Cámara de Diputados · CEI 66, 67 compra casa S. Allende

Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Como bien escucharon, la exministra de Bienes Nacionales se excusó, ya que tenía una audiencia de veredicto en el Centro de Justicia de Santiago a las 11 horas; por lo tanto, no alcanzó a asistir ni a las 10 ni a las 12:30. En atención a que se propuso una nueva fecha, que es el lunes 12 de mayo, la consideraremos y se cursará la invitación del señor secretario para ese mismo día, tal como ya fue definido. Dicho eso, se deja sin efecto el reemplazo del diputado Sánchez por Romero. La presente sesión en horario especial tiene por objeto tratar las materias que aluden los mandatos conferidos por la sala, diputada Zagardía, sobre la cuenta, de acuerdo con el cuestionario, ya que éste solamente abunda en lo que ya sabemos. Entonces, es solamente querer sacar palabras que no corresponden al presidente.

De la República. Así que yo manifiesto mi oposición a este cuestionario. Gracias. Gracias, diputada Zagardía. Yo le quiero recordar que, independientemente de que estemos de acuerdo o no con las preguntas que se le plantean al presidente de la República –que es legítimo, por cierto– hay un acuerdo de la Comisión para enviarle las preguntas al presidente. El presidente verá cómo las contesta, en qué tono y de qué manera las contesta. Pero no podemos, antes, plantear una manera o forma de proposición de las preguntas por parte de los señores parlamentarios. Diputado Sánchez, sobre el punto, por favor. Muchas gracias, presidente. Solo quiero preguntarle a la diputada por su intermedio, porque no entiendo bien a qué se refiere ella cuando dice que esto solo abunda en hechos que ya conocemos. Por ejemplo, una de las preguntas es si el presidente recibió o no advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de la transacción. O sea, ya sabemos, nos consta que efectivamente él recibió esas advertencias. La segunda pregunta es si está al tanto de que entre los copropietarios del inmueble se encontraba la senadora y la exministra. Eso también ya nos consta. Entonces, yo creo que sería importante, dado que estamos en una comisión especial investigadora por estos hechos, que la diputada Zagardía, si no me equivoco, nos aclare por qué le constan estos hechos. Quizás sería bueno poner esos antecedentes a disposición de la comisión para que puedan constárnoslos a todos. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Hecho el punto, vamos a pasar a la tabla del día. Diputado Benavente, ¿sólo el punto? ¿Sólo el punto? Ya, por favor, no hagamos controversia de lo señalado por la diputada. Tenemos toda la sesión para ingresar un cuestionario, porque tengo algunas preguntas, son cinco, que a lo mejor podría enumerar verbalmente y dejar constancia en acta o enviarlas. Tenemos todo el día, diputado Benavente, porque no pactamos un horario en la sesión anterior. Muchas gracias, diputado Benavente. Le damos la bienvenida a la señora Nelly de Aposo, directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, y también al asesor jurídico del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, señor José Cortés. Ambos muy bienvenidos; agradecerle la presencia en esta comisión. Están acompañados también por la jefa de gabinete, la señora Pascar Mola, que está, si quiere, acompañándonos, y por la asesora de este servicio, señora María José Hoyarzú. Le damos la bienvenida a la comisión y agradecemos su presencia. Recordemos que tendremos una sesión a las 10:00 hrs. y, a las 12:30 hrs., vendrá otro grupo de invitados y citados. Dicho eso, señora directora, no sé si tiene una presentación o si prefiere dejarlo únicamente con el uso de la palabra. Señora directora, por favor, proceda con su texto. Se escucha. Muy buenos días, postintermedio, presidente. Saludo a las diputadas y diputados de esta Comisión Especial Investigadora. Creo que es importante, para efectos de esta presentación, señalar cuáles son los ámbitos de la gestión del Estado que tiene a cargo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y las competencias del mismo. Este servicio, conforme a la Ley 21.045, se define como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y tendrá su domicilio y sede en la ciudad de Santiago. El servicio tiene por objeto implementar políticas y planes, y diseñar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del Ministerio en materias relativas al folclor, las culturas tradicionales, la cultura y el patrimonio indígena, el patrimonio cultural material e inmaterial, e infraestructura patrimonial, así como también fomentar la participación ciudadana en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tiene a su cargo las instituciones patrimoniales nacionales; estas son la Biblioteca Nacional, los museos nacionales, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Archivo Nacional de Chile, la Cineteca Nacional, además del Centro del Patrimonio Mundial y el Centro Nacional de Conservación y Restauración, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, y la administración de los distintos fondos concursables del Estado en materia patrimonial, así como la administración de los sistemas patrimoniales del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, del Sistema Nacional de Museos y del Sistema Nacional de Archivos. Del Sistema Nacional de Museos, que es lo que nos corresponde hoy particularmente conversar, este sistema fue creado por la Ley 21.045 que define en el artículo…

El proyecto 31, que su objeto será contribuir a una gestión eficaz y eficiente de los museos que lo integren, asesorará técnicamente, aportará en el desarrollo de los museos del país y promoverá la coordinación y la colaboración entre museos públicos y museos privados. El servicio también está a cargo del Registro Nacional de Museos, en el cual estarán inscritos los museos administrados por entidades públicas y por las entidades privadas que así lo requieran. El Servicio Nacional del Patrimonio cuenta, como se señalaba anteriormente, con los tres museos nacionales y, por medio de la Subdirección Nacional de Museos, coordina una red de 24 museos estatales, regionales y especializados que se distribuyen territorialmente entre las regiones de Antofagasta y la región de Magallanes y Antártica Chilena. Además, el Registro Nacional de Museos cuenta con 487 museos públicos y privados a lo largo de todo el país. Enseguida, me gustaría referirme a las razones que justifican que al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural se le encomiende el levantamiento del proceso de adquisición de casas patrimoniales. Esto está dado principalmente por dos motivos. Por una parte, el sector patrimonial tiene a su cargo la política de museos, y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural es la institución del Estado que posee las competencias técnicas para el desarrollo de proyectos de inversión, tanto para la creación de museos, bibliotecas y otros activos públicos. Por otra parte, la Ley de Presupuestos del 2024 contempló, en la discusión de este Congreso Nacional, el presupuesto para la Casa Presidencial de Guardia Vieja en el subtítulo 31, “iniciativas de inversión”. Es decir, dicha iniciativa de gobierno para el resguardo del patrimonio histórico de los expresidentes de la República constituye una medida de máxima relevancia, al estar incorporada en la Ley de Presupuestos discutida y aprobada en este Congreso Nacional. Tal como lo ha señalado el actual ministro del Interior, Álvaro Lizalde, quien estuvo presente en esta misma instancia, esta iniciativa se generó desde el Gobierno de Chile y su legalidad presupuestaria tuvo origen y formalización en el proceso de elaboración del presupuesto del sector público, en este caso, de cultura y patrimonio, ante la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para ser presentado al Parlamento. Me voy a referir ahora, Presidente, a las gestiones realizadas por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural en la salida de compra de la casa del expresidente Salvador Allende de Gócez. Desde fines del mes de marzo hasta el mes de junio de 2024 se realizaron gestiones con los representantes de la sucesión propietaria del inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende de Gócez, a fin de recopilar antecedentes de dicho bien. A José Cortés, asesor jurídico de la División Nacional, que me acompaña en esta oportunidad, se le encargó contactar al representante de la comunidad hereditaria dueña del inmueble de calle Guardavieja, abogado Felipe Díos, en el contexto de la adquisición de casas presidenciales, en concreto, la casa del expresidente Salvador Allende. Se debe hacer presente que el inmueble es parte del inventario de una sucesión no dividida, es decir, cuyo propietario es una comunidad hereditaria integrada por un grupo de personas dueñas de un conjunto de bienes. Entre esos bienes se encuentra el inmueble de Guardia Vieja. De las reuniones con los representantes de la comunidad, la primera se concretó el 21 de marzo de 2024. En dicha reunión se expuso la idea del proyecto de casa-museo y la situación del bien, acordándose que la comunidad iniciaría la entrega de la documentación para comenzar los trámites de estudio de títulos y otros procesos. Con la información recepcionada con fecha 24 de abril de 2024, el asesor jurídico elaboró minutas sobre las tareas realizadas en la recopilación de antecedentes para una futura adquisición, describiéndose en ellas el itinerario de este encargo, desde la inclusión en el presupuesto 2024 del proyecto de compra de casas presidenciales y los aspectos relacionados con la resignación de los subtítulos 29 y 31. En dicha minuta se hace presente que, "en la comunidad existen dos autoridades para los efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto." El día 3 de mayo de 2024 se celebró la segunda reunión con Felipe Díos, en la que se analizaron nuevos aspectos relativos al bien inmueble. Finalmente, el día 27 de mayo se realizó una visita técnica a la Casa de Guardia Vieja con el equipo del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, a fin de reconocer y constatar el estado del inmueble y su relación con el entorno.

Producto de la visita se remitió a la comunidad un formulario de museo, que es la estructura estratégica utilizada para la interpretación de un proyecto museográfico, a fin de que fuese completado y entregado. Voy al punto de las reuniones de los equipos interministeriales. El día 11 de junio de 2024 se celebró una reunión de asesores con Bernadita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, en la que participó nuestro asesor jurídico, José Cortés. Se intercambiaron opiniones sobre la sostenibilidad patrimonial del proyecto y cuál debía ser la entidad responsable o sostenedora para su continuidad, y se estimó que, para que la propiedad fuese adquirida por el Fisco, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales. Se instruyó a quienes participaron en la reunión en representación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, indicando que no se continuarían las gestiones con la comunidad hereditaria, salvo para reunir todos los antecedentes y terminar el proceso de tasación del inmueble. En dicha reunión, José Cortés hizo nuevamente presente la situación de la composición de la comunidad hereditaria, dueña del inmueble de calle Guardia 10. Hubo una segunda reunión de asesores y jefes de gabinete. En esta misma instrucción –y con la claridad de que la entidad responsable de la compra sería el Ministerio de Bienes Nacionales– se trató el tema en una siguiente reunión con los asesores y jefes de gabinete ministeriales el día 17 de julio de 2024. Además, se informó que se iba a solicitar directamente a la Dirección de Presupuestos las modificaciones presupuestarias, a fin de que el Ministerio de Bienes Nacionales realizara el proceso de adquisición de los inmuebles de ambos expedientes. Adicionalmente, se indicó que todos los demás aspectos relativos al ámbito patrimonial serían seguidos por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Esto es el modelo de gestión para la sostenibilidad patrimonial y las futuras etapas de rehabilitación del inmueble, diseño museográfico, entre otros. El día 12 de agosto de 2024, por medio del oficio del Servicio del Patrimonio número 387, tal como se instruyó, se remitieron formalmente, desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, todos los antecedentes legales de los inmuebles de Guardia Vieja que se habían recabado en esta primera etapa al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad responsable de la adquisición, para su análisis y procesos administrativos. Adicionalmente, mediante el oficio del CEPAT número 429 de fecha 5 de septiembre de 2024, se remitió a la Dipresa la solicitud de modificación presupuestaria para el análisis correspondiente, autorización y elaboración de decreto autorizatorio de dicha modificación, el cual fue a toma de razón de la Contraloría General de la República, a fin de que, para el proyecto de ambos inmuebles presidenciales –Allende y Elwin– se resignasen los recursos. Ante dicha solicitud, el Ministerio de Hacienda, por medio del decreto 1242 del 4 de octubre de 2024, y tomado a razón por la Contraloría General de la República el 15 de octubre de 2024, rebajó 2.400 millones del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2024 nos llegó un requerimiento del Ministerio de Bienes Nacionales, por medio del oficio de Gabinete Ministerial número 422, en el que se solicitó al CERPAT remitir –entre comillas– la manifestación formal de la intención de adquirir los mencionados inmuebles, con la finalidad de que ésta sea incorporada en los correspondientes actos administrativos. El 21 de noviembre de 2024 se ofició, por medio del Ordinario 589, a la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, de acuerdo con lo requerido en su oficio, manifestando el interés del CERPAT en la adquisición de ambos inmuebles. Finalmente, y tal como señaló el ministro del Interior en comparecencia ante esta comisión, el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende se desarrolló en distintas etapas y procedimientos administrativos formales, los que tienen diversas fases de análisis y decisiones. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural participó en la presentación detallada y transparente del presupuesto para el año 2024 ante el Congreso Nacional y, posteriormente, en la gestión de recopilación de antecedentes legales, con el fin de entregarlos para las siguientes etapas de las reparticiones competentes. Es importante recalcar que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural no inició ningún proceso administrativo ni ningún acto administrativo resolutivo sobre la adquisición de los inmuebles.

Puedo informar, señor presidente, por su término. Muchas gracias, directora, por su exposición. ¿Se quiere…? Perdón, José Cortés. Perfecto, no, vamos a dejarlo para las consultas. Ok, dejemos abierta la comisión para preguntas de los parlamentarios, pero entiendo que usted también está dispuesto a contestarlas. Dejo abierto el micrófono: señor diputado Luis Fernando Sánchez, por favor. Y después, diputado Nante. Muchas gracias, señor presidente. Primero, agradecer la exposición de la directora. Más allá de la exposición, y hoy día, realizando una investigación incluso por encima en internet, uno puede encontrarse con notas de prensa y distintos reportajes de investigación; obviamente, las habituales filtraciones por parte de la Fiscalía y los tribunales han nutrido mucho este caso, generando una gran cantidad de información. Tengo algunas dudas en relación con ello. En primer lugar, quisiera preguntarle a la directora, sobre la base de lo que ha trascendido en la prensa, ¿qué gestión directa realizó usted para la adquisición –o la idea de adquisición– de la casa de Salvador Allende? En algunas notas de prensa se indica que se le habría encomendado este encargo. Me interesa, de manera muy puntual, la reasignación presupuestaria que se habría realizado para dar lugar a esta operación. Es decir, la adquisición de la casa de Salvador Allende se iba a efectuar directamente por el Ministerio de Gobierno Nacional, según lo establecido jurídicamente, pero se realizó mediante un traspaso de recursos desde la CERPAT al Ministerio de Bienes Nacionales. En este sentido, me gustaría saber qué impacto tuvo dicho traspaso en la planificación financiera del servicio, en particular qué dejó de hacerse por una falta de disponibilidad, siendo esta suma cercana a mil millones de pesos. En segundo lugar, considero este asunto interesante también por su posible relación con los traspasos recurrentes de recursos que se han realizado desde la CERPAT a la Fundación Salvador Allende. Por lo tanto, me gustaría saber si, después de que estallara el escándalo en la prensa –aunque en un principio no se ordenó paralizar directamente este proceso– se aprobó algún traspaso posterior de recursos a dicha fundación. Señalo que, de no equivocarme, rondan los 90 millones de pesos traspasados en este año, y, dado el poco tiempo transcurrido, es posible que esto se haya efectuado posteriormente. Por último, y dirigiéndome directamente a usted, señor José Cortés: en múltiples notas de prensa se indica que usted elaboró al menos una minuta junto a la abogada Paz Carmona, hecho recogido en declaraciones y mencionado por la directora. Por ello, solicito saber a quién fue remitida formalmente esta minuta. Es probable que existan correos electrónicos y oficios conductores, dado que en la administración pública todo documento cuenta con un oficio y número correlativo. Por lo tanto, le pido al señor Cortés que, en lo que respecta a la remisión de dicha minuta, entregue a esta comisión investigadora los antecedentes correspondientes. De igual manera, solicito a la directora que informe a quién remitió, luego de haber recibido la minuta en la estructura directa, y que facilite los correos y oficios conductores relacionados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.

Sánchez, diputado Gustavo Benavente: "Gracias, presidente. A ver, una primera pregunta para el abogado Cortés. ¿Consignó él en su informe de título, me imagino, si es que lo hizo él o personas dependientes de él o algún otro abogado del servicio, la situación particular de cada uno de los vendedores? Habitualmente, en un informe de título se consigna si están casados bajo sociedad conyugal, separación de bienes, etc., pero en este caso había otra situación particular que había que consignar; creo yo, y quisiera saber si él consignó esta situación o no, específicamente respecto de dos de las propietarias, que una era ministra de Estado y la otra era senadora de la República. Y, para la directora del servicio: ¿quién iba a administrar en definitiva este inmueble? Porque nos gustaría que nos corroborara que este inmueble, una vez adquirido por el Fisco de Chile, se iba a traspasar “como dato” a la Fundación Salvador Allende. Eso es lo que se ha entendido y se ha dado a conocer. Nos gustaría que nos corroborara eso; y, si se da como dato a la Fundación Salvador Allende, ¿qué implicaba eso? ¿Qué modelo de administración? Y, obviamente, me imagino que la administración por parte de la Fundación Salvador Allende no se hace, por lo menos respecto al público, con simples fines benéficos, sino que la fundación, alguna entrada percibiría por administrar este inmueble." Gracias, diputado Benavente. Voy a hacer yo algunas preguntas. Directora, en el oficio ordinario número 429 usted le envía a la directora de presupuestos y se establece la adquisición de las dos casas presidenciales: la de Salvador Allende y la del expresidente Patricio Elwin. Llama la atención que en la casa del expresidente Allende se contratan tres tasadores, es decir, el servicio contrata tres tasadores, y después Bienes Nacionales realiza otra tasación; pero en la adquisición de la casa del expresidente Elwin no se hace, no se contratan tres tasadores, sino que se determina la tasación directamente por Bienes Nacionales. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué hay criterios distintos para la adquisición de dos casas presidenciales? ¿Y por qué es importante esto? Porque todos sabemos en qué terminó: se hacen tres tasaciones por tasadores, Bienes Nacionales determina un precio, la familia envía una carta y la casa finalmente es adquirida por 92 millones de pesos más de lo que había establecido Bienes Nacionales. Resulta difícil comprender que se apliquen dos criterios distintos para adquirir casas presidenciales; por lo tanto, quisiera que nos aclarara por qué se dio esa situación. En segundo lugar, ¿se evaluó en algún momento que la casa del expresidente Allende fuera declarada monumento nacional o inmueble de conservación histórica? Porque esto habría afectado directamente el precio, entonces quisiera saber: primero, ¿cuánto habría afectado en el precio? Y segundo, si esto fue objeto de conversaciones con Presidencia, es decir, ¿ustedes le plantearon en algún momento a Presidencia o a Bienes Nacionales que era más conveniente declararla monumento histórico o inmueble de conservación histórica en alguna de estas categorías? Y, por último, si es que se ha repetido algún proceso similar a este, es decir, que el Estado adquiera directamente una casa de un expresidente en vez de declararla monumento histórico. Respecto a la valorización del inmueble, ¿cuáles son los criterios que se utilizan? ¿Siempre se contratan tres tasadores o se determina una tasación fiscal, al igual que determinó Bienes Nacionales a propósito de la casa del expresidente Allende? ¿Hubo alguna instrucción para que se contrataran tasadores en el caso del servicio? ¿Cuál es el protocolo que existe en torno a eso? Lo otro tiene que ver con la minuta que elaboró su jefa de gabinete, que nos acompaña con don José Cortés, quien está acá con nosotros en la Comisión."

Porque esa minuta se elabora en abril del 2024. Entonces, yo quisiera saber si es que esa minuta, primero, si usted tomó conocimiento –me imagino que lo hizo en su calidad de directora–, saber si se lo advirtió a Presidencia, al presidente, al ministro de Bienes Nacionales, ¿se lo comunicó directamente? Primero, usted como directora. En segundo lugar, preguntarle a don José Cortés: ¿qué contenía esa minuta? ¿Y si nos puede hacer llegar dicha minuta, acompañada obviamente a la Comisión, ya que creo que es relevante que los parlamentarios la tengan? ¿Qué contenía la minuta? ¿Qué advertencias había? ¿Estaba la advertencia de que existía una inhabilidad constitucional y legal en atención a que las propietarias eran, ahora, la ex senadora Allende y la ex ministra de Defensa María Fernández? ¿Estaba expresamente aquello? ¿Por qué lo pregunto? Porque Bernadita Názar, del segundo piso, dice que no recibió ninguna advertencia. Es relevante ello, ya que ustedes se reúnen el 11 de junio del 2024 y en esa reunión está el Jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Mainó, y Bernadita Nazar, quien afirma no haber recibido ninguna advertencia. Por lo tanto, se le debe preguntar directamente a don José Cortés si le advirtió a Pablo Mainó y a Bernadita Nazar, del segundo piso de la Presidencia, de que existía tal inhabilidad constitucional y legal, y si ello constaba en la minuta que usted realizó. Usted menciona que asistió a una reunión el 17 de julio del 2024; quisiera saber quién participó en esa reunión y si estuvo presente Presidencia. Diputado Romero, después diputado Celeón y diputado Lago. Gracias, presidente. Con ocasión de la pregunta que usted hizo, yo quería preguntarle también a los invitados: ¿qué impide hoy día declarar Monumento Nacional en la Casa del Expresidente Allende? ¿Existe algún impedimento actual? Porque, si es tan valioso, ¿por qué no se declara? ¿No se declara porque bajaría el valor del inmueble? Eso quisiera, si no pueden contestar más. Gracias. Diputado Celedón, gracias. Tengo entendido que el Ministerio de la Cultura es quizás el más reciente de los ministerios. Habría sido creado por la Ley 21.045 del 3 de noviembre del 2017 y puesto en ejecución a partir del 1 de marzo del 2018, al final del gobierno de la presidenta Bachelet. En la ley se definen, entre otros principios, el de la diversidad cultural, el de democracia y participación cultural, y el de la memoria histórica. Entre las atribuciones y funciones que le corresponden a este ministerio, en sus dos subsecretarías –una cultural y otra sobre patrimonio– está el proponer al presidente de la República planes en materia de su competencia, así como iniciativas legales y reglamentarias en relación a estas materias. Según la información, me parece que la exponente hizo referencia a lo que en esta comisión informó el señor ministro del Interior, don Álvaro Elizalde, en cuanto a que el presidente de la República promovía el rescate del valor patrimonial histórico que tenían las casas de dos presidentes, que tienen mucha relación con el tema de la democracia en el país: la del presidente Allende y la del presidente Elwin. Mi pregunta es: ¿qué participación tuvo el ministerio del Interior en la formulación de esta iniciativa o en el intercambio con el presidente de la República, dado que se menciona en relación con este ministerio de forma muy directa?

Porque el ministro del Interior, además, señaló como ejemplo histórico la adquisición de viviendas como museo y bibliotecas de expresidente, como práctica en Estados Unidos. Eso es lo relevante, el tema de cómo se adquiere un asunto jurídico distinto. Mi pregunta es, en definitiva, ¿qué participación tuvo el Ministerio de la Cultura en el desarrollo de estas ideas matrices que están en su propio texto legal, digamos, y para transformarla en una política pública? Gracias, diputado Celedón. Vamos, después, a ir con otra ronda de preguntas para rectificar y para que vayan surgiendo en la medida en que contesten los invitados. Diputada Labra, bueno. Gracias, presidente. En esta misma comisión, tanto usted, directora, como el ministro Elizalde manifestaron que la compra, la adquisición de la casa de Allende fue algo declarado de manera transparente y aprobado por este Congreso, lo cual ha sido reiterativo y con mucho énfasis. Al revisar la exposición que usted, directora, realizó en la Comisión Mixta del Senado el 25 de octubre, se presentó una lámina —que es esta— en la que se habla del subtítulo 31, correspondiente a iniciativas de inversión, indicándose el presupuesto para que fuese aprobado por el Congreso. Se manifiestan algunos proyectos de infraestructura, tales como construcciones, habilitaciones, reposiciones, ampliaciones y mejoramientos. Y, en un punto muy breve —ya que la presentación de esta lámina duró un minuto— se menciona el “énfasis incremento”, que contempla el incremento para la Casa Presidencial de Gualdia Vieja. En primer lugar, un incremento es muy distinto a una compra o una adquisición. Usted dice, de forma literal, que además incorpora recursos para casas presidenciales que tienen que ver con la historia política de nuestro país. Mi consulta, bien específica, directora, es: ¿usted sabe qué gastos contempla este título 31, ítem 02, que fue lo que aprobó este Congreso? Muchas gracias. Gracias, diputada Labra. Yo quiero sumar la última a don José Cortés. El 21 de marzo de 2024 se reunió usted con la familia y, también, la directora, tengo entendido, para que me aclare aquello. En ese momento se enteraron de que los propietarios eran la exministra y la exsenadora. Quisiera saber si se hizo alguna alusión a la inhabilidad e inconstitucionalidad respecto a ellas dos. En ese mismo momento, por parte del señor Vío —o bien de ustedes al señor Vío— se realizó esa advertencia antes de la minuta, y la minuta es de abril de 2024. Directora, Juan José Cortés, como estime conveniente. Ya, muchas gracias por las preguntas y por la posibilidad de poder aclarar y entregar la información que permita a esta comisión tener claridad respecto a cómo ocurrieron los hechos en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y el rol que tuvo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La primera pregunta, de parte del diputado Luis Sánchez, me interroga: ¿qué gestión directa hizo la directora nacional? La gestión directa, la verdad, es que, como autoridad superior del servicio, soy responsable de todas las acciones que realizan los equipos, y eso quiero dejarlo muy claro. Sin embargo, son tantas las tareas de este Servicio del Patrimonio Cultural —como ya mencioné al inicio— que, en general, delego algunas funciones. En este caso, la gestión de la compra de la casa presidencial fue encomendada al equipo gabinete. Yo no hice ninguna gestión directa; no quiero eludir ninguna responsabilidad.

Sí, quiero señalar que yo no tuve ninguna participación directa en las gestiones que se realizaron para ello. Eso es lo primero. Sí, por supuesto, fui reportada por los equipos en cada uno de los pasos que se estaban dando y con mi absoluto conocimiento y autorización. Respecto a la modificación presupuestaria, con eso quiero también responder la pregunta que hace la diputada Labra. A nosotros se nos incorporó el presupuesto para casas presidenciales en el subtítulo 31, respondiendo también al diputado Luis Sánchez. En la Casa Presidencial nosotros tenemos dos vías para comprar inmuebles, y ustedes lo saben: el subtítulo 29 y el 31. Cuando compramos inmuebles se requiere la elaboración de un proyecto que debe remitir al Ministerio de Desarrollo Social, pasando por distintas etapas; pero podemos comprar por el subtítulo 31, lo cual requiere más tiempo, o evaluar la alternativa de comprarlos por el subtítulo 29, tal como se discutió en la segunda minuta. Sin embargo, el presupuesto venía asignado en el subtítulo 31. Eso para responder a su iniciativa de inversión, diputado Luis Sánchez: no dejamos de ejecutar ningún proyecto de inversión comprometido, ya que los recursos se traspasaron al Ministerio de Bienes Nacionales para que continuara con la operación. Contamos con una cartera a 20 años de distintos proyectos en todas las regiones de Chile, por lo tanto, la ejecución presupuestaria no se vio afectada. Es más, si hubiéramos dejado el presupuesto sin ejecutar, habría incumplido la ley de presupuesto, puesto que no se asigna como servicio del patrimonio un presupuesto para la compra de casas presidenciales. Respecto de los traspasos recurrentes de recursos –y perdón, preguntaba el diputado Benavente– el Servicio del Patrimonio Cultural tiene dentro de la glosa un programa. En este caso, para el año 2025, corresponde al programa 05 de la Glosa 241, que financia instituciones colaboradoras del Estado. Esto ha sido así desde que se creó la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, incluso antes de la existencia del Consejo de las Culturas. En el año 2021, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, se incorporó en la glosa para el presupuesto del 2022 a la Fundación Salvador Allende como institución colaboradora del Estado; y desde esa fecha hemos seguido entregando, conforme aprueba este Congreso. Así, en el año 2025 se entregaron, diputado Benavente, 98 mil millones – o sea, 156 mil millones de pesos. Por otro lado, la Fundación Salvador Allende tiene, o más bien, la Fundación Arte y Solería, que está a cargo del Museo de Arte de la Solería Salvador Allende. Dicho museo reúne obras entregadas por artistas extranjeros a Chile en el contexto de la dictadura civil-militar y figura en la glosa desde el año 2005 (Glosa 230); para el año 2025 recibió 660 millones de pesos. Pero cuando usted me pregunta si se han entregado recursos a la Fundación Salvador Allende con posterioridad a la fallida compra de las casas presidenciales, la respuesta es sí: a la Fundación Salvador Allende se le entregó 98 millones y a la Fundación Arte y Solería se le entregaron 660 millones, montos que se asignan por ley, y yo tengo que cumplir la ley y entregar el presupuesto. Después, hay otra pregunta también del diputado Benavente respecto a la administración y el cómo hace…

Nosotros tenemos, en Chile, 27 museos públicos, estatales. Es importante señalar que los museos en Chile, que figuran en el Registro Nacional de Museos (477 en total), se dividen en museos públicos y museos privados. Quisiera indicar que, dependiendo del modelo de gestión que se establezca, no alcanzamos ni siquiera a elaborar dicho modelo, ya que se desarrolla paralelamente con el proyecto de inversión o conservación. En este caso, la casa de Guardia Vieja iba a tener un proceso de restauración o rehabilitación para convertirse en un museo; y cuando se elaboraba el proyecto de conservación—el cual se remite al MDS y transita por todo el proceso—debíamos definir también el modelo de gestión. El modelo de gestión establece quiénes serán los administradores, cómo se estructurará el financiamiento y, de modo paralelo al proyecto de inversión, fija el programa arquitectónico, el organigrama y las áreas principales de la gestión del museo. En Chile, en este caso, se pretendía que fuese un museo estatal, parte del servicio del patrimonio. Ya contamos, por ejemplo, con el Museo Gabriel González Nivela en La Serena, perteneciente al servicio del patrimonio, y existen otros museos o casas presidenciales, como los de Calle Larga (con administración municipal) o la Casa Colorada, así como el Museo Eduardo Frei Montalva, cuya administración—si fue operativa o por fundación—no se había definido aún. Si hubiese sido una fundación, no habría ningún problema, ya que en Chile el 21% de la administración de museos corresponde a los municipios, el 16% a fundaciones, el 15% a corporaciones y particulares, y el 7% al PAD. Quiero insistir en que no se tomó ninguna decisión por parte de esta directora respecto al modelo de gestión que defina el comodato, la administración ni el sistema de financiamiento. Se presentó un proyecto, una idea, pero permanece como iniciativa hasta que se convierta en un proyecto consolidado; llegamos solo a la etapa inicial de recopilación de antecedentes y no se realizó ninguna otra gestión. Luego tengo una pregunta del diputado Lompton, presidente, a saber: ¿por qué se establecen tres cotizaciones? Esta es la metodología que utiliza el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para la compra de inmuebles. Contamos con una Unidad de Infraestructura Patrimonial (UPI) de proyectos patrimoniales, y siempre hemos trabajado sobre la base de tres cotizaciones, licitando para que las empresas dedicadas a las tasaciones presenten sus propuestas y recibiendo tres tasaciones. Esto fue lo mismo que hicimos el año pasado para la compra del inmueble de Ñuble. Asimismo, en mi experiencia en el servicio, desde que ingresé por Alta Dirección Pública el 16 de enero de 2023, solo me ha tocado la adquisición del inmueble de Ñuble. Esta era la segunda gestión que íbamos a iniciar para la compra; sin embargo, el presidente Edwin, por instrucción de Presidencia, cambió la metodología. Según el oficio 429 se indica que esta información se encuentra en la casa del presidente Salvador Allende, en repartición, y que por instrucción de la Presidencia de la República se ejecutará la adquisición. Se podrá ahondar en las reuniones correspondientes, en las cuales yo no participé, pero puedo asegurar que nosotros solo hicimos las gestiones previas para la compra de la casa del presidente Salvador Allende. La casa del expresidente Patricio de Ayrwood estaba siendo llevada por Bienes Nacionales. Yo desconozco por qué se toma la decisión que una casa...

Sí, la gestionamos nosotros, yo me imagino que por tiempo, me imagino que por dividirnos en la gestión. Sin embargo, el presupuesto sale del Servicio del Patrimonio porque nosotros teníamos una sub‐ejecución que, a la fecha, permitía comprar esa casa con presupuesto del Servicio del Patrimonio. Diputada Laura, creo que ya expliqué el subtítulo 31, no sé si quiere ahondar en eso. Hay algunas preguntas que son para la directora y otras que son para el señor José Cortés. Entonces, quisiera que la directora pudiera responder las que fueron dirigidas directamente a usted, y que, obviamente, don José contestara aquellas que tengan que ver con el servicio y que no fueron planteadas directamente a usted. Me preguntó también el diputado Romero sobre los criterios para adquirir. Ya expliqué que la declaratoria de un monumento histórico es competencia del Consejo de Monumentos Nacionales. A mi juicio, tiene que pasar por una sesión y hay que levantar un expediente. La casa cumple con todos los criterios para haber sido declarada monumento histórico, pero es necesario realizar una investigación a cargo de los equipos técnicos de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos, para luego discutirlo en sesión ante un órgano colegiado de 17 personas. En ese sentido, yo no vería impedimento. ¿Tomé conocimiento de la minuta? Sí, la tomé, la minuta que nos hicieron llegar Pascual Mónes y José Cortés; de hecho, ellos la elaboraron. Yo no informé a la CECPES ni a la Presidencia, pues insisto, no tuve vínculo directo ni reunión alguna con ellos, ya que la tarea estaba delegada a las jefaturas de gabinete. Respecto a la inhabilidad en constitucionalidad que afectaba a la ministra y a la senadora, en la minuta salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República, lo cual para efectos jurídicos y de orden nacional, según recuerdo textualmente, no puede precisar José Cortés. Usted no lo conversó con la Presidencia ni con el Presidente; yo, al no tener vínculo directo con él, nunca me reuní, pues soy una funcionaria de alta edición pública, y no lo conversé con la ministra, dado que la tarea estaba delegada en las asignaturas generales. Antes de que conteste don José Cortés, diputado en Avento, ¿desea que le aclare algo? A ver, primero, por lo que se puede concluir, usted participó en la etapa preliminar de esta irregular compra, y la verdad es que, posteriormente, otras personas se hicieron cargo del asunto. Pero sí, yo quería preguntarle respecto a los 98 millones que usted señala se transfirieron a la Fundación Salvador Allende y que, según usted, se debió hacer obligatoriamente por la ley de presupuestos. ¿No es cierto? Sí. Pero, ¿cuál fue la causa de la transferencia de esos 98 millones? Una cosa es la obligación legal de transferirlos, pero me imagino que esa transferencia tuvo una causa, la cual debiera haber tenido una relación directa con la adquisición del inmueble. Es, en efecto, un tanto curioso que en la misma ley de presupuestos se destinen recursos para adquirir el inmueble y, al mismo tiempo, para la Fundación Salvador Allende. Y la última pregunta, muy simple: la Ley de Presupuesto 2024 establecía los recursos para adquirir el inmueble de la familia Allende. Pero esa ley ya no está vigente. Si en la ley actual no está contemplada esa asignación presupuestaria, técnicamente, ya no se puede proceder a adquirir.

Por lo menos, no están los recursos destinados, no está la asignación presupuestaria para el Ministerio de las Culturas. Gracias, diputado Benavente. Diputado Soto, Raúl. Gracias por saludar a la directora y agradecer la presentación. Sería bueno, presidente, que nos la pudiera hacer llegar por escrito a la comisión para tenerla como antecedente del relato que se había realizado. Presidente, yo creo, como primera apreciación, que al igual que ha señalado el diputado Benavente, se trata de una etapa bastante preliminar en la que participó el servicio acá presente. Y, evidentemente, en etapas posteriores y más decisivas, se radicó en otros lugares del Estado, que esperamos ir aclarando conforme avance la comisión, especialmente en el segundo tramo de la sesión del día de hoy. Yo creo que sería bueno, presidente, que nos radiquemos exclusivamente en lo que es competencia de la Comisión: indagar qué sucedió respecto de la compra fallida de la casa del expresidente Salvador Allende. He visto varias intervenciones intentando vincular o hacer conjeturas sobre traspasos a la fundación desde el Estado, lo cual se realiza desde hace bastante tiempo con normalidad a esa u otras fundaciones por razones de diversa consideración, pero ese no es el objeto de investigación de esta comisión. Si alguien desea formar una comisión investigadora aparte para indagar cómo el Estado está traspasando recursos a diversas fundaciones, está en su derecho, pero este no es el espacio. Por lo tanto, le pido que radiquemos específicamente el trabajo de la comisión en aquello que es propio de su competencia. Lo que sí me parece relevante para el objeto de la comisión es llegar al fondo respecto de la importancia de esa minuta, que resulta fundamental para construir y esclarecer los hechos. Y, si bien es una etapa bastante incipiente, preliminar y eventualmente irrelevante, me parece que, habiéndose presentado como una de las alertas más tempranas respecto de la inhabilidad –o, al menos, desde la perspectiva jurídica y comunicacional– es importante tener conocimiento del detalle de esa minuta. Incluso, si hay tiempo, sería bueno leerla para conocer quiénes tuvieron acceso a ella: qué funcionarios, de qué nivel, a quién se envió por parte del gabinete, por parte de la directora, a quiénes se avisó y quiénes fueron encargados con ese objeto. Creo que, de alguna manera, esa información puede contribuir a dilucidar los hechos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y le damos la palabra a la directora. 2.1 Quiero reforzar algo que mencionó el mismo presidente. Respecto al ordinario 429 del 5 de septiembre, firmado por usted, directora, se indica claramente que, conforme a lo instruido desde Presidencia de la República –firmado por usted–, el hecho de no haber participado en reuniones no constituye una justificación viable, sino que podría incluso manifestar cierto tipo de eventual irresponsabilidad al firmar algo que se desconoce. Por lo tanto, me gustaría preguntarle: ¿quién, desde Presidencia de la República, lo instruyó? Volviendo al punto del presupuesto, el subtítulo que se presentó en la ley de presupuestos, aprobado por el Congreso, es el subtítulo 31, que corresponde a iniciativas de inversión, es decir, a los gastos para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Y cuando hablamos del ítem aprobado en la ley de presupuestos, que es el ítem 02, se refiere a proyecto y corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales, de pre-factibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos, por lo tanto creo que no es tan evidente que a través de ese subtítulo...

Se pueda hacer la compra de vivienda, que es lo que fue aprobado por el Congreso, y en su exposición a la Comisión Mixta no se habló de compra de vivienda; solamente se manifestó un incremento para casa presidencial, lo que es bien distinto a aprobación de adquisición. Presidente, me gustaría que pudiéramos tomar el acuerdo como comisión oficial al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para que nos informen cuántas viviendas o casas se han adquirido a través del Subtítulo 21. Y, para mayor abundamiento, queda claro que al solicitar la reasignación presupuestaria a la DIPRES y al traspasarlo a Bienes Nacionales, se rebaja el Subtítulo 31 y se traspasa al Subtítulo 29, que es claramente adquisición de activos no financieros; en su ítem 02 se especifica, de forma clara, “edificios, gastos por concepto de compra o expropiación de vivienda”. Por lo tanto, resulta evidente que, bajo ese esquema, se podía proceder a la compra. Creo que también se fundamenta en uno de los fundamentos con los cuales se solicitó esta reasignación. Por lo tanto, Presidente, es importante que oficiemos y sepamos cuántas viviendas se adquirieron a través del Subtítulo 31. Gracias, diputada Blagaro. Al final de la sesión tomaremos los acuerdos. En relación con la interrupción desde la Presidencia, a propósito del oficio 429, si no hubiera esa introducción, esta casa se podría haber adquirido como inmueble de conservación histórica o como monumento nacional, y habría sido relevante conocer cuánto hubiera incidido en el precio de estas dos figuras respecto del precio original final. Voy a responder, primero, en el orden de las preguntas de la Presidencia; reitero, y responderé la pregunta del diputado Benavente, porque me parece importante dar la claridad con absoluta transparencia respecto de la información que tenemos a disposición y de cómo gestionamos los recursos del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Por ello, respondo a pesar de que el diputado Soto haya solicitado referirse solamente a los temas de la compra. Es importante transparentar la información. Reitero que esto está contemplado en la Ley de Presupuesto desde el año 2022, derivado de la gestión realizada en el año 2021 durante el segundo gobierno del expresidente Piñera. Por lo tanto, desde el 2022 hasta la fecha, hemos entregado esta asignación, que figura en la glosa 241 del programa 05. No tenemos ninguna razón para no asignar los recursos, salvo las restricciones de que las organizaciones no cuenten con personas o funcionarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural; existen una serie de requisitos, pero no se configura lo que se está planteando. Ahora, en el caso de la pregunta de la diputada Labra, evaluamos esa opción. De hecho, en la segunda minuta se acompañan antecedentes en el tercer punto de la discusión que tuvimos con la Unidad de Proyectos de Infraestructura, respecto a si íbamos a hacer la compra bajo el Subtítulo 29 o si podíamos iniciar con un proyecto de diseño en el Subtítulo 31. Finalmente, nunca se realizó la gestión porque no llegamos a concretarla; llegamos hasta junio en las gestiones y, luego, como se decidió no comprar, dado que se indicó que se adquirirían bienes nacionales, no se perseveró en la gestión para transferir recursos del Subtítulo 31 al Subtítulo 29. Gracias, Presidente. Entonces, Directora, hace un rato usted indicó que sí se podía comprar por el Subtítulo 31; sin embargo, ahora acaba de señalar que el Subtítulo 31 era para realizar un estudio de inversión, que es lo que permite este subtítulo, y entiendo que no se trataba de la compra de las casas. Por lo tanto, lo que fue aprobado por el Congreso fue, quizá, un estudio de inversión, según lo manifestado por usted y por el ministro Lizalde en su momento también.

O de pre-factibilidad, pero no la compra de la casa de Allende. Nosotros, en ese proyecto, el subtítulo 31 es para proyectos de inversión, ¿verdad? Y lo que hacemos es todo un largo proceso que tiene que ver con, en general, proyectos que pasan por largas etapas: factibilidad, diseño, proyectos que pasan por el MDS y demás. Fue una discusión porque el presupuesto era para ejecutarse en el año 2024, siendo parte del presupuesto que recibimos para ese año. Por lo tanto, se estudió la posibilidad de pedir una modificación presupuestaria, tal como se recoge en la segunda minuta, es decir, se solicitó una modificación presupuestaria a la DIPRES y se evaluó el subtítulo 29. La siguiente pregunta, para después pasar al señor José Cortés, por favor. Yo le hice una pregunta muy específica respecto a lo instruido por la Presidencia de la República, a saber: si no hubiera habido esa instrucción, ¿ustedes podrían haber comprado la casa, es decir, ¿podrían haberla adquirido como Monumento Nacional o como un mueble de conservación histórica? ¿Y si eso habría influido en el precio? La instrucción de la Presidencia nos fue sobre declarar un monumento histórico, aunque ese no es asunto de la Presidencia. Disculpe, directora, quiero interrumpir. Por ello, si no hubiera existido esa instrucción desde la Presidencia, ¿ustedes podrían haber iniciado el procedimiento para su declaración como Monumento Nacional o como mueble de conservación histórica? ¿Y habría influido eso en el valor? La intención era desarrollar primero el proyecto de rehabilitación antes de proceder a la declaratoria. Ahora resulta la declaratoria. Voy a pasar la palabra a José Cortés, ya que él participó en las reuniones en la Presidencia; por lo tanto, podrá responder preguntas sobre la minuta y las reuniones. En definitiva, usted no tiene conocimiento de si el proceder a declarar el inmueble como Monumento Nacional incide o no en su precio; en general, podría incidir, pero la discusión se centró en la adquisición, la rehabilitación y el modelo de gestión, dado que el presupuesto del año en curso debía ejecutarse en ese mismo año. Muchas gracias, doctora. Don José Cortés. Buen día, comisión, presidente, por su intermedio. Son varias preguntas que hay que abordar. La primera, del diputado Sánchez, se refiere a las minutas de prensa y a quiénes fueron emitidas. Cabe señalar que todas las minutas están a disposición de la Cámara, ya que fueron remitidas en su oportunidad a la Cámara y, me imagino, también de esta comisión. Estas se enviaron entre gabinetes, desde la Dirección Nacional hacia los gabinetes ministeriales, en particular el gabinete de nuestro sector. Respecto a la pregunta formulada por el diputado Benavente, se consultó si se consignó la situación particular de cada uno de los comuneros. La batería de documentos, que forma parte de los antecedentes disponibles para la comisión, contempla una extensa colección relativa a la legalidad del inmueble. Es importante recalcar que, en la etapa inicial, nuestro interés fue conocer la legalidad del bien, es decir, en qué consistía, quiénes eran los titulares, etc. Se recogió toda la documentación necesaria para, en definitiva, entregarla al Ministerio de Bienes Nacionales. Dentro de esa documentación, en uno de los oficios –creo que en el oficio de agosto– se encuentra un somero estudio de títulos, en el cual se consignan los dueños, quiénes eran y qué transferencias se realizaron a lo largo de la historia del inmueble. Voy a abordar los puntos principales para resolver todas las cuestiones planteadas; esto ya fue contestado en lo referente a la administración. Quiero recalcar, además, con respecto a las tres tasaciones, entre otros aspectos...

Documentos, protocolos que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, que apuntan a que existan al menos dos tasaciones en estas materias, digamos, de adquisición de inmuebles. Por lo tanto, nosotros tratamos de cumplir para conocer la realidad del bien, porque queríamos saber en qué consistía, cuál era su valor también, para efectivamente tener presente los futuros gastos que habrían que hacer sobre él, cuál era su valor aproximado, simplemente como antecedentes. Nosotros, el Servicio Nacional del Patrimonio, no tenemos conocimiento de los protocolos que existen en el Ministerio de Bienes Nacionales, ya que este tiene su propia normativa y reglamentación, por lo que en ese sentido nosotros no podemos hacernos cargo de esos procedimientos. Después, usted, presidente, consulta respecto a qué contenía la minuta. Entiendo que la minuta está a disposición, pero efectivamente, como lo señaló la directora nacional del servicio, en el punto de interés o pertinente se señalaba que existían dentro de la comunidad dos personas que tenían la calidad de autoridad para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto. Hay que considerar, presidente, y por su intermedio a todas las diputadas y diputados de la comisión, que lo que queríamos evaluar en primer lugar era conocer la situación del inmueble. Se trataba de una situación, como ya lo decían otros diputados, bastante preliminar, bastante inicial; no se alcanzó a iniciar ningún procedimiento administrativo ni un acto decisorio, como corresponde, ya que lo que pretendíamos era conocer la situación real del inmueble. Reunimos la mayor cantidad de antecedentes y, mientras incluso estábamos esperando el resultado de las tasaciones, se decidió, refrendó y confirmó, en definitiva, que los antecedentes debían ser entregados al Ministerio de Bienes Nacionales. Eso fue lo que se hizo. Si bien hubo una advertencia específica de inconstitucionalidad —pregunta que ha sido planteada reiteradamente por esta comisión en esta y en otras sesiones anteriores—, no se realizó un análisis específico respecto a inhabilidades o inconstitucionalidad. Lo que se plantea es, tal como dice la minuta, ¿para efectos de qué? Usted sabe que las minutas son documentos antecedentes que se incorporan a un procedimiento para orientar y alimentar las decisiones o procedimientos futuros, ya que, al encontrarnos con una situación como ésta, debíamos señalar que existían esas autoridades y que ello efectivamente podía tener consecuencias jurídicas. Lo que el servicio pretende es que el fin público se concrete, y en ese sentido llegamos a una etapa inicial en la que entregamos los antecedentes al ministerio competente, respectivo para continuar con el proceso. Con respecto al tema de la gradación de monumentos, usted contestó directamente que ello pertenece a la competencia exclusiva de la institución de rango ministerial que es el Consejo de Monumentos Nacionales, órgano colegiado que todos conocen. No es el servicio el que declara monumento histórico; los inmuebles de conservación histórica son de competencia del sector vivienda y, en ese sentido, se encuentran bajo normas de protección oficial de los inmuebles en materia de patrimonio, fundamentalmente material. Hay otros temas al respecto, pero considero que he contestado la gran mayoría de las preguntas. Muchas gracias, don José. Pasando a otra ronda de preguntas, el diputado Sol agradece la intervención por su intermedio respecto a la remisión de las minutas. Se indicó que estas habían sido remitidas entre gabinetes; sin embargo, a mí me gustaría que entremos un poco más en el detalle de ese tema, porque se están levantando alertas sobre la envergadura de lo que ya ha sido conocido por todos, de que habrían existido problemas o, al menos, inquietudes respecto a la remisión, en particular sobre que la propiedad hubiese sido de la ex senadora y de la ex ministra. ¿Eso se le hace saber a personas en el fondo, con nombre de amigo?

Para que esto, en el fondo, sea tenido en consideración. Entonces, cuando dice el señor Cortés, por si no me he ido, presidente, que estas minutas fueron remitidas entre gabinetes, ¿a quién estamos hablando? Insisto en el punto: creo que es relevante. Lo vi con una cara más o menos de sorpresa, presidente, pero no sé si la comisión tiene en su poder esta minuta en cuestión o no. Al parecer no; se nos puede remitir la minuta, y también los oficios conductores o la copia de los correos electrónicos. Creo que es importante para esta comisión el reconocimiento, de manera específica, de quiénes recibieron esta minuta y, por tanto, de quienes tenían la responsabilidad de levantar las alertas, al menos a sus jefaturas directas. Y, puntualmente, si entre estos gabinetes a los cuales se remitió la minuta se encontraba algún asesor directo del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Soto Raúl. Gracias, presidente. Iba en la misma línea, consultado por el diputado Sánchez, pero más allá del conocimiento específico de la minuta y de quiénes la trataron –yo, siendo abogado, si me llega una minuta que dice explícitamente que hay dos propietarios que son autoridades y que, por lo tanto, hay que tener consideración respecto de los efectos jurídicos y comunicacionales de aquellos–, puedo efectivamente inferir que dentro de esa alerta genérica, digamos, puede estar incluida, por ejemplo, la existencia de una inhabilidad constitucional u otras consideraciones, o los efectos políticos que eso podría eventualmente tener en caso de concretarse. No sé si todos o cualquier funcionario, funcionaria o autoridad lo entiende de la misma manera. Y yo entiendo el rol que cumple una simple minuta en un procedimiento administrativo en el ejercicio del Estado, y que generalmente son genéricas. Pero mi pregunta es: ¿por qué esa consideración fue tan genérica, tratándose de una inhabilidad tan clara desde la perspectiva constitucional? Es decir, claro, puede considerarse incluida la inhabilidad dentro de esa advertencia genérica, pero ¿por qué no se fue más específico, de forma directa, en recomendar no llevar adelante este procedimiento desde la perspectiva de la existencia de una inhabilidad o de un riesgo jurídico y comunicacional tan claro como lo evidencia la propia minuta? No digo que haya responsabilidad alguna por no haberlo hecho; las personas que recibieron esta minuta, cuando este proceso se traslade, vienen desde el servicio, y evidentemente debieron haber indagado, profundizado y estudiado mucho más, y con esa sola alerta genérica se podría, sin duda alguna, haber hecho mucho más para evitar este desenlace. Mi pregunta es esa: ¿por qué no se fue más específico, más claro y más categórico en aquella oportunidad respecto de este punto? Y si de las personas que recibieron esta minuta surgieron algunas preguntas para indagar más sobre esa alerta genérica –ya sea vía correo electrónico, mensaje, o llamada telefónica, o consultando a quienes elaboraron esta minuta para analizar los alcances jurídicos y comunicacionales de la advertencia que se estaba emitiendo–, ¿por qué no se solicitó mayor precisión? Gracias, diputado Soto. Diputado Benavente. Sí, gracias, presidente. Presidente, lo que pasa es que a mí me parece extraordinariamente delicado el punto que levantó la diputada Labra, en el sentido de que todos sabemos lo que implica utilizar recursos públicos de una asignación presupuestaria que no están destinados para el fin previsto.

Presidente, en ese tema sería a lo mejor necesario recopilar un poco más de antecedentes, porque quizá nos veamos obligados a enviar estos antecedentes a la justicia, ya que estamos viendo, aparentemente, que se utilizaron recursos para adquirir el inmueble con cargo a una glosa presupuestaria que no lo permitía y que estaba destinada para otra cosa. Entonces, estamos en una situación extremadamente delicada y hago la advertencia en ese punto, presidente. Gracias. Gracias, diputado Benavente. Diputada Labra, por favor. Gracias, presidente. Voy a ser reiterativa en el tema del presupuesto y le voy a preguntar a don José Cortés, porque en una primera versión la directora nos manifestó que, a través del subtítulo 31, podían comprar la casa, y que fue lo aprobado por el Congreso, según lo dijo el ministro Elizalde, aunque el subtítulo 31 no permite la compra sino que faculta únicamente los estudios de inversión —ustedes en su segunda respuesta mencionaron que estaban evaluando un estudio de inversión o de factibilidad, desconozco exactamente qué tenían en mente—. Por esa razón se solicitó luego una reasignación presupuestaria en el ítem correspondiente para comprar las viviendas. Por lo tanto, me gustaría preguntarle al asesor, don José Cortés: ¿usted puede seguir sosteniendo las palabras de la directora y del ministro Elizalde respecto a que este Congreso aprobó de manera transparente la compra de la casa de Allende? Muchas gracias. Diputada Labra, quiero complementar también con dos cosas, en línea con lo que mencionó el diputado Soto. Esa minuta la vamos a pedir a propósito de lo que dijo el diputado Sánchez, derivado de otro oficio solicitado en el Congreso y que está en carácter reservado; por ello, tampoco hemos podido tener acceso, por lo que la solicitaremos a esta comisión y veremos cómo resolvemos ese punto, o bien, cada parlamentario podrá revisarla personalmente. Si en esa minuta había advertencias jurídico-comunicacionales, tengo entendido —según lo señalado por el señor José Cortés— que la primera pregunta es: ¿usted, en términos jurídico-comunicacionales, se refería a aquellas inhabilidades que afectaban a la exministra y a la exsenadora? Específicamente, quiero ser muy clara: cuando mencionó consecuencias o implicancias jurídico-comunicacionales, ¿se refería a esa inhabilidad? Es decir, ¿tenía conocimiento de esas dos inhabilidades que afectaban a ambas en el marco de la revisión de los propietarios, o se refería a otra cuestión? Y, en segundo lugar, resulta difícil comprender que, habiendo realizado esta minuta y puesto su contenido en conocimiento del segundo piso de la Presidencia —específicamente de la señora Bernadita Nazar y del jefe de la Dirección de Bienes Nacionales—, no se haya comentado la inhabilidad, dada la gravedad de la misma, que impedía la suscripción de un contrato de compra-venta. Entonces, la pregunta es muy específica: si se le advirtió, ¿se refería a esa consecuencia que implicaba suscribir un contrato con una ministra y una senadora? ¿Se entregó la minuta sin explicar de qué se trataba o nadie preguntó al respecto? Resulta difícil comprender que, en una reunión de coordinación, nadie haya mencionado este punto, a pesar de que usted lo advirtió. Quisiera saber: ¿usted lo advirtió en la minuta? Y, de ser así, ¿cómo es que no se expresó verbalmente a las personas presentes en ese momento y lugar? Además, resulta irresponsable que la persona encargada de la minuta no averiguara cuáles eran las consecuencias jurídicas, especialmente considerando que Bernadita Nazar, del segundo piso, afirma expresamente que no recibió ninguna alerta sobre inhabilidad, impedimento legal o constitucional para realizar las compras en ninguno de los ministerios de Servicios. Finalmente, usted señala en una declaración —imagino que la dada a la Fiscalía— que en esa reunión...

Recuerdo que tanto yo como Ronald –quien trabaja también en el servicio– le reiteramos a Pablo Maino lo referido en las minutas respecto de la presencia de dos autoridades en la comunidad. Entonces, uno tiene que entender que, por estas expresiones, usted me imagino le dice acerca de la implicancia que tiene contar con dos autoridades y lo que ello significaría, desde el punto de vista legal. Porque, si se insiste en el punto, resulta difícil comprender que no se haya insistido en el fondo del asunto. Quisiera, pues, que nos aclarara eso con mayor precisión. Y, en lo referente al cambio de procedimiento de la casa del expresidente Elwin y del expresidente Allende, ¿sabe lo que ocurre? ¿Por qué es tan importante este punto? ¿Por qué esto incide en el precio? Si hubo tres cotizaciones que indicaron un precio, y en Bienes Nacionales se indicó otro –el señor Vío– y, a consecuencia de que la exsenadora Allende mandó una carta, ese precio se incrementa. Digo esto porque, de haberse realizado el proceso de acuerdo con el segundo procedimiento, en línea con la instrucción que dio Presidencia para que se hiciera distinto en Bienes Nacionales, no se habría obtenido un precio diferente y la familia del expresidente Allende no habría podido alegar una diferencia de precios. En lugar de haber tres transacciones, se habría establecido un único precio en Bienes Nacionales, impidiéndoles basarse en diversas cotizaciones. No se comprende razonablemente, ya que tampoco existe un instructivo o protocolo que determine el procedimiento a seguir. Por ello, quisiera saber si esto se ha hecho con anterioridad; si no les llamó la atención que la casa del expresidente Allende se adquiriera de manera distinta a la del expresidente Elwin. ¿Por qué existen dos procedimientos? ¿Por qué no se realizaron ambos o por qué no intervino el gobierno nacional en ambos casos? Esas son las cuestiones que no logramos comprender, y quisiera saber si, según su criterio, la instrucción de la Presidencia de la República tiene otras implicancias, si se ha observado en otros procedimientos o si existe algún antecedente de una instrucción presidencial que determine directamente cómo deben realizarse las compras de los expresidentes de la República. Tiene la palabra el señor José Cortés. Bien, vamos a ir de a uno respecto a las preguntas. Ah, perdón, diputada, perdón, perdón, perdón: diputada Clara Zagardia, perdón, diputado José Roberto, y don Roberto Celón, después. Mil disculpas. En medio de saludar a los expositores, a mí me queda claro que ellos, como institución del patrimonio, ofrecieron la advertencia, pero no tienen la facultad para exigir que ésta se cumpla. Mi pregunta es la siguiente: si tengo entendido que ambos procesos –tanto la compra del señor Edwin como la del señor Allende– se realizaron en una misma instrucción, quisiera saber si el procedimiento del señor Edwin concluyó en el patrimonio o también se efectuó en Bienes Nacionales; y en el caso del señor Allende, me queda claro que se traspasó a Bienes Nacionales. Eso nos lo aclarará, más tarde, el Ministerio de Bienes Nacionales. Eso, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Seleón. Quiero señalar que, a mi juicio, todo este tema que se plantea en las preguntas ya fue abordado en la primera sesión de la comisión, cuando compareció la Contralora. Todo ello consta en el Decreto 38 de 25 de noviembre, respecto del cual se tomó razón y que fue totalmente tramitado, según se señala el 23 de diciembre, todo ello en la página 1. Considerando que la presente adquisición se enmarca en la solicitud realizada por la Dirección del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, mediante oficio ordinario 4295 de septiembre del 24, en el que la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda manifestó la intención de adquirir las casas presidenciales de los expresidentes de la República, don Salvador Allende Gossen y don Patricio Belpino Soca, conforme a lo incluido desde la Presidencia de la República, se solicitó al Ministerio de Hacienda modificar el presupuesto del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en el sentido de reducir su presupuesto respecto del programa de...

19 de marzo, 01, Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, subtítulo 31, ítem 02, Iniciativa de Inversión para el año 2024, en beneficio de incremento o crecimiento del presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, al subtítulo Edificaciones de Inversión. En la presente adquisición se fundamenta la necesidad e interés de adquirir estos inmuebles como iniciativa de inversión patrimonial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, establecido en la Ley de Presupuestos para el Sector Público para el año 2024. El decreto, señor Presidente, señala claramente con el objetivo de manifestar la intención de adquirir las casas presidenciales de los expresidentes de la República, Salvador Allende y don Patricio Elwin Azócal. El tema de que dos miembros de esa comunidad hereditaria, en el caso del presidente Allende, sufriesen alguna situación de inhabilidad constitucional por ser senadora y por ser ministra, es otro tema. Aquí el decreto es absolutamente claro: el objetivo, y se señala la razón, es la inversión patrimonial para adquirir estos inmuebles como patrimonio cultural, etcétera, y no se presenta ninguna inhabilidad respecto del inmueble del expresidente Patricio Elwin Azócal. Por lo tanto, lo que aquí se está tomando la decisión es respecto a la adquisición de bienes inmuebles. Ninguno de estos dos bienes inmuebles tenía prohibición de adquisición, ninguno. Y el tema de que en un caso la sucesión tenía, por razones coyunturales, una inhabilidad eventualmente en el caso de la ministra y otra inhabilidad eventualmente en el caso de la senadora, es un asunto completamente distinto, porque, como bien lo explicó aquí la señora Conchalora, ese era un tema que le correspondía al segundo acto administrativo, no al primero del que se está haciendo referencia y en el que participó la funcionaria invitada a esta comisión y el señor abogado. Por lo tanto, no confundamos ni alarguemos de más esta sesión. Gracias, diputado Celedón. Le recuerdo que, independientemente de lo que usted pueda señalarnos, cada uno de los diputados o diputadas de esta comisión tiene el legítimo derecho de hacer las preguntas que estime conveniente, de acuerdo a sus dudas y de tener una posición distinta a la suya. Dicho eso, diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Saludo también a los invitados. Tengo una duda con respecto justamente a la minuta. Cuando uno es parte también del aparato estatal, se entiende que, si hay un trabajo –más allá de lo que ha señalado la directora de Patrimonio, a quien delegó en el asunto–, deberían informar de las definiciones que se toman en una mesa de trabajo, ya sea a través de correo o mediante acuerdos. Entonces, me parece que, si queda así en el aire, es algo extraño, entendiendo lo que es lo público y algo tan sensible como lo son, justamente, los recursos y la compra de casa. Por eso, me gustaría que pudiéramos aclarar qué gestión se hace con esa minuta y qué se nos puede remitir, ya sea quién redacta la minuta, quién la firma, dónde se envía, si se envía vía correo. Creo, entiendo, que esto se preguntó, pero no se ha dado explicación. Yo venía, si bien llegué tarde por problemas en el camino, pero venía escuchando la sesión y todas las intervenciones. Entonces, insisto en esa minuta. Y también entiendo que se toma la decisión de trasladar los recursos del Ministerio de Cultura, donde estaban consignadas las platas, al Ministerio de Bienes Nacionales.

¿Quién toma esa decisión? Porque siempre debe existir para que DIPRES pueda autorizar Contraloría, y aquí se informó hasta los plazos que la DIPRES y Contraloría tomaron razón del decreto. ¿Quién pide del gobierno que se cambie del Ministerio de la Cultura, que estaba haciendo un trabajo mucho más técnico, a una decisión de pasar a otro ministerio? ¿Y cuál es la justificación? Porque los actos administrativos… siempre hay una fundamentación. Yo no puedo llegar y pasar las platas de un lado a otro de un ministerio sin que exista una fundamentación y alguien que firme. Quiero ver esos decretos con los pies de firma, los encargados que los puedan hacer llegar a esta comisión, porque revisé los correos y no tengo ninguna minuta; la secretaría la va a ver. No habría hecho esta pregunta si estuviéramos a la vista, pero no la tenemos. Y, por lo tanto, aquí lo que nosotros queremos ver efectivamente es que el Ministerio de Bienes Nacionales, porque ya vimos con C-Express, sabemos lo que pasó y sabemos que se tenía conocimiento de las responsabilidades en materia de inhabilidad, tomó la decisión de o no advertir al presidente o de aceptarla tal cual. Yo no quiero entender que en este Ministerio de la Cultura y de Patrimonio, especialmente en la División, sucedió lo mismo. Entiendo que el abogado está aquí presente y que nos puede señalar qué otras acciones llevó a cabo en materia de la minuta, de su propuesta sobre justamente la inhabilidad y, después, explicar por qué se decide sacarlo de un ministerio. Hay una decisión ahí y quiero saber quién la tomó. El ministerio estaba haciendo muchos temas técnicos; uno pudiera inferir muchas cosas, pero estamos en una comisión investigadora y me gustaría que, como en la administración pública funcionan los papeles, las justificaciones y los fundamentos, se entreguen esos elementos y, de no haberse hecho, se remitan a esta comisión. Presidente: Gracias. Gracias, diputada Pérez. Al finalizar la comisión vamos a llegar a acuerdo con eso, porque en la sala se pidió la minuta y, a propósito del oficio que se pidió, fue reenviada. Debe estar en carácter de reservado, por lo que cada diputado tendrá el acceso correspondiente, ya que parece que contiene antecedentes personales de cada uno de los propietarios y, por lo tanto, eso no se podría revelar. Tiene la palabra don José Cortés. Don José Cortés: Bien, bien, presidente, por su intermedio de la comisión. Respecto a las primeras preguntas que usted ahondó, en efecto, nosotros teníamos conocimiento de las inhabilidades constitucionales, ya que uno, como asesor, tiene conocimiento de la Constitución y de la ley. Insisto, tal como se relató y se inició la explicación, que está en una etapa muy inicial del procedimiento, del proceso de compra, y por lo tanto podrían abrirse muchas hipótesis respecto a la presencia de dos personas que componían la comunidad hereditaria, dueño de la casa de guardiaje. Quiero repetirme un poco también en lo referido a la Contralora. La Contralora efectivamente vio los antecedentes –incluso creo que se mencionan expresamente–, constatando que los antecedentes del Servicio de Patrimonio Cultural estaban correctos y dentro de la legalidad. Sin perjuicio de ello, téngase presente que está contenido en la minuta, en la que traté de resolver la duda del diputado Soto, en una etapa muy inicial del proceso. Somos un servicio que está dentro del sector cultura; dependemos –no dependemos formalmente, pero nos relacionamos con el gobierno por medio del Ministerio de las Culturas– y era nuestro deber, tal como lo señala la diputada Pérez, consignar por escrito las observaciones que veíamos en ese momento de los antecedentes que teníamos o disponíamos. En ese sentido, se redactó esa minuta para alimentar –y que debe alimentar– los procesos posteriores en la toma de decisiones. ¿Por qué no se consignó específicamente esa situación de inhabilidad para la celebración de un contrato? Porque, en definitiva, nosotros estábamos, vuelvo a insistir, en una etapa inicial y no había claridad respecto al procedimiento administrativo que hubiera que continuar. Usted sabe que la contratación pública tiene varias etapas: el Ministro del Interior lo desarrolló de esa forma, la Contralora también; por lo tanto, en ese momento, nuestro deber, al ver la documentación, era consignar esa situación para efectos y que tuviera consecuencias jurídicas.

tiene consecuencias jurídicas, ¿ya? y puede tenerlas, ¿ya? Con respecto a la pregunta de la diputada Labra, bueno, yo soy un asesor; en ese sentido no puedo determinar el presupuesto, ya que efectivamente en la Ley de Presupuesto venía consignada esa glosa o ese incremento, pero sin perjuicio de ello el servicio no alcanzó a ejecutar bajo ningún aspecto. Nosotros tuvimos la discusión de poder cambiar al 29, ¿ya?, y por lo tanto, para efectos de poder comprar el inmueble, es decir, comprar el edificio —porque eso es a lo que se refiere el 29—; pero en total, el 31 es un proyecto de mayor envergadura que incluso contempla —y ojo ahí, presidente, por ese intermedio, digamos, ojo ahí— la adquisición de inmuebles para efecto del proyecto y la factibilidad. Por lo tanto, en nuestra opinión, no era irregular esa situación, y venía efectivamente por la Ley de Presupuesto asignada por la DIPRES. Ahora, estamos en esa hipótesis, en una hipótesis que no se cumplió y no se concretó con respecto a la imputación, digamos, del Servicio de Patrimonio Cultural. Respecto al cambio de procedimiento, digamos, ¿a quién dirigía las minutas? Hay un correo específico, de una comunicación entre gabinete: del jefe de gabinete del Servicio del Patrimonio Cultural al jefe de gabinete ministerial. Esa minuta fue dirigida en un correo electrónico y, eventualmente, si es que no llega a la comisión o se nos solicita, la vamos a entregar perfectamente. Se le pidió el servicio y a la minuta; el 24 de marzo la pedimos. Aunque en este instante no la tenemos aún, se aseguró que, efectivamente, la Cámara también está a disposición y que sí se puede aportar sin problema. Con respecto a la diferencia con Salvador Allende, insisto, vuelvo atrás, presidente: son procesos que están en competencia de otro ministerio y, por lo tanto, el tema de las tasaciones —cuántas tasaciones se piden o cuáles son los protocolos, en definitiva, lo que tiene que ver con la solicitud de tasaciones y los procedimientos de impugnación de esas tasaciones— no nos corresponde, es una competencia que está fuera de nuestro alcance. Y la diputada Tereska, ¿qué otras acciones con respecto a la minuta se hicieron? Bueno, el elemento se reiteró al menos en dos oportunidades por escrito; o sea, hay dos minutas que, en su oportunidad, también fueron remitidas a la Cámara de Presidentes. Además, en la conversación del mes de junio se hizo presente el mismo elemento, ni más ni menos, por lo que se reiteró ese elemento a don Pablo Maino y a doña Bernalita Nazar, durante la reunión que tuvimos para efectos de… perdón, ¿qué elemento se reiteró? El elemento que está consignado en la minuta. No se desarrolló, quiero insistir en eso: no se hizo un análisis jurídico en ese momento, porque estábamos hablando de otros temas. ¿Pero le planteó la inhabilidad en la constitución de la realidad? No, no quiero ser enfático en eso. Usted, Siblen, sustituyó fundamentalmente la existencia de autoridad, ¿ya?, la cual tenía implicancia jurídica y comunicacional en el proyecto, es decir, en la viabilidad del mismo; no se disminuyó jurídicamente, y ese elemento fue materia en un punto de conversación. Estoy hablando de una conversación en la que, a pesar de que usted sabía de la inhabilidad en constitucionalidad —yo, claro, conozco la constitución de la ley— teníamos que hacer valer o hacer presente ese elemento para efectos, usted sabe, de la dirección y para ser tenidos en cuenta por todas las autoridades presentes, pues los procedimientos administrativos tienen varias etapas que se cumplen mediante análisis y discusión de equipo en los procedimientos reglados. El Servicio Nacional del Patrimonio no inició ningún procedimiento administrativo reglado, digamos, probablemente tal en el inicio de la adquisición de un inmueble, en este caso en específico, el inmueble Salvador Allende, y por lo tanto no nos…

Correspondió, digamos, en definitiva, hacer un análisis de control de profundidad con respecto a ese punto, ya que en los antecedentes se encontraba la batería de documentos entregados al Ministerio competente de la Adquisición. Eso es lo que puedo informar. Muchas gracias. Yo hice una pregunta, que no se me contestó, pero también me gustaría agregar: ¿se consignó el valedista? ¿Tenemos la fecha en la que fue consignado? Asimismo, en las reuniones en que participó el abogado, ¿qué otras personas estuvieron presentes en ambas reuniones que originaron esta minuta? Entiendo que estas dos minutas surgen a partir de dos reuniones distintas. Por otro lado, ¿cuál fue el argumento para pasar del Ministerio de Cultura al Ministerio de Bienes Nacionales? Debe existir un fundamento, puesto que, si en la ley de presupuestos se aprobaron los recursos para que salieran por Cultura y se decide cambiar ese destino, se requiere un argumento sólido. Me gustaría saber qué autoridad lo solicitó: ¿fue la Presidencia? ¿Fue el C3? ¿Quiénes de los que participaron en estas mesas estuvieron presentes, y en esas reuniones había ministros? Gracias. Diputada Labra tenía también un punto pendiente. Muy brevemente, había consultado, dado que el ordinario del 429, firmado por la directora, manifiesta que fue inscrito por la Presidencia, ¿quién de la Presidencia dio la instrucción? En segundo lugar, y si no correspondía, según lo expresado por don José Cortés, realizar la adquisición a cargo del Servicio de Patrimonio Cultural, y se traspasó a Bienes Nacionales, ¿por qué se presentó en el presupuesto del Servicio de Patrimonio Cultural? Dos precisiones. Bernanita Nassar, del segundo piso de la Presidencia y asesora de la misma, señala que no se le advirtió ninguna inhabilidad, impedimento legal o constitucional para realizar las compras de ninguno de los ministerios o servicios. Usted compartió la reunión del 11 de junio con Bernanita Nassar y Pablo Mainó. ¿Cómo es compatible la declaración de ella con lo que usted acaba de señalar, en cuanto a las advertencias jurídicas? Siendo segundo vicepresidente, si alguien indica que existe una advertencia jurídica, lo primero que se cuestiona es qué consecuencia jurídica podría derivarse. Lo más razonable es que cualquier persona adoptaría la posición que tenía la Presidencia, sobre todo cuando ellos instruyeron el proceso. Quisiera que se aclarara ese punto. Por último, respecto a las minutas, ¿quién más las conoció? Sabemos que Pablo Mainó y Bernanita Nassar tuvieron acceso a ellas, y que en el Servicio se elaboró la minuta, pero ¿qué otros funcionarios de la Presidencia o de otros ministerios las conocieron o se les remitieron? Y respecto a los procedimientos para la adquisición de la casa de los expresidentes, siendo instruido este trámite desde la Presidencia, ¿tiene conocimiento de por qué se realizaron dos procesos distintos de compra, uno con tres tasaciones y otro directamente por Bienes Nacionales? En su oficio usted indica que hubo una instrucción de la Presidencia para llevar a cabo los procesos, además de una instrucción particular para que la casa del expresidente fuera gestionada exclusivamente por Bienes Nacionales y no a través de tres asociaciones. Quisiera que se aclarara este punto: ¿es normal que ocurra así o cuál es la explicación? Gracias, directora y don José Cortés. Voy a responder en lo que está a mi alcance y luego dejaré que el asesor jurídico, que estuvo en las reuniones donde se instruyó la solicitud de modificación presupuestaria a la IPRES, comente con mayor detalle. Yo solo quiero señalar que a nosotros siempre se nos encargó el trámite en relación a la casa del expresidente Salvador Allende. Asimismo, en nuestra gestión se encargó el trámite respecto a la casa del expresidente Patricio Erwin. Por lo tanto, en ambos casos se manejó a través de Bienes Nacionales. La metodología que utilizamos es la que siempre empleamos al adquirir un inmueble, es decir, obtener tres tasaciones.

A través de una licitación pública, está disponible la licitación pública, hasta el número, hasta todo el procedimiento en orden que lo hace la unidad de compras del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Desconozco por qué Bienes Nacionales tiene otra metodología, no conozco, no es mi materia de competencia, no lo sé. Pero sí, nosotros utilizamos la metodología que el servicio acostumbra a realizar para la compra de inmuebles. Reitero, habíamos comprado un inmueble por el subtítulo 29 en Ñuble para... biblioteca de archivos hace un año atrás o el mismo año, y fue esa la metodología que utilizamos y la que hemos utilizado desde que yo estoy a lo menos. Luego, este oficio que se envía para la modificación presupuestaria, yo quiero reiterar que tiene un análisis de la Dirección de Presupuesto y luego va a toma de razón de la Contraloría. Por lo tanto, y tal como lo ha dicho la Contralora, previo a todo este procedimiento no hay ninguna ilegalidad ni ninguna incontrolabilidad. Así que reitero que nosotros no tenemos ningún problema legal con haber solicitado la modificación presupuestaria. Es un trámite que se acostumbra a realizar cuando de un ítem no se puede utilizar un presupuesto y se requiere de otro ítem. Nosotros lo hacemos con solicitud a la DIPRES, que analiza y autoriza o rechaza, y eso a nadie nos deberá sorprender. Luego, en la instrucción de Presidencia, yo ahí dejo a José Cortés, porque él estuvo en las reuniones en las que se instruyó que se van a comprar ahora las dos casas desde Bienes Nacionales. Creo que hay un detalle en esa instrucción, un razonamiento detrás de la misma sobre el porqué y el motivo. Señor José Cortés, gracias director. A ver, respecto del motivo del cambio o la continuación de la adquisición por medio del Ministerio de Bienes Nacionales: efectivamente, hubo la reunión de junio y después una reunión de julio con presencia de jefes de gabinete, y en ese sentido se reafirma un criterio congruente y coherente con la adquisición de bienes para el patrimonio fiscal. El interés era la adquisición de un inmueble para incorporarlo al patrimonio del Estado para fines de interés público, los cuales ya se han desarrollado latamente ante esta comisión, incluidas las exposiciones del ministro Elizalde. En ese sentido, en la reunión del 17 de julio se consigna, verbalmente, esa decisión respecto al cambio de Bienes Nacionales y la confirmación de que la competencia patrimonial – o los temas patrimoniales – eran gestionados por el Ministerio de Cultura, Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en este sector. No sé si me escuchó. Sí, pero ¿a quién le dio esa instrucción? Ya, no, estaba presente Leonardo Moreno y Bernadita Arrasar en esa reunión. ¿No hubo justificación de por qué se aplican dos procedimientos distintos para la compra? No se trató ese punto; solamente fue una instrucción directa, no una conversación en la cual se discutiera de forma implícita la continuidad a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Eso da coherencia también con respecto a la adquisición de bienes fiscales; el proyecto de bienes fiscales… sí, sí, de los bienes, los bienes son los gestionados por Bienes Nacionales y otro salvaguardiante. Sí, pero ¿por qué es razonable, si son dos bienes a adquirir, que uno tenga que ser comprado directamente a través de Bienes Nacionales y el otro a través de tres tramitaciones en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural? ¿En esa reunión no se trató por qué se usan dos procedimientos distintos? No, a ver, presidente, para ordenar los hechos: en definitiva, el inmueble de Patricio Edelman siempre fue tramitado por medio de Bienes Nacionales. La información que se tenía, digamos, por parte del Gobierno o del Estado, era por medio del Ministerio de Bienes Nacionales. A nosotros se nos encargó hacer la indagación y la recolección de antecedentes con respecto a la Casa de Salvador Allende. Pero la adquisición, en primer lugar, no se llegó a concretar. Es que, en el oficio, dice el primer punto –lo vuelvo a repetir–: Casa Presidencial de Pertizio de Albuena Soca. Respecto a la Casa Presidencial, que es un oficio del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural firmado por la directora, se indica que, respecto de la casa presidencial de Patricio Edwin Azúcar, esta información se encuentra en el Ministerio de Bienes Nacionales, repartición que, por instrucción de la Presidencia de la República, ejecutará la adquisición. Entonces, si existe una instrucción de la Presidencia de la República para que se haga a través de Bienes Nacionales, esa instrucción tiene que haber llegado a ustedes.

Para que se hubiera hecho a través de Bienes Nacionales y no a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, como la instrucción fue dada a propósito de la adquisición de la casa del expresidente Allende. Dicha instrucción fue dada en una reunión, no fue una instrucción propiamente tal escrita, y por lo tanto, esa instrucción tuvo como fundamento la coherencia y la congruencia de la adquisición por medio de un ministerio competente –que es Bienes Nacionales– del inmueble de Salvador Allende. ¿El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para la Casa de Elwin, pero sí para la Casa Allende? Una respuesta que no puedo dar yo, en definitiva. Sí, tenemos facultades, presidente, por favor. Sí, sí. No, no, no. Nosotros tenemos facultades de todas formas para poder adquirir toda clase de bienes. Ya somos un servicio descentralizado, tenemos patrimonio propio. Hay una consecuencia también jurídica con respecto a la adquisición de un inmueble por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, porque, en definitiva, va a quedar solamente alojado en el patrimonio del servicio. No tenemos mayores facultades, digamos, con respecto a ese inmueble, ya que va a ser un inmueble de inventario. Por lo tanto, lo más coherente en un proyecto de esta envergadura, lo más congruente y lo más razonable, es que sea por intermedio de Bienes Nacionales, que fue lo que se resolvió en definitivo en el mes de junio, julio del año pasado. Perdón, quedó pendiente lo de la –a propósito de Narita Nazar–, que ella hace la advertencia de que no le habían advertido la inhabilidad, inconstitucionalidad, en ningún momento y en ninguna de las reuniones. Usted nos señaló que la advertencia de las consecuencias jurídicas había sido hecha en esas reuniones; a propósito de que usted hizo esa advertencia, no se le consultó qué consecuencias jurídicas estaban involucradas. Gracias, Diputado Soto y Diputado Pérez. Y vamos cerrando, por favor. Gracias, presidente. La verdad que creo que ya está todo, creo, debidamente aclarado, tanto por parte del funcionario como de la directora, respecto al rol que cumplió el servicio que ambos representan en este proceso. Creo que el señor Cortés hizo bien su trabajo y realizó las advertencias que tenía que hacer. No hubiese gustado, para ser sincero, mayor especificidad respecto de la inhabilidad específica. Entiendo que un funcionario no tiene, a lo mejor, la competencia para haber advertido directamente a otras altas autoridades respecto de esta situación, pero me hubiese gustado una proactividad mayor en ese sentido, viendo en retrospectiva el desenlace que ha tenido. Me parece que era necesario advertir de manera mucho más explícita la situación de la inhabilidad constitucional, más aún cuando reconoció que la conocía. Sin embargo, creo, presidente, que con la advertencia o la alerta genérica respecto de la existencia de dos autoridades y que esto podía tener consecuencias jurídicas y comunicacionales, ya por sí sola se representa una alerta lo suficientemente fuerte para que, al menos, alguien hubiese respondido a qué se refería con esa alerta jurídica y comunicacional. Entiendo que eso nos fue aclarado porque nos fue solicitado. Desconozco si fue hecho ese estudio en alguna otra cartera, en algún otro lugar del aparato estatal, pero a propósito de eso se toma una decisión, que no son los funcionarios acá presentes quienes la pueden responder porque es una decisión política, evidentemente. Pero a mí me gustaría, porque me da la impresión, presidente, de que si este procedimiento –a lo mejor estoy haciendo una inferencia arriesgada– hubiese continuado, dado lo que han expuesto tanto la directora como el funcionario, bajo el alero de este servicio, no hubiese llegado a concretarse la compra de ventas finales. O sea, ya existiendo una alerta al interior del servicio, por más genérica o por más inespecífica que ésta sea, me parece que eso podría dar paso a una decisión política de no…

Creo que una pregunta que tenemos que hacerle, y que eventualmente puede o debe contestarnos tanto la directora como el funcionario, se centra en el hecho de que, entiendo, después de esta etapa hay una acción política que se radica en otro lugar, donde vendrán las preguntas y las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, me cuesta creer que, habiendo ya una alerta genérica sobre la existencia de autoridades con consecuencias jurídicas y comunicacionales, este procedimiento pudiera haber llegado a buen puerto o alcanzado las instancias a las que arribó la otra cartera dentro de este servicio. Eso es lo que sé. Gracias, diputado Soto. Diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Yo había hecho una pregunta sobre el valevista, pero no se me respondió. Entonces, si se tomó o no el valevista y, en caso de no haber pasado por acá, ¿se puede asegurar que ustedes no lo vieron, es decir, que lo realizó otra división? Además, es grave que una instrucción únicamente verbal nos indique que se efectuará un traspaso a otro ministerio, cuando originalmente todos estos recursos se aprobaron por Cultura en ambas cámaras. Es decir, en un inicio se decidió comprarlos por Bienes Nacionales, se radicaron en Cultura y, posteriormente, ambos se destinaron finalmente a Bienes Nacionales. Esto me preocupa, pues aprobamos presupuesto en el que se contemplan partidas para la adquisición de activos no financieros, entre otros. Si no se adopta una decisión o resolución que regule el traspaso, terminaremos teniendo que invitar a la Dipres para determinar qué porcentaje se transfiere de un presupuesto a otro, ya que, al rebajar, se hace un traspaso o transferencia –ya sea a terceros, al sector privado o al público– generando una rebaja presupuestaria de lo aprobado por el Consejo. Me gustaría que profundizáramos en este asunto, ya que no es algo menor. Dos preguntas aún sin resolver. Gracias. (Intervienen la diputada Labre y luego el diputado Celedón) Gracias, presidente. Quiero reforzar un punto que usted mismo ha manifestado sobre el traspaso –y que además mencionó la diputada Pérez– desde el CERPAT a Bienes Nacionales. Desde el inicio de esta tramitación se ha generado un tremendo revoltijo administrativo, pareciendo que, en el camino, se fue “arreglando” la carga. Por ejemplo, existe el ordinario N°589, del 21 de noviembre –muy expuesto en relación con los ordinarios anteriores– en el que se envió toda la documentación a Bienes Nacionales, cuyo único objetivo era manifestar, desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y mediante el presente oficio conforme a lo solicitado, la intención de que se adquieran, a través de Bienes Nacionales, los inmuebles de los expresidentes Salvador Allende y Patricio L. El único propósito de dicho ordinario era señalar que esta gestión debía ser realizada por Bienes Nacionales, como se hizo el 21 de noviembre, luego de los anteriores envíos a esa institución. Por lo tanto, el relato resulta algo incoherente y creo que sería conveniente aclararlo. Recep Utalara, diputado Roberto Salam. Tengo entendido que hay un ministro de Estado esperando desde hace una hora. Estamos dando vueltas en torno a lo mismo; a mi juicio, no hay que confundir dos cuestiones que, jurídicamente, son distintas. Por un lado, la decisión de adquirir bienes, como se establece en este decreto que tomó razón la Contraloría –relacionado con dos expresidentes– y, por otro, los problemas jurídicos que podrían generarse debido a la composición de una comunidad en la que algunas personas, constitucionalmente, podrían estar afectadas por una inhabilidad. He escuchado reiteradamente, tanto al señor abogado como a la señora directora, este mismo argumento.

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