Cámara de Diputados · Educación

preguntaron

Buenas tardes a las y los presentes, robo ponerse de pie, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ahora le doy la palabra a la señora secretaria para que lea la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos: 1. Oficio del Senado por el que se comunica que se ha aprobado, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley iniciado en moción para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. 2. Proyecto de ley iniciado en moción del diputado Leonidas Romero, que exige contar con ejemplares de la Biblia en establecimientos educacionales y bibliotecas públicas. 3. Ordinario 576 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual se da respuesta al oficio 896 de esta comisión, por el que se comunicó que se recibió en audiencia a doña Jimena Muñoz González, estudiante de Psicología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien sufre atrofia muscular espinal y a quien se le solicitó iniciar una investigación por una presunta vulneración a la ley 20.042 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad al interior de dicha casa de estudios. 4. Oficio 656 de la Defensora Subrogante de la Niñez, mediante el cual se da respuesta al oficio 875 de esta comisión, por el que se solicitó un pronunciamiento acerca de la denuncia realizada por la comunidad escolar de Tomás de la Pintana, en torno al libro de lectura complementaria "No somos los Beatles", destinado a jóvenes mayores de 16 años y que fue leído por estudiantes de 12 años, con contenido inapropiado para su edad. 5. Correo electrónico del lector ejecutivo de Elige Educar, a través del cual se excusa la inasistencia a esta sesión por compromisos ya agendados, haciendo presente su interés en participar en la discusión del proyecto de ley en tabla y reiterando su disposición a concurrir en una próxima sesión. 6. Comunicación de la diputada Carolina Tello, por medio de la cual se solicita a la Comisión recibir al Colegio de Profesores de Ovalle, a fin de que expongan sus inquietudes sobre agobio laboral, problemas en la implementación del Servicio Local de Educación Pública y condiciones de hacinamiento en los establecimientos educacionales. 7. Finalmente, correo electrónico del señor Edgar Baraya, en el que se hace llegar un documento que contiene una reflexión crítica y propositiva respecto al proyecto de ley de convivencia escolar actualmente en tramitación en la Comisión de Educación del Senado. El documento señala que el texto busca aportar al debate legislativo desde una perspectiva basada en la experiencia de más de 20 años en la educación, considerando el impacto que dicha normativa podría tener en las comunidades educativas del país, y propone exponer este proyecto en caso de que el proceso legislativo vuelva a la Cámara de Diputadas y Diputados. A cuenta, presidenta.

Gracias, señora Secretaria, palabras sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta, cerrada la cuenta. Puntos varios. Antes de iniciar los puntos varios que tengo notado, el diputado Cornejo, el diputado Maya, el diputado Barría y el diputado Rey querían hacer presente que las trabajadoras de la educación inicial nos han hecho llegar una declaración en la que se expresan sus inquietudes y malestar por el protocolo NAE, que tiene que ver con la alimentación especial de las y los estudiantes, particularmente de este sector de la educación. Se solicita exponer brevemente, durante cinco minutos, esta situación a través de alguna de sus representantes presentes. ¿Habría acuerdo de la comisión para escucharla cinco minutos y luego proceder con los puntos varios? Acordado. Tiene la palabra. Diputada, por su intermedio: Un saludo a todos y todas los presentes y a la diputada Cicardine por haber auspiciado esta situación. Me presento: Clarisa Secotavia, presidenta de la Confederación Nacional BTF Chile, en representación de varios representantes de la educación inicial de JUNJI Integra BTF. Nos convoca el protocolo NAE, que fue suscrito por las autoridades correspondientes y por las manipuladoras de alimentos. Entendemos el motivo por el que las manipuladoras manifestaron este protocolo, pero también debieron haberse considerado la opinión de los trabajadores de educación inicial y de los agentes educativos, ya que este protocolo lo deben implementar las trabajadoras de aula y no así las trabajadoras manipuladoras de alimentos. A continuación, mi compañera procederá con la exposición, en la cual se plantean algunas alternativas. Se propone mejorar las bases de licitación y, en relación con JUNAEB y la ley de presupuesto, se han aprobado recursos adicionales para este año con el fin de solucionar los problemas alimentarios específicos que afectan a algunos párvulos en la educación inicial. Buenas tardes a todos y todas. Nosotros tenemos un comunicado en el que manifestamos nuestro rechazo absoluto al protocolo NAE, el cual se está implementando en las aulas y en los equipos educativos. Como gremio de la educación inicial en Chile, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la imposición de este protocolo sin considerar la realidad y las condiciones actuales en que se encuentran las instituciones de educación inicial ni las condiciones para el desarrollo de nuestro trabajo. Este protocolo, al igual que otros que se han instalado, recae exclusivamente sobre las espaldas de las y los trabajadores, sin contar con los recursos ni el respaldo institucional necesarios y efectivos. En este contexto, queremos enfatizar que nos negamos de manera categórica a que la alimentación de los niños y niñas sea servida en termos y, mucho menos, que esta alimentación provenga del hogar de cada niño sin la supervisión alimentaria que requieren y merecen. Es inadmisible que se pretenda que los equipos educativos asuman la responsabilidad de la manipulación de estos alimentos sin contar con las condiciones sanitarias técnicas ni los conocimientos específicos que este delicado proceso demanda. Esto no solo pone en riesgo la salud y seguridad de los niños y niñas, atentando contra su derecho fundamental a una alimentación adecuada y segura, sino que también vulnera la integridad y los derechos laborales tanto de nuestras compañeras de la educación inicial como de las manipuladoras de alimentos, quienes continúan enfrentando graves carencias en sus lugares de trabajo.

Este protocolo presenta una serie de debilidades y carencias que deben abordarse de manera urgente desde una perspectiva sanitaria, pedagógica y jurídica. La falta de control sanitario conlleva que no se garanticen las condiciones adecuadas de inocuidad alimentaria, especialmente en el traslado de alimentos preparados en el hogar sin un sistema de trazabilidad ni los controles necesarios, lo que genera un alto riesgo de contaminación cruzada y desarrollo de patógenos. Además, no existen los espacios adecuados para la recepción y manejo de alimentos, ya que las unidades educativas no cuentan con la infraestructura ni las condiciones seguras para recibir alimentos preparados por terceros. El ingreso de estos productos y su revisión sanitaria vulnera los protocolos de control interno, exponiendo tanto al personal como a los párvulos a riesgos, situación que se agrava en contextos de alta matrícula y falta de recursos, pues tampoco hay personal técnico habilitado para estas labores. Asimismo, se delega al personal educativo la retermalización y manipulación de alimentos que exceden sus funciones contractuales y profesionales. El equipo pedagógico está formado para promover el aprendizaje y el desarrollo integral, y no para asumir funciones sanitarias y logísticas relacionadas con la alimentación, lo que incluso podría constituir una infracción laboral si no se ajusta al perfil de cargo o al reglamento interno de cada establecimiento. Por último, se expone el riesgo para la salud y la implementación del derecho a una alimentación equilibrada, por lo que es necesario garantizar el principio de no regresividad en derechos sociales, evitando retroceder en las garantías básicas de alimentación, higiene y bienestar para la primera infancia. Diputada, para culminar, exigimos ya al ministro de Educación que está acá presente –aunque no le exigimos, sino solicitamos– que se tomen acuerdos respecto a este asunto de la mejor forma posible. Estamos velando no solo por nuestros niños y niñas, sino también por las funcionarias, a quienes reclamamos el derecho consagrado a una alimentación que el Estado de Chile debe prestar, y además, por la seguridad de estos pequeños y de nuestras trabajadoras, quienes no fueron contratadas para cumplir ese rol. Por lo tanto, solicitamos a la brevedad un acuerdo, ya que en algunas regiones o comunas del país se ha estado implementando esta medida, a pesar de la resistencia de las trabajadoras, y, de igual forma, desde Junji se ha informado que existe un protocolo que debe cumplirse. Nos preguntamos: ¿desde cuándo Junji le da órdenes a trabajadores que no son de su dependencia? Muchas gracias a ustedes. Antes de concluir el punto, se informó que Projunji envió una carta al Ministerio de Salud solicitando la fiscalización de estas modificaciones y buscando recabar el acuerdo de la comisión para oficiar con el número de solicitud de dicha carta, de modo que se le dé una pronta respuesta también a este gremio. ¿Habría acuerdo para ello? Acordado. Muy brevemente, diputada Cicardini manifestó: Muchas gracias, presidenta, por acceder a la solicitud. Como complemento, se sugiere no solo que el Ministerio de Salud fiscalice este nuevo procedimiento, que finalmente delega la manipulación de alimentos a la gente educativa, sino que también se pronuncie la Junaeb y la subsecretaria de Educación Parvularia, toda vez que formaron parte de esta mesa de trabajo y tomaron decisiones que afectan directamente a quienes cumplen labores en educación inicial. Hoy se evidencia una situación compleja, con una clara sobrecarga y en condiciones que no están preparadas para asumir esta nueva tarea. Consideramos importante que, al tratarse de una medida inconsulta, exista una participación activa para mejorar este protocolo. Por último, el diputado Barría intervino brevemente, sumándose a la petición de que se incorpore la voz de todas las dirigentes y de las personas que trabajan en este segmento tan importante de la educación preescolar, así como de las manipuladoras de alimentos. En esta situación, donde antes existían excepciones en materia de alimentación, dichas excepciones se van a transformar en regla general, impactando negativamente los hábitos alimenticios y generando sobrecarga de trabajo, lo que demuestra que este es un problema que va mucho más allá de una simple mirada superficial.

Una mirada multidimensional, por lo tanto, esperemos que esto se pueda acoger y reitero que me sumo a los oficios y que nos respondan cuanto antes la incorporación de la mirada técnica y profesional de los gremios aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputado Badía; y luego recabo el acuerdo al oficio de los diputados Chicardini y Barria. Presidenta, la verdad es que yo soy pesimista respecto de los oficios, y particularmente en este gobierno, que se oficia y se oficia y durante todas las sesiones hay pedidas de oficio, pero lamentablemente las respuestas no llegan. Y creo que el problema que plantean, por su intermedio, las dirigentes acá presentes, es un tema real, un problema que existe. Y como tenemos al señor Ministro acá, yo le solicitaría que no esperemos que nos conteste por oficio, porque eso quizás vaya a ser en marzo, y en marzo del próximo año ya vamos a tener otro gobierno, si Dios quiere. Entonces, que el señor Ministro se tome el tiempo necesario y le pueda dar respuestas de inmediato a las dirigentes, porque creo que el tema es real y necesitan respuestas urgentes. Muchas gracias, Diputado Badía. Primero recabo el acuerdo: ¿Habría acuerdo para el oficio solicitado por las diputadas Chicardini y el diputado Barria? Acordado. No sé si el Ministro se quiere referir al punto o responde a través del oficio. Sí, tiene la palabra. Efectivamente, nosotros tenemos concordada con las dirigencias del sector parvulario la realización de una reunión para abordar este tema en particular. Creo que es el espacio en el que debemos procesar las inquietudes, muchas de ellas legítimas, y otras relacionadas con la implementación del mismo. Sobre todo, porque cuando hablamos del protocolo NAE creo que es bueno saber de qué se trata, ya que la situación genera como un cierto revuelo, lo cual me parece legítimo, pero es importante señalar qué significa el protocolo NAE. Aquí estamos hablando, en primer lugar, de la educación parvularia en particular, no del sistema en su conjunto. En segundo lugar, no se trata de un cambio en la lógica de la alimentación parvularia de los jardines infantiles, sino específicamente de situaciones relacionadas con decisiones que surgen, pues cuando hay alergias alimentarias y otros casos, es el sistema del programa de alimentación parvularia quien hace las adaptaciones. Aquí estamos hablando de otros casos en que los niños y niñas traen comida desde casa por razones relacionadas con la selectividad alimentaria, por opciones familiares, por ejemplo, cuando la familia ha decidido que sean veganos, vegetarianos o por razones religiosas. Es decir, todas aquellas situaciones que escapan al marco del Programa de Alimentación Parvularia. Creo que la discusión es algo más profunda, incluso desde esa perspectiva en cuanto al aseguramiento de la correcta alimentación de los párvulos. Y existe un problema real, y es que, al venir la alimentación desde casa, se generan problemas de contaminación cruzada e incluso de falta de inocuidad, tal como señalan las propias dirigentes en cualquier contexto en que esto se desarrolle. Tenemos además una mesa de trabajo comprometida para la próxima semana, ya que se acordó hace dos días, y me remitiré a ese proceso para sostener el diálogo comprometido con la dirigencia. Muchas gracias, Ministro. Con esto cerramos este punto. Le agradecemos a las trabajadoras por exponer esta situación y, por cierto, estaremos atentas a la respuesta de los oficios para hacérselos llegar a ustedes también. Y les agradecemos mucho que hayan venido. Ahora, en tiempo de intervenciones, tenemos en primer lugar al diputado Cornejo. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero en esta oportunidad compartir con usted y con los miembros de la Comisión de Educación un inquietante informe de Contraloría con fecha de ayer. Este informe da cuenta de que, en su oportunidad, cuando en esta comisión solicitamos en reiterada ocasión la presencia de la Directora Nacional de la JUNAED para poder aclarar lo sucedido el año pasado en la entrega de los útiles escolares, y después de mucho tiempo, se solicitó que, además, por su intermedio, le hiciéramos al señor Ministro de Educación, después de siete meses, la comparecencia de la Directora en esta Comisión de Educación para entregarnos información sobre los retrasos en la entrega de los útiles escolares y la gravedad del mencionado informe de Contraloría, se constató que la Directora de la JUNAED no nos entregó toda la información.

Y además de no entregarnos toda la información, la información que nos proveyó falta a la verdad. Porque este informe de Contraloría, que es categórico y tiene 64 páginas, señala al menos cinco aspectos de incumplimientos en procesos internos de la Junaeb, de lo cual la directora nacional aquí en esta comisión no se refirió. Solamente voy a hacer un resumen, porque es un informe muy largo y, por efectos de tiempo, voy a hacer entrega del informe, Presidenta, para que usted lo tenga y lo coloque a disposición, de modo que demos cuenta de la gravedad de lo que aquí ha ocurrido. Los cinco aspectos más relevantes determinados en este informe de Contraloría se refieren a: primer, al retraso en la entrega por problemas en especificaciones técnicas por parte de la Junaeb; segundo, a procesos lentos y a la falta de revisión que afectaron la entrega oportuna de los útiles escolares; tercero, a que los kits escolares no alcanzan para todo el año ni para todas las materias; cuarto, a que la empresa contratada por la Junaeb no cumplía con los requisitos para distribuir los útiles; y, por último, a que la Junaeb no contaba con planificación para la entrega de útiles durante el año 2024. Dentro de los aspectos generales, queda claramente establecido que la entrega se retrasó cinco meses, que al 6 de septiembre de 2024 se había entregado solamente el 34% de los útiles escolares y que, a fines de año, en el mes de noviembre, aún faltaba por entregar el 66% de estos útiles, es decir, más de 1.400.000 kits escolares. Presidenta, yo creo que va a ser importante, aprovechando la presencia en medio del señor Ministro de Educación, que podamos tomar una determinación aquí en la comisión, dada la gravedad de la situación que estamos revelando. Porque este informe de Contraloría da cuenta de las irregularidades que se cometieron y, cuando estuvo aquí la directora de la Junaeb, ella no se refirió a ninguno de estos aspectos señalados, los cuales hoy son informados por la Contraloría. Muchas gracias, diputado Cornejo. Entonces, ¿usted solicitó algún oficio? Perdón. Aprovechando que está el ministro: Ministro, ¿quiere referirse al tema? Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, primero, tal como lo señalaba el diputado Cornejo, creo que es relevante establecer que tanto los parlamentarios que han hecho las solicitudes como este ministro –y creo que es bueno decirlo también, diputado, por su intermedio– fuimos, lo digo en esos términos, insistentes en que se convocara a la directora de la Junaeb, tal como lo determinó esta comisión. No fue una decisión de la directora de no concurrir ni del Ministerio de Educación de no provocarlo así. Cada vez que se hizo la solicitud, requiriendo la presencia de la Junaeb, el Ministro de Educación o la Subsecretaria de Educación, o quien estuviera representando al Ministerio acá, concordó en la necesidad de hacerlo y pidió que se procediera de ese modo. Eso es lo primero, para que no quede la sensación, entre quienes nos ven, escuchan y siguen, de que hay una intención de eludir finalmente este tema. Segundo, el informe de Contraloría devela exactamente los mismos temas que se detectaron en su momento en relación con el retraso, que fue evidente, conocido por todos y así asumido. Algunos elementos mencionados en el informe de Contraloría se refieren a fiscalizaciones que derivaron en procesos administrativos –ya en trámite desde aquella época– orientados a buscar responsabilidad dentro de la institucionalidad. Otras cuestiones son juicios que se formulan y que no tienen relación ni con el propósito del programa ni con el mandato legal que pueda existir, como, por ejemplo, si los útiles alcanzan para todo el año o no. Es un complemento; no se trata de la entrega de los útiles para todo el año, puesto que eso es parte de las bases y del programa mismo. No es, pues, el propósito del programa cubrir el 100% de la necesidad de útiles escolares de los estudiantes durante todo el año. Por otro lado, de hecho, si lo han revisado, los titulares de las páginas informativas han ido cambiando. Se dice, por ejemplo, que se habían entregado solo un tercio de los útiles correspondientes, lo que, en estricto rigor, no es preciso: se hizo la entrega del 100%. Lo sucedido es que, a la fecha en que se realizó el corte de la evaluación, se había entregado un tercio, lo cual es coherente con los retrasos que hubo y con la fecha en que se concluyó el proceso.

Distribución. También se tomaron las medidas correctivas más profundas que tienen que ver con haber hecho el proceso de licitatorio plurianual, de modo tal que efectivamente en el año 2025 los útiles fueron entregados ya en el mes de abril, el 100%, y están ya en la propia Contraloría las bases de licitación correspondientes a los próximos dos años para asegurarnos que también esto tenga continuidad de esa forma, asumiendo y corrigiendo ese proceso. Por último, Presidenta, yo no hago más que concordar con lo que señala el diputado Cornejo en el sentido de citar a la directora para que pueda precisar los aspectos que están señalados en el informe de la Contraloría, porque creo que todo esto tiene un abordaje y respuesta. Insisto: algunas son materias de hallazgo respecto a las bases y otras son juicios que no tienen que ver ni con las bases ni con la ley, sino que son observaciones, como por ejemplo el hecho de que los útiles no alcanzan para todo el año, lo que siempre ha sido así. Además, la razón por la cual el retraso ocurrió tuvo que ver exactamente con lo señalado, puesto que la licitación se declaró desierta por incumplimiento de las bases técnicas y, por esa razón, hubo que hacer una nueva licitación. Eso no está en duda ni nada por el estilo. Así que, lo que sugiero, Presidenta, es que, tal como lo indica el diputado Cornejo, se tenga a bien convocar a la directora para que pueda profundizar en el informe; ojalá eso ocurra luego, porque de lo contrario volveremos a enfrentarnos a la idea de que existe una intención de eludir el debate, cuando en realidad no es así. ¿Habría acuerdo, entonces, para citar a la directora sobre el tema? Acordado, diputado Cornejo, y con esto cerramos el punto. Seguidamente, para hacer una indicación respecto a lo señalado por el Ministro, la directora en su oportunidad nos indicó que el retraso se debía a que se tuvo que declarar desierta la licitación. El motivo es que la licitación fue declarada desierta porque el único oferente que cumplía con los requisitos, en vez de presentar los lápices hexagonales, presentó los lápices de superficie triangular. En la segunda licitación –sin impedimento técnico para declararla desierta, según lo señala la Contraloría– se incorporó también la posibilidad de que, además de los lápices hexagonales, pudieran estar los triangulares. Con ello se evidencia una deficiencia en la capacidad de hacer gestión en los procesos de licitación para evitar este tipo de situaciones. Presidenta, muchas gracias. Ahora toma la palabra el diputado Maya. Diputado Maya: El diputado Maya, el diputado Barría, el diputado Rey, la diputada Medina, la diputada González y el diputado Badía. Con eso cerramos los puntos varios. Por intermedio de la Presidenta, me dirijo directamente al ministro de Educación que se encuentra en la Comisión: Ministro, la Escuela Manuel Rodríguez, ubicada en Arica, se está cayendo a pedazos. Es una bomba de tiempo y pronto podríamos vivir una desgracia mayor. No quiero que digan que no les advertí o que no lo vieron venir, porque se los estoy advirtiendo en esta oportunidad. Hoy, la Escuela Manuel Rodríguez de Arica es mucho más que un símbolo de abandono; es una bomba de tiempo, una amenaza real que pesa sobre nuestros niños y niñas. Y no, queridos colegas, esto no es retórica ni exageración. Son los techos de asbesto, ese veneno invisible y prohibido en nuestro país, los que cuelgan sobre sus cabezas como una condena silenciosa. ¿Cómo permitimos que esto siga pasando, ministro? Tener techos de asbesto, un material que da cáncer, es inadmisible. Me pregunto, y se me revuelve la guata al pensar en dónde quedó la dignidad de esos miles de niños y niñas de esta escuela, donde las paredes están podridas y apolilladas; las ventanas se desmoronan porque ya no tienen marcos, pues se cayó una ventana de vidrio sobre el pie de una profesora, y tanto profesores como estudiantes corren peligro. La escalera, que da acceso al segundo piso, está a tan solo un puño de separación, es decir, se puede meter la mano o el pie de un niño; la escalera se está separando y podría derrumbarse.

El piso está cerrado porque ya no es seguro. Los niños del kinder están estudiando en el patio, ya que las panderetas se encuentran en peligro de caerse sobre ellos. Estas panderetas están empapadas, debilitadas y se pueden desplomar en cualquier momento. Basta un día más de abandono y podríamos lamentar una tragedia. ¿Y qué vamos a esperar? Eso es lo que me pregunto, ministro, por su intermedio, presidenta. ¿Vamos a esperar que se muera un niño? ¿Vamos a esperar un diagnóstico de cáncer para abrir recién los ojos? No me canso de pensar en el caso de Héctor, un niño que en 2012 se le cayó un poste en la cabeza. Hoy, Héctor, un niño de cinco años, sufrió la caída de un poste y, hasta la fecha, sigue teniendo problemas; tuvo que pasar por la Teletón y su familia vivió un drama. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se le caiga una pandereta a un niño? ¿Que muera un niño? Cada día hay un caso: un niño se cae y se lesiona porque el suelo está lleno de hoyos y trampas. Cada día, una madre y un padre rezan para que su hijo vuelva entero a casa. Eso es inhumano, ministro. Miren, aquí han hablado, presidente. Este es mi primer punto de barrio en un mes. Hay gente que habla tres, cuatro o cinco veces y se extiende por diez minutos; entonces, dejémoslo estar. Muchas gracias. No, pero diputado Maya, le estaba indicando tiempo para que concluyera su intervención; de hecho, ni siquiera lo hice por micrófono para no interrumpirlo. La pregunta es: ¿cuándo vamos a tapar la miseria con discursos bonitos, señor ministro, de calidad educativa? Aquí no se puede hablar de futuro sin siquiera garantizar la vida, la salud y la seguridad. ¿Y qué van a aprender? Ya basta de fotos, de frases vacías y de reuniones que no cambian nada. Hay que salir de la oficina, recorrer las escuelas, mirar a los ojos a los niños y niñas de la Escuela Manuel Rodríguez y ver si somos capaces de explicarles en la cara por qué deben estudiar entre el asbesto, los escombros, el miedo, la caca de paloma y tantos otros problemas que enfrentan. Los apoderados de la comunidad no quieren más promesas, quieren acción. Existe un proyecto, señor ministro, un proyecto del SLEP que lleva dormido tres o cuatro años y que busca reconstruir esa escuela. Por ello, solicito, por su intermedio, señora presidenta, y por medio de esta comisión, que se oficie al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública, porque no es la primera vez ni será la última que observamos el abandono en nuestra escuela y liceo de Arica. Si preguntamos por la Escuela República de Francia, la Escuela “15”, la “5” y ahora a los niños y niñas del Internado Bisbiri, que estudian en condiciones precarias e inhóspitas en el altiplano, veremos que hay proyectos que duermen en un sueño eterno y soluciones que se postergan por falta de fondos. Pero aquí, simplemente, falta voluntad, señor ministro. Mientras tanto, cientos de niños, niñas y jóvenes continúan estudiando en condiciones indignas, en escuelas que parecen ruinas, en medio del abandono y el olvido. La educación es un derecho, señor ministro; la vida de un niño vale más que cualquier presupuesto, porque la dignidad no es un lujo y la seguridad no se negocia. Hay que seguir luchando por la educación en Arica y por la educación de tantos niños y niñas. Le pido que ponga atención, que ponga el ojo en el norte; no puede ser que estemos viviendo en Arica el abandono de la educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Maya. Diputado Barría tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludos a la ministra y al equipo. Primeramente, agradezco el espacio otorgado a las dirigentes de AJUNJI y de BTF, por la preocupación expresada en relación a la aplicación de esta nueva política denominada ANADE. Esperamos tener, por supuesto, buenos resultados de aquellas reuniones. Por otra parte, presidenta, solicito que se oficie al municipio de Curanilahue, a la Dirección Provincial de Educación de Osorno y a la Ceremia de Educación de la Región de Los Lagos, así como a los apoderados de la comunidad escolar de la Escuela Villa de los Burgos, uno de los planteles educacionales más antiguos de la comuna de Purranque. Los alumnos –y, por supuesto, también los exalumnos– se viven con temor ante un eventual cierre de este establecimiento educacional. Se ha sembrado la duda, se ha alimentado la especulación; y, ¿qué mejor manera de combatirla que obtener certezas? Es necesario que el municipio y las entidades indicadas reafirmen el compromiso con la vigencia de este establecimiento, lleno de historia y de vida, que necesita fortalecerse, al igual que toda la educación. Muchas gracias.

¿O la tiro para el final? Ya, la tiro para el final. O sea, la desplazo, la reservo, la desplazo. No, no, tampoco es. Diputada González. Muchas gracias, Presidenta. Vengo a exponer a la Comisión una realidad que me ha tocado verificar en el distrito, a raíz de que los alumnos del Colegio Luis Urbina Flores, en específico sus dirigentes estudiantiles, nos han convocado a visitar su liceo. Efectivamente, se trata de un liceo muy antiguo, como muchos de los liceos públicos, cuyas instalaciones tienen por lo menos más de 80 años, sin mayores intervenciones y que presentan problemas en los techos. Asimismo, se evidencian los mencionados techos de asbesto, que también mencionaba el diputado Maya en su intervención anterior. Registramos además otros problemas que merecen la misma urgencia, como deficiencias eléctricas y hacinamiento en la sala de profesores. Cabe destacar que, en tan solo tres o cuatro años, este liceo ha doblado su matrícula, pasando de 450 a 860 alumnos matriculados, por lo que requiere crecer en sus instalaciones y contar con mayor calidad en las mismas. En base al registro de los techos de asbesto, hicimos otras averiguaciones y en Rengo, al menos, hay 12 colegios que aún mantienen este problema. Por ello, Presidenta, solicito a la Comisión que oficiemos un oficio consultando: ¿existe un catastro de los liceos o colegios que presentan asbesto en sus instalaciones y si hay algún programa específico para su retiro, similar al que tiene el Ministerio de Vivienda en el marco de "Vida Libre sin Asbesto", programa especial para el retiro del asbesto en viviendas? Si existiese un símil para el caso de los colegios, estos también merecerían la misma atención y urgencia, por lo que, dado el riesgo que representa, incluido el potencial de producir cáncer, y considerando que el costo del retiro se encarece por tratarse de elementos riesgosos, resulta fundamental que existan programas especiales que apoyen a los distintos liceos para hacer el retiro de forma más expedita y económica. Presidenta, agradecería contar con esos insumos y que el Ministerio nos informe a la Comisión sobre los catastros existentes y sobre la implementación o planeación de programas especiales para el retiro del asbesto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Diputada González, ¿habría acuerdo para el oficio solicitado? Acordado. Diputado Vadilla: Intentaré ser muy breve. Lo primero, Presidenta: sé que es una facultad que usted tiene solicitar –si lo tiene bien– que podamos recibir, después de varios temas, al señor alcalde de Curanilahue, ya que, según tengo entendido, lo habían dejado para el final. Él se ha desplazado más de 600 kilómetros para estar acá junto a los profesionales y debe regresar a su comuna. Por lo tanto, le solicito que, una vez concluyamos los temas en la agenda, le demos la oportunidad para que él pueda exponer, siempre y cuando usted lo tenga bien, Presidenta. Lo segundo, Presidenta: me llama la atención la diferencia en el trato cuando se actúa respecto a lo privado en comparación con lo público. ¿A qué me refiero? Hace algún tiempo se constituyó una comisión investigadora por supuestos sobresueldos en una universidad privada. Considero que es correcto investigar y conducir las denuncias pertinentes, pero me sorprende que muchos de quienes impulsaron esa investigación guarden silencio cuando se trata de una universidad pública. Todos entendemos y sabemos que, aunque no se puede generalizar, la gran mayoría de las universidades públicas presentan serios problemas económicos y de financiamiento.

Agravados aún más por algunas políticas públicas que ha impulsado este gobierno. ¿A qué me refiero, Presidenta? Lo que quiero pedir, Presidenta, es que oficiemos a la Contraloría y a la Superintendencia para que se investiguen los sueldos de la Universidad de Tarapacá. Porque, en un medio de circulación nacional, se informa que una académica –escúchenme bien– gana 38 millones de pesos mensuales durante ocho meses. No lo digo yo, lo dice un medio electrónico de circulación nacional. Entonces, yo le solicito, Presidenta, que oficiemos a la Contraloría para que haga una investigación respecto del buen uso de los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos en la Universidad de Tarapacá, y que haga lo propio con respecto del mismo tema, porque creo que 38 millones de pesos mensuales –incluso, dice la diputada acá presente, que si hay vacantes ella podría irse– es reírse de muchos funcionarios que se esfuerzan día a día para, a veces, ganar un sueldo mucho menor. Por ello, solicito que oficiemos a la Contraloría y a la Superintendencia de Educación Superior. Muchas gracias. Este tema en particular. Muchas gracias, diputado Badilla. Solamente para aclarar –me hago cargo, ya que he sido de las personas que han levantado el punto respecto a las universidades privadas–, que la situación de los planteles de educación pública es muy distinta, puesto que sus sueldos están regulados, son transparentes y ello se encuentra respaldado por la legislación y las normas relativas a la educación. Es muy distinto al caso de las universidades privadas, donde no hay una regulación, existe mucha opacidad y no hay obligación de transparencia, razón por la cual creo que debemos avanzar. De todas maneras, la diputada Serrano me ha pedido la palabra respecto al punto, brevemente, porque estamos un poco atrasados para que lo pueda expresar. Solo tengo una duda: lo que sucede es que el diputado Bobadilla, por su intermedio, Presidenta, ha manifestado que le llama la atención el silencio que tuvimos, justamente, de quienes integramos esta comisión investigadora. Mi pregunta es: ¿son las mismas conclusiones que trabajamos las que se rechazaron en sala? Porque, si estamos hablando de ello y se nos está solicitando que hoy día terminemos con la opacidad en las universidades, ya sean privadas o públicas, creo que debemos ser un poco más coherentes. Eso, Presidenta. A ver, no vamos a alargar más el punto. ¿Habría acuerdo respecto al oficio solicitado por el diputado Abadía? ¿Sí, hay acuerdo? De acuerdo, acordado. Diputada Medina, ahora sí. Gracias, Presidenta. Saludo en primer lugar y me sumo al petitorio del diputado Bobadilla, para que se le otorgue prioridad de atención al alcalde de Curanilahue, quien viajó desde muy lejos para disponer de unos minutos en la comisión. Quiero pedir un oficio a la depresidenta, solicitando que se responda a la brevedad al oficio ingresado con el número 1796, dirigido al Servicio Local Andalien Costa, de la región de Bío Bío, al señor Ramón Jara Zavala, desde los gremios asistentes de educación del territorio Andalien Costa, el Colegio de Profesoras y Profesores y la coordinadora SLEP Andalien, referente a distintos puntos que no han sido abordados de buena manera. Eso es lo que reclaman hoy los gremios. Se trata de un SLEP que entró en funcionamiento recién este año y que me preocupa al ser de mi región, dado que tengo algunas comunas de mi distrito, pero también porque ya contamos con un SLEP que funciona muy bien en Bío Bío. Espero que mi región sea un ejemplo, ya que he defendido el traspaso de la educación pública a los SLEP. El problema que enfrentamos en este caso es de comunicación y coordinación, pues quienes lideran este SLEP no han mostrado la voluntad de atender las necesidades de los gremios. Se les acusa, por ejemplo, de prácticas antisindicales en ciertos puntos, de falta de comunicación, de tomar acuerdos sin realizar el seguimiento ni el cumplimiento correspondiente; además, en materia de infraestructura, por no contar con personal de reemplazo, enfrentar problemas de continuidad laboral y un problema tan administrativo como el pago del bono de escolaridad, que ha sido proporcional a la jornada o a la carga laboral de los trabajadores y que no figura en ninguna norma. Este incumplimiento perjudica directamente a los trabajadores, y eso no lo podemos permitir, menos aún cuando a los gremios de asistentes de la educación les ha costado tanto poder adquirir derechos y hoy día, los SLEP vengan a desconocer dichos derechos por falta de coordinación.

Y por falta de visión de quienes lideran estos servicios hoy día, estemos retrocediendo. Yo me sumo a esta petición; está firmada por ocho representantes, por la totalidad de los trabajadores, profesores y asistentes de la educación, y solicito este oficio a la DEP, pero también solicito directamente al director ejecutivo de este SLEP, Andalian Costa, que cambie su criterio de trato para con todo su servicio local. De lo contrario, terminará teniendo problemas solo por el trato, y creo que debiera ahorrarse ese problema cuando ya enfrentamos otros asuntos difíciles de resolver. Así es que solicito este oficio, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Medina. ¿Habría acuerdo con el oficio solicitado? Acordado. Ahora, finalmente debo asumir el error: no había visto al Diputado Santana. Le damos la palabra brevemente para que exponga su punto. Diputado Santana: La semana pasada realicé una especie de denuncia a raíz de decisiones que había estado tomando el director del Servicio Local de Atacama, particularmente en relación con los concursos de algunos directores en establecimientos. Al escuchar a algunos colegas explicar problemáticas en sus respectivos distritos, se evidenció que, en muchos casos, estas tienen que ver con la situación de los servicios locales, aún en implementación. Yo, al igual que la Diputada Medina, soy defensor de la educación pública y de esta nueva institucionalidad. Además, reivindico que, por ejemplo, en los resultados SIMCE de este año, las instituciones públicas administradas por los servicios locales hayan obtenido mejores resultados que aquellas administradas por los municipios, lo que denota un avance desde el punto de vista del trabajo técnico-pedagógico de esta nueva institucionalidad. Creo, Presidenta, que le haría bien a la Comisión de Educación recibir al Director de la Dirección de Educación Pública para revisar la situación de los servicios locales a lo largo del país y analizar cifras al respecto. Por ello, le sugiero, insisto, la posibilidad de tener una sesión dedicada exclusivamente a abordar los temas de los servicios locales de educación. Esto beneficiaría a la Comisión y, además, permitiría conocer el estado de la tramitación del proyecto que modifica la Ley 21.040, el cual ha permanecido en el Senado durante todo este periodo. Si bien existe un aspecto técnico-pedagógico a relevar, también hay una falencia en el funcionamiento administrativo de los servicios locales, que esta ley eventualmente resolverá. Me llama la atención que, pese a los planteamientos relacionados con los servicios locales de educación, nadie se sorprenda de que exista un proyecto de ley cuya tramitación se ha dilatado por más de dos años y que la comisión no manifieste nada respecto a su futuro. Complementando lo señalado por la Diputada Serrano, espero que se logre un acuerdo transversal y que la Comisión disponga de una sesión exclusiva para tratar este tema. Finalmente, Presidenta, termino pidiéndole algo que me ha solicitado una organización, en concreto la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación (CONFUSEM). Me han pedido, a través del Ministro, la posibilidad de reunirse con usted. Ellos han planteado, en varias oportunidades, la necesidad de abordar temas como la modificación de la Ley 21.109 –el Estatuto de los Asistentes de la Educación– y el protocolo de acuerdo suscrito entre el Ministro y la Subsecretaria en noviembre de 2023. Por medio de este espacio, solicito que se les reciba a la brevedad, abriendo así un espacio de conversación. Reitero, Presidenta, que ojalá se logre acordar una sesión especial de la Comisión de Educación en la que se revise la situación de los servicios locales con el Director de la Dirección de Educación Pública. Muchas gracias, Diputado Santana. ¿Habría acuerdo con la solicitud del diputado? – ¿Sí? No, es que estamos muy pasados del tiempo. No, es que no voy a dar más palabras. ¿Habría acuerdo con el oficio del diputado? Acordado. Y, si vuelve la Diputada Arce, se los prometo, yo tampoco quería volver. Propongo enviar una nota a la Comisión de Educación del Senado manifestando nuestra preocupación por el estado de avance del proyecto; Hacienda, Hacienda del Senado, perdón, cinco meses. Mandemos una comunicación a la Comisión de Hacienda solicitando que se avance en este proyecto. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Bueno, mandémosela a Hacienda y al Presidente del Senado. ¿Habría acuerdo con enviar una nota expresando nuestra preocupación por la aprobación del proyecto? Acordado. Se acabaron los puntos.

Varios, y ahora según lo que me señala la Secretaría, nos corresponde entrar en el punto del proyecto de ley, porque este tiene urgencia. Entiendo que la diputada Flor Baize, el diputado Badilla y la diputada Karen Medina nos han solicitado tratar primero el punto del alcalde de Curanilahue, pero para ello entiendo que se requeriría un acuerdo unánime de Comisión. ¿Habría acuerdo? Ya, perfecto, acordados, con tiempo, por supuesto. Le damos sus 10 minutos al alcalde. Bueno, si yo estoy moderando este debate, no he manifestado mi posición, diputado. Muchas gracias, alcalde. Tiene la palabra. Yo le voy a hacer un gesto cuando se le esté acabando el tiempo. Correcto. Bien, muchas gracias. Agradezco, Presidenta, la recepción en esta Comisión de Educación, también a todos los integrantes, a la diputada Flor Baize por gestionar esta reunión, digamos. Nosotros venimos de lejos, de allá de aproximadamente 700 kilómetros de Valparaíso, por una gran necesidad que tenemos en relación con la pérdida de un establecimiento educacional, producto de un incendio que destruyó alrededor del 60% del mismo. La idea era venir a la Comisión y solicitar ayuda a través de oficios para llegar al Ministerio y recibir colaboración en agilizar los temas de reconstrucción y los problemas presentes, ya sea con asistencias técnicas para levantar los diseños de la reparación. Asimismo, tuvimos la dicha de que la diputada Karen Medina, en la mañana, gestionó una reunión con el ministro que está acá al lado, quien muy amablemente nos recibió, nos dio la posibilidad de exponer todo el planteamiento y alcanzamos buenos acuerdos, en donde se reparten responsabilidades. Obviamente, la responsabilidad principal recae en el Ministerio, ya que es el titular de los recursos, lo que nos permite a nosotros, como municipalidad, trabajar en el diseño y levantamiento de las asistencias técnicas para iniciar el proceso de estudio y diseño, y posteriormente presentarlo a financiamiento con el fin de licitar la reparación de este colegio tan emblemático, que se quemó y dejó a poco más de 280 alumnos sin contar con sus salas de clase, generando el problema de su reubicación. Afortunadamente, en otro colegio se contaba con algunas salas para su instalación temporal. También enfrentamos inconvenientes con la situación del transporte, tema que fue conversado con el ministro. Sin embargo, quiero destacar, además de la colaboración de nuestros diputados de la zona, la buena recepción del ministro y el conocimiento que tenía sobre la situación ocurrida en Curanilahue. Esto indica que vamos por buen camino, ya que nos vamos esperanzados por lo conversado y por los acuerdos alcanzados. Por ello, solicitamos a la Comisión recordar las materias que se detallan en el oficio dirigido a los distintos estamentos, ya sea el Ministerio o el Ministerio de Transporte, atendiendo la posibilidad de obtener algún subsidio para contratar movilización para los alumnos, quienes deberán desplazarse aproximadamente un kilómetro desde el lugar donde estudiaban hasta el nuevo establecimiento que los acogerá durante el tiempo que demore la reconstrucción, esperando que sea lo más breve posible. Eso, Presidenta. Muchas gracias, alcalde. Un gusto recibirlo. Me ha pedido la palabra la diputada Flor Baize respecto al tema. Adelante, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la posibilidad de escuchar al alcalde de Curanilahue, a la compañía, al consejero regional y a los equipos de trabajo. Efectivamente, ha sido un día productivo, diría yo, para la comuna. En la mañana estuvimos en otra reunión.

Diputada Medina: “La diputada Medina y hoy día a mí me parece que es muy importante insistir en esta reunión, en esta instancia que solicité a la diputada Arce, en su calidad de Presidenta, para que se nos reciba, porque ya se conversó el tema en la mañana. Esta es una emergencia que tiene un costo de entre 700 y 1.000 millones de pesos, pues se estima que se requiere recuperar más de un 60% del daño a la infraestructura, la cual, además, había sido objeto de un proyecto de conservación realizado hace aproximadamente un año. Se siente con mayor urgencia, ya que hace casi menos de un año se habían reparado los daños, siempre con un especial cuidado por la planta educativa, los estudiantes y toda la comunidad. Lo que hoy día el ministro comprometió en la mañana es disponer de recursos de emergencia, si bien no la totalidad, al menos para iniciar la elaboración del diseño y del presupuesto –un proceso que no es menor. También se ha señalado el problema de los estudiantes que quedan sin traslado, al tener que desplazarse a otros lugares alejados de su domicilio. En conclusión, considero que lo importante, más allá de lo mencionado por el ministro y otros colegas, es recabar el oficio para que sea institucional y oficial, más allá de la reunión que sostuvo esta Comisión en la mañana. Es necesario oficiar al Ministerio de Educación y al ministro para que se otorgue la debida urgencia en la tramitación y en el acompañamiento, desde el nivel central al nivel regional, encomiando esta tarea a la Seremi de Educación. Asimismo, se debe asegurar que, desde lo técnico, el proyecto y el diseño sean tramitados sin demasiadas observaciones, de modo que se reduzca el tiempo de revisión. Adicionalmente, se solicita que se oficie al Ministerio de Transporte para coordinar la obtención de recursos destinados al desplazamiento de los estudiantes, mientras se reactiva el uso de esta emblemática escuela de la comuna de Curanilahue. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Báiz. ¿Habría acuerdo con los oficios solicitados por la Diputada? – Acordado. Señor Ministro: “Tal como lo señalaron el alcalde y la diputada Báiz, en la reunión de la mañana ya conocíamos el caso del incendio ocurrido en la Escuela F-775 Independencia de Curanilahue, y se identificaron dos aspectos fundamentales. El primero es que vamos a financiar la asistencia técnica necesaria para realizar, no únicamente el diseño, sino también el estudio estructural de la infraestructura, ya que esta alcanzó temperaturas de más de 1.000 grados Celsius. Dicho estudio permitirá determinar si es posible conservar parte de la infraestructura o si es preciso reemplazarla en su totalidad, condición que influirá en el tipo de proyecto que se formule, en sus costos y en las vías de ejecución. En el supuesto en que los equipos técnicos determinen que no existen daños estructurales, procederemos en función de esa constatación. Asimismo, gracias a la línea de emergencia –considerando que se trata de una causal sobreviniente a causa de un incendio– estaremos en condiciones de financiar, en su oportunidad, las obras que requieran esta inversión. Aún no se han definido los montos asociados, ya que dependerán de los estudios y de la formulación del proyecto definitivo. Es importante resaltar que el primer paso debe darlo el municipio, mediante la formulación del proyecto de asistencia técnica, lo que nos permitirá contratar al profesional encargado de llevar a cabo los estudios estructurales, el diseño y el costeo del proyecto final. En cuanto al tema del transporte, si bien nosotros no contamos con recursos propios salvo la flexibilidad normativa otorgada a los recursos CEP –la cual, por cierto, afecta principalmente a los establecimientos rurales, y en este caso no se trata de una escuela rural– se prevé una reunión con el Ministerio de Transporte. Desde esta Comisión nos comprometemos a oficiar también ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para gestionar los recursos necesarios para el desplazamiento de los estudiantes durante el tiempo que se reactive esta escuela. Muchas gracias, Presidenta.” Muchas gracias, señor Ministro. Con esto, se agradece al alcalde y se reconoce el avance logrado en esta situación.

Su concurrencia. Les deseamos un buen viaje, por supuesto, porque es harto para allá y esperamos que hayan buenas noticias. Por cierto, ahí los diputados de su distrito le harán llegar la información cuando nos respondan los oficios. Muchas gracias a usted. Ahora corresponde entrar al segundo punto de la tabla, que es continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley 20.129, con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. Este se encuentra en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “simple”. Para tales efectos, escucharemos primero al profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exministro de Educación, el señor Harald Beyer Burgos, a quien le damos una cordial bienvenida. Yo tengo la impresión de que este, más allá de parecer un proyecto simple, es un proyecto extremadamente complejo y grave en términos de cómo se está planteando. Voy a tratar de explicar por qué y a plantear algunas soluciones que creo contribuirán a mejorar el proyecto en su estado actual. Básicamente, lo que voy a abordar son cuatro puntos. En primer lugar, ¿hasta qué punto la caída en la matrícula es solo efecto de la Ley de Nueva Carrera Docente? Voy a sostener que no es así. A continuación, abordaré el argumento de la supuesta falta de docentes, el cual, a mi juicio, los datos no permiten validar. Las exigencias reales que se están aplicando hoy en día, a pesar de lo que dicta la ley, evidencian que se está incumpliendo de forma grave la ley aprobada en 2016, la que incorporó de manera transversal algunas recomendaciones sobre el proyecto de ley. Al observar la matrícula, efectivamente, la matrícula en pedagogías cayó; pero, si se fijan, empezó a caer cuatro años después de la aplicación de la Ley de Nueva Carrera Docente. Además, cayó no solo la matrícula regular, la que ingresa vía PSU, sino también aquella que se incorpora a las universidades por otras vías. Esto es típicamente un problema de demanda, es decir, hubo menos interés en estudiar pedagogía, independientemente de las exigencias impuestas a través de la nueva ley. La reversión en la caída de la matrícula para 2023, 2024 y 2025 se observa en los datos recientemente publicados para 2025, en los que se aprecia que la matrícula fue parecida, cayendo levemente respecto a 2024. Básicamente, esto se debe a que se redujeron de forma significativa las exigencias para estudiar pedagogía, lo que provoca el incumplimiento de la ley. Voy a tratar de explicar por qué es así. Respecto al déficit docente, he escuchado y revisado un estudio que actualmente está siendo analizado por el Ministerio de Educación y Elige Educar, el cual sugiere la existencia de un gran déficit. Sin embargo, al observar los números y tendencias, nada de ello parece cierto: en los últimos 15 años, el número de docentes ha aumentado en un 46%, mientras que el número de estudiantes ha caído en un 5% y se prevé que continúe la tendencia. La realidad es que no se evidencia un ajuste a nivel nacional, sino problemas puntuales en ciertos territorios, lo que apunta más a un problema de gestión de la dotación docente que a una falta real de profesores. De hecho, en los últimos seis años han egresado aproximadamente 41.000 docentes de la profesión, lo que nos lleva a preguntarnos si no sería más prudente buscar su reincorporación antes de tomar medidas drásticas. Además, los antecedentes se sostienen al observar la distribución de estudiantes por docente, donde se evidencia una gran heterogeneidad en el sistema educacional chileno, lo que avala la idea de que la situación podría gestionarse de manera mucho más eficiente.

Hay una diferencia del 50% en las dotaciones que tienen los municipios por estudiante respecto de lo que tienen los colegios particulares subvencionados por estudiante. Entonces, hay mucho espacio, creo yo, para gestionar la situación actual sin que esto signifique que realmente estén faltando docentes. Pero, al mismo tiempo, cuando uno proyecta –usando los datos de nacimiento, los datos de matrícula y los datos de los grupos mayores que están saliendo– se puede apreciar que al año 2030, que está a la vuelta de la esquina, habrá del orden de 340.000 estudiantes menos en el sistema escolar, y hacia el año 2040 casi un millón de estudiantes menos que los de hoy. Al mismo tiempo, el número de profesores subirá, pasando de los actuales 265.000 a alrededor de 320.000 hacia el año 2040. Si uno mira el año 2030, tendremos del orden de casi 300.000 profesores en el sistema, proyectando por edades –es decir, los que van a ingresar a la profesión y los que están saliendo–; de acuerdo con las tasas históricas, aproximadamente el 4% de la fuerza docente sale cada año. Esto es similar a lo que ocurre en el contexto internacional, pero, a la par, ingresan nuevos docentes porque están cursando sus estudios y se gradúan de las universidades. Ahora, ¿por qué la insistencia en las exigencias de acceso? ¿Qué es lo que sabemos y por qué se aprobó, de manera transversal, esa exigencia en el año 2016? Toda la evidencia disponible apunta a que los estudiantes que provienen de la parte superior de la distribución de habilidades académicas tienen desempeños en el aula muy superiores a los que se encuentran en la parte inferior. Existen indicadores para Chile, provenientes de distintos estudios; no entraré en detalle con cada uno de ellos, pero se muestra claramente que, cuanto mayor es el puntaje en las pruebas de acceso a la educación superior, mucho mejor es el desempeño de los estudiantes y mayores son sus aprendizajes. Incluso, utilizando medidas más sofisticadas de valor agregado, se observa la misma correlación, de modo que se debería impulsar estas mayores exigencias de acceso a la profesión docente. Al mismo tiempo, si uno observa el reciente proceso de admisión y analiza cómo se distribuyeron los puntajes de los seleccionados en pedagogía, en psicología (por poner una carrera de referencia) y en todas las demás carreras, se evidencia que la distribución de los estudiantes de pedagogía se sitúa hacia la izquierda, es decir, son en promedio estudiantes con habilidades relativamente bajas. Y, a pesar de ello, en realidad lo que se ha hecho en los últimos años es continuar reduciendo el nivel de habilidades, a pesar de que la ley dispone lo contrario. Esto es algo técnico, pero si se observa la distribución de la izquierda –la de los puntajes en la prueba PCU– cuando se legisló la nueva carrera docente, se estableció que los estudiantes que ingresaban a pedagogía deberían provenir de la mediana hacia arriba, es decir, del percentil 50 en la prueba de transición, para que, a partir del año 2020, provinieran del 30% superior. Esa disposición nunca se aplicó; se fue postergando y, recientemente, la miscelánea volvió a postergar el ingreso de las exigencias definitivas. Sin embargo, se ha mantenido la idea de que deben pertenecer al percentil 50, tal como figura en el articulado transitorio, lo que significa que tienen que provenir del 50% superior del promedio de la prueba de comprensión lectora y de Matemáticas 1. En la práctica, cuando se instaló el sistema existía otra escala, otra forma de calcular los puntajes, y se estableció en ese momento que la mediana o el percentil 50 era de 502 puntos, por lo que se empezó a aceptar a estudiantes, a partir del año 2017, que obtuvieran al menos 502 puntos.

No es cierto, promedio. Eso significaba que había un grupo de estudiantes que habían estado ingresando antes y que tenían puntajes inferiores. Ese total era un 9%, no era un número tan grande. Se hizo una transición del grupo del 30% superior, lo que efectivamente iba a reducir mucho la matrícula, y por ello se aceptó ese criterio. Pero, al mismo tiempo, existía aquella situación porque era solo un 9%, pues antes se exigía tener al menos 450 puntos para postular a las universidades. Para que se den cuenta, eso dejaba a un 34% de los egresados o de los que rendían la PSU fuera del sistema, ya que no podían postular a la universidad debido al mínimo de 450 puntos. Como ese mínimo correspondía al percentil 34 de la distribución, tendía a ocurrir que el grupo que estaba por debajo de los 502 puntos –por así decirlo– era reducido, puesto que estaba presionado por la exigencia de alcanzar esos 450 puntos. El algoritmo que selecciona a los estudiantes descarta a cualquier candidato que tenga menos de 450 puntos. Básicamente, eso era lo que sucedía. Cuando se cambió la prueba, se modificó la escala y, en esencia, la forma en que se distribuían los estudiantes. Se mantuvieron los 502 puntos a pesar de que todos sabíamos que iba a aumentar el puntaje promedio; el Comité Técnico Asesor decidió conservar esa referencia. ¿Qué significan los 502 puntos hoy en la nueva escala? Significa que esos 502 puntos corresponden al percentil 21 de la distribución, es decir, solo dejamos al 21% de los puntajes inferiores la posibilidad de postular a pedagogía. La ley establecía que el 50% de los puntajes más bajos no podía postular a dicha carrera, pero, producto de esa situación, se han bajado las exigencias. ¿Qué ocurre hoy? En el último proceso, 2025, los que ingresaron por admisión regular –un 46%– tienen un puntaje inferior al que realmente establece la ley. Es decir, estamos peor que cuando partimos y subimos las exigencias. Antes el 9% estaba por debajo, y hoy el 46% se encuentra por debajo de las exigencias mínimas vigentes, incumpliendo groseramente la normativa; esto me parece tremendamente grave. De hecho, hoy esto constituye un dato para el ministro, ya que ha aumentado el costo de la gratuidad respecto del proyecto original presentado, básicamente porque los 458 puntos hoy equivalen al percentil 9, es decir, excluimos de la postulación a las universidades solo al 9% de los estudiantes. Antes se excluía al 34% y, ahora, tan solo al 9%. Además, los 502 puntos, como mencioné, hoy corresponden al percentil 21; en definitiva, se está incumpliendo la ley de forma grave, lo cual afecta la credibilidad del sector educacional en el país. Una pequeña digresión antes de entrar en la parte final: cuando uno observa los resultados de la PSU o de la PAES y los relaciona con la Evaluación Nacional Diagnóstica, la correlación es relativamente alta. Es decir, uno se pregunta, dada esa alta correlación, ¿qué están aportando realmente las facultades de educación a los estudiantes? Da la impresión de que no se les está agregando tanto valor, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, según los resultados de dicha evaluación. De hecho, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en sus informes –siempre muy políticamente correctos– ha sido tremendamente crítica con las escuelas de educación. Basta leer la última frase: en general, las instituciones formadoras de profesorado no integran sus resultados en ciclos de mejora continua que propicien modificaciones sustantivas en sus planes de estudio. Este es el panorama en el que nos encontramos, generando un sistema de admisión a las universidades que está reduciendo significativamente las exigencias respecto de lo que se legisló en 2016, de manera transversal y con el consenso de expertos, diputados y senadores. Me voy a saltar la lámina que tenía a continuación, resumiendo.

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