Cámara de Diputados · Sesión de Sala

En materia de prevención de delitos y apoyo a víctimas, ya ha estado en tabla. Luego se presenta otro mensaje, iniciativa del Ejecutivo, que fija un plazo para que los proveedores de Internet y servicios de telecomunicaciones entreguen antecedentes como registros de llamadas sobre posibles delitos. Y en tercer término, moción, ya ha estado en tabla varias veces, que dicta normas para proteger a los humedales rurales. Ahí están los tres primeros puntos de esta jornada de martes 18, que son en general nueve aspectos a considerar. Los puntos cuatro, cinco y seis: el cuatro tipifica el delito de no detención de un conductor de un control policial; el cinco corresponde a la reforma que prorroga el crédito especial de las empresas constructoras; y el seis, a una moción que busca subir la proporción de arresto domiciliario susceptible de ser abonado a la privación de libertad. Como siempre, precisamos el orden del día. El tiempo para tratar los proyectos de ley es de 120 minutos y, por tanto, no se alcanzan a ver todos los aspectos en tabla, que además incluyen otros tres puntos. El séptimo punto es una moción que impide sugerir o exigir propina en establecimientos que no cuenten con servicio de garzones. El octavo exige, también vía moción, un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país. Y el noveno, una investigación parlamentaria acerca de la asociación de municipalidades con farmacias populares. Ahí está. En la página web aún pueden revisar comisiones que estén sesionando en estos instantes. También se dispone de una ventana, ubicada en la parte inferior, que muestra noticias de prensa y que, durante el transcurso de la jornada, se va alimentando con las conferencias de las y los legisladores acerca de diversos puntos. Las otras ventanas corresponden a las comisiones, algunas de las cuales han sesionado en horas de la mañana y la mayoría lo hicieron ayer, en la jornada del lunes 17 de marzo. Visiten la página web www.cdtv.cl, así como www.camara.cl, nuestras redes sociales y la página de la radio de nuestra corporación, todas a disposición de ustedes para la información que requieran. Entrando ya en detalle, como mencionamos, el debate de esta jornada se inaugurará con el mensaje que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, destinado a los gobiernos regionales. En ese sentido, se consigna la primera propuesta de cambio a la actual legislación, estableciendo que, cuando se trate de financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las fuerzas de orden y de seguridad pública de equipamiento o infraestructura para apoyar sus labores, dichos proyectos deberán siempre ser coherentes con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y con los planes anuales de gestión operativa y administrativa vigentes dictados por el Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, así como con las políticas nacionales en la materia. En este caso, se trata del Ministerio de Seguridad Pública, que está a pocos meses de ser implementado. Otra de las propuestas de cambio señala que los gobiernos regionales deberán diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de atención y asistencia a víctimas en la región, en coordinación con los organismos públicos competentes y sin perjuicio de las funciones del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas, incluyendo municipalidades. En el ejercicio de esta función, las políticas, planes y programas deberán ser consistentes y estar debidamente coordinados con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, y con los instrumentos de gestión y directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública en este ámbito. Además, los gobiernos regionales deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría encargada de la Prevención del Delito, organismo que proveerá colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y atención y asistencia a víctimas, formulando la planificación correspondiente y entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Otra de las obligaciones será la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito, sin perjuicio de las competencias correspondientes.

de la subsecretaría encargada de la prevención del delito. Estamos revisando a quién se integra a esta hora de la mañana parte de los aspectos que propone modificar el mensaje que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas. Esto para los gobiernos regionales, proyecto que está en primer trámite constitucional y que fue, más bien, informado. Les recordamos que este proyecto tiene debate y votación pendientes, y fue informado por las comisiones técnicas, a saber, Gobierno Interior y Hacienda. Otra de las propuestas que hace la Comisión de Gobierno Interior es que se puedan, a su vez, proponer al Consejo Regional las políticas, estrategias y planes regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de detención y asistencia a las víctimas, que es precisamente lo que le da el título a este proyecto de ley, que, además, como mencionamos, pasó por la Comisión de Hacienda y que será abordado como primer punto en esta jornada de martes 18 de marzo, en que, además, la Cámara de Diputadas y Diputados, en segundo término, se va a abocar al proyecto de ley iniciado también en mensaje, el cual fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crímenes organizados y otros cuya investigación requiera especial celeridad. Este proyecto fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que lo informará a la Sala, y también está en primer trámite constitucional, al igual que el relativo a los gobiernos regionales que hemos detallado. Por tanto, de ser aprobados esta mañana de martes 18 de marzo, irán al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional. ¿Qué es lo que propone? Respecto de la legislación actual, en el párrafo llamado "Actuaciones de la Investigación y Registro de Llamadas y Otros Antecedentes de Tráfico Comunicacional", la normativa señala que, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y ello sea útil para la investigación, el Ministerio Público podrá requerir a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico de llamadas telefónicas, de envíos de correspondencia o de tráfico de datos en internet de sus abonados, referida al período de tiempo determinado en la resolución judicial. Ahí, lo que propone la Comisión de Constitución es que se incorpore la expresión "o la información relativa a la localización o georreferenciación del tráfico de voz o datos de sus abonados", haciendo aún más específica esta petición respecto de información. También propone la Comisión que, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la existencia de una asociación delictiva o criminal, o de la desaparición de una persona, conforme a la ley 21.500 que regula el proceso unificado de búsqueda de personas y crea un sistema interconectado para estos efectos, o también cuando se presume que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión de algún ilícito, las empresas deberán entregar registros y antecedentes referidos, debiendo ello efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurridas más de 24 horas desde el requerimiento. Para la entrega de estos registros y antecedentes, los proveedores de servicios deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público. Ahí está, entonces, lo que propone este mensaje, que reiteramos está en primer trámite constitucional y se ubica en el segundo punto de la tabla de este martes 18, sesión número 3 de la presente legislatura, en cuyo punto 3 se incluye el proyecto de ley iniciado en moción que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y para ello modifica diversos cuerpos normativos. Este proyecto está con segundo informe, ya fue aprobado en general, pero aún está en primer trámite constitucional, por lo que requiere todavía su despacho particular desde la sala de nuestra Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué es lo que hace? Entre otros aspectos, define lo que es un humedal rural, entendiéndolo por toda aquella extensión de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial.

Permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren totalmente fuera del límite urbano. También se establecen criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales rurales que se definirán de acuerdo a la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a fin de resguardar sus características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Se dicta también una ordenanza general municipal. Las municipalidades deberán establecer en una ordenanza general los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales rurales ubicados dentro de los límites de la comuna, para lo que se utilizarán los criterios establecidos conforme al artículo que hemos mencionado anteriormente. Los Comités de Humedales Rurales se crean también en este proyecto de ley, cuyos detalles estamos a minutos de conocer, ya que está el Vicepresidente Gaspar Rivas dando comienzo a esta jornada de la Sala de Sesiones. Se abre la sesión. El acta de la sesión centésimo trigésimo tercera se declara aprobada. El acta de la sesión centésimo trigésimo cuarta queda a disposición de los parlamentarios. El señor Prosecretario da lectura a la cuenta. Buenos días, Presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala número cuatro para hoy, 18 de marzo. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, Araya, Don Jaime, González, Don Mauro, Joanet y Lónton, y de las diputadas señoras Cordero, Morales, Doña Carla o Santón y Rafael, que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública y sanciona el ejercicio no autorizado de dichas actividades. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Barquiesi, Cordero y del Real, y de los diputados señores Jürgensen, Matteson, Mesa, Moreno, Teao y Trisotti, que modifica la Ley 21.659 para incorporar como requisito la prohibición del consumo de drogas a personas naturales que presten servicios en materias de seguridad privada. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Acevedo, Bello, Castillo, Gazmuri, Mix, Pizarro, Plasencia, Riquelme, Rojas y Santibáñez, que modifica el Código Procesal Penal a fin de otorgar legitimación activa para interponer querella por los delitos que indica a personas jurídicas que realicen trabajo en temáticas de género y violencia de género. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Veloso, Bello, Mix, Snyder y Tello, y de los diputados señores Brito, Lago, Marcino, Maya, Ollarzo y Vinter, que modifica la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para fortalecer las facultades fiscalizadoras del Consejo Municipal. Finalmente, señor Presidente, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Romero, Don Leonidas y Calisto, que modifica la Carta Fundamental para determinar el inicio de la existencia legal de la persona humana. Esa es toda la cuenta para hoy, señor Presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Cerrada la cuenta, pasamos al orden del día. Corresponde, por lo tanto, continuar el debate del proyecto de ley originado en mensaje, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Boletín 16.132-06. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentario que se inscriba. Los informes se encuentran rendidos. Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker. Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Tiene la palabra el diputado Martín Delgado.

Gracias, Presidente. Bueno, mire, este proyecto de ley dice relación con el cumplimiento de una promesa efectuada con los gobernadores en cuanto a la aprobación del reciente proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, así como también por el compromiso transversal por la seguridad suscrito en abril del año 2023 por parte de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile y el Gobierno. En la práctica, Presidente, yo creo que todos estamos, y por lo menos en lo personal, tengo una coordinación, un trabajo permanente tanto con la gobernación de la región de Magallanes como con las distintas municipalidades, tales como la de Punta Arenas, la de Puerto Natales, Porvenir, Williams, etcétera. Y esto hace absolutamente necesario entregar este traspaso de competencias para que los gobiernos regionales, en función de los recursos que poseen, puedan hacer una enorme contribución en coordinación con los distintos municipios. Porque, efectivamente, cuando se llevó a cabo la creación del Ministerio de Seguridad, esta no se hizo más allá de contar con un representante a través de un Ceremi de Seguridad en todo el territorio, sin traspasar competencias a los territorios. Por ello es fundamental la participación de las gobernaciones que estén no solo comprometidas, sino que efectivamente se coordinen con los municipios, con los Ceremi de Seguridad, con el Ministerio de Seguridad, y de esa manera logren la coordinación necesaria para ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad. Existen muchos otros traspasos que, desde hace años, hemos venido solicitando a los gobiernos regionales. Yo solo quiero dejar de manifiesto —y esto especialmente para el mensaje que quiero entregar a la región de Magallanes— que en nuestro territorio ya existe una coordinación entre la gobernación, los municipios y quienes, como parlamentarios, también estamos llevando a cabo un trabajo que pretende tener una participación mucho más activa en materia de seguridad. Yo celebro este proyecto de ley y me alegra que se dé, al menos en parte, cumplimiento a los compromisos de las distintas administraciones en cuanto a los traspasos que deben efectuarse a los gobernadores y a las gobernaciones regionales. Por eso, voy a votar favorablemente este proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso y, a continuación, el diputado Nelson Venegas. Gracias, Presidente. Honorable Sala. Cuesta entender el objetivo de este proyecto, porque aparentemente generamos un encargado de la seguridad regional, pero la pregunta es: ¿es un encargado de la seguridad regional? ¿Va a tener atribuciones para la persecución del delito? ¿Va a tener capacidades operativas? No, no las va a tener. ¿Es un intento por regionalizar la seguridad? Tampoco, porque solo generamos un cargo que le quita atribuciones al Gobierno Regional, reduciéndolo a lo que determine la política nacional de seguridad pública. Por lo tanto, generamos un cargo que dará la apariencia de tener a alguien a cargo de la seguridad en la región, pero esa persona no tendrá ninguna decisión en materia de seguridad. Lo que hacemos es traspasar o difuminar la responsabilidad de la seguridad nacional –la seguridad que está a cargo del Poder Ejecutivo y de las policías–, diciéndole a los gobernadores regionales: “Aquí tienen una mochila, vean ustedes qué hacen con ella”. Pero, cuando traten de hacer algo, la verdad es que no tendrán nada que hacer, pues tendrán que preguntarle al Gobierno central: “¿En qué podemos gastar, jefe?”. Entonces, tampoco hay regionalismo. Por eso creo que este proyecto es malo: duplica funciones, difumina la responsabilidad, no aporta a la seguridad pública y está muy lejos del regionalismo que uno esperaría de este Gobierno. Porque, si estamos creando administraciones regionales, es para fortalecerlas, y no para hacerlas un apéndice de los gobiernos centrales, como hace este proyecto al generar un cargo que solo podrá actuar según lo que el Ministerio de Seguridad en su momento le indique. Muchas gracias, Presidente.

Diputado Johannes Kaiser y, con posterioridad, diputada Viviana Delgado. Gracias, Presidente. Hoy discutimos un proyecto de ley clave para enfrentar uno de los mayores desafíos que vivimos: la delincuencia y la inseguridad. No podemos seguir mirando hacia el lado mientras el crimen se instala en nuestras calles. Maipú, una de las comunas más bellas y grandes de Chile, se ha convertido en un triste reflejo de esta crisis, con vecinos que viven con miedo, barrios tomados por la violencia y una sensación de abandono que no podemos permitir. Frente a esto, los gobiernos regionales han intentado responder invirtiendo en seguridad mediante la compra de vehículos policiales, cámaras de vigilancia y la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, no han actuado bajo un marco claro de competencias. Este proyecto de ley viene a corregir eso, ordenando, fortaleciendo y dando coherencia a estas acciones. Tal como señala el informe, es preciso coordinar la toma de decisiones y agilizar la respuesta. Con esta ley, los gobiernos regionales podrán ejecutar planes de prevención del delito, asistir a las víctimas y mejorar la inversión en infraestructura, tecnología y en la recuperación de espacios, espacios actualmente tomados por traficantes. Esto no es más burocracia, como algunos han dicho, sino eficiencia, ya que dotará de herramientas a quienes ya invierten en seguridad, pero ahora con un respaldo legal que haga el gasto más efectivo y útil para la ciudadanía. Presidente, la gente no puede seguir esperando. Necesitamos prevención, coordinación y, sobre todo, acción. Este proyecto es un paso en la dirección correcta y mi voto será a favor. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán, seguido por el diputado Cristian Tapia. Muchas gracias, señor Presidente. Saludo, a través de este intermedio, a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación. Señor Presidente, la Araucanía, región que tiene la mayor cantidad de víctimas de terrorismo, y miles de familias a lo largo de estos años se han visto afectadas por la toma de terrenos, asesinatos, usurpaciones, amenazas, quema de siembras y otras graves vulneraciones por parte de criminales. Sin embargo, los apoyos del Poder Ejecutivo muchas veces son insuficientes, tardíos o, peor aún, jamás llegan a los afectados. Prueba de ello es la colonia Manantorilles, en la comuna de Angol. Por esta razón, se hace necesario ampliar las capacidades de los gobiernos regionales para apoyar a quienes, de manera injusta, sufren la delincuencia y la violencia en la Araucanía. Votaré a favor de esta iniciativa que otorga a los gobiernos regionales nuevas atribuciones en materia de prevención del delito y asistencia a víctimas. De esta manera, entre otras medidas, se podrán diseñar y ejecutar planes en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito. Asimismo, se posibilitará el financiamiento de proyectos destinados a dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento e infraestructura para el apoyo de sus labores, y se les concederá la facultad de desarrollar acciones para la atención a víctimas de delitos. Espero que, una vez adquiridas estas capacidades, las autoridades no hagan vista gorda y se preocupen, como corresponde, de apoyar a las víctimas y no solo de aparecer en las fotografías lamentando los hechos y anunciando que se actuará contra quienes resulten responsables. Estas puestas en escena ya nos tienen cansados. Por eso, es fundamental llegar a las víctimas y apoyarlas en todos los sentidos.

Devolverles los bienes que han perdido. Votaré a favor, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia, con posterioridad del diputado Johannes Kaiser. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que este es un muy buen proyecto: entregar estas funciones en materia de prevención social y situación comunitaria a los gobiernos regionales, que ellos lo están pidiendo desde que entraron en funcionamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque, cuando uno está en terreno, cuando uno está en las poblaciones, se percibe que la ciudadanía está decepcionada. Está decepcionada no solamente de una institución, ni de Carabineros, ni de la PDI, sino de todo el sistema. Me tocó estar en una reunión el jueves pasado en la población Hermanos Carrera, reunión convocada por jóvenes. Uno podría pensar que a veces los jóvenes no le dan importancia, pero en realidad están muy preocupados por este tema. Y el día viernes, en conjunto con las organizaciones de uniones comunales y juntas de vecinos, quedó en evidencia que estamos trabajando muy separados. Para avanzar en temas de seguridad, señor presidente, nos necesitamos a todos. Nadie tiene una varita mágica; nadie puede decir: “Con esto vamos a terminar el flagelo de la delincuencia.” ¿Y por qué son tan importantes los gobiernos regionales? Porque están compuestos, además del gobernador regional, por los consejeros regionales, que son territoriales y representan a cada comuna de cada región. Y cuando uno se traslada a la región de Atacama, siempre he apreciado el interés del gobernador Miguel Vargas en esta materia, firmando convenios de colaboración en salud, en educación y en seguridad. Es fundamental otorgar esta atribución, ya que los gobiernos regionales cuentan con recursos; sin embargo, para ello debemos evitar recortar dichos recursos. Sabemos que los recursos del royalty también llegarán a los gobiernos regionales. Tal vez el año pasado enfrentaron limitaciones para gastar e invertir, pero hoy tienen mayor apertura: no solamente pueden invertir en tecnología y ciencia, sino que también lo harán en seguridad. Yo creo, estimado presidente, que muchas veces nos criticamos entre nosotros, pero es hora de trabajar seriamente. Este Congreso ha demostrado su labor mediante la gran cantidad de leyes aprobadas; sin embargo, los municipios cumplen un rol tremendamente importante. Además, el gobierno, a través del gobernador regional y los COREs, mantiene una relación directa con los municipios, ya que desde allí, alcaldes y concejales—las autoridades más cercanas a nuestra gente—detectan lo que sucede. Por ello, le entrego mi voto de confianza a este proyecto a favor de los gobiernos regionales, porque estoy seguro de que invertirán los recursos donde realmente corresponde. Así que, votemos a favor de este proyecto, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser y, a continuación, el diputado Nelson Venegas. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo tengo un problema cuando se empiezan a meter demasiados cocineros en la cocina y no se ponen de acuerdo en cómo van a estar o qué tipo de ingredientes le van a añadir a la cazuela. Hay demasiados órganos encargados del tema de seguridad y cada uno de ellos recibe un presupuesto propio. ¿Qué sucede cuando se actúa de esta manera? Al final, se dispersan los esfuerzos. No hay concentración ni una inversión en el mediano y largo plazo en las instituciones que efectivamente deben preocuparse por la seguridad. Si estamos hablando de quinientos mil millones de pesos, más o menos, que se destinan al tema de seguridad en las gobernaciones—equivalentes a quinientos millones de dólares—esto representa casi el 40-45% del presupuesto que se reparte sin una visión estratégica, sin una visión macro y sin optimizar, a través de la economía de escala, el impacto social de dichos recursos. Entonces, en vez de asignar esos fondos a gobernaciones o incluso a municipios para el tema de seguridad, ¿por qué no reforzamos a Carabineros y a la PDI en sus investigaciones con esos recursos? ¿Por qué no dedicar, en el mediano y largo plazo, esos recursos a aumentar dotaciones y a mejorar, desde una perspectiva institucional, la gestión de estas organizaciones?

…han dedicado a la seguridad. Tengo la impresión de que aquí lo que tenemos, a través de las gobernaciones, y me disculparán, pero de alguna manera es el viejo pascuero del sistema político, que va a todo lado a hacer regalos, pero la inversión no necesariamente se traduce —o no necesariamente está asociada— al mayor impacto social posible que se pueda alcanzar con esos recursos, si se concentran y, de la mano de un diseño racional, se invierten para lograr mejores resultados de seguridad para la ciudadanía. Esta lógica de hacer un reparto de recursos con balde ya no funciona, damas y caballeros, y no funciona porque, además, los recursos están siendo cada vez más escasos. Entonces, ¿por qué no concentrar nuestro esfuerzo directamente en las instituciones que están llamadas a recuperar la seguridad en nuestro país? Es ahí donde tienen que llegar los fondos, no a 10, 15, 20 departamentos distintos que muchas veces no conversan entre sí y que no son capaces de generar una estrategia de seguridad coherente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas y, con posterioridad, la diputada Paula Labra. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que acá estamos todos conscientes, transversalmente y en toda la sociedad, de que el principal problema que aqueja hoy día nuestro país es precisamente el tema de la seguridad, y eso hay que tomárselo con madurez, hay que tomárselo con responsabilidad. Yo creo que esta institución debemos reivindicarla, debemos legitimarla y debemos darle altura de mira. El pueblo chileno está esperando eso de nosotros, y siento que, lamentablemente, el tema de la seguridad está siendo manoseado y políticamente utilizado. Pero cuando se tienen que tomar determinaciones, decisiones o votar de tal o cual manera, no se actúa con la perspectiva de solucionar los problemas, como si a algunos no les interesara solucionarlo porque con ello pueden tener un discurso que cautive al electorado. A mí eso me parece absolutamente irresponsable y nos deslegitima como institución, pues no estamos dando respuestas concretas y serias al pueblo chileno. El tema de la delincuencia no es un asunto de gobiernos, es un tema del Estado, es estructural y requiere, por tanto, decisiones serias y concretas. Lo otro resulta en charlatanería barata: esto de armar a la gente, esto de aumentar las penas, esto de incrementar tantas o cuales medidas. Nosotros tenemos que abocarnos a darle una solución estructural al Estado de Chile para el nuevo tipo de delincuencia que está surgiendo a consecuencia de la globalización, de la inmigración y de todos los fenómenos nuevos que acontecen en las sociedades. En esta oportunidad no me interesa hablarle a las masas, ni a la tele, ni buscar aplausos; me interesa hablar como un hombre que fue puesto acá para dar respuestas de Estado. Y en ese sentido, considero que el Estado debe hacerse cargo de manera seria. ¿Y cómo se tiene que hacer cargo de manera seria? A través, precisamente, de instituciones como, por ejemplo, los gobiernos regionales. ¿Quién mejor que ellos para conocer lo que ocurre en la región? Ellos conocen precisamente lo que aqueja en cada territorio: dónde están las dificultades, dónde hay que invertir en espacios públicos, dónde hay que aumentar la iluminación, dónde hay que incrementar la prevención, porque para eso se generó la ley que modificó la posibilidad de elegir a los gobernadores, para que éstos actuaran en concordancia con lo que ocurre en cada ámbito. Entonces, ¿cómo no va a ser aceptable un proyecto de ley de esta naturaleza? Yo creo que hay que entregar atribuciones a los gobernadores para que tomen decisiones serias y concretas, porque tenemos que luchar de manera decidida contra el flagelo de la delincuencia. He dicho, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Paula Labra y, con posterioridad, la diputada Marcela Riquelme. Gracias, presidente. Para mí este es un pésimo proyecto de ley. Es otro voladero de luces de este Gobierno para decir que se está haciendo algo en materia de seguridad, cuando no es más que una aspirina para la ciudadanía. Este proyecto crea más institucionalidad, más grasa estatal, más funcionarios públicos, protocolos, burocracia, etc., cuando ya existen las autoridades regionales.

Para cumplir con su rol en seguridad, para qué está el delegado regional, los delegados provinciales y, además, ahora un nuevo Ministerio de Seguridad que va a instaurar seremis de seguridad en todas las regiones. Este proyecto de ley plantea que los gobiernos regionales deben crear una división de prevención del delito. Yo digo: ¿por qué no crean también, entonces, una división de salud pública para reducir las listas de espera o una división de transporte público para que los niños de Copihue o de Catillo, de las zonas rurales de la región del Maule, tengan una micro para ir al colegio? Esto no le corresponde a los gores. Y un ejemplo súper claro: el gobernador de la región del Maule consiguió el presupuesto que se le había rebajado para entregar un helicóptero a Carabineros. Para esto no se necesitó un proyecto de ley. El ex intendente, Juan Eduardo Prieto, presentó una propuesta para crear una escuela de Carabineros con el fin de reducir el déficit en la región. Esto tampoco requiere un proyecto de ley; simplemente es una artimaña para evadir responsabilidades. Cuando la nueva seremia de seguridad no logre combatir la delincuencia, ¿de quién será la responsabilidad? De los gores. Por lo tanto, yo no voy a aprobar un proyecto de ley que viene a diluir responsabilidades. Y para mejorar en todas las materias, desde salud a seguridad, se necesita voluntad del gobierno de turno y, además, gente competente y responsable. No se puede seguir despilfarrando recursos como la fallida compra de la Casa Allende, 900 millones; la campaña de comunicación del borrador del primer mamarracho constitucional, 1.800 millones; o los más de 1.000 millones de pesos que se gastan en arriendos todos los años para los nuevos 100.000 empleados públicos. Esta ineficiencia y la falta de claridad en las prioridades quedan totalmente en evidencia cuando tenemos un ministro de Agricultura que tilda de llorones a los alcaldes de los municipios rurales. Un ministro con este tipo de actitud y pensamiento sobre su cargo debe renunciar, sí o sí. He dicho, presidente. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme y, con posterioridad, el diputado Enrique Lee. Muchas gracias, presidente. Este proyecto del Ejecutivo, sin duda, corresponde al compromiso transversal por la seguridad. Todos los esfuerzos son valorables y necesarios. La incorporación de los gobernadores al Consejo Nacional de Seguridad Pública busca disminuir una brecha en los roles asociados a la prevención y control de la delincuencia que, hasta hoy, tienen las autoridades. Antes de continuar, quiero hacer mención al asesinato ocurrido en la comuna de Graneros de mi distrito. Es un hecho gravísimo y doloroso para toda la región de O'Higgins y para el país, el cual esperamos sin duda que sea esclarecido prontamente. Pero este macabro crimen nos hace plantearnos la necesidad de proteger nuestras zonas rurales. Y en eso estamos con otros parlamentarios de distintos sectores políticos: evitar que el delito y la violencia se trasladen a nuestros campos. El delito no se termina en el límite de la Región Metropolitana. Cuando se combate el delito en la Región Metropolitana, sepan ustedes que éste se traslada a otras regiones como Valparaíso o a la nuestra, la región de O'Higgins, y eso, para nosotros, es muy grave. No estoy tan de acuerdo con el rol de los gobiernos regionales en materia de control; sin embargo, sí lo estoy en materia de prevención, y es de toda lógica, porque este rol ya lo cumplen o ya se ha cumplido a través de fondos destinados a proyectos de seguridad pública. Establecer lineamientos claros en la construcción de estrategias permite un avance concreto, considerando ejes asociados a ellos y evitando que dichos ejes tengan que ver con compadrasco o con aquellos municipios que son más beneficiados o más amigos de un gobernador u otro. La prevención psicosocial y situacional del delito no es algo nuevo. Esto lo hicieron los municipios, recuerden ustedes, ya desde el año 2005 a través del Ministerio del Interior, mediante el otrora programa Comuna Segura. La prevención, tantas veces minimizada en su rol frente a las políticas de control, es fundamental para construir bases sociales. Desde mi experiencia lo pude constatar en el trabajo en Rancagua, en Costa del Sol, en Villa Hermosa, en Villa Las Rosas y, por supuesto, en la Manso Velasco del sector Alameda, donde la llegada del terminal de buses en esa época amenazó duramente la seguridad de los vecinos. Estas son solo parte de las experiencias de un trabajo realizado en conjunto con la comunidad, sumando también esfuerzos en prevención contra la violencia escolar hacia la mujer y distintas incivilidades.

Estoy convencida de que este proyecto contribuirá a fortalecer vínculos con la ciudadanía y, por eso, mi voto será a favor. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Enrique Lee y, con posterioridad, el diputado Álvaro Cárter. Gracias, Presidente. Mire, desde mi punto de vista este proyecto lo único que hace es diluir y deslindar responsabilidades. Deslindar responsabilidades en momentos críticos en el país, en el momento en que todas las cifras, todos los resultados y la evidencia pública permanente diaria en el aumento de la criminalidad indican que han fracasado todas las iniciativas respecto a recuperar la tranquilidad y la seguridad perdida. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno? Le traspasa esa responsabilidad a los gobernadores regionales. Gobernadores como, en el caso de Arica, que han tenido el año pasado un 80% de ejecución presupuestaria, en una situación en que hemos conocido —y todavía están en investigación— los escándalos de los casos de convenios. Yo creo que es una tremenda irresponsabilidad, en este estado de las cosas, traspasar esta responsabilidad a los gobernadores regionales, quienes, por lo demás, cuentan hoy día con las herramientas y las respectivas divisiones que podrían también invertir en protección y prevención. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto, Presidente, en circunstancias además de que todavía esperamos del Gobierno su compromiso —su compromiso aún incumplido de hacer las auditorías que hoy día son facultativas y de hacer de las auditorías externas a los gobiernos regionales una materia obligatoria—. Eso es un compromiso del ministro Marcel y todavía está inconcluso, está incumplido. Presidente, es el Ministerio del Interior y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública quienes tienen que asumir esta responsabilidad. Es el Gobierno de turno el que tiene que asumir la responsabilidad, y esta sola idea de traspasar recursos y responsabilidades a los gobiernos territoriales me parece una muy mala idea; la voy a votar en contra. Tiene la palabra el diputado Álvaro Cárter y, con posterioridad, la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, Presidente. Acá, algunos parlamentarios han mencionado que esta es una promesa del Gobierno con los gobernadores. Pero, ¿qué pasó con la promesa de este Gobierno con Chile, de que los ciudadanos iban a tener más tranquilidad, de que iban a poder salir a la calle, a poder estar tranquilos y no tener el temor de que los asesinaran? Este fin de semana fue otro fin de semana más en el que murieron muchos chilenos en pocas horas. Y el Gobierno, preocupado por temas políticos y por los chats, en lugar de avanzar en soluciones para poder entregarle a la gente la seguridad de salir sin temor a morir, manda finalmente un proyecto que lo único que hace es crear más puestos de trabajo para sus amigos, más grasa del Estado. ¿Es esta la política nacional de seguridad? ¿Por qué no se destinan más recursos a las policías? ¿Qué es mejor que las policías? Que los carabineros, quienes conocen el país, las calles y a nuestros ciudadanos. Si ya conocemos el diagnóstico —sabemos que el narcotráfico está en las poblaciones, que tienen mayor armamento y más fuerza que nuestras policías—, ¿por qué no avanzamos en la solución? En lugar de gastar este dinero en amigos del gobernador, ¿por qué no tenemos mejores carabineros? Y para ello, ¿por qué no se mejoran los sueldos? ¿Por qué no contamos con una mejor PDI y se les compran mejores herramientas investigativas? ¿Por qué no se mejora el armamento de nuestras fuerzas de orden para que, cuando un asaltante ataque a un carabinero o a un agente de la PDI, ese asaltante no sobreviva? ¿Por qué no se destina más combustible para los vehículos? Porque pareciera que no se dan cuenta, la izquierda chilena, que, independientemente de lo que digan respecto a estos proyectos, el mayor problema que hoy tienen nuestras policías es que no cuentan con los recursos para poner los vehículos en circulación. Los helicópteros, por ejemplo, tienen solamente cierta cantidad de horas de vuelo diarias. Parecía ser que no les importara; lo que les importa es crear nuevos puestos, llamar a sus amigos e inventar cosas. Y al final, ¿qué sucede? Más chilenos muertos. ¿Cuándo se harán cargo? El gran legado que está dejando este Gobierno —que vino a cambiarlo todo— es que cada día hay más chilenos muertos. Son ustedes, la izquierda chilena, quienes tendrán que asumir esa responsabilidad el día de mañana. Y créanme, se lo vamos a recordar hasta el último día, hasta que en noviembre saquemos a la izquierda de la moneda. Tiene la palabra la diputada Carolina Tello.

y con posterioridad, el diputado Andrés Longton. Sí, de reglamento, diputada González. Sí, presidente, pido a la locución anterior del diputado Carter que se revise su intervención y se borre del acta la alusión que hace a que la izquierda es responsable de los asesinatos, entendiendo que la derecha también tuvo gobierno y, como se recibió a las policías, era bastante deplorable que no tuvieran ni siquiera autos para movilizarse, y este gobierno ha hecho la mayor inversión en Carabineros, y lo ha dicho así el director general de Carabineros. Gracias, diputada. Vamos a revisar, junto con la secretaría, las expresiones del diputado. Diputado Sánchez, de reglamento. Muchas gracias, presidente. Solo consultar si, en su presidencia, se permitirá una intervención extra durante la discusión de los proyectos de ley, solicitando puntos de reglamento, o si vamos a seguir respetando, como ha sido hasta ahora, el uso correcto de estos puntos, ya que la intervención de la diputada recién fue básicamente una intervención y no discutió nada de reglamento. Muchas gracias. Diputado Benavente, de reglamento. Los diputados tienen la obligación de hacer un buen uso del reglamento y utilizarlo para iniciar un debate. Se está haciendo un mal uso del mismo; por tanto, presidente, le pido que tenga la prevención necesaria y que solicite la norma sobre la cual se está pidiendo el reglamento. Sí, tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, presidente. Hoy discutimos un proyecto de ley crucial para fortalecer la seguridad en nuestras regiones, otorgando a los gobiernos regionales un rol activo en la prevención del delito. Este proyecto responde a una necesidad evidente: descentralizar y coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestras comunidades. Actualmente, los gobiernos regionales ya invierten en la prevención del delito, financian infraestructura y colaboran con municipios en materia de seguridad; sin embargo, carecen de una estructura formal que les permita ejercer estas funciones de manera eficiente y coordinada con la política nacional. Este proyecto, presidente, corrige esa omisión al institucionalizar su rol y asegurar que cada acción esté alineada con una estrategia integral de seguridad pública. Un ejemplo claro de la urgencia de esta medida es la región de Coquimbo, la región que represento, donde el aumento del crimen organizado, el narcotráfico y los delitos violentos ha generado gran preocupación y alarma en la ciudadanía. En comunas como La Serena y Coquimbo, la sensación de inseguridad crece día a día, y las mujeres, particularmente en La Serena, tienen miedo de caminar por las calles. Frente a este escenario, presidente, los gobiernos regionales han financiado cámaras de vigilancia y la recuperación de espacios públicos, pero sin una institucionalidad clara que les permita coordinar eficazmente estos esfuerzos con el nivel central. Con este proyecto, presidente, esa realidad cambiará, permitiendo una planificación estratégica de la prevención del delito, adaptada a las necesidades de cada territorio y sus respectivas particularidades. Este proyecto de ley, presidente, lejos de crear burocracia innecesaria, como se ha planteado, permite que los recursos se utilicen de manera estratégica y efectiva. Con ello, fortaleceremos la prevención, apoyaremos de mejor manera a las víctimas y dotaremos a las regiones de herramientas reales para combatir la delincuencia y prevenirla, lo cual es lo central para evitar que las situaciones que lamentamos diariamente sigan ocurriendo. Aprobar este proyecto de ley, presidente, es avanzar hacia un país más seguro, con gobiernos regionales más fuertes y vecinos y vecinas mejor protegidos. Quiero también agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y, por supuesto, desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, por avanzar en estas materias de seguridad que sabemos son prioritarias y fundamentales para nuestra ciudadanía. He dicho, muchas gracias, presidente.

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton y con posterioridad la diputada Karen Medina. Muchas gracias, presidente. Presidente, lo que hace este proyecto es precisamente darle un marco normativo a algo que ya se ejecuta en la práctica, pero sin lineamientos y sin una estructura clara para efectos de generar proyectos que, en definitiva, mediante elementos debidamente estudiados y concordados con la Política Nacional de Seguridad Pública, vayan precisamente a aprobar proyectos que se condigan con la realidad que están viviendo las distintas regiones y comunas de nuestro país. ¿Qué ocurre en la práctica, presidente? En la práctica, los gobiernos regionales aprueban proyectos de infraestructura, de financiamiento, cuarteles, vehículos y un sinfín de cosas para las policías y para los municipios, pero se hacen sin necesariamente tener un lineamiento claro respecto a lo que está pasando en el país e incluso en otras comunas de la región. Entonces, claramente, se necesita un marco normativo para regular esto. En ese sentido, que los gobernadores puedan participar en los consejos comunales y en el Consejo Nacional de Seguridad Pública les dará no solamente una expertise, sino una visión distinta respecto a lo que ocurre en las regiones y a si esos recursos se están destinando donde deben o si, por el contrario, se asignan por presiones de algún alcalde o de su sector político. Esas situaciones deben corregirse, porque tiene que haber planificación, evidencia y una estructura clara que permita que la prevención del delito cuente con las herramientas necesarias para combatirlo como corresponde. En consecuencia, presidente, esto es lo que se está haciendo: se está creando esa estructura dentro de los gobiernos regionales. Me hubiera gustado, obviamente, que viniera acompañado de financiamiento, que es lo que claramente requiere este proyecto, y que por ello algunos parlamentarios, particularmente de Renovación Nacional, rechazaron en la Comisión de Hacienda aquello. ¿Qué elementos, presidente, me hacen ruido? Aquellos que afectan directamente la autonomía de los municipios, por ejemplo, informar al gobierno regional la designación y remoción del director de seguridad pública, ya que, ¿por qué habría que informar si los municipios son autónomos? Asimismo, se exige que remitan sus planes comunales de seguridad pública al gobierno regional, lo cual no debería ser obligatorio, sino voluntario, ante la limitada capacidad técnica de muchos municipios para elaborar y desarrollar dichos proyectos. Por eso, los gobiernos regionales son tan importantes, pero deben estar siempre directamente relacionados con los planes nacionales de seguridad pública y coordinados sin duda con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este es el desafío que debemos cumplir para que el proyecto dé los resultados esperados. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Karen Medina y con posterioridad la diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Hoy enfrentamos una de las mayores demandas de nuestra sociedad: una seguridad pública efectiva y cercana a la ciudadanía. No podemos seguir respondiendo a este desafío con soluciones centralizadas que desconocen las realidades territoriales. La seguridad debe abordarse desde los territorios, con los gobiernos regionales como un pilar fundamental en la prevención del delito y la protección de sus comunidades. Descentralizar la seguridad no significa debilitar la estrategia nacional, sino fortalecerla, permitiendo que cada región cuente con las herramientas para actuar con mayor rapidez y eficiencia, sin depender exclusivamente de decisiones tomadas desde Santiago. Los gobiernos regionales ya están invirtiendo en seguridad, renovando gran parte del parque automotriz de esta institución, infraestructura, tecnología y otros elementos, pero lo hacen sin una estructura que les permita planificar y ejecutar de manera coordinada con el nivel central. Con esta reforma, regulamos y fortalecemos esa función. Este proyecto establece una articulación clara entre la estrategia nacional y la gestión local de la seguridad. No estamos creando policías regionales, sino dotando a los gobiernos locales de la capacidad de actuar en prevención del delito, en apoyo a las víctimas y en el fortalecimiento de la seguridad comunitaria. Nadie conoce mejor los problemas de seguridad de una región que quienes viven en ella y la gobiernan. La seguridad pública es un compromiso de todos. La descentralización no es un capricho, es una necesidad.

Urgente para mejorar la protección de las personas. Fortalezcamos a los gobiernos regionales sin perder el rumbo nacional. Hagamos de la descentralización una herramienta para devolverle la tranquilidad a Chile, reforzando la tan anhelada seguridad. Es por eso, Presidente, que anuncio mi voto a favor de este proyecto. Gracias. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas y con posterioridad el diputado Luis Sánchez. Gracias, Presidente. La elección de gobernadores regionales fue un paso importante en materia de descentralización y, específicamente, en avanzar hacia la autonomía de cada región del país, de manera que las decisiones no dependan totalmente del nivel central. Y el proyecto de ley que hoy discutimos precisamente va en ese mismo sentido. La delincuencia no se comporta igual en todas las comunas de Chile y, por lo tanto, tampoco las causas relativas a la seguridad son las mismas en todas las regiones. No podemos enfrentar este contexto con medidas diseñadas desde oficinas centrales. Este proyecto de ley lo que hace es incorporar la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales, con funciones que, como se ha señalado anteriormente, ya cumplen pero que no tienen una institucionalidad definida. Van a poder diseñar, aprobar y ejecutar planes de seguridad adaptados a la realidad de cada región y, además, focalizados, entregando más y mejores herramientas a los municipios de Chile. Esto permitirá mejorar la asistencia a las víctimas, por ejemplo, pero fundamentalmente prevenir, fortaleciendo la prevención social, comunitaria y situacional del delito. Y esto es muy importante, Presidente, porque cuando llegamos a sancionar, hemos llegado tarde. Es fundamental que se pueda prevenir; perseguir la delincuencia y enfrentarla a la justicia es importante, pero siempre será una acción posterior a que el delito ya se haya cometido, dejando en muchos casos heridas irreparables a las víctimas, a su entorno y a sus familias. Por eso es esencial poder actuar anticipadamente para evitar la concurrencia de los delitos. Para ello, es fundamental planificar y contar con experiencia territorial que aporte en este ámbito. Asimismo, quiero señalar que, aunque el proyecto entrega autonomía a los gobiernos regionales para aprobar y ejecutar políticas de prevención, estas deben ser coherentes con una política de carácter nacional en seguridad pública interior, contar con las directrices que entregue el Ministerio de Seguridad Pública y existir la coordinación necesaria con el nivel central. Por lo tanto, agradezco al Presidente Gabriel Boric. Ayer aprobamos y despachamos de esta sala el proyecto de cuidados que pone en el centro a las cuidadoras, y hoy seguimos avanzando en seguridad y, como no, en descentralización. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez y, con posterioridad, la diputada Marta González. Muchas gracias, Señor Presidente. Chile demanda más seguridad y eso significa llevar recursos a la calle. ¿Cómo puede ser que cada vez que este Gobierno enfrenta un problema tenga que inventar más pegas políticas? Por eso el país está mal, por eso el crimen está descontrolado, ya que un compañero sentado en una oficina no reducirá la delincuencia. Más carabineros en la calle, con mayores facultades y herramientas, sí lo lograrán. Por eso, este tipo de proyectos de ley se equivocan en el foco y en cómo resolver los problemas. Este Gobierno, el Gobierno de Gabriel Boric, tiene un problema de diagnóstico. Los problemas en la calle no se resuelven con millones gastados en oficinas, sino con recursos en la calle. Votaremos en contra de dicho proyecto, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Marta González y, con posterioridad, el diputado Jorge Ratliff. Gracias, Presidente. Los niveles de violencia y delincuencia que tenemos hoy en día están desbordados, y esto no nace de la noche a la mañana, Presidente. Son décadas de inacción y de abandono, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro país.

Algunos hacen memoria, inclusive datan de que en dictadura fueron insertados drogas como la pasta base a las poblaciones. Y desde ahí, los pobladores saben dónde están los narcotraficantes, dónde están los focos de delincuencia. Por esa inacción de distintos gobiernos, hoy día tenemos un desborde, sumado a que también, en su minuto, políticos de ciertos sectores fueron a llamar a los extranjeros para venir a nuestro país y hoy día también quieren que sean sus adeptos y sus votantes. Eso, presidente, es la mezcla perfecta para tener las condiciones que tenemos hoy en día. Nuestro país no ha insertado la prevención ni la situación del delito comunitario como se debe. No tenemos rehabilitación, no tenemos reinserción, no tenemos prevención. Y en ese sentido, es necesario e imperante que todas las instituciones trabajen alineadas bajo una política nacional, bajo una estrategia coordinada. Hoy día la tecnología puede ayudar mucho a esta prevención. Falta dotación de carabineros, efectivamente, falta y necesitamos más carabineros en la calle. Pero es impensado e iluso creer que solo con la presencia de carabineros, porque además, aunque tuviésemos toda la dotación completa, no lograríamos tener un carabinero en cada esquina. Es por esto que la prevención se tiene que hacer en distintos niveles. Y aquí la situación comunitaria del delito tiene mucho que aportar, porque son los vecinos los primeros en saber cuándo llega un narcotraficante a sus poblaciones o a sus villas. Hay medidas de disuasión. Hoy día las personas se están agrupando en comités de seguridad y, en O'Higgins, hemos ayudado a conformar muchos de esos comités, bajo la convocatoria de los mismos vecinos. Pero estos comités de seguridad tienen que tener una estructura, un apoyo, un respaldo. Y ahí hay múltiples proyectos que se han desempeñado con buenos resultados, aunque hoy día de manera muy limitada: la implementación de cámaras, las alarmas comunitarias, las medidas disuasivas y las aplicaciones. Hoy día, la georreferenciación en una llamada telefónica puede marcar la diferencia, como lo evidenció la terrible situación que ocurrió en Granero, entre otras medidas que se pueden desplegar. Y, por supuesto, los gobiernos regionales que tienen los recursos deben estar también insertos en esta estrategia nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marta González. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. O sea, a la luz de lo acá dicho, parece que hay dos tipos de parlamentarios: los que creen que la inseguridad se va a resolver con videos de TikTok, con muchos likes, diciendo mentiras, o quienes creemos que se va a resolver con una política pública a largo plazo. Presidente, lo cierto es que cuando este gobierno llegó, el 50% de los vehículos policiales estaba inutilizable. Hoy se compran mil vehículos al año. Estimados colegas, por favor les pido que dejen expresar su opinión al diputado Ibáñez. Por favor, diputado, continúe. Los parlamentarios que creen que con videos de TikTok se soluciona la inseguridad, presidente, ya. Lo cierto es que cuando este gobierno llegó, solo un tercio de los municipios tenía patrulla municipal. Hoy todos lo tienen para desarrollar patrullajes mixtos. Creo que es fácil caer en el populismo y hacer un videíto corto para que quienes le siguen en redes sociales sigan reproduciendo sus propios discursos vacíos. Hoy ya se realizan inversiones en materia de seguridad en los gobiernos regionales; hoy existe aquello. Yo no veo, a propósito de lo que señalan, que todo este dinero vaya solamente a traer más carabineros a las calles, que por cierto, hay que hacerlo, se ha subido el presupuesto en ello, pero no van a ser los carabineros quienes instalen una luminaria, construyan una cancha deportiva, recuperen un sitio de diazo, fortalezcan los hogares de niños o refuercen los programas de reincidencia en las cárceles. Para su información, diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, el gobierno regional también ha invertido en ampliar las cárceles y en generar perímetros de seguridad. Y para ello se necesitan planes, se necesita gente que diseñe justamente el plan preventivo.

Haciendo la pega, entonces quieren endosarle la responsabilidad a los gobiernos regionales para que hagan la pega, para que indemnicen a las víctimas, para que apoyen a las víctimas y para que realicen seguridad pública. Y, por otro lado, también el Congreso Nacional. Le quiero señalar dos ejemplos. En la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados hemos tomado ya varios acuerdos para dar agilidad a proyectos de ley que existen en este Congreso Nacional y que buscan brindar seguridad a la gente que labora en el sector rural. Uno de esos proyectos dice relación con el delito de vigiato y algunas medidas para efectos de su investigación, el cual se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado. Pues bien, le mandamos una nota, la cual no obtuvo respuesta; fue necesario que el presidente de la comisión se desplazara personalmente a hablar con esa misma comisión. El presidente, el senador Durresti, se rió y dijo: “No hay que incluir a las abejas en este tipo de cosas”. No he tenido respuesta al respecto. Asimismo, se presentó otro proyecto que dice relación con el aumento de las penas en el robo de insumos y productos agrícolas, porque hoy día la ridiculez es la siguiente: es más grave robar una camionada de palo o de leña que hurtar alimentos o los insumos necesarios para producirlos. Pues bien, dicho proyecto viene a regularizar este tema. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara también se lo solicitamos, a través de la Comisión de Agricultura, para agilizar el trámite y, en caso de falta de tiempo, que nos fuera remitido. No quisieron ni tramitarlo ni pedir que se remitiera a la Comisión de Agricultura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hay voluntad para agilizar los trámites, hoy día es muy fácil entregarle facultades a quienes sí las están ejerciendo, es decir, a los gobiernos regionales, que cuentan con los recursos y, a lo mejor, con mayor voluntad para apoyar a las víctimas y para indemnizar a las personas que han sufrido del delito, particularmente en la región de la Araucanía. ¿Por qué este gobierno no ha hecho la pega? ¿Por qué este Congreso tampoco lo ha hecho? Por ello, se traslada la responsabilidad al otro, ya que es la única manera de solucionar, en parte, lo que hoy día está ocurriendo y donde, lamentablemente, los poderes del Estado no muestran la voluntad de resolver este tema. ¿Para qué vamos a hablar del Poder Judicial? Ese sería otro tema, que requeriría un día entero para ser analizado. Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto para respaldar la irresponsabilidad de quienes no hacen la pega. Muchas gracias, diputado Vargas. Y no habiendo quórum, se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión. Antes de ofrecer la siguiente palabra, queremos saludar y dar la bienvenida hasta el hemiciclo de la Cámara de Diputados y Diputadas a Pablo Silva, Gobernador de la Región de O'Higgins y Presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile. Bienvenido, gobernador Silva. A continuación, ofrezco la palabra al Diputado Christian Mattinson. Gracias, Presidente. Dejemos a un lado los discursos populistas. Los que dicen aquí que la creación de una nueva división, en este caso una división de seguridad en los gobiernos regionales, traerá como consecuencia mayor seguridad en sus regiones, están falseando la realidad. Los gobiernos regionales ya tienen una estructura que les permite definir dónde invertir los recursos, sean estos de seguridad o de cualquier otra índole. Acá muchos tienen la convicción de que, cuanto más grande es la estructura de un organismo del Estado, más eficiente será su actuar; sin embargo, la realidad ha demostrado exactamente lo contrario. Esto queda claramente demostrado con el hecho de que en el año 2010 existían 540.000 empleados públicos y, hoy, hay más de un millón de funcionarios, sin que se evidencie una mayor eficiencia fiscal. Si los gobiernos regionales tienen dudas sobre cómo invertir en materia de seguridad, ¿por qué no solicitan asesoría o crean un comité en el que participen las municipalidades, Carabineros y la PDI, de tal forma que los recursos que estos proyectos destinan a agrandar la maquinaria estatal se inviertan realmente en obras que mejoren la seguridad de los vecinos y vecinas de una localidad o de nuestras ciudades? Acá parece que la finalidad última de este proyecto no es mejorar la seguridad de la ciudadanía, sino contratar a algún amigo o pariente que quedó en el tintero. Gracias, Presidente. Ofrezco la palabra al Diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, Presidente. Bueno, cuando uno analiza o ve estas discusiones se da cuenta de que hemos avanzado un poquito en la famosa batalla cultural. Hemos logrado, o la fuerza de los hechos en realidad ha logrado, que el Frente Amplio se ponga corbata y hable de seguridad, apoyando a nuestras policías. Es un milagro, ¿verdad? Es un milagro verdaderamente, Presidente. Porque se nos habla hoy día de que hay que mejorar los espacios públicos para que los chilenos tengamos mejor seguridad; pero, ¿en qué momento se destruyeron esos espacios públicos?, me pregunto yo. Y mientras estos espacios públicos estaban siendo destruidos, ¿qué estaban haciendo algunos de los que hoy día se encorbatan y defienden a Carabineros? Aplaudiendo en las calles. Los videos son elocuentes. Se habla de que hay que mejorar las condiciones laborales de los Carabineros, pero hasta hace no mucho tiempo esta institución debía ser desmantelada. Los Carabineros eran considerados unos asesinos, unos violadores, y eran tratados de lo peor. ¿Y qué estaban haciendo aquellos que hoy día se encorbatan y defienden a las policías en ese momento? Acusando que había centros de tortura en Baquedano. Entonces, permítanme dudar. Yo, por lo menos, no les creo esta intención, pues repite la vieja y fracasada fórmula que hemos visto constantemente en este Congreso Nacional: frente a un problema, más burocracia; frente a un problema, más Estado. Pero no más Estado ahí donde se necesita, porque necesitamos más Estado, por supuesto que sí, para mejorar las condiciones laborales de los Carabineros. Hoy día, muchos de estos Carabineros se preguntan, oiga y míralo.

Mi bono de un sueldo al año que me prometieron el año pasado, ¿dónde está? A mí me encantaría tener al Ministro del Interior acá, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para preguntarle qué pasa con ese bono, pero ausente de esta discusión. Porque, al final, a medida que se acercan las elecciones parlamentarias y presidenciales, se van cayendo las caretas y, como dijera la ex Ministra del Interior, nunca tuvieron como prioridad la seguridad pública. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Ministra o a la ex Ministra y ahora candidata? Y se van cayendo las caretas, presidente, porque, al fin, esto es, como ya se reveló en algún momento, de gestión poco, pues en realidad de gestión no se puede hacer mucho. Lo que hay que hacer es show, pirotecnia, espectáculo. Esto es espectáculo y nada más. No va a enfrentar las verdaderas causas de la crisis de seguridad que tiene nuestro país. Por lo tanto, no cuenten con nosotros, porque nos vamos a hacer cómplices de este triste espectáculo. Votamos en contra. Gracias, diputado Mesa. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Roberto Arroyo. Y solo como aviso, luego le corresponde al diputado Calisto y al diputado Andrés Joanet, por lo que les pido a sus jefes de comité que les indiquen; de lo contrario, se cerrará el debate, pues no hay más inscritos luego de ellos. Diputado Arroyo: Gracias, señor presidente. En Chile no hay seguridad. La sensación de inseguridad ha llegado al 97%, o sea, 97 chilenos de cada 100 no sienten seguridad al vivir en su país. Junto a esto, vemos el alza de la criminalidad y el aumento de la violencia en los delitos. Es uno de los síntomas que presenta una sociedad enferma, que está en una sala de espera sin atención y con un diagnóstico grave y en estado terminal. Un país sin dinero y que ahora quiere endeudarse, entregándole responsabilidades que corresponden a las instituciones encargadas de la seguridad, tales como Carabineros y PDI. Y, si realmente desean mejorar el tema de seguridad, lo que deben hacer es aumentar el apoyo económico a estas instituciones y el apoyo tecnológico, pues hoy día el crimen organizado tiene mayor capacidad y rapidez para organizarse que el Estado mismo. El crimen tiene drones y elementos tecnológicos superiores a los de las policías. Fíjese, presidente, que en algunas comunas usted tiene que hacer control de identidad para poder entrar. También se debe aumentar el apoyo legal para que nuestras policías puedan realizar su trabajo sin tener miedo de actuar cuando hay un delito en flagrancia y para que la proporcionalidad de la fuerza sea siempre mayor hacia quien ostenta la autoridad. Además, es preciso trabajar desde el origen de la delincuencia, implementando, por ejemplo, el cierre de fronteras, pero de forma inmediata y con medidas preventivas. Hoy día, en Perú, vive una crisis que afecta a las Fuerzas Armadas en las calles. Estuve, señor presidente, hace dos meses en El Salvador y el trabajo en seguridad es un ejemplo digno de imitar. No se trata solo de construir una cárcel, sino de abordar la criminalidad y la seguridad desde distintos puntos de vista: se transformó de ser el país más inseguro a ser el tercer país con mayor seguridad en el mundo. Lo viví: en sus calles se respiraba a las dos de la mañana con familias y niños, en una celebración previa a la Navidad. La seguridad es una realidad, pero es una responsabilidad del Estado y no basta con desparramar dinero que finalmente no dará ningún resultado. He dicho, señor presidente. Gracias. Diputado Andrés Joanet: Gracias, señor presidente. Bueno, hay dudas, parece, sobre un proyecto que es fundamental y que tiene que ver con las víctimas de la violencia rural. Hoy día se han visualizado, con este horrendo y macabro crimen en la sexta región, los hechos de una pareja que fue vilmente asesinada, y, por tanto, esa es una realidad que, lamentablemente, no podemos normalizar. Nosotros, en la Araucanía, venimos hace muchos años con este sufrimiento: extorsiones, asesinatos… Imagínense que en la Araucanía y también en su región, en muchos casos, presidente, se cosecha con militares. Y eso es una cuestión anormal que no podemos normalizar. El otro día lo decía el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien afirmaba que no podemos normalizar el cosechar con militares. Por tanto, las víctimas están ahí y son permanentes, lo que requiere que el Estado les devuelva algo que les ha quitado, ya que tiene la responsabilidad de brindarles protección.

Es normal que el Estado no proteja y no cumpla su función principal, que es justamente la de la seguridad pública. Es cierto que existen otros tipos de seguridad en los cuales el Estado debe comprometerse, pero la fundamental es la seguridad pública. En la ruralidad hay indefensión. En el campo hay muchas víctimas: víctimas de la delincuencia, del crimen organizado, pero también de la violencia intrafamiliar; en el campo resulta mucho más difícil escuchar los gritos, lo que agrava la situación. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo. La violencia y la delincuencia rural, y en nuestro caso el terrorismo en la Araucanía, son fenómenos complejos que no tienen que ver con un grupo u otro, sino con el hecho de que la delincuencia ha identificado las debilidades del Estado y se ha instalado en las poblaciones, operando en total impunidad tanto en las ciudades como en el campo. Por eso es necesario que, de alguna manera, los gobiernos regionales cuenten con recursos para devolverles a las víctimas algo que el propio Estado les ha quitado, es decir, la protección. Aprovecho para señalar que debiéramos también entrar en el debate respecto a la especialidad de las policías y, en particular, de Carabineros. Nosotros tenemos un déficit de 35.000 carabineros, lo que representa un déficit del 40%, según la OCDE, y es imperativo especializar a la policía en la ruralidad. Tiene que existir, al estilo del comisario francés de la policía rural, quien conoce a sus parroquianos, a sus vecinos y a la gente del campo, de modo que al llegar alguien externo lo identifique rápidamente y establezca relaciones de proximidad. Hoy contamos con modelos interesantes, como las PACIS o las juntas de vigilancia rural que se vinculan a Carabineros, y considero que este aporte puede surgir a partir de esta ley. Este proyecto avanza y, por ello, lo voy a aprobar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giovanetti. Por falta de cuórum se suspende la sesión. Se reanuda la sesión. Ofrezco la palabra al diputado Raúl Soto. Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, saludar por su intermedio a nuestro gobernador de O'Higgins y presidente nacional de los gobernadores, Pablo Silva, que se encuentra en la galería. Y, por cierto, sumo con mucha fuerza mi respaldo a esta iniciativa, a este proyecto de ley.

Creo que es importante, Presidente, no perder de vista que seguimos en medio de una crisis de seguridad, que hay nuevas formas delictuales que afectan diariamente a ciudadanos y ciudadanas en distintas regiones de nuestro país. A propósito, por ejemplo, de lo ocurrido hace unos días atrás en nuestra comuna de Granero, con este brutal y vil asesinato a un matrimonio en la zona rural de la comuna. Yo creo que eso nos hace preguntarnos en qué línea avanzar para que, desde el Estado, se otorgue mayor seguridad a las personas. Yo creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer, como se ha venido haciendo en orden a robustecer a nuestras policías, al Ministerio Público, y lo que va a hacer el nuevo Ministerio de Seguridad, son muy bienvenidas; pero también hay que innovar. También hay que otorgarle más facultades, más herramientas para complementar esos esfuerzos, sobre todo en materia de prevención, a los gobiernos regionales, como se hace a través de esta iniciativa, y también a los municipios, como se hace a través de la Ley de Seguridad Municipal, que espero que avance rápidamente. Creo que de esa manera, Presidente, abordamos el problema de la inseguridad de manera mucho más integral, con un esfuerzo conjunto y colaborativo de distintos estamentos y niveles del Estado, y solo de esa forma, trabajando todos unidos, es que en definitiva vamos a poder ganarle la batalla a la delincuencia y al crimen organizado, que hoy día, lamentablemente y cada vez de forma más violenta, tiene a la población bajo miedo y temor. Creo que esta iniciativa contribuye en esa dirección y no veo por qué alguien podría negarse a ello. Por cierto, tiene que hacerse con todas las garantías de absoluta transparencia, respetando las facultades que cada estamento del Estado tiene en materia de seguridad; pero acá tenemos que sumar esfuerzos y no restar, tenemos que sumar fuerza y no dejarle a una o dos instituciones toda la responsabilidad sobre algo que es responsabilidad, creo yo, de todos y cada uno de nosotros. Por eso, nuestro respaldo a esta iniciativa espero que sea transversal y que el día de hoy pueda ser aprobado. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Raúl Soto. Diputado Miguel Ángel Calisto no está presente. Se cierra el debate. Queremos saludar a los representantes y las representantes del Consejo Asesor de Personas Mayores, SENAMA, de la región de Valparaíso, que han sido invitados por la diputada Camila Rojas, quien me acompaña en la testera, y que son acompañados también por Carolina Rotter. Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados. Continuando con el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros, cuya investigación requiere especial celeridad. Esto corresponde al boletín 16974-07. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Raúl Soto. Vamos cortando, vamos cortando y vamos leyendo, diputado Soto. Muchas gracias, Presidente, por el aviso anticipado. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley iniciado en mensaje que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos relativos al crimen organizado y otros, cuya investigación requiere especial celeridad. La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crímenes organizados u otros que requieren, como señalo, celeridad.

Durante la discusión del proyecto se recibió a la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, al señor ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, al señor Ignacio Castillo, Director de Crimen Organizado del Ministerio Público, al señor Maximiliano McNamara, jefe nacional de cibercrimen de la PDI, y al presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, señor Alfie Ulloa. El mensaje señala que la investigación de ciertos delitos es de particular relevancia para el Ministerio Público y las policías, ya que contar con el tráfico de llamadas o datos por internet en el más breve plazo posible es esencial. En el caso de las investigaciones por hechos que involucran la participación de asociaciones delictivas o criminales, los mencionados registros resultan fundamentales para identificar a los integrantes de las bandas y detenerlos antes de que su actividad delictiva comience o continúe. Además, se agrega que, en el caso de los delitos de secuestro, sustracción de menores e incendio, disponer de dichos registros permite incrementar rápidamente la probabilidad de rescate de las víctimas en el primer caso y de identificación de los responsables en el segundo. El proyecto consta de un artículo único con dos numerales que modifican el artículo 218-T del Código Procesal Penal en el siguiente sentido: en su numeral 1, agregado en la Comisión, se modifica el inciso primero del artículo 218-T. En este inciso, en su texto vigente, se faculta al Ministerio Público para solicitar a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, que entregue la información relativa al tráfico de llamadas telefónicas, envíos de correspondencia o tráfico de internet de sus abonados. La Comisión aprobó una modificación para que el Ministerio Público pueda, además, requerir la información relativa a la localización y georreferencia del tráfico de voz o datos de sus abonados. El numeral 2, por su parte, agrega a continuación del inciso sexto los incisos séptimo y octavo nuevos, pasando los existentes a ser incisos noveno y décimo, y así sucesivamente. El nuevo inciso séptimo, tal como venía en el proyecto original, establecía un plazo de 24 horas máximo para la entrega de la información requerida por el Ministerio Público, aplicándose dicho plazo respecto a asociaciones delictivas o a que una persona haya cometido o participado en la preparación o comisión, o se esté preparando para cometer o participar en alguno de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 474, 75 y 76 del Código Penal, en relación con los delitos de secuestro, sustracción de menores y de incendio. La Comisión acordó que la entrega de información deberá ser inmediata y, en ningún caso, habrán transcurrido más de 24 horas desde el requerimiento; además, se incorporaron otros delitos, tales como aquellos relativos a control de armas, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lavado y blanqueo de activos y conductas terroristas, entre otros. La redacción definitiva del inciso séptimo es la siguiente: cuando existan sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de la existencia de una asociación delictiva o criminal, de la desaparición de una persona conforme a lo establecido en la ley 21.500 –que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos–, o de una persona que haya cometido, participado en la preparación o comisión, o se esté preparando para cometer o participar en alguno de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 292, 293, 361, 362, 365 bis, 366 bis, 367, 367 ter, 367 cuáter, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 411 bis, 411 ter, 411 cuáter, 433 número 1 y 438, en relación con el artículo 433 número 1, 474, 475, 76 o 480 del Código Penal; en la ley número 17.798 sobre el control de armas; en la ley número 20.000 sobre tráfico de estupefacientes; en la ley 19.913 sobre lavado y blanqueo de activos; y en la ley número 21.732 sobre conductas terroristas.

La entrega de los registros y antecedentes referidos en este artículo deberá efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurrida más de 24 horas desde el requerimiento. Por su parte, el nuevo inciso octavo que el proyecto agrega como resultado de una indicación aprobada es el siguiente: para la entrega de los registros y antecedentes mencionados en este artículo, así como para la interceptación de comunicaciones establecidas en el artículo 222, los proveedores de servicios deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por parte del Ministerio Público. Considerando que la Comisión aprueba este proyecto de ley, solicito a la Honorable Sala que apruebe el proyecto en los términos propuestos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a usted, diputado Raúl Soto, por la lectura del informe. A continuación, yo, dando inicio a este debate, ofrezco la palabra a la diputada Marta Bravo. Muchas gracias, Presidente. Hoy nos reunimos para buscar soluciones ante la alarmante inseguridad que enfrenta Chile. Como representante de la región de Ñuble, donde también sentimos el aumento de la criminalidad, considero esencial discutir el proyecto que obliga a las compañías de telecomunicaciones a entregar datos de llamados y localización al Ministerio Público de manera expedita. Entiendo la urgencia. El índice de homicidios ha aumentado y los crímenes con autores desconocidos indican la profesionalización del crimen organizado. Mejorar la persecución penal es crucial, pero debemos hacerlo con responsabilidad y realismo. Necesitamos infraestructura y sistemas que respalden estas demandas, como ocurre en países con mejores interconexiones. No podemos permitir que las urgencias verdaderamente críticas se diluyan por un manejo ineficiente. Ahora bien, la carga que el proyecto coloca sobre las compañías de telecomunicaciones al exigir disponibilidad permanente de personal también es una responsabilidad que debemos enfrentar. Esto podría sobrecargar a las empresas, ralentizando, lamentablemente, el proceso que queremos lograr y agilizar con este proyecto. Además, es urgente considerar la seguridad del personal de telecomunicaciones, que podría ser víctima de amenazas por parte del crimen organizado. Precisamente, necesitamos claridad en el tipo de información requerida. Mientras los datos móviles localizan no revelan contenido, debemos coordinar con proveedores de aplicación para este fin, lo que añade complejidad, pero es necesario para el objetivo de justicia. Queremos un Chile más seguro, pero no a costa de medidas impracticables o que vulneren derechos. Construyamos un marco legal robusto, efectivo y respetuoso. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Bravo. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Marta González. Muchas gracias, Presidente. En la misma línea de la intervención anterior, hoy día los esfuerzos mancomunados por la seguridad y por devolver la tranquilidad a nuestro país deben ser esfuerzos entre todos, entre públicos y privados. Todos tenemos que asumir esta gran tarea como Estado, como país, como nación, y sin duda, los privados tienen también mucho que aportar. Este proyecto es muy pertinente y efectivamente va en la línea correcta, porque puede facilitar la investigación y prevenir muchos delitos de gran connotación. También lo hemos visto, Presidente, cuando se han extraviado personas: cuán urgente es que se entregue la información de los datos y de los teléfonos. Cuando las familias han solicitado esto, muchas veces la información llega tarde, cuando las personas ya se encuentran fallecidas, inclusive 20, 30 días después de la desaparición, momento en que la información ya no es relevante y no sirve. Presidente, también el tema de la soberanía en electricidad y en energía nos lleva a reforzar cómo los medios de comunicación pueden mantenerse en tiempos de contingencia. Lo hemos visto en estas últimas contingencias, en las que hemos quedado sin electricidad y los servicios de comunicación se vieron afectados por la falta de autonomía necesaria. También es necesario mejorar la autonomía y exigir que las empresas de telecomunicación tengan autonomía necesaria por más de 8 o 10 horas, como lo han recomendado los expertos.

Hay que trabajar y estos proyectos son necesarios. El país nos pide celeridad y que todos estos puntos críticos sean corregidos. Por lo tanto, aprobaré el proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marta González. Diputada Natalia Romero tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a los colegas que están en la sala. Durante las últimas semanas hemos vivido en la región de O’Higgins esta alza brutal de delincuencia y criminalidad. Lo que se vivió en Graneros es realmente inédito, y qué duda cabe que detrás de aquello, así como ha ocurrido en el cono norte de nuestra región, está el crimen organizado, el cual no ha sido combatido con la celeridad, la fuerza y la capacidad del Estado necesarias. Hoy día hemos fracasado; este gobierno ha fracasado en la lucha contra la delincuencia. Si bien este proyecto de ley lo que busca es fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes, sin duda alguna es un buen proyecto que va a permitir facilitar el trabajo de las policías. Pero, desde acá hago un llamado a que se piense en la región de O’Higgins y, específicamente, en el cono norte: Mostazal, Graneros y Codegua, como una zona crítica. Se requieren más fiscales, ya que tenemos un 50% menos de fiscales en nuestra región, además de que se necesita mayor dotación para las policías y un plan especial. Vamos a aprobar este y todos los proyectos de ley que tengan relación con la seguridad; lo hemos hecho desde el día uno. Sin embargo, no puedo quedarme en silencio ante el horror que vive mi región, la región de O’Higgins y, sobre todo, el sector rural. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Natalia Romero. Queremos saludar a la Delegación de Mujeres Bordadoras de Rancagua, de la región de O’Higgins, que han sido invitadas justamente por la diputada Natalia Romero. Bienvenidas y bienvenidos. Luego de la discusión de este proyecto, en que las mujeres de la Cámara han sacado la cara en los discursos y, no habiendo más inscritos, se cierra el debate. En tercer lugar, corresponde tratar el segundo informe reglamentario del proyecto de ley originado en moción, que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica, correspondiente al boletín No. 14987-12. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la diputada Camila Musante. Diputada Delgado, ¿puede hacer lectura usted del informe, por favor? Muchas gracias. Distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley en segundo trámite reglamentario y primero constitucional, que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica los cuerpos normativos que indica. Este proyecto fue iniciado en moción de las diputadas: señora Bello; doña María Francisca Castillo; doña Nathalie Sicardini; doña Daniela Musante; doña Camila Riquelme; y doña Marcela y Veloso.

Doña Consuelo y de los diputados señores Martínez, don Cristóbal, Melo, don Daniel Oyarso, don Rubén y Sáez, don Jaime. En la sesión 93A, celebrada el 29 de octubre del año 2024, la sala de esta corporación prestó su aprobación en general al proyecto en informe y, acogiendo una indicación presentada por la diputada señora Musante, doña Camila, que tenía por objeto reemplazar su artículo segundo, lo remitió a esta comisión para su segundo informe. El texto del proyecto aprobado en su primer trámite reglamentario consta de siete artículos permanentes y una disposición transitoria, cuyo tenor se contiene en el informe que mis colegas tienen en su poder, por lo cual, en aras del tiempo, no detallaré. La indicación que fue rechazada por la comisión contenía una caracterización más completa y acabada de los humedales rurales. Por su primer inciso, establecía que se entendería por humedal rural todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro de las zonas rurales. Agregaba que no se considerarían como humedales rurales aquellos cuerpos de agua formados temporalmente exclusivamente por eventos de precipitación, que no representarán un régimen hídrico que mantuviera las condiciones de humedad a lo largo del año. Por su inciso segundo, disponía que sería considerada como zona rural aquella que se genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizada principalmente por una población cuya densidad poblacional es inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población máxima de 50.000 habitantes y que se encuentre fuera de los límites urbanos que establece la ley 21.202, debiendo considerar, además, los antecedentes que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas para determinar las áreas rurales. Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio de vuestra comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de esta sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado. Asimismo, se estimó que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado. Las demás menciones reglamentarias constan en el informe preferido que mis colegas tienen en su escritorio virtual. He dicho. Muchas gracias, diputada Viviana Delgado. Y a continuación, abriendo este debate, ofrezco la palabra al diputado Daniel Lillayud. Gracias, señor presidente. Los humedales consisten en ecosistemas que se caracterizan principalmente por la importante presencia de agua, ya sea de forma permanente o estacional, y por tener suelos saturados de agua que dan lugar a una vegetación adaptada a estas condiciones. El artículo segundo define claramente a los humedales como toda aquella extensión de marismas, pantanos y turberas a superficie cubierta de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentre totalmente fuera del límite urbano. En nuestro país, señor presidente, existe una gran cantidad de ecosistemas, en especial en mi distrito, por el clima, las lluvias, etcétera, y hemos convivido en armonía con los humedales durante siglos, sin dañar nada. Sin embargo, esta repentina preocupación, casi obsesiva, diría yo, nos tiene que poner en alerta para que manos negras utilicen estos argumentos y perjudiquen a miles de familias.

Ejemplo, esperan por una vivienda. Ya nos pasó con el predio vaqueano de Los Hornos y nos está pasando con Porran, que como lo han presentado con preocupación Marlene Águila, donde cientos de familias esperan para poder comprar un terreno, donde no se atienden sus solicitudes de audiencia y, menos aún, existe la certeza en la forma en cómo se declara un humedal. Considero preocupante esta norma, ya que la materia que exenta la ordenanza es, en realidad, materia de ley, pues se trata de una restricción al debido ejercicio del derecho de propiedad. Ahora, seguidamente, el proyecto propone la creación de comités de humedales rurales, quienes podrán promover la adecuada gestión de dichos humedales, así como una gobernanza que permita la participación efectiva de los actores involucrados en su gestión, protección y conservación. Particularmente, llama la atención el inciso final nuevo que se incorpora con el siguiente tenor: "Los instrumentos de planificación territorial podrán incluir limitaciones con el objeto de proteger los humedales." El motivo por el cual destacamos el mencionado inciso —y que consideramos debe ser rechazado por la sala— es porque se incorpora el vocablo "limitaciones" sin ningún tipo de restricción, dejando abierto el paso para que eventualmente puedan ser incorporados gravámenes excesivos para el ejercicio de diferentes derechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Lilayú. Ofrezco la palabra a la diputada Ana María Gasmuri. Señor presidente, desde Acción Humanista y desde nuestro comité somos categóricos en señalar que votaremos a favor de este proyecto. El texto propuesto avanza hacia la protección de nuestro medio ambiente y del Estado de Derecho que tanto defendemos. Y es que los humedales, maravillosos ecosistemas que a veces pasan desapercibidos, son vitales para nuestra vida y la de futuras generaciones. Ellos nos brindan agua, regulan el clima y son hogar de una increíble diversidad de fauna. Además, nos protegen de inundaciones y sequías; son como esponjas naturales que absorben el agua y la liberan lentamente, manteniendo el equilibrio hídrico de nuestros territorios. Sin embargo, estos valiosos lugares están en peligro. La Ley 21.202, que protegió los humedales urbanos, dejó un vacío que debemos llenar urgentemente. Los humedales rurales también necesitan nuestra protección, y este proyecto de ley es un paso crucial en ese sentido. Especialmente relevante es el caso del Cajón del Maipo, que forma parte de nuestro Distrito 12 y que cuenta con más de mil humedales. Este posee cientos de estos valiosos parajes, incluyendo importantes cabeceras de cuenca. Dichos enclaves naturales se encuentran en las partes altas de los valles, recibiendo agua por neblina, lluvia, nieve y granizo, y tienen el potencial de retener y acumular agua en forma de glaciares, nieve, humedales y agua subterránea. Sin embargo, también acarrean un historial de destrucción, principalmente por la actividad minera, tanto metálica como no metálica. Entiendo y comparto la preocupación de muchos por el avance del mercado inmobiliario o de las industrias de extracción y su impacto en estos ecosistemas. Es una preocupación legítima y pertinente; debemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la protección de nuestro patrimonio natural. No podemos permitir que la ambición acabe con lugares naturales que nos dan vida, como ocurrió con el destruido humedal en Lovaldés, en el Cajón del Maipo, un lugar tan querido, tan valioso para todos nosotros. Se debe destacar que en esta cuenca es esencial garantizar la provisión de agua en la Región Metropolitana. Este proyecto de ley busca precisamente establecer normas claras y criterios mínimos de protección para dichos lugares, en armonía con la Ley 21.600 y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, fortalece el rol de los municipios y les provee herramientas para proteger estos ecosistemas. Y algo muy importante, exige la autorización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para cualquier construcción en humedales rurales, lo cual es vital, ya que estas superficies son especialmente vulnerables. El proyecto es valioso también porque se agrega el concepto de área de amortiguación, además de impedir la calificación después de ser incluido en el SNAP. Sé que este es un tema sensible y complejo, pero tengo la convicción de que podemos lograr un consenso y aprobar esta ley. Es nuestra responsabilidad con las comunidades, con la naturaleza y con el futuro de Chile, y, por supuesto, con el Cajón del Maipo, que merece toda nuestra atención y cuidado. Hago un llamado para que aprobemos este proyecto y, juntos, protejamos nuestros humedales rurales y construyamos un futuro más sustentable para todas y todos, preservando la belleza y la riqueza natural de nuestro hermoso país. Por todo lo anterior y con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, mi voto será a favor de este proyecto de ley. He dicho. Gracias, diputada Gasmuri. Ofrezco la palabra al diputado Félix González. Gracias, señor presidente. Los humedales… no tenemos más opción que protegerlos. Estamos en un contexto de crisis climática, producto de la acción de los seres humanos en la quema de combustibles fósiles, pero también en la destrucción de aquellas zonas que son receptoras de ese carbono que está hoy día en la atmósfera, y lo estamos pagando muy caro, señor presidente. Por eso, en el periodo…

El año anterior aprobamos la ley de humedales urbanos porque hay muchos humedales amenazados por las inmobiliarias, por termoeléctricas a carbón, como en el caso de Puchuncaví, o por proyectos del Gobierno, por cárceles, como en el caso de Valdivia, o en nuestra región del Bío Bío, donde el mismo Serviu, presidente, acaba de comprar un humedal para proyectos de viviendas sociales. Y en este momento en que estamos hablando, los vecinos de Perales, en la comuna de Talcahuano, están echando unas máquinas retroexcavadoras que son de algún servicio público y que están destruyendo el humedal de Perales. Hay muchos humedales que no están en las zonas urbanas, por eso se ha presentado este proyecto de humedales rurales para poder conservarlos. No son potreros, ni zonas que haya que rellenar, son zonas que tenemos que conservar; tenemos la obligación de hacerlo. Y este Congreso y los distintos gobiernos no han estado a la altura, presidente. Tenemos un proyecto de ley que perfecciona la ley de humedales urbanos y que duerme en el Senado, igual que muchos otros proyectos que hemos despachado desde esta Cámara. Entonces, es el momento de que avancemos con fuerza, pero no basta con que hoy día aprobemos este proyecto. Yo me imagino que se va a aprobar. Siempre hay gente que atonía al revés, ¿no? Pero yo creo que se va a aprobar. Sin embargo, si el Gobierno no se involucra y no le pone urgencia en el Senado y empuja el proyecto, va a sumar como un proyecto más que esta Cámara ha despachado y que el Senado tiene guardado. Voy a nombrar solamente los que yo he presentado, presidente. Tal vez hay más. El que termina y cierra y prohíbe las termoeléctricas de carbón en Chile, que lleva como tres años en el Senado; el que elimina los plásticos de un solo uso en las campañas políticas; el proyecto que perfecciona la ley de humedales urbanos. Hay muchos proyectos, presidente, que si el Gobierno, este Gobierno sobre el cual teníamos muchas esperanzas, no empuja, van a seguir engrosando la lista de proyectos aprobados por la Cámara en materia ambiental y que el Senado no quiere despachar. Muchas gracias, diputado Félix González. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Viviana Delgado. Gracias, presidente. Nuestro ecosistema y biodiversidad son irreemplazables. Este es el único hogar que tenemos y protegerlo debe ser nuestra prioridad. Sin embargo, seguimos siendo testigos de graves situaciones que continúan destruyendo y contaminando nuestros humedales. La magnitud del problema es alarmante. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente basados en estimaciones científicas, desde el año 1900 hemos perdido el 64% de los humedales del planeta, un panorama extremadamente difícil de revertir. Por eso celebro y apoyo iniciativas como esta. No obstante, es evidente que debemos garantizar una protección robusta para todos los humedales, sin distinción entre urbanos y rurales. Las amenazas son constantes y debemos estar preparados para enfrentarlas, especialmente ante el mal llamado desarrollo que pone en riesgo a nuestro medio ambiente. En Lampa, el humedal de Batuco es el más importante de la región metropolitana. Conservar sus 274 hectáreas es imprescindible y debemos frenar la amenaza inmobiliaria que busca destruir este valioso ecosistema. Hoy tenemos a 600 familias que el Tribunal Ambiental en Lampa ordena demoler sus viviendas. Y me pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De las personas que tenían el sueño de tener su vivienda o de los permisos que son otorgados por los municipios, por el Gobierno, cuando pasan por el SEA y solamente hacen una declaratoria? No somos un país que sabe prevenir, somos un país que cree que el progreso está por sobre todo lo que nosotros consideramos medio ambiente. Y hoy tenemos la prueba. ¿Qué vamos a hacer con esas 600 familias y con la destrucción de sus sueños y sus viviendas? Asimismo, hago un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que avance...

Se reponga la declaratoria de Humedal Urbano de Quilicura. Los vecinos seguimos esperando que se cumpla la promesa de ser un gobierno verdaderamente ecologista. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada Delgado. No habiendo quórum, se suspende la sesión. Se reanuda la sesión. Ofrezco la palabra a la diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra a la diputada Clara Zagardía. Gracias, Presidente. Este proyecto de ley busca la protección de los humedales rurales, iniciativa fundamental en el contexto de la crisis climática actual. Su importancia radica en la necesidad de extender su protección más allá de los humedales urbanos. Este proyecto también responde a una realidad urgente de intervención humana en el desarrollo privado, afectando significativamente los ecosistemas, ya sea por desconocimiento o falta de regulación. El proyecto incluye a los humedales rurales bajo el marco legal específico, que evita la degradación y promueve la restauración, contribuyendo a la biodiversidad y al equilibrio ecológico. Además, permite una protección integral en coordinación con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que es especialmente relevante en el contexto de la sequía extrema y del cambio climático que vivimos. Otro aspecto de relevancia es que las municipalidades debieran crear ordenanzas generales para proteger estos humedales dentro de sus comunas, considerando la posibilidad de establecer zonas de amortiguación y regular su uso racional, estableciendo los criterios para su protección, conservación y preservación. En tan sentido, en el distrito que yo represento existen muchos humedales rurales que no son protegidos, y en ese sentido, esta ley ayudará a protegerlos en todos sus aspectos, no para perjudicar a nadie, sino para beneficiarnos todos. En tiempos de inundaciones vemos cómo al no respetar las zonas bajas y los cauces naturales, entre los cuales se encuentran los humedales, se generan inundaciones y casas afectadas por la falta de respeto a los lugares destinados a la escorrentía del agua. En ese sentido, esta ley va a venir a ayudar a la protección y a los municipios para que puedan ejercer las normas correspondientes. Y es por ello que voy a aprobar este proyecto de ley, como también ya lo hice en la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, he dicho. Muchas gracias, Diputada Clara Zagardía.

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