continuar con el uso de la palabra, vamos a saludar a quienes nos acompañan en las graderías de nuestra corporación. El señor Ildefonso Castro, secretario de Política Internacional del Partido Popular de España, invitado por el diputado Diego Chalper, es bienvenido a nuestra corporación. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla y, con posterioridad, la diputada Daniela Serrano. Presidente, en reiteradas oportunidades y a través de distintos proyectos, el gobierno nos anuncia o nos da a conocer la importancia que este mismo gobierno le da a la educación inicial. Pero, acto seguido, en el presupuesto de este año, por ejemplo, la educación superior cuenta con tres veces más presupuesto que la educación inicial. Esto da cuenta, una vez más, de que este gobierno es inconsecuente respecto de lo que predica y de lo que pone en práctica; es una inconsecuencia total, por su intermedio, del señor Ministro. El segundo término, presidente, es decir, encuentro de extrema gravedad, es condicionar a que la educación inicial que desarrollan los BTF y la Fundación Integra deba tener como sostenedor a la JUNJI, lo que implica el control total del Estado respecto de la educación, anulando la posibilidad de que otros actores que han contribuido a la educación en nuestro país tengan espacio. Esto que ocurre con este proyecto también ocurre, presidente, con la propuesta que el Gobierno ha hecho para el financiamiento de la educación superior; es decir, quieren controlar la educación en su totalidad, anulando total y absolutamente la libertad que deben tener los padres para educar a sus hijos. Por eso, presidente...

Nosotros hemos pedido votación separada porque creemos que hay un artículo de este proyecto que es un atentado contra la libertad, contra el derecho preferente que siempre deben tener los padres para elegir la educación de sus hijos. Y digo que es un atentado contra la libertad porque solo tendrán la opción de educar a sus hijos en aquellos colegios en que el Estado controla los proyectos y el contenido de la educación. Para eso, presidente, mi voto no está disponible. El control total del Estado respecto a la educación es un atentado contra la libertad. Por eso, presidente, hemos pedido votación separada del número 1 del artículo 3-TER, del artículo 2 de este proyecto. Creemos que esto no debe prosperar, porque, reitero, esto constituye... un atentado contra la libertad de educación y contra el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Tenemos 42 parlamentarios en la sala. Estamos bajo el quórum de funcionamiento de la misma. Por lo tanto, vamos a suspender nuevamente por cinco minutos hasta que tengamos quórum para funcionar. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano y, con posterioridad, el diputado Daniel Lillayú. Muchas gracias, presidente. Tras más de diez años otorgados para que los jardines que obtienen aporte del Estado puedan tener su reconocimiento oficial desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, tuvimos que congregarnos a discutir este proyecto de ley porque, lamentablemente, no hemos llegado a la meta. Y uno puede preguntarse por qué no llegamos a la meta. Porque hay un Estado, muchas veces, deficiente en lo que tiene que ver con la mantención de los jardines infantiles; tuvimos también la poca inversión pública, que no es solamente el resorte de lo que ha sucedido en este gobierno, sino que justamente se ha transformado en un talón de Aquiles a nivel estructural, mantenido por años, porque esta ley no es algo que debiese haber cumplido este gobierno, sino que también significaba metas que venían desde los gobiernos anteriores. Y, a pesar de ello, asumiendo esta situación, tuvimos que enfrentar una discusión.

Discusión también con gran parte de los gremios para justamente enfrentar cuáles eran las dudas que existían sobre este proyecto. Si nosotros no avanzamos en esta ley que habla de la modernización y justamente poder flexibilizar aquellos requisitos, lo que nos vamos a estar enfrentando no es al monopolio estatal, de lo que dice el diputado Bobadilla por su intermedio, señor presidente. Lo que vamos a estar hablando es dejar… sin oferta pública a niños y niñas de nuestro país. Y eso es una realidad. Cuando acá se habla de que nosotros y nosotras tenemos el control estatal, yo quiero recordar que todos y todas somos los que estamos preocupados muchas veces cuando nos llega la solicitud de los diputados de que no hay matrícula en alguna escuela, o sea, en algún jardín de Junji, de Integra, de los BTF. Todos rasgamos vestiduras cuando hablamos con las… de los jardines infantiles, pero cuando estamos hablando de hoy día flexibilizar justamente para mantener a estos jardines habilitados, se dicen cosas que no son. O, por ejemplo, cuando hablamos de incorporar los programas alternativos, esto no tiene que ver con una innovación que tiene este gobierno, sino justamente darle reconocimiento hoy día a lo que se imparte en distintos jardines de Chile. Entonces yo creo que, en este proyecto en particular, y además junto con las facultades que va a tener la Superintendencia de Educación para identificar y regularizar aquellos establecimientos que no utilizan la denominación de jardín infantil, es un avance, pero sin duda hay que poner más fuerza, más recursos, y hablar de la educación inicial también significa comprometer: comprometer vocación pública, no hablar de que acá existe tal monopolio, porque eso es solamente hoy día aportar a una fake news que finalmente solo va a ir en la línea de hoy día. Tiene la palabra el diputado Daniel Lillayú y, con posterioridad, el diputado Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Nos parece relevante comenzar resaltando el rol fundamental que cumple la educación inicial en el desarrollo de nuestros estudiantes, incorporando las bases en las que se estructura el resto del sistema educativo. Dicho esto, creemos importante mencionar que la Ley de Presupuestos para el año 2025 desconoce de su importancia, dado que destina tres veces más recursos a la educación superior que a la educación parvularia. En cuanto al contenido de la iniciativa, señor presidente, creemos importante destacar que el Ejecutivo ha decidido ampliar el plazo por 10 años para que los establecimientos de educación parvularia puedan optar al reconocimiento oficial del Estado y, en consecuencia, continuar desarrollando sus funciones recibiendo aportes del Estado. Me parece muy adecuada esta medida, muy necesaria esta ampliación. Por otro lado, estimamos de suma gravedad que el Gobierno y, en particular, la Carta de Educación condicionen en el proyecto de ley la obtención del reconocimiento oficial de los programas alternativos, comúnmente desarrollados vía BTF y Fundación Intiera, a que tengan a la Junta como sostenedora. En otras palabras, el proyecto suprime la participación del mundo privado en el desarrollo de los programas alternativos de educación particular. Señor presidente, creemos que la oferta educativa y el diseño de nuestro sistema educativo deben reconocer el pluralismo de sus oferentes, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la posibilidad de que surjan alternativas educativas ajenas al control directo del Estado. En reacciones, existen colegios emblemáticos que se han destacado en la formación de sus alumnos desde la enseñanza parvularia, y eso no debe cambiar. Al contrario, debe aumentar la libertad para que los establecimientos mantengan su línea educativa, permitiendo que los padres y los alumnos puedan elegir dónde estudiar, de acuerdo con las capacidades que quieren desarrollar. Creemos que el Ejecutivo intentará que se rechace dicha modificación durante el tercer trámite constitucional y nos parece de suma importancia mantener el proyecto en los términos aprobados por el Senado en este punto. Anuncio mi voto a favor, pero queremos votación separada para eliminar las restricciones de participación privada en el desarrollo del programa educativo alternativo. He dicho, señor presidente. Ha solicitado la palabra el Ministro de Educación. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los señores y señoras diputados y diputadas. No tenía contemplado pedir la palabra; sin embargo, no puedo dejar de sorprenderme al señalarse cosas que simplemente no son verdad. Este proyecto de ninguna manera viene…

No viene a suprimir la participación del mundo privado, sino que, al contrario, viene a reconocer su existencia y a generar condiciones para que éste esté regulado y forme parte de un sistema de educación parvularia robusto, que garantice los derechos con calidad. Para ello, estamos discutiendo sobre el reconocimiento oficial, que justamente se trata de fijar los estándares de infraestructura y pedagógicos que deben cumplir todos los establecimientos educativos en el país. Lamentablemente, en el caso de la educación parvularia, habiéndose generado la obligación desde el año 2011, aún no se llega ni siquiera a la mitad de aquello. En particular, respecto a la norma establecida en el artículo 2 que se refiere al tercero transitorio, lo que quiero decir es, en primer lugar, que es una norma espejo derivada del artículo 46 de la Ley General de Educación, que trata sobre los requisitos para optar al reconocimiento oficial. Es una norma que resguarda los proyectos educativos institucionales para no contravenir el principio de no discriminación arbitraria, ya que solo se impide que se promuevan proyectos discriminatorios, como por ejemplo, cualquiera que vulnere los derechos de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Por otro lado, se plantea que suprime la participación de los privados al referirse exclusivamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y lo que quiero decir es que, como ustedes bien saben, todo privado puede emprender proyectos educativos en función de lo que establece la ley. Acá lo que estamos haciendo es modificar la ley general y, en particular, la ley de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, porque, como organismo público que es, no tiene la facultad de crear proyectos alternativos de manera legal. ¿Eso qué significa? Que lo que estamos haciendo es precisamente homologar al mundo público con el mundo privado en las mismas condiciones, dado que hoy los privados sí lo pueden hacer. Sería redundante establecer una norma que le permita a los privados aquello que ya pueden hacer, y no es redundante establecer una norma que le permita a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como organismo público, dotarse de una facultad que hoy no posee. Sin embargo, existen modalidades alternativas que son esencialmente provistas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. ¿Y cuáles son esas modalidades alternativas, presidente? Bueno, se trata, fundamentalmente, de aquellos proyectos que están instalados en zonas rurales de difícil acceso, donde es muy difícil que el Estado pueda construir un jardín infantil, y donde es prácticamente imposible que la iniciativa privada llegue a esos lugares, por no contar con la suficiente cobertura y por no constituirse allí un buen negocio. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, presidente, es que tenemos la obligación de entregarle una herramienta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles que el resto del sistema ya tiene y ya cuenta. Lejos de ser una discriminación en contra de los privados, lo que estamos resolviendo es una discriminación en contra de esta institución pública, de larga, amplia y destacada trayectoria, que es el referente de calidad de nuestro sistema de educación parvularia. Son muchos los proyectos educativos que dependen de que esta norma se apruebe. Tal es así que, para la historia fidedigna de la ley y frente a la misma duda planteada por los senadores en el segundo trámite, fuimos explícitos en señalarlo en las comisiones y también en el hemiciclo, para que no quedase duda de que esta norma no era una norma que iba en contra de los particulares, sino que es una norma para entregar una facultad que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no tiene y que el resto sí. Y quiero ser majadero en esto, presidente, porque me parece que justamente de lo que se trata es de avanzar en el fortalecimiento de la educación parvularia. Yo concuerdo, y lo he dicho muchas veces públicamente: son muchos los recursos que se entregan en educación superior y son pocos los que se destinan a la educación parvularia. Precisamente, por eso tenemos que avanzar en el proyecto que crea el FES, que nos va a permitir reorganizar los presupuestos en el sector educativo. Solo en datos, el 70,5% de los recursos que se destinan a la educación parvularia se otorgan a crédito, con aval del Estado y a la gratuidad, y la educación parvularia representa solo un 8% del total del presupuesto del Ministerio de Educación. Naturalmente, tenemos que hacer adecuaciones, modernizar nuestro financiamiento y, sobre todo, hacerlo más eficiente. Presidente, yo invito a salirnos de la trinchera política; invito a que este proyecto lo entendamos como lo que es: un proyecto que busca mejorar la forma en que el Estado asegura el acceso a la educación parvularia, reconoce los proyectos y nos garantiza que la educación parvularia va a contar con reconocimiento oficial en un marco temporal suficiente, dado que a 15 años, 14 años de haber...

Se ha creado la norma, aún no somos capaces de llegar al 50% de ese esfuerzo. Presidente, solo para terminar, reiterar que la norma establecida en el artículo 3‑TER no es una norma que discrimine a los particulares, sino que resuelve una facultad que el mundo público no tiene y que los privados sí poseen. Es todo lo contrario a lo que se ha señalado acá, señor Presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán y, con posterioridad, el diputado Héctor Barría. Muchas gracias, señor Presidente. Saludo por su intermedio, señor ministro, y de manera muy especial a Natalia Muñoz, Carolina Cárdenas y Pilar Ocares, destacada dirigente de la comuna de Victoria. Las tres son dirigentes nacionales de la Confederación Nacional BTF. La salud que tienen en las tribunas también demuestra el compromiso con esta sesión. La educación parvularia atiende a niños y niñas desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer su desarrollo integral; es uno de los pilares de nuestra sociedad y, generalmente, la dejamos de lado. Por esta razón, votaré a favor de esta iniciativa, ya que robustece la educación parvularia a través de aspectos tales como la ampliación del plazo para obtener el reconocimiento oficial de establecimiento de educación parvularia, la regularización de sus calendarios, la prohibición de la doble matrícula, una mayor fiscalización de la Superintendencia de Educación y la posibilidad de dotar de reconocimiento legal a los programas alternativos para que sean los padres quienes decidan los proyectos educativos que desean para sus hijos. Con la misma fuerza, resulta necesario que esta iniciativa considere una regulación en materia de las condiciones laborales de las funcionarias que trabajan en educación parvularia, para que no exista ningún tipo de discriminación entre quienes lo hacen en las BUJÍ, Integra o en jardines infantiles BTF. Si realmente decimos que la educación de la primera infancia es la más importante de todas, hagamos acciones concretas, como la regulación de los sueldos y de las condiciones laborales de todas las funcionarias, sin discriminación por el tipo de función que realizan o por la dependencia del establecimiento en el que se encuentran. Solicito, en este contexto, reconocer públicamente la labor de los dirigentes que hoy están aquí presentes y, en particular, la de Pilar Ocares, de la comuna de Victoria, junto a sus colegas, con quienes hemos estado trabajando fuertemente para mejorar la realidad de la educación parvularia en Chile y en la Araucanía. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, votaré a favor. Tiene la palabra el diputado Héctor Barría y, con posterioridad, la diputada Claudia Mix. Muchas gracias, señor Presidente. Votaré a favor de esta iniciativa que moderniza la oferta parvularia, pues amplía la oferta disponible y prohíbe la doble matrícula en jardines infantiles, permitiendo destinar esos cupos a niñas, niños y familias que realmente los necesitan. Se establece un registro de educación parvularia para identificar a los establecimientos, a sus sostenedores y, por supuesto, también sus particularidades, lo que contribuirá a mejorar la información sobre el nivel y a tomar decisiones de políticas públicas. Asimismo, se entrega reconocimiento legal y un estándar educativo a las modalidades alternativas de Junji. Cabe hacer presente que debemos buscar la fórmula para que no se hable de que el BTF es una alternativa, pues el BTF ya es una institución que merece un mayor reconocimiento; y ahí tenemos una tarea en conjunto con la subsecretaria y el ministro, por la tremenda labor que realizan las BTF en todo nuestro país. Sin duda, esto tendrá un impacto en los 517 programas que representan estas modalidades alternativas y que educan a más de 6.000 niñas y niños. Extiende el plazo para que los establecimientos obtengan su reconocimiento oficial hasta 2034, lo cual, a primera vista, parecería como un aplazamiento del problema, pero al mismo tiempo estaremos a favor, porque se hace cargo con un sentido de política de Estado por primera vez, dado que viene asociado a un plan de cumplimiento de las salas cuna, jardines infantiles y públicos.

Había que postular un concurso para mejorar los establecimientos. Hoy día esto deja de ocurrir y hay un acompañamiento para que efectivamente se mejore la infraestructura asociada. Por último, aumenta la facultad de fiscalización de la Superintendencia de Educación para identificar qué es aquello que debe ser considerado un establecimiento de educación parvularia. Regulariza los calendarios parvularios, pues existe un vacío legal relacionado con la autorización de la suspensión de actividades. Esta situación, que aún no está regularizada, genera de facto una serie de inconvenientes para las profesionales, para los técnicos y también para las familias. Por todo lo anterior, y pensando en la familia, en los niños y niñas de mi querida Región de Los Lagos, en su familia y, por supuesto, también en las funcionarias, votaremos a favor de este proyecto. He dicho, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix y luego la diputada Johana Pérez. Comunas como Estación Central tienen una alta demanda para educación parvularia. En palabras de su alcalde, Felipe Muñoz, se requiere construir nueve jardines infantiles más para poder solventar el déficit de la comuna. El problema es que esa escasez podría no estar provocada necesariamente por la falta de establecimientos de educación parvularia, sino por la falta de información respecto de los niños y niñas matriculados y de los jardines infantiles públicos y privados que existen hoy. Lo que ocurre es que, en la oferta actual de jardines, existe una distribución desigual en el territorio, lo que conlleva tener sobreoferta en algunos sectores y carencia en otros, como es el caso de Estación Central. Por un lado, hay un desconocimiento absoluto sobre la realidad de este tipo de establecimientos en el sector privado —cuántos son, a quiénes brindan servicio y cuál es su lineamiento pedagógico—; y, por el otro, en el sector público no hay cruce de información, lo que genera que existan niños y niñas con doble matrícula, pues los padres postulan a varios lugares. Debido a esto, se terminan reservando cupos que no son usados, imposibilitando que corran las listas y que sean asignados a quienes realmente los necesitan. Actualizando los datos y pavimentando el camino hacia el grueso del proyecto de Salacuna para Chile, se brinda información básica que hasta hoy no teníamos. Este proyecto es indispensable porque, además, extiende el plazo de aplicación de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, ley que hubiese dejado sin financiamiento del Estado al 62% de la oferta pública de jardines, ya que ninguno de ellos ha logrado reunir los requisitos para obtener la certificación apropiada que exige la normativa. Esto hubiese sido desastroso en el corto plazo. Sin embargo, al extender los plazos, la ley se hace cargo de la falta de calidad, obligando a la Subsecretaría de Educación Parvularia a desarrollar un plan de acreditación para que los jardines infantiles y las salacunas –integras, Junji, BTF– eleven sus estándares y logren obtener un reconocimiento oficial, asegurando así las condiciones para un buen nivel de enseñanza en la primera infancia en todo el país. Este proyecto, entre otras cosas, acaba con mucha burocracia, otorga mayores capacidades de fiscalización a la Superintendencia de Educación, asegura el cupo a miles de niños y niñas y clarifica la información para un mejor desarrollo de políticas públicas con perspectiva de futuro, calidad y responsabilidad en la educación que nuestros niños y niñas merecen. Vamos a aprobar este proyecto. He dicho, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Johana Pérez y luego el diputado Andrés Jordán. Muy bien, gracias, presidente. Saludo al ministro y, por cierto, también a la subsecretaria. Creo que es importante asumir que, cuando la ley genera exigencias –y en educación sabemos bastante lo que hemos visto con lo de SESLEP– debemos otorgar prórroga, sin abandonar el sentido de esta legislación y sin dejar de avanzar en educación parvularia. Por ello, como se dice, el 64% de los establecimientos –incluyendo jardines clásicos y alternativos– corre el riesgo de cierre, situación que debería preocuparnos. Valoro cuando el Ejecutivo llega con propuestas previas para, posteriormente, lamentar que los estudiantes no puedan tener matrícula mañana. Y esos son los desafíos; por eso, muchas veces, hemos sido críticos del sistema, que se hizo llamar tómbola o el SLEP, con todas las dificultades que ha tenido, pero que hemos podido ir construyendo, poco a poco, entre todos, una propuesta.

Nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Creemos que es importante la certificación de reconocimiento oficial, porque además eso lleva a otros estándares, mejora la calidad y entrega garantías tanto a los padres como a la comunidad educativa. Así que creemos que es tremendamente importante. Yo lo que quiero pedir, en este caso lo conversaba con la subsecretaria, es que desde marzo hemos venido instalando quizás una falta de revisión de las infraestructuras que han quedado quizás hoy día inconclusas y que se han convertido en espacios para el vandalismo y la delincuencia, desde Los Ángeles, en el sector Las Azaleas, de la Junta Integra. Entonces, creo que es necesario tener una mirada. Se entiende que hubo un espacio para ampliar la cobertura en infraestructura, pero también existen a veces problemas en las obras, tanto en Yumbel, donde tenemos dos espacios aún inconclusos, como en Tubul y en Arauco; lo decíamos también con otras colegas, porque nosotros, si bien iniciamos un trabajo que partió con la concejala Paula Ortiz en Los Ángeles, contamos con la exalcaldesa de Arauco, quien ha ido constatando esta problemática. Por ello, le pediría que podamos generar un espacio de entendimiento en el que se decida qué hacer con esos inmuebles: mantenerlos en materia educacional o darles un mejor uso también comunitario. Creo que eso es importante para hacernos cargo de toda la infraestructura, puesto que ahí hay recursos públicos. Así que espero que eso, con la atención que me han puesto el ministro y la subsecretaria, sea valorado totalmente. Señor ministro, bueno, he dicho gracias. Después hablaré con usted. Tiene la palabra el diputado Andrés Jordano. Muchas gracias, Presidente. Hoy día no estamos en un debate simplemente técnico; estamos frente a una decisión que es principalmente política, que responde a la pregunta de cómo, como Estado, vamos a hacernos cargo de la primera etapa en la educación. Porque cuando hablamos de educación parvularia, hablamos desde el comienzo de la vida sobre justicia, hablamos del niño o niña que nace en una zona austral, como Caleta Tortel, o en una comuna periférica de la Región Metropolitana, como Renca, Cerro Navia o Conchalí, a quienes me toca representar y que no pueden seguir esperando que las condiciones estén dadas para recibir lo mínimo. Me refiero, por cierto, a una educación digna, segura y de calidad. Estamos ante un paso fundamental para garantizar que la educación parvularia cumpla con estos requisitos, sea moderna y accesible para cada niño y cada niña de nuestro país. Es un proyecto en el que nuestro partido, además del Frente Amplio, ha tenido un especial compromiso y que busca precisamente asegurar que ninguna infancia quede atrás. ¿Qué hace? Al extender hasta el año 2034 el plazo para que los establecimientos obtengan el reconocimiento oficial, se entrega a todas las instituciones el tiempo necesario y realista para adaptarse y cumplir con estándares esenciales que permiten un desarrollo integral y seguro. Además, se reconoce la realidad diversa de nuestro país al incluir programas alternativos, regulados y fiscalizados que responden a necesidades específicas en territorios remotos o en sectores vulnerables. Es un paso claramente decidido hacia la inclusión educativa, hacia una educación parvularia que no discrimine por razones geográficas o económicas y que, como ha señalado el ministro, permita equiparar la cancha entre establecimientos públicos y privados. La creación del registro público y la regulación para evitar matrículas múltiples contribuirá a la transparencia y a la eficiencia del sistema, mejorando la planificación y permitiendo respuestas que sean no solo más rápidas, sino también más adecuadas a las necesidades de la familia chilena. Quiero destacar, como padre, la creación de calendarios claros y de regulaciones específicas sobre suspensiones de actividades, que permitirán una mayor organización tanto a las familias como a los educadores, garantizando una mejor continuidad educativa. Sin embargo, también quisiera advertir sobre una preocupación importante: la eliminación del artículo transitorio referido al financiamiento inicial, lo cual genera incertidumbre sobre cómo se van a implementar estas medidas en el corto plazo. Me parece, colegas, que como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de resolver esta inquietud, asegurando que existan los recursos concretos para que este proyecto no quede solo en buenas intenciones, y espero, escuchando varios de los discursos que se han dado acá, que estemos a la altura. Así que, en definitiva, Presidente, como señalaba al inicio, este no es un proyecto meramente técnico; es profundamente político y también profundamente humano. Nos compromete con las infancias, con la justicia educativa y, por cierto, también con el futuro de Chile. Invito a las y a los colegas a votarlo a favor. Muchas gracias, Presidente.

No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En tercer lugar, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley originado en moción que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de prófugos de la Justicia (Boletín 15.866-07). Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentario. Los comités parlamentarios han acordado que este proyecto se vote al final de esta sesión, incluso cuando haya parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán y, con posterioridad, la diputada Marta Bravo. Muchas gracias, presidente. Presidente, el día 26 de marzo del año 2023, la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares perdió la vida en un procedimiento policial en Quilpué. Su asesinato no solo fue una tragedia, sino que constituyó la prueba irrefutable del costo de la impunidad y de lo que ocurre cuando el Estado no logra capturar a quienes ya fueron condenados y deberían estar tras las rejas. Porque el hombre que apretó el gatillo nunca debió haber estado en libertad; era un prófugo de la justicia, uno de los casi 40.000 que hoy caminan por nuestras calles. Este criminal escapó de la cárcel y, casi dos años después, asesinó a una mujer, madre de dos hijos, que cumplía con su deber de protegernos a todos. Un crimen que pudo y debió haberse evitado. Por ello, junto a otros diputados, presentamos este proyecto de ley que crea la lista de los más buscados de Chile, un registro público coordinado entre la policía y la fiscalía, con información detallada de cada prófugo. Porque el crimen tiene rostro, tiene nombre; porque la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son estos delincuentes y el Estado tiene el deber de perseguirlos sin descanso. Agradezco el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas, del Ejecutivo—que le dio urgencia a este proyecto y presentó indicaciones de consenso—y de los diputados y senadores, tanto de gobierno como de oposición, que entendieron que esta iniciativa no se trata de justicia por propia mano ni de fomentar las detenciones ciudadanas, sino de fortalecer la cooperación entre la comunidad y las instituciones del Estado, permitiendo que la ciudadanía colabore con información y denuncias para que estos criminales sean capturados y puestos tras las rejas antes de que destruyan más vidas. Por eso, en este último trámite legislativo, hago un llamado a aprobar este proyecto. Porque cada prófugo en la calle es una tragedia en potencia. Porque cada criminal capturado es una víctima menos. Porque, al aprobar la lista de los más buscados de Chile, estamos dando un paso firme para reducir la lista de las víctimas del crimen. Por la sargento Rita Olivares, mártir del deber; por las víctimas que no podemos devolver, pero a quienes sí podemos honrar con nuestra acción; por cada chileno que merece vivir en paz; y porque los que no podrán caminar tranquilos por la calle sean los delincuentes y los prófugos de la justicia, ¡aprobemos la lista de los más buscados de Chile y hagamos justicia! Votaremos a favor. He dicho, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo. (No está presente). Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock y, con posterioridad, el diputado Andrés Longton. Gracias, presidente. Actualmente, en nuestro país, las personas sienten un mayor temor de ser víctimas de algún delito. Es común escuchar que muchos delincuentes, especialmente jóvenes, son reincidentes: cometen el delito una y otra vez, con total impunidad. Esta situación es recurrente y requiere de nuestra especial atención. Evitar este escenario depende de la labor investigativa y de la respuesta rápida de nuestras policías. Contar con la información de quienes cometen delitos y logran escapar con éxito es fundamental para eliminar el riesgo de que esa persona siga delinquiendo. Durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera se promulgó la ley que creó un registro nacional de prófugos. Si bien contamos hoy con este registro, el acceso a los registros nacionales de prófugos es muy difícil.

El acceso a su contenido no se encuentra disponible para muchas instituciones que pueden utilizarlo a su favor. Este proyecto viene a solucionar ese problema, poniendo el registro a disposición de más instituciones, dentro de las cuales se encuentra la Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, permite que la policía publique en su portal una lista prioritaria de prófugos, haciendo visibles los casos de personas cuya detención es urgente. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona, una fotografía que permita su identificación y cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Estos antecedentes serán claves para la investigación y hacen posible que se dé prioridad a la persecución de aquellas personas, que representan un peligro claro para la seguridad ciudadana, otorgando mayor eficiencia a la gestión y prevención delictual. Considero que lo dispuesto en este proyecto es un avance muy positivo y colaborará enormemente en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos violentos que son una amenaza latente para la población. Por este motivo, seguiré votando a favor de cualquier proyecto de ley que aumente la seguridad y acorrale a los delincuentes. He dicho. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton. No está. Tiene la palabra la diputada Alejandra Prasencia y, con posterioridad, el diputado Leonardo Soto. Gracias, Presidente. Como integrante de la Comisión de Seguridad, me correspondió tramitar este proyecto que modifica el Registro Nacional de Prófugos, otorgándole carácter público en casos calificados como prioritarios. Valoramos, por supuesto, este objetivo, ya que busca mejorar la eficacia del sistema judicial, facilitando la identificación y localización de las personas requeridas por la justicia. Hacer públicos ciertos casos puede incentivar la colaboración ciudadana y actuar como un elemento disuasivo. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto algunas preocupaciones. Nos inquieta que se pretenda incluir en este registro a personas imputadas pero no condenadas. En un estado de derecho, la presunción de inocencia es un principio fundamental, y exponer públicamente a personas que aún no han sido condenadas puede provocar un daño irreparable a su honra, especialmente si luego resultan absueltas. También preocupa la ausencia de mecanismos claros de reparación para quienes hayan sido erróneamente incluidos en el registro, situación que no solo compromete derechos individuales, sino que puede acarrear responsabilidades jurídicas para el Estado. Por ello, valorando el propósito de este proyecto, creemos que su implementación debe contemplar salvaguardas efectivas: primero, que el registro se limite estrictamente a casos prioritarios; y segundo, que existan plazos claros para la mantención de los datos, habilitándose recursos para proteger a quienes sean finalmente declarados inocentes. Como bancada, presidente, hemos apoyado con claridad y responsabilidad una serie de leyes que fortalecen la seguridad pública: la creación del Ministerio de Seguridad, la ley contra el crimen organizado, la ley que refuerza el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad, entre otras, porque creemos que el Estado debe tener un rol protagónico y una presencia efectiva en los territorios, con herramientas reales para proteger a las familias. Por eso, vamos a votar a favor de este proyecto, con la convicción de que mejorar la seguridad es una tarea urgente, que debe hacerse respetando plenamente las garantías fundamentales. La seguridad y los derechos de las personas pueden y deben avanzar juntos, fortaleciendo la democracia, protegiendo a las personas y asegurando justicia con plena responsabilidad. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto y, con posterioridad, el diputado Henry Leal. Muchas gracias, señor Presidente. La bancada de diputados del Partido Socialista va a aprobar este proyecto de ley que modifica el Registro Nacional de Prófugos.

Perfecciona el Registro Nacional de Prófugo de la Justicia. Esta es una iniciativa que surge del diputado Jorge Guzmán de Bópoli, pero que varios hemos apoyado y reforzado en su avance en este Congreso. Y hoy, si aprobamos las modificaciones que efectúa el Senado, estará en condiciones de ser publicada como ley de la República. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? El Registro Nacional de Prófugo de la Justicia cuenta con cerca de 40.000 personas que tienen órdenes de aprehensión vigentes y no son habidas. Uno podría pensar que todas esas personas son fugitivos de la justicia, pero hay de todo. Hay personas que, de alguna manera, no han sido notificadas de su comparecencia a juicio y, por lo tanto, desconocen que están siendo buscadas. Asimismo, hay personas que tienen restricciones y órdenes de arresto por no cumplimiento de obligaciones familiares, entre otros motivos. Sin embargo, existe un núcleo de cerca de 3.000 personas que han sido condenadas por la justicia por graves delitos, por crímenes, y que deben cumplir penas, incluso privativas de libertad por varios años, y que hasta ahora han eludido la acción de la justicia al ausentarse de su domicilio y transformarse en prófugos. Lo que hace este proyecto de ley es determinar una lista de delincuentes más buscados, estableciendo una prioridad para que el Ministerio Público, la PDI y Carabineros publiquen en sus portales institucionales y en otros medios los datos de estos prófugos, con el objeto de facilitar la obtención de antecedentes u obtener la colaboración ciudadana para proceder a su aprehensión, de modo que no se salgan con la suya, y para que estas personas que están huyendo de una pena privativa de libertad sean efectivamente capturadas y llevadas a la cárcel, tal como lo determinó un tribunal. Asimismo, se ha generado un debate sobre si las personas que, sin estar condenadas, han sido imputadas por delitos y pueden presentarse como rebeldes a la justicia, deban ser objeto de dicha priorización. No es lo normal, debido a la presunción de inocencia que ampara a los imputados; sin embargo, en casos de delitos tan atroces y con pruebas tan contundentes, ello podría equipararse al tratamiento de quienes ya han sido condenados. Ante tal situación, este proyecto de ley ha establecido que el Ministerio Público, la PDI y Carabineros definirán los criterios de priorización, la forma de hacerla efectiva y todas las medidas de resguardo necesarias. Confío en que este proyecto perfeccionará el sistema. Muy bien, muchas gracias, diputado. Vamos a saludar a una delegación que nos visita: la agrupación Las Cariñositas de Ñuñoa, invitada por nuestra colega, la diputada Lorena Fríes. La persona responsable de esta agrupación es don Facundo Ríos, a quien saludamos con mucho afecto. Diputado Genre Lial, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ojalá hoy tengamos una aprobación unánime de este proyecto de ley que, junto al diputado Jorge Guzmán, hemos impulsado y que se convierta en ley de la República. Será muy relevante, ya que quiero contarle a esta Cámara que el asesino de los carabineros, el último detenido, Tomás Antigüen, era un prófugo de la justicia. Y lo que está ocurriendo en nuestro país es que, efectivamente, nadie busca a estas personas prófugas, lo que permite que sigan cometiendo delitos tan graves como asesinar a carabineros y, posteriormente, quemar sus cuerpos. Esta ley resultará muy beneficiosa para las policías y para el Ministerio Público, al permitir perseguir a aquellos a quienes se dicta una orden y, luego de 30 días sin resultados, se archiva, dejando a la ciudadanía indefensa frente a los 30.000 prófugos de la justicia que queremos encontrar para que cumplan con la ley. Estimado Presidente, hago un llamado a esta honorable sala para que hoy aprobemos por unanimidad la ley de prófugo de la justicia, para poder buscarlos, encarcelarlos y que asuman sus responsabilidades. Ojalá no haya ningún voto en contra, pues sería incomprensible que alguien se opusiera a una ley tan necesaria para el Ministerio Público, las policías y los servicios de inteligencia. Gracias, señor presidente.

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