Cámara de Diputados · Minería y Energía

Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos: Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, de fecha 7 de abril, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos, correspondiente al Boletín 16.627-08. Otro oficio de su excelencia, el Presidente de la República, de la misma fecha, por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que moderniza el Gobierno Corporativo de la Empresa Nacional de Minería, Boletín 17.372-08. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Santibáñez, Ahumada, Gasmuri, Molina, Pérez, Doña Joana y Requelme, y de los diputados señores Barrera, Castro y Santana, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para exigir a las concesionarias de distribución eléctrica la habilitación de sistemas de comunicación para la atención directa y exclusiva de personas electrodependientes, Boletín 17.425-08. Carta del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, mediante el cual solicita audiencia en la fecha que estime pertinente la Comisión, a partir de la segunda semana...

...de abril con el objeto de informar de forma presencial los resultados financieros, los principales hitos del período y los factores que explican el desempeño de la empresa, en cumplimiento del acuerdo entre Codelco y esta instancia. Otra carta del presidente del directorio de Codelco, en respuesta al oficio 242, remite una nota interna del Gerente General de la División Salvador, Cristian Tutín, de fecha 20 de marzo, dando respuesta a la solicitud de informar sobre el desarrollo del plan de acción que dicha División diseñó para los trabajadores usuarios activos de las prestaciones de la Ley número 16.744. Una copia de la carta enviada por el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, al ministro de Energía, señor Diego Bardó, de fecha 27 de marzo, mediante la cual se presenta una recomendación de modificación normativa destinada a mejorar la eficiencia, competencia y seguridad del servicio en el mercado eléctrico en relación a los PBGD y su impacto en la operación del sistema eléctrico nacional. Un oficio del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau Grau, en respuesta al oficio 248, en relación a la solicitud de informar sobre alguna medida ante el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos en el sentido de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Al respecto, se comunica que, al tratarse de una materia de competencia de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, se deriva dicho órgano para que atienda e informe directamente a la Cámara de Diputadas y Diputados sobre aquellas materias que le correspondan. Un comunicado del presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, señor Marcos Alfaro, de fecha 27 de marzo, sobre la vulneración del sistema de amparo minero. Un oficio de la ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa, de fecha 28 de marzo, por el cual se remite información en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025, correspondiente al mes de marzo, relativa al Servicio Nacional de Geología y Minería: capítulo 03, programa 01, glosa 09; programa 03, glosa 04; y programa 04, glosa 04. Una solicitud de audiencia del presidente del sindicato Turnados Codelco Edición Ventana, señor Manuel Araya, de fecha 31 de marzo, para exponer, junto a integrantes de este sindicato, la situación actual de la refinería y el incumplimiento, por parte de Codelco, de la Ley 21.546, que establece que se debe mantener el flujo de materia prima que permita el pleno funcionamiento de la refinería electrolítica de Las Ventanas. Una copia de un oficio de la ministra de Minería, dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, de fecha 28 de marzo, en respuesta al oficio 249, relativo a la solicitud de informar sobre la consideración de alguna medida a propósito del reciente anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, mediante el cual se deriva esta solicitud, al tratarse de materia de competencia de la Cancillería. Copia de correspondencia entre NAP y el Ministerio de Energía, según lo señalado por el ministro, señor Diego Bardó, en la sesión 120 del 5 de marzo de 2025. Otro oficio de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, señora Valentina Durán, de fecha 1 de abril, en respuesta al oficio 229, sobre la solicitud de informar las razones técnicas que sustentan la decisión de rechazo al estudio de impacto ambiental de la Compañía Minera del Pacífico para el proyecto en la mina Los Colorados, así como, si lo tuviere a bien, reunirse con la empresa afectada. En ese contexto, se aclara que dicho proyecto no ha sido rechazado, sino que se devolvieron los antecedentes al titular mediante resolución de término anticipado de fecha 7 de agosto, decidida por la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama. Además, se informa que posteriormente el titular volvió a ingresar el proyecto y se encuentra actualmente en evaluación ante la Dirección Regional de Atacama de este servicio. Se presenta una solicitud de audiencia de representante de la empresa CGE Sociedad Anónima, señora Lorena Alejandra Alfaro, de fecha 20 de marzo, para informar sobre el plan de invierno de la empresa, con sus acciones preventivas de mantenimiento, actuación de contingencia y relación, coordinación y acercamiento con públicos de interés. Una carta del gerente corporativo de Administración y Finanzas de NAP, señor José Pablo Gómez, de fecha 3 de abril, en respuesta al oficio 252 y por especial encargo de la presidenta del directorio, señora Gloria Maldonado, remite los respaldos bancarios que acreditan los depósitos efectuados por la Tesorería General de la República en las cuentas de NAP por 50.000.000 de millones, con fecha 3 de diciembre, ambos ejecutados conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2024, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2023. Un oficio del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, de fecha 3 de abril, mediante el cual se remite adjunto el informe de monitoreo de la competencia en el mercado eléctrico del año 2024. Una solicitud de audiencia de los presidentes de las asociaciones gremiales mineras de la zona centro, de fecha 7 de abril, con el objeto de exponer diversos aspectos relativos a la situación que afecta a la Empresa Nacional de Minería, en especial para manifestar su oposición al proyecto de ley que busca la modernización del gobierno corporativo de NAMI. Se adjunta una carta firmada por los dirigentes mineros en la que se expresan los fundamentos para oponerse a dicho proyecto de ley. Y finalmente, una nota del jefe del Comité Republicano.

8 de abril, por el cual se comunica que el diputado Cristian Araya reemplazará al diputado Benjamín Moreno en la sesión de hoy. Toda la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Diputado Tapia, tiene la palabra. Hay una solicitud de la empresa CGE para dar a conocer el plan invierno. Yo creo que es súper importante que lo podamos conocer y también poder dar nuestra opinión en base a los hechos sucedidos de corte de luz masivo. Yo creo que es importante conocer ese plan para ver qué se nos va a presentar en este invierno. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado. Bien, el acta de la sesión 121. Vamos a tomar la providencia. Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 122 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Vamos a pasar en honor al tiempo. Agradecemos la presencia de... Sí, vamos a puntos varios después, pero por favor, por favor. Gracias, presidente. Muy cortito: es solo para dar a conocer que hoy es mi último día en la Comisión de Minería. Voy a asumir en la Comisión de Vivienda y en mi reemplazo quedará el diputado Chalpet. Quiero agradecer, digamos, la buena convivencia que hemos tenido dentro de la Comisión y el respeto que siempre ha existido, a pesar de que tenemos diferencias políticas y de opinión, pero siempre ha primado el respeto y la consideración hacia el resto, así que eso se agradece. Eso era, presidente. Buenas noches. Bueno, se me ocurre solamente pedir un aplauso al diputado Marius, quien va a ser un muy buen aporte en esta Comisión. Muchas gracias, diputado. Lo vamos a echar de menos acá. Muy bien, en orden, vamos a, en honor al tiempo, pasar a la orden del día. Les quiero explicar, solamente en 30 segundos, a la señora ministra aquí presente: le agradecemos su tiempo, pues tiene una reunión con el Presidente de la República a las 4 de la tarde y nos va a dejar un poquito antes. Por ello, vamos a hacer un pequeño ajuste y le vamos a dar la palabra a un representante de los pequeños mineros para que exponga de forma general el problema y, aprovechando su tiempo, la señora ministra pueda respondernos. Y después seguiremos con la presencia también de nuestro director de CERN-Ageomil. Orden del día: esta sesión tiene por objeto recibir a la Ministra de Minería, a la Directora Nacional de Sernageomin, a los Presidentes de las Asociaciones Mineras de Illapel, Copiapó, Vallenar y Taltal, al Presidente de la Mesa Minera de Illapel, al Presidente de los Pequeños Mineros de Elqui y al Consejero Regional de Coquimbo, a fin de que se refieran a la grave situación que aqueja a los titulares de una o varias pertenencias mineras, cuya extensión total no es superior a 500 hectáreas, que por diversos motivos no han accedido al beneficio de patente rebajada consagrado en el artículo 142 ter del Código de Minería, incorporado por la ley 21.649. Se agrega que vienen otros representantes también: desde la región de Atacama, quienes están conectados por Zoom; desde la región de Antofagasta, muchos de los dirigentes de los pequeños mineros que están esta tarde con nosotros. Estará asimismo presente la Ministra de Minería, señora Aurora Williams; el Director Nacional de Sernageomin, señor Patricio Aguilera Poblete, quien asiste junto al Subdirector Nacional de Minería, don Andrés León; al Jefe de Departamento Jurídico, el señor William Rebolledo Espinoza; al Jefe de Departamento de Propiedad Minera, señor Gabriel Geldres; y al abogado del Departamento Jurídico, señor Salustio Montalva del Pozo. Bien, también está con nosotros el alcalde de Illapel, quien fungue además como Presidente de la Mesa Minera de Illapel, y asiste junto al Consejero Regional de Coquimbo, don Denise Cortés Aguilera. También está presente don Carlos Castillo, dirigente de los Pequeños Mineros de Elqui, integrante de ZONAMI, al igual que don Patricio Gatica. Como se ha señalado anteriormente, vamos a partir, señora ministra, con una exposición de don Patricio Gatica, que pondrá en el fondo el problema que nos convoca en esta oportunidad, para tener la posibilidad, luego, de ajustar el tiempo de forma que la señora ministra pueda intervenir. Don Patricio Gatica tiene la palabra; el micrófono se prende. Muchas gracias. Primero, agradecerle a la Comisión de Minería por habernos recibido y, por supuesto, saludar a la señora Ministra y tener la oportunidad de poder…

Expresar principalmente los sentimientos que nosotros tenemos referente a lo que nos aqueja. Realmente, en esta presentación propiamente tal, a lo mejor voy a saltarme varias cosas por el tiempo, pero en síntesis, lo que nosotros queremos decir es que esta alza que se está aplicando a las patentes mineras, en especial a todas las pequeñas minerías inclusive, genera grandes dificultades. No tengo información sobre la patente especial de los pequeños mineros bajo 100 hectáreas, pero lo que sí puedo afirmar es que, al menos, apreciamos algunas problemáticas importantes, las cuales tienen que ver con que, se suponía, en un momento dado, cuando se empezó a tramitar esto, nosotros hicimos ver la inconveniencia que esto podía tener para los efectos de la mantención de la propiedad minera en manos de pequeños mineros. Esto se debió a que, al haberse cambiado una ley que era de rango constitucional –en nuestro entender– para cumplir con el requisito que se debía, no solamente se alzaron las patentes mineras, sino que, de alguna forma, se modificó el Código de Minería. Entre esas modificaciones, y tal vez la más importante que nos atañe en este momento, es el tema de que, el amparo estaba dado por el pago de la patente y, tras esta ley, el amparo está dado por el trabajo, junto a otras disposiciones que también se modificaron, como los actos posesorios, entre otros problemas para los mineros. Dicho esto, se mantuvieron algunas conversaciones anteriores en las cuales se suponía que algunos miembros del Poder Legislativo nos habrían dado la promesa de que, en definitiva, al sector de la pequeña minería esto no le iba a afectar. Fue pasando el tiempo y, a pesar de las presentaciones realizadas en algún momento en esta sede parlamentaria, llegó el momento –como dicen, no hay plazo que no se cumpla– en que, cuando se debía materializar esto, ocurrió que el Servicio Nacional de Geología y Minería realizó unos cursos a la mayoría de las secretarias de las asociaciones mineras, en los cuales comenzaron a identificarse diferentes instancias o hipótesis en las que algunos de los pequeños mineros podrían tener acceso a esta rebaja. Es del caso en el cual, evidentemente, consideramos que hubo una deficiente comunicación, información y planificación de todo este trámite. Tanto es así que, al comienzo, se suponía que los pequeños mineros que tuvieran pertenencias de menos de 500 hectáreas, por el solo ministerio de la ley, tendrían acceso durante los primeros cinco años. Pero, al momento de postular, aparecieron distintos criterios –cinco, por nombrar algunos– en los que, eventualmente, los pequeños mineros podrían tener opción a solicitar esta rebaja. Nosotros habíamos entendido –o tal vez entendimos mal– que la pequeña minería iba a quedar exenta de esta obligación de postular, especialmente en el caso de las minas que estaban en operación, ya que, si se suponía que el requisito era el amparo por el trabajo, habrían quedado automáticamente. No nos parece, ni entendemos, que deba solicitarse un beneficio que, según la ley, se contempla por sí mismo: el amparo por el trabajo, situación sobre la cual, por supuesto, no estamos de acuerdo.

Independientemente de eso, puede ocurrir que cuando usted revisa los listados hay bastantes pertenencias mineras que están siendo trabajadas, que están vendiendo mineral, que tienen sus proyectos de explotación y sus planes de cierre, y la Tesorería, lisa y llanamente, les aplicó el alza a esta –alza que, por lo demás, se aplica solamente a este sector productivo, pues, según sabemos, a ningún otro. A nuestro juicio, aunque comienza con este 400%, sucesivamente puede llegar a 120 veces su valor; en derechamente, es de carácter confiscatorio, ya que no podríamos decir que es expropiatorio, pues cuando alguien es expropiado, finalmente se le paga. Dicho eso, esto ha causado una escalada, digamos, en la posibilidad de acceder a ciertos beneficios, ya que en estas fechas, para poder renovar el pulvarín, optar al padrón y cumplir con una pila de trámites, es menester tener la patente pagada. Entonces, esto realmente está produciendo un desconcierto de proporciones en nuestro sector, porque creemos que el proceso fue engorroso, mal hecho y no nos ha brindado hasta ahora una oportunidad para subsanar algo que es gravísimo para la subsistencia del sector de la pequeña minería, ya que, entre los muchos problemas que tiene, uno es el acceso a la propiedad minera y las servidumbres de paso, por no decir más. Es del caso que nosotros consideramos que esta ley es, realmente, desproporcionada. Ustedes comprenderán que un minero que pagaba, por decir, 700 mil pesos, ahora deben afrontar dos millones ochocientos mil pesos, y el próximo año podrían ser seis, siete, no sé cuántos. Dicho eso, nosotros creemos que, independientemente de los recursos que se puedan interponer desde un punto de vista judicial –sea de la pertinencia o no, si es constitucional o no, si hay aplicabilidad o inaplicabilidad– nos deja un poco perplejos, porque entendimos –o quizás entendimos mal– que los pequeños mineros iban a tener un tratamiento proporcionado a los aportes que realizamos en las comunidades donde nos desarrollamos, considerándonos un grupo de personas que aportan a la economía y al encadenamiento productivo de las regiones y las comunas. Esto representa un impacto difícil de sobrellevar y nos preocupa mucho por el futuro de la pequeña minería. Señor Presidente, nosotros no solo tenemos este problema; enfrentamos muchos otros relacionados con el marco regulatorio general para ejercer esta actividad. Usted comprenderá que, en este momento, gozamos de precios nunca vistos, especialmente en el oro. Pero si se pregunta si se ejerce con potencia la actividad extractiva del oro, yo le puedo decir –sin temor a equivocarme– que no es así. A pesar de que un gramo de oro vale 93 dólares, los poderes de compra en AMI están desabastecidos, etcétera, etcétera. Para nosotros es esencial saber y entender si realmente este país quiere o no quiere la pequeña minería, porque una cosa es decirlo y otra es demostrarlo con hechos. Esos hechos, ¿qué significarían? Que haya más mineros, que Enami funcione mejor, que existan planteles para suplir las diferencias de lo que Enami no puede. Y así sucesivamente. Entonces, en realidad, tenemos bastante desesperanza en cuanto al tema de las patentes mineras, pues nos deja, digamos, un sabor bastante amargo.

Tristeza porque se ha olvidado inclusive que los que descubrieron los grandes yacimientos de los cuales Chile hoy goza de esta riqueza, de las mismas comunas que reciben el royalty, y eso y otras cosas más, fueron descubiertas por los pequeños mineros. Entonces, para nosotros es relevante este tema, es relevante así también como lo es la propuesta de reforma de gobierno corporativo. Yo sé que podría hablar muchos minutos sobre todas nuestras aspiraciones, dolencias y frustraciones, pero en honor al tiempo, esto es lo que puedo decir referente a las patentes. Muy bien, Patricio, mire, le vamos a dar la palabra inmediatamente a la señora ministra, pero esta comisión sigue hasta las 17 horas; entonces, claramente, vamos a tener la opción de incorporar otros temas más o dejarlo enunciado para una próxima sesión. Muy bien. Señora Ministra, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludo a usted por su intermedio, a los diputados y diputadas de la comisión; además, al señor alcalde, a los representantes de los pequeños mineros y al consejero regional. Quisiera partir señalando que la ley 21.420 se publicó con un objetivo fundamental. Esto ocurrió a principios del año 2022, en el contexto de la discusión de la pensión garantizada universal. El gobierno del expresidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para posibilitar su financiamiento. Abarcaba distintas materias, entre ellas el artículo 10, que se refería a las patentes mineras, pero además incorporó una serie de aspectos vinculados a la industria minera, más allá de las patentes mineras. Fue necesario abordar dichos temas que, finalmente, implicaban que, en términos generales, la industria minera, en el evento de no hacer uso del derecho que tiene la concesión minera consagrado en la Constitución de nuestro país, debía pagar una patente incremental. Queremos señalar que, desde el momento en que asumimos el gobierno, la primera gestión de la ex ministra Marcela Hernando – que en alguna ocasión fue recordada aquí en la comisión, así como la diputada Marcela – fue postergar la aplicación de esta ley en un año; tema que contó con el beneplácito, en particular, de esta comisión y de los diputados y diputadas que representaban a las regiones mineras. Esta norma legal, y en particular el artículo 10, consideraba un aspecto respecto del cual quiero señalar que tenemos un acuerdo. Se hacía cargo de la inmovilidad de la pertenencia minera. En Chile, gran parte del territorio, en particular en el norte, está entregado por la vía de concesiones mineras, y existen registros que indican que más del 75% de este territorio – como ya fue explicitado en su momento a esta comisión – no tiene el destino para el cual fue solicitado. Por ende, imponer una patente incremental en la medida en que no se destinaba al uso correspondiente, efectivamente, daba dinamismo a la pertenencia minera, lo que, desde una mirada, puede permitir liberar pertenencias para otros que sí quieran usarlas y, además, evitar la especulación con la pertenencia minera, un tema no menor. Y hoy, a expós de este proceso, podemos señalar que efectivamente hubo liberación de pertenencia minera. No me estoy refiriendo a los pequeños mineros, dado que había pertenencias mineras que no tenían como fin el uso minero, tema que también es bien conocido por esta comisión. Esto implicó que, a mediados del año 2023, en concordancia con esta comisión, se avanzó en buscar exceptuar de esta aplicación a los mineros de menos de 500 hectáreas. La discusión se centró fundamentalmente en este umbral, en determinar si eran 500 o no, y esto implicaba que, si lográbamos consensuar que aquellos mineros de menos de 500 hectáreas efectivamente quedaran exceptuados de esta gradualidad incremental de la patente, abordaríamos a un porcentaje importante considerando además...

Que la mayor concentración de la pequeña minería se sitúa entre menos de 100 y menos de 200 hectáreas. Naturalmente, existe una condición piramidal que se va dando: desde quienes tienen menos hectáreas, aumentando paulatinamente, y luego se produce un salto hacia aquellos con pertenencias mineras de más de 500 hectáreas; en particular, las pertenecientes a áreas de más de 2000 hectáreas es donde observamos la mayor cantidad de tenedores de pertenencia minera. En ese momento, en la discusión del umbral, nosotros pusimos como ejemplo que las 500 hectáreas representaban, aproximadamente, –para dar un sentido de conocimiento más bien social a esta comisión– la mitad del rasgo de Chuquicamata. Por lo tanto, 500 hectáreas aparecían como un umbral razonable desde el punto de vista de los tamaños que esto conllevaba. Este ordenamiento del artículo 10 nos implicó la obligación de generar tres reglamentos, dos de los cuales se encuentran dictados y uno en elaboración. Un reglamento consistía en definir qué era trabajo, porque naturalmente la ley indicaba que aquellas pertenencias mineras que no contenían trabajo quedaban supeditadas a esta gradualidad. Por lo tanto, la primera definición fue qué entendíamos por trabajo. La segunda definición era quiénes eran los mineros de 500 hectáreas, cómo se identificaban y cómo postulaban. Y la tercera definición, que aún está en proceso y no hemos concluido, es la definición del uso del datum por parte de CERN-Ageomir. La dictación de estos tres reglamentos –que explico en términos muy generales a usted, presidente, y por su intermedio a la comisión– implica la importante variabilidad contenida en el artículo 10 de la ley que buscaba el financiamiento de la PGU. En estos reglamentos elaborados, tanto el Decreto Supremo número 9 como el Decreto Supremo número 10 implicaron un tiempo de aplicación breve, considerando que la ley regía a partir del 1 de enero de 2023. Nosotros portigamos al primero de enero del 2025, dado que la modificación legal la logramos a fines del año 2023, lo que nos dejaba un espacio importante –explicitado en esta comisión y en todas las etapas para aprobar la norma legal– para dictar el reglamento y para que éste fuera aprobado por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, los tiempos para aplicar el reglamento se reducían. Logramos, el día 30 de julio del año 2024, la toma de razón del Decreto Supremo número 10 que nos permitía aplicarlo y, a partir de allí, comenzaba a regir uno de los temas importantes: 30 días después de dictado el reglamento se procedía a la postulación, debido a que uno de los aspectos fundamentales era la identificación de los tenedores de pertenencias mineras inferiores a 500 hectáreas. Para ello, tanto en la dictación de los reglamentos como en la difusión, contamos con la participación importante de distintos gremios vinculados a la industria minera, en particular la Sociedad Nacional de Minas, el Instituto de Ingenieros de Minas y AU, entre otros que detallará Patricio en su momento. Se realizó una difusión durante un periodo de tres meses, enfocándonos fundamentalmente en los pequeños mineros, en razón a que identificamos una serie de aspectos relacionados con la distancia que pudiera existir respecto a la tecnología y a la documentación que pudieran presentar. Esto implicó construir un procedimiento expedito a través de mecanismos simples que permitieran la accesibilidad y el correcto despliegue en terreno. La semana pasada estuvimos con los presidentes de las asociaciones mineras; en la reunión de directorio de la Empresa Nacional de Minería en Copiapó, conversamos con los dirigentes y les señalamos las reuniones que habíamos sostenido en ese ámbito. El Director Nacional de CERN-Ageomir…

Xomín explicitará los medios de difusión que hicimos. Aun cuando esto ocurrió, nosotros debemos señalar que, efectivamente, hemos identificado algunos espacios donde tuvimos a pequeños mineros que, por una parte, no postularon: uno, porque no tenían conocimiento (se puede dar esa situación); dos, porque, teniendo conocimiento, pensaron que era más automática de lo que efectivamente fue; y otros, expresando alguna disconformidad, no necesariamente cumplían con todos los requisitos y, al advertir que aquello ocurría, no ingresaron en la documentación. Hemos hecho un trabajo especialmente con los parlamentarios de regiones mineras, quienes nos han hecho llegar listados y se han acercado al Servicio Nacional de Geología y Mina con casos en particular, lo que nos ha permitido hacer una tipificación de esto. Quiero señalar también que la diputada Cicardini tomó contacto con nosotros, haciendo un catastro específico en el que nos presentó del orden de 70 casos. Tuvimos contacto, además, con la senadora Proboste, quien concurrió en una videollamada con los pequeños mineros. Hemos tenido contacto también con integrantes de esta comisión que nos han transmitido la preocupación, en particular el presidente Zulantay; asimismo, lo tuvimos con el diputado Tapia y con el diputado Mulet, para tipificar cuáles eran las situaciones que no se habían podido recoger en este procedimiento. Independientemente de cuál sea dicha situación, quiero expresar, presidente, a usted y, por su intermedio, a la Comisión, la voluntad de este ministerio de buscar vías que efectivamente permitan resolver una situación que no era la deseada ni por este ministerio ni por esta Comisión, con quien tuvimos cientos de espacios de conversación, discusión y análisis. Quiero señalar también que hemos revisado en detalle cada uno de los reclamos que hemos obtenido de los pequeños mineros para saber hacia dónde canalizamos potenciales soluciones. No las tenemos todas resueltas, presidente, lo señalo en razón de que, naturalmente, esto requiere de espacios de acuerdos importantes y de revisiones de otros órganos del Estado de Chile, como la Contraloría General de la República, por ejemplo, pero esa es la vía. Siendo directo, presidente, voy a ir a algunos caminos de acción que hemos establecido, por su intermedio a la Comisión. Objetivamente, hemos visto que, según el catastro que hoy día tenemos, de las 70 presentaciones recibidas algo más de 20 cumplían con la condición de ser mineros de menos de 100 hectáreas y, por ende, califican a otro espacio distinto: aquel de los mineros que pueden optar a patentes de un diez milésimo. Por lo tanto, los estamos canalizando para esa vía. Además, hemos identificado otro espacio en donde algunos mineros no tenían toda la documentación y hemos buscado el mecanismo para que se complemente, quedando un espacio importante respecto de aquellos que no postularon. Quiero señalar, además, que si bien es cierto que esto puede tener algún tipo de inconveniente al saltar a otros espacios—como atribuirnos la falta de preocupación por la pequeña minería, no siendo este el espacio para discutirlo—queremos enfatizar que, muy por el contrario, el compromiso que hemos tenido es de alto compromiso con los pequeños mineros de nuestro país. Quiero agradecer a esta Comisión y a sus integrantes; en la discusión presupuestaria se habilitó una glosa especial para que los gobiernos regionales traspasaran recursos directamente, a través de los procedimientos establecidos, a la Empresa Nacional de Minería. Queremos informar que, hoy día, se han realizado traspasos directos en la región de Antofagasta y en la región de Atacama para la compra de infraestructura, como por ejemplo chancadores, y se ha producido también la capitalización de 25 millones de dólares, establecidos en la Ley de Presupuesto por este Congreso de la República, que permite la mejora de los planteles de NAMI, un tema que no se había concretado desde la creación de NAMI. Quiero señalar, además, que dimos a conocer la política de fomento a la pequeña minería, de manera de abrir los espacios a otros instrumentos de fomento que actualmente el Estado puede implementar.

Hoy día contamos con un plan estratégico dentro de la Empresa Nacional de Minería que nos permite enfrentar de mejor manera la crítica situación financiera en la cual se encontraba la compañía. Esto ha ido mejorando, aun cuando todavía tenemos algún tipo de situación que estamos enfrentando en la compañía. Presidente, expresarle a usted—usted me llamó apenas se supo de esta situación—que, desde ese momento, hemos estado trabajando en buscar estos espacios de soluciones y quisiera pedir a usted y, por su intermedio, a la comisión, si el Director Nacional de Sernageomin pudiera explicar en general lo que ha significado el Decreto Supremo número 10 que regula el acceso a la patente rebajada. Muchas gracias, ministra. Le voy a pedir, sí, honor al tiempo, porque lo importante también es la presencia suya acá. Le quiero dar, en una primera ronda, la palabra a los diputados que me la han pedido. Solo tres minutos, por favor, para cada uno: diputado Tapia, diputado Cifuente y diputada Cicardini. Gracias, presidente. Bueno, básicamente, saludo a todos los dirigentes que han llegado; a los que están conectados por Zoom; al alcalde de Illapel y a nuestro amigo Denise Cortés, consejero regional y exalcalde también. Y la verdad es que, claro, cuando nosotros llegamos a esta legislatura —que la mayoría somos nuevos— nos encontramos con esta novedad de las patentes mineras, pues se había aprobado un proyecto en el año 2022 que fue un desastre, ya que subía paulatinamente las patentes de un décimo de UTM de forma progresiva y, al final, iban a desaparecer los pequeños mineros. Tuvimos muchos dirigentes acá; aquel señor estuvo varias veces con nosotros; en regiones nos contactamos con nuestros dirigentes, sindicatos y asociaciones mineras y fuimos construyendo un proyecto en conjunto. Y lo principal era: ¿hasta dónde llegaban los pequeños mineros? Se debatió, y algunos decían, no, hasta 200 hectáreas, mientras que otros señalaban que se hablaba de hasta 500 hectáreas. Es decir, que de 500 hectáreas hacia abajo no habría modificación en el aumento de las patentes mineras. Y con eso nos quedamos todos. Yo creo que aquí hubo un problema de procedimiento en el ejercicio y la administración de estos pagos. Lo decía la ministra: algunos no sabían cómo hacerlo y, en otros casos, no había capacitación. Me parece fundamental que el Director Nacional de Sernageomin nos explique qué capacitación se les brindó, porque no es fácil—no es fácil para el pequeño minero, que trabaja en los cerros, realizar un acto administrativo, a diferencia de una empresa que cuenta con equipo contable, administrativo e ingenieros dedicados a ello. El pequeño minero es diferente, y eso no es por el monoscabal, pero así es la realidad que tenemos. Entonces, para mí lo importante, presidente, es cómo se soluciona este problema, ya que no lo considero un problema de ley. La ley quedó bien clarita y fue hecha en conjunto; yo mismo he escuchado, en la región, a algunos dirigentes afirmar que, si los parlamentarios no leyeron el proyecto de ley, es porque lo construimos en conjunto. Esa no es la dificultad; el problema es cómo lo aplicamos. Y eso es lo que me interesa hoy: encontrar una solución para los pequeños mineros, porque, como bien señaló usted, la idea—y a nadie se nos pasa por la cabeza hacer desaparecer a la pequeña minería—es respaldarla. Nosotros tenemos un tremendo respeto por la pequeña minería y debemos seguir trabajando en ese sistema, asegurándonos de que los pequeños mineros se sientan amparados. Está en manos de todos buscar una solución; si es necesario hacer una modificación, elaborar un reglamento, ello dependerá de que el Director Nacional nos detalle, de forma precisa, cuáles son los problemas. Yo creo que todavía hay tiempo para hallar la solución. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Quiero sumarme y agradecer, en primer lugar, al presidente de la comisión, con quien hemos trabajado desde la primera convocatoria hecha por los propios mineros en Illapel, a través de la cual nos enteramos de esta situación. Asimismo, quiero decirle a la ministra que yo también compartí las preocupaciones, aunque no me haya mencionado, y la vamos a disculpar en esta oportunidad. Lo que deseaba expresar es lo siguiente: Cristian, creo que ha quedado clarísimo el apoyo y la voluntad política que debemos otorgar, especialmente los parlamentarios de zonas mineras, donde la pequeña minería es parte integral de nuestra historia. El alcalde y presidente de la Mesa Minera de Illapel, señor Denise Cortés Aguilera, y el consejero regional que nos acompaña hoy, son oriundos de una comuna minera por esencia, en la cual la pequeña minería ha sido tradición, a diferencia de la gran minería. Hoy día existe gran minería, pero esa actividad, en muchos casos, es relativamente reciente (alrededor de dos décadas) y se empieza a ver crecer; ojalá hubiese más, pero la pequeña minería ha sido y sigue siendo el sustento de esa provincia y de muchos otros sectores.

De la región de Coquimbo y de nuestras vecinas. Así es que es para nosotros un tema sustantivo. Quiero decir que lo que ha expuesto la ministra muestra un asunto que Cristian, el diputado Tapia, también abordó, y pareciera ser que existe un elemento, ministra, para buscar una fórmula, porque usted ha señalado que el listado que le entregaron de la región de Atacama ya fue analizado y se evidenció que hay un porcentaje de mineros que están en parcelas de menos de 100 hectáreas o de menos de 200, y que, incluso, hay varios que no postularon por falta de información. Por tanto, creo que tenemos un espacio para empezar a conversar y que eso nos permita, al menos por el momento, detener este procedimiento, buscar un acuerdo político y pedirle al Ejecutivo –y quiero ser muy franco, estimada ministra– que detengamos esto, busquemos una fórmula, hablemos con el ministro de Hacienda o con la tesorería o con el área de impacto interno, según corresponda. Hagamos fuerza entre todos; aquí ya observamos una integración heterogénea políticamente, por lo que podemos llegar a tener una posición común en este asunto. Y usted, presidente, podría asumir el liderazgo para que elaboremos un documento o lo que sea necesario, contando con el respaldo del Ministerio de Minería, al menos para partir, lo cual nos otorgaría un espacio para analizar y reajustar las cosas: cuando hay problemas, hay que reconstruirlas y mejorarlas paulatinamente. Me gustaría, presidenta, ministra, que, ya que nuestro alcalde de Illapel y el Consejero Regional, junto con los dirigentes de la pequeña minería, se han dado a la tarea de asistir, usted pudiera dedicarles un ratito al término de la reunión para que puedan expresar el problema que se genera en las comunas y entre los pequeños productores, de manera que podamos ir resolviendo algunas cuestiones prácticas en paralelo. Así que le rogaría, ministra, que nos reciba, terminada la reunión, durante 10 a 15 minutos para abordar también esos aspectos más prácticos. Pero en lo sustantivo, lo que le quiero pedir, presidente, es que saquemos un acuerdo de esta comisión, que sea respaldado por todos los presentes y que tenga efectos sobre una solicitud al Ejecutivo para que detenga este procedimiento por ahora, lo analicemos en un plazo razonable para todos, y hagamos las revisiones necesarias para, en función de ello, volver a aplicar la ley, si fuera necesario, con alguna reforma. Muchas gracias, presidente. El diputado, diputada Cicardini, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a los dirigentes de la pequeña minería, al Ejecutivo, ministra y director. A ver, tres cosas concretas. Creo que pongámonos colorados una sola vez y reconozcamos que no fue suficiente la información ni el bajar los procedimientos a las bases, porque, si bien es cierto, se efectuó una modificación legal que eximió de impuesto, en este caso, a quienes tenían propiedades de 500 hectáreas para abajo, para acceder a esa excepción era necesario inscribirse, y esa fue la dificultad. Porque, como sabemos, don Patricio, lo hemos conversado con varios desde la región de Atacama: hay algunos que no están dentro de los sindicatos, pues no están formalizados. Así funciona la pequeña minería, caracterizada por una informalidad brutal. Entonces, no fue suficiente el esfuerzo coordinado realizado por los dirigentes junto con el Ministerio de Minería y también con Sernageomin, y con las regiones correspondientes. Dicho eso, en el catastro que manejo de la región de Atacama se han ido sumando casos aislados; creo que estaremos entre 80 y 90, pero me informan que a nivel nacional podrían ser más de mil. Ese dato es complejo, ya que estamos hablando de que les va a subir tres veces o incluso cuatro veces lo que pagaban, lo que remata esa pertenencia minera, esa patente y, en definitiva, deja a los pequeños mineros fuera de combate. En otras palabras, lo segundo que quiero señalar, señor presidente –por su intermedio, también dirigida a la ministra– es que valoro que, al menos, seamos conscientes de que hubo problemas y que ahora existen voluntades para poder…

Hacerse cargo de esta situación para buscarle la solución, porque si nos quedamos en un loop, sabiendo que existe una situación compleja que afecta a tantos pequeños mineros, pero sin revisar, evaluar ni analizar con los equipos técnicos, se hace notorio que esta cuestión también tiene que ver con lo legal, dado que es una ley. Entonces, creo que faltan actores presidentes, porque si estamos considerando la condonación, por ejemplo, tiene que intervenir el ministro de Hacienda. Una condonación se da muchas veces en situaciones excepcionales, por lo que hay que buscar una figura que resuelva el problema de aquellas personas que se quedaron fuera por haber cumplido el plazo. O sea, ahora, en el mes de abril, deben salir los remates, ¿o no? Mayo, junio. En el intertanto, y lo he conversado con la ministra, valoro también la buena disposición; sin embargo, nos falta buscar la fórmula, ya sea avanzando a través de algún reglamento por la vía administrativa o, derechamente, requiriendo una ley exprés que resuelva la situación. Se me sopla, inclusivamente, que podría abordarse mediante un decreto. No sé si existe una viabilidad legal o administrativa que nos permita avanzar en estas otras soluciones. Entonces, presidente, propongo que asumamos nuestras responsabilidades, ya que los esfuerzos realizados fueron insuficientes; ningún pequeño minero, de aquellos con menos de 500 hectáreas, debió quedar fuera. Esto sucede porque no hubo suficiente información ni una comunicación clara; quizá en estas plataformas se generó mucho desconocimiento, impidiendo asimismo resolver la brecha digital y las distancias que a veces dificultan que el mensaje llegue a todos por igual. Por ello, propongo que trabajemos y actuemos de manera coordinada, pues estamos contra el tiempo y debemos darle un sentido de urgencia a esta situación. No se trata de recriminarnos por quién fue el problema o quién asume la responsabilidad, sino de ver cómo avanzamos para lograr la solución. Estoy convencido de que todos estamos disponibles para ello; se requieren voluntades políticas, porque si hay que actuar por la vía legislativa, necesitamos el voto de cada uno de los comités, pero si se hace mediante decreto, en términos administrativos, debemos apoyar, empujar y valorar el esfuerzo del Ejecutivo. Y, para no dejar nada en el tintero, agrego que fueron ambas: la ministra Marcela Hernando y la ministra Aurora Williams, quienes finalmente impulsaron la modificación legal y permitieron que esto tomara cuerpo a través del reglamento para llevarlo a la práctica. No obstante, eso no fue suficiente. Muchas gracias. Sé que la señora ministra debe retirarse, dispone de un minuto final, un par de minutos. Gracias, presidente. Bueno, reiteramos nuestra voluntad. Quisiera también, en lo que señaló el diputado Cifuentes, comentar que tomé contacto con el alcalde de Illapel y, a instancia de él, comprometimos una visita para una reunión con la Mesa Minera de Illapel, con el objetivo de abordar las temáticas propias de este territorio. Tengo entendido que tenemos alguna fecha tentativa, pues él expresó su preocupación; por lo tanto, la idea es sostener una reunión en el territorio en la que se exponga que hemos analizado ambas vías: la administrativa y la legal. Lo que viene ahora es que, en el tiempo próximo, la Tesorería General de la República, a través de una información entregada por CERNA-Giomini, ha determinado el monto de la patente...

Es lo que se hizo público y, probablemente, algunos vieron esta situación de los cuatro décimos, que es tal cual como lo establece la norma legal en las cuatro oportunidades que se han señalado. Existe un plazo de la Tesorería General de la República, que es un plazo legal para informar a los tribunales a más tardar el primero de julio. ¿Ya? Primero de julio. Y en ese momento, lo que puede empezar a ocurrir –y esto también hay que administrar los tiempos– es que comienzan los remates de aquellas patentes impagas. Yo no puedo pronunciarme respecto de las decisiones que tome el tribunal, pero esto también toma un tiempo, pues no es un procedimiento simple, por decirlo de alguna manera, y naturalmente hay magnitudes distintas entre quienes participan en estos espacios decisionales de otro poder del Estado, y se duplica el valor de la patente. Es en ese momento que ocurre aquello y, mientras transcurre el lapso entre el momento en que Cerna Geomín informó a la Tesorería y el momento en que la Tesorería informa a los tribunales, el valor de la patente se mantiene –lo digo en el buen sentido de la palabra– y, naturalmente, se reajusta porque está expresado en UTM. Entonces, para nosotros es importante señalar que, de acuerdo a nuestro registro, existe un espacio –y lo digo con mucho respeto– pero es un espacio acotado, en el que hemos visto estos inconvenientes, según la información que hemos recabado. Estamos revisando la vía administrativa, así como la vía legal. Si usted lo establece, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas, quizás se forme un equipo más reducido con el cual podamos conversar en detalle, porque hay aspectos legales que probablemente no todos comparten. No obstante, nosotros juramos cumplir las leyes de este país, por lo que tenemos que buscar vías que efectivamente sean razonables. Quizás me permita sugerir que este espacio, que puede ser muy amplio, se delimite –como lo señala el diputado Cifuentes– en un ámbito más reducido donde generemos instancias para traducir lo que estamos observando y activar la preocupación que han manifestado los diputados y diputadas. Bien, ministra, muchas gracias. Claramente vamos a tomar esa consideración; nos pondremos de acuerdo y actuaremos con celeridad, porque ustedes saben que tenemos los tiempos agotados y vamos a proceder con la máxima rapidez sobre el punto. Por mientras, la jefa de gabinete debe llevarse a la sección de ministros; concluye la reunión y continua con el director, y después usted retomará al final de la sesión. Es sobre el punto, es sobre el punto. Recuerdo la experiencia que tuvimos con el asunto de la estabilización de la energía –la luz–, en la que se redujo un equipo muy pequeño entre algunos de nuestros asesores. Puede designarse un dirigente por región, ya que es difícil contar con la presencia de todos los dirigentes; sobre todo, en las tres o cuatro primeras regiones –las zonas mineras, la segunda, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso–, de poder conformar esta mesa, pero esto tiene que concretarse con rapidez. Asimismo, la asesoría del Ministerio y de Sernageomin debe involucrarse, porque, si ya estamos hablando del primero de julio, estamos a la vuelta de la esquina y la Tesorería no dirá: “Mire, aquí se equivocaron, no hicieron las cosas bien, estaba todo correcto, pero no se llevó a cabo”. Por ello, diría, ministro, que su jefe de gabinete podría actuar como asesora o que la asesora se ponga en contacto para buscar la solución correspondiente de manera urgente. Muchas gracias, diputado. Señor ministro, por favor, la esperamos de vuelta. Tiene la palabra don Carlos Castillo, y después don Denise Cortés. Gracias, presidente. Mira, yo, escuchando con mucha atención, quisiera solamente leerles; traigo una preparación completa, pero me aproximaré a lo leído, en mi condición de representante de la ELKI y director de la Sociedad Nacional de Minería. Reciban mis saludos y afectos. Lo que tiene esto es que no solo afecta a los pequeños mineros, sino a comunas enteras; si se disminuye el ingreso por patentes, las concesiones desaparecerán y los municipios dejarán de recibir esos recursos. Esto es claro. Se proyecta que para el 2016, cuando todos los nuevos valores estén vigentes, los ingresos municipales en este concepto serán incluso menores que en 2025. El cierre de faenas y la falta de proyectos impactan el empleo local, a los proveedores regionales y a las oportunidades de la comunidad.

Desarrollo económico. La humilde evaluación y diagnóstico actual es el siguiente. En abril del 2020 ya se podía concluir lo siguiente: no se logró el objetivo de mayor recaudación, no se logró, y en eso hay que sincerarse. Los proyectos para financiar la PGU no se cumplieron. Y esto es a prueba de todos, ¿no es cierto? No se frenó el acaparamiento por las grandes mineras; estas siguen operando gracias a sus recursos y herramientas legales. Sí se frenó la actividad de la pequeña minería, sector que representa un importante porcentaje de la producción regional y genera empleos locales, que es lo principal. Nosotros, los pequeños empresarios –como yo, como “Pato”, que tenemos una pequeña planta en la que le damos trabajo a 100 personas– no somos tan pequeños. Pero sí estamos dentro del segmento indicado por Senacobin o por la legislación de las 5.000 toneladas. No podemos crecer tampoco en hectáreas, ni en toneladas de procesos; no podemos crecer, aunque tengamos más, te limitan a eso, ¿ya? Oye, son un montón de cosas más, presidente, pero la verdad es que creo que la mesa está muy interesante para escuchar, más que nada. Gracias. Don Carlos, Denise Cortés tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera, más que nada, contribuir con algunos datos que han salido acá, como en la conversación, y agradecerle a usted. Bueno, la ministra ojalá pueda regresar para poder comentarle algunos datos, porque creo que existe quizás una percepción errada desde el Ejecutivo, según la cual esto sería algo más bien aislado y focalizado; y nosotros tenemos la impresión, de acuerdo a los datos que manejamos, de que esto tiene una afectación más amplia de la que aparentemente maneja el Ministerio. Me queda la tranquilidad de que la ministra conoce la situación, que está buscando una alternativa, y que ese es un primer paso, porque es distinto cuando alguien desconoce una situación y plantea que, en realidad, está todo perfecto –como ya se ha mencionado que no es así–. En eso, al menos, es una buena noticia, y que ustedes nos atiendan acá también es una segunda buena noticia, porque nos pueden ayudar a empujar. Yo quisiera mencionar lo que ya había pedido respecto de las patentes mineras. Eso lo voy a saltar para pasar al siguiente dato, porque ahí claramente no había información y ha sido todo muy burocrático. Solo quiero dar los datos concretos: este es un pequeño minero, Villabel, que pagaba 2.700.000, y hoy día paga 6.400.000. Es decir, no es algo teórico. Pasando al siguiente dato, hay gente que pagaba 194.000 en 2024 y hoy día está pagando 816.000. ¿Qué parece? Uno podría decir que la diferencia es marginal, pero pequeños mineros efectivamente se ven afectados. Esto está comprobado. ¿Y por qué se presentan estos aumentos? Porque, a pesar de que con mucho esfuerzo han logrado pagarlos, se han encontrado con la sorpresa de que no pensaban que esto iba a ser progresivo, y que después se trataría de un único aumento, exigiéndoles un esfuerzo adicional. Vamos a los datos, por favor. Cuando nosotros revisamos los datos de Sernageomin, éstos plantean que postularon 4.600 personas a la rebaja o a los permisos para poder acceder al descuento en el fondo de las patentes. De 500 hectáreas –que es lo que estamos hablando, pequeños mineros, ¿cierto?– postularon más o menos 4.183. Cabe recordar que un pequeño minero puede tener más de una pertenencia minera. Pero vamos a la siguiente parte: cuando uno revisa, y este es el dato que a nosotros nos preocupa, el Ministerio podrá confirmar si es una realidad, de acuerdo a la propia tramitación de la ley que modifica el Código de Minería. La ministra menciona que, de acuerdo al catastro de Sernageomin, en Chile existen 10.159 tenedores de pertenencias mineras, de los cuales 8.000 tienen menos de 500 hectáreas. Indudablemente, esto no significa que un minero tenga una sola pertenencia, ya que puede haber más, pero si miramos el dato anterior –que eran 4.000 los que postularon– ya se evidencia una preocupación, pues si el propio Senado reconoce que son 10.159 y que 8.000 tienen menos de 500 hectáreas, existe un número no menor de titulares que pudieran estar excluidos del beneficio. Además, al revisar los datos en mayor detalle, encontramos que también hay personas que no postularon, como mencionaba la diputada Cicardine, y nosotros, por ejemplo, en dos días...

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